Recuerdo cuando a principios de los años 70 Don Rodrigo Carazo, con el apoyo de jóvenes profesionales, intelectuales y estudiantes, pequeños empresarios y campesinos, organizaba el Partido Renovación Democrática. Nos decía entonces, que en una sociedad con un vacío de poder o sin una oposición organizada frente a los desmanes de los gobernantes, era igual que estar en las plazas de Disney Word, donde uno ve a un conjunto de personas que por un lado comen un helado, un hotdog o simplemente están sentados o de pie, a la espera de algo.
De pronto aparece una persona con un banderín en alto y muchos corren a seguirlo; así una sociedad con ese vacío de poder también espera que surja la persona elevando el banderín.
En Costa Rica, desde hace varios años hemos caído, poco a poco, en ese vacío; pero nunca como en el 2022. Nada menos que 25 mini partidos aspiraban con sus candidatos a sustituir al peor presidente que habíamos tenido… hasta ese momento. Unos con candidatos gastados, otros desconocidos y la mayoría sin verdaderos planteamientos políticos, pretendían el banderín.
Así un grupo minoritario, haciendo caso a voces engañosas que llamaban a seguir a un personaje desconocido al que parecía le entregaban el banderín, lo convirtieron en el presidente de este terruño. Sus seguidores, en alto porcentaje, todavía lo siguen sin tomar conciencia de que, aquella persona, más que un banderín lo que tenía y soplaba era la flauta mágica del famoso cuento, y lo siguieron y muchos lo siguen embelesados por el camino hacia el abismo en que destruirán la democracia que nos queda.
En el 2022 los costarricenses se equivocaron, unos siguieron al flautista, pero la mayoría siguen esperando que aparezca una persona, un líder, un movimiento ciudadano con credibilidad, que recoja los banderines que hoy están tirados por todas partes y que, con él, con seriedad y patriotismo, se reconstruya nuestra democracia.
No es un asunto de ideologías, intereses o egoísmos, hoy no se vale enarbolar diferencias y ambiciones personales o partidarias para dividir, lo único válido es convertirse en la persona que enarbole no el banderín del partido, sino el Pabellón de la Patria ante el vacío de poder de una oposición casi inexistente y un gobierno cuyo principal objetivo es convertir nuestra democracia en la autocracia chavista a través del populismo, la posverdad y lo más grave: la creación de odios entre los costarricenses.
Confundir, manipular, distraer y dividir… para reinar. Ésta es la divisa secreta, pero eficiente, de este Gobierno.
1) Para algunos Patria es una «mala palabra». Algo cargado de chovinismo, un pretexto para excluir y odiar. Para el Suscrito, junto a José Martí (1853-1895), «Patria es Humanidad«. Es «Matria«, y no un desfile militar. Un tiempo- espacio fabricado y aceptado, que constituye nexos e identidades construidas, o sea la particularidad de lo universal-concreto de lo humano. Y un refugio necesario, aunque asimétrico, frente al Tsunami de la Globalización inclemente, propia del Estado-Nación (o Plurinacional), al idilio reaccionario y retardatario Neoconservador. Estas categorías políticas habrán de ser «reapropiadas» y «resemantizadas». Habrá que renovarlas desde un nuevo Antimperialismo urgente, desde «Nuestra América» (J. Martí), desde nuestra resistencia posible y democrática, y desde la articulación de nuestras justas luchas populares. Patria socialmente incluyente y cargada racionalmente de Amor al Prójimo, y de Justicia Social. Una Patria cuya construcción se regule por los ideales republicanos de Libertad e Igualdad.
2) Dicho y confesado lo anterior: O sea que no se le debe regalar la categoría política de «Patria», ni de «Pueblo», a la demagogia de la Extrema Derecha Populista, me pregunto: ¿Habrá algo más triste que ver a la gente humilde, a la gente trabajadora, a gente decente y honesta, a gente pobre, a Empleados Públicos incluso, apoyar de forma casi inconsciente a un Gobierno mentiroso, matón, demagogo; evidentemente incapaz, y que sólo quiere tomar partido de la crisis, y destruir nuestras conquistas sociales históricas? A ellos dedico, sin muchas pretensiones y sin querer sonar condescendiente, estas reflexiones tan lluviosas, y este modesto y amoroso reclamo cívico.
3) Después de dos años y medio de gestión improvisada, qué encontramos: ¿Un Gobierno que finalmente, sólo quiere vender nuestro patrimonio público y nacional a precio irrisorio? ¡Un Gobierno autoritario, pero sin brújula, inútil, en plena crisis, y qué sólo quiere finalmente terminar de destruir y privatizar, al Estado Social de Derecho, para pagarle a sus financistas de Campaña! ¿Hay alguna duda racional al respecto? ¿Pero cómo lo logró saliendo impune? ¿Tanta mentira, tanta manipulación, tanto odio, puede ser sembrado y cosechado en tan poco tiempo? ¿Tanto resentimiento dejó el pasado Bipartidismo Neoliberal? ¿O acaso fue la decepción con el último Gobierno PAC (bastante Neoliberal) de Carlos Alvarado? ¿Será la manipulación electoral de los prejuicios contra la población sexualmente diversa? ¿Será lo que algunos llaman con cierta sorna o cierto delirio, «Ingeniería social”?
4) A manera de Excursus:
Ser “Progresista” no sólo es apoyar, nominalmente, los justos Derechos Humanos de la Población Sexualmente Diversa, implica un compromiso económico y político con las clases populares. Al menos se derrotó así, a los Fundamentalistas Protestantes y a la extrema Derecha del momento. Por la misma razón es predecible la próxima alianza electoral entre los Fundamentalistas y los Populistas de Derecha, y los grupos más Ultra- Neoliberales. Así lo han hecho en el resto del Mundo y así quieren hacerlo en Costa Rica.
A contrario sensu: El centro político, el centro-izquierda, las izquierdas democráticas, y los demócratas en general (cómo hizo Francia), deben aprender a construir alianzas programáticas, y agendas de consenso en torno al Estado Social de Derecho. La izquierda electoral costarricense, en particular, deberá hacer también autocrítica y bajar a las bases y comunidades empobrecidas. (El triunfo lectoral arrasador de una alternativa progresista en el Cantón Central de San José en las Elecciones Municipales es muy significativa.)
5) ¿A qué tanta aparente impericia de los viejos sectores hegemónicos en Costa Rica? ¿No hay más oposición real, que no sea la de algunos jóvenes, en la Asamblea Legislativa? ¿O todo este caos social es sólo un dramático efecto patológico colectivo posterior a la Pandemia? Una especie de detonante atómico del Tánatos colectivo, nacional y global. Es como vivir en una pesadilla dentro de un Capítulo de «Psicología de masas del Fascismo», (Editorial Ayuso, 1972), texto clásico de Wilhelm Reich. ¿Acaso dividiéndose más nuestra sociedad, y proyectando nuestros prejuicios, temores y odios, salvaremos al país? ¿Cuál es la base colectiva libidinal del Autoritarismo? (Herbert Marcuse, dixit.)
6) ¿Qué pasará con nuestras empresas públicas estratégicas? ¿Botar al Niño junto al agua sucia? ¿No hemos aprendido nada del fracaso global del modelo económico Neoliberal? ¿Qué clase de Ciudadanía tenemos? ¿Estamos tan envilecidos como sociedad? ¿Hay un punto de no retorno cultural? ¿A qué siniestros intereses sirve esta Subjetividad social monstruosa y caníbal? ¿Hasta dónde el «Capitalismo Salvaje» penetró y destruyó nuestro tejido social? ¿Podemos deshumanizarnos aún más?
7) ¿Qué ha pasado con nuestra reserva moral como República? ¿Qué interpela realmente a nuestros jóvenes sin esperanza, ni futuro, ni certezas? ¿Qué moviliza a nuestro pueblo para que deje su letargo político? ¿Para que salga de su consciencia «cosificada» del «en sí», y sueñe otra vez, con ser proyecto inclusivo, y desarrolle la potencia liberadora de su consciencia «para sí»? ¿Cómo construir y ofrecer «Esperanza Ontológica» (Bloch)? ¿Cómo volver a pensar la «Utopía- Concreta» desde el «Pueblo Político» (H. Gallardo)? ¿Qué hacer además de quejarnos y buscar un diagnóstico común? ¿Cómo pasar de la catarsis a una lúcida Praxis? ¿Qué hacer?
8) ¿No nos basta acaso con ver en las noticias diarias a las decenas de jóvenes asesinados y a la Inseguridad Ciudadana cotidiana? ¿Qué más falta? ¿Qué nos declaren un Narco- Estado fallido? ¿Qué nos invadan y ocupen militarmente? ¿Ése es el plan geopolítico? ¿Darle la razón última a William Walker? ¿Por qué quitarle financiamiento a la lucha policial contra el Narco? Peor aún, ¿por qué el Presidente hace apología pública desde la indolencia, para normalizar la brutal violencia criminal y los asesinatos de jóvenes en las costas y zonas urbanas de alto riesgo social? (Precisamente en los lugares más deprimidos económicamente.)
9) ¿No les basta observar y comprobar la evidente e insultante Desigualdad Social? El Coeficiente Gini no miente. ¿Cómo no va a incrementarse la criminalidad con décadas de abandono social? ¿Qué va a pasar con nuestros Parques Nacionales y con nuestros recursos naturales? ¿Es viable una Democracia así? ¿Por qué parece no ser evidente a todos que el desmantelar más el Estado Social de Derecho, sólo nos hará más pobres a las grandes mayorías? ¿Hasta cuándo tocaremos fondo como sociedad?
10) ¿Por qué no hay una reserva moral ciudadana que se manifieste contra la destrucción autoritaria de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Qué pasó con los cientos de miles de ciudadanos que salieron a defendernos contra la Privatización del llamado «Combo» del ICE? ¿Qué pasó con los Comités Patrióticos contra el cipayo TLC? ¿Y los miles que protestaron contra un Plan Fiscal que para muchos era regresivo (incluido el Suscrito) y la Ley Marco de Empelo Público? ¿Dónde están nuestros prometidos carros Mercedes-Benz y nuestros vehículos BMW y su falsa prosperidad? (Luego se quejan de las amenazas contra la democracia, pero no hay democracia con miseria y desigualdad.) ¿Y quién se acuerda de nuestra Soberanía? ¿Le estorba la Democracia a la Gentrificación y a la Privatización?
11) ¿Desencanto democrático? Tal vez nunca fuimos, una «democracia perfecta», porque eso no existe. Somos (aún) una «Democracia Liberal» pero con un techo político clasista: Sin embargo, ¿eso es mucho mejor que la especie de Autocracia de Derecha Neoliberal anunciada o no? ¿Realmente las clases dominantes costarricenses apostarán a esta aventura autoritaria y antidemocrática «Populista»? ¿Qué pasó con las capas medias ilustradas que salían a votar contra el Fundamentalismo Protestante y su agenda intolerante y Neoconservadora? ¿Qué pasó con los Empleados Públicos y con sus vigorosos Sindicatos? ¿Y qué pasó con los Docentes y sus gremios antes tan combativos?
12) Quo vadis, Mater? ¿Adónde vas Madre [Patria]? Costa Rica, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así? No estamos solos en esta tragedia global, el Presidente Petro de Colombia, le llama por su nombre en un discurso público: “El Fascismo está ascendiendo en el Mundo.Y hay que llamarlo como es. Son los Nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar… Claro, en su versión light en Costa Rica, después de Don León Cortés (1882-1946). ¿Ha fallado nuestra democracia? Económicamente en las últimas décadas de gobiernos neoliberales, muy posiblemente. ¿Falta de Legitimidad republicana? (Obvio.) ¿Excesos burocráticos? (Todos hemos vivido nuestra propia pesadilla kafkiana en nuestra Administración Pública. Y los Empresarios ticos no son la excepción.) ¿Sumemos el torrente de abusos y escándalos públicos? ¿La obvia corrupción pública? Claro, esto último es innegable. ¿Los medios? Obviamente esto ha sido explotado por los publicistas e ideólogos baratos del Neoliberalismo económico, y sus medios (los viejos y los nuevos). ¿Es acaso, la temida Posverdad y su moda?
13) Pero ¿qué más corrupto que la anunciada privatización de nuestra institucionalidad pública? ¿Dónde ha existido privatización sin corrupción? Razonemos: ¿Si hay corrupción pública, con controles administrativos y frenos y contrapesos, sin los mismos, sólo no habrá más solamente? ¿Es tan difícil entender esto? ¿Por qué el justo descontento general no se canaliza racionalmente? ¿Por qué algunos juristas costarricenses con cierto prestigio profesional se prestan para esta afrenta contra el básico sistema liberal de “Frenos y Contrapesos” (Check and Balance)?
14) ¿No les basta con la agudización crisis del Apagón Educativo, de la Salud Pública, del Sector Agro, de las PYMES, del Empleo precario, de los bajos salarios, del alto Costo de la Vida? ¿Qué más se necesita? ¿El monopolio privado de Riteve sustituido a dedo por el de Dekra? ¿O la cacareada «Ruta del Arroz«? Que no fue sino el pretexto para la importación de arroz extranjero sin aranceles, quebrando a los productores nacionales, sus encadenamientos productivos, y la destrucción de la posibilidad de una Soberanía Alimentaria ¿La extraviada «Ruta de la Educación«? ¿La destrucción del Sector Cultura? ¿Las amenazas institucionales contra el ICE otra vez? ¿La Deuda de la Administración Central a la CCSS nunca honrada?
15) ¿Por qué grandes masas empobrecidas todavía siguen apoyando a este Gobierno? ¿Por qué apoyarían este aparentemente un ridículo autodenominado «Plan Jaguar«?
Un Plan que sólo debilita los controles de la Contraloría de la República, y promueve las próximas privatizaciones entre otras bellezas. Además, apoyan este proyecto, sin siquiera leerlo, o hacer un mínimo esfuerzo por entenderlo o debatirlo con racionalidad y respeto. ¿Cómo puede funcionar una República así? ¿Qué futuro tiene nuestra imperfecta y necesaria democracia? Avisados estamos.
En un ambiente de diálogo e intercambio propositivo, este jueves 4 de julio se realizó la segunda sesión de la Comisión de Enlace para avanzar en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FEES 2025, en las instalaciones del Conare, Pavas.
Participaron por las Universidades María Estrada Sánchez, rectora del TEC; Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del CONARE y rector de la UCR; Francisco González Alvarado, rector de la UNA; Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED; William Rojas Meléndez, rector de la UTN, y la estudiante Francini Mora Chacón de FEITEC. Por parte del Gobierno participaron las ministras Anna Katharina Müller Castro, del MEP y Paula Bogantes Zamora, del MICITT, el ministro Nogui Acosta Jaen de Hacienda y el viceministro Marlon Navarro Álvarez de Mideplan.
Las Universidades Públicas exhibieron productos derivados de proyectos de investigación que actualmente apoyan sectores dedicados a la producción de bambú, mejoramiento genético de especies autóctonas de frijol, papaya, tomate, chile, guayaba y demás productos agrícolas; así como el apoyo técnico y capacitación a emprendimientos de cacao y maíz pujagua, entre otros.
En esta sesión se recibió un nuevo avance del informe de la comisión técnica que verificó el desarrollo de los 23 indicadores asociados a gestión universitaria -con alcance hasta el 2026-, en temas como acceso a becas, apoyo a grupos en vulnerabilidad social, metodologías y políticas de docencia, entre otros. El 85% de estos indicadores mostraron el nivel de desempeño esperado e incluso lo superaron, mientras que el porcentaje restante requiere el ajuste de algunos parámetros, en vista de que responden a datos que recién comenzaron a recopilarse.
Además, el cuerpo rector presentó 41 proyectos que responden a una Agenda de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores y el Gobierno de la República, que parte de una solicitud del Gobierno para la atención de temas estratégicos para el país, que impactan distintos sectores como educación, salud y seguridad ciudadana, entre otros.
El objetivo de esta agenda es fortalecer la cooperación voluntaria y recíproca entre las Instituciones de Educación Superior Públicas y el Gobierno de la República, para impulsar el desarrollo económico y social, con visión sectorial y regional.
Se coincidió en la riqueza temática de esta agenda, acordándose establecer la ruta de intervención que requiere cada proyecto, su priorización, así como los términos y condiciones para su plena ejecución.
CONARE, Gobierno y representación estudiantil establecieron un equipo técnico para revisar mecanismos de gestión y sostenibilidad de proyectos y agenda de cooperación, que contribuirá con el Plan Nacional de Desarrollo.
La próxima sesión está programada para el jueves 11 de julio, en las instalaciones del MICITT, donde se prevé avanzar en materia presupuestaria.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho Foto: Anel Kenjekeeva UCR.
A propósito de los resultados de las Pruebas de Excelencia, del Colegio de Abogados y Abogadas
Si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas, debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica
“…un país bien organizado ‘podría cerrar las Facultades de Derecho durante años, si no para siempre, sin grave daño social’. No sólo porque lo que se enseña en tales espacios se encuentra desfasado de las transformaciones sociales que están sucediendo, sino porque el transcurso por las escuelas de Derecho no ha servido para tener mejores operadores del sistema de justicia”
Garza Onofre, Juan Jesús (2023).
No estudies derecho. Taurus.
En su texto “¿Cómo mueren las democracias?” (2018, Ariel) los profesores Levitsky y Ziblatt proponen, a grandes rasgos, que la recesión democrática actual se da no por vías violentas o militares sino por medio del larvado de las instituciones, las cuales son subvertidas desde el interior para modificar los mecanismos que condujeron al poder a quienes pretenden hacerse permanente con él. Para ello, ejemplifican los autores, se ponen en marcha reformas constitucionales, plebiscitos, cambios legales y procesos y fallos judiciales (lawfare). No pretendo profundizar en esos aspectos pero sí es llamativo que, para todos, se necesitan abogados y abogadas que conozcan los vericuetos y recovecos normativos y que puedan, sin sonrojo, ignorarlos o romperlos a cambio de recompensas económicas o dosis de poder.
González Villalobos (1989) describió, para la Costa Rica decimonónica, una relación entre los primeros centros de estudios jurídicos y la construcción del Estado:
«…El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, pues vinieron a (…) asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción pública, así como la de múltiples empresas privadas (…) De ahí que don Vicente Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados justos, fieles defensores…»
De la misma forma en que los y las juristas fueron determinantes en el diseño y la construcción del Estado Republicano, Democrático y Constitucional de Derecho (sin que con esta afirmación pretenda desconocerse el papel plural de los diversos actores y movimientos sociales), los (y las) abogánsters del presente juegan un rol relevante en su destrucción, máxime cuando en la realidad actual del país se constata la existencia de una masa amorfa de normativas yuxtapuestas, la emisión de leyes repetidas, mal hechas o sin contenido presupuestario, múltiples procesos de corrupción en la función pública y un sistema judicial que es incapaz de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de la ciudadanía y, en particular, a los grupos más vulnerabilizados, todo lo cual —adobado en medio de la inequidad socio-económica imperante— crea el caldo de cultivo para el desarrollo de sistemas populistas y autoritarios.
Basta dar un vistazo a los resultados de las autollamadas “Pruebas de Excelencia” del Colegio de Abogados y Abogadas (en adelante CAA) para comprobarlo. Si se agrupan los datos oficiales divulgados desde que se implementaron[1], se tiene que a esta fecha hay 23 casas de estudios emisoras de títulos de licenciatura en Derecho. De ellas, tres postulan el mayor número de personas (en su orden Universidad Latina, la de San José y la Cristina del Sur, en azul en el cuadro) y la última encabeza, también, la lista de las entidades con mayores porcentajes de reprobaciones, seguida por la Universidad Panamericana y la Universidad San Juan de la Cruz (datos en rojo en el cuadro). Finalmente, los mayores porcentajes de aprobación (ordenadas porcentualmente) son las personas provenientes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Libre de Derecho y quienes equiparan títulos extranjeros (datos en verde) según se muestra enseguida:
Los números absolutos no representan cantidad de personas sino de postulaciones, aprobaciones o reprobaciones.
Según Gómez (2024), el mayor fallo en este tipo de evaluación se produce en las áreas de derecho administrativo y penal, es decir, en la normativa que regula el espacio público, de construcción y mantenimiento de la institucionalidad y la convivencia social. Entonces, surge inevitable la pregunta ¿hay alguna conexión entre esa paupérrima formación jurídica y la debacle democrática e institucional que se vive en Costa Rica?
Aunque no se ha efectuado ningún estudio interdisciplinario para analizar exhaustivamente —tanto desde su metodología como desde su orientación didáctica y contenido— los resultados de esas evaluaciones, a modo de hipótesis se proponen algunas variables que gravitan como causas de esos resultados:
i.-la proliferación de centros privados de enseñanza del derecho como espacios de mero lucro, con ausencia de regulación estatal. Desde 1843[2] hasta 1975, solo una institución impartió estudios jurídicos: la Universidad de Santo Tomás, sucedida por la “Escuela de Derecho” a cargo del Colegio de Abogados y luego absorbida por la UCR. En 1976 abrió las puertas la UACA con 4 colegios habilitados para impartir la disciplina (Académico, Escuela Libre de Derecho, Santo Tomás de Aquino y Stvdiwm General). A partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se produce una explosión de centros de este tipo al punto que en 2017 había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se ofrecía la enseñanza del derecho (Marenco Silvia y Vásquez, 2018). Aparentemente, desde la creación del Conesup, solo la Universidad Cristiana del Sur ha sido cerrada por tal entidad.[3]
Hay centros privados en donde una sola persona imparte todo el pénsum o los docentes son sancionados si reprueban a estudiantes. Al tiempo que disminuyen los contenidos aumentan las pompas y con ceremonias similares a fiestas de disfraces, se conceden doctorados horroris causa (Mora Sánchez, 2023) y emergió una pléyade de másters flash (así, en inglés, porque suena más cool), doctores y postdoctores de la ley, algunos de los cuales cuentan con una cantidad de titulaciones dignas de récordsGuinness y cuyo nicho de mercado se ha concentrado en la representación de movimientos de ultraderecha, anticiencia, o antiderechos humanos. Hasta personas expulsadas de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR por pérdida continua de cursos figuran como docentes de centros privados y del propio CAA.[4]
ii.- hay un negocio instaurado alrededor de la prueba misma, sin ningún tipo de regulación o control, en el cual, además del cobro por hacer el examen, se ofrecen cursos de preparación (en su mayoría no gratuitos) de preparación, aún a cargo del CAA y de quienes integran el Comité designado para formular y vigilar la prueba.[5]
iii.- ha existido un impacto del “apagón educativo” en las competencias mínimas del estudiantado universitario así como en la deficiente formación del profesorado de lo jurídico (Conare, 2023, Noveno Informe Estado de la Educación, págs. 266 y 286). Nótese que en centros como la Universidad de Costa Rica y la Escuela Libre de Derecho[6], que presentan los mejores indicadores, los resultados no son los deseables, pues solo el 72% y el 68% de sus postulantes, respectivamente, aprueban.
iv.-Deficiencias en y alrededor de la evaluación misma: el aplicado no es el mejor instrumento (memorístico) ni los ítems se encuentren correctamente planteados. No se trata de una prueba auditada o testeada por profesionales ajenos a los que la elaboran. Se han localizado ítems mal construidos y respuestas erróneas presentadas como válidas.[7] A eso se suma que los temarios ofrecidos en la página del CAA datan de 2020 (en un país con un activismo legislativo sin precedentes y en cuyo lapso se han efectuado cambios normativos significativos en la codificación) y que hay una negativa del CAA a entregar a los postulantes una copia completa de sus resultados, indicadores todos de una indebida gestión.
Pero, al margen de las causas de esos resultados, conviene pensar en sus consecuencias. Buena parte de las entidades empleadoras de esos profesionales están en la Administración Pública.[8] En el marco del modelo sociopolítico y económico vigente a partir de los años 80 del siglo anterior, el modelo de educación jurídica se orientó hacia lo técnico o tecnocrático, en detrimento de la formación integral humanista. Se hizo predominar la rapidez y lo pragmático por sobre el análisis y la criticidad. Surgieron los profesionales “codigueros” en detrimento de los y las juristas pensantes. Son las personas con estos déficits quienes, desde entonces, atienden las diversas funciones del Estado.
Es claro que si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica, tanto pública como privada, esta última mediante procesos de regulación tanto de la calidad de la oferta como de los precios.
En el caso de la formación jurídica superior pública, la Universidad de Costa Rica tiene importantes desafíos: por un lado, debe ser pionera en la construcción de procesos pedagógicos de lo jurídico que permitan certificar al profesorado de este campo. Ya no basta con formar abogados y abogadas, sino que se requiere formar docentes de lo jurídico que se enfrenten a las necesidades y desafíos concretos de las nuevas generaciones. Pero, además, debe “exportarse” el conocimiento de las nociones jurídicas básicas hacia la educación secundaria. De la misma forma en que los programas de ciencias y matemáticas universitarios se llevaron al ciclo diversificado, es necesario que la Facultad de Derecho de la UCR, ofrezca nociones mínimas de derecho a esa población, las cuales permitan construir una ciudadanía crítica y pensante que, a su vez, contribuya en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Debe hacerse un esfuerzo por llevar una educación jurídica pública de calidad a las zonas rurales y lograr la ampliación y democratización de los cupos de admisión en derecho para poblaciones afrodescendientes, indígenas y de zonas costeras y rurales, porque la juventud del país, en esas localidades, está condenada a no tener contacto con lo jurídico o tenerlo a través de una concepción tecnocrática y de baja calidad que impera en el ámbito privado. En fin,
“…antes de seguir justificando lo injustificable, instalados cómodamente en la inacción o divagando en quimeras, es impostergable pensar mejor sobre cuál es el rol de las personas que ejercen la abogacía en nuestros contextos, sobre la forma como las futuras generaciones de abogados (sic) pueden ayudar a resolver los problemas sociales y así ir conformando un mejor gremio. Un gremio que no esté integrado por autómatas ni holgazanes, que no sea machista ni tampoco ruin y despreciable, que no sea mentiroso y que no viva de las apariencias ni de viejas glorias, que no desatienda su contexto, que no hable raro, que no le tenga miedo al futuro”
[1] Es decir desde el 31 de agosto de 2015 hasta marzo de 2024. Como es común en ese colegio profesional, en contravención de tratados internacionales de derechos humanos, no hay publicados datos disgregados por sexo, género, población indígena, afrodescendiente o con alguna condición de discapacidad.
[2] En que formalmente inician los estudios de las ciencias jurídicas en el país pues antes la formación se daba en la Universidad —Pontifica—de San Carlos de Guatemala, cuarto centro de estudios superior fundado en América.
[5] El artículo 14 de la ley No. 9266 previó la creación de un Comité para el Examen de Excelencia Académica integrado por el director del Departamento Académico del CAA y seis abogados o abogadas que duran en sus cargos tres años, deben tener un posgrado o experiencia comprobada en diversas áreas y no pueden tener vinculación administrativa o interés directo con universidades públicas o privadas que impartan derecho. Se desconocen los criterios que se siguen para descartar ese vínculo o conflicto de interés porque, tanto en la conformación actual como en las previas de esta entidad —y sin que esto diga nada en contra de la calidad personal y profesional de tales integrantes— hay nombres ligados a los cuerpos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, uno de los integrantes actuales imparte cursos no gratuitos de la materia que regula en el mismo CAA (cfr.: https://www.facebook.com/share/p/AZ8nVWquDF1AJ8D6/?mibextid=oFDknk)
[6] Universidades que lideran el rendimiento en esas pruebas y que poseen instalaciones adecuadas para la enseñanza y la simulación de actividades jurídicas, bibliotecas y centros de documentación amplios y actualizados, un cuerpo docente con sólida formación, una malla curricular que se extiende a lo largo de un quinquenio en promedio, programas de apoyo al estudiantado y, en el primer caso, sin fines de lucro y con orientación social.
[7] El CAA no devuelve integralmente las pruebas, solo permite tener acceso (limitado) a las respuestas calificadas como erróneas, eso para poder utilizar la base de datos posteriormente. Empero, en la página del CAA se muestra un “ejemplo” de examen en donde figura la siguiente pregunta:
La interrogante se encuentra mal formulada y cualquier opción que se pretenda correcta no lo es. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas menos para sí misma (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en adelante LJC) de modo que, aunque una gestión reitere una anterior, la Sala no debe rechazarla, declararla inadmisible o acogerla. Puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no hay norma que la obligue a efectuar alguna en específico.
[8] Por ejemplo, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, asesorías jurídicas de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Registro Público, ministerios y Poder Judicial con su subentramado institucional.
En el programa Voces X Media Calle presentado por Vladimir de la Cruz, se analizó el tema “Hoy: La dictadura perfecta. El lenguaje comunista del presidente Chaves”.
En esta exposición se abarca la afirmación que realizo el presidente Chávez, donde este dijo que desde 1948 “Costa Rica es una dictadura perfecta”, lo que resulta interesante de analizar, ya que hace unas semanas estaba más bien refiriéndose a Costa Rica como una buena democracia, donde incluso seria reconocida como una de las mejores democracias del mundo y del continente americano.
Por lo tanto, en el análisis de Vladimir de la Cruz se observará a que se puede referir estas afirmaciones y a que se puede deber este cambio de pensamiento tan repentino del presidente Chaves.
La Universidad Leibniz de Hannover y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en conjunto con la Fundación Ebert en Costa Rica, a través de su proyecto en América Central por la Transformación Social y Ecológica de la Economía y el Trabajo, están investigando la gestión y el uso del conocimiento en el proceso político.
Ya sea como actores involucrados en el sector público, desde empresas privadas o en iniciativas ciudadanas, queremos averiguar la importancia que tiene el procesamiento de datos para su participación ciudadana, actividad laboral y profesional. Asimismo, ¿cuáles medios se utilizan para acceder a la información requerida y cómo se difunde esta información? Para ello, estamos realizando una encuesta digital.
Sólo necesita seguir el enlace y completar el formulario de Google. La encuesta es anónima y no te llevará más de 5 minutos realizarla.
Si tiene interés en los resultados de la investigación o desea apoyar esta iniciativa más allá de la encuesta, déjenos su correo electrónico al final de la encuesta.
Le agradecemos de antemano su participación y colaboración,
Dr. Daniel Mann
Representante de la FES para Costa Rica, Guatemala y Honduras,Director del Proyecto de la FES en América Central Transformación-Social-Ecológica.
El 18 de junio de 1974, el registro oficial de la dictadura militar chilena publicó el Decreto 521 sobre la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta responsable de algunos de los crímenes de derechos humanos más emblemáticos del régimen. Para conmemorar el 50º aniversario de la creación oficial de la DINA se publica una colección curada de documentos desclasificados de la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, junto con registros chilenos clave, que reflejan la historia de las horribles atrocidades contra los derechos humanos y los crímenes terroristas de la DINA.
El decreto firmado por el general Augusto Pinochet y otros miembros de la junta militar estableció oficialmente la DINA con el «propósito de producir requerimientos de recolección de inteligencia para la formulación de políticas, planes y adopción de medidas requeridas para la seguridad y el desarrollo del país», pero la medida también incluía tres artículos secretos que facultaban a la DINA a operar como una fuerza de policía secreta para vigilar, arrestar, encarcelar y eliminar a cualquier persona considerada opositora al régimen. El nuevo decreto dio «bendición legal/oficial a una organización que ya está plenamente activa», informó el agregado de Defensa de Estados Unidos a Washington. Otros miembros del ejército chileno consideraron la orden de la junta como «los cimientos sobre los que se construirá una fuerza policial tipo Gestapo».
La DINA fue creada como una organización militar fuera de la cadena de mando militar, reportando directamente a Pinochet como jefe de la junta. Como decían los artículos secretos del decreto, la nueva Dirección de Inteligencia Nacional era la «continuación de la Comisión DINA» creada en noviembre de 1973, sólo ocho semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para cuando se inauguró oficialmente, la DINA ya era la fuerza de seguridad más temida de Chile, si no de toda América Latina. «Hay tres fuentes de poder en Chile», le informó un oficial de inteligencia chileno a un agregado militar estadounidense a principios de 1974: «Pinochet, Dios y la DINA».
Como principal organismo del aparato represivo del régimen, la DINA se hizo tristemente célebre por sus centros secretos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de cientos de civiles y actos de terrorismo internacional. La siniestra fuerza de la policía secreta, según un informe especial del Senado basado en documentos aún clasificados de la CIA, llegó a tener 3.800 oficiales, operativos y personal administrativo —la cifra está mal escrita en el informe como 38.000— con un presupuesto anual de 27 millones de dólares. Según ese estudio, la DINA «se estableció como un brazo de la presidencia, bajo el control directo del presidente Pinochet». El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, «ha reportado y recibido órdenes únicamente del presidente Pinochet».
A medida que expandía sus operaciones, DINA también recibió apoyo organizativo de la CIA. En febrero de 1974, Pinochet pidió personalmente al subdirector de la CIA, Vernon Walters, que ayudara a la DINA en su «período formativo». Walters organizó un almuerzo para Contreras en la sede de la CIA en Langley, Virginia, a principios de marzo de 1974. A mediados de 1975, la CIA incluyó brevemente al director de la DINA en su nómina como un activo pagado.
Obtenido de una página de la Universidad George Washington.
Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.
En este documental se trae al público las memorias, luchas y resistencias de comunidades campesinas e indígenas en Panamá, frente a la destrucción de los ríos. El documental se realiza gracias a la producción de la Red Nacional en Defensa del Agua RNDA, con apoyo del Movimiento de Afectados por Represas MAR, dirigido por Olmedo Carrasquilla Águila y con guión realizado por Damaris Sánchez Samudio y Ana Benjamín Miranda.
Este documental relata la lucha de las comunidades y los ecologistas en Panamá contra la privatización del mercado eléctrico y la construcción de más de 40 hidroeléctricas en el país. La historia se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. Luego, en la década de 2000, surgieron nuevos proyectos hidroeléctricos que enfrentaron una fuerte resistencia de las comunidades. La lucha se ha librado a través de manifestaciones, campamentos, denuncias legales y la organización de la Red Nacional en Defensa del Agua. A pesar de algunos logros, las comunidades siguen enfrentando presiones y criminalización de la protesta social.
La privatización del mercado eléctrico en Panamá en 1997 provocó una serie de conflictos sociales y ambientales que se traducen en más de 40 hidroeléctricas instaladas en todo el país. La lucha contra el extractivismo hidroeléctrico en Panamá se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. La Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá ha exigido al Estado el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para mitigar la crisis ambiental global y fortalecer los modelos de vida a través de la producción agropecuaria comunitaria y ecológica. La lucha de las comunidades ha enfrentado la criminalización de la protesta social y la presión de las empresas hidroeléctricas, pero ha logrado detener algunos proyectos y avanzar en la creación de una ley que proteja los ríos y las quebradas.
Para observar el documental ingresar al siguiente enlace:
Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.
La celebración será el 4 de agosto de 2024 a las 10:00 am en Siquirres, Limón.
El martes 2 de julio de 2024, Siquirres fue testigo de una reunión notable y muy concurrida que reunió a más de 30 dirigentes de los diversos sectores sociales. Entre ellos se encontraban representantes del movimiento sindical, cooperativo, asociaciones de desarrollo comunal, educadores, el sector eléctrico y un destacado grupo de regidores municipales. Todos se congregaron con el objetivo común de resaltar y revitalizar el Día del Trabajador Bananero.
Se generaron diversas ideas durante la reunión, y se formó un Comité local en Siquirres para llevar a cabo las iniciativas planificadas. Además, se designó a Esmeralda Allem Mora como coordinadora del evento, quien será responsable de garantizar que todo lo planeado se lleve a cabo de manera efectiva.
La comunidad de Siquirres se prepara ahora para celebrar el Día del Trabajador Bananero el domingo 4 de agosto a las 10 de la mañana en la Plaza Siquiares. Esta celebración no solo busca honrar a los trabajadores bananeros, sino también fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad entre los diferentes sectores representados en la reunión.
Javier Quintero Barrera, Asesor SITET – CTRN señala:
Éxito la reunión en Siquirres.
Muy concurrida con más de 30 dirigentes de los sectores sociales se reunieron este martes 02 de julio del 2024 como lo son del movimiento sindical, cooperativo, asociaciones de desarrollo Comunal, de los educadores, del sector eléctrico y un buen grupo de Regidores Municipales.
Todos muy complacidos y compartieron nuestro objetivo que es resaltar y rescatar El Día de la Trabajadora y del Trabajador Bananero.
Se escucharon varias ideas y se conformó el Comité de Siquirres que llevarán a cabo lo que les corresponde.
Se nombró la coordinadora del evento que será la compañera Esmeralda Allem Mora quien convocará para darle seguimiento a lo planeado .
Éxitos y a celebrar el Día de la Trabajadora y el Trabajador Bananero.
Le esperamos este domingo 04 de agosto 10 de la mañana Plaza Siquirres.
Información compartida con SURCOS por Joaquín Meléndez González y Javier Quintero Barrera.
Le invitamos a ver el video del caso de la República de El Salvador.
El video aborda la compleja situación de desarrollo y bienestar en la República de El Salvador, destacando sus desafíos persistentes a través de un enfoque crítico y reflexivo. Se centra en el testimonio de una paciente, personificada como el país mismo, que, a pesar de haber experimentado múltiples intervenciones y tratamientos económicos en el pasado, aún enfrenta problemas estructurales profundos.
La paciente (quien simboliza ser El Salvador) expresa frustraciones con tratamientos anteriores que no han dado resultados satisfactorios como autoritarismos, privatizaciones, ajustes estructurales y beneficios fiscales para empresas, los cuales no han logrado mejorar sus condiciones de pobreza y desigualdad.
El video destaca la necesidad urgente de un nuevo enfoque de desarrollo inclusivo y sostenible, que no solo aborde la economía, sino también considere la distribución de la riqueza, el bienestar social y el respeto al medio ambiente. La paciente expresa el deseo de recibir un tratamiento integral con diversas opiniones y un plan transparente, enfatizando la importancia de evitar soluciones unilaterales que puedan tener efectos adversos en otros aspectos de su sociedad.
