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Brasil: táctica de golpe de estado y apariencias legales

Rogelio Cedeño Castro*

 

Primera parte

El resultado inmediato más visible del juicio político contra la presidenta brasileña Djilma Rousseff, un hecho perturbador que ha ocupado las páginas y pantallas de la prensa mundial durante más de un mes, como es en su esencia el acto ilegítimo, ilegal y desproporcionado dispuesto, hace pocos días, por la mayoría de los integrantes de la cámara de diputados y del senado de ese país, ha sido su separación del cargo y la formación de un nuevo gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, convertido ahora en su más encarnizado enemigo, cuyo gabinete aparece conformado solo por integrantes de la minoría rica, caucásica y conservadora del país. Dentro de lo que constituye un acto que implica una vuelta a las prácticas oligárquicas, racistas y sumamente excluyentes, además de grotescas, de un pasado no tan lejano y tan propias del manejo del poder, por parte de las viejas elites durante buena parte del siglo anterior, las que implicaron desde siempre la discriminación y la violencia, en diversos grados, en contra de los grupos negro, indígena y mestizo que conforman la mayoría de la población brasileña, dentro de un país con más población negra que cualquier país africano, aunque también esta figura entre las más apartadas del poder y la riqueza, incluso si lo consideramos a escala planetaria.

No conformes con esto, los integrantes del nuevo gobierno han procedido, de inmediato, a la aplicación de un programa político, económico y social más agresivo, de naturaleza neoliberal y poco respetuoso de los procedimientos legales, dentro de lo que son un conjunto de acciones que, en ningún momento, han recibido la sanción positiva del voto popular.

Es aquí donde se revela, de manera definitiva e inocultable, la singularidad y la violenta determinación de las acciones dispuestas por este conglomerado de diputados y senadores, sobre todo por su pretensión de imponerle a la población brasileña un paquete de acciones en materia de política social y económica principalmente, las que tendrán graves efectos sobre los más pobres y excluidos, en ese enorme y contrastante país, todo como resultado del fin del período de las llamadas vacas gordas, al caer estrepitosamente el precio de las materias primas o commodities de los países de la región, después de un período durante el que, según afirma el economista Alfredo Serrano Mancilla,: “la política económica de Brasil fue muy exitosa en redistribuir riqueza a favor de las mayorías. Políticas sociales, como el programa Bolsa Familia, fueron responsables de sacar a 36 millones de brasileños de la pobreza. Se generó empleo (20,8 millones de puestos de trabajo), se mejoraron los salarios y se crearon casi 80.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, todo esto se consiguió sin romper con las alianzas con el sector financiero. La banca privada nacional engordaba sus cuentas y el capital-golondrina financiero llegaba del exterior al calor de las altísimas tasas de interés. Por momentos, de las más atractivas del planeta. Un complejo equilibrio de ganar-ganar aplaudido por todos: alta aprobación de las mayorías y piropos de los medios internacionales. Por ese entonces se llegó a hablar de Brasil como la tercera vía latinoamericana”.

El descaro, el desenfado y la violencia, no tan implícita como pudiera pensarse en principio, con los que se exteriorizan todas estas medidas dentro del panorama político del Brasil contemporáneo, auguran un momento amargo y duro para las grandes mayorías populares de ese inmenso país sudamericano, una verdadera nación continente con casi 8 millones de kilómetros cuadrados y varias zonas horarias dentro de su extenso territorio, el que limita con la casi totalidad de los otros países sudamericanos, con las excepciones de Chile y Ecuador. Las complejas relaciones de poder hacia el interior de la nación brasileña aparecen aquí, provocando o mostrando una gran variedad de contrastes y problemáticas diversas planteadas a partir de su misma existencia, dada la gran variedad de contrastes en los órdenes más diversos que existen entre las diversas regiones y estados que las conforman, las que van entre las áridas y empobrecidas tierras del nordeste( el sertao, donde el hambre ha reinado desde hace mucho tiempo) y las ricas tierras gauchas del sur brasileño, con su característico verdor y las abundantes predios agrícolas, o entre las áreas costeras de Río de Janeiro o San Pablo con sus áreas urbanas y la inmensidad de las tierras amazónicas, un reservorio forestal de decisiva importancia para toda la especie humana y que se encuentra, cada vez más amenazado por la codicia de unas cuantas empresas transnacionales y los propios latifundistas brasileños, opuestos a cualquier modificación en la distribución de la tierra y en las prácticas depredadoras hacia los bosques de la Amazonía.

Dentro de semejante país, las camarillas locales del poder juegan un papel esencial en la toma de las decisiones más importantes, así como en la obstaculización de aquellas otras que puedan afectar a sus intereses y privilegios de casta, tal y como ha sucedido en esta oportunidad con todos los elementos de la trama del llamado impeachment o juicio político en contra la actual presidenta, que en realidad busca derribar su gobierno e imponer el programa político de la derecha, por el que no votaron en las últimas elecciones generales la gran mayoría de los brasileños y que los políticos de la derecha derrotados en las urnas apenas ayer están tratando de poner en ejecución, de manera acelerada, para impedir o mitigar la reacción de los movimientos populares, tales la Central Unitaria de Trabajadores o el Movimiento de los Sin Tierra(MST).

Este juicio político en esencia es promovido principalmente por sus antiguos aliados en el poder del Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), a lo largo de los últimos trece años, a partir de la primera elección de Luis Ignacio Da Silva Lula, en las elecciones generales del año 2002, entre los que figura el presidente provisional recién designado y que había sido electo vicepresidente de la república, junto con la presidenta Djilma Rousseff en las pasadas elecciones generales de 2014. Los “aliados” de Lula y Djilma, provenientes de esta fuerza de derecha que ha sido siempre en realidad el MDB, aunque se autocalifiquen como un partido de centro(¿?), han roto con el actual gobierno de Djilma para buscar el retorno a un pasado o statu quo caracterizado por la miseria y creciente violencia contra los sectores populares, quienes a lo largo de la última década han despertado y se han movilizado por sus derechos, incluso enfrentándose al gobierno o a pesar suyo. El camino de los golpistas ahonda los graves problemas de ilegitimidad que ya enfrentaban los poderes públicos y el sistema político hasta ahora imperante en Brasil, además de ser una amenaza mortal para la débil democracia de un gigantesco país. La hipocresía de los protagonistas del drama y las apariencias legales con las que buscan cubrir sus acciones violentas, no ocultan las graves consecuencias de este asalto al poder en el mayor país sudamericano y sus implicaciones en la geopolítica mundial, a las que tendremos que referirnos más en detalle.

*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Morales.

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Pitazo final

Arnoldo Mora

 

Lo acaecido en el recinto parlamentario el lunes 2 de Mayo merece destacarse, no solo por el hecho de que el discurso del Presidente no se haya dado, como era lo habitual, el 1ro de Mayo, sino principalmente en razón de la coyuntura política que vive el país. Ese fue el trasfondo de una ceremonia, por lo demás, estereotipada. Más que una pormenorizada enumeración, que había enviado de previo con abundante información de lo hecho por su gobierno, el Presidente se dedicó a hacer política en el sentido fuerte del término. Insistió ante el Primer Poder de la República en la responsabilidad, que constitucionalmente le compete, de cogobernar aprobando las leyes que la coyuntura requiere, a fin de paliar la crisis fiscal que agobia al Estado. Ante el hecho de que se ha configurado una nueva alianza entre los partidos de oposición que ha asumido la conducción de la Asamblea Legislativa, el Presidente los ha conminado a que aprueben los proyectos que les ha enviado. Junto con una invitación al diálogo, Luis Guillermo los ha enfrentado a su propia responsabilidad reconociendo, sin mencionarlo explícitamente, que posiblemente uno de esos partidos podría asumir su puesto dentro de dos años; de modo que, si no aprueban lo que él propone, tendrán que apechugar con las consecuencias de la crisis fiscal, que se les convertiría en una hipoteca, no por culpa del gobierno actual, sino por la miopía electorera y prejuicios ideológicos de la alianza opositora. En cuanto a su descenso en la popularidad, al menos en apariencia, da la impresión de no serle particularmente sensible, arguyendo que no está en sus planes futuros aspirar a la reelección.

Luis Guillermo tiró la pelota hacia el campo de quienes hoy son sus adversarios políticos. Al iniciar el segundo tiempo de un partido, cuyo pitazo final debe arrojar como resultado positivo la solución de la crisis fiscal que ningún gobierno anterior había logrado, a pesar de reconocer que ésta azota como una peste medieval, al Estado y, con ello, a la nación entera. En esto nadie, ni en la oposición ni en el gobierno, hay dudas. El quid de la cuestión está en quién pagará el costo. Es allí donde el país se muestra más dividido que nunca desde la década de los 40 del siglo pasado. Es en torno al papel que las fuerzas políticas y sociales asuman que se decantará el criterio, a la luz del cual podremos sopesar la posición que adopten los partidos. Esta es la CUESTIÓN nacional por excelencia hoy día. Todo lo demás, como diría Shakespeare, no son más que “palabras, palabras, palabras…”.

Es en función de este desafío, crucial para los destinos de la nación, que se escogerán los candidatos presidenciales y se hará la campaña electoral. Las reglas del juego, las tácticas y estrategias ya se perfilan, las candidaturas ya despuntan. La segunda parte de este partido de la administración Solís tendrá como trasfondo la campaña electoral que se avecina. Nunca como ahora es tan actual aquello de que el futuro deja de serlo desde el momento en que se asume como parte constitutiva del presente. El hoy define el mañana. Los actores de la escena política nacional están imbuidos de este rol. Los ecos de estas voces han retumbado durante los días 1ro y 2 de este mes, tanto en el recinto parlamentario, como en las calles. El pitazo final de este juego, que se acaba de iniciar en su segunda parte, se dará el primer domingo de febrero del 2018. Estamos advertidos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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¿Le molestaría pagar lo que no pagó otra persona?

“Si no dudas en reaccionar ante una situación injusta como esta… ¿Por qué no te indigna pagar el escaqueo fiscal de las grandes multinacionales?”.“Yo pago el escaqueo fiscal de las grandes multinacionales”.

En estas dos frases se logra resumir el video titulado como ¿Pagarías 20 euros por una caña?, en el cual se logra ver el descontento de los clientes de cierto lugar al tener que pagar la cuenta que alguien más no canceló.

En esta producción audiovisual, se compara dicha situación con la que vivimos a diario las personas al tener que pagar la deuda de las grandes empresas multinacionales por su evasión fiscal.

Mediante esta producción se invita al espectador a ingresar en NOALESCQUEO.ORG para firmar la petición de una Ley Contra La Evasión Y Elusión Fiscal.

Puede ver el video ingresando en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=KWo1P4CXXp0

 

Información enviada a SURCOS Digital por Jorge Coronado Marroquín.

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Costa Rica y los alcances de Mossack Fonseca

En medio de una discusión en el legislativo para sacar una ley sobre fraude fiscal, el escándalo de los #panamapapers ha demostrado cuán grande puede llegar a ser la red de offshore en el país centroamericano.

Jorge Coronado*

 

El entramado de bufetes de abogados, empresarios y políticos involucrados:

Al igual que en el resto del planeta, los Panamapapers han evidenciado en Costa Rica la práctica utilizada por sectores políticos, económicos y empresariales para evadir y eludir el pago de impuestos en el país.

Para tal fin, han contado con el apoyo de 34 bufetes de abogados costarricenses, que se han encargado de gestionar la apertura de 800 compañías offshore, de las cuales 362 son de capital mayoritariamente costarricense, el resto son de capitales extranjeros que operan en el país o capital mixto.

El principal bufete que empezó la relación con Mossack desde 1998 es Gonzalo Fajardo y Asociados, el dueño del bufete ha sido Director de Tributación Directa, Ministro de Economía y Diputado Nacional. Ha abierto más de 100 sociedades en paraísos fiscales propiedad de costarricenses.

Es de destacar que los principales bufetes de abogados del país, integrados por políticos, exministros, exdiputados, etc, están involucrados en el escándalo de panamapapers, ni uno solo de los bufetes más grandes del país, está fuera del escándalo, y en promedio es una relación con el bufete panameño de más de quince años, en los que todos los bufetes han estado gestionando la apertura de empresas offshore.

Los principales sectores empresariales involucrados tienen que ver con sectores exportadores de banano, piña, caña de azúcar, empresas vinculadas a Zonas Francas (en donde no pagan impuestos), sector turístico, sector inmobiliario, y el sector de la construcción de infraestructura, entre otros.

Tienen en común que son grandes sectores empresariales nacionales, con socios extranjeros, con los cuáles desarrollan millonarios negocios. Es de anotar, que en general, son sectores que ya gozan de “privilegios” fiscales como estímulos al sector exportador, y aun así, deciden recurrir a la estructura elusiva de las sociedades offshore en paraísos fiscales, para disminuir su ya escasa contribución tributaria en el país.

Finalmente a nivel de dirigentes políticos, tenemos a representantes de los principales partidos políticos de la derecha neoliberal involucrados. El padre del Fonseca (principal socio del bufete panameño) es costarricense con familiares que han sido ministros y políticos, una familiar de él es quien abre una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack/Fonseca y esa persona termina siendo ministra de transportes durante el 2006/2009.

En el listado aparecen banqueros, miembros de Junta Directivas de Bancos Estatales, diputados, ex ministros de Hacienda, de Economía, de Salud, de Transporte, la familia Jiménez dueña del principal periódico del país La Nación, una exprimera dama de la república, embajadores incluido el anterior embajador ante Naciones Unidas e incluso dos ex Directores de Tributación Directa (Administración Tributaria del país).

Panamapapers y la oposición al registro de beneficiarios finales:

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Fraude Fiscal, que contempla por primera vez legislación para el conocimiento por parte de la administración tributaria de los beneficiarios efectivos o finales. A la fecha sólo con orden judicial puede la AT conocer cuáles son los beneficiarios finales de una sociedad costarricense.

La oposición ha sido fuertísima por parte de la Unión Costarricense de la Empresa Privada (UCCAEP) y de políticos de los principales partidos neoliberales, muchos de esos políticos hoy aparecen en los panamapapers. El argumento es que tener de conocimiento de la administración tributaria el registro de beneficiarios atenta contra la libertad de empresa.

Esta propuesta del registro de beneficiarios finales no se impulsa tanto como una iniciativa por transparentar el régimen tributario costarricense, sino como una exigencia planteada por la OCDE en el proceso de solicitud de ingreso que lleva adelante Costa Rica.

Un efecto adicional en Costa Rica de los panamapapers, es que va a dejar a los opositores (políticos y empresarios) del registro de beneficiarios finales sin argumentos para seguir oponiéndose. Los panamapapers sacan a la luz pública el entramado opaco establecido entre bufetes de abogados, empresarios, dueños de capitales privados y políticos, con el fin de evadir y eludir impuestos en el país. Con el registro de beneficiarios finales, vamos a poder conocer en detalle cómo se articula ese mundo subterráneo creado utilizando los portillos legales que el sistema permite, a fin de estafar a nuestros estados nacionales.

*Jorge Coronado es analista costarricense de políticas económicas internacionales. Copresidente de Latindadd y miembro de la Alianza Social Continental.

 

Tomado de http://www.economiacritica.com/2016/04/11/costa-y-los-alcances-de-mossack-fonseca/

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En defensa del estado derecho

Arnoldo Mora

 

Como es tradición desde finales del siglo XIX, en el 1ro de mayo se celebra en el mundo entero el DÍA DEL TRABAJADOR. En Costa Rica se llevan a cabo también otras actividades de índole política. Los medios de comunicación se ocupan por igual de las marchas de las organizaciones gremiales como de la elección del directorio de la asamblea legislativa. Esa elección en buena medida sirve a los partidos políticos para medir fuerzas y, con ello, lograr una cuota de poder en el año que sigue. Este último ejercicio político reviste particular relieve debido a que, desde las elecciones pasadas, el país viene sufriendo un cambio sustancial en la configuración del Estado, no formal sino real…que es lo que importa cuando del ejercicio del poder se trata. Me refiero a que ahora no sólo los partidos con mayor representación juegan en este ajedrez un papel protagónico. Las componendas adquieren un rol relevante y, a veces, sorpresivo, haciendo realidad aquello de que “en política no se escogen los aliados”. En los pasadizos de Cuesta de Moras suelen aparecer en los 1ro de mayo fantasmas bailando un aquelarre al ritmo de un “Mayo Negro”. Si en el pasado se compraban los votos con partidas específicas (remember Cachimbal) hoy, al desaparecer éstas, lo que se busca son cuotas de poder, para impulsar la aprobación o rechazo de leyes en concordancia con sus intereses e ideologías. En este año, posiblemente lo que de este aquelarre salga no se sabrá con certeza sino hasta el momento mismo de la elección del Directorio.

Por su parte, los trabajadores organizados desfilan, no solo para honrar la memoria de sus mártires de ayer, sino para impulsar sus luchas de hoy y sus anhelos de mañana. El pueblo costarricense vive dos expresiones de su democracia, la representativa en Cuesta de Moras y la directa en las calles. Ambas, más allá de las apariencias, tienen algo en común: luchan por el poder, tanto para lograr u obstruir reivindicaciones populares, como para promover o rechazar leyes que enrumben los destinos de la Patria. En una época en que en el mundo entero se dan cambios vertiginosos en la configuración del poder, no es de extrañar que, detrás de estas divergencias se encierren enfrentamientos de largo alcance porque tienen su raíz en concepciones ideológicas y buscan transformaciones institucionales.

En el caso de Costa Rica, es el Estado Social de Derecho el que se ve amenazado y asediado. Detrás de la supuesta reducción del gasto público, lo que se pretende es hacer que la crisis fiscal, provocada por la clase dominante, la paguen los de abajo, como siempre, aunque no la hayan causado. Los que desfilan en las calles y sus compañeros que no lo hacen (sobre todo del sector privado) por amenazas de despido, lo hacen en defensa de los derechos laborales garantizados por el Estado de Derecho gracias a las reformas de 1943 consolidadas en la Constitución actual (1949).

En conclusión, este 1ro de mayo expresa, con la mayor firmeza, la verdadera raíz del enfrentamiento político real sustentado en la lucha de clases. Los trabajadores deben unirse, no solo para ganar las luchas en pro de la justicia social, sino en torno a un proyecto nacional más amplio que ponga las bases de la Costa Rica que anhelan las generaciones jóvenes de hoy y de mañana. Para ello deben superar divergencias tácticas y conformar una dirección unificada. Así lo reclama el futuro de la Patria.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Convicciones democráticas y enconos políticos

José Luis Callaci

 

Debido a que algunas personas, incluyendo gente que aprecio y respeto, han cuestionado lo que califican como una irreverencia de mi parte hacia la figura de un Presidente que fue escogido democráticamente en las urnas electorales, quiero aclarar más y enfatizar al mismo tiempo lo que he afirmado y seguiré afirmando sobre el actual Presidente argentino.

No merece mi respeto quien en debate público y a pocos días de las elecciones negó, de manera categórica y explícita, tomar medidas drásticas al asumir su gobierno, para luego de manera descarnada y descarada las aplicó en los primeros meses de su mandato. Es esto una gran burla al electorado y una grave estafa a la propia democracia. Suficiente para cuestionar la legitimidad de un gobierno.

Surgen muchas preguntas que tendrán que encontrar respuestas. Entre ellas sobresale la siguiente: ¿Cuántos votos generó entre los indecisos ese engaño que pudieron definir los resultados? Si no es posible cuantificar algo así es válido presumir que tuvo un efecto beneficioso para el entonces candidato. Y eso es también una forma de fraude electoral. Así que para este ciudadano le sobran las razones para no respetar a quien hoy ostenta esa investidura y para considerar valederos los argumentos que exigen la renuncia o destitución de las actuales autoridades de gobierno. Y agrego lo siguiente: Ignoro las verdaderas razones de ese reclamo a mi persona, las expuestas no las considero ni válidas ni suficientes y desearía descartar que las calificaciones que me endosan de ser muy severo, áspero y riguroso se asientan en consideraciones de benevolencia, blandura, tolerancia o clemencia para con alguien que carece de esos atributos o cualidades que natura otorga o no otorga. En todo caso aprovecho para recalcar que cuando nos referimos a personas que ostentan responsabilidades políticas importantes como la de presidente de un país esos posibles atenuantes no son de recibo.

En caso de ponerse en duda las convicciones democráticas de quien suscribe estas líneas, deseo agregar que no ahora sino siempre he defendido el diálogo, el debate y la confrontación como reglas que deben ser aceptadas en una democracia. Reglas que por cierto nunca han sido asumidas y menos respetadas por representantes de esa oposición recalcitrante que hizo gala de un asombroso y violento encono político contra el gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Un sector que si bien es minoritario en la sociedad argentina posee un gran poder económico que le sirvió ´para manipular a una parte del electorado, auxiliada por baterías mediáticas a su servicio, en un país que carece de ese pluralismo informativo tan imprescindible para la pervivencia de la propia democracia. No fueron suficientes las advertencias de que si esta clase de gente llegara al poder político, esta vez por la vía constitucional (antes lo hicieron valiéndose de Golpes de Estado) las consecuencias para la sociedad argentina serían catastróficas. Se volvería a un pasado al que muy pocos desean regresar. Lo estamos viviendo, pero ¿hasta cuándo? La respuesta a esta última pregunta la tendrán que dar los propios ciudadanos

 

*Imagen del autor tomada de Informa-tico.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes

NicolasBoeglin (*)

Las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en materia de derechos humanos constituyen una nueva advertencia sobre la imperiosa necesidad de remediar álgidos temas de derechos humanos que se han venido postergando desde varios años. Tratándose de un Estado que durante más de dos años se mantuvo en una situación incómoda al desacatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas y otras advertencias anteriores hechas desde Naciones Unidas ameritan ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Adicionalmente, merecen ser conocidas y divulgadas en su integralidad por las organizaciones sociales que denuncian, desde muchos años, la peligrosa deriva que exhibe el aparato estatal costarricense en la materia.

 

En días recientes, algunos medios de prensa (en particular digitales) en Costa Rica han informado sobre las observaciones hechas al informe presentado por Costa Rica en materia de derechos humanos por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Nota 1). Como bien se sabe, este órgano es uno de los diez denominados “órganos de tratados de Naciones Unidas” encargados de velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en diez distintos instrumentos internacionales (ver listado oficial ).

Al Comité de Derechos Humanos le corresponde monitorear únicamente el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, el cual ha sido ratificado por Costa Rica en 1968.Notemos que, en el caso de Costa Rica, al resistirse a ratificar (e incluso a firmar…) la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ver estado de ratificación oficial de este instrumento) son nueve órganos de tratados los llamados a evaluar regularmente a Costa Rica y no diez. De manera a ser completo, habría que añadir a estos mecanismos convencionales, los mecanismos no convencionales de Naciones Unidas: los cuales en la actualidad cuentan con 39 mandatos temáticos en materia de derechos humanos (ver listado oficial que distingue a los “expertos independientes” de los “relatores especiales” y “grupos de trabajo”, según la terminología oficial), así como por 14 mandatos por país (ver listado oficial). En los últimos cinco años, Costa Rica recibió la visita de tres de ellos, como lo veremos a continuación.

 

La audiencia celebrada en Ginebra en marzo del 2016

Si bien varios de los órganos de tratados pueden examinar y recibir comunicaciones individuales, y emitir una resolución al respecto, su labor principal se centra en analizar y comentar los informes periódicos sobre cumplimiento de cada tratado que envía cada cierto tiempo el Estado Parte.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al sexto informe presentado por Costa Rica fueron precedidas por una comparecencia de una delegación oficial de Costa Rica en la sede ginebrina de Naciones Unidas, realizada a mediados del mes de marzo del 2016. La delegación que se presentó ante los integrantes del Comité de Derechos Humanos fue encabezada por el Vice Canciller de Costa Rica.

En el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 17 de marzo del 2016, Costa Rica había indicado su satisfacción con relación a este debate y se leyó además en su comunicado que: “El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones” (Nota 2).

Cabe señalar que la delegación oficial de Costa Rica incluyó a una congresista (ver nota de prensa). Llama la atención que un órgano del mismo Estado costarricense presentara un informe independiente (ver texto completo) al Comité, como complemento al informe oficial presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: se lee en esta nota del 16/03/2016 de Elpais.cr titulada «Costa Rica asegura cumplir obligaciones internacionales en DDHH» la siguiente frase: «La Defensoría presentó un informe independiente al Comité y fue recibida en audiencia privada ante el Comité». Al revisar la titulación del informe de la Defensoría, se lee que se trata de un “informe alternativo independiente”. Si bien los informes de entidades nacionales de derechos humanos pueden en algunos casos completar la información oficial brindada al Comité, tradicionalmente, los términos “informes independientes”, o “informes alternativos” son reservados a informes elaborados por comunidades afectadas, organizaciones de víctimas y más generalmente, por organizaciones de la sociedad civil.

 

Las observaciones finales del Comité

Desde la semana pasada están disponibles en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Este informe de Costa Rica se relaciona con las obligaciones jurídicas que derivan del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Salvo error de nuestra parte, estas recomendaciones han sido reproducidas de manera integral en Costa Rica únicamente en el sitio jurídico especializado de Derechoaldia.com (ver enlace).

De manera que nuestros estimados lectores tengan una perspectiva más integral, nos permitimos remitirlos a las observaciones finales realizadas en el 2007 por este mismo Comité al quinto informe presentado por Costa Rica (ver enlace). La comparación entre ambos documentos se impone, tanto en cuanto a su extensión como a su contenido (y al hecho que en el 2007, dichas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos no dejaron rastro alguno en los medios de prensa de Costa Rica, como tampoco en la red).

 

Observaciones del 2007

En el 2007, la sección sobre “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del Comité de Derechos Humanos se reducía a 7 puntos (puntos 7 a 13 de sus observaciones finales). Antes de detallarlas, dicho Comité lamentó “… no obstante, que ningún experto en los temas cubiertos por el Pacto, con responsabilidades relevantes en el país, haya asistido a la presentación del informe, lo que dificultó el diálogo entre el Comité y el Estado parte” (punto 2).

Entre algunos de los señalamientos hechos en el 2007, podemos citar el relacionado con la actuación de las autoridades de Costa Rica con los solicitantes de asilo provenientes de Colombia. En el punto 7, el Comité señaló que: “7. El Comité observa con preocupación que la información sobre los nombres de cerca de 9000 refugiados colombianos fue indebidamente compartida por las autoridades de Costa Rica con las autoridades Colombianas. (Artículos 2 y 13). El Estado parte debería tomar medidas para respetar plenamente el principio de confidencialidad de los expedientes personales de los solicitantes de asilo y refugiados”.

Indica además, en el punto 13, con relación a los migrantes colombianos,otro hecho que le llamó la atención: “13. El Comité observa con preocupación las declaraciones efectuadas a través de la prensa por autoridades del Estado parte, estigmatizando a los colombianos en general, y a los refugiados colombianos en particular, al relacionarlos con el aumento de delincuencia en Costa Rica (Artículos 2, 20 y 26). El Estado parte debería velar por que los funcionarios públicos se abstengan de formular declaraciones públicas de índole xenofóbico, que estigmaticen o estereotipen a los extranjeros”.

Otros señalamientos como los relacionados al recurso abusivo a la prisión preventiva (punto 8), las deplorables condiciones de detención (punto 9), la debilidad de las políticas para luchar contra la trata de mujeres y niños (punto 12), evidencian que, a casi 10 años de haberse dadas a conocer, estas recomendaciones internacionales no han dado lugar a mayor esfuerzo por parte de aparato estatal costarricense para remediar de manera efectiva los problemas detectados.

 

Observaciones del 2016

En las observaciones finales del 2016 presentadas al sexto informe de Costa Rica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se muestra mucho más amplio. Su valoración crítica sobre la realidad de Costa Rica en materia de derechos humanos tiende a expandirse: la sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” ya no se limita a 7 puntos como en el 2007, sino que se extiende del punto 5 al punto 43, cubriendo muy diversos y variados ámbitos en los que Costa Rica, pese a algunos esfuerzos, incumple de manera notoria sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En algunos casos (prisión preventiva, condiciones de detención),los integrantes del Comité reiteran algunas de sus observaciones anteriores ante la poca efectividad de la acción estatal. La misma preocupación en estas materias (prisión preventiva, condiciones de detención, abusos de autoridad, malos tratos) habían sido objeto de señalamientos en el 2008 por parte de otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura (CAT) con relación a Costa Rica (ver  observaciones finales, en particular puntos 5 y 11-18): una reciente visita de la Relatoría de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derecho de las personas privadas de libertad (ver nota con acceso a informe dado a conocer el 11 de marzo del 2016 sobre la situación encontrada en Costa Rica) evidencia que lejos de solucionarse, los problemas detectados en el 2008 por el CAT, han tendido a agravarse significativamente.

La lectura de la extensa sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” contenida en las observaciones finales hechas por el Comité a Costa Rica en el 2016 confirma que, en varios campos, Costa Rica mantiene una deuda cada vez más pesada con varios sectores de su población en cuanto al ejercicio de los derechos consagrados jurídicamente en el PIDCP: mujeres, niños trabajadores, poblaciones afro descendientes, parejas del mismo sexo, familias deseosas de procrear artificialmente, portadores del VIH Sida, trabajadores migrantes, poblaciones indígenas, privados de libertad, entre muchos otros sectores. De manera que el lector se haga él mismo una idea del alcance de cada una de las observaciones realizadas, lo remitimos al enlace oficial antes indicado de Naciones Unidas que las contiene en su integralidad, y que, tal y como se puede observar, incluye muchos ámbitos, además del tema del aborto (que parece haber sido el único en acaparar la atención en estos primeros días del mes de abril del 2016 en Costa Rica) (Nota 3).

Entre algunos de los puntos álgidos, que no parecieran ameritar interés alguno por parte de los decisores políticos, podemos citar los puntos 41 y 42 sobre los derechos de los pueblos indígenas: “41. Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no ha sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (arts. 27)”.

Esta mención cobra mayor relevancia si recordamos que James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, emitió un informe en el 2011 luego de su visita a Costa Rica (ver texto completo de su informe presentado en mayo del 2011, en particular la sección “Cuestiones de fondo más allá del proyecto hidroeléctrico”, puntos 41-48). De igual forma, posteriormente a su visita en julio-agosto del 2013, John Knox, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente, publicó un informe (documento A/HRC/25/53/Add.1 del 8/04/2014y poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica del 2014), en el que el experto recordaba a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 51 de su informe) y de una recomendación (punto 65) que se lee de la siguiente manera: «en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados».

De una manera similar, podemos citar las recomendaciones – algunas de carácter urgente – contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 luego de visitar Costa Rica por Catarina Albuquerque, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos (ver informe A/HRC/12/24/Add.1, en particular el punto 70 con relación a las poblaciones indígenas, disponible en este enlace que reúne varios documentos: buscar en esta página o la siguiente “Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque – Adición – Misión a Costa Rica –“ disponible en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas). Los puntos 74-88de este informe del 2009 constituyen recomendaciones de carácter urgente, a la fecha pocamente atendidas por el Estado (lo cual puede explicar – al menos en parte – la crítica situación del recurso hídrico que enfrentan varias comunidades en distintas partes de Costa Rica).

En materia de derechos de las comunidades indígenas, cabe mencionar que en sus observaciones finales del año 2007 al informe presentado por Costa Rica (ver texto de dichas observaciones), otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) hizo referencia a su solicitud hecha desde el 2002 a Costa Rica y “exhorta /ba/ una vez más al Estado Parte a que elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (punto 9). Pese a la exhortación hecha a Costa Rica del 2002, reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las poblaciones indígenas costarricenses, en situación de indefensión.

A ese respecto, recordemos que en el 2015, Costa Rica recibió una solicitud de medidas cautelares ante la dramática situación vivida por las poblaciones indígenas en Salitre (Nota 4).

Otro punto de las observaciones hechas en el 2016 por el Comité de Derechos Humanos que, en nuestro modesto parecer, amerita una mención es el punto 10 en el que leemos que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”. En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva. En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación).

Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10)”.

 

Conclusión

Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores apreciar el tono de las advertencias y de los señalamientos que, desde varios años, vienen indicándole a Costa Rica la situación en la que se encuentran sus habitantes con relación al ejercicio efectivo de sus derechos. En nuestra modesta opinión, las recomendaciones hechas en el 2007 por el Comité de Derechos Humanos, por los expertos independientes precitados que procedieron a una visita in situ a Costa Rica en el 2009, 2011 y 2013, así como las recomendaciones del 2016 del Comité de Derechos Humanos, constituyen una útil herramienta que debiera ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Notemos que con posterioridad a la publicación del informe de Catarina Albuquerque en el 2009, Costa Rica circuló una airada nota (ver texto integral de la nota verbal circulada por la Misión de Costa Rica en Ginebra, A/HRC/12/G/3 del 07/09/2009) en la que detallaba las presuntas carencias del informe. Por ejemplo, con relación al tema de la piña y de la contaminación de los cuerpos de agua, el punto 4 precisaba que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas, entendible si proviniese del sector productivo, sorprendente al provenir del mismo Estado (Nota 5).

A los pocos días de la publicación de estas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por titular su comunicado oficial de la siguiente forma: “País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Más allá de este esfuerzo en materia de comunicación tendiente a ser un tanto reductor, dicho comunicado finaliza indicando que el Estado costarricense “apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”(Nota 6).

No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años.

 

Nota 1: Ver al respecto las notas de Elpais.cr, de Elmundo.cr y de CRHoy publicadas en los últimos días de marzo. El 1ero de abril se publicó una nota en otro medio digital, Informa-tico. En la prensa escrita, se encontró esta modesta nota en DiarioExtra. Otro medio de prensa escrita como La Nación optó por informar a sus lectores de un solo señalamiento hecho a Costa Rica: el relacionado al aborto (ver nota de prensa del 31/3/2016). En el ámbito radial, en este enlace se puede escuchar una nota de Monumental, que se centra sobre el tema del aborto, pese a titularse “ONU señala deudas de Costa Rica en derechos humanos”.

 

Nota 2: En un comunicado oficial con fecha del 17 de marzo del 2016, día en que finalizaron las audiencias en Ginebra, se pudo leer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica el siguiente texto, que a continuación nos permitimos reproducir en su integralidad:

“Concluye diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos – 17/03/2016 03:38 PM – 17/03/2016 03:47 PM. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Al inicio de la sesión, la delegación de Costa Rica continuó con las respuestas a las preguntas de los expertos que, por razones de tiempo, no pudieron ser atendidas la tarde anterior. Estas versaban sobre la protección del derecho a la vida, la libertad de expresión, la independencia de la Defensoría de los Habitantes, datos sobre administración de la justicia y sistema penal, la lucha contra la discriminación, y la representación política equitativa, entre otras. De seguido, los expertos hicieron sus valoraciones iniciales y plantearon nuevas preguntas sobre las condiciones del sistema carcelario, conflictos de posesión de tierras en territorios indígenas, y la dilación excesiva de los procesos judiciales en Costa Rica.  

Una vez finalizada la segunda ronda de respuestas, el Vicecanciller Alejandro Solano, en su calidad de Jefe de la Delegación, señaló que Costa Rica siempre se toma estos ejercicios con mucha seriedad y además son una excelente oportunidad para reflexionar y adoptar medidas sobre el cumplimiento de los convenios de derechos humanos. Manifestó la receptividad del país para recibir recomendaciones que fueran razonables y pertinentes y renovó los votos de Costa Rica para con los órganos de tratados. El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones.  

La Delegación de Costa Rica tiene ahora 48 horas para presentar por escrito la respuesta a las preguntas que no pudieron responderse durante el diálogo. El Vicecanciller Solano se mostró satisfecho por la calidad del intercambio con el Comité y agradeció a todas las instituciones que colaboraron en dar respuesta a las preguntas, las cuales fueron coordinadas por la Dirección de Política Exterior de la Cancillería. 

El Comité emitirá y hará públicas sus recomendaciones en el plazo de dos semanas«.

 

Nota 3: La discusión, un tanto enardecida, sobre el tema del aborto con el que ha iniciado el mes de abril del 2016 se origina en el artículo precitado publicado en La Nación el 31/03/2016 sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, titulado “ONU insta a Costa Rica a legalizar aborto en caso de violación”.

 

Nota 4: Remitimos al lector a nuestra modesta nota: BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, ObservatoirePolitique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC), Sciences-Po, Paris, 24/04/2015. Texto disponible aquí.

 

Nota 5: Sobre estas y muchas otras extrañezas del Estado costarricense con relación a los cuestionamientos ante los efectos negativos de la producción de piña de exportación (“Sweet Gold” o MD2), remitimos a nuestro breve estudio con ocasión de una audiencia celebrada ante los órganos regionales de derechos humanos en el 2015: BOEGLIN N., “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Global Research, 31/03/2015, disponible aquí.

 

Nota 6: En su comunicado oficial con fecha del 1ero de abril del 2016, se lee lo siguiente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: ”País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – 01/04/2016 09:57 AM – Costa Rica celebra que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogiera con satisfacción la presentación del sexto informe del país, conforme las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Después de haber presentado el informe escrito, el país participó en el examen oral con una delegación de alto nivel, presidida por el Vicecanciller Alejandro Solano, los días 16 y 17 de marzo pasado, en Ginebra.

El día de ayer, fue publicado un avance de las observaciones finales del Comité. El Estado costarricense y la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, reunida esta mañana en la sede de la Defensoría de los Habitantes, dieron la bienvenida a las recomendaciones del Comité que serán una importante guía para continuar con los esfuerzos nacionales para promover, proteger y respetar los Derechos Humanos.

El Comité celebró varios aspectos positivos del desempeño nacional, entre ellos, la modificación del artículo primero de la Constitución Política que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, la ley contra la Trata de Personas y la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su Plan de acción. Además, acogió favorablemente la reciente ratificación de importantes instrumentos internacionales.

El procedimiento de presentación de informes previsto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de naturaleza informativa, no contenciosa. No obstante, como es la práctica en ese tipo de mecanismos de Derechos Humanos, el Comité también expresó sus preocupaciones y brindó una serie de recomendaciones al país.

Algunas de las preocupaciones se refirieron a la persistencia de la discriminación estructural contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado que fueron reconocidos por el Comité; así como la falta de una política integral sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a pesar de las diversas medidas adoptadas por el país en la materia. Igualmente, el Comité indicó que, a pesar de las medidas adoptadas, le preocupaba la significativa brecha salarial existente entre hombres y mujeres y la ausencia de protocolos sobre el aborto en los casos permitidos por la ley (aborto terapéutico). Además, los expertos manifestaron preocupación por la persistencia de hacinamiento en los lugares de detención, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado.

Entre las principales recomendaciones, se solicitó al Estado Parte garantizar que la Comisión Interinstitucional cuente con los medios adecuados para el eficaz desempeño de sus funciones, acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación que incluya una prohibición general de la discriminación, asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes y adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y reducir el hacinamiento, incluyendo el uso de medidas alternativas a la privación de libertad.

El estado costarricense apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página principal de la Universidad de Costa Rica.

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«Vaticano versus Circo Romano»

Luis Ángel Salazar Oses

Luis Angel Salazar Oses
Luis Angel Salazar Oses. (Tomada de Facebook).

Al leer rápida y distraídamente este título, posiblemente un futbolero pensará «¡que buen derbi se han montado en Roma!»
Dormía la siesta larga de los jubilados cuando mi reloj biológico me despertó e instintivamente y medio adormilado, busqué en el dial una de las emisoras que diariamente y a cada hora, da un resumen de noticias, la sintonicé y lo que me encontré fue un radio teatro en el que se representaba la «Pasión de Cristo», de inmediato recordé que era viernes santo y, resignado y aficionado al teatro que soy, me dispuse a escuchar un rato al menos, este drama tratando de encontrar alguna variante interpretativa que me permitiese juzgar la calidad de actores y actrices. El momento era dramáticamente culminante pues se acercaba la crucifixión y, con gran sentimiento, el narrador describía la figura transida de dolor de la madre dolorosa de el Salvador que, abrumada por su infinita pena, casi agonizaba impotente caminando detrás de su hijo…
La situación me emocionó también pues en María encarné inmediatamente y en una especie de recorrido por la historia contemporánea, las madres impotentes ante sus hijos descuartizados por las bombas en Vietnam, torturados por la dictadura Chilena, desaparecidos por el feroz neofascismo Argentino -María era ahora las abuelas de la Plaza de Mayo-, masacrados por los desalmados milicos guatemaltecos, salvadoreños y somocistas, por el vigente imperialismo capitalista neoliberal en Afganistán, en la desintegración de la antigua Yugoslavia, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen…Casi llorando y esperando escuchar muy pronto, como todos los viernes santos a las tres de la tarde se acostumbra en nuestra Patria, ese desgarrador himno al dolor humano llamado Duelo de la Patria del gran músico costarricense Rafael Chaves Torres, me fui sumiendo en ese duermevela, donde las cosas se van difuminando, hasta dormirme en angustiante pesadilla.
De pronto, violentamente fui sacado de mi solidaria, revolucionaria y martirizada ensoñación, por una escandalosa canción que, a la hora nona del viernes santo, hora según la leyenda de la muerte del supremo redentor, debía ser una horrible y blasfema profanación, con pena de excomunión y parrilla infernal y eterna garantizada, para quienes osaran cometerla, una verdadera bofetada en las sagradas creencias del 90% -¡sube al 95% cuando tiembla!- de los costarricenses que se dicen fervorosos cristianos. El cántico tan supremamente sacrílego en ese momento, provenía de mi aparato de radio, minutos atrás santificado por la solemnidad del drama que se estaba representado, y que era la rítmica sustituta del himno nacional, que acompaña a los más masivos, espectaculares, mundanos e incluso, orgiásticos triunfos populares y presunto burdo plagio de la canción homónima de José Luis Rodríguez -«El Puma»- gritaba a todo pulmón: «¡¡¡¡Agárrense de las manos heeee!!!!, unos a otros conmigo. ¡¡¡¡Agárrense de las manos!!!!, apoyemos nuestro equipo, la selección nacional, es el honor de los ticos…»
El Vaticano, como sabemos, alberga a la Santa Sede, monarquía absoluta y única teocracia europea, cuyo poder totalmente vertical lo ejerce el Papa, máxima autoridad directora de la iglesia católica, apostólica y romana que dice provenir del cristianismo original en una sucesión papal iniciada con Pedro y que no ha sido interrumpida jamás.
El cristianismo se origina del seno del judaísmo mesiánico que, como su nombre lo indica, cree en la existencia de un mesías o ungido de dios que, como su hijo divino hecho hombre, viene a la Tierra a predicarnos su doctrina de salvación, cuya validez la comprueba muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día.
Por cierto que esta doctrina tiene mandamientos muy claros de entender y simples de cumplir, cuyo resumen plantea Jesucristo en el libro de Juan de la siguiente forma: «Amaras a dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo». El cristianismo recibe una enorme influencia de la cultura helenística y, particularmente al llegar a Roma, del paganismo religioso vigente en esa urbe. Todas esas influencias son notables en la versión cristiana católica,apostólica y romana.
El cristianismo aparece en una provincia pequeña del Imperio Romano llamada Palestina, fundamentalmente como una religión de misterio o, como apuntamos, de salvación, se extiende por el Imperio Romano durante el siglo II, en el siglo III el Imperio empieza a decaer, particularmente por sus contradicciones internas y la presión de sus múltiples enemigos sobre sus fronteras, para cuya defensa debe recurrir crecientemente a la conversión de sus esclavos en soldados en los cuales el cristianismo se había hecho muy popular por lo que, en su lucha por adueñarse del poder imperial, Constantino se declara cristiano y se convierte en emperador, momento a partir del cual el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio y, paulatinamente Roma, en la capital del Cristianismo, puesto que le debió corresponder a Belén cuna de Cristo. Recordemos que el cristianismo predica sobre todo el amor a dios por el que debemos renunciar al mundo material, pasajero, lleno de trampas y engaños y, en segundo lugar, el amor incondicional al prójimo no importa que sea enemigo -¡Ama a tu enemigo!- y estas dos tesis le caen al pelo a los dueños del poder material, dígase los grandes ricos de ayer, hoy y, hasta que el Pueblo se rebele, siempre. Así que esta versión romanizada del cristianismo se convirtió en Aparato Ideológico del Estado, para lavar los cerebros del Pueblo trabajador y humilde y hacerle aceptar, con resignación e incluso amor por sus explotadores, su destino de ciervo en la Tierra con tal de recibir su redención eterna después de la muerte.
El Circo Romano era el distractor ideal -otro «lavacocos»-, fomentado por los emperadores romanos, para desviar la atención del Pueblo de la condición de miseria y depredación a que el imperio le tenía sometido, Hoy su equivalente es el «opiofutbol» que tiene enormes circos llamados estadios, gladiadores llamados futbolistas, unos muy bien pagados, preferidos por el Pueblo y la mafia gobernante que son reclutados, no por mercantes de esclavos como en la época romana, pero si por sus equivalentes contemporáneos llamados apoderados («managers»), por los dueños de los equipos y, todo bajo el imperio de la FIFA, presuntamente mafiosa entidad, que le maneja este otro y efectivísimo Aparato Ideológico al Capítalismo Neoliberal contemporáneo.
Al igual que el cristianismo original, el fútbol hunde sus raíces en tradiciones de juegos semejantes de diferentes pueblos, como el «Juego de la Pelota» practicado por pueblos precolombinos de Mesoamérica o, a finales de la Edad Media en las Islas Británicas y pueblos aledaños, conocidos como el Código del Fútbol del que derivaron el rugby, el fútbol americano, el australiano y el fútbol a secas que es el que nos ocupa. Sus reglas se unificaron en su versión moderna allá por 1863 en Inglaterra; después de la formación de la Football Association y, como han sido muy simples, fácilmente fueron asimiladas por sus aficionados. Los grandes industriales ingleses empezaron a ver en este deporte una muy económica forma de mantener a sus obreros ocupados los domingos, evitando, como dice la leyenda, que se emborracharan o agredieran a sus mujeres, lo que generalmente terminaba en ausencias laborales los lunes -con sus consecuentes pérdidas económicas- y empezaron a fomentarlo entusiastamente entre sus trabajadores. Al organizarse las competencias empezaron a parecer los fanatismos y, conforme estos se hicieron cada vez más enajenantes, este inocente deporte se convirtió paulatina pero inconteniblemente en el alienante -opiofútbol- que hoy conocemos. El 21 de mayo de 1904, en Francia, se funda la Federación Internacional de Fútbol Asociado -FIFA- cuyo trabajo hace posible la extensión del fútbol por todo el Planeta y este proceso convierte a este deporte en un negociazo para las grandes Transnacionales fabricantes de utensilios para su práctica, de refrescos y licores, de medios de «comunicación», etc., etc.
De esta manera, tanto el cristianismo como el fútbol se profesionalizaron y se trocaron en dos recursos, muy productivos y útiles por cierto, manejados y aprovechados en última instancia, por los dueños del sistema capitalista mundial que los manejan a su antojo, directa o indirectamente, mediante alianzas explícitas o implícitas con los altísimos dirigentes religiosos y futboleros del mundo.
Negocios como son de un mismo imperio capitalista, se respetan mutuamente sus ámbitos de acción de manera tal que el, pasado viernes, ni la FIFA le pidió suspender las actividades religiosas a la Iglesia Católica Apostólica y Romana y, mucho menos ésta le pidió correr a la Federación una semana siquiera su «FechaFIFA»
En Costa Rica, donde nuestro clero es tan reactivo en contra de cualquier violación a sus tradiciones, sumisamente este Viernes Santo terminó haciendo, como dicen en la jerga teatral, «mutis por el foro» y, con el rabo entre las piernas y sus seguidores deseando más escuchar los goles de la sele que el sermón del cura parroquial, siguió silente su diezmada ceremonia.
Para quienes peinamos canas, acostumbrados a escuchar todo tipo de maldiciones e imprecaciones en contra de quien osará interrumpir o alterar, mínimamente siquiera, la más solemne actividad de la Semana Mayor -muerte y fúnebre procesión del Santo Sepulcro conteniendo al Divino Redentor- esta resignada actitud de la jerarquía católica realmente nos sorprendió, a pesar de que, en mi caso, no soy creyente.
Indudablemente en Costa Rica, el derbi de la capital Italiana entre el Vaticano y el Circo Romano -«opiofútbol»-, lo ganó por goleada este último. «Poderoso caballero es don dinero» (¡don denario diría Judas!).

 

*Imagen tomada de Semanario Universidad.

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Occidente: reconocer al otro

Arnoldo Mora

 

Dos hechos recientes considerados “históricos”, cuya trascendencia por sus repercusiones a futuro va mas allá de la conmoción que en lo inmediato provocan, están muy alejados en la geografía y, sobre todo, en su naturaleza. Uno es esperanzador porque abre espacios al diálogo político. El otro es espernible porque manifiesta el lado más oscuro de la política actual. Ambos reflejan dos maneras absolutamente opuestas de hacer política.

En el primer caso me refiero a la visita de Obama a La Habana. Cuba se ha convertido, como dice el Papa Francisco, en un centro mundial de diálogo político ejemplar, haciendo realidad lo que el primer papa en visitarla isla, Juan Pablo II, dijera luego de ser recibido tanto por las máximas autoridades políticas, como por las multitudes, con estas premonitorias palabras:”Que el mundo se abra a Cuba para que Cuba se abra al mundo”. Esta apertura no ha sido fácil, porque implica el reconocimiento del derecho a ser diferente; cosa que la Cuba revolucionaria se ha ganado al demostrar ser un pueblo libre y soberano, que no dialoga sino en condiciones de igualdad y dentro del marco del más absoluto respeto al derecho internacional. Obama lo reconoció al afirmar que el pueblo cubano y solo él tenía el derecho inalienable de decidir su propio destino. Un reconocimiento que la Patria de Martí y Fidel se ha ganado por su indoblegable dignidad que le ha valido el respeto universal. Cuba ha demostrado estar dispuesta a hablar de todo y con todos, pero siempre de pie, sin doblegarse ante nada ni ante nadie. Porque Obama lo ha reconocido, fue recibido no como un enemigo, a pesar de que el Estado que él representa, mantiene el bloqueo que el propio Obama repudia, y las leyes Helms-Burton y Torricelli que, por violar los más elementales principios del derecho internacional, han sido objeto de repudio universal, incluso de sus aliados como Canadá y Europa. Dentro de este contexto, se debe considerar que la visita de Obama a Cuba se inspira en el más elemental realismo político, dado que en las Naciones Unidas el bloqueo ha sido unánime y reiteradamente condenado y en lo propios Estados Unidos más de un 56% de la población aprueba el restablecimiento pleno de las relaciones con la isla. Otro tanto creen un creciente número de políticos de los dos partidos mayoritarios y hombres de empresa de los más diversos sectores de la economía yanqui, como el turismo y las compañías de aviación, la agricultura, la industria farmacéutica, el mundo cultural y deportivo.

Sin embargo, el sesgo imperial del discurso de Obama no puede soslayarse, ya que llama a olvidar el pasado; lo cual nos hace pensar que el apoyo total que su país ha dado a las oprobiosas dictaduras en el mundo entero, incluida la de Batista cuyo rechazo por parte del pueblo cubano dio origen a la revolución, Obama lo ve como una política de presidentes y gobiernos del pasado y no como una política de Estado todavía vigente. Pedirle a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, que olviden el apoyo irrestricto que la Casa Blanca le dio a la dictadura argentina, es como pedirle al pueblo judío que olvide la responsabilidad de los nazis en el holocausto, o a la población afrodescendiente de Estados Unidos (de donde vienen Obama, Michelle y sus hijas) que olviden la esclavitud y la discriminación de que han sido objeto en la flamante “democracia” gringa. Semejante propuesta de Obama es más que una torpeza: es una aberración. Mientras un presidente de Estados Unidos no pida perdón en su condición de jefe de Estado por estos crímenes y genocidios, hay motivos para seguir considerando a los Estados Unidos como el último y más sangriento imperio de Occidente. Y eso no es de ahora; remonta a los inicios mismos de la Independencia de ese país, cuando Monroe promulgó su tristemente célebre doctrina, lo que se hizo realidad en la generación siguiente, cuando le arrebataron a México, su vecino más inmediato del Sur, la mitad de su territorio (2 millones de kilómetros cuadrados).

La otra noticia que sacudió al mundo, esta vez en forma negativa, han sido los atentados perpetrados por el Estado Islámico en Bruselas. El terror ha puesto en alerta a la humanidad entera. Las causas de esta espeluznante realidad se encuentran en el menosprecio que han hecho las potencias occidentales del derecho internacional por cálculos geopolíticos para explotar el petróleo. Pero Cuba señala el camino a seguir: diálogo político dentro del marco del respeto al derecho internacional. Solo así se logrará una paz duradera para que los pueblos puedan tener sueños de progreso y no pesadillas de horror.

 

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