Skip to main content

Etiqueta: ambientalistas

Ambientalistas alertan que nuevo reglamento de SETENA es regresivo y peligroso

  • 26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
  • Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa

 

El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.

Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.

Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.

Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.

Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.

Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.

Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

oficioreglamentosetena

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es

Enviado por Henry Picado.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Asesinan a miembro del COPINH y atentan contra miembro de Vía Campesina Honduras

Comunicado

Amigos de la tierra América Latina y el Caribe condenan la continua y sistemática violación a los derechos humanos del pueblo hondureño

 

Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe condenamos un nuevo asesinato en Honduras contra Nelson García miembro del COPINH, el hecho se registró el 15 de marzo de 2016 en horas de la tarde, al momento que se encontraba en la casa de su suegra en la comunidad de río Chiquito.

El vil asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad río Chiquito, el cual fue ejecutado por aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC quienes invadieron el territorio recuperado por 150 familias, aledaño a la localidad río Lindo, en el departamento de Cortés.

Al mismo tiempo, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC denuncia la continúa y sistemática violación de los derechos humanos en Honduras, en contra de nuestros hermanos campesinos y ambientalistas, ya que también se registró un atentado contra Christian Mauricio Alegría, miembro de la Vía Campesina en Honduras.

Christian recibió varios impactos de bala cuando se aprestaba a ingresar a las oficinas de Vía Campesina lugar donde labora.

Estos hechos se dan en el marco del asesinato de Berta Cáceres registrado el pasado jueves 3 de marzo del presente año. A raíz de este asesinato se ha visibilizado nuevamente las alarmantes cifras de crímenes contra las personas que defienden los derechos humanos y el alto grado de vulnerabilidad al que se exponen frente a la inacción y complicidad para parte del estado hondureño.

Y es que luego del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el COPINH denunció que desde las instancias judiciales respectivas no se ha querido investigar el ligamen que existiría con la empresa DESA y las recientes denuncias de amenazas de muerte recibidas por Berta y más bien, esas instancias han buscado cómo criminalizar a miembros del COPINH. Pocos días después, asesinan a un nuevo miembro del COPINH.

Por lo que Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe el cual tiene presencia en 14 países de la región condenamos el asesinato de Nelson y el atentado de Cristian, por lo que hacemos el llamado al gobierno de Honduras que no siga siendo cómplice de la criminalización de movimientos sociales como el COPINH.

Dentro de todo este marco, también indigna que el Estado de Honduras todavía no haya respondido una solicitud del Estado de México pidiendo que Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta y miembro de Otros Mundos – Amigos de la Tierra México pueda retornar a su casa en México. Gustavo ha brindado de buena fe, testimonio en varios momentos y hasta ha ayudado a reconstruir la escena del horrendo crimen, mas sin embargo, las autoridades judiciales hondureñas sin fundamento alguno y en evidente violación a sus derechos, le impiden su regreso a México.

Por lo que ATALC reitera su condena en este nuevo asesinato de un miembro del COPINH que vemos se inserta en la intención de eliminar y criminalizar este movimiento social. De igual modo, condenamos fuertemente el atentado al miembro de la Vía Campesina; seguimos reclamando vehementemente, que Gustavo Castro pueda regresar a México y demandamos sea suspendido el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El Estado hondureño debe mostrar con hechos su compromiso con la protección de los Derechos Humanos del pueblo hondureño.

 

Enviado a SURCOS Digital por Coecoceiba.

Ambientalistas le ganan batalla a Municipalidad de Talamanca

Sala IV anuló acto que los declaró «non gratos»

Ambientalistas le ganan batalla a Municipalidad de Talamanca

La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo contra el acuerdo del Concejo Municipal de Talamanca que había declarado a los ambientalistas Felipe Vangoidsenhoven y Carol Meeds como «non gratos». Con acuerdo municipal y un comunicado oficial a través de su perfil oficial en una red social, y por tanto usando recursos públicos, la Municipalidad de Talamanca atacó, intimidó y censuró a ciudadanos del cantón que han presentado denuncias ambientales.

En la resolución de la Sala queda claro que el Concejo Municipal violó los derechos de los ciudadanos porque ni siquiera les dio audiencia y derecho de defensa de previo dichas publicaciones. Esta violación es tan evidente que la Sala anuló por completo el acuerdo municipal dictado en contra los activistas.

El primer recurso que fue presentado había sido rechazado porque el alcalde mintió bajo juramento diciendo que la carta pública en contra de los ambientalistas no había salido de la municipalidad, en el segundo amparo sí quedó en evidencia el abuso de poder y la actuación arbitraria del Concejo Municipal consumado en el acuerdo No. 02 tomado en sesión ordinaria No. 231 del 6 de marzo de 2015.

Ahora los activistas valorarían acudir al Tribunal Contencioso a reclamar los daños y perjuicios causados por el acuerdo del Concejo Municipal. Además es posible que la municipalidad intente «rehacer» los procedimientos para volver a tomar un acuerdo, para esto tendrían que darles audiencia, convocarles a una sesión para que puedan referirse a las «acusaciones» en contra de los ambientalistas.

Para la FECON las municipalidades no tienen competencia legal para imponer semejantes sanciones contra habitantes del cantón. Constituía una amenaza velada y promueve la intolerancia, xenofobia y ataque contra la libertad de expresión contra quienes presentan denuncias ambientales, abonando a que se comentan actos tan extremos como el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval.

Para los ecologistas no se puede tolerar la censura del ejercicio de derechos fundamentales para denunciar daños causados al ambiente y principio de igualdad. Resulta doblemente reprochable que por razón de su nacionalidad o su trabajo de denuncia se encubra el odio y la xenofobia llegando al extremo de «invitarlos» a abandonar el cantón, “y preferiblemente el país” su hogar desde ya hace varios años.

Los activistas viven en el Caribe Sur y han realizado denuncias por daños ambientales ocasionados a los bosques, humedales y vida silvestre de la zona costera del cantón de Talamanca, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Ante el atropello el abogado ecologista José María Villalta interpuso un recurso de amparo que busca condene al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca.

 

Ver resolución: http://feconcr.org/doc/0031-0007-235481662-1140-F.PDF

*Imagen tomada de http://feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2421&Itemid=73

 

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

En el día de la tierra: ecologistas denuncian impunidad y violación de derechos humanos para ambientalistas en Costa Rica

Persiste la impunidad sobre la violación a los derechos humanos de luchadores por el ambiente en Costa Rica

COECOCEIBA

La inacción ante los casos donde se han violentado los derechos humanos de defensores del ambiente en Costa Rica es el principal motivo de impunidad que se acumula sobre distintos asesinatos y amenazas a ambientalistas. El caso más reciente y emblemático -que llega a ser ofensivo- es la actuación del Ministerio Público en el caso de Jairo Mora donde fueron desechadas las pruebas estrella y nadie salió condenado. En otros casos, las investigaciones han sido lentas o incluso no han ido más allá.

El 19 de marzo, el periódico inglés, The Guardian publicó un artículo titulado “Asesinatos a conservacionistas amenazan la reputación ecoamigable de Costa Rica” (Conservationist murders threaten Costa Rica’s eco-friendly reputation en inglés)*. En este trabajo periodístico, se da un panorama de la impunidad existente en el país en relación con los asesinatos a personas defensoras del ambiente. Una situación dolorosa que más que manchar la reputación ecoamigable o verde del país, muestra la inacción de los gobiernos y otras instancias en varios frentes para frenar la violación a Derechos Humanos básicos.

La falta de un compromiso político desde las autoridades del Poder Judicial para proteger a quienes defienden el ambiente -y otros Derechos Humanos- es un segundo campo de inacción. Existen diversos informes de dependencias de Naciones Unidas que han sostenido que es necesario un tipo de protección especial a las personas defensoras del ambiente -y de los Derechos Humanos- debido a la exposición de su labor y al confrontamiento que tienen con grandes intereses económicos.

Esta desprotección además, corresponde a una visión clara que fue expuesta con maestría por la expresidenta, Laura Chinchilla, al etiquetar al ecologismo, como un movimiento opuesto al desarrollo que había que combatir.

A juicio nuestro, existe una actitud desde los diversos gobiernos que favorece este tipo de crímenes. Cuando para permitir la construcción del muelle de Moín, se destruye un refugio de vida silvestre -el hogar de Jairo Mora como fue definido por el presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Mauricio Álvarez, en un artículo reciente- y además se tuerce la ley -y seguramente algunos brazos- y todo esto se corona con un acto de propaganda con la presencia del Presidente Solís, se envía un mensaje claro de donde se sitúa el poder político: al lado de los grandes intereses que en una gran cantidad de oportunidades, destruye el ambiente.

Toda esta cultura de inacción, todos esos símbolos que muestran donde está el poder, quiere ser transformada desde el movimiento ecologista. Para ello, hemos propuesto una Comisión de la Verdad y así, la impunidad deje de existir. Hemos realizado también denuncias con base en argumentos técnicos, jurídicos y éticos hacia muchas de las obras que están favoreciendo intereses de pequeños grupos. Hemos impulsado y puesto en práctica experiencias de desarrollo (agroecología, manejo comunitario de bosques, comercio solidario, ciclovías, entre otras) que están lejos del modelo de desarrollo basado en el libre comercio -como la ampliación de la carretera a Limón y el muelle en Moín- que los gobiernos, incluido el del “cambio” que preside Luis Guillermo Solís, defienden a capa y espada.

Para más información: prensa@coecoceiba.org / Coecoceiba 2223 3925 / Mariana Porras 8302 2360

 

*El artículo de The Guardian puede ser consultado en esta dirección:

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/19/conservationist-murders-costa-rica-threaten-eco-friendly-reputation?CMP=EMCENVEML1631

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

“Eco paradero” desalojado: Albergue de animales será oficinas de APM Terminals en Moín

Por Mauricio Álvarez M

Presidente FECON y profesor UCR

“Eco paradero” desalojado- Albergue de animales serán oficinas de APM Terminal en Moín

El lugar de Jairo Mora, la base de trabajo para el cuido de tortugas y otras especies en Moín, cedió al “progreso” del nuevo muelle. Lo que albergaba vida silvestre ahora albergará instalaciones para la construcción del muelle.

Las piezas empiezan a calzar y hasta sobra señalar. Lo que era impensable toma sentido. El conjunto multimillonarios proyectos para Moín hace pensar en un poderoso tejido de influencias políticas y de intereses económicos enormes, ante los cuales cualquier acción de protección de los ecosistemas de la zona, se convierte en un obstáculo. Los hechos y acciones hablan por sí solos.

Las inversiones proyectadas para Moín suman cerca de US$ 5.000 millones de dólares para obras como una mega-marina, la ampliación del muelle petrolero, una nueva refinería, incluida la exploración de hidrocarburos, otro megapuerto de transferencia del contenedores, un sistema ferroviario, la modernización portuaria, la terminal de importación y almacenamiento del gas natural (ver más).

Para completar estos negocios el gobierno promovió y aprobó la ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA (impugnada por FECON Y SITRAMINAE), para desafectar áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y 8 zonas más, sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados, facilitando la industrialización de la Costa Caribe Norte.

Jairo Mora y sus datos hacen peligrar megainversiones. Mora trabajó de manera sistemática desde 2012 y logró identificar en Moín alrededor de 1474 nidos de tortugas baula, lo que demostró que esa playa se convirtió en uno de los sitios de mayor anidación en el país, más que una zona protegida como el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, donde se encontraron algo más de 200.

Los gobiernos, lejos de asumir la protección de ese sitio, permiten su devastación: obras como la carretera de la ruta 257 que corta el humedal para conectar el pretendido megapuerto, que significa al menos la tala de 1399 árboles según la Setena ( ver Decreto ejecutivo N° 38172 -MINAE-MOPT). Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).

Para los abogados de SETENA el proyecto significa la mutilación del área protegida, y para esto requieren de una ley especial con base en la Ley Forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Por razón similar, la Procuraduría de la República debe resolver la nulidad absoluta presentada contra la viabilidad otorgada por SETENA al proyecto Marina de Moín dado que afectaría el Humedal Cariari, contraviniendo lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas (ver más).

No se le puede buscar más simbolismos, la impunidad que ronda en nuestro país queda explícita. En ese lugar no quedarán ya ni rastros de tortugas ni huellas de Jairo Mora. La suerte está dada: no queda más que exiliar la vida silvestre que resguardaba el lugar para llevarla a otro donde tenga una mejor oportunidad de sobrevivir, ¿es ese el destino también para quienes cuidan la Naturaleza y quieren vivir para contar la historia?

 

Ver más de Eco Paradero y su trabajo en https://www.facebook.com/paradero.ecotour

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Carta abierta a Zarella Villanueva, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

jairojusticia

Distinguida Sra. Villanueva:

Por este medio solicitamos obtener una respuesta pública de su parte, y dentro de los plazos establecidos por ley, en el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la justicia. Preferiríamos no tener que acudir a la Sala Constitucional y solicitarle se recuse en participar en la sesión, para hacer valer el derecho de respuesta que como ciudadanas y ciudadanos tenemos.

Creemos que nos compete recibir una aclaración pública de afirmaciones que usted realizó en su nota al Sr. Presidente de la República, Luis G. Solís Rivera, dado que hemos sido ciudadanos que formamos parte de la manifestación organizada el jueves anterior frente a la Corte, a la que asistiera el Ministro del Ambiente y Energía, que de acuerdo a sus afirmaciones parece haber mal entendido o peor aún tergiversado. Nosotros en ningún momento hemos exigido un resultado determinado en dicho proceso.

Señora Magistrada, nosotros estuvimos frente a la Corte, para:

1. Exigir justicia en el caso de Jairo Mora. La Justicia que pedimos es la única que existe: Jairo fue asesinado y quienes le asesinaron deben sufrir la pena tipificada en la Ley. Exigimos justicia pronta y cumplida, como la Constitución Política lo define y el Poder Judicial debe garantizar.

2. Dejar constancia en la sociedad costarricense de que el movimiento ecologista y todos los sectores e individuos que lo conforman y apoyan no se amedrentarán ante la impunidad recurrente en el Poder Judicial.

3. Exigir que los Tribunales de Justicia reaccionen con transparencia y eficiencia ante una realidad que contabiliza un total de 10 muertes de ambientalistas que no han sido explicadas. ¿Qué pedimos? Qué cumplan con su mandato, ¡qué resuelvan! Solamente seguimos esperando lo que las víctimas merecen: justicia pronta y cumplida, como la Constitución Política lo demanda.

4. Solicitarle al Fiscal Chavarría que renuncie a la Fiscalía General de la República. Por su inoperancia para asegurar como jerarca superior de la Fiscalía, que un caso público y notorio como el de Jairo, fuera asumido por sus subalternos de una forma irresponsable.

Sus manifestaciones en la carta de marras al Presidente de la República vienen a sumarse a una serie de acciones de los miembros del Poder Judicial cuestionables, casi todas ellas relacionadas con el caso de Jairo Mora: El Ex Ministro Dobles es sentenciado como culpable en el Juicio Crucitas y se condena a 3 años de prisión, por acciones ilícitas materializadas mediante la firma de dos documentos públicos que fueron firmados también por el Ex Presidente Arias, el cual no fue acusado por la Fiscalía por criterio del Fiscal Chavarría. Luego el Fiscal Chavarría se niega a comparecer en Comisiones Legislativas; la Sala IV le resuelve al Sr. mencionado un Recurso de Amparo en 34 minutos para autorizarlo a no comparecer. El ex Fiscal, ex Viceministro, ex Ministro de Seguridad, Celso Gamboa en su condición de Ministro reclama públicamente a su igual Ministro de Ambiente, reprobando su participación en la marcha. En este contexto, le reclamamos a su envestidura como servidora pública que es de cada uno de los ciudadanos costarricenses, es decir para quienes usted trabaja y quienes pagamos su salario:

a. El pretendido respeto a la división de poderes.

A la base del reclamo que realiza el Ministro de Seguridad al Ministro de Ambiente hay una “solicitud de respeto” o una defensa de parte del Ministro de Seguridad de la institución “Fiscalía General de la República”. Inmediatamente después renuncia y se retira a ocupar su plaza de trabajo en la Fiscalía General de la República e inmediatamente el Fiscal Chavarría lo recibe de brazos abiertos.

¿Cuál Poder se ha entrometido en la gestión del otro Poder? Básicamente, lamentamos señalarle que el Poder Judicial se ha entrometido en la gestión del Ministro del Ambiente, generando al menos “un bulling” sobre dicho Ministro y sobre el Poder Ejecutivo en general.

b. El Fiscal General de la República y su no comparecencia ante la Comisión de Ambiente. Entendiendo la sociedad completa que si un caso está en un proceso de resolución judicial, nadie puede referirse al mismo, es muy probable que los Diputados de la Comisión de Ambiente también lo entiendan. De tal forma, ¿porqué el Fiscal General de la República hace lo imposible para evitar esta comparecencia y Ud. como Jefe avala esta actitud? ¿Es que acaso sólo se pueden conocer las verdades en los Tribunales de Justicia? ¿O es que acaso un crimen como el de Jairo Mora no merece que se encuentre la verdad independientemente de las circunstancias?

c. Reconsidere la decisión de no obligar al Fiscal a comparecer ante la Comisión de Ambiente, a efectos de esclarecer aspectos relacionados con Playa Moín, la lucha contra el narco, el papel de la conservación de tortugas en Playa Moín, etc.

d. La Fiscalía se transforma en un actor político en el país. En una semana, por una parte, el Fiscal General le hace frente a una Comisión Legislativa que quiere investigar el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad pública que dirige, y Chavarría, haciendo un uso privilegiado de los servicios de la Sala IV, logra que la Sala IV le diga que no vaya. Y por la otra parte el Ex Fiscal, ahora Ministro de Seguridad, regaña a su homólogo y antes de hacerle frente a una potencial condena renuncia y se va de vuelta a la Fiscalía a ocupar su plaza y es recibido de brazos abiertos por Chavarría.

e. Ante semejante reacomodo y la evidente acción política debemos señalarle que es pública la inconformidad social con el sistema de justicia. La sociedad costarricense es testigo de lujo de las quejas de los mismos policías que se juegan la vida para detener a ladrones que el mismo sistema judicial manda a las calles casi que automáticamente. También sabemos que los delitos de cuello blanco son castigados con penas mínimas y ahora estamos presenciando cómo descaradamente, asesinos que han aceptado sus crímenes son liberados.

Justicia pronta y cumplida para todas y todos, es lo que pedimos Doña Zarella. Pedimos que las personas que entregan su vida al cuido de nuestro patrimonio natural tengan el mismo derecho de acceder a la Justicia que los miembros del Poder Judicial, es decir pedimos que cumplan con su trabajo. Pedimos que cese el acoso y la criminalización a los ambientalistas sea cual sea el lugar social o económicamente ocupen, sin distinción.

Esperamos su pronta y clara respuesta ante todo lo que le hemos planteado, aunque sabemos que su silencio sería también una respuesta muy transparente.

FECON, ARA, BLOQUE VERDE, FANCA, ARCA, UNO VIDA, 20-15 Costa Rica, ANDA, Coecoceiba, AESO, Oilwatch,

 

Favor: notificaciones al fax: 2224 1426.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Defienden libertad de expresión ante críticas hacia Ministro Edgar Gutiérrez

Comunicado

Acción de protesta por absolutoria de asesinos de ambientalista Jairo Mora
Imagen con fines ilustrativos.

Nosotros y nosotras representantes de diversos movimientos y organizaciones ambientalistas de Costa Rica manifestamos nuestro firme apoyo y solidaridad con el Ministro Edgar Gutiérrez Espeleta ante las críticas, sin fundamento, lanzadas por Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por su participación en la marcha de repudio contra la absolutoria de los asesinos de Jairo Mora.

Como personas que creemos en nuestro Estado de Derecho, no podíamos esperar menos de las nuevas autoridades de Gobierno. Hizo bien el señor Ministro al expresar su solidaridad con la familia de Jairo Mora, hizo bien el señor Ministro al sumarse a esta manifestación de repudio e indignación por la absolutoria de sus asesinos.

Nuestra Constitución Política garantiza la libertad de expresión como un derecho fundamental de todas las personas, por lo que resulta improcedente la actuación de la magistrada Villanueva, que solo refleja la peligrosa tendencia prevaleciente en algunos sectores de nuestro país, de condenar y criminalizar la protesta social. El señor Ministro, como cualquier otra persona, tiene el legítimo derecho de manifestar su opinión por todos los medios legales, entre estos la manifestación pacífica; y nadie tiene el derecho de censurarle por ello.

Exigimos que se investiguen las actuaciones y se sienten las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial involucrados en la absolutoria de los criminales de Jairo Mora, así como la aplicación de todo el peso de la ley a quienes cometieron este brutal crimen; que de ninguna forma puede quedar impune.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y ambientales, a los movimientos estudiantiles y comunales, a todas las personas que creen en la democracia y en la defensa de las libertades públicas para que manifestemos nuestro apoyo y solidaridad con el señor Ministro.

 

– Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA

– Colectivo de Ciclismo Urbano “Las Luciérnagas”.

– Red Centroamericana de Acción del Agua. FANCA

– Acción 2015-Costa Rica

Acción-2015 bFANCA ARCACiclismo recreativo Las Luciérnagas

 

 

Enviado a SURCOS Digital por Jorge Mora Portuguez.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Fundación Neotrópica expresa su opinión sobre participación del Ministro del Ambiente y Energía, en la protesta pública relacionada al fallo en el juicio por el homicidio del Ambientalista Jairo Mora Sandoval

Comunicado Oficial

Fundación Neotrópica

En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.

En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.

Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.

Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.

El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.

Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”

De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.

Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).

 

Enviado a SURCOS Digital por Tony Villalobos.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Refinería nos atrasa y amarra por décadas

Ecologistas: Existen modernas y eficientes alternativas, país quedaría atrás

La baja del precio del petróleo2
Imagen con fines ilustrativos

 

La vieja refinería nos “casó” con el petróleo por casi 50 años. ¿Cuántas décadas lo haría una nueva refinería, cuándo el uso y las existencias de petróleo está en cuenta regresiva?, preguntan ecologistas ante el proyecto que vio la luz con el establecimiento de relaciones con China y su indisoluble unión al interés de la explotación petrolera en nuestro país (Ver acuerdo con la compañía estatal (CNPC) octubre del 2007).

Muchos costarricenses se sienten decepcionados de un gobierno «de cambio» que quiera resucitar una refinería que se teme estancaría y entraría en contradicción con la transición del país a energías limpias para un modelo post-petrolero, más en consistencia con la imagen que se ha promovido tanto en el sector turístico de una Costa Rica verde y carbono neutral.

Además, la construcción de un megaproyecto para refinar petróleo ha desatado la polémica por dudas financieras, legales, ausencia de licitación sumando a juicios, investigaciones, falta de transparencia y de información y un cuestionado proceso de evaluación ambiental.

 

Ahorrar

Antes de apostar por supuesta gasolina barata, el país podría apostar a largo plazo por mejorar condiciones de transporte y de infraestructura. Un estudio de la UNA calcula, casi 250 millones de dólares, las externalidades o costos socio-ambientales asociadas a las ineficiencias del sistema de transporte e infraestructura urbano: accidentes de tránsito, congestión en tiempo y consumo de combustible y contaminación, cálculo con base en datos de 2005 y 2006 (Otoya, 2009).

El ex ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, señala como una gran contradicción en política pública invertir recursos escasos y endeudarnos en un proyecto que continuará nuestra dependencia a los combustibles fósiles:»en vez de invertir en sistemas de transporte público eléctrico y transporte alternativo, infraestructura «verdes», y en un cambio de modelo energético que lleve al país a moverse hacia una economía baja en carbono y más competitiva”.

 

Transformar

Cambiar fue el mandato al gobierno actual. No remendar ni maquillar proyectos tan cuestionables. Sobre agro-combustibles, ecologistas alertan que no hay un marco legal que asegure que los agro combustibles no compitan con la tierra para la producción agroalimentaria que ponga en riesgo nuestra seguridad alimentaria.

Sigue pendiente una gran agenda para hacer «potable» la cuidad, donde está el mayor consumo y desperdicio del petróleo: aceleración y aplicación del proyecto de un tren eléctrico interurbano, exoneración de impuestos transportes eléctricos e híbridos o aparatos de bajo consumo, la incentivación de la producción de energía solar y fortalecer las campañas de educación sobre ahorro y consumo.

 

Sustentar

Debemos estar vigilantes del nuevo proceso que realizará RECOPE. Los estudios preliminares que ha de contratar deberían ser sobre los Mecanismos Nacionales para el Abastecimiento de Petróleo en épocas de Transición hacia una Economía Baja en Emisiones.

El especialista en Evaluación Ambiental, Dr. Allan Astorga, quien denunciara un procedimiento «exprés» y deficiente para aprobar el Estudio de Impacto ambiental del fallido esquema de refinería China (http://feconcr.org/doc/refineria/), asegura “que no tiene sentido volver a resucitar un proyecto impuesto y heredado, sino que debe verse a la luz de una discusión más amplia que se plasme en una planificación más integral que evalúe estratégicamente el plan nacional de energía”.

Para el ambientalista, Jorge Polimeni, el proyecto de refinería amenaza el liderazgo ambiental de Costa Rica a nivel internacional y lo que predicamos en las negociaciones contra el cambio climático:“habrá un gran retroceso en la legitimidad de nuestras propuestas en estos espacios”.Destaca que»con esta inversión no habrá interés de ahorrar o modificar el consumo o introducir cambios necesarios en la matriz energética hasta que se acabe el petróleo en pocas décadas, al mismo tiempo que será el incentivo perfecto para abrir la puerta a la extracción de gas y petróleo que viene amarrado desde siempre a este proyecto».

Los estudios preliminares deberían señalar claramente dónde debe el país invertir la “pequeña fortuna” que China ha puesto a disposición para este proyecto.

El catedrático universitario, biólogo y ambientalista, Jorge Lobo piensa que con la refinería aumentará el tráfico de petróleo y su consumo, aumentando accidentes y derrames, situación ya documentada a pequeña escala en la zona litoral, que le suma a nuestra huella ecológica con efecto acumulativo de proyectos como APM Terminal, contaminación por la zona industrial existente y aplicación de plaguicidas.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/