¿Qué hay detrás de la demanda de la Reserva Indígena Kekoldi?

Cristina Zeledón L.

 

La reserva indígena Bribri-Cocles fue creada por Decreto Ejecutivo Nº 7267 en 1977.  Posteriormente en 1985 por Decreto Nº 16568 se estableció como reserva independiente el área correspondiente al sector ubicado en Cocles.

Sin embargo la delimitación de esta área no fue la más apropiada ya que los responsables de llevar a cabo esa tarea  establecieron los límites desde un avión, lo que no les permitió darse cuenta que  muchas familias afro-descendiente se habían establecido en esa franja desde principios del siglo XX y en cambio, como está demostrado, los indígenas nunca habitaron la zona costera.

Evidentemente este error ocasionó durante muchos años serios problemas a los habitantes originales y altos costos al Estado,  hasta que en  1992 se logró un arreglo amistoso entre las partes, el cual consistió en excluir de la zona problemática los terrenos que ya tenían dueño, compensando con un área similar a los indígenas en los terrenos boscosos al oeste  y al sur de la Reserva.

En esa oportunidad y conforme al artículo de la Ley Indígena  Nº7316, se consultó a la Comunidad local, la cual manifestó su acuerdo al proyecto de reforma de límites.

Acuerdo que se concreta formalmente en el decreto Nº 25296, con fecha del 24 de junio de 1996  que establece esta modificación, así como atendiendo la solicitud de los indígenas, se modifica el nombre de Reserva Cocles por  Reserva Kekoldi.

Sin embargo y a pesar de que lo que en ese momento fue un arreglo inteligente, amistoso y justo, hace algunos meses se inició un proceso que  actualmente se está discutiendo en los Tribunales de Justicia.

La demanda que pretenden los interesados  consiste en   anular los efectos de ese arreglo de 1996, acusando al Estado de usurpar tierras que supuestamente les pertenecen a los indígenas,  argumentando  entre otras cosas, que es la forma de asegurarles acceso al mar, pese a que éste es un derecho de todas las personas independientemente de donde vivan.

Una pretensión además muy temeraria, ya que la misma acarrearía grandísimos costos al Estado, es decir a todos nosotros, por   indemnizaciones a los actuales ocupantes de esos terrenos,  sin que por otra parte les represente  a los indígenas mayores beneficios, ya  que como se señaló, el decreto de 1996, contemplaba mantener la misma área original y además, por la Ley Indígena, están inhibidos de negociar con esas tierras.

Pero esa amenaza a los pobladores de la zona costera de Puerto Viejo es parte de un gran complot donde se mueven intereses muy sospechosos.

¿A qué me refiero?

Hace más o menos 2 años la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento alegando que por carecer las “zonas protegidas” de una legislación específica, éstas estaban sometidas a la ley de Parques Nacionales. Esto   supone que todas las personas que viven en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, están ilegalmente ocupando esos terrenos.  En base a eso la CGR ordena al MINAE    declarar nulo cualquier derecho adquirido y por lo tanto  proceder al desalojo  de los ocupantes.

Además y también  por orden de la CGR, la Municipalidad de Talamanca está procediendo a citar a juicio a algunos pobladores (21 por el momento) que supuestamente están en condición de precaristas, en Puerto Viejo y Manzanillo, ocupando terrenos del Patrimonio Natural del Estado (50 m. inalienables y 200 m. de ZMT), sin tomar en consideración –y procurar una alternativa adecuada- que fueron precisamente los abuelos de esas familias con sus propias manos y cáscaras de coco y troncos de madera, quienes convirtieron en tierra firme lo que eran suampos plagados de lagartos

Es evidente que si se expulsa a los actuales habitantes de la Reserva, se cancelan los derechos de los ocupantes del Refugio y se destruyen las edificaciones en Puerto Viejo y Manzanillo,  no es precisamente para favorecer a los indígenas.  Tampoco  se trata de proteger un ambiente que actualmente está muy bien cuidado por sus habitantes.  Entonces ¿qué hay detrás de estas amenazas)

  • ¿Será que  esta zona se quiere destinar a un mega-proyecto turístico tipo Papagayo?
  • ¿Será que los chinos que adquirieron el derecho a modernizar RECOPE y ampliar la ruta 32, tendrán en mente revivir la exploración y explotación petrolera evitando el enfrentamiento con los pobladores que hasta el momento se han opuesto exitosamente a dicha actividad?
  • ¿Serán los interesados en construir una enorme marina?
  • ¿Serán las empresas farmacéuticas de apoderarse de la zona con mayor diversidad biológica del país?
  • ¿Serán los interesados en la explotación minera?
  • ¿Serán los tentáculos del Plan Puebla Panamá?

 

Enviado a SURCOS por la autora.