- Apertura de oficinas de atención directiva y programas fue rechazado
Carlos J. Cabezas Mora (*)
Luego de que la administración del Patronato Nacional de la Infancia justificara el cambio en la estructura organizativa creando nuevos departamentos, reubicando otros, la Autoridad Presupuestaria por una decisión de carácter político rechazó la creación de las plazas, según supimos de manera informal.
El Código de la Niñez establece que tratándose del cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud el Estado no puede argumentar falta de recursos presupuestarios, una institución como la nuestra que ha sido asediada por medios de comunicación y criticada por la ciudadanía por no dar abasto con la demanda social, producto sin duda de una cultura de violencia existente en el país, requiere de fortalecimiento, sin embargo todo esto poco o nada importó a la hora de rechazar esta nueva expansión de coberturas en el resto del territorio nacional.
La niñez tiene derecho al juego, pero que jueguen con su presente y futuro es simplemente inadmisible, sabemos que la situación fiscal del gobierno no es la mejor, pero también sabemos que otras instituciones con facilidad se han convertido en la prioridad nacional, como el caso de seguridad pública, pues el sentimiento de inseguridad vigente sí es tema de campaña electoral, pero evitar que nuevas generaciones ingrese a las filas delictivas parece que continuará siendo la gran omisión de las políticas fiscales de todos los gobiernos.
La niñez y la adolescencia son el presente y futuro de una nación y con la política economicista neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales acreedores, comprometen con cifras engañosas y argumentos de la clase empresarial y política dominante, la inversión social para la niñez de nuestro país, lesionando su desarrollo integral y postergando la construcción de una ciudadanía activa y consciente de su entorno en una coyuntura de un capitalismo deshumanizante.
Con el proyecto de ley y su regla fiscal creemos que las instituciones que no generan ingresos sino solo inversión social, como es el caso del PANI posible que sean las primeras víctimas del economicismo que tiende a atender lo urgente no lo estratégico para nuestro país, nos extrañó muchísimos no conocer una posición de la actual administración sobre la amenaza de que el artículo de la ley orgánica que garantiza la obligación de girar el 7% del impuesto sobre la renta fuera derogada, cuando era un deber como institución en su misión de defender los derechos de la niñez.
Tendremos más herramientas para el llamado a nuestros compañeros y compañeras para sumarse a la protesta nacional contra el gobierno entrante, ahora en defensa de los servicios públicos también.
(*) Secretario General, SEPI. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
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