Critica socio-ambiental al año de gobierno

Acciones, errores y omisiones del gobierno del “cambio”

Critica socio-ambiental al año de gobierno

FECON- COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica

 

Al brindar nuestra visión sobre este primer año del gobierno de Luis Guillermo Solís, el gobierno del cambio como se autodenominó durante la campaña electoral, es necesario anotar algunos puntos en relación al contexto en el cual se inserta.

Contexto. Desde el día uno hasta hoy, el gobierno ha sufrido ataques de grupos de poder que han sentido que pueden perder sus privilegios. Se atacó a lo que se ha llamado su grupo de confianza -el exministro de la presidencia, Melvin Jiménez, al director de la DIS, Mariano Figueres y al diputado Víctor Morales del PAC; se magnificaron los errores y se le ha dado poca visibilización pública a algunos aciertos. El gobierno además, enfrenta una separación del partido político que lo llevó al poder y desde este mismo partido, se han lanzado críticas fuertes en contra del quehacer del gobierno en forma pública abriendo un frente al que el gobierno ha tenido que dedicar tiempo. A la vez, el PAC ha mostrado divisiones internas fuertes que le han impedido actuar como un partido que ha llegado al gobierno. Lo anterior se suma a una actitud gobiernista que llamaremos “nos gusta que nos golpeen”: ante cualquier problema -contratación de asesores amigos de la hija del Presidente, supuesto ofrecimiento de embajadas o envío o no envío de proyectos de ley sin lectura política- la respuesta inicial ha sido siempre el silencio. Así abre espacio para que los actores de oposición -partidos políticos, grupos sociales, medios de comunicación… – lo hagan a sus anchas. En un momento, el Presidente dice que no se referirá al asunto porque algún jerarca está al frente o porque no vale la pena -y en ocasiones luego ha salido del país- brindando así mayor espacio para que esa crítica cale más en el público en general. Unos días después, el Presidente toma una decisión que pudo haber tomado desde el inicio y acaba el problema sin desgaste político. Luego la historia se vuelve a repetir.

Adicionalmente, el Presidente y su gobierno nunca han buscado alianzas o espacios de diálogo en forma permanente con movimientos sociales. La sensación que deja es que les da alergia hacerlo. Sin embargo, sí lo ha hecho con el sector empresarial con quienes hasta ha viajado a buscar inversión extranjera.

Creemos desde el inicio, que el cambio anunciado durante la campaña y esperado por la población, no será nada que implique alguna reforma estructural en caso de que ese cambio en algún momento se vaya a dar. Esto, porque la política económica es la misma que se viene dando desde gobiernos anteriores con una marcada tendencia neoliberal y adicción a los postulados del libre comercio. Tal vez ese cambio pueda darse en la forma en cómo se generan políticas públicas. Así, es importante reconocer que se han abierto espacios de diálogo en temas de trascendental importancia como el de energía. Sin embargo, estos espacios tienen limitaciones porque solamente generan insumos para que luego las autoridades sean quienes definan las políticas. Si bien en materia ambiental, hay un cambio ya que desde hace varios gobiernos esos espacios o cualquier otro estaban cerrados, este no es suficiente. Lo ideal sería contar con espacios permanentes compuestos por diversos sectores que en igualdad de condiciones pudieran debatir y tomar decisiones que condujeran a reformas políticas. Además, nada hacemos con que exista esos espacios si luego chocan con políticas basadas en los postulados del libre comercio, debilitando la legislación en aras de contar con proyectos de infraestructura -por ejemplo el muelle en Moín o la ampliación de la carretera a Limón- o de otro tipo que permiten tan solo, una mejor circulación de mercancías y el enriquecimiento de un pequeño sector en detrimento de nuestro ambiente y comunidades.

Un último elemento, es que el actual gobierno promovió durante la campaña electoral una serie de compromisos que denominó PACto ambiental. Este mecanismo ha sido percibido por algunas organizaciones como algo estrictamente partidario que no logró trascender al partido político, a pesar de su adopción por el gobierno. Ha generado dudas y no se ha convertido en un elemento que genere confianza.

Balance. El primer  año de gestión está lleno de varios “más o menos” y de muchos “nos”. Los pocos “buenos” se han ido convirtiéndose en “más o menos” y es cada vez más dificíl hablar de “buenos” al hacer el balance entre lo que se prometió y lo que se ha cumplido o cuanto hemos retrocedido.

De “bueno”, “más o menos” a “malo”. Uno positivo pareciera ser la propuesta de Área Marina Comunitaria para la Pesca Artesanal Responsable. También positivo fue la presencia del Ministro de Ambiente en la marcha para exigir justicia para Jairo Mora ante la liberación de los asesinos aunque nunca hubo denuncia pública alguna del MINAE contra el ex diputado del Movimiento Libertario cuando ataco con un machete a funcionarios públicos que investigaban una denuncia ambiental en su propiedad.

Algo que pareció bueno fue el decreto 38500-S-MINAE de moratoria a las actividades de incineración de residuos pero está a punto de caer por la presión de Alcaldes y empresas  interesadas. Otro decreto, el que declara al  maíz patrimonio cultural fue un refrito que propuso el sector ambiental al gobierno pasado. La convocatoria a un diálogo nacional de energía terminó en un ejercicio para viabilizar proyectos y no en la expectativa generada por el Ministro en relación a declararle la paz a los ríos como lo anuncio con las represas de Pacuare y Zona Sur. Otro decreto sobre la moratoria petrolera, si bien se extendió en plazo, nunca incluyo el “insistido” gas.

La lista de “malos” suma los siguientes casos:

Infraestructura destructiva. Cada día es más evidente que las incuestionables inversiones y megaproyectos de infraestructura están por encima del ambiente: aval a la destrucción del humedal Cariari,desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el retorcido aval ambiental al muelle de APM terminal, resucitación de la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, la eliminación de la moratoria a la incineración por la presión de alcaldes del “PLUSC” o impulsar Diquis como “proyecto estrella” sin evaluar aún el costo socio ambiental.

Playa Moín y APM terminals: el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.  A pesar de esto el proyecto ya fue aprobado y ya empezaron a cercar la playa y a realizar desalojos como por ejemplo de la instalaciones del refugio de tortugas  en el que trabajaba Jairo Mora. E insistimos con Jairo Mora porque es un triste caso que nos recuerda que en el país, existe crímenes a defensores y defensoras del ambiente y los Derechos Humanos.

Guerra a los mares. Malas decisiones de gobierno, huérfanas de una política integral para el mar, han desatado polémica y decepción popular. En este sentido, no se puede dejar de mencionar el destape de la matanza de tiburones para la exportación de aletas, impulso de la  pesca de arrastre promovida por esta administración. Lo anterior, a pesar de  que la Comisión de Ambiente de la Asamblea se encuentra dictaminando un proyecto que busca prohibir esta especie de “minería” que arrasa con cualquier forma de vida en el mundo submarino. En una medida incomprensible, INCOPESCA solicitó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) un aumento de la cuota de captura de atún de 7000 toneladas adicionales de la 9380 de atún que se sobrexplota y se regala en nuestras aguas. (Semanario Universidad, 19 -7- 2014).

Continúa la minería. Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el actual y futuro abastecimiento de agua en Limón. El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense. También hemos visto que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold para ayudarle a  rebajar los montos necesariospara reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas en el juicio para ejecutar la sentencia. El cambio prometido aquí no lo vemos sino solo el recuerdo de un triste episodio en la vida nacional que parece seguir vivo.

ICE y generación privada. A pesar de que tanto el MINAE, el AyA, y la ARESEP han rechazado en la zona Sur represas privadas, que afectaría el suministro de agua, el ICE le dio de nuevo aires con prórrogas. Todo parece indicar que el ICE sigue siendo amo y señor de las decisiones sobre energía y que el jugoso negocio de la generación privada nunca antes tuvo tan buenos aliados dentro de esta institución como ahora.

Transgénicos. Si bien hay un aparente compromiso por respetar los acuerdos de 74 municipalidades declaradas libre de transgénicos y se firmó el decreto que protege el maíz como patrimonio cultural, el gobierno aún no cumplió la promesa de campaña de aprobar un decreto a la moratoria a los cultivos transgénicos. Y no es que no haya tenido tiempo. También vimos el triste y deplorable silencio y cuestionable apoyo de funcionarios de MAG y MINAE a la compañía Monsanto en la vista tenida en la Sala Constitucional. Además exigimos el cumplimiento del compromiso de etiquetar de estos productos. El cambio tampoco se dio en un área donde es fácil cumplir ya que nuestra posición es fortalecida por la ciencia.

¿Moratoria a la expansión piñera? No hay ninguna intención de cumplir el compromiso de establecer una moratoria a la expansión piñera. Más bien, se está trabajando en dirección contraria para la exportación de piña a China (Opinión Diario Extra, Sábado 20-8-2014). Se sigue tolerando la violación a los Derechos Humanos de las comunidades afectadas, incluido el derecho a contar con acceso a agua potable. Ante esto, las comunidades buscan justicia a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la defensa que hizo el gobierno en esta Comisión quedó claro que legitiman los mecanismos paliativos implementados por anteriores gobiernos en detrimento de una solución real.

¿Y la acción ciudadana? El gobierno del cambio sigue sin eliminar el veto de ley de Participación ambiental solicitado por el sector ecologista, a pesar de las múltiples comisiones de diálogo y que mucho se habló en campaña de la necesidad de darle mayor participación social al sector. Es paradójico por decir algo, que el gobierno del cambio y la acción ciudadana les falte claridad y contundencia en materia de participación ciudadana que recordamos es un Derecho Humano.

SETENA y continuismo. Las organizaciones ambientales habíamos demandado como primer reto de la administración Solís “que se renueve por completo y de forma urgente, la Comisión Plenaria de la SETENA, el Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos”, como parte de una reestructuración integral basada en una seria y profunda investigación sobre una decena de casos denunciados. Lejos de este escenario, el gobierno más bien ha sacado ventaja del continuismo con la aprobación de muchos de los polémicos y cuestionables proyectos que impulsa (feconcr.org, 12- 5-2014). Aquí más bien ha habido retroceso.

Pacto Ambiental. En campaña el Partido Acción Ciudadana firmó un Pacto Ambiental. Los escandalosos casos mencionados ni siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos utilizando ese  pacto que quedó en el olvido en menos de un año de gestión (ni siquiera esta en la página web del MINAE y hasta en la del PAC ya no esta). ¿Qué pasó con los compromisos de campaña del PAC contenidos en el Pacto Ambiental, ahora que ya es el partido de gobierno? Ni siquiera vale la pena sacar a relucirlos porque es menos que letra muerta.

Soberanía alimentaria: son buenas las intenciones de reformar la Constitución Política para contar con la soberanía alimentaria como un Derecho Humano. Sin embargo la situación no es sencilla ya que dentro del mismo gobierno y en específico desde el Ministerio de Comercio Exterior, el concepto fue señalado como talibán.

Cambio climático: en la campaña electoral, el actual Presidente dijo que se acabaría con la tal carbono neutralidad. Luego sin explicación alguna la volvió a adoptar y si bien, en el discurso pronunciado en Naciones Unidas en setiembre anterior parecía darle un contenido distinto, el jerarca del MINAE se ha encargado de dejar muy claro que tiene el mismo contenido que en las administraciones anteriores. No hay un cambio conceptual, ni discursivo, ni práctico y mucho menos estructural que permita salir de las falsas y cosméticas soluciones y pasar al ataque a las causas que provocan el cambio climático sin recompensar a quienes contaminan. Con carbono neutralidad seguimos como dijo Oscar Arias, haciendo negocios a partir de la crisis climática. Así parece ser que la política de carbono neutralidad, es de Estado y trasciende a los gobiernos neoliberales liberacionistas y al del cambio del PAC. Triste.

REDD: las autoridades del MINAE conocen de la oposición de sectores indígenas, ecologistas y estudiantiles a REDD y sin embargo se han dedicado a crear nuevos decretos y evitar discusiones abiertas sobre el tema

Pueblos Indígenas: nula atención de todas las instituciones estatales al cada día más grave problema de tierras y territorio que hay en muchos de los territorios indígenas sumado a la desatención a la legislación nacional e internacional sobre el tema, hace que no haya avance alguno.

Financiarización de la Naturaleza: se sigue apostando a mecanismos de mercado, a la búsqueda de recursos económicos, por encima de todo, para la solución de los problemas ambientales. Así se deja de lado los impactos que estos mecanismos y políticas conllevan y se cierra puertas a otras posibles vías. Ni siquiera se piensa en abrir la discusión porque parece ser que las soluciones neoliberales a las crisis estructurales constituyen la única vía.

Proyecto TECOCOS: que busca asegurar la tenencia de la tierra y mejorar la calidad de vida de comunidades costeras, fue enterrado en la Asamblea por falta de voluntad política y evidenció poco apoyo del Ejecutivo.

Criminalización de la lucha ambiental. Nos falta y mucho ver una actitud fuerte y contundente de las máximas autoridades de este gobierno en denunciar la existencia de crímenes contra las personas defensoras del ambiente y los Derechos Humanos. Es bueno contar con el Ministro en marchas de denuncia pero ese poder que tiene un jerarca y un presidente del cambio, tendría que accionarse para al menos discutir las propuestas que con seriedad hemos puesto sobre la mesa. La Comisión de la Verdad es un ejemplo de ello. Y aquí, como en ningún otro caso, vale la excusa de que es competencia de la Asamblea o las municipalidades porque sabemos muy bien, que cuando el gobierno quiere impulsar algo, lo puede hacer y lo ha hecho. El 19 de marzo, el periódico inglés, The Guardian publicó un artículo titulado “Asesinatos a conservacionistas amenazan la reputación ecoamigable de Costa Rica” donde denunciaron los 66 crímenes contra ambientalistas en el país desde hace dos décadas. (Coecoceiba, 22-5-2015)

¿Y el cambio? Al menos en materia ambiental, en un año que pudo hacerse, el mentado cambio, nunca llegó. Este año, fue un año perdido porque simplemente no se avanzó y tampoco hubo señales de que se quiere cumplir con lo prometido en campaña. Como apuntamos al inicio, esos “buenos” son tan pocos que muestran que las prioridades políticas van por otro rumbo de la mano con los postulados del libre comercio. Así lo dice los proyectos de infraestructura de capitales chinos, estadounidenses y holandeses. Seguimos con un gobierno sin ideas e imaginación para construir oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas en un modelo de desarrollo distinto.

Si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno a quienes respetamos, queremos y ayudamos desde nuestra posición, las políticas dominantes son las que mandan y hacen que los más altos jerarcas se apartan hasta del criterio técnico para facilitar los negocios de otros.

Así, confirmamos que el tal cambio fue un bonito eslogan nada más y por dicha seguimos con nuestra autonomía soñando y empujando, tejiendo con comunidades y organizaciones del movimiento social ese país que queremos. Seguimos tendiendo manos a quienes quieran tomarlas y así hemos tenido gestos con el gobierno para que se sume a esa construcción Lastimosamente ha seguido por el mismo camino de los mismos de siempre dejando de paso una estela mala que hace pensar que esos otros, no necesariamente son del régimen anterior.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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