14 de agosto de 2014
Por Marlin Oscar Ávila
Antecedentes
Las causales de fondo sobre la desaparición de la Reforma Agraria están en el sistema económico, político y social imperante desde finales de los 80s en Honduras y antes en otros países del Continente Americano.
Desde que Mrs. Margaret Thatcher en la Unión Británica y Mr. Ronald Reagan, en EUA dieron un giro a las políticas de Estado, a finales de la década de los 70s, pasando del modelo de Estado de bienestar como factor de crecimiento, al modelo del nuevo liberalismo afirmando que el factor de libre mercado es quien produce desarrollo, bajo los argumentos teóricos dados desde inicios de los 30s en el siglo XX por los europeos F. A. Hayek, Lugwin Von Mises y Karl Popper, además de Milton Friedman, en EUA, la praxis política ha transformado al mundo completo. Antes, la aplicación del liberalismo clásico se basó en las teorías de John Locke (1632-1704), en Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1790), Adam Smith (1723-1790) y otros teóricos que impulsaron gobiernos liberales hasta llegada la crisis de la década de 1930.
Al hacer un esfuerzo para recuperar las economías en crisis a inicios del siglo XX, dieron un giro hacia las políticas basadas en una mayor intervención de los Estados en la economía y solución a problemas sociales con la creación de empleo e ingreso para un número mayor de población, así como ampliar la captación de recursos que permitieran mejorar los servicios públicos. Cuando el Estado invierte en servicios y empresas, estimula también la inversión privada y fortalece la capacidad de la ciudadanía para mejor productividad, se argumentaba. En ese período se da la Primera Guerra Mundial (para redistribuirse las colonias y consolidar los imperios) y la Segunda Guerra Mundial (para definir el eje mundial del poder globalizante).
Desde esas dos guerras (1918-1945) hasta 1967 (21 años) hubo un crecimiento económico sostenido. A partir de 1969 hasta el 71 se redujo el crecimiento, aumentando la inflación y poniendo en mayores dificultades a los países dependientes de Europa y EUA. Los organismos internacionales de desarrollo reaccionaron con propuestas populistas en respuesta a las movilizaciones sociales de América Latina, en las que se exigían cambios en las políticas públicas teniendo como referente la revolución cubana. La reforma agraria fue la más significativa apuesta en los países donde había un aplastante dominio de sectores tradicionales conservadores y terratenientes que no se abrían a los impulsos de la industrialización y las finanzas modernas. La resistencia a los cambios exigidos desde Europa y Estados Unidos de Norte América (EUA), quienes temían la penetración del socialismo en su “patio trasero”, mantuvo importantes momentos de inestabilidad política en América Latina. Se establecieron las dictaduras militares apoyadas por el Pentágono, promoviendo un cierto modernismo militar para crear, aunque fuese a punta de fusil, caminos que permitieran estados de industrialización. Esto incluyó, programas de Reforma Agraria que distribuyera las grandes extensiones de tierra en poder de terratenientes tradicionales y ortodoxos en su visión post colonialista.
En las postrimerías de la década de los setentas, y ante la necesidad de consolidar el poder económico político mundial en un sistema globalizante, donde las grandes corporaciones pudieran aumentar las utilidades generadas por la explotación sin límites de los recursos naturales del mundo, se dio una vuelta de 180 grados hacia el modelo de desarrollo liberacionista, monetarista y de amplias libertades a la iniciativa privada, con la menor intervención posible del Estado. Es decir, el modelo de libre mercado, de privatización y del mayor relajamiento posible de las leyes ante las organizaciones de los trabajadores sindicalizados y el trabajo mismo. Solamente hubo que adecuarse al nuevo contexto internacional según los cánones de teóricos como Milton Friedman y sus tristemente célebres Chicago’s Boys.
Con la derrota política a la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, la guerra fría se suavizó y los programas populistas en función de bloquear la introducción del “comunismo” se relajaron hasta el punto que muchos de ellos han desaparecido.
A Honduras solamente llegan las vibraciones de lo que estuvo aconteciendo en el Norte. Mientras la Unión Británica privatizaba toda empresa estatal y desmantelaba el sindicalismo, en Honduras se avanzaba en la persecución política y represión a los líderes sociales tildados de comunistas, la guerra fría seguía vigente. Aquí se entregaban territorios al Pentágono para establecer escuelas y sus bases militares y se transferían capitales del Estado a los empresarios para consolidar sus inversiones en finanzas, medios periodísticos, inversiones en agro industria y textiles. Con el gobierno de Rafael Callejas se inicia una formal embestida para cambiar el sistema de bienestar social por el sistema de libre mercado. Así se establece el decreto No. 8, con 14 artículos en sustitución de la Ley de Reforma Agraria establecida en 1974 por decreto 170, la que antes derogó la establecida en 1962, luego la Ley de Modernización Agrícola de 1992, inmediatamente después de establecer el programa de Ajuste Estructural, con lo que se promueven y suscriben tratados de libre comercio y se consolidan las zonas maquiladores. La persecución al sindicalismo se reduce a solamente aquellos que se declaran de izquierda, se cooptan todos los movimientos posibles a través de programas institucionales para “apoyar” al sindicalismo y cooperativismo nacional. Se inicia un proceso de mercantilización del cooperativismo y de privatización acelerada de las empresas del Estado.
Así se va consolidando el sistema neo liberal, ya avanzado en otros países de América Latina y el Caribe. La Reforma Agraria que buscaba Que buscaba maximizar el uso de recursos naturales (agua, tierra y bosque) y humanos, privilegiando las empresas asociativas como medios más eficaces y democráticos se fue desvirtuando por los medios de información manipulados por grandes empresarios hasta llegar a privilegiar a individuos más que a sociedades.
El debilitamiento del Instituto Nacional Agrario (INA), creado en 1962 como gestor y soporte principal de la Reforma Agraria, es una expresión palpable de las nuevas políticas públicas en cuestión, lo que luego fue contrayéndose hasta caer en lo que es actualmente, conforme se cambiaron las políticas de Estado para establecer una política de libre mercado. El INA se convirtió en una institución de tercer nivel. Las decisiones más importantes de la política agraria se toman en el primer nivel, sin consulta a su Dirección.
Política de Mercado
Basada en la filosofía economicista del liberalismo y por ser re-incorporada del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, se le denomina Neo-Liberalismo. Su aplicación se da en la década de los ochenta, primeramente en la Unión Británica, seguida por los EUA y luego incorporada en toda Europa Central, para extenderla condicionalmente a los países del Sur, como una panacea de las crisis económicas y políticas en cualquier país y región.
Su base filosófica está en el compromiso con la libertad de los individuos, por sobre los derechos de los grupos sociales. Libertad de lo privado sobre lo público. La libertad económica de los individuos por sobre la socialización de los capitales en beneficio de grupos a quienes se les debe restringir muchas libertades, acusadas de estar contra la empresa privada.
El mercado se rige por sí solo, dentro del marco de la oferta y demanda. Por esto no es necesaria la intervención del gobierno. Los individuos son satisfechos por medio del mercado, sin la tutoría del Estado/Gobierno. Es así que su intervención para resolver el problema de la concentración de la tierra en pocas manos no debe ser aceptada, puesto que al haber demanda de tierras por los agricultores, estos pueden lograrlo ofreciendo comprarla a quienes la tiene acaparada.
Para este plan de política de mercado, es absurda la existencia del INA para lograr la redistribución de capitales agrarios. Si algo debe hacer y el INA lo ha venido haciendo en los últimos años, es buscar cómo deshacerse de propiedades colectivas mediante su venta a individuos, quienes pueden ser más eficientes en producir para el mercado “libre”. Lo que debe hacer el INA, según estos preceptos, es comprar propiedades a quienes no las explotan bien, para ofrecerlas a individuos que la necesitan y pueden explotarlas eficientemente. Los grupos campesinos sin tierra, más son un problema que una solución que dinamiza el mercado, según los defensores del modelo, preferiblemente que los pequeños productores salgan del sector reformado para incursionar en la fuerza laboral asalariada, como peones de finca o como obreros no calificados. Así la demanda laboral sube y puede bajarse o mantener congelados los salarios tanto en las plantaciones agrícolas como en los trabajos urbanos. Luego, según su lógica, el mercado llega a satisfacer todas las exigencias de la demanda por medio del intercambio voluntario de bienes y servicios, así como en el crecimiento de la producción en la gestión privada.
El sistema neoliberal impuesto da prioridad y defiende a ultranza la propiedad privada de los bienes de producción. Especialmente la propiedad privada de individuos y no así de colectivos, excepto si se trata de asociaciones empresariales de individuos cuyo fin es la máxima ganancia económica de sus empresas y propiedades.
Es así que en veinte años se ha venido trasladando los bienes del Estado, sus empresas e instituciones de servicios a la empresa privada. Esta puede apostar, invertir, usurpar, coaccionar, negociar sin límite alguno la compra de lo que mejor le parezca. Lo mismo es para quien oferte servicios y bienes, la libertad se interpreta en ese sentido total de la no intervención del Estado, quien debería defender los derechos de quienes son menos fuertes o más vulnerables. Entre más libertad individual exista mejor, puesto que para sus defensores el libre mercado permite una competencia entre oferta y demanda logrando la competitividad y la igualdad de condiciones. Desde luego, no existe igualdad de condiciones y menos libertad de negociaciones.
Corrupción en el Agro
Como hemos visto arriba, las políticas de Estado han venido variando de acuerdo a las épocas y a los acontecimientos internacionales de la economía y la política enfocada en el poder de decisión sobre las riquezas de las naciones, especialmente de los recursos naturales existentes en el Sur para ser utilizados en la industria del Norte.
La elasticidad del capitalismo ha llevado a que éste se amolde a condiciones variadas llevándolo a establecer alianzas internacionales que luego se cambian por otras. Pero así mismo se cambian las relaciones de poder e influencia para establecer modelos de explotación que llegan a ser muy tolerantes. En el caso de Honduras, recientemente se estimuló ampliamente la participación ciudadana, el gobierno cibernético y gobierno abierto, como se institucionalizaron medios de información y rendición de cuentas. No obstante, en menos de un cerrar de ojos esto dejó de interesar a los poderes del Estado y han retrocedido a estados que existían veinte años atrás. Sin lugar a dudas, porque lo vivimos a diario, esta reducción del Estado, acrecienta la desigualdad socio económica existente, se coopta el ejercicio de las instituciones contraloras y se acrecienta la impunidad y la inseguridad familiar.
Instituciones como el INA han ido cambiando de acuerdo a esas priorizaciones políticas y a los preceptos del nuevo sistema neo liberal.
La corrupción en general decrece o se aumenta de acuerdo a esos cambios institucionales y de políticas públicas. Es bien sabido que la corrupción ha ido tomando espacios en toda la institucionalidad del Estado, a partir de 1990. A medida que se van aplicando las políticas neo liberales se aumenta y afinan los métodos de la corrupción, la cual se desenvuelve libremente como la hiedra en una pared de ladrillos.
De haber sido una institución que se consideró fundamental para la Reforma Agraria, con instalaciones en regiones donde se demandaba de mayor asistencia, pasó a ser una institución centralizada, sin atención en los campos rurales, promotora del minifundismo y a ser igual o menos que cualquier otra institución de asistencia desfasada de las prioridades políticas definidas en la ley de Reforma Agraria inicial. Una señal de ello han sido los presupuestos que manejan desde su fundación hasta la actualidad. Se dice que pasó a reducirse su presupuesto al grado que apenas puede pagar la reducida planilla de sus empleados, después de haber manejado proyectos multimillonarios de los bancos internacionales, como fue el proyecto de palma africana a inicios de los setenta. Ahora sus empleados no salen al campo si los campesinos pobres no le financian los costos. La mora en titulación de tierras al sector reformado es bastante alta. Esta mora y su agilización también se convierten en un motivo de lograr ingresos de manera irregular por los mismos empleados del INA.
En el período del gobierno anterior concluido en 2013, aun se contó con fondos para la compra de tierras y se tuvieron fondos para realizar gestiones mínimas y, su Director tenía rango de Ministro, este nuevo gobierno no solamente le bajó su presupuesto pero despojó al Director del rango de Ministro. Señales claras de la menor importancia que va teniendo el sector reformado y una posible reforma agraria. 1. El presupuesto aprobado al INA en el año 2013 fue de L. 409, 404,659.000.00 y lo recibido y ejecutado según el mismo informe fue de 367.300,000 Lempiras, reflejando un déficit de Lempiras 37, 359,000.00. Sobre el déficit presupuestario del INA es de señalar que este faltante se viene presentando desde 2012. Esto da lugar a que el INA incumpla compromisos con instituciones de seguridad social, el pago de beneficios sociales a los empleados, incumplimiento de desembolsos financiaros a la organizaciones campesinas, produciéndose una insolvencia para cumplir con los compromisos de pago a diversos acreedores, lo que contribuye a una casi parálisis operativa.
Las prácticas corruptas van desde lo rudimentario hasta lo relativamente sofisticado. Compras a discreción de bienes raíces, particularmente terrenos, por un precio bajo, registrándolo por otro precio mayor. Un precio informal y otro formal, con repartición del diferencial entre comprador y vendedor, estimulado por el libre mercado. Esa discrecionalidad (libertad) permite que las transacciones se hagan con motivo de ganancia y no del usufructo del bien adquirido, pues este no interesa en su buena calidad y frecuentemente es de mala calidad para la agricultura. Pueden ser laderas llenas de peñascos, pero no debe faltar una ganancia particular, privatizada, que no llega a las finanzas del estado ni del campesino productor.
La procuraduría del INA no reporta ninguna expropiación en 2013, pero sí un elevado trabajo en emisión de diversos dictámenes relacionados con ofertas de venta de tierra , reclamos administrativos autorización para desmembramiento de unidades agrícolas para título definitivo en dominio pleno, evidenciando su nuevo rol dentro del marco de privatización y mercado de tierras.
En estos negocios irregulares pero aceptados ya por el sistema corrupto, pueden entrar negociaciones consideradas grandes. Puede examinarse los casos de resolución de conflictos agrarios en San Manuel, Cortés, El Progreso y Santa Rita de Yoro, particularmente con las empresas cañeras de esa zona del gran valle de Sula. Allí las organizaciones campesinas sufrieron persecución, golpizas y cárcel. Sus derechos fueron violados una vez tras otra sin lograr la adecuada intermediación del INA, quien eventualmente fue la gran negociadora de los bienes en conflicto. Las triunfadoras del litigio fueron las empresas azucareras y los únicos perdedores fueron los campesinos organizados. En el caso de Santa Rita se llegó a la adjudicación de tierras aledañas, que no son buenas ni para la cría de cabras, pero sí para vender material de construcción a las compañías que requieren de piedras y grava. Ninguna de las empresas azucareras entregó una sola manzana de las tierras que explotan, pese a que una considerable área la explotan sin tener los documentos de propiedad. ¿Qué ganó el INA? Probablemente cumplir con parte de sus deberes, logrando que se le financiara su movilización por las mismas organizaciones campesinas. Pero no estamos seguros si su Director y sus empleados de confianza dejaron de ganar algo, gracias al principio de libertad individual que permite el libre mercado, puesto que se hacen negociaciones con esos empresarios a espaldas del campesinado.
En el informe del INA del 2013 se informa de un desembolso por un proyecto de mecanización agrícola por L. 9,705, 627 pero los dirigentes de las empresas beneficiarias dicen que se utilizaron L. 2,226,607.00 en el servicio de mecanización agrícola.
Las experiencias pasadas no abonan a creer en la honradez de la institución. En el Aguan le entregaron a los campesinos sacos de aserrín que supuestamente era fertilizante. En los noventas se dan casos muy sonados de corrupción, que no podrán ser olvidados por muchos más años. Esta el caso sonado del CREM en Trujillo, Colón, donde el INA pagó varias veces sus tierras. El caso histórico de Isletas, y el caso en que el INA se dedicó a promover la venta de las cooperativas agrícolas campesinas, en el período del Ex Presidente Rafael Callejas, con Juan Ramón Martínez en la Dirección, con actos de extorción y soborno a los cooperativistas para que testaferros de un terrateniente se apoderara de los cultivos de palma africana. Muy probablemente hay otros casos que se pudieran narrar en cada región del país, puesto que a partir de 1990, el INA tuvo un proceso de metamorfosis, pasando de ser una institución gestora de la reforma agraria a una promotora de importantes negocios individuales y fortalecimiento del peculio personal de algunos dirigentes sindicales.
Desde hace unos años, el INA ha logrado la redistribución de las propiedades colectivas en individuales. Busca y logra reivindicar el derecho de tierras para individuos más que a colectivos, contradiciendo la esencia de la Reforma Agraria, concebida para beneficio colectivo y no para individuos. Sin embargo, el negocio ilícito está más en lo segundo. Normalmente el INA tiene un presupuesto considerable para compra de tierras, cuya ejecución está a la discreción del Director. Así que ese fondo, a pesar de haberse reducido a doscientos millones de Lempiras para la compra de tierras, es una fuente muy importante para mejorar los ingresos de quienes lo manejan, comprando a un precio formal y otro informal. Puede ser que los dirigentes de esa institución se nieguen a corromperse, pero hay mucho ruido al respecto.
El Movimiento Campesino y el INA
En la década de los 50s se integró la primera organización de campesinos sin tierra Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH). Sus dirigentes fueron perseguidos y algunos asesinados por fuerzas gubernamentales, en contubernio con la Cia Bananera y algunos terratenientes. En ese tiempo estaba en boga el sindicalismo libre de los EUA, por lo que surge la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). Al finalizar la década de los sesenta surge el movimiento cristiano promoviendo a la Unión de Campesinos de Honduras y casi simultáneamente se organiza, con apoyo del INA, la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH). El contexto nacional e internacional fue propicio para que estas organizaciones lograran muchas conquistas significativas, entre ellas la adjudicación de no menos de 500 mil hectáreas de tierra y asistencia financiera y técnica del gobierno y organismos internacionales.
Pero eso se fue deteniendo a partir del impulso de la política neo liberal en 1990. El campesinado fue siendo abandonado por las instituciones del gobierno, el INA se convirtió en lo que hemos explicado arriba y alguna dirigencia campesina se fue corrompiendo. No solamente aceptan los subsidios tradicionales del INA, pero se aprovecharon de toda oportunidad para dejar de ser los campesinos auténticos para convertirse en urbanos, con propiedades que les cuadruplicaron sus ingresos, al grado de quedar únicamente con el apodo de campesinos, olvidándose hasta de los genuinos intereses de sus organizaciones. Los esfuerzos por lograr auto financiar sus actividades han sido casi nulas, prefiriendo su dependencia de las ONGs y del INA.
Los subsidios a cada organización nacional campesina están también a la discreción del Director del INA, así que estos son un importante medio de cooptación de las voluntades de sus dirigentes. Uno de los logros más significativos de ese presupuesto del INA ha sido la dispersión o división interna del movimiento campesino nacional. De cuatro organizaciones existentes en la década los 80s, a esta fecha tenemos unas 36 organizaciones. Aunque el subsidio del INA apenas ajusta para los gastos administrativos de sus oficinas en Tegucigalpa, dada la cultura establecida por décadas en esas organizaciones, su dependencia es grande, hasta llegar a ser motivos de pleitos y competencias entre los dirigentes, quienes terminan dividiendo sus propias organizaciones. Así seguimos y seguiremos observando este creciente archipiélago de pequeños y diminutos reinos campesinos.
Si el INA fuese para lo que fue concebida, no cabría el adagio: “divide y vencerás”, sin embargo, ya el INA está enmarcada en la filosofía del individualismo y del libre mercado, así que es probable llegar a pensar que, irónicamente, han ganado la batalla contra la Reforma Agraria, pues su corrupción no es solamente por algunos actos ilícitos internos, pero por haberse corrompido en su esencia misma. Si esto es correcto, esa institución seguirá existiendo, siempre y cuando cumpla con los preceptos del neo liberalismo. Puede verse al INA como un buen botín político de los partidos políticos. Su director tiene tanta discreción en su manejo, que puede favorecer a grupos de correligionarios para que estos le aseguren sus elecciones, como ha sido el caso del último período de gobierno (2010-2013)
Emancipación Campesina
En primer lugar el movimiento campesino debe profundizar su razón de ser, volver a los orígenes y causas de su existencia, de manera que pueda sacudirse de aquellas infecciones y tumores que se le han adherido como parásitos en su cuerpo. Es posible que algunos de sus dirigentes deban confesar su apego a los principios neo liberales, es posible que algunos deban auto excluirse de seguir dirigiendo al campesinado organizado, por haber dejado de ser campesinos en su esencia; así como algunas de sus tantas organizaciones deban desaparecer fundiéndose con las más apegadas a los principios de una verdadera Reforma Agraria. No hay transformación estructural que suceda sin algunos sacrificios.
El Instituto Nacional Agrario y otras instituciones con misiones de fortalecer y servir al pequeño productor organizado y a las familiar rurales sin tierra para producir, dejar de utilizar los fondos públicos para manipular la voluntad de los dirigentes. En cambio, deben proponer la construcción de una estrategia única del sector reformado que les una.
Lo importante es lograr una revolución interna del sector para poder después revolucionar las instituciones del Estado. Sus reclamos son más que todo, con razón o no, sobre la falta de crédito, la falta de insumos, la falta de lluvia, la falta de subsidios, la falta de esto o el otro, pero no sobre la importancia que tiene su razón de existir, su lucha por la unidad campesina, incluyendo su lucha por la recuperación de las tierras y la asistencia técnica a la cual tienen derecho. Sus directivos se dedican a negociar subsidios y proyectos que no llegan a sus bases en la proporción debida.
Es posible que las exigencias por la re-distribución de la tierra acaparada por unas cuantas empresas y terratenientes debe venir después de re-estructurar el INA, o después de que el campesinado se una en uno o dos bloques homogéneos en su estructura y pensamiento. Después de lograr autofinanciarse en un buen porcentaje de sus gastos como organización y admitir sus grandes debilidades, hacer que sus líderes se liberen de tantos prejuicios personales, como inicio de esa transformación interna que parece una prioridad. Así, se puede exigir con la fuerza debida, sus derechos económicos y sociales, sin tener que pedirle permiso a la Central Obrera a la que están afiliados o, al líder del partido político con quien simpatizan. La consulta debe regresar a sus bases.
Sabemos bien que las actuales instituciones contraloras y de justicia favorecen la impunidad y la corrupción. Así que la estrategia campesina no es solamente la denuncia, pero la propuesta. El reto es grande, por lo cual su fortalecimiento en contenidos debe ser una prioridad. Solamente priorizando los principios de igualdad, equidad de género, transparencia, socialización de capitales, solidaridad y democracia participativa, podremos romper con el proceso actual de aumento del minifundio y el latifundio, como si estuviéramos retrocediendo a lo que existió al iniciar la Reforma Agraria en los sesentas y setentas.
MOA
Enviado a SURCOS Digital Digital por el autor.
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