Programa Martes Económicos
Greivin Hernández González (*)
El Poder Ejecutivo “ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social” reza la exposición de motivos del Presupuesto Nacional del Estado costarricense para el 2018.
Para ello argumenta encontrarse en “estado de necesidad”, condición que lo imposibilita a cumplir con los compromisos que la constitución y las leyes establecen. Esta es una de las formas en que la inacción por parte de la sociedad costarricense en materia de soluciones al recurrente déficit fiscal se manifiesta. Durante años, hemos estado oyendo a políticos y expertos decir que el faltante de recursos que el Estado tiene para hacer frente a sus obligaciones es un asunto serio, y que eventualmente el ajuste fiscal vendrá y se manifestará de una forma tangible, pues bien, esta es una de las tantas formas de percibirlo. La otra es sin duda, el aumento en las tasas de interés vivida en los últimos meses, y vendrán más.
Volviendo al tema del presupuesto, como bien han apuntado algunos políticos y analistas, un tema preocupante es que se está sacrificando la inversión social y la de capital. La propuesta de gastos del Gobierno para 2018 implica un crecimiento anual nominal del 3,2%, lo cual significa un crecimiento real casi nulo, dado que la inflación prevista es del 3%. Con esto, se estima que el gasto público perderá importancia dentro de la economía, dado que caerá al 25,9% en 2018, luego de representar el 27,3% en 2017.
Sin embargo, para lograr tal resultado, se han debido sacrificar rubros clave para el desarrollo del país, el presupuesto en educación representaría el 7,4% de la producción en 2018, una caída respecto a 2017 cuando alcanzó el 7,8% y el gasto de capital (inversión en obra pública) se reducirá en 17,4%; además de la contención de los aumentos en las transferencias para políticas sociales ya comentadas, y reducción de gastos institucionales (partidas flexibles).
Por otra parte, la deuda pública sigue creciendo como bola de nieve, al igual que en 2017, el principal título presupuestario comprende este rubro, que alcanza el 32% del presupuesto total, y contribuirá al crecimiento del presupuesto del 18,4% respecto al 2017, siempre y cuando las condiciones financieras no empeoren.
Si el ajuste fiscal sigue dándose de esta forma, las consecuencias para la sociedad pueden ser nefastas, y como ocurre en economía, siempre existen rezagos entre las decisiones de política económica y sus resultados. Luego de la crisis que enfrentó la economía mundial en los años ochenta del siglo pasado, muchos países, en cuenta Costa Rica, decidieron reducir drásticamente la inversión pública. El resultado fue un rezago en infraestructura productiva, que generó caída en la competitividad, y varias generaciones con menor acceso a educación, que hoy se encuentran desempleadas pues carecen de las habilidades que requiere el mercado.
Esperemos no tener que revivir esa época, y encontrar más pronto que tarde una solución al acuciante déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de eso depende la paz social de los próximos años y el nivel de bienestar de las futuras generaciones.
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.libertadyprogresonline.org
Enviado por UNA Comunicación.
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