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Comunicado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los supuestos actos de tortura referidos por la Fiscalía

San José, Costa Rica —14 de agosto 2026. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) recibió una notificación el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República relacionada a supuestos actos de tortura contra personas privadas de libertad en el Circuito de Alta Contención. Al respecto, el MNPT considera importante manifestar que:

Cualquier forma de tortura está totalmente prohibida y debe ser investigada. La prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. En el ámbito nacional, este delito se encuentra tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal.

Dicha prohibición no admite excepciones ni justificaciones, independientemente de la gravedad del delito imputado, la peligrosidad de la persona privada de libertad, el estado de emergencia o razones de seguridad nacional. La persecución de la criminalidad jamás justifica la adopción de prácticas arbitrarias o violatorias de los derechos humanos por parte del Estado, ya que esto vulneraría los fundamentos del propio Estado de derecho. En consecuencia, toda sospecha o denuncia de tortura debe ser investigada de oficio.

Sobre el MNPT. De acuerdo con la Ley 9204, el MNPT tiene un mandato estrictamente preventivo realizado a través de inspecciones periódicas, sin previo aviso e independiente, a cualquier lugar de privación de libertad en el país, sean cárceles, celdas de OIJ o Fuerza Pública, centros de detención migratoria, entre otros. No le corresponde tramitar denuncias individuales, ni realizar investigaciones de carácter judicial o administrativo.

Desde la creación del Circuito de Alta Contención en abril de 2025 —el cual incluye el centro conocido como «Máxima Seguridad»—, el MNPT ha elaborado nueve informes al respecto, resumidos en el Capítulo 3 del Informe Anual de Labores 2025. En estos documentos se advierte que las medidas restrictivas aplicadas corren el riesgo de constituir un entorno torturante. Dichos informes han sido remitidos a la Sala Constitucional, al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Ministerio de Justicia y Paz, entre otras entidades, y también se encuentran disponibles en la página web del MNPT.

Defensoría investigará información aportada por Fiscalía sobre presuntos malos tratos y tortura

La Defensoría de los Habitantes recibió hoy a la 1:37 de esta tarde información de la Fiscalía General de la República relacionada con manifestaciones realizadas por dos personas privadas de libertad (extraditables) que estuvieron ubicadas en el Centro Nacional de Atención Específica, quienes les manifestaron a la Fiscalía haber sido presuntamente víctimas de actos de tortura.

Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo (OPCAT). Conforme a estos instrumentos vinculantes, existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen.

Ante esta situación la Defensoría de los Habitantes adoptará las siguientes medidas concretas:

-Se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo en relación con la información aportada por la Fiscalía General de la República.

-Una vez analizada la información, se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba en relación con las condiciones en las que se encuentra dicha población, las condiciones materiales de detención y los protocolos de custodia aplicados por personal de la Policía Penitenciaria.

Hiroshima y Nagasaki: la memoria que aún intenta salvarnos

Mientras se extinguen las voces de quienes vivieron el horror nuclear, el mundo enfrenta nuevas formas de conflicto que ponen a prueba su capacidad para construir una paz duradera.

Olga C. Guerra Pizarro

Cada 6 y 9 de agosto el mundo vuelve la mirada hacia Hiroshima y Nagasaki. Recordamos las ciudades destruidas por las bombas atómicas y honramos a las miles de víctimas que marcaron uno de los capítulos más dolorosos de la historia de la humanidad.

Pero la memoria solo cobra verdadero sentido cuando nos ayuda a comprender el presente y a asumir responsabilidades frente al futuro.

Hoy el mundo ya no vive bajo la amenaza exclusiva de las armas nucleares. La inteligencia artificial aplicada a sistemas militares, los drones autónomos, los ciberataques, la manipulación informativa y una creciente carrera tecnológica están transformando la naturaleza de los conflictos. La capacidad de destrucción continúa evolucionando, muchas veces más rápido que nuestra capacidad para establecer límites éticos, políticos y humanitarios.

Paradójicamente, el mismo ingenio que ha permitido grandes avances para la humanidad también ha multiplicado su capacidad de destrucción. Cada nuevo avance científico nos recuerda que el verdadero límite no está en la tecnología, sino en las decisiones humanas sobre el uso que hacemos de ella.

Los últimos testigos del horror

Ochenta y un años después de Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes de las bombas atómicas, conocidos como hibakusha, representan una generación que lentamente se despide. En Japón quedan poco más de 91.000 sobrevivientes oficialmente reconocidos y su edad promedio supera los 86 años. Con cada año que pasa, el mundo pierde no solo a quienes vivieron el horror en primera persona, sino también una parte irremplazable de la memoria colectiva de la humanidad.

La mayoría de ellos no solo sobrevivió a la explosión. También enfrentó durante décadas las consecuencias de la radiación, enfermedades, pérdidas familiares, secuelas psicológicas y, en muchos casos, discriminación social. Su vida ha sido un recordatorio permanente de que una guerra no termina cuando cesan los bombardeos; sus efectos pueden prolongarse durante generaciones.

Seis sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima (hibakusha) retratados en 2016. Sus testimonios han contribuido a mantener viva la memoria de las consecuencias humanas de la guerra nuclear. Foto: Johannes Eisele / AFP.

Conscientes de que pronto ya no quedarán testigos directos, instituciones, universidades y organizaciones de paz en Japón trabajan para preservar sus testimonios mediante archivos digitales, registros audiovisuales y programas educativos. Al mismo tiempo, hijos y nietos de los hibakusha han asumido la responsabilidad de transmitir esas historias para que las nuevas generaciones comprendan que la paz no puede darse por sentada.

Este relevo generacional nos deja una responsabilidad que ya no podemos delegar. Cuando desaparezcan las últimas voces capaces de decir «yo estuve allí», la memoria dependerá de nuestra voluntad de escuchar, enseñar y actuar. Recordar Hiroshima y Nagasaki dejará de ser únicamente un ejercicio histórico para convertirse en una decisión ética y ciudadana.

Una marcha que llega en el momento oportuno

Precisamente en este contexto, la Cuarta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se desarrollará del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2026 bajo el lema «En mi ciudad», adquiere un significado especial.

La iniciativa propone que cientos de ciudades en los seis continentes promuevan actividades educativas, culturales y comunitarias para fortalecer la paz, la no violencia, el diálogo, el respeto por los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Más que una movilización internacional, plantea que la construcción de la paz comience allí donde vivimos: en nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros barrios y nuestras ciudades.

La marcha también impulsa objetivos concretos, entre ellos la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el futuro del planeta. Son propuestas que buscan responder a un escenario internacional marcado por el rearme, las tensiones geopolíticas y el acelerado desarrollo de nuevas tecnologías militares.

La paz comienza mucho antes que la guerra

Con frecuencia se afirma que la paz es simplemente la ausencia de guerra. La experiencia demuestra que no es suficiente. Puede no haber enfrentamientos armados y, aun así, existir violencia, odio, discriminación, exclusión o indiferencia. La paz comienza mucho antes de que estalle un conflicto.

Comienza cuando reconocemos la dignidad del otro, cuando optamos por el diálogo antes que la confrontación y cuando entendemos que ningún avance científico será suficiente si no está acompañado por principios éticos capaces de orientar su uso.

Desde esa perspectiva, el amor deja de ser una idea romántica para convertirse en una decisión profundamente humana. Amar es reconocer el valor de la vida del otro, incluso cuando piensa diferente, pertenece a otra cultura o vive al otro lado del mundo. Sin esa convicción, cualquier tecnología puede terminar sirviendo a la destrucción en lugar de al progreso.

Más que conmemorar, reflexionar

La humanidad dispone hoy de tecnologías capaces de transformar el mundo en cuestión de segundos. Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento ni tantas herramientas a nuestro alcance. Sin embargo, el rumbo que tome ese progreso dependerá siempre de las decisiones que adoptemos y de los valores que las inspiren.

Las guerras son consecuencia de decisiones humanas. La paz también lo es. Se construye cada día en nuestras acciones, en nuestras palabras y en la manera en que elegimos relacionarnos con los demás.

Recordar Hiroshima y Nagasaki solo adquiere verdadero sentido si esa memoria nos impulsa a construir un mundo donde la tecnología esté siempre al servicio de la vida y nunca de la destrucción. Porque la paz no es un recuerdo del pasado; es una decisión que tomamos cada día.

Imagen de cabecera: El Memorial de la Paz de Hiroshima (Genbaku Dome), declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se refleja sobre el río Motoyasu como un símbolo de memoria, resiliencia y del compromiso de las generaciones presentes y futuras con la paz. Foto: Stephan Leuzinger.

Compartido con SURCOS por la autora.

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

Personas defensoras, organizaciones e instituciones articulan esfuerzos para fortalecer la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales

La iniciativa, impulsada por el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, promueve un proceso participativo de formación, diálogo y articulación con personas defensoras, organizaciones especializadas e instituciones nacionales e internacionales.

Defender los derechos humanos en los territorios y proteger el ambiente constituyen dimensiones fundamentales de la vida democrática. Quienes realizan esta labor contribuyen a visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades, denunciar vulneraciones y promover la protección de los territorios y los bienes comunes. Sin embargo, también enfrentan diversos riesgos y formas de violencia, entre ellas amenazas, hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física, psicológica, patrimonial y digital.

Ante esta realidad, el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), desarrolla un proceso orientado a fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en asuntos ambientales en Costa Rica.

La iniciativa parte de una perspectiva de acción social universitaria que reconoce el conocimiento y las experiencias construidas en los territorios como aportes fundamentales para comprender las problemáticas socioambientales y construir respuestas colectivas, en ese sentido, Kioscos Socioambientales asume un papel articulador entre personas defensoras, organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos internacionales y otros actores vinculados con la protección de los derechos humanos y el ambiente.

El proceso tiene como antecedente una serie de diálogos desarrollados durante 2025 con personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de distintos territorios del país. Estos espacios permitieron identificar riesgos, obstáculos y necesidades que atraviesan su labor, así como reconocer la importancia de fortalecer las capacidades colectivas y las respuestas institucionales frente a las situaciones que enfrentan.

A partir de este trabajo, durante el 2026 se desarrollará una agenda de actividades socioeducativas y participativas orientada a promover acciones coordinadas de prevención y protección, así como a contribuir a la construcción de entornos seguros, propicios y libres de estigmatización para quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos. Los encuentros combinarán formación, intercambio de experiencias, identificación de riesgos, construcción colectiva de herramientas y acercamiento a mecanismos nacionales e internacionales de protección. Para ello, se contemplan diferentes modalidades de participación, entre ellas foros públicos, espacios abiertos con inscripción y talleres cerrados.

Esta iniciativa se vincula con una trayectoria de trabajo junto a organizaciones y comunidades en procesos relacionados con la defensa territorial, los bienes comunes y la justicia socioambiental. El acompañamiento y articulación territorial permite aportar una mirada situada sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras y sobre la necesidad de construir respuestas que reconozcan sus conocimientos, experiencias y capacidades organizativas.

“Este proceso parte de la premisa de que las personas defensoras no son únicamente receptoras de información o de medidas de protección, sino sujetas activas en la construcción de las respuestas frente a los riesgos que enfrentan. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la posibilidad de poner en diálogo actores que cuentan con experiencias y herramientas diferentes”, señala Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En este proceso participan, entre otros actores, Front Line Defenders, la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y especialistas vinculados con los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos. Esta diversidad de participantes busca favorecer el intercambio entre experiencias territoriales, conocimientos especializados y herramientas institucionales de prevención y protección.

El proceso dará inicio el 19 de agosto con el conversatorio “El derecho a defender derechos humanos: fundamentos y contexto”, un espacio que permitirá abordar los estándares internacionales relacionados con este derecho y reflexionar sobre las rutas de prevención y protección disponibles en Costa Rica.

Esta primera actividad marcará el inicio de una agenda de trabajo que se extenderá durante los próximos meses, intentando consolidar un proceso sostenido de diálogo, formación y articulación, en el que las experiencias y conocimientos de las personas defensoras entren en conversación con las herramientas desarrolladas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, organismos internacionales y la Universidad de Costa Rica.

Este tipo de procesos expresa el compromiso de la acción social universitaria con las realidades y necesidades de los territorios. La articulación de saberes académicos y conocimientos construidos desde las comunidades permite generar espacios de reflexión y formación, pero también contribuir a la construcción de herramientas frente a problemáticas que tienen profundas implicaciones para los derechos humanos, la justicia ambiental y la democracia.

El proceso impulsado por Kioscos Socioambientales y ONU Derechos Humanos apuesta, así, por generar espacios donde la experiencia de quienes defienden los territorios sea reconocida como un conocimiento fundamental para construir respuestas colectivas y donde la Universidad pueda contribuir, desde su quehacer académico y de acción social, a la defensa de los derechos humanos y la justicia socioambiental.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

La Contraloría General de la República advierte que la infraestructura pública vital de Costa Rica se gestiona con un modelo reactivo, no preventivo, frente a desastres

El informe «Seguimiento a la Gestión Pública sobre la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vital para la prestación de los servicios públicos de movilidad, electricidad e hidrocarburos» (DFOE-SOS-SGP-00001-2026) evaluó a 21 instituciones responsables de estos servicios entre 2021 y 2025.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la incorporación del enfoque de resiliencia en la infraestructura vital del país para los servicios de movilidad, suministro eléctrico e hidrocarburos, así como en los proyectos de reconstrucción ejecutados tras emergencias declaradas. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Según el estudio, esta infraestructura es altamente vulnerable frente al cambio climático y a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a los ¢859 mil millones entre 2011 y 2025, 57 personas fallecidas por desastres entre 2016 y 2024, y más de 2.300 personas afectadas solo en 2024.

El índice de madurez institucional global se ubicó en un nivel intermedio (56,02%), con el sector movilidad como el de menor desarrollo (55,47%), especialmente en los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Emergencias (51,96%). La Contraloría atribuye estos resultados a la persistencia de un modelo de gestión reactivo, orientado a la reparación y reconstrucción, en lugar de la prevención.

El informe identificó cuatro hallazgos principales:

  1. Reproducción de vulnerabilidades en la infraestructura pública, al no evaluarse sistemáticamente los riesgos de múltiple amenaza (naturales, humanos y de cambio climático) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. La evaluación de riesgos (EDR) obtuvo la calificación más baja del índice, con un nivel básico (42,42%); solo 2 de las 21 instituciones evaluadas (CNFL y ESPH) cuentan con un inventario de infraestructura crítica.

  2. Asimetrías en la gobernanza, con dificultades técnicas para recopilar, compartir y garantizar el libre acceso a los datos, y un componente de gobernanza que apenas alcanzó nivel básico (47,24%).

  3. Vinculación parcial entre resiliencia y gestión de proyectos: de 69 proyectos en operación entre 2021 y 2025, 16 no cuentan con un plan de operación y mantenimiento ni con los recursos para ejecutarlo, y en 49 el mantenimiento es parcial o nulo.

  4. Deuda institucional con la resiliencia comunitaria, ya que 14 de las 21 instituciones evaluadas omiten la evaluación de efectos e impactos de sus proyectos sobre las poblaciones; el sector hidrocarburos (Recope) presenta el mayor rezago en esta área (57,78%), pues 11 de sus 12 proyectos no contemplan el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El estudio también documentó marcadas disparidades entre instituciones de un mismo sector: mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó un nivel alto de madurez (80,66%), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se ubicó en un nivel intermedio bajo (53,15%). Entre los gobiernos locales que ejecutan proyectos de reconstrucción por emergencias, municipalidades como Pérez Zeledón (87,83%) mostraron un desempeño alto, mientras que Coto Brus (30,30%) y Limón (21,90%, nivel inicial) presentaron los resultados más bajos.

Las instituciones evaluadas fueron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en movilidad; el ICE, la ESPH, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en electricidad; la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en hidrocarburos; y en proyectos de reconstrucción, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) junto con las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.

Entre las recomendaciones, la CGR planteó integrar de forma transversal la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida de las obras públicas, estandarizar los modelos de gobernanza de proyectos y de datos, vincular la evaluación financiera y social al ciclo de vida de la infraestructura —asegurando recursos formales para operación y mantenimiento— y consolidar la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impactos en los procesos de resiliencia comunitaria.

El seguimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del Área de Fiscalización de Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, dirigida por Lía Barrantes León.

Bloque Verde: “La acción en las calles es luminaria de esperanza”

Sin una sana separación de poderes, la defensa de nuestros territorios queda a merced de intereses extractivistas.

Las calles siguen siendo esperanza y resistencia frente a quienes destruyen y contaminan nuestra casa común.

Y esto no es un cheque en blanco al Poder Judicial: a ecologistas y pueblos indígenas nos siguen debiendo justicia pronta y cumplida.

Recordamos a Sergio Rojas, Jehry Rivera, Jairo Mora. Su memoria también es lucha.

Le invitamos a ver y compartir.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, activista Ngäbe-Buglé cuestiona: «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»

San José, Costa Rica, 7 de agosto de 2026. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la lideresa Zeidy Brukwä Rodríguez, integrante de la coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y del Pueblo Ngäbe-Buglé, lanzó un llamado a la sociedad costarricense para colocar en el centro del debate la vida, la dignidad y los derechos humanos de las familias indígenas que cada año migran para participar en las cosechas de café.

Su reflexión parte de una pregunta que interpela al Estado, al sector cafetalero y a toda la sociedad costarricense:«¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»

El artículo surge en el contexto de las recientes discusiones nacionales sobre la muerte de niñas y niños indígenas durante la migración cafetalera y reivindica la necesidad de escuchar las voces de quienes han vivido esa realidad en carne propia.

«Muchas de las situaciones que hoy se denuncian no las conozco por informes ni por estadísticas. Las viví en carne propia. Hoy también soy madre. Y quizás por eso me duele aún más que el centro del debate deje de ser la vida de los niños y las niñas para convertirse en una discusión sobre fondos, seguros, inversiones y modelos de gestión», afirma Brukwä.

La activista recuerda que desde pequeña migró junto a su familia para recolectar café. Conoció el frío de las madrugadas, los largos recorridos, el hacinamiento en los albergues, la falta de acceso a la educación y la incertidumbre que enfrentan miles de familias indígenas cada temporada. Desde esa experiencia sostiene que el país mantiene una deuda histórica con el pueblo Ngäbe-Buglé.

Para Brukwä, los avances institucionales que se han alcanzado en los últimos años deben reconocerse, pero también es necesario recordar que muchos de ellos han sido resultado de años de denuncias y de la presión ejercida por las propias comunidades y organizaciones sociales.

«Los derechos no se compensan con programas sociales. Los derechos se garantizan», sostiene. Asimismo, enfatiza que las personas Ngäbe-Buglé no son simplemente mano de obra temporal. «Somos un Pueblo Indígena transfronterizo, con historia, identidad, idioma, espiritualidad, autoridades propias y derechos colectivos. Nuestra existencia no comienza ni termina con la cosecha del café.»

Brukwä advierte que durante décadas la historia de la migración cafetalera ha sido narrada principalmente por instituciones y sectores productivos, mientras que las voces de las propias familias indígenas han permanecido invisibilizadas. Esa historia también incluye discriminación, racismo, explotación laboral, barreras para acceder a servicios públicos, condiciones precarias de vivienda y la vulneración sistemática de derechos humanos.

La lideresa señala que el desarrollo económico del país no puede construirse sobre la vulneración de los derechos de quienes sostienen una parte fundamental de la producción cafetalera nacional.

Su artículo constituye además una respuesta al debate generado tras la publicación del texto «Historias completas construyen confianza: responsabilidad social en el sector café«, escrito por el gerente del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé). Brukwä coincide en que la historia debe contarse completa, pero sostiene que esa historia no comienza con los programas sociales o los mecanismos de aseguramiento, sino con generaciones de familias Ngäbe-Buglé cuyo aporte a la economía nacional nunca se tradujo en el pleno reconocimiento de sus derechos.

«La dignidad de un Pueblo no se mide por los programas que recibe, sino por los derechos que efectivamente se le garantizan. Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»

La publicación también da continuidad al pronunciamiento público presentado el pasado 21 de julio por el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Ese pronunciamiento, respaldado por más de 500 personas y alrededor de un centenar de organizaciones de Costa Rica y Panamá, exige al Estado costarricense garantizar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación y protección social para las familias Ngäbe-Buglé que participan cada año en las cosechas de café.

Mauricio Álvarez Mora, coordinador de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA), señaló que el aporte del artículo de Brukwä radica en devolver la palabra a quienes históricamente han sido objeto de decisiones sin ser escuchados.

«Durante muchos años la realidad de las personas trabajadoras indígenas ha sido contada por instituciones, empresas o personas externas. El principal aporte de Zeidy Brukwä es que coloca en el centro la voz del propio pueblo Ngäbe-Buglé. Escuchar sus experiencias, fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y garantizar mecanismos efectivos para su protección constituye una responsabilidad ineludible del Estado costarricense.»

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para promover el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En Costa Rica, esta conmemoración fue oficializada mediante la Ley N.° 10449, que declara de interés público, académico y cultural la celebración nacional cada 9 de agosto.

UCR realizará foro sobre los retos del Estado de Derecho y el papel del Poder Judicial y la Universidad

La Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario invitan al foro “Retos y perspectivas del Estado de Derecho en Costa Rica: el papel del Poder Judicial y la Universidad”.

La actividad será impartida por magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y contará con la moderación de la Dra. Ilka Treminio Sánchez, del Consejo Universitario.

El foro se realizará el viernes 21 de agosto, a las 3:00 p. m., en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía.

Las personas interesadas en asistir deben confirmar su participación mediante el correo confirmaciones.cu@ucr.ac.cr

Tierra, autonomía y justicia para el pueblo originario Maleku – Madre Tierra

Pronunciamiento público de la Organización Cívica Madre Tierra

La Organización Cívica Madre Tierra, comprometida con la lucha contra el cambio climático, la defensa del desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y la promoción de los derechos humanos, expresa su firme solidaridad con el pueblo originario Maleku en su legítima reivindicación por la recuperación, protección y respeto de sus territorios ancestrales y de su derecho a la autonomía.

Los pueblos indígenas han sido, durante siglos, guardianes de los bosques, las cuencas hidrográficas y de un invaluable patrimonio biológico y cultural. Su conocimiento ancestral constituye un aporte fundamental para enfrentar la crisis climática y construir modelos de desarrollo verdaderamente sostenibles. Proteger sus territorios significa también proteger ecosistemas esenciales para el bienestar de toda la sociedad costarricense.

Para el pueblo Maleku, la tierra no representa únicamente un medio de subsistencia. Es la base de su identidad, su cultura, su lengua, su espiritualidad y su relación armónica con la naturaleza. Defender su territorio es defender un patrimonio nacional que enriquece la diversidad cultural y ambiental de Costa Rica.

La Organización Cívica Madre Tierra recuerda que el Estado costarricense tiene la responsabilidad constitucional e internacional de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, respetando plenamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos reconocen el derecho de los pueblos originarios a conservar y administrar sus territorios, así como a participar libremente en las decisiones que les afectan.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las situaciones de tensión, violencia e intimidación que han acompañado algunos procesos de recuperación territorial.

Se trata de la recuperación de las tierras por parte de un grupo de mujeres malekus, que legal y legítimamente pertenecen a la comunidad indígena, y que desde hace años fueron ocupadas ilegalmente por usurpadores ajenos a esta comunidad.

Adicionalmente, es importante destacar que esa ocupación legítima de las tierras que legalmente pertenecen a la comunidad Maleku, fue respondida con violencia patriarcal por sus ocupantes ilegítimos, contra el grupo de mujeres de la comunidad que pretendían recuperar sus territorios, sin que la fuerza pública interviniera para defender los derechos indígenas.

Rechazamos toda forma de agresión contra las comunidades indígenas y exhortamos a las autoridades competentes a garantizar la seguridad de las personas, el cumplimiento de la ley y una solución basada en la justicia, el diálogo y el respeto de los derechos humanos.

Asimismo, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para reconocer la deuda histórica que Costa Rica mantiene con sus pueblos originarios. La reconciliación con esa historia exige acciones concretas orientadas a garantizar la restitución efectiva de sus derechos territoriales, la preservación de su patrimonio cultural y el fortalecimiento de su autonomía.

La defensa de los pueblos indígenas y la defensa del ambiente son causas inseparables. No puede existir desarrollo sostenible sin justicia social, ni acción climática efectiva sin el reconocimiento de quienes, por generaciones, han protegido los territorios que hoy constituyen una de las mayores riquezas naturales del país.

La Organización Cívica Madre Tierra reafirma su compromiso de acompañar las luchas pacíficas en defensa de la naturaleza, los derechos de los pueblos originarios y la construcción de una Costa Rica más justa, democrática, solidaria y ambientalmente responsable.

San José, Costa Rica, agosto de 2026.
Organización Cívica Madre Tierra
“Por la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.”