Elizabeth Odio en la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo tres años después de que llegara a su fin la II Guerra Mundial.
Para conmemorar el 70 aniversario de este acontecimiento, la Universidad de Costa Rica organizó una conferencia en la que la Dra. Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló sobre la evolución de los derechos humanos pero sobre todo, de los retos de la sociedad actual.
Según la jurista, la legitimidad de todo estado social de derecho del siglo XXI debe asentarse firmemente en el goce sin limitaciones ni discriminaciones de los derechos humanos de todas las personas, en cada país y sin relativismos culturales.
Sin embargo ante esta afirmación, se hace las siguientes interrogantes ¿será posible reconstruir un tejido social tan inmensamente dañado? ¿Será realista pensar que solo estudiando, practicando y dictando sentencias progresistas sobre derechos humanos se alcanzará una sociedad auténticamente democrática e inclusiva? La respuesta la encuentra en la ética, definida como un conjunto de principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas; principios que deben ser universales, válidos para todas las personas y para siempre.
Odio señaló que esta definición va al corazón mismo de lo que son los derechos humanos.
“No podemos limitar la existencia y validez de estos principios éticos que son sustancia de los derechos humanos a su reconocimiento en instrumentos jurídicos. Los tratados, convenciones, constituciones y sentencias son productos positivistas que pueden ser derogados, desconocidos, ignorados por un poder político perverso, que es hoy una verdadera amenaza o peor aún una realidad en muchos de los países del continente. Esta verdadera amenaza nos puede devolver a épocas muy oscuras previas a la declaración universal y a todo este desarrollo posterior de los derechos humanos”, recalcó.
Además explicó que solamente mediante la empatía se construirá el camino correcto para lograr una sociedad en la que la ética de los derechos individuales, económicos y sociales sean la vivencia cotidiana.Así como la educación es el instrumento de transformación que ponga énfasis en la solidaridad, la responsabilidad con los deberes, en el compromiso y la reciprocidad con el objetivo de llegar a ser igualmente dignos, libres e iguales para vivir conforme a un nuevo paradigma ético, que resulta fundamental para combatir la barbarie que asecha al mundo.
“No tengo recetas de cómo sembrar de empatía en nuestras sociedades, pero si sé que solo siendo empáticos viviremos conforme a la ética de unos derechos humanos verdaderamente universales”, subrayó.
Pueden ver la conferencia completa en el siguiente video:
Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho
En conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica invitó a la conferencia «Derechos Humanos: una ética de vida y un parámetro de legitimidad de los Estados de Derecho», a cargo de la Dra. Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y premio Rodrigo Facio 2014.
LA COALICIÓN DE SINDICATOS del Poder Judicial informa que, hoy 11 de diciembre del 2018, el Tribunal de Apelación de Trabajo II Circuito Judicial de San José, Sección Segunda «CONFIRMA la sentencia de primera instancia, en cuanto dispuso declarar legal la huelga política ejercitada por empleados de diferentes centros de trabajo del Poder Judicial«. Lo anterior correspondiente al expediente 18- 001908-0166.La.
Los Sindicatos del Poder Judicial, reconocemos y agradecemos el esfuerzo y perseverancia de los judiciales, que participaron valiente y activamente en éste movimiento patriótico.
Con base en el último acuerdo de Asamblea Multisindical del pasado jueves 6 de diciembre comunicamos:
Al tener hoy declarada la legalidad en firme de la huelga, contra la política pública, consistente en el proyecto 20.580, actual ley de la República, los servidores judiciales, retornaremos a partir de mañana, 12 de diciembre del 2018, a las labores ordinarias de nuestras oficinas y despachos.
LA COALICIÓN SINDICAL Judicial, de acuerdo al artículo 709 del Código de Trabajo, convocará a los tres Poderes de la República, para exigir el «arbitramiento obligatorio», que obliga la ley en estos casos (negociación). Propendemos evitar, el «vil empobrecimiento» del pueblo costarricense y garantizar la defensa del Estado de Derecho.
Invitamos a todo el colectivo judicial, a manifestar su apoyo a la COALICIÓN SINDICAL de manera organizada.
Quienes firmamos el presente documento, todos-todas representantes de las respectivas organizaciones sociales, que trabajamos en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades vinculadas a nuestro quehacer, en particular, y de la Zona Sur (cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus), en general:
Considerando:
Que la Región Brunca ha sido históricamente, y es en el presente, una de las regiones más pobres, deprimidas y abandonadas del país.
Que, en el presente, según los resultados de la más reciente encuesta de Hogares del INEC, la Región Brunca sigue presentándose, al igual que el resto de las regiones periféricas al Valle Central, como una de las más empobrecidas y abandonadas.
El tiempo pasa y la realidad de la pobreza, la exclusión social y la marginación económica aumenta negativamente.
Que, a lado de estas circunstancias, en una propuesta que apunta a empeorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, y del país en general, el actual gobierno –siguiendo los pasos de las anteriores administraciones gubernamentales–, sumado al sector financiero y al gran empresariado exportador, como únicos beneficiarios de las ganancias generadas por más de 40 años de gestión sustentada en la propuesta económica neoliberal, ha impuesto una reforma fiscal inconsulta y antidemocrática. Esta re-forma, además de que no va a sanear el problema del déficit fiscal, cargará sobre los hombros de los trabajadores de sectores populares y asalariados el peso de los impuestos, mientras exonera a los grandes exportadores y a los sectores privilegiados del país, omitiendo establecer políticas rigurosas que permitan penalizar y disminuir en términos reales los altísimos rubros de evasión y elusión fiscal en que incurren esos mismos sectores empresariales y comerciales.
Nos pronunciamos para exigir a las autoridades del actual gobierno, y a todas las instituciones del Estado involucradas en la promoción y vigencia del desarrollo humano, lo siguiente:
En relación con los sectores del campesinado, sus luchas y esfuerzos por sobrevivir y mantener su cultura, base de la identidad y la cultura nacional, exigimos:
Acceso pronto y oportuno a tierra. Además, la titulación de parcelas en tiempo prudencial.
Respeto a nuestras formas de vida y de producción, y apoyo para el rescate y fortalecimiento de nuestra cultura y nuestros estilos de vida.
Respuesta pronta sobre el otorgamiento de títulos de propiedad a las familias que habitan en tierras tomadas o en precarios.
Fomento y apoyo para la producción de agricultura familiar, orientada a la subsistencia, el intercambio y la comercialización.
Capacitación técnica y financiera para producir con eficiencia, sin dañar la tierra, y asegurar la sostenibilidad real de los elementos de la naturaleza.
En relación con los problemas y riesgos de los diques en los Río Térraba, y con la prevención de riesgos en las comunidades potencialmente afectadas por esta situación:
Realizar de forma urgente la reparación de las 7 fracturas del dique existente entre Palmar Sur y Finca 9.
Trabajar en la construcción y mantenimiento permanente del dique, para que se inicien labores en el próximo verano, pues están en riesgo 15 mil personas (CNE),
Realizar la limpieza y dragar todos los canales de las fincas de Palmar Sur (al SENARA).
Nombrar una comisión conjunta con la CNE, que valore los riesgos de los demás ríos de la Zona Sur de Puntarenas, y emprender, en los canales que sea necesario intervenir, acciones preventivas, de limpieza y dragado.
En relación con el apoyo y acompañamiento a la pesca artesanal, y en particular al sector de pequeños piangueros:
Que se ponga en ejecución el Plan General de Manejo y Aprovechamiento de Manglares de la Bahía Golfito que aprobó el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del SINACMINAE, acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 01-2018 22 de enero del 2018.
Que las autoridades del SINAC otorguen los 40 permisos de aprovechamiento de extracción a los afiliados de APIAPU.
Que el MINAE y la fuerza pública mantengan la vigilancia necesaria para que aseguren la protección del manglar, con el fin para evitar la sobrexplotación.
Que INCOPESCA y MINAE aseguren las condiciones para que se respeten las temporadas de veda, con el fin de resguardar el ciclo natural de reproducción de la piangua.
En relación con el seguimiento del caso de los ex trabajadores bananeros afectados por el nemagón:
Que se haga justicia con los ex trabajadores bananeros que fueron esterilizados y envenenados en 1975 por la compañía bananera de Costa Rica (al gobierno y al INS).
Descentralización del INS, en todas las agencias del país, para realizar los trámites de afectados directos e indirectos del NEMAGÓN, a fin de asegurar una justa y pronta indemnización.
En relación con la situación de los ex oreros:
Que se proceda con el resarcimiento económico a la población de oreros por los daños causados ante el desalojo del parque Corcovado, en 1986, y del parque Piedras Blancas, en 1992 (Minae).
Que se agilice el expediente 20.743 de la Asamblea Legislativa, para que el Minae pueda firmar fideicomisos.
En relación con el expediente 20.725, “Ley para cerrar JUDESUR y dotar de más recursos a las Municipalidades del Sur de Puntarenas”:
Que los diputados de la provincia de Puntarenas informen, de manera transparente y amplia, y que expliquen a la ciudadanía y a los pobladores de la región, sobre el trámite y sobre los alcances de este proyecto en la Asamblea Legislativa.
Solicitar a las municipalidades de la zona que informen sobre la posición que tienen respecto a ese proyecto.
Igualmente, ante la sistemática y creciente condición de pobreza y exclusión social y económica que afrontan las comunidades de la Zona Sur, solicitamos al gobierno nacional y a las respectivas autoridades regionales que, de manera oportuna y eficiente, se activen acciones para el desarrollo local, tal como corresponde con sus obligaciones constitucionales, tendientes a facilitar acceso a vivienda digna, educación de calidad, salud integral, trabajo y protección de los recursos y elementos de la naturaleza, que constituyen uno de los principales acervos de la región para el país y el mundo.
Acuerdos tomados en parcela de Enrique Beita, Corredores: a las 13.30 horas del sábado 01 de diciembre del 2018.
Los futuros médicos lograron destacar por encima del promedio global de 7 596 estudiantes examinados en Asia, Europa, América y Oceanía
En la fotografía se encuentran los mejores promedios. Ellos y ellas obtuvieron un puntaje superior a los 600, cercano a la nota perfecta que es de 800. Foto: Anel Kenjekeeva.
Por segundo año consecutivo, los estudiantes de medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobrepasaron el promedio internacional y nacional en la prueba de ingreso a internado clínico que aplica la organización International Foundations of Medicine (IFOM).
Ellos y ellas lograron un promedio de 539, el cual sobrepasa la media internacional que en este 2018 se estableció en 505 puntos y que, de acuerdo con la Fundación Internacional de Medicina, incluyó a 7 596 examinados a lo largo del continente Americano, Asia, Europa y Oceanía que tomaron la prueba entre el 2012 y el 2017.
A nivel nacional, con base en la información enviada por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), el puntaje obtenido por los estudiantes de la UCR también destacó por encima del puntaje estándar, que para este año se fijó en 447 puntos.
“Los resultados reflejan la excelencia académica de los estudiantes de la UCR, la cual desde los primeros años ha dado una robusta formación médica desde una visión humanística e integradora, que es algo que nos caracteriza como institución pública y que se verá reflejado en la calidad del desempeño que harán los médicos internos”, afirmó la Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, directora de la Escuela de Medicina de la UCR.
En total, 746 estudiantes tanto de universidades públicas como privadas realizaron la prueba el 7 de noviembre del presente año. De la UCR fueron 77 postulantes y, de esta cifra, el 95% aprobó satisfactoriamente; el porcentaje de aceptación más alto en comparación con el resto de universidades del país.
De igual forma, 20 de las 34 mejores notas son de estudiantes de la UCR cuyo puntaje fue superior a 600; es decir, con una nota cercana a la calificación perfecta que es de 800 puntos. Con este logro, se asegura que los diferentes hospitales públicos del país recibirán a los médicos internos más sobresalientes de la disciplina.
Él es Gabriel Calderón Valverde, quien obtuvo una nota de 742, la calificación más alta de la UCR. «Estoy muy satisfecho en lo personal y contento de haber obtenido una muy buena nota. Siento que es el fruto del esfuerzo de años de carrera, de matarse estudiando, de sacrificar muchas partes de la vida personal para estudiar. Pero, más allá de lo personal, me siento muy orgulloso porque siento que la UCR nos prepara muy bien. Mis compañeros también tienen muy buenas notas y eso es algo para sentirnos orgullosos en general», señaló. Foto: Anel Kenjekeeva.
“Con la prueba se sabe que los estudiantes que van a entrar a ser médicos internos no solamente tienen las capacidades académicas, sino también una actitud de responsabilidad, de compromiso y de calidad. El internado clínico es un proceso de adiestramiento de un año que hace que el estudiante esté inmerso en el sistema de hospitalario y que trabaje con diferentes disciplinas para que, cuando sea un profesional, sepa cómo enfrentarse a diferentes situaciones”, manifestó el Dr. Juan José Cordero Solís, quien colaboró en la preparación de los jóvenes.
El examen contempló 160 preguntas de selección única que debían ser contestadas en cuatro horas. Las interrogantes evaluaron el conocimiento básico que debe tener un médico interno en Costa Rica para el manejo seguro y efectivo del paciente.
En total se calificaron tres perfiles. El primero fue el trabajo médico, que contempla el diagnóstico, la medicina preventiva, el mantenimiento de la salud, la interpretación de los mecanismos de la enfermedad y los principios de gestión. El segundo fue el perfil de condiciones normales y de categoría de enfermedades, en los cuales se encuentran los trastornos inmunológicos, endocrinos, metabólicos, enfermedades sanguíneas, entre otros.
Por último, se examinó el perfil disciplinar. Aquí se encuentran cinco elementos: Medicina, Pediatría, Psiquiatría, Cirugía, así como Obstetricia y Ginecología.
El mérito alcanzado permitirá que los jóvenes realicen el Internado Rotatorio Universitario en diferentes centros docentes de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y que, de ese modo, tengan la oportunidad de consolidar sus conocimientos médicos, al tiempo que ayudan a la institución a atender oportunamente a las personas.
“El médico interno de la UCR colaborará en una serie de acciones en la atención médica que son muy importantes en el quehacer de la CCSS. No es solo un estudiante, sino que es parte de un personal que apoyará en el desarrollo de diferentes procedimientos que van desde un parto hasta una cirugía. Asimismo, los alumnos colaborarán en el primer nivel de atención, pues los estudiantes de la UCR no se quedan en el gran área metropolitana, ellos y ellas irán también a áreas rurales”, destacó la Dra. Salazar.
Los estudiantes de Medicina comenzarán su internado a inicios del 2019, donde la UCR tiene sus cupos clínicos. Su aporte podrá ser brindado en hospitales del gran área metropolitana y en zonas rurales, incluso territorio indígena como Grano de Oro, San Vito de Coto Brus, Talamanca, Mora-Palmichal, Atenas, Alajuela, Cartago y Palmares.
Pronunciamiento cataloga »de papel» el derecho a la vida de las mujeres y niñas
Texto señala los 25 femicidios que suma el país en lo que va del año. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer (PPEMu) de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitieron un pronunciamiento que demanda al Gobierno de la República tomar acciones ante el incremento de femicidios en el país.
El texto, emitido el 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, señala los 25 femicidios ocurridos en lo que va del año y los atribuye a hombres que “creen estar en el derecho y la autoridad de controlar la vida de las mujeres y de someterlas a su voluntad”.
En el contexto de la conmemoración internacional, las instancias universitarias reconocieron su deber de señalar “la negligencia estatal y el doble discurso”, pues consideran que el derecho a la vida de las mujeres y las niñas en Costa Rica es “de papel”.
El pronunciamiento otorga la responsabilidad de los acontecimientos a los tres poderes de la República, a los que señala además la obligación de analizar la forma en que sus estructuras reproducen discursos sexistas que normalizan y la justifican la violencia contra las mujeres y el femicidio.
“Esos discursos permean la toma de decisiones en el funcionamiento de las diversas instituciones del Estado y, por lo tanto, con cómplices de la reproducción de una cultura tolerante con los agresores y con los femicidas” señala el texto.
El mensaje se dirige también al presidente Carlos Alvarado, a quien demandan tomar acciones serias, inmediatas y basadas en los compromisos que el país tiene con los derechos humanos de las mujeres, para enfrentar lo que denominan una emergencia nacional.
Negociación posibilitó la apertura del ingreso a las instalaciones universitarias en Limón
Estudiantes de Marina Civil, carrera que se imparte únicamente en la Sede del Caribe, y autoridades de la UCR pusieron fin al cierre de las instalaciones de esta universidad en Limón (foto Otto Salas).
Los portones de acceso de la Sede del Caribe fueron abiertos este martes 11 de diciembre, luego de que se lograra un acuerdo preliminar entre los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Marina Civil, quienes los mantenían cerrados a modo de protesta, y autoridades de la UCR.
Tal acción congeló las actividades académicas y administrativas por espacio de 20 días, tiempo durante el cual no se pudieron realizar con normalidad exámenes, cursos, matrícula y demás gestiones internas de la Sede del Caribe, con lo que se afectó por ejemplo el funcionamiento de las 11 carreras que se imparten en Limón.
El acuerdo preliminar delimita los puntos que se abordarán en una agenda de trabajo que se irá desarrollando y cumpliendo con el tiempo, y en la que trabajarán en conjunto las representaciones de ambas partes, además existe el compromiso general de asistir a todas las reuniones pactadas, salvo casos de fuerza mayor.
La sala de la Biblioteca de la Sede del Caribe acogió la reunión entre representantes estudiantiles de la carrera de Marina Civil y autoridades de la UCR (foto Otto Salas).
Dicho acuerdo se sustenta en la discusión de los siguientes puntos: no habría represalias para las personas quienes participaron en la toma y cierre de la Sede del Caribe, graduación de los estudiantes de último año de carrera, libretas de navegación, embarques, y nombramiento de profesores.
«La Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de la Sede del Caribe se comprometen a no tomar ninguna represalia contra los estudiantes que tomaron la Sede. A su vez la representación estudiantil se compromete a levantar la toma de las instalaciones universitaria de inmediato y a no realizar ningún acto de este tipo durante la ejecución de las actividades que formarán parte del plan de trabajo de la carrera», indicó la vicerrectora de Docencia, Marlen León Guzmán.
Por su parte, el estudiante Yeison Mora declaró que buscan asegurar que las condiciones de la carrera sigan siendo las óptimas, «estamos complacidos de haber llegado a este acuerdo y de poder abrir la Sede, estábamos cansados y nos alivia poder contar con un plan de trabajo. Nos preocupa la situación de la carrera y ahora queda trabajar en conjunto para sacar esto adelante», afirmó.
La Licenciatura en Marina Civil se creó en el año 2012 y actualmente cuenta con poco más de 130 estudiantes inscritos; en la imagen aparecen en orden ususal Yeison Mora, Héctor Monestel y Emmanuel Serrano (foto Otto Salas).
Los miembros del Consejo de Sede presentes en la reunión fueron: Axel Alvarado, coordinador de Vida Estudiantil; William García Moreno, coordinador de Docencia, Nestor Andreson, coordinador de Administración; Marianita Harvey Chavarría, coordinadora de Acción Social; y el director de la Sede del Caribe Juan Diego Quesada Pacheco; también les acompañó el coordinador de la carrera de Marina Civil, Matías Chaves Herrera.
Asimismo participaron la Vicerrectora de Docencia, Marlen León Guzmán quien presidió esta mesa de trabajo; el vicerrector de Investigación, Fernando García Santamaría; el decano de la Facultad de Ingeniería de la UCR, Orlando Arrieta Orozco; y la subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, Laura Otero Norza.
Las autoridades de la UCR se comprometieron a trabajar en cada uno de los puntos que conformaron junto con los estudiantes de Marina Civil, para buscar soluciones a las trabas que presenta esta carrera.
Finalmente los representantes estudiantiles fueron: Arturo Herrera Badilla, Emmanuel Serrano Caballero, Yeison Mora Díaz y Fressy Bustos Castillo de la carrera de Marina Civil; Jean Carlos Alemán, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Caribe; Ania Vallejos Rugama, vicepresidente de AUDEL (Asociación Universitaria de Estudiantes Limonenses); Renato Manuel Franco, presidente de la FEUCR; y Héctor Monestel, representante legal de algunos de los estudiantes de la carrera de Marina Civil.
La protesta de los estudiantes de la Licenciatura en Marina Civil surgió debido a varias situaciones que atraviesa dicha carrera y que han imposibilitado el avance académico normal, lo que ha retrasado la graduación de los estudiantes más avanzados.
A continuación el contenido íntegro del documento firmado este martes 11 de diciembre:
La Dra. Marlen León Guzmán, Vicerrectora de Docencia y el Dr. Juan Diego Quesada Pacheco, Director de la Sede del Caribe, en su condición de máxima autoridad de la Sede del Caribe y la representación estudiantil acordamos el día martes 11 de diciembre de 2018 a las 15.19 horas, lo siguiente:
Conformar un grupo de trabajo integrado por: el Consejo de Sede; Dra. Marlen León Guzmán la Vicerrectora de Docencia; Dr. Fernando García Santamaría, Vicerrector de Investigación, el Dr. Orlando Arrieta, Decano de la Facultad de Ingeniería y la Dra. Laura Otero Norza, Subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, estos últimos de la Sede Rodrigo Facio y la representación estudiantil integrada por: Arturo Herrera Badilla, la Presidencia de la Federación de Estudiantes o su representante, Emmanuel Serrano Caballero, Yeison Mora Díaz, Fressy Bustos Castillo, Jean Carlos Alemán Morales, Ania Vallejos Rugama.
No tomar ninguna represalia –académica o disciplinaria- contra los estudiantes que tomaron la Sede.
Ambas partes se compromenten a asistir la todas las reuniones programadas y agendadas previamente, salvo casos de fuerza mayor.
La representación estudiantil se compromete a no hacer partícipes a terceros ajenos a la institución, de los procesos de negociación y de ejecución de las actividades de trabajo. Como excepción a lo anterior, se podrán convocar a los asesores externos acordados y validados previamente por las partes. La representación legal no constituye un tercero. La representación estudiantil podrá hacerse acompañar de su representante legal cuando lo estime conveniente.
La representación estudiantil se compromete a levantar la toma de la Sede al finalizar la reunión del 11 de diciembre de 2018.
La representación estudiantil se compromete a no realizar ningún acto de este tipo durante la negociación.
Presencia de presuntas personas ajenas a la Universidad tiene a la negociación en un punto muerto
Estudiantes y presuntas personas que no tienen relación con la Universidad se encuentran dentro y fuera de las instalaciones de la Sede del Caribe, y no permiten el ingreso (foto Otto Salas).
A pesar de un acuerdo preliminar para sentarse a dialogar y pactar una salida a la situación que se vive en la Sede del Caribe, el proceso de diálogo tuvo un nuevo tropiezo.
Según lo anunciado en comunicados previos, este lunes en la mañana el Consejo de Sede (conformado por el Director, Subdirectora y coordinadores de Docencia, Vida Estudiantil, Investigación y Acción Social) se presentó en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Limón para buscar entablar negociaciones una vez más con los estudiantes, quienes mantienen cerrados los portones de acceso desde hace 19 días.
Las autoridades propusieron abrir los portones, permitir el ingreso de la comunidad universitaria para que se restablezcan las actividades académicas y administrativas,y seguidamente sentarse en una mesa de diálogo con los estudiantes; sin embargo, los estudiantes se negaron a abrir la Sede y solicitan la presencia de autoridades de la Administración Superior.
Según las autoridades de la Sede del Caribe se constató además la presencia de presuntas personas ajenas a la UCR (dentro de las que se encontraría Héctor Monestel, reconocido líder sindical) que están apoyando este movimiento estudiantil y que se encontraban dentro de la Sede en el momento del primer encuentro.
Ante este panorama las autoridades se negaron a conducir el proceso dentro del espacio universitario y por el contrario propusieron realizar las conversaciones en un sitio externo, iniciativa inicialmente aceptada por ambas partes. El lugar elegido fue la Iglesia Bautista de Limón.
A la negociación se presentaron los seis miembros del Consejo de Sede y cinco estudiantes acompañados por Héctor Monestel, a quien identificaron como su representante legal. La presencia del sindicalista no fue aceptada por el equipo de autoridades de la Sede y por esta razón no se pudo continuar con el diálogo.
Seis representantes del Consejo de Sede se presentaron en horas de la mañana para intentar un diálogo con los estudiantes de Licenciatura en Marina Civil.
Para el director de la Sede del Caribe, Dr. Juan Diego Quesada Pacheco la prioridad está en defender el derecho de todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes se han visto afectados por el cierre de las instalaciones, ya que no se han logrado aplicar los últimos exámenes con normalidad en ninguna de las 11 carreras que conforman la oferta académica de la UCR en Limón.
«Nuestro compromiso es con todos los estudiantes que están matriculados en la Sede y con los funcionarios administrativos quienes quieren continuar con sus trabajos y terminar el año de manera positiva. Lamentablemente el cambio en las reglas acordadas truncó los esfuerzos para sentarse a negociar un preacuerdo con el cual lograr abrir las instalaciones. Hemos movido mar y tierra para lograr acuerpar la carrera de Marina Civil pero hay situaciones que no dependen de la UCR, deben ser solucionadas por otras entidades del Gobierno y hay que esperar que eso suceda; por nuestra parte estamos abiertos al diálogo y a continuar apoyando esta carrera», aseveró el Dr. Quesada.
En las redes sociales institucionales y de las agrupaciones de estudiantes, múltiples comentarios muestran inconformidad con el proceso de diálogo y han defendido su derecho a hacerse acompañar por asesores durante las negociaciones. Además condicionan el levantamiento de la toma a la presencia de la Vicerrectora de Docencia y del Rector en el campus.
Por su parte, la Vicerrectora de Docencia, Dra. Marlen León Guzmán indicó que es necesario que las personas ajenas a la UCR no entorpezcan los esfuerzos que hacen las autoridades para normalizar las actividades en la Sede del Caribe,
“Es inoportuna la presencia de personas ajenas a la UCR y del señor Héctor Monestel dentro de la Sede. Les hemos solicitado que por favor se retiren del campus universitario debido a que nos encontramos en un proceso de negociación y resulta en una violación al espacio en el que se abordan temas académicos y de carácter estudiantil», subrayó la Dra. León.
El Consejo de Sede manifiesta mantener abiertas las opciones al diálogo con los estudiantes para trazar acciones que desemboquen en la apertura de las instalaciones de la Sede del Caribe. Asimismo, procuran continuar trabajando para que la problemática que afecta al estudiantado de Marina Civil se resuelva y puedan avanzar en su formación profesional.
Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones
“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.
Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.
Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.
“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).
En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.
El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticasde la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.
Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.
Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.
En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.
Derechos Humanos y vínculo social
“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.
Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.
De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.
Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.
Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.
“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.
Organizaciones y colectivos de personas indígenas exigen al Poder Judicial y al Gobierno en general un fin a la impunidad ante los ataques perpetrados hacia personas indígenas, recuperadoras de tierras de pueblos originarios
El primero de setiembre de 2016 un grupo de no indígenas dispara al menos en seis ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro, en las montañas de Cabagra, provincia de Puntarenas. Dentro del grupo agresor se identifica a Sebastián Córdoba Rodríguez, Álvaro Solís Moreno y Víctor Hugo Vargas Valderrama.
El 17 de setiembre, unos días después, un grupo de no indígenas ataca a balazos a Allan Delgado Torresy Baldomero Waisa en la misma recuperación de Brazo de Oro. Los agresores fueron identificados como Marlon Sandí Morales, Yordani Sandí Morales, Elvin Picado Altamira y Esteban Córdoba Rodríguez.
Estos son sólo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur: Pueblos originarios y comunidades campesinas”. Si estos ataques se hubieran dado en cualquier barrio de clase media de San José; o al final de un partido de futbol en Cartago, lo más probable es que ya se hubiera dado un juicio, una sentencia y cárcel para los responsables. Pero poco le importa a la gente y a las autoridades lo que ocurre en las montañas de Cabagra, en ese lugar lejos de todo, donde pareciera que ya no hay ley.
Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cabagra, confirma que las amenazas y ataques físicos que han sufrido son a raíz de las recuperaciones que hicieron.
“El 17 de setiembre de 2016 se dio un ataque violento, donde dos de nuestros hermanos fueron heridos. Fueron impactados con balas, les dispararon y tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente; pero hasta la fecha no ha habido resolución. Los agresores siguen libres y, hasta donde sé, tenían medidas cautelares, pero siguen por la comunidad transitando como si nada. No ha habido sentencia”, cuenta Luz.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Finca recuperada Crun Shurin, en territorio indígena Térraba. Foto: Fabiola Pomareda.
Todas las agresiones han sido denunciadas ante las autoridades, afirman
El 5 de julio un grupo de no indígenas con matones a sueldo queman ranchos de familias indígenas recuperadoras en Cebror, Salitre y los persiguen por las montañas. Bloquean la entrada al territorio indígena. El 6 de julio más de 100 no indígenas amenazan y disparan, bloqueando el acceso al territorio con piedras y arena que llevan en dos vagonetas. Cortan la electricidad en Cebror. Este es otro hecho recopilado en el documento citado.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre y relata: “Estábamos en una finca que pertenecía a Pindeco y se había recuperado, en Salitre. Habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se habían organizado y habían bloqueado la carretera por Cebror. Nos corretearon. Muchas mujeres tuvieron que huir hacia la montaña; estuvieron escondidas por varias horas. Y así nos quemaron el rancho. Encontramos las botellas con gasolina”.
“La mayoría de los ataques que se han cometido, se han hecho las denuncias pero no se llega a ningún castigo ni a ninguna condena. Lo único que hacen es que archivan los casos. Los ataques han sido de los terratenientes no indígenas que viven en los territorios indígenas. Unos son de Salitre o Cabagra; otros de Buenos Aires. No ha habido ningún castigo. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes porque dentro de los territorios uno sigue viendo a los mismos agresores. No hay nada que nos favorezca. No se han cumplido las leyes a favor nuestro”, afirma Leandro.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señala que “en los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar sus territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quema de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus territorios”.
“Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales y hasta el momento ha habido una impunidad total, en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley, sino que siguen en la mayor impunidad. Las y los funcionarios judiciales del cantón de Buenos Aires no están cumpliendo con sus obligaciones; entonces, las investigaciones que en muchos casos se han iniciado, no han llegado a nada. En otros casos, por la inacción de las y los funcionarios judiciales nisiquiera se llegan a desarrollar los procesos judiciales. Es absolutamente necesario que se establezcan las sanciones legales ante estas agresiones”, subraya Oreamuno.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre. Foto: Fabiola Pomareda.
Jueces desvirtúan la demanda original de las agresiones, dicen
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas dispara en seis ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente, por apoyar las recuperaciones de tierras.
Rojas se encuentra libre y el 9 de agosto participó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Hemos enfrentado la persecución de los invasores, encarcelamientos, agresiones físicas y verbales en Salitre, Cabagra y Térraba y hemos logrado enfrentar y salir adelante de estas agresiones. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares; pero el Gobierno no las ha cumplido”, añade Rojas.
“En el caso del territorio bribri de Salitre, hay varias causas judiciales que han sido desestimadas. Otras que han sido archivadas porque dicen que no hay suficiente pruebas, que no hay testigos, que no saben si la tierra es de indígenas o de no indígenas; entonces que por eso no pueden resolver el caso, porque no están seguros de quién es la tierra”, explica el líder.
“Cuando tratan de resolver un tema de agresión de usurpadores, los jueces lo que hacen es desvirtuar la demanda original, para decir que no castigan al agresor porque no saben si la tierra es del agresor o era de los indígenas, y declaran libre de culpa al agresor”, critica Rojas.
El 22 de febrero de 2016 Clarita Quiel Torres y su familia recuperan una finca en Palmira, territorio indígena de Cabagra. El no indígena Mario Espinoza, quien era el usurpador ilegal de la finca, los alemanaza con arma de fuego. Al día siguiente regresa con otros seis hombres a amenazar de nuevo. Posteriormente llegan dos oficiales de la Fuerza Pública y únicamente pidieron los datos a la familia de Clarita y se fueron. La noche del 22 alguien prendió fuego y destruyó el ú-sure o casa cósmica, en Cabagra, construido por el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, que apoya las recuperaciones.
Clarita Quiel Torres también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto. “Hasta el momento no han habido resoluciones en contra de los agresores. Algunas resoluciones han habido en contra de nosotros los bribris. Hay algunos casos cerrados. En el caso mío la denuncia que pusimos de amenazas contra mi persona está cerrada. La fiscalía la cerró”, refiere.
Clarita Quiel, junto a doña Luisa Bejarano. Foto: Fabiola Pomareda.
Piden investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad, incluyendo defensores públicos, fiscalía, tribunales, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones.
La Coordinadora gestionó, junto con la Defensoría de los Habitantes una reunión con representantes del Poder Judicial. Finalmente esta se realizó el 24 de agosto en Buenos Aires. Asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba y representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba. De parte del Estado participaron distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, de la fiscalía, de la Contraloría de Servicios y Carmen María Escoto, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas”, recuenta un comunicado de la Coordinadora.
El Poder Judicial se comprometió “a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados”.
Para Luzmilda Delgado, “el objetivo de retomar lo que era de nosotros es algo que nos da fuerzas para seguir adelante hasta el final porque una vez empezado un proceso de esa magnitud sabíamos que enfrentaríamos cosas” y afirmó: “Creemos que tenemos todo el derecho de retomar lo que por derecho nos corresponde”.
Leandro Morales, por su parte, expresó: “Hemos seguido con nuestra visión, con nuestra lucha, que es recuperar las tierras. Aprendemos de lo que sucede y agarramos más valor para hacer que se cumplan las leyes y demostrar que el territorio es nuestro”.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Familias de pueblos originarios continúan recuperando tierras que se encontraban en manos de usurpadores, en la Zona Sur del país. La más reciente fue a principios de noviembre en el territorio indígena de Yimba Cajc, conocido como Rey Curré.
El domingo 4 de noviembre, un grupo de habitantes del territorio indígena de Yimba Cajc, o Rey Curré, decidieron hacer un paseo, una especie de caminata. Ese día unieron sus fuerzas y, después de un proceso planeado y meditado, recuperaron una finca de aproximadamente 280 hectáreas, ubicada aproximadamente a tres kilómetros al noreste del centro de Yimba Cajc, sobre la Carretera Interamericana.
El terreno se ubica cerca de la antiguamente llamada Finca Potomac, que en marzo de este año también fue recuperada por 16 familias indígenas Broran Térraba. La finca fue renombrada como Crun Shurin, “tierra de venados”.
De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc, la recuperación del 4 de noviembre se hizo de manera pacífica y desde entonces trabajan reparando cercas y limpiando. Su plan es construir una cocina, un lugar para reuniones e instalar servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios y calle de acceso. La tierra será otorgada a indígenas, organizaciones o comités con proyectos agropecuarios, de reforestación o de protección de bosques.
El 3 de agosto esta Asociación también impulsó la recuperación de otra finca de unas 250 hectáreas; pero que se ubica dos kilómetros al sur de Rey Curré, también sobre la Interamericana. Según la agrupación, se “está haciendo un movimiento social de reivindicación de derechos ancestrales y defensa de su territorio en el sitio arqueológico Dú Túj, donde está la finca. La propiedad estaba en manos de una persona no indígena, a pesar de ser un sitio arqueológico, registrado ante el Museo Nacional de Costa Rica. La Asociación quiere que ahí se reubiquen algunas familias afectadas por la tormenta Nate, en octubre de 2017, así como el Colegio de Curré, que se inundó totalmente durante la tormenta.
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Miles de hectáreas recuperadas en la Zona Sur
Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas son una problemática que afecta sobre todo a los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba y Curré.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Según datos de Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, se calcula que desde el 2008 se han recuperado 1.200 hectáreas en Salitre y 1.950 en Cabagra.
Para Oreamuno, estas recuperaciones de tierras son legítimas y justas “porque de acuerdo a la legislación nacional e internacional, los territorios de los pueblos originarios les pertenecen a ellos”.
“Los territorios ancestrales son territorios que ellos han trabajado, donde han vivido desde antes de la conquista y de la creación del estado nación. Y actualmente los territorios de estos pueblos han sido invadidos en diferentes procesos, en diferentes etapas, por personas no indígenas. Esto es contrario a la ley”, dijo.
“Las recuperaciones también son legítimas porque de acuerdo a su costumbre, a su cosmogonía, estos territorios son parte de sus formas de vida, y están en todo el derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus culturas para recuperar estos territorios donde han convivido, los cuales han cuidado, y de los cuales en muchos casos sale agua, no sólo para sus comunidades sino para sus alrededores”, agregó Oreamuno.
Para don Irene Flores Rodríguez, indígena de Abrojo Montezuma e integrante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, las recuperaciones son legítimas “porque los indígenas antes no era que habían venido de otros lugares; eran nativos del mismo territorio”.
“Muchos dicen que los indígenas no quieren trabajar, por eso nos devaloran lo que tenemos. No es que se las hemos quitado las tierras [a los usurpadores no indígenas]; es que son nuestras”, expresó don Irene.
Don Irene Flores, en reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en Rey Curré.
Reivindicar la autonomía a partir de la recuperación de tierras
Emmanuel Buitrago, indígena bribri de Talamanca, refirió que después de que en el año 2010 el Gobierno desalojó de forma violenta a las personas indígenas que estaban en la Asamblea Legislativa, demandando la aprobación de una ley que defendiera sus derechos y autonomía, ellas y ellos decidieron “reivindicar esa autonomía a partir de la recuperación de tierras”.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 9 de agosto en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José, Buitrago y otras lideresas y líderes indígenas denunciaron como el gobierno costarricense sigue atentando contra los derechos de los pueblos originarios, desde todos los poderes de la República. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Los pueblos indígenas no vemos la tierra como mercancía, no vemos los recursos como símbolo de monetarización, sino que tienen otras connotaciones espirituales y exigimos el respeto a esas espiritualidades”, aclaró Buitrago.
“Por eso en los ultimos años hemos venido recuperando las tierras en manos de usurpadores, que han hecho daños incalculables en territorios, especiamente cuando destruyen las tierras, destruyen los bosques, ponen precio a nuestra biodiversidad, a nuestros recursos, a nuestras aguas y eso es sumamente peligroso para la humanidad y el pueblo costarricense”, añadió.
Todo esto ocurre pese a que el derecho internacional de los pueblos indígenas exige el respeto a la autonomía y a la reivindicación de su espiritualidad, cultura, educación, vivienda y de todas sus formas de vida.
“Por eso que hacemos este llamado a la ciudadanía y a todos los poderes, para que desde los tribunales de justicia y desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se sigan atropellando esos derechos”, concluyó Buitrago.
El líder también contó que están planeando un congreso nacional indígena, que posicione la agenda de los pueblos indigenas en pro de los derechos humanos, “frente a la agenda de exclusividad, de violencia y de etnocidio sistemático del estado costarricense contra los pueblos indígenas”.
Doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena de Conte Burica, también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto, y afirmó: “Nosotros seguimos aquí de pie, con la intenció de continuar la lucha por nuestros derechos porque cuando en el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa fue por reclamar nuestros derechos, por querer hacer valer nuestros derechos y hasta el momento el Gobierno no quiere darnos ese reconocimiento”.
“Siempre he dicho que el Gobierno quiere darnos atolillo con el dedo y nosotros, los compañeros de esta lucha, de este movimiento, no queremos eso. Ya han pasado muchos años en que nos han humillado. Creo que ya es el momento en que nosotros continuemos la lucha porque sinceramente: si nosotros no vamos a luchar, nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo doña Luisa.
Conferencia de prensa en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
