José A. Amesty Rivera
Hay momentos en la política en los que debemos bajar el volumen de las consignas, dejar por un rato los titulares de las redes sociales y mirar las cosas con serenidad. Esto es precisamente lo que deberíamos hacer con el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.
Desde que se conocieron sus detalles, las redes sociales se llenaron de dos versiones enfrentadas. Unos dicen, Trump se quedó con el petróleo venezolano, otros responden, Es una gran victoria de Venezuela. Entre ambos extremos, consideramos necesario mirar el asunto desde una perspectiva chavista, soberanista y, al mismo tiempo, pragmática.
La pregunta fundamental es sencilla, ¿Venezuela está entregando su petróleo o está negociando cómo ponerlo a producir para beneficio del país?, nuestra posición es clara, estamos ante una negociación que busca recuperar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera y convertir nuevamente esa riqueza en ingresos para Venezuela.
Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, pero durante años su industria ha sufrido las consecuencias de las sanciones, la falta de inversión, el deterioro de infraestructura y las dificultades para acceder a mercados y tecnología, por parte de EEUU. Por esto existe una realidad que no podemos esconder, tener petróleo debajo de la tierra no es suficiente.
El petróleo enterrado no genera salarios, no compra medicinas, no construye escuelas ni recupera hospitales. Para que esta riqueza se convierta en bienestar hay que producirla, comercializarla y transformar sus ingresos en desarrollo nacional, eso también es soberanía.
Según lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, el acuerdo con USA tendrá una duración de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y plantea llevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno también ha proyectado inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.335 millones durante el período del proyecto.
Ahora bien, una de las principales matrices que circulan en las redes sociales sostiene que EEUU “se quedó con 65.000 millones de barriles”. Aquí debemos hacer una aclaratoria sencilla pero fundamental. Los aproximadamente 65.000 millones de barriles corresponden a las reservas asociadas a las áreas consideradas en el proyecto. No significa que se vayan a extraer 65.000 millones de barriles durante los 25 años.
Con una producción promedio de 1,5 millones de barriles diarios durante ese período, la cantidad producida sería mucho menor. Por esto debemos separar tres conceptos: reservas, producción y derechos de explotación. Confundirlos puede servir para fabricar titulares escandalosos, pero no para comprender la realidad petrolera.
Precisamente aquí llegamos al punto central de la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez, la posición oficial es que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que las empresas extranjeras reciben derechos para desarrollar y explotar determinados campos dentro del marco legal venezolano. Esto es muy diferente a vender los yacimientos.
Una empresa extranjera puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa sin convertirse automáticamente en propietaria del petróleo que permanece en el subsuelo, y esta distinción es fundamental para entender lo que se está haciendo.
Además, hay algo que debemos recordar desde la perspectiva histórica del chavismo. Chávez defendió la soberanía petrolera, pero jamás planteó que Venezuela debía dejar de producir petróleo. Al contrario, planteó que esa riqueza debía estar bajo control nacional y utilizarse para financiar el desarrollo y la justicia social.
La diferencia con la vieja Venezuela estaba precisamente en esto. Durante la Cuarta República, las grandes transnacionales tuvieron una enorme influencia sobre nuestra industria petrolera y buena parte de la renta terminó beneficiando a intereses extranjeros y a las élites nacionales vinculadas al negocio. La Revolución Bolivariana modificó esa relación y recuperó para el Estado una mayor participación en la renta petrolera.
Por esto, defender hoy la participación de empresas estadounidenses no significa regresar automáticamente a aquella Venezuela. La diferencia está en las condiciones y en quién establece las reglas. No se trata de entregar el petróleo a las transnacionales. Se trata de utilizar capital y tecnología extranjeros bajo condiciones que favorezcan a Venezuela.
Y aquí aparece otra idea que consideramos esencial, soberanía no significa aislamiento. Un país puede negociar, asociarse, recibir inversión extranjera y utilizar tecnología internacional sin renunciar necesariamente a sus intereses nacionales. Lo importante es quién pone las reglas, quién controla, quién cobra y para quién se utiliza la riqueza.
Obvio que tampoco debemos ser ingenuos respecto a EEUU. Washington no está mirando hacia Venezuela por solidaridad. Tiene intereses económicos y geopolíticos. Necesita energía, mercados y seguridad de suministro; mientras Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados e infraestructura. Aquí se encuentra el interés de ambas partes. Esto se llama negociación internacional.
No tenemos que amar a EEUU para negociar con empresas estadounidenses. Tampoco tenemos que dejar de ser chavistas, porque una empresa norteamericana invierta en Venezuela. La política internacional no funciona con sentimientos. Funciona con intereses. Y Venezuela tiene una carta muy importante para negociar, su petróleo.
EEUU quiere acceder a esas reservas y las empresas buscan obtener beneficios. Venezuela, por su parte, necesita recuperar producción, generar ingresos y reconstruir su industria. Entonces, ¿por qué no utilizar esta realidad para negociar? El petróleo venezolano tiene valor. Precisamente por esto debemos utilizarlo para defender nuestros intereses nacionales.
Por supuesto, el negocio también puede ser beneficioso para EEUU. Las empresas estadounidenses buscan ganancias y Washington busca fortalecer su seguridad energética. Pero que el negocio sea bueno para USA, no significa automáticamente que sea malo para Venezuela. Ambas partes pueden ganar.
Si una empresa invierte capital, asume riesgos, aporta tecnología y obtiene beneficios, mientras Venezuela aumenta su producción, cobra regalías e impuestos, genera empleos y recupera infraestructura, existe un beneficio para ambos. Esto es una asociación. El verdadero problema sería que uno gane y el otro pierda. Y precisamente por esto Venezuela debe defender sus condiciones.
En este sentido, el Gobierno venezolano ha informado de una regalía mínima del 16% y un 34% de Impuesto Sobre la Renta, además de la proyección de aproximadamente 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante el período previsto. Estos números deben ser analizados con seriedad y comparados con la historia petrolera venezolana. Porque no podemos hablar de “entrega” sin recordar las condiciones bajo las cuales operaron las transnacionales en Venezuela durante buena parte del siglo XX.
La discusión seria no consiste solamente en preguntar cuánto gana la empresa. Hay que preguntar también cuánto recibe Venezuela, quién asume la inversión y el riesgo, cuánto se paga en regalías e impuestos, cuántos empleos se generan, cuánta tecnología queda en el país y, sobre todo, en qué se utilizan los ingresos. Aquí está la verdadera discusión.
Por esto consideramos que el pragmatismo también es parte del chavismo. Hay sectores que creen que cualquier negociación con Washington es una capitulación. No compartimos esta visión.
Chávez entendió que la política internacional exigía negociar, incluso con países con los cuales existían profundas diferencias. Venezuela compró tecnología, vendió petróleo, buscó inversiones y construyó relaciones con múltiples naciones.
La soberanía no consiste en negarse a hablar con quién piensa diferente. Consiste en poder hablar sin renunciar a los intereses nacionales.
Por esto Venezuela debe relacionarse con todos los que puedan contribuir a su desarrollo: EEUU, China, Rusia, India, Irán, Brasil y cualquier otro país. Nuestro petróleo no tiene por qué pertenecer a una esfera geopolítica determinada. Tiene que servir a Venezuela.
También debemos recordar las condiciones en las que se produce esta negociación. Venezuela viene de años de sanciones y restricciones que afectaron profundamente su capacidad económica y petrolera. A ello se sumaron problemas internos de inversión, mantenimiento, gestión e infraestructura. Y no estamos negociando desde una situación ideal. Estamos negociando desde una economía que necesita recuperarse. Por esto atraer capital y tecnología no debe verse como una vergüenza. Lo verdaderamente importante es qué condiciones se obtienen a cambio.
Si la inversión extranjera ayuda a recuperar campos petroleros, aumenta la producción, genera empleo y produce ingresos para el Estado, Venezuela debe aprovecharla. Y si mañana China ofrece mejores condiciones, también habrá que negociar con China. Si son empresas de otro país las que pueden aportar tecnología y capital, también habrá que conversar con ellas, como se ha estado haciendo. Porque la soberanía consiste precisamente en tener opciones.
Ahora bien, defender el acuerdo tampoco significa cerrar los ojos ante la necesidad de transparencia. Todo negocio de esta magnitud debe ser fiscalizado. Los venezolanos/as tenemos derecho a conocer sus condiciones fundamentales, los mecanismos de control, las obligaciones de las empresas y el destino de los ingresos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que “Estados Unidos se robó Venezuela”.
Incluso la información publicada sobre el acuerdo muestra que algunos aspectos de su estructura todavía requieren explicaciones y precisiones. Por esto debemos mantener una posición firme, defender el acuerdo y exigir transparencia al mismo tiempo. No son cosas contradictorias.
Al final, el pueblo venezolano no va a medir este acuerdo por los discursos de Trump ni solamente por los discursos de Caracas. Lo va a medir por los resultados. ¿Aumentó la producción? ¿Llegaron las inversiones? ¿Se recuperaron los campos? ¿Se generaron empleos? ¿Aumentaron los ingresos del Estado? ¿Se recuperó la infraestructura? ¿Se fortaleció nuestra industria petrolera? Y, sobre todo, ¿esos ingresos se transformaron en bienestar para el pueblo?
Porque el pueblo no come barriles de petróleo. Necesita salarios dignos, hospitales, escuelas, servicios públicos, vivienda, pensiones y futuro. Ese debe ser el destino de la renta petrolera.
Por esto consideramos acertada la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez del acuerdo, porque parte de una realidad concreta, Venezuela necesita recuperar su industria petrolera y convertir sus enormes recursos en ingresos para el desarrollo nacional. Si para hacerlo requiere inversión extranjera, debe negociar. Si necesita tecnología estadounidense, debe utilizarla. Si necesita mercados, debe buscarlos. Pero siempre bajo una premisa fundamental, el petróleo venezolano debe beneficiar, en primer lugar, a Venezuela y a su pueblo.
Este es el punto donde el pragmatismo puede encontrarse con la soberanía. No necesitamos una Venezuela aislada. Necesitamos una Venezuela fuerte. Una Venezuela que pueda negociar con todos porque tiene algo que todos necesitan. Una Venezuela que convierta sus recursos naturales en producción, empleo y bienestar. Y una Venezuela que utilice los ingresos petroleros para avanzar hacia una economía productiva y diversificada, capaz de superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera. Este sería el verdadero triunfo.
Porque al final no se trata de si el petróleo venezolano lo compra EEUU, China, India o cualquier otro país. Se trata de quién decide las condiciones y para quién trabaja esa riqueza. Si el petróleo venezolano se produce, genera ingresos, recupera nuestra industria, crea empleos y mejora la vida del pueblo, entonces habremos dado un paso adelante. Por esto nuestra posición es clara, el petróleo venezolano no se entrega, se negocia, se produce, se defiende su soberanía, y se pone a producir para el pueblo venezolano.
