El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, de la mano con el Observatorio para la Acción contra el Racismo, explican que el racismo ambiental es una discriminación estructurada dentro de las políticas ambientales hacia ciertos grupos sociales, pero también tiene un efecto interseccional impactando en las cuestiones de género e identidad sexual, por mencionar algunas.
Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.
El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?
Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.
*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.
Ante la desidia del Ministerio de Ambiente, se presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ministro por no haber llevado a cabo el Ministerio acciones para recuperar los terrenos que son propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 65 promulgada el 30 de julio de 1888, que declaró desde esa fecha, terrenos inalienables miles de hectáreas para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.
¿Será que nuestros antepasados del siglo XIX tenían mayor sabiduría que se interesaron en proteger el recurso hídrico, o eran menos proclives a ceder ante intereses particulares que los gobernantes actuales?
Ya la Sala Constitucional había ordenado en el 2008 al MINAE en resguardo del ambiente, llevar a cabo acciones para recuperar los terrenos de la zona inalienable que se encuentran en manos de particulares, no obstante, a la fecha de hoy, 14 años después de la resolución judicial, ese Ministerio no ha recuperado terreno alguno, lo que ha obligado por medio de solicitud de amparo, recurrir de nuevo ante ese tribunal en resguardo de un derecho sano y ecológicamente equilibrado.
Mediante un formulario, organizaciones, colectivos o agrupaciones e individuos suscriben carta a diputados y diputadas que pretende hacer un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que favorezcan una discusión acerca del Acuerdo de Escazú, sana, abierta y basada en evidencia, voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente, mantengan en la corriente legislativa dicho expediente y ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.
2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.
3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.
4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.
5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.
6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.
7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.
8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.
9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.
10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.
Por lo tanto, expresamos:
Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.
Lunes 30 de enero de 2023
Señoras/es diputadas/os
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.
Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.
Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.
Como es sabido por ustedes,
En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante participación de la sociedad civil.
En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.
Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.
En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.
Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:
Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.
Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.
Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.
Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).
Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.
Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.
Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.
Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.
Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:
Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.
Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.
Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.
Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
Cada 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.
La idea, es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos.
El calentamiento global o terrestre, es un aumento de la temperatura de manera exacerbada sobre toda la superficie de la Tierra que se ha producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos, que en la mayoría de los casos ocurren por las distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente.
Ha habido múltiples reuniones de los países industrializados en donde hay propuestas para reducir las emisiones de CO2. El acuerdo de Paris del 2005 es en el que se comprometen los países a esa reducción, sin embargo 20 países no lo han firmado y otros que lo firmaron no han hecho lo suficiente para lograr el propósito de esa reducción de las emisiones de efecto invernadero.
Muchos de esos países son los productores de petróleo y es que si algo es contaminante y afecta el cambio climático son los combustibles fósiles como todos los que se derivan del petróleo. Y se siguen fabricando millones de vehículos que utilizan dichos combustibles por lo que el lograr esas reducciones de emisiones contaminantes está lejos.
Si bien es cierto ha venido en aumento la fabricación de vehículos eléctricos sin los gobiernos o hacen lo necesario para que su adquisición sea más sencilla y menos onerosa.
Por más que los ciudadanos queramos hacer algo por evitar el calentamiento global, son los gobiernos de todos los países los llamados a impulsar las acciones determinantes para lograrlo.
Dios quiera que tomen conciencia de lo importante y necesario que es lograr disminuir el calentamiento global y dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor.
El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso.
El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboaen conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez.
La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas.
El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable.
El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.
Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes.
La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.
Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.
Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.
26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON
Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella
La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.
Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.
Presentación del problema
Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.
La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.
En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.
Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.
La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.
Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.
El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.
FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.
La apuesta de FECON
Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.
Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.
¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?
Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.
El cambio en el nivel del mar y la erosión costera
Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:
Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.
¿Cuánta es el área pública perdida?
Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.
Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.
Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.
Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.
Necesidad de actualizar el área de zona pública
Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.
Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.
Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.
Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m2 de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.
Conclusiones
Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.
Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.
Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.
Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.
Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.
Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.
Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.
En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:
Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.
No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.
Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.
Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.
