MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia Dirigente Sindical ANEP, Escritor Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com Cel. 62764133
Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar realidades que preferimos no nombrar. Una de ellas es kakistocracia.
El término proviene del griego kákistos, «el peor», y kratía, «gobierno». Tradicionalmente se utiliza para describir el gobierno de los peores o, en un sentido más amplio, un sistema en el que la incompetencia, la mediocridad, la arbitrariedad o la lealtad personal pueden terminar imponiéndose sobre el mérito, la capacidad y el interés institucional.
Aplicar este concepto a las universidades públicas costarricenses no debería interpretarse como una acusación contra personas determinadas. Debe entenderse como una pregunta incómoda sobre la calidad de nuestras instituciones.
¿Estamos construyendo universidades donde prevalecen el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia de criterio, o estamos permitiendo que otros factores-clientelismo, amiguismo, ascensos futuros, estabilidad laboral, otros- tengan un peso excesivo en la selección de quienes ejercen el poder universitario?
La universidad debería ser el último lugar donde el mérito pierda valor
Una universidad no es simplemente una organización administrativa. Es una institución cuya razón de ser está vinculada con el conocimiento, la investigación, la formación profesional, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando el mérito comienza a perder importancia dentro de una universidad, el problema trasciende a las personas que ocupan temporalmente determinados cargos.
Se deteriora la cultura institucional.
La kakistocracia universitaria no necesariamente aparece de manera repentina. Puede comenzar con pequeñas señales:
un nombramiento cuyos criterios no son suficientemente claros;
un procedimiento cuya transparencia puede ser cuestionada;
una decisión que carece de mecanismos eficaces de revisión;
una estructura donde la lealtad tiene más valor que la independencia;
una cultura institucional en la que cuestionar una decisión resulta más difícil que aceptarla.
Ninguna de estas situaciones, por sí sola, permite afirmar que existe una kakistocracia. Pero sí puede justificar una pregunta:
¿Estamos diseñando nuestras instituciones para que los mejores criterios -experiencia, capacidad demostrada, liderazgo, consciencia institucional, capacidad de negociación, capacidad de resolución de conflictos y otros- prevalezcan?
Rectorías y consejos universitarios: donde la pregunta adquiere mayor importancia
Si queremos analizar el gobierno de las universidades públicas, debemos observar los espacios donde se concentra la mayor responsabilidad institucional. Las rectorías y los consejos universitarios son ejemplos fundamentales. No porque quienes ocupen esos cargos sean necesariamente incompetentes o actúen incorrectamente. Afirmarlo respecto de personas concretas requeriría evidencia objetiva.
El punto es otro, y es mucho más de fondo.
El verdadero problema no es la idoneidad moral de los individuos, sino la complacencia de un diseño institucional que suele confundir la legitimidad democrática con la aptitud técnica y estratégica. Precisamente porque son cargos de enorme responsabilidad, los requisitos y mecanismos para acceder a ellos deberían ser especialmente exigentes, blindados contra la política interna de favores y el clientelismo académico. Sin embargo, estos liderazgos se eligen mediante sistemas de votación que arrastran un sesgo democrático de origen: el derecho al voto se reserva casi exclusivamente para el personal con plaza en propiedad, excluyendo por completo a la población docente interina.
Una Rectoría no es simplemente un puesto administrativo, ni un premio de consolación a la veteranía.
Quien ejerce la Rectoría participa en la conducción estratégica de la universidad, representa a la institución, administra recursos públicos y toma decisiones capaces de producir efectos durante muchos años. No basta con ser un académico destacado para saber gestionar presupuestos multimillonarios o negociar con el entorno político y social.
Los consejos universitarios, por su parte, participan en decisiones fundamentales para la vida académica y administrativa. Sin embargo, con frecuencia se convierten en asambleas corporativistas donde se defienden intereses de sector, de facultad o de gremio, por encima del interés superior de la institución.
Por eso cabe preguntar de forma frontal: ¿Qué tan exigentes son nuestros sistemas para seleccionar a quienes aspiran a gobernar las universidades públicas? ¿Se privilegia realmente la capacidad, la visión estratégica y la ética pública? ¿O el sistema electoral universitario castiga la independencia de criterio y premia al candidato que ofrece discursos cómodos, promesas corporativas y continuismo?
¿Cómo hablar de democracia universitaria cuando se normaliza la precarización de una enorme masa de docentes atrapados bajo la figura de la estabilidad impropia, sosteniendo cotidianamente las aulas, pero privados del derecho a ser electores?
¿Hemos diseñado filtros que evalúen de manera objetiva la trayectoria y la capacidad de administrar recursos, o permitimos que las campañas universitarias se conviertan en concursos de popularidad condicionados por el miedo a perder el nombramiento o por la promesa clientelar de obtener, finalmente, una plaza en propiedad?
Evadir el debate sobre la profesionalización del gobierno universitario y la exclusión democrática de sus propios trabajadores bajo la excusa de defender la autonomía es una contradicción. La autonomía se defiende con excelencia, inclusión y rendición de cuentas, no con opacidad, precarización laboral o endogamia institucional.
Estas preguntas no debilitan la universidad. La fortalecen, porque la obligan a mirarse en el espejo de sus propias inconsistencias antes de que factores externos utilicen esas debilidades para desmantelarla.
El problema de la selección negativa
Uno de los riesgos más serios que puede enfrentar cualquier organización es la selección negativa.
En una institución saludable, las personas más preparadas deberían tener posibilidades reales de asumir responsabilidades. Pero una organización puede desarrollar, consciente o inconscientemente, una dinámica diferente: aquella en la que prosperan más fácilmente quienes se adaptan al sistema que quienes lo cuestionan.
El profesional independiente pregunta.
El académico crítico cuestiona.
El especialista advierte riesgos.
El funcionario responsable señala posibles errores.
Todos ellos pueden resultar incómodos. Pero precisamente por eso son indispensables.
Una universidad que pierde la capacidad de escuchar a sus voces críticas comienza a perder una parte esencial de su naturaleza.
Porque una universidad debe enseñar pensamiento crítico, no solamente transmitir conocimientos. Y sería contradictorio enseñar a los estudiantes a cuestionar mientras dentro de la propia institución se desalienta el cuestionamiento.
Lealtad personal no es compromiso institucional
Existe una diferencia fundamental entre lealtad personal y compromiso institucional. El compromiso institucional consiste en defender la universidad, sus principios, sus estudiantes, sus funcionarios y el interés público. La lealtad personal consiste en respaldar a determinadas personas. Cuando ambos conceptos se confunden, aparece un riesgo.
Una universidad pública no debería necesitar personas leales a individuos. Debería necesitar personas leales a la institución, a la legalidad, al conocimiento y al interés público. La verdadera lealtad universitaria no debería preguntarse:
«¿A quién debo apoyar?» Sino: «¿Qué es lo mejor para la institución?»
La autoridad también debe poder ser cuestionada
Una universidad necesita autoridad. Pero ninguna autoridad debería considerarse infalible. La verdadera fortaleza institucional aparece cuando alguien puede decir:
«Esta decisión puede estar equivocada».
Y cuando la institución puede responder: «Vamos a revisarla». Eso es institucionalidad. Una universidad saludable no teme la discrepancia. La utiliza para mejorar.
El problema comienza cuando la crítica se interpreta automáticamente como deslealtad, enemistad o ataque. La discrepancia profesional no debería ser castigada. Debería ser escuchada.
La universidad pública pertenece a la sociedad
Las universidades públicas son patrimonio de Costa Rica. Sus recursos, infraestructura, legitimidad y misión tienen una dimensión pública. Por eso, defender la universidad pública no significa defender automáticamente a quienes la administran.
A veces, defenderla significa precisamente exigirle más.
Más transparencia.
Más mérito.
Más eficiencia.
Más rendición de cuentas.
Más responsabilidad.
Más respeto por la legalidad.
Más apertura al debate.
La universidad pública no debería ser patrimonio de grupos, personas o administraciones. Debe estar al servicio de la sociedad.
La solución no es cambiar nombres: es mejorar las reglas
Si una institución presenta problemas de gobierno, la solución no debería consistir únicamente en sustituir personas. Porque mañana pueden llegar otras y reproducir exactamente las mismas dinámicas. La verdadera solución está en fortalecer las instituciones.
Necesitamos:
procesos transparentes para acceder a cargos de responsabilidad;
criterios objetivos de selección;
evaluación del desempeño;
rendición de cuentas;
transparencia en los nombramientos;
independencia de criterio;
respeto a la libertad académica;
mecanismos eficaces de revisión;
órganos de control efectivos;
protección para quienes planteen cuestionamientos de buena fe;
y una verdadera cultura institucional del mérito.
La excelencia no puede depender de quién ocupa un despacho. Debe estar incorporada al sistema.
La pregunta que deberíamos hacernos
La pregunta fundamental para nuestras universidades públicas no debería ser únicamente:
¿Quién manda? Deberíamos preguntar: ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Con qué criterios fue seleccionado? ¿Cómo se evalúa su desempeño?
Y, sobre todo: ¿Qué sucede cuando alguien demuestra que una decisión puede estar equivocada?
Si la institución escucha, analiza, investiga y corrige, existe salud institucional. Si la respuesta sistemática fuera silenciar, marginar o desestimular la discrepancia, tendríamos un problema que merecería ser examinado. No necesariamente porque exista corrupción. No necesariamente porque exista mala fe.
Sino porque una institución que pierde la capacidad de reconocer sus errores y corregirlos comienza a debilitarse.
Kakistocracia: una advertencia, no una sentencia
Debemos ser cuidadosos con esta palabra. No corresponde utilizar «kakistocracia» como una etiqueta para descalificar personas o instituciones sin evidencia. Su verdadero valor está en utilizarla como una herramienta de análisis y una alerta democrática.
Nos obliga a preguntarnos si nuestros sistemas están seleccionando y promoviendo a quienes poseen las mejores capacidades, preparación, independencia de criterio y compromiso con el interés público.
Porque una democracia no solamente necesita buenos gobernantes. Necesita buenas instituciones. Y una universidad pública no solamente necesita excelentes profesores. Necesita excelentes sistemas para seleccionar, administrar, evaluar, corregir y rendir cuentas.
El verdadero examen
La verdadera prueba de una universidad no está en que nunca se equivoque. Eso sería imposible. La verdadera prueba está en qué hace cuando se equivoca.
¿Escucha? ¿Investiga? ¿Corrige? ¿Acepta la crítica? ¿Protege al que plantea una preocupación legítima? ¿Reconoce que ninguna autoridad es infalible?
Una universidad que responde afirmativamente a estas preguntas demuestra fortaleza. Porque el verdadero peligro no es que alguna vez se tome una mala decisión.
El verdadero peligro comienza cuando una institución pierde la capacidad de reconocerla, cuestionarla y corregirla.
Es ahí donde la palabra kakistocracia deja de ser solamente un concepto político. Se convierte en una advertencia sobre la calidad del gobierno de nuestras instituciones. Y quizá la pregunta más importante que Costa Rica debería hacerse respecto de sus universidades públicas sea esta:
¿Estamos formando profesionales para transformar el país mientras construimos, dentro de nuestras propias universidades, instituciones capaces de transformarse a sí mismas? Entendiendo como autotransformarse mediante un proceso continuo de sana crítica, concertación, diálogo, espacios abiertos, evaluaciones y escucha, entre otros.
Si la respuesta es sí, el futuro es prometedor.
Si la respuesta es no, la discusión apenas comienza.
¿Qué implicaría el Tratado Transpacífico para el agro costarricense? Ideas centrales de un foro del Frente Agroalimentario Nacional
Lácteos, arroz, café y carne, entre los sectores más expuestos ante el Tratado Transpacífico
SURCOS comparte una síntesis de las ideas centrales del foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario de Costa Rica. Lo organizó el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica y se realizó el martes 6 de octubre. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional. Moderó la actividad Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería y exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, en representación del Frente.
Esta síntesis busca aportar elementos para que las organizaciones del sector agropecuario conversen el tema con sus personas afiliadas y en las comunidades.
1. Un comercio mundial inestable
En el foro se expuso que el comercio internacional atraviesa un período de mucha volatilidad y de fragmentación en bloques comerciales. Influyen en esto la rivalidad entre grandes potencias, como China y EUA; los conflictos geopolíticos, como los de Ucrania y Rusia y los de Medio Oriente; y las interrupciones en las cadenas globales de suministro.
En el país, además, hay factores que afectan la competitividad de quienes producen:
Política cambiaria: la fuerte revaluación del colón reduce los ingresos de quienes exportan y abarata de forma artificial las importaciones.
Costos de operación altos: mano de obra (incluidas las cargas sociales), insumos agrícolas, fertilizantes y financiamiento.
Limitaciones logísticas y de regulación: deficiencias en la infraestructura portuaria, como los cuellos de botella en Puerto Caldera, y atrasos o trabas en el registro de agroquímicos y de moléculas genéricas esenciales.
2. ¿Un mercado nuevo? Lo que muestran los datos
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) reúne a 12 economías, entre ellas Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Chile y Perú. Según lo planteado en el foro, adherirse no significaría para Costa Rica un «nuevo mercado» de gran escala, por tres razones:
Ya hay tratados vigentes: Costa Rica tiene tratados de libre comercio (TLC) con la mitad de los miembros, como Canadá, Chile, Perú, México y Singapur. Con esos países se da la mayor parte del comercio con el bloque.
Las exportaciones a Asia son pocas: las ventas costarricenses a los mercados asiáticos del bloque siguen siendo marginales en porcentaje.
Las condiciones de adhesión son fijas: como el país entraría como adherente y no como miembro fundador, no puede renegociar el texto ni pedir protecciones especiales. Tendría que aceptar el acuerdo tal como fue redactado.
3. Los sectores más expuestos
En la exposición se identificaron los sectores agropecuarios sensibles, el desafío principal de cada uno y de dónde vendría la competencia:
Lácteos: si los aranceles bajan a 0 %, el sector quedaría expuesto a leche fluida y en polvo con precios que la estructura de costos local no puede igualar. Principal competidor: Nueva Zelanda, el mayor exportador mundial.
Ganadería de carne (bovina): Australia tiene grandes economías de escala y exporta volúmenes que el hato nacional no puede igualar.
Arroz: podría ingresar grano a precios muy bajos, que en su país de origen recibe fuertes subsidios e incentivos estatales. Vendría de Vietnam y, más adelante, de posibles nuevos adherentes como Uruguay.
Café y torrefacción: podría ingresar café robusta de bajo costo de Vietnam para mezclarlo y procesarlo, lo que desplazaría la torrefacción de café arábico nacional.
Aceite de palma: habría una competencia de gran escala en aceites y derivados con Malasia, segundo productor mundial, que tiene costos muy reducidos.
Horticultura (papa y cebolla): se abrirían contingentes arancelarios e importaciones con riesgo de subfacturación o de prácticas desleales de comercio. Vendrían de Canadá y de países sudamericanos.
4. Desigualdades en propiedad intelectual, normas técnicas y solución de conflictos
Registro de agroquímicos y moléculas: las cláusulas del CPTPP sobre datos de prueba y patentes alargan los plazos de protección a favor de las multinacionales. Eso limita el acceso de agricultoras y agricultores a insumos genéricos de menor costo.
Barreras no arancelarias: los países desarrollados del bloque aplican controles fitosanitarios y de inocuidad muy estrictos, que en la práctica bloquean la entrada de productos costarricenses. Costa Rica, en cambio, no cuenta con mecanismos ágiles de defensa comercial ni de vigilancia de mercado para frenar importaciones en condiciones desleales.
Solución de controversias: el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está paralizado. Eso deja a los países pequeños en desventaja cuando un socio comercial más grande incumple o impone barreras arbitrarias.
5. Consideraciones finales para el sector agroalimentario
Evaluar con rigor: la adhesión a tratados comerciales debe examinarse con datos técnicos, con el balance comercial y con la realidad de los costos de producción locales. No debe darse por sentado que la apertura de aranceles trae beneficios automáticos.
Defender el empleo rural: las actividades agropecuarias son la principal fuente de empleo y de estabilidad social en las zonas rurales. Si estos sectores pierden competitividad, la economía de las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) recibe el golpe directo.
Contar con una política de Estado integral: antes de asumir nuevos compromisos multilaterales, el sector necesita una política nacional que reduzca los costos de producción, resuelva los cuellos de botella logísticos y garantice una fiscalización justa en las fronteras.
El foro completo está disponible en YouTube. SURCOS invita a verlo y a compartirlo en las organizaciones y en las comunidades: https://youtu.be/q7xR6CYUodo
La Oficina de Bienestar y Salud (OBS) y el Cine Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) invitan a un cine foro con la película costarricense El Pájaro de Fuego, del director César Caro Cruz. La actividad forma parte de la Semana de la Salud Mental, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
La función se realizará el jueves 8 de octubre a las 6:00 p. m. en el Auditorio de la Facultad de Derecho, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. La entrada es libre y gratuita, y habrá palomitas para las primeras personas en llegar.
Después de la proyección se abrirá un espacio de reflexión y conversación sobre salud mental con la participación del equipo de producción y de los actores de la película. El conversatorio será moderado por la M.Sc. Adriana Solano Mora, psicóloga de la OBS-UCR.
El Pájaro de Fuego cuenta con las actuaciones de Larry Olivas, Noelia Campos, Kendall Guillén y Diego Rojas. Según su afiche, la historia sigue a Tony, un joven que «tenía un plan, pero no tenía idea de lo que allí encontraría».
La actividad es organizada por la Oficina de Bienestar y Salud y el Cine Universitario, de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Para más información puede escribir a cine.vas@ucr.ac.cr o consultar las redes del Cine Universitario (Instagram: cineucr; Facebook: UCRCINE).
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.
En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.
«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».
Un impacto que recae en la ciudadanía
La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».
Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».
Seis acciones
Ante esta situación, RENASES:
Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.
Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.
Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.
Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.
Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.
Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.
«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta la octava entrega de la serie que SURCOS viene publicando sobre sus gestiones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en torno al financiamiento de los seguros sociales.
En entregas anteriores, la ACSS cuestionó que el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) traslade al Seguro de Enfermedad y Maternidad un 5% de cotización que, según la organización, debería cubrir el Estado (parte 5). También reclamó al auditor interno de la CCSS un criterio independiente sobre la legalidad de esos aportes (parte 6). En la parte 7 pidió a la Dirección Actuarial y Económica desglosar las finanzas del Seguro de Salud por modalidad de aseguramiento y separar el costo del primer nivel de atención, que corresponde al Estado.
En esta entrega, la ACSS da a conocer el oficio ACSS-016-2026, del 22 de setiembre, dirigido al director jurídico de la CCSS, Gilberth Alfaro Morales, y a los abogados Guillermo Mata Campos e Ileana Badilla Chaves.
En el oficio, la ACSS recuerda que la CCSS administra, además del seguro social obligatorio (Ley Constitutiva N.° 17 y artículo 73 de la Constitución), otros seguros y programas de salud creados o trasladados por leyes especiales. Entre ellos están el seguro de las personas aseguradas por cuenta del Estado (Ley N.° 5349), el de las personas pensionadas (Ley N.° 5905) y el primer nivel de atención (Ley N.° 7374). Según la organización, la Constitución y una sentencia de la Sala Primera prohíben usar los fondos del seguro obligatorio para financiar esos programas.
La ACSS sostiene que un dictamen de la propia Dirección Jurídica de 2008 (D.J. 3519-08) estableció con claridad esa prohibición, pero que dictámenes posteriores, de 2015 y 2017, fueron interpretados por la Administración como si permitieran manejar el Seguro de Salud como un único régimen, sin balances por modalidad. Con base en un informe de la Auditoría Interna de 2017, señala que el propio abogado Guillermo Mata aclaró entonces que la contribución de cada modalidad debe establecerse según sus costos. Aun así, afirma que la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2023 sigue apoyándose en los criterios de 2015 y 2017, y no presenta ingresos, gastos ni balances por modalidad.
La ACSS también responde al oficio GA-DJ-09281-2026, con el que la Dirección Jurídica remitió a la Gerencia de Pensiones su consulta de la parte 5 sobre el aporte del IVM al Seguro de Salud. Según la organización, se trata de un asunto estrictamente jurídico, que corresponde a la Dirección Jurídica.
Por eso, solicita a la Dirección Jurídica que informe si cambió el criterio de 2008 y por qué razones legales; que aclare si sus oficios posteriores autorizan a no hacer balances por modalidad o a usar fondos del seguro obligatorio en programas especiales; y que entregue varios oficios y el dictamen jurídico que respaldó la reforma de 2005 al artículo 3 del Reglamento del IVM. Pide además que garantice que sus criterios se apegan estrictamente al bloque de legalidad y que, si no es competente para alguna petición, la traslade a la instancia correspondiente.
A continuación, SURCOS comparte el comunicado completo de la ACSS.
ACSS le pide a la Dirección Jurídica de la CCSS garantía de que sus criterios se apegan al principio de legalidad que rige al seguro social obligatorio y a otros seguros de salud
(Parte 8)
Esta publicación constituye la octava entrega de la serie divulgada por Surcos Digital. En la Parte 7 se informó que la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Dirección Actuarial de la CCSS apegarse al principio de legalidad e información de interés público relacionado con las finanzas del seguro de salud según modalidad de aseguramiento.
En esta ocasión se da a conocer una nueva gestión impulsada por la ACSS, que mediante el oficio ACSS-016-2026, del 22 de setiembre de 2026, dirigido al Licenciado Gilberth Alfaro Morales, Director, Licenciado Guillermo Mata Campos, Abogado y Licenciada Ileana Badilla Chaves, Abogada, todos de la Dirección Jurídica de la CCSS, hace un recuento de la normativa constitucional y legal que regula el seguro social obligatorio (Ley Constitutiva de la CCSS) y las coberturas de salud que fueron asignadas a la CCSS por otras leyes especiales, como la ley N° 5349 del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, la ley del seguro de salud de los pensionados N° 5905 y la Ley N° 7374 sobre el primer nivel de atención de la salud trasladado a la CCSS.
También la ACSS hace un repaso de criterios emitidos por la Dirección Jurídica, en particular un dictamen de 2008 que aclara con meridiana claridad que el dinero de los seguros sociales obligatorios de la Ley N° 17, no puede ser usado para financiar gastos de otras leyes especiales; pero que posteriormente, otros oficios de la misma Dirección Jurídica parecen modificar ese criterio de 2008.
Por lo tanto, la ACSS le pide a la Dirección Jurídica de la CCSS información sobre el eventual cambio de criterio y garantía de que estos se apeguen al principio de legalidad.
A continuación, se transcribe el texto del oficio ACSS-016-2026:
“22 de setiembre de 2026 ACSS-016-2026
Licenciado Gilberth Alfaro Morales, Director
Licenciado Guillermo Mata Campos, Abogado
Licenciada Ileana Badilla Chaves, Abogada
DIRECCIÓN JURÍDICA
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Asunto: Petición, solicitud de información y comentarios en relación con el oficio GA-DJ-09281-2026 del 4 de setiembre de 2026
Estimados señores, estimada señora,
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) tiene el gusto de dirigirse a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez solicitarles lo siguiente.
Considerando
Como es del conocimiento de ustedes, la CCSS administra, además del seguro social obligatorio creado por la Ley Constitutiva de la CCSS n.° 17 y el artículo 73 de la Constitución Política, otros seguros y programas de salud creados o trasladados a la Caja por leyes especiales (Artículo 2 y 7 de Ley n.° 5349 Universalización del Seguro de Enfermedad y maternidad; Ley n.° 5905 Pensionados Protegidos Seguro de Enfermedad y maternidad, artículos 7, 8 y 9 de Ley n.° 7374: Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela, entre otras). De conformidad con el párrafo tercero del artículo 73 constitucional y la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Expediente 13-006261-1027-CA, Resolución Nº 00197 – 2018), la CCSS tiene prohibido usar los fondos y las reservas del seguro social obligatorio para financiar el costo de los regímenes y programas de salud creados por esas leyes especiales.
En tal sentido, el seguro de salud incluye diversas modalidades de aseguramiento, cada una de ellas tiene su ley de creación y sus propias fuentes de financiamiento. Así lo ha indicado esa Dirección Jurídica en varios dictámenes, entre ellos el n.° D.J. 3519-08 del 7 de mayo de 2008. No obstante, también esa Dirección Jurídica emitió otros dictámenes que generaron cierta confusión o controversia, en particular, a la Auditoría Interna y la Administración de la CCSS, tal y como consta en el informe ASF-112-2017 de fecha 06-10-2017 que le adjuntamos. En la página 41 de dicho informe dice lo siguiente:
“2) Se inició la sesión de trabajo exponiéndole al Lic. Guillermo, la controversia que está generando que posterior al criterio DJ-3519-08 el cual es claro al indicar que no deben usarse recursos del seguro obligatorio para financiar programas con financiamiento específico de Leyes Especiales, se emitieran los criterios DJ-1820-2015 Y DJ-431-2017, los cuales parecieran tener una línea jurídica distinta. Se resalta que, aunque los 2 últimos criterios no atienden la consulta específica sobre la posibilidad de usar fondos del seguro obligatorio en programa especiales como Asegurados por el Estado, si se relacionan, ya que están orientados a establecer si debe llevarse controles sobre los ingresos versus los costos (balances) de cada modalidad de aseguramiento para poder determinar la suficiencia de la cuota o contribución global de cada una de ellas.”
En la página 42 del mismo informe, dice textualmente:
“La Licda. Mayela Castro, explica de nuevo la controversia (…). Se resalta que aunque estos últimos 2 criterios no atienden la consulta específica sobre la posibilidad de usar fondos del seguro obligatorio en programas especiales como Asegurados por cuenta del Estado, como si lo fue el primero (DJ-3519-08), si se relacionan entre sí, ya que están orientados a establecer si debe realizarse balances (monitorear la relación ingresos/gasto) de cada modalidad de aseguramiento para poder determinar la suficiencia de la cuota o contribución de cada una de ellas, y que la Administración, específicamente la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial, están interpretando una línea jurídica distinta a la sostenida en el DJ-3519-08, ya que al concluirse en dichos criterios que el Seguro de Salud, es un único régimen, la unidades administrativas señaladas, interpretan que el control sobre los ingresos versus costos debe llevarse de forma generalizada, sin determinar ni señalar si los ingresos de cada modalidad de aseguramiento cubren o no los costos o gastos individualmente, es decir por modalidad, ya que presuntamente eso quebrantaría el principio de Solidaridad. Eso a pesar de que el Reglamento del Seguro de Salud, establece que las contribuciones deben establecerse con base en los costos de aseguramiento.”
A pesar de que don Guillermo Mata Campos aclaró que la conclusión o controversia no existe, como consta en el mismo informe, pues en la página 43 dice lo siguiente (destacamos en negrilla y subrayado):
“9) El Lic. Guillermo Mata, señala que entiende ahora lo que le preocupa a la Auditoría y explica: El Seguro por Cuenta del Estado, se maneja institucionalmente como una modalidad de aseguramiento del Seguro de Salud, porque brindamos una protección a la población indigente, no una venta de servicios médicos. Pero el hecho de que sea una protección no implica que no deba cobrarse de acuerdo con los costos que determinen estudios actuariales. La Solidaridad no se puede ver separada del principio de Sostenibilidad Financiera.
Si bien es cierto, una vez que los recursos ingresan a la CAJA, no puede hacerse diferencia en los beneficios que se otorgan a ninguno de los asegurados, la contribución de cada modalidad de aseguramiento debe establecerse con base en los costos de cada modalidad. De esta forma se aplican ambos principios; el de Solidaridad y el principio de Sostenibilidad Financiera.
10) El Lic. Guillermo Mata, solicita a los presentes que se le brinde unos minutos para ir a su oficina y traer un oficio mediante el cual recientemente esa Dirección Jurídica, a solicitud de la Gerencia Financiera, emitió una ampliación del criterio externado en el oficio DJ- 693-2013, el cual considera que puede aportar para aclarar más la postura de esa Dirección Jurídica en los criterios que se están analizando y que en apariencia la administración estaría dando una interpretación distinta.
11) El Lic. Guillermo Mata, regresa a la reunión 15 minutos después y aporta el oficio DJ- 03836-2017 del 30 de junio 2017, el cual corresponde efectivamente a una ampliación de criterio solicitada por la Gerencia Financiera en oficio GF-1460-2017 del 5 de mayo 2017. “
Lo cierto es que la Administración de la CCSS sigue entendiendo que con base en los criterios emitidos por la Dirección a su cargo, no hay ninguna obligación de realizar balances actuariales por modalidad de aseguramiento y por lo tanto, no se puede conocer si se está violando o no el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política; tampoco se puede saber si hay un déficit que debe asumir el Estado de conformidad con los artículos 2 y 7 de la Ley 5349; ni se puede saber si hay un déficit de conformidad con el artículo 2 de la ley 5905 que también le corresponde al Estado y lo que es peor aún, la Administración de la CCSS, no separa en sus balances el costo generado por la aplicación de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 7374. Tampoco puede determinarse cómo separar la prima del seguro social obligatorio en los dos tractos que ordenan los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Lo anterior lo pueden constatar viendo lo que expresan los actuarios de la Dirección Actuarial en las páginas 35 y 36 de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2023 EST-0020-2026 Versión 01 Febrero, 2026” elaborada por la Dirección Actuarial de la Caja, que textualmente dicen (suplimos la negrilla y el subrayado):
“Por otro lado, en relación con la normativa asociada con las poblaciones cubiertas por leyes especiales, se considera la Ley Nº 7735 y Ley Nº 8312 “Ley General de Protección a la Madre Adolescente”, Ley Nº 8612 “Aprobación de la Convención Iberoamericana de los Jóvenes”, Ley Nº 7374 “Préstamo BID Programa Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”, Decreto Ejecutivo Nº 33119-S, Decreto Ejecutivo Nº 17898-S, Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras.”
Sin embargo, no separan en sus cálculos el costo que generó a la CCSS la Ley 7374.
Continúan diciendo los actuarios:
“Por último, se consideran diversos criterios jurídicos emitidos por la Institución asociados con diferentes aspectos y particularmente en relación con el financiamiento. Sobre este último punto cabe destacar el oficio DJ-1820-2015, mediante el cual se atiende consulta de la Gerencia Financiera en relación con la procedencia de «determinar balances entre ingresos y gastos o costos derivados de las prestaciones de servicios de salud, según modalidad de aseguramiento, a saber: trabajadores independientes, asegurados voluntarios, convenios especiales, asalariados y pensionados; así como registrar cuentas por cobrar para cada segmento y de que en caso de que se determine algún déficit relativo a alguna de estas poblaciones, se proceda a cobrar al Estado la suma correspondiente.»
Al respecto, el criterio de la Dirección Jurídica establece en lo que interesa lo siguiente:
“…se observa que tal y como lo señala el consultante las recomendaciones que externa la Auditoría no solo implicarían necesariamente una modificación de las disposiciones reglamentarias que actualmente se encuentran vigentes, sino que también implican una afectación del Principio de Solidaridad, por cuanto el propio artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja no establece que la determinación de las contribuciones lo es dependiendo del costo de los servicios según determinado grupo, sino que lo dispone en forma general, según sector contributivo.”
Para una mayor claridad en relación con alguna normativa asociada con las poblaciones cubiertas por el Seguro de Salud y su aplicación en el financiamiento de dicho seguro; se realizó consulta a la Dirección Jurídica en forma puntual, sobre lo siguiente:
“I. ¿Los regímenes de protección de administra la CCSS, según los artículos 33º y 34º de la Ley Constitutiva, son el régimen de reparto del Seguro de Salud y el Régimen de capitalización del Seguro de Pensiones, o dentro del Seguro de Salud existen otros regímenes?
II. ¿La modalidad de aseguramiento de asalariados, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, pensionados, asegurados por Cuenta del Estado, etc. se pueden conceptualizar como regímenes, y por tanto darles el alcance que indica la Ley Constitutiva, en sentido de no permitir transferencias entre regímenes?”
Al respecto, mediante oficio DJ-0431-2017 de abril del 2017 se emite el criterio en atención a la consulta planteada, de donde se pueden extraer los siguientes aspectos, que contestan puntualmente cada una de las consultas anteriores:
“En relación con la primera consulta vale indicar que teniendo en consideración tanto lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, como lo dispuesto en los artículos 1, 2, 33, 34 y 35 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se observa que la Institución administra únicamente dos Regímenes en materia de seguros sociales: el Régimen de Salud o Reparto (…) y el Régimen de Pensiones o Capitalización Colectiva.
En relación con la segunda consulta, procede a señalar que desde el punto de vista legal las modalidades de aseguramiento como asalariado, trabajador independiente, asegurado voluntario, pensionados, asegurados por cuenta del Estado, entre otros, no se pueden conceptualizar como regímenes, sino que es la forma como la Institución ha venido determinando los distintos sectores o grupos que reciben protección y beneficios de los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, según sea el caso.””
Puede notar esa Dirección que en el estudio actuarial del seguro de salud que le estamos enviando, no se aclara ni se incluyen los nuevos oficios elaborados por esa Dirección mencionados en el informe ASF-112-2017 con los cuales la Auditoría Interna determinó que no existía ninguna controversia, ni se cambió el criterio emitido en el dictamen n.° D.J. 3519-08 del 7 de mayo de 2008 firmado por Lic. Andrey Quesada Azucena, Licda. Marianela Ovares Aguilar y más recientemente con la firma digital del director jurídico Gilberth Alfaro Morales. En dicho criterio, se indica lo siguiente, en lo que interesa:
“Los distintos regímenes de seguridad social administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social para efectos financieros deben dividirse en dos grupos: los subsumidos en el concepto «Seguro Social Obligatorio acorde con el artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y los regímenes que están fuera de esta calificación, sea el régimen de asegurados a cargo del estado o los creados por ley especial.”
“Los fondos de los regímenes que no se encuentren contemplados dentro del Seguro Obligatorio, como la Protección de la Salud de asegurados a cargo del estado u otros regímenes de protección creados por Ley especial que se financien con destinos específicos, no pueden recibir fondos de la seguridad social por disposición expresa del artículo 73 constitucional, por lo que no es jurídicamente posible que se efectúen traslados de fondos.”
Como ustedes pueden corroborar en el estudio actuarial que le remitimos, en la Sección “9.5 Resultados por modalidad de aseguramiento” no se presentan los gastos ni los ingresos por modalidad de aseguramiento, ni tampoco el balance actuarial (Ingresos menos gastos) por modalidad de aseguramiento. Tampoco aparece el costo del primer nivel de atención de la salud que es una obligación estatal conforme al artículo 9 de la Ley n.° 7374, sino que se incluye dentro del costo del seguro social obligatorio y las otras modalidades de aseguramiento.
Dado que esa interpretación que está haciendo la Administración de la CCSS -supuestamente amparada en criterios de esa Dirección-, no permite conocer con meridiana claridad si se está violentando o no el párrafo tercero del artículo 73 constitucional, así como si se está cumpliendo o no con lo ordenado en los artículos de las leyes especiales citados en el primer párrafo de este oficio, nos permitimos realizarle la siguiente petición de conformidad con el artículo 27 de la Constitución y con lo regulado en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
Asimismo, le reiteramos que nuestro oficio ACSS-009-2026 versa fundamentalmente sobre la legalidad de que el IVM le esté aportando al SEM una contribución que fue exonerado de pago por la Ley n.° 6230 del 2 de mayo de 1978, conforme se indica en el artículo 3 del Reglamento de IVM. Es decir, es un asunto estrictamente jurídico. Por lo tanto, no es del todo correcto lo afirmado en su oficio GA-DJ-09281-2026 del 4 de setiembre de 2026, que dice:
“Al respecto, una vez revisado el contenido de la gestión planteada, se informa que los asuntos consultados versan sobre aspectos técnicos, financieros y operativos relacionados con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y su vinculación con el Seguro de Enfermedad y Maternidad, materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la Gerencia de Pensiones de esta Institución.
En virtud de lo anterior, respetuosamente se informa que corresponde a dicha Gerencia conocer y atender la solicitud planteada, por tratarse de temas propios de su competencia técnica y funcional.”
Así mismo, dado que en su oficio también señala “Lo anterior, sin perjuicio de que, de estimarse necesaria una valoración sobre aspectos estrictamente jurídicos relacionados con la materia consultada, la dependencia competente pueda requerir oportunamente el criterio de esta Dirección.” (Destacado es del original) y tomando en cuenta que el artículo 1 del Reglamento de esa Dirección establece lo siguiente:
“Artículo 1º—De la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal, la representación judicial en defensa de los intereses de la organización, en los términos y condiciones de la legislación aplicable. Otorga el apoyo y la asistencia profesional a la Junta Directiva y las autoridades superiores mediante la emisión de criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. Tendrá independencia de criterio en materia legal, en el desempeño de sus funciones, y mantendrá las relaciones de coordinación técnica-funcional con otros abogados de los demás órganos de la Administración.”
En adición, el inciso b) del artículo 10 de la Ley de Regulación del Derecho de petición n.° 9097 dice textualmente:
“b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.”
Por todo lo anterior nos permitimos insistir en la entrega de la información que se indica más abajo, relacionada con este asunto.
Petitoria
Primero. Solicitamos que nos informe si esa Dirección Jurídica ha cambiado el criterio emitido en el dictamen n.° D.J. 3519-08 del 7 de mayo de 2008. En el caso de que esa Dirección sí haya cambiado el criterio emitido en el dictamen n.° D.J. 3519-08, solicitamos que nos informe el nuevo criterio y los motivos legales y constitucionales que justificaron el cambio de criterio.
Segundo. Solicitamos que nos informe si los oficios n.° DJ-1820-2015 del 24 de marzo de 2015, n.° DJ-431-2017 del 5 de abril de 2017, n.° GA-DJ-0283-2023 de fecha 07 de febrero de 2023 y DAE-270-17 / DJ 1961-2017/ GF-1043-2017 del 28 de marzo del 2017, todos emitidos por esa Dirección, permiten que la Administración de la Caja no requiera realizar balances según modalidad de aseguramiento en el seguro de salud y la posibilidad de que la Caja sí pueda usar fondos del seguro social obligatorio en programas especiales como Asegurados por el Estado, seguro de salud de los pensionados y programas del primer nivel de atención de la salud trasladados a la CCSS por la Ley n.° 7374.
Tercero. Pedimos el suministro de una copia en formato digital de los oficios n.° GA-DJ-0283-2023 de fecha 07 de febrero de 2023 y DAE-270-17 / DJ 1961-2017/ GF-1043-2017 del 28 de marzo del 2017.
Cuarto. Le solicitamos una copia en formato digital del dictamen Jurídico que esa Dirección con rango de Subgerencia emitió en relación con el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS que en año 2005 incluyó en el artículo 3 del Reglamento de IVM en texto siguiente: “El costo del aseguramiento en el Seguro de Salud para los pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte será asumido en su totalidad por el Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, la Junta Directiva será quien determine el porcentaje por aplicar con base en las recomendaciones actuariales.” En el caso de que esa Dirección con rango de Subgerencia no haya emitido un criterio legal o jurídico sobre la legalidad del texto citado del artículo 3 del Reglamento de IVM, pedimos que así lo hagan constar.
Quinto. Solicitamos respetuosamente que esa Dirección Jurídica garantice que los criterios, dictámenes, opiniones y demás actuaciones que emita en relación con el financiamiento de los distintos seguros, modalidades de aseguramiento y programas administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentren estrictamente sometidos al bloque de legalidad y debidamente fundamentados en el ordenamiento jurídico vigente, particularmente en la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley General de la Administración Pública, las leyes especiales aplicables y la jurisprudencia vinculante que corresponda.
Lo anterior en aplicación del principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, conforme al cual los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, se encuentran sujetos al ordenamiento jurídico y no pueden ejercer potestades que este no les haya conferido.
En consecuencia, solicitamos que esa Dirección Jurídica indique expresamente si considera jurídicamente posible interpretar que en alguno de los dictámenes emitidos por esa Dirección se autorice, directa o indirectamente, la utilización de recursos del Seguro Social Obligatorio para financiar obligaciones, programas o poblaciones cuyo financiamiento haya sido atribuido por la Constitución o por leyes especiales al Estado o a una fuente específica de financiamiento.
En caso afirmativo, solicitamos identificar de manera precisa las normas constitucionales y legales que, a criterio de esa Dirección, autorizan dicha utilización de recursos, así como explicar su compatibilidad con el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política y con el principio de legalidad establecido en el artículo 11 constitucional y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.
Asimismo, solicitamos que, si esa Dirección Jurídica ha variado, modificado, ampliado o dejado sin efecto criterios jurídicos anteriores relacionados con esta materia, particularmente el contenido en el oficio D.J. 3519-08 del 7 de mayo de 2008, se identifique expresamente el acto mediante el cual se produjo dicha modificación y se expongan de manera clara, suficiente y circunstanciada las razones jurídicas que sustentan el cambio de criterio.
Finalmente, solicitamos que se reafirme que ningún criterio jurídico institucional puede constituirse, por sí mismo, en fuente habilitante para apartarse de una prohibición constitucional o legal, ni para autorizar actuaciones administrativas carentes de fundamento en el ordenamiento jurídico, debiendo prevalecer en todo momento la Constitución Política, la ley y los principios que integran el bloque de legalidad.
Sexto. Finalmente, en el caso de que esa Dirección con Rango de Subgerencia considerare que no es el órgano competente para entregar parte de la información que estamos solicitando, pedimos que de oficio la traslade a la instancia u órgano de la CCSS que estime competente y que nos lo informe, conforme a lo ordenado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097.
Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley
Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.
Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.
Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”
El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”
Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.
El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.
En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.
Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”
El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”
Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.
La segunda vuelta brasileña no solo define un gobierno: define el rumbo de la democracia, los derechos laborales y el equilibrio geopolítico de América Latina. Los datos económicos de los gobiernos de Lula respaldan una apuesta que no es solo política, sino también de resultados.
La segunda vuelta en Brasil será dura, nada fácil y de múltiples complejidades para Lula. No se trata de un simple trámite electoral, sino de una disputa decisiva en un país enorme, polarizado y observado por el mundo entero. Lo que ocurra en las urnas brasileñas tendrá efectos profundos no solo para Brasil, sino para toda la región y para el orden internacional.
1. Un obrero que llegó a la presidencia y transformó la economía
Las razones a favor del actual mandatario no pueden minimizarse. Su trayectoria es la de un obrero que llegó a la presidencia y que ya gobernó Brasil en dos ocasiones. En esos períodos, el país alcanzó prestigio y respeto en los foros más importantes de la política internacional.
Pero más allá de su origen social, los números respaldan su gestión. Durante sus dos primeros mandatos (2003-2010), el PIB real de Brasil se amplió un 37%, con un crecimiento anual promedio del 4,05%, superior a la media mundial del 2,73% para el mismo período. Entre 2001 y 2011, el PIB per cápita creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad. En 2010, último año de su segundo mandato, el PIB se expandió un 7,5%, el consumo final creció 6,1% y las exportaciones 11,5%. En esos ocho años, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza.
2. El tercer mandato: datos que confirman la apuesta
El tercer gobierno de Lula (2023-presente) ha mantenido y profundizado esa orientación. Entre 2022 y 2025, la economía brasileña creció un 8,9% acumulado, frente a un promedio de 5,7% para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay en el mismo período. El PIB creció 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, superando las previsiones y devolviendo a Brasil al grupo de las diez mayores economías del mundo.
En materia de empleo, la tasa de desocupación cayó de 9,3% en el segundo trimestre de 2022 a 5,4% en el segundo trimestre de 2026, la más baja de la serie histórica. El desempleo juvenil se redujo un 40%, del 19,4% al 11,7% en el mismo período. El salario mínimo real aumentó un 12,7% entre 2022 y mediados de 2026, mientras que los ingresos laborales promedio reales crecieron alrededor de un 13%.
La pobreza se redujo de 31,6% en 2022 a 23,1% en 2024, una caída de aproximadamente 27%, mientras que la pobreza extrema disminuyó más de un 40%. 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3,1 millones de la extrema pobreza. En 2025, Brasil fue retirado del Mapa del Hambre de la FAO tras reducir la desnutrición crónica por debajo del 2,5%.
En cuanto a la inflación, el tercer mandato de Lula acumuló una variación de precios de 17,9% entre enero de 2023 y agosto de 2026, la menor para un mismo mandato desde la creación del Plan Real, superando incluso el récord de su propio segundo mandato (19% entre 2007 y 2010). La masa salarial alcanzó su máximo histórico y el salario mínimo volvió a subir por encima de la inflación.
3. El contraste: lo que estaba en juego
La comparación con el gobierno anterior es inevitable. Durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), el crecimiento anual promedio del PIB fue de 1,12%, inferior a la media mundial de 1,95%. En 2020, el PIB se contrajo un 3,3% y la inflación escaló al 10% en 2021. El desempleo alcanzó su pico en marzo de 2021, llegando al 14,7%, y la pobreza afectó a cerca del 29% de la población (65 millones de personas).
No se trata de una adhesión ciega ni de un culto a la personalidad. Se trata de reconocer que los datos comparativos muestran una diferencia sustancial en materia de crecimiento, empleo, salarios y reducción de la pobreza.
4. Brasil y el mundo necesitan a Lula
Ante el avance del fascismo y de la ultraderecha autoritaria en distintos rincones del planeta, la figura de Lula adquiere una dimensión que trasciende las fronteras brasileñas. Por equilibrio geopolítico, por respeto a los países latinoamericanos y por la defensa de la democracia, su liderazgo sigue siendo un punto de referencia necesario. Brasil, como potencia regional y como una de las diez mayores economías del mundo, tiene un papel clave en la construcción de un mundo multipolar, más justo y menos subordinado a los intereses de las grandes potencias.
5. Una apuesta confiable para los trabajadores
Los trabajadores organizados tenemos en Lula una apuesta confiable. Lo decimos por su origen social, por su coherencia, por su trayectoria y por su espíritu de lucha. Pero también lo decimos por los números: por los millones que salieron de la pobreza, por el empleo formal que creció, por el salario mínimo que recuperó poder adquisitivo, por la inflación más baja en la historia del Plan Real y por un país que volvió a sentarse en la mesa de las grandes economías del mundo.
6. Lo que está en juego
La segunda vuelta no solo decidirá quién gobierna Brasil. Está en juego el modelo de país, el respeto a las instituciones, el futuro del empleo, los derechos sociales y la capacidad de la región para sostener procesos democráticos frente a los embates del autoritarismo. Por eso, desde el movimiento sindical democrático, miramos con atención y esperanza el proceso brasileño.
No ignoramos las dificultades. La campaña será compleja, los ataques serán feroces y las presiones externas e internas no cesarán. La tasa de interés sigue siendo una de las más altas del mundo, con efectos sobre el crédito y el endeudamiento de las familias. Pero precisamente por eso, la apuesta por Lula es también una apuesta por la democracia, por la dignidad del trabajo y por una América Latina que no se rinda ante el miedo.
7. Conclusión
Desde el Instituto Sindical de Formación Democrática expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y con su derecho a decidir su futuro. Apostamos a Lula porque creemos en una democracia con justicia social, en un sindicalismo libre y en una región que camine unida. Y apostamos a Lula porque los datos económicos de sus gobiernos demuestran que otro Brasil es posible: uno con menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades para los trabajadores.
Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña Comunicador Sophia Marín Cavallini Estudiante-EPPS-UNA
La UNA presenta 8 obras clave para la Costa Rica actual.
Con una serie de ocho publicaciones sobre: sustentabilidad, planificación y promoción social, sostenibilidad, liderazgo femenino, teletrabajo, ruralidad, producción y desarrollo social, geopolítica, diplomacia y relaciones internacionales, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional-FCS-UNA reafirma su liderazgo académico y compromiso con la realidad costarricense.
Investigadores, académicos, estudiantes, personas autoras, miembros del comité editorial, funcionarios y personas interesadas, se dieron cita el jueves 24 de setiembre de 2026 en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales-FCS-UNA, para compartir el aporte editorial y la producción académica de la FCS-UNA.
El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Raúl Fonseca Hernández, Decano y la M.Sc Yensi Vargas Sandoval, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales-FCS-UNA.
El Decano abrió el evento mencionando la importancia de reconocer los esfuerzos académicos, que viene realizando la facultad en el marco de proyectos de investigación tanto en el área disciplinar como en las ciencias sociales de la UNA. Asimismo, resaltó que la actividad evidencia el compromiso de las autoridades de la facultad, para promover y apoyar la producción de temas de interés universitario y nacional.
El Dr. Fonseca, indicó que este espacio es una gran oportunidad para relanzar la Revista ABRA de la UNA y apoyar el trabajo de edición que viene en proceso para este año, como los compromisos a partir del año 2027:
“Pretendemos de incentivar y fortalecer un programa de producción editorial propia de la facultad y, de esta manera, instar a las unidades académicas de la facultad- según los ejes temáticos relacionados con las ciencias sociales- a investigar y publicar sus trabajos. Desde la facultad se estarán estableciendo alianzas con diversas casas editoriales y centros de pensamiento afines, para darle un mayor respaldo a las personas autoras e incentivar su amplia divulgación”, expresó el Decano de la FCS-UNA.
Por su parte la M.Sc Yensi Vargas Sandoval, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, compartió con las personas presentes y quienes siguieron la transmisión en vivo, que este espacio busca resaltar la producción académica que se hace con gran esfuerzo, a pesar de la sobrecarga del profesorado e investigadores quienes desde las escuelas, programas y proyectos realizan un gran esfuerzo para incidir con sus temáticas (docencia, extensión, investigación) en los diversos ámbitos de la sociedad: “Es digno reconocer en este evento el trabajo de tantas personas académicas que han facilitado sus obras para compartir con este auditorio como con el país. La tenacidad y el compromiso de muchas personas que participan este día, es una muestra de la excelencia con que cuenta la FCS-UNA, que busca impactar y brindar su aporte en la transformación de nuestra realidad nacional, de ahí, que las nuevas publicaciones de la FCS-UNA se constituyen en el espacio académico al servicio del país”, indicó la Vicedecana.
En los diversos espacios personas autoras realizaron la presentación de los libros procurando resumir el contenido e invitar a la audiencia a acceder a dichas producciones.
Sostenibilidad y empleo digital: Respuestas de la UNA a los retos del teletrabajo.
La UNA plantea que el teletrabajo no debe medirse solo por la tecnología, sino por su capacidad para generar bienestar, inclusión y justicia social en la región.
En el primer bloque se hizo un resumen de la producción: Teletrabajo, objetivos del desarrollo sostenible y visiones desde la Educación Superior Costarricense, cuya disertación estuvo a cargo del Dr. Luis Diego Salas Ocampo, catedrático, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y Coordinador de la Comisión Académica del Congreso Internacional de Teletrabajo, también expuso sobre esta producción la autora y coordinadora del libro Dra. Marly Yisette Alfaro Salas, académica e investigadora de la Escuela de Secretariado Profesional en la UNA, se ha desempeñado como coordinadora del Proyecto de Gestión de Calidad y de la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional.
Este documento recoge las aportaciones del Congreso Internacional de Teletrabajo: Sostenibilidad, cultura digital y transformación social en América Latina; realizado de manera virtual los días 21 al 24 de setiembre de 2021.
El Dr. Salas Ocampo expresó que esta publicación presenta una estructura capitular en la cual se hace un análisis del teletrabajo con distintas áreas en el marco de los ODS, de ahí que el libro propone comprender el teletrabajo como una transformación que no se reduce al uso de plataformas tecnológicas, la obra relaciona trabajo, educación, sostenibilidad, salud, derechos y gestión institucional. Su idea central es clara: el teletrabajo debe valorarse por la calidad de las condiciones que crea para las personas y no únicamente por su eficiencia operativa o por la posibilidad técnica de trabajar a distancia.
Para este autor, el libro ofrece una lectura situada de experiencias costarricenses y latinoamericanas. Reúne aportes que permiten reconocer avances, límites y tensiones de una modalidad que se volvió urgente durante la pandemia, pero que venía siendo impulsada por cambios tecnológicos y laborales previos: “El texto invita a pensar qué tipo de teletrabajo conviene sostener y bajo qué condiciones puede contribuir al trabajo decente, la inclusión y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos a la Organización Internacional del Trabajo por su aporte en el Congreso y a instancias como Italac, ITA y el CIDIT por su integración en la experiencia que culminó con insumos para esta publicación”, señaló el académico Salas Ocampo.
Los autores manifestaron que la obra conecta escalas que a menudo se consideran por separado: el hogar, la persona trabajadora, la organización, la universidad, la política pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este sentido, gracias a esa conexión se hacen visibles brechas de conectividad, territorio, habilidades digitales y poder. De esta manera, el teletrabajo puede ampliar oportunidades, pero también puede profundizar desigualdades cuando no existen infraestructura, acompañamiento, reglas claras y protección de derechos. Por ello, para las personas autoras los casos situados del libro ofrecen elementos para que las decisiones públicas e institucionales respondan a realidades concretas y no a modelos abstractos.
La Dra. Marly Alfaro Salas, expuso que, en el marco de la pandemia, el Congreso Internacional de Teletrabajo ayudó a convertir una respuesta de emergencia en una agenda de análisis compartida. En el ámbito académico, la reflexión se dirigió a la docencia, la investigación, la extensión y la gestión universitaria. En el ámbito comercial, puso sobre la mesa la organización del trabajo, la comunicación, la innovación y el empleo. En los ámbitos político y sectorial, permitió discutir derechos, regulación, inclusión, ambiente y políticas públicas.
Alfaro, dijo que el principal aporte del libro desde las ciencias sociales consiste en estudiar el teletrabajo como un fenómeno sociocultural y laboral: “Esta mirada permite ir más allá de las herramientas digitales para examinar relaciones de poder, normas, desigualdades, territorios, culturas organizacionales y experiencias cotidianas. La innovación se humaniza cuando se analiza cómo viven las personas la modalidad, cómo se distribuyen las responsabilidades y qué efectos tiene en el bienestar, la educación y el vínculo con las instituciones”.
Salas y Alfaro, quienes son parte de un grupo de académicos responsables de la producción de este libro, su publicación deja abierta una pregunta fundamental: ¿qué condiciones institucionales, culturales y de política pública permiten que el teletrabajo deje de ser una respuesta reactiva y sostenga trabajo decente, inclusión y cuidado?
“En conjunto, el libro invita a entender la educación superior como un espacio de investigación, regulación y compromiso público. El teletrabajo no se justifica por sí mismo; su valor depende de las condiciones que crea y de la manera en que protege o limita derechos, bienestar, inclusión y sostenibilidad. La preocupación que queda para la sociedad es sencilla y exigente a la vez: qué teletrabajo queremos sostener. La respuesta requiere evidencias, participación social e instituciones capaces de aprender de la experiencia para construir formas de trabajo más justas y sostenibles”, concluyeron estas personas autoras en su disertación.
Liderazgo femenino en la UNA: Transformación, ética y huella que inspira.
La UNA visibiliza el aporte ético, académico y humano de las mujeres en la UNA como una fuerza viva que redefine la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
En este primer bloque se presentó el libro_ “Mujeres que dejan huella: liderazgo académico y humano en la Universidad Nacional” a cargo de la autora Dra. Jinette Ugalde Naranjo, académica e investigadora de la Escuela de Administración-EDA-UNA, coordinadora de la Red de Mujeres Académicas y miembro activo de la Red de Mujeres Investigadoras-UNA.
La Dra. Ugalde Naranjo, destacó el aporte de las mujeres académicas quienes, desde sus espacios cotidianos, han liderado procesos de cambio que merecen ser visibilizados, documentados y celebrados, porque su aporte como mediadoras entre la teoría a la Docencia, Extensión e Investigación (Acción Sustantiva) en la Universidad Nacional, ha sido vital para contribuir a la institucionalidad, la innovación y la transformación de la academia.
Ugalde, expresó que, en un contexto marcado por desigualdades estructurales, tensiones políticas y desafíos educativos persistentes, las voces femeninas han sido faros de innovación, resiliencia y compromiso ético. De ahí que este compendio (Libro) de historias, experiencias y conocimiento es un homenaje a quienes han abierto caminos, y una plataforma para que sus ideas sigan generando impacto: “En contextos donde las voces femeninas han sido históricamente subrepresentadas, este libro busca revertir esa tendencia. No desde la victimización, sino desde la afirmación: mostrar que las mujeres no solo están presentes en la academia, sino que la están redefiniendo”.
Esta académica puntualizó que lo que une a estas voces no es una disciplina común ni una metodología única, es una ética compartida: la de educar para transformar, investigar para incidir, escribir para construir puentes, por ello, desde esa comprensión, han desarrollado propuestas que dialogan con los grandes desafíos contemporáneos: la equidad, la sostenibilidad, la empleabilidad, la ciudadanía crítica: “El fin principal de este libro es, entonces, el reconocimiento de las académicas como agentes de cambio. No solo como transmisoras de conocimiento, sino como diseñadoras de estrategias, gestoras de innovación, constructoras de redes. Esta obra reconoce que el liderazgo académico femenino no se limita al ámbito profesional. Muchas de las homenajeadas han tenido que conciliar sus roles como madres, cuidadoras, activistas, con sus responsabilidades académicas”, indicó Ugalde.
“Como compiladoras de esta obra, queremos evidenciar experiencias que reflejan la diversidad, profundidad y potencia del trabajo académico liderado por mujeres de nuestra universidad, que han impactado a nivel institucional, nacional e internacional. Este trabajo, representa una cartografía intelectual y afectiva que muestra cómo el conocimiento se entrelaza con la identidad, la territorialidad, la ética y la acción”, agregó la Dra. Ugalde, quien agradeció el apoyo de la Red de Mujeres Académicas e Investigadoras de la UNA, a las compiladoras (autoras) y a las protagonistas de este libro por su compromiso con la calidad, con la pertinencia, con la equidad y con la construcción de espacios más justos, más inclusivos, más transformadores. “¡Qué este libro sea una semilla en ese camino! “
El poder de las mujeres en la caficultura y el futuro alimentario de Costa Rica.
La UNA demuestra que la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en Costa Rica no pueden entenderse sin visibilizar y redistribuir el poder de las mujeres en el sector agrícola.
Para cerrar el primer bloque de exposiciones se hizo referencia al libro: “Cultivando sustentabilidad: Casos de estudio de sistemas alimentarios, desafíos y soluciones desde Costa Rica”, a cargo de la Dra. Kattia Lizzett Vasconcelos Vásquez, catedrática e investigadora con 28 años de trayectoria como académica en educación superior. Lidera procesos formativos en habilidades blandas como fundadora y coordinadora del Programa Habilidades Blandas. (PROHABLA).
Es Coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras y miembro activo de la Red de Mujeres Académicas de la UNA. Se desempeña como Country President of Costa Rica en ABWCI.
Esta investigación “Cultivando la Sustentabilidad: casos de estudio de sistemas alimentarios, desafíos y soluciones desde Costa Rica”, expresada en este libro, profundiza en el estudio del caso costarricense y desde donde se pueden extraer importantes lecciones para otros países de desarrollo medio y en desarrollo.
Vasconcelos expresó que este libro es producto de varios simposios realizados en la Universidad Nacional entre 2021 y 2024, así como del convenio de cooperación UNA-Widener University, Pensilvania, Estados Unidos (2020), cuya metodología fue un proceso de sistematización de experiencias y un cuestionario en línea que contestaron los diversos públicos participantes de forma voluntaria y después de la visita a sus hogares, empresas y otros centros de trabajo: “En nuestro caso nos dimos a la tarea de realizar una investigación sobre la percepción de las mujeres que trabajan en el sector cafetero en las diferentes regiones del país (seis provincias) respecto de su rol en esta cultura”.
En su exposición La Dra. Vasconcelos se centró en la producción del capítulo denominado: “La cultura del café y el empoderamiento femenino en Costa Rica”, realizado en conjunto con la autora Beatriz Urraca experta en cultura hispanoamericana (Capítulo 9), capitulo en el cual evalúan cómo han evolucionado las normas de género y el papel de la mujer en la agricultura industria del café, que poco a poco se hace más visible y reconocido. Se entiende como una posición crítica de las mujeres con respecto al sexo, costumbres e identidad.
Para esta académica de la Escuela de Administración-EDA-UNA se lograron visualizar durante la producción académica resultados tangibles dignos de mencionar:
Visibiliza el trabajo de las mujeres en la cadena de valor del café, tradicionalmente invisibilizado, y muestra cómo sus prácticas generan impactos sociales, ambientales, culturales y económicos.
Introduce un enfoque femenino y participativo, basado en entrevistas y observación, que rescata las voces de mujeres productoras como protagonistas de la sostenibilidad.
Cuestiona y reinterpreta nociones tradicionales de género y nación, mostrando que la cultura cafetalera es un microcosmos en el que se negocian el poder, la identidad y la equidad.
Contribuye a la discusión sobre políticas públicas, evidenciando la desconexión entre programas institucionales y la realidad cotidiana de las productoras.
Este capítulo 9 denominado: “La cultura del café y el empoderamiento femenino en Costa Rica”, plantea un desafío clave: ¿cómo transformar la visibilidad de las mujeres en el café en una verdadera redistribución de poder y recursos?
Se requiere investigar cómo cerrar la brecha de género en el acceso a la tierra, al crédito y a la representación en las cooperativas.
Plantea la necesidad de estudiar la transmisión generacional: ¿cómo motivar a las nuevas generaciones a continuar en el café sin perder su identidad cultural?
Invita al diálogo sobre cómo las prácticas femeninas de solidaridad y sostenibilidad pueden convertirse en modelos replicables en otros sectores agrícolas.
Deja abierta la reflexión sobre el impacto cultural de las mujeres cafetaleras en la construcción de la identidad nacional y en la redefinición de la noción de desarrollo.
“En síntesis, el aporte central consiste en demostrar que la sostenibilidad en Costa Rica no puede entenderse sin reconocer la dimensión cultural y el papel activo de las mujeres en la caficultura y el reto es pasar de la documentación de experiencias a la incidencia social y política, generando cambios estructurales que fortalezcan la equidad y la sostenibilidad”, enfatizó la Dra. Kattia Lizzett Vasconcelos Vásquez.
Para las personas e instituciones que trabajaron en la producción de este libro: “Cultivando la Sustentabilidad: casos de estudio de sistemas alimentarios, desafíos y soluciones desde Costa Rica”, su publicación es muy oportuna. En este sentido, el señor Francisco Rojas Aravena, Rector de la Universidad para la Paz-UPAZ, en el Prólogo denominado: “Extrayendo lecciones del caso costarricense, la aplicación del ODS2”, menciona, la atinada decisión de producir esta investigación y su debida publicación porque América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y esta inequidad se ve reflejada en la tenencia de la tierra y el hambre; lo anterior se exacerba, además, por las crisis climáticas que se presenta en la región, situación de la que Costa Rica no escapa. De esta manera, la investigación presenta un análisis muy completo desde lo nacional hasta el local y contribuye al conocimiento situado sobre los sistemas alimentarios en América Latina y más allá.
Las nuevas cosechas de América: Historia, tierra y cambio en el mundo rural.
En un esfuerzo coeditado con El Colegio de México, las personas autoras presentan una travesía crítica sobre las transformaciones económicas, ambientales y territoriales que han moldeado el agro americano desde el siglo XVII.
En un segundo bloque se abrió la exposición con el libro: “Las nuevas cosechas: Transformaciones del mundo rural en América, siglos XVII-XX. Estudios agrarios del CEH”, por parte del Dr. Rafael Ledezma Díaz, Historiador, académico, investigador, Director de la Escuela de Historia de la UNA, quien se ha especializado en historia agraria, ambiental y económica y es uno de los autores del libro expuesto en esta ocasión.
El Dr. Ledezma Díaz afirmó que “Las nuevas cosechas” es un libro colectivo que ensaya explicaciones sobre el cambio agrario en distintas áreas de América, sobre todo México, y que intenta inscribirlas en las coordenadas de siete décadas previas de estudios agrarios en el Centro de Estudios Históricos (CEH). Representa, por lo tanto, una nueva cosecha inspirada en muchos años de siembra historiográfica comprometida con el análisis crítico y riguroso del mundo rural americano.
Nace de inquietudes de investigación que proponen cruces temáticos y disciplinarios.
Para el director de la Escuela de Historia-UNA, este importante logro académico e intelectual se funda en la coincidencia de nuevas generaciones de investigadores que confluyen en y desde el CEH de El Colegio de México, centro cuya producción historiográfica y de reunión de colecciones documentales para el conocimiento del pasado rural de México y América se remonta al momento de su fundación:
“El contenido de este libro retoma inquietudes de varios cursos y seminarios que recuperan y a la vez reformulan, las tradiciones disciplinarias en los estudios de historia rural y agraria cultivadas en México y abre ventanas a las transformaciones sociales, económicas y ambientales del mundo rural en América, de la Colonia hasta tiempos recientes. Invita a reflexionar sobre el cambio agrario y el capitalismo en México y otras regiones de América del Norte y del Sur”.
Ledezma, señaló que en sus diez capítulos el libro ofrece una travesía americanista que arroja luz sobre los procesos de innovación en el mundo rural, así como sobre los vínculos entre la producción del campo y la alimentación urbana. Desde los espacios ganaderos coloniales en los Andes hasta los monocultivos tecnificados en México, Brasil o Estados Unidos, el texto ilumina las relaciones forjadas entre las dinámicas locales y las globales.
El expositor reconoció el trabajo de las personas autoras y agradeció el apoyo brindado en la coordinación y edición compartida con María Cecilia Zuleta, Netzahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez, quienes comparten que las nuevas cosechas representan un punto de encuentro, cruce y reunión con el propósito de discutir procesos de cambio agrario en América en perspectiva histórica en las áreas mesoamericana y sudamericana, pero también considerando la América del Norte: “ Argumentamos la importancia de una historia agraria que explique las dinámicas productivas del campo, sus quiebres y transformaciones. Y no sólo eso: que estudie el poblamiento, los mercados o las luchas agrarias, así como las territorialidades, identidades, entramados sociales, empresariales y tecnológicos; que sea capaz de contemplar tanto a los actores ya conocidos como a los olvidados por la literatura, y que integre además las dimensiones agrológica y biofísica al análisis”, comentó Ledezma.
Según los autores este libro brinda, de forma implícita, una sugerente problematización del juego entre las escalas de la historia agraria en el tiempo. Por ejemplo, abona elementos para una reflexión derivada del análisis de los procesos de poblamiento y formación territorial, así como de industrialización y globalización en el largo plazo, de la colonia a tiempos más recientes. El volumen invita a discutir además la constitución y expansión de los agronegocios, la especialización productiva y la industrialización, al igual que la constitución de encadenamientos agroindustriales, comerciales y de suministro a escala global. ¿Desde dónde, cómo, con qué preguntas, con qué fuentes, podemos acercarnos los historiadores a estos procesos, estudiados hasta ahora por otros campos de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología rural y la economía agraria?
Las nuevas cosechas, desde la perspectiva de sus investigadores es el resultado y parte de la labor colectiva de docencia e investigación del CEH durante la última década, congrega a estudiosos e investigadores de distintos países, no sólo de México: “En esa clave, es de hacer notar que el mapa de las procedencias de los autores de este libro no es casual, constituye un botón de muestra la convocatoria americana de los programas docentes del CEH y de las investigaciones que ha impulsado, para profundizar nuestro conocimiento del pasado rural latinoamericano e iberoamericano”.
Con las anteriores palabras los coordinadores y editores dejaron estampada su gratitud colectiva al grupo del “curso agrario” de la generación 2019 del doctorado del CEH, por su incondicional interés, dedicación y frescura para adentrarse en el ancho mar de la historiografía agraria latinoamericana, y por brindar el combustible para concluir el libro: “Con su entusiasmo nos volvieron a recordar que estos trabajos son el resultado del esfuerzo y también del encuentro entre generaciones, que recoge trabajo sembrado tiempo atrás, convirtiéndolo en nuevos brotes y cosechas”, concluyó el Dr. Rafael Ledezma Diaz.
Planificar con sentido social: Estrategia, comunidad y futuro justo desde la UNA.
Desde EPPS-UNA se plantea la urgencia de unir la visión estratégica con la participación comunitaria, para responder a los desafíos de desigualdad, clima y democracia en Costa Rica.
Como cierre del segundo bloque de exposiciones le correspondió el turno al libro: “Planificación y Promoción Social. Fundamentos históricos, teóricos, metodológicos, epistemológicos y aplicados”, el cual fue expuesto por el Dr. Ronald Salas Barquero, catedrático de la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS-UNA) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), cuenta con más de 38 años de trayectoria universitaria en docencia, investigación y extensión. Su labor abarca la planificación estratégica, el desarrollo local, la prospectiva y el trabajo comunitario con gobiernos locales y organizaciones sociales.
Para el Dr. Salas, la obra reconstruye la planificación y la promoción social como un campo unificado e indispensable para la acción pública y territorial, de ahí, que ofrece una mirada integral a la planificación y la promoción social como campos de conocimiento, formación profesional y acción pública estrechamente vinculados con la universidad, el Estado, los territorios y las comunidades: “Su tesis central demuestra que ambas disciplinas se potencian al articularse: la planificación aporta visión estructural y estratégica, mientras la promoción social brinda mediación pedagógica, participación y tejido comunitario. Separarlas expone a la técnica a tecnocratizarse y a la acción social a fragmentarse sin impacto”.
Como académico y coordinador del área de investigación en la Escuela de Planificación y Promoción Social, el Dr. Salas dijo que uno de los aportes centrales de la publicación consiste en demostrar que ambos campos (planificación y promoción social) adquieren mayor capacidad transformadora cuando se articulan: la planificación aporta visión estratégica, análisis estructural, prospectiva, coordinación y evaluación; la promoción social fortalece la participación, la organización, la ciudadanía y el tejido comunitario.
El académico de la EPPS-UNA afirmó que, desde una perspectiva histórica, crítica y latinoamericana, el libro trasciende la concepción de planificar como simple elaboración de proyectos o documentos. Propone entender la acción pública y territorial como un proceso de construcción colectiva que requiere comprender actores y relaciones de poder, anticipar escenarios, coordinar capacidades, evaluar resultados y convertir la experiencia en conocimiento y aprendizaje institucional: “Esta visión adquiere particular relevancia frente a los desafíos contemporáneos: desigualdad, crisis democrática, cambio climático, transformación digital y fragmentación institucional. La respuesta no puede limitarse a nuevas herramientas; exige preservar principios como la justicia social, la participación, el territorio, el bien común, la responsabilidad pública y propone una agenda institucional que integra la ética, la justicia social y el bien común”.
Salas destacó que, para la academia y la sociedad, el libro aporta una arquitectura metodológica renovada que trasciende la simple elaboración de documentos, convirtiendo la experiencia territorial en fuente viva de conocimiento y alude a una agenda renovadora: fortalecer una formación interdisciplinaria y vinculada con la realidad; impulsar investigación y extensión construidas con las comunidades; incorporar prospectiva, evaluación y sistematización como prácticas permanentes de aprendizaje; y aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías bajo criterios éticos, objetivos, veraces y democráticos.
En síntesis, para las personas autoras el libro reivindica una planificación y promoción con sentido social y con visión estratégica: una articulación capaz de convertir conocimiento, participación y gestión en respuestas pertinentes ante las transformaciones del presente y en capacidades para construir colectivamente un futuro más justo y sostenible. En este sentido del Dr. Ronald Salas Barquero, autor, afirmó que esta producción académica recoge parte de esa experiencia acumulada durante casi cuatro décadas de vida universitaria, así como el trabajo realizado desde el Programa de Investigación Académica de la EPPS (PIEPPS), donde se han promovido procesos de investigación disciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria, en estrecha relación con la acción sustantiva de la UNA, en aras de reforzar la formación, la investigación interdisciplinaria y el compromiso transformador de la universidad pública con las comunidades.
50 años de la Revista ABRA: Espacio vivo para publicar, debatir y transformar las Ciencias Sociales, renueva su gestión editorial.
De cara a su medio siglo de historia, la Revista ABRA moderniza sus procesos, abraza la ciencia y abre convocatoria para sus próximas ediciones.
El tercer bloque lo inicia el Máster Diego Zamora Cascante, académico de la Escuela de Arte Escénico (UNA) y editor de la Revista ABRA de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sido editor asociado de Temas de Nuestra América-Revista de Estudios Latinoamericanos, y fue coordinador del Programa Integrado Repertorio Americano. Es miembro regular del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
El editor de la Revista ABRA mencionó que esta revista en una de las más longevas de la UNA junto con Repertorio Americano, Revista de Geografía y la Revista de Historia y cumplirá sus 50 años de existencia aportando al debate de las ciencias sociales: “La Revista ABRA, se constituye en un espacio para el diálogo, el conocimiento y el encuentro de saberes. En este sentido, durante este año la revista ha concentrado sus esfuerzos en la reactivación y actualización de sus procesos editoriales, con el propósito de fortalecer el flujo editorial y favorecer una mayor difusión y circulación de las investigaciones que publica”, expresó el académico Zamora.
El responsable de ABRA reafirmó que, como parte de este proceso, la revista se encuentra en proceso de edición de los volúmenes 45 (2025) y 46 (2026) los cuales se encuentran en cierre editorial y en proceso de revisión filológica. Una vez finalizado cada documento se procederá a la liberación de estos en sus diversos formatos en el portal de Revistas de la UNA ( https://www.revistas.una.ac.cr/ ), de esta manera, se prevé que ambos volúmenes queden cerrados editorialmente en diciembre de 2026: “ Aunado a esto, desde la dirección de la revista se ha renovado su imagen y se ha comenzado a desarrollar una estrategia de comunicación orientada a ampliar su presencia y visibilidad, tanto entre las personas autoras como entre quienes consultan y leen sus contenidos”.
El responsable de ABRA informó que, en agosto, la revista participó en el Foro LATAM de Ciencia Abierta, un espacio que permitió ampliar conocimientos e intercambiar experiencias en torno a la ciencia abierta y, a partir de ello, reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea este enfoque para el futuro de la publicación científica, además que durante estos meses se han realizado dos capacitaciones sobre procesos editoriales, dirigidas a personas académicas y estudiantes, con el propósito de acercarlas a la dinámica de publicación científica y promover a ABRA como un espacio para postular manuscritos, compartir resultados de investigación y contribuir al diálogo académico en las Ciencias Sociales y se está agendando una tercera capacitación para el mes de octubre.
“En los próximos meses se continuará con el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación que permita fortalecer la presencia de la revista y acercar sus contenidos a sus diferentes públicos”, señaló Zamora, quien dijo, que en concordancia con los principios y lineamientos del acceso abierto, particularmente con la ruta diamante de las publicaciones periódicas, también se ha trabajado en la actualización de las bases de datos de personas revisoras y se espera concluir este proceso durante el 2026, con el propósito de contar con una base de especialistas más amplia y actualizada que contribuya al fortalecimiento de los procesos de evaluación científica de la revista.
Según lo expuesto en este espacio académico, es importante señalar que ABRA ha avanzado en la actualización de las políticas editoriales. Actualmente, se trabaja en una política específica para establecer los lineamientos y procedimientos relacionados con la recepción, evaluación y publicación de propuestas de dossiers temáticos y tiene como propósito incentivar la producción intelectual de la comunidad académica y científica en el campo de las Ciencias Sociales, así como contribuir a la reflexión y retroalimentación permanente del pensamiento social desde distintas latitudes: “En este marco, la revista recibe contribuciones relacionadas con áreas como Ciencias Económicas, Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Historia, Ciencias Humanas, Promoción Social y Relaciones Internacionales, entre otras”, agregó el editor de ABRA, quien hizo énfasis en que la revista está dirigida a la comunidad nacional e internacional, de personas investigadoras, académicas y estudiantes de grado y posgrado, así como a todas aquellas personas interesadas en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales.
“Actualmente, ABRA mantiene abierta la recepción de manuscritos para su publicación en 2027. Invitamos a la comunidad académica y científica a conocer la revista, consultar sus lineamientos y considerar ABRA como un espacio para compartir sus investigaciones. Asimismo, agradecemos la difusión de esta convocatoria entre colegas, estudiantes y personas interesadas en las Ciencias Sociales”, concluyó el Máster Diego Zamora Cascante.
Re(pensar) los cuidados: Convocatoria abierta para escribir el futuro del bienestar en Costa Rica.
Se invita a la comunidad académica a presentar sus propuestas.Escribir para transformar: La UNA le invita a ser parte del debate sobre la sostenibilidad de la vida.
Para concluir el tercer bloque se presentó el libro: “La sostenibilidad de la vida ¿en sociedad?: aportes para re(pensar) el trabajo de cuidados desde las Ciencias Sociales” a cargo de la M.Sc. Fabiola Quirós Segura, académica, Socióloga y académica de la Universidad Nacional-UNA, Investigadora del Programa Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Escuela de Sociología y del proyecto «Trabajo y Crisis: aportes desde una economía crítica heterodoxa para la vida» de la Escuela de Economía.
Esta investigadora anunció que como parte del Programa Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional-FCS-UNA, se encuentra abierta la convocatoria para presentar contribuciones a la producción del libro: “La sostenibilidad de la vida ¿en sociedad?: aportes para re(pensar) el trabajo de cuidados desde las Ciencias Sociales”, e indicó que ha contado con el apoyo y compromiso en este esfuerzo de la Máster María Leonela Artavia Jiménez, economista y académica de la UNA. Profesora de Economía Política e investigadora del mundo trabajo en Centroamérica y de la Economía del Cuidado, coordinadora del Proyecto de Investigación “Trabajo y Crisis: aportes desde una economía política crítica heterodoxa para la vida” de la Escuela de Economía (ESEUNA) y coordinadora para Costa Rica de INSEAI (International Network for Knowledge and Comparative Socioeconomic Analysis of Informality).
Quirós, precisó que la iniciativa surge de la necesidad de reconocer el trabajo de cuidados como una actividad esencial para la reproducción social, el bienestar y el funcionamiento de la economía y que, pese a su importancia, este trabajo ha permanecido históricamente invisibilizado y escasamente reconocido, tanto en su dimensión remunerada como no remunerada. Además, que su organización se encuentra atravesada por múltiples desigualdades asociadas con la división sexual del trabajo, las cuales hacen que sus responsabilidades, costos y efectos recaigan principalmente sobre las mujeres.
Para esta académica, frente a esta realidad, el libro busca generar un espacio de encuentro entre investigaciones desarrolladas desde las distintas disciplinas que integran la Facultad de Ciencias Sociales. Los aportes de la economía, la sociología, la historia, la psicología, la planificación social, los estudios territoriales, las relaciones internacionales y otros campos permiten analizar el cuidado más allá del ámbito doméstico y comprenderlo como una dimensión transversal de las relaciones sociales, las desigualdades, los mercados de trabajo, las políticas públicas, las instituciones y las transformaciones contemporáneas.
“Desde esta perspectiva, las ciencias sociales contribuyen a cuestionar las divisiones entre producción y reproducción, trabajo remunerado y no remunerado, así como entre lo público y lo privado, señaló Quirós Segura, para quien las ciencias sociales también permiten examinar la forma en que las sociedades distribuyen el tiempo, los recursos, las responsabilidades, los derechos y las posibilidades de bienestar entre distintos grupos sociales, particularmente entre hombres y mujeres: “Por ello, la publicación pretende recuperar los aportes existentes, propiciar nuevas preguntas y fortalecer el diálogo interdisciplinario sobre formas más justas y equitativas de sostener la vida”.
En la exposición se indicaron los tres ejes temáticos con que está organizado el libro:
La organización social de los cuidados y las condiciones materiales para la sostenibilidad de la vida, orientado al análisis de la distribución de responsabilidades, recursos, tiempos y trabajos entre los hogares, el Estado, el mercado, las comunidades y las organizaciones.
Experiencias, cuerpos y desigualdades en el trabajo de cuidados, enfocado en las distintas formas en que el cuidado atraviesa los cuerpos, las subjetividades, los afectos, las identidades y las trayectorias de vida.
Política, cultura y transformación de los cuidados, dirigido a examinar el cuidado como un campo de disputa política, institucional, histórica, cultural y epistemológica, así como las posibilidades de avanzar hacia una organización social más equitativa y corresponsable.
La convocatoria está dirigida a personas de las unidades académicas, centros e institutos que conforman la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional-UNA.
Las propuestas pueden derivarse de actividades de investigación, docencia o extensión, estar vinculadas con programas, proyectos y actividades académicas, o surgir de iniciativas particulares. Los capítulos deberán ser inéditos y no encontrarse en proceso de publicación.
Para concluir el bloque, la M.Sc. Fabiola Quirós Segura, académica y autora, expuso algunos requisitos para las personas interesadas en participar de la producción académica, en este sentido, deberán presentar un resumen de 500 palabras que incluya:
El problema o la pregunta central que abordará el capítulo.
Los objetivos de la contribución.
El enfoque teórico-conceptual.
La estrategia metodológica.
El eje temático en el que se inscribe la propuesta.
La pregunta orientadora del eje a la cual busca contribuir.
Los resúmenes enviados serán evaluados para determinar su pertinencia y correspondencia con los propósitos del libro.
Fechas importantes:
Apertura de la convocatoria: 24 de setiembre de 2026.
Fecha límite para enviar resúmenes: 26 de octubre de 2026.
Comunicación de propuestas aceptadas: 30 de noviembre de 2026.
Fecha límite para entregar los capítulos completos: 31 de marzo de 2027.
Las contribuciones académicas deberán enviarse al correo electrónico: trabajoycrisis@una.cr
Para dar un cierre lleno de inspiración a este encuentro, el Dr. Raúl Fonseca Hernández, Decano de la FCS-UNA, extendió un sentido llamado a toda la comunidad universitaria: a convertir las ideas en letras y las letras en motores de cambio. Nos invitó a ser parte activa de la producción académica y editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, celebrando el trabajo conjunto que se coordinará con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para dar vida a la obra: “La sostenibilidad de la vida ¿en sociedad?: aportes para re(pensar) el trabajo de cuidados desde las Ciencias Sociales”.
El Decano concluyó este evento haciendo alusión de que en cada página redactada y cada libro leído en el marco de las “Jornadas de las Ciencias Sociales” no son solo un ejercicio académico: son herramientas vivas para cuestionar, comprender y sanar nuestro entorno. Escribir y leer es un acto de compromiso con el bienestar común, un puente para construir el conocimiento que nuestra sociedad necesita con urgencia.
¡Hagamos que nuestra voz y nuestro pensamiento cuenten!
Te invitamos a tejer juntos estas historias y reflexiones que transforman vidas.
«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). biodiversidadcr@gmail.com
Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.
Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.
El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.
Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.
Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.
El abandono institucional y la falacia de las vitrinas
La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.
Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.
Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.
Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.
Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo
Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:
Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.
El coraje de la desprogramación social
La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.
Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.
«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.
El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz públicaen nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta la séptima entrega de la serie que SURCOS viene publicando sobre sus gestiones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en torno al financiamiento de los seguros sociales.
En la quinta entrega, la ACSS cuestionó que el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) traslade al Seguro de Enfermedad y Maternidad un 5% adicional que, según la organización, debería cubrir el Estado. En la sexta, reclamó al auditor interno de la CCSS un criterio independiente sobre la legalidad de esos aportes, después de que la Auditoría Interna remitiera la mayoría de sus consultas a la Administración Activa.
En esta entrega, la ACSS da a conocer el oficio ACSS-013-2026, del 22 de setiembre, dirigido a Carolina González Gaitán, directora de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS. El oficio da seguimiento a la instrucción PE-3996-2026, del 18 de agosto, con la que la Presidencia Ejecutiva pidió a las unidades competentes analizar los planteamientos de la ACSS, valorar una reunión con sus representantes y darles respuesta. Según la organización, había pasado más de un mes sin que esa dirección respondiera.
En el oficio, la ACSS repasa el marco legal que rige cada modalidad del Seguro de Salud: personas asalariadas, aseguradas por cuenta del Estado, pensionadas y trabajadoras independientes, además del primer nivel de atención, cuyo costo corresponde al Estado según la Ley N.° 7374. Sostiene que la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2023 (EST-0020-2026) cita criterios jurídicos ya superados. Además, a partir de una liquidación de sentencia solicitada por la propia CCSS en 2019, estima en cerca de ¢381.000 millones anuales, más intereses, el costo del primer nivel de atención a cargo del Estado.
La ACSS solicita los balances actuariales del Seguro de Salud por modalidad de aseguramiento, con datos efectivos de 2023 y proyectados para 2024, que identifiquen por separado el costo del primer nivel de atención. Pide además que los futuros estudios actuariales presenten la información con ese mismo desglose, y que se realice la reunión que había propuesto la Presidencia Ejecutiva.
A continuación, SURCOS comparte el comunicado completo de la ACSS.
ACSS exige a la Dirección Actuarial de la CCSS respetar el principio de legalidad
(Parte 7)
Esta publicación constituye la sétima entrega de la serie divulgada por Surcos Digital. En la Parte 6 se informó que la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó al auditor interno de la CCSS un criterio independiente sobre la legalidad y el tratamiento de los aportes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Seguro de Salud.
En esta ocasión se da a conocer una nueva gestión impulsada por la ACSS, que mediante el oficio ACSS-013-2026, del 22 de setiembre de 2026, dirigido a la señora Carolina González Gaitán, directora de la Dirección Actuarial de la CCSS, le exige que su actuación se apegue al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Dicho principio no admite interpretaciones discrecionales: obliga a todo funcionario público a actuar estrictamente dentro del marco jurídico vigente y le prohíbe ejercer competencias o atribuciones que la ley no le haya conferido expresamente.
En consecuencia, la ACSS demandó que las evaluaciones actuariales del Seguro de Salud se elaboren con estricto apego al bloque de legalidad, identificando de forma clara, transparente e inequívoca los ingresos, gastos, superávits o déficits correspondientes a cada uno de los regímenes o modalidades de aseguramiento establecidos por la legislación nacional. Asimismo, recordó a la Dirección Actuarial que el cumplimiento del principio de legalidad obliga a aplicar, respetar y reflejar en los estudios actuariales la normativa específica que regula cada régimen, sin mezclas indebidas, omisiones ni interpretaciones que desvirtúen el mandato legal.
De este modo, el Seguro de Salud de los trabajadores asalariados debe administrarse conforme a lo dispuesto en los artículos 73 y 177 de la Constitución Política y en la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la CCSS; el Seguro de Salud de los asegurados por cuenta del Estado debe gestionarse según lo establecido en la Ley N.° 5349, Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad; el de los pensionados conforme a la Ley N.° 5905, Pensionados Protegidos por el Seguro de Enfermedad y Maternidad; el de los trabajadores independientes de acuerdo con la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador; y el financiamiento del primer nivel de atención en salud debe sujetarse a las disposiciones de la Ley N.° 7374, relativa al Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción del Hospital de Alajuela.
La ACSS también recordó a la jefa de actuarios de la CCSS, que la Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establece responsabilidades y sanciones para quienes incumplan los deberes inherentes al ejercicio de la función pública. Entre las conductas sancionables se encuentran el tráfico de influencias, la violación del deber de probidad, el fraude de ley en el ejercicio de la función administrativa y cualquier actuación u omisión que cause perjuicio a la hacienda pública o lesione el interés público. Por ello, ninguna actuación administrativa puede apartarse del ordenamiento jurídico ni ignorar las obligaciones que la ley impone a quienes administran recursos públicos y sociales.
Finalmente, la ACSS solicitó a la señora González atender el oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y le pidió los balances actuariales según modalidad del seguro de salud de los años 2023 y 2024.
Se publica a continuación el texto completo del oficio ACSS-013-2026:
“22 de setiembre de 2026 ACSS-013-2026
Señora Carolina González Gaitán, Directora
DIRECCIÓN ACTUARIAL Y ECONÓMICA-1112
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Asunto: Seguimiento al oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 y solicitud de información
Estimada señora González:
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se dirige respetuosamente a usted para dar seguimiento al oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social solicitó a las unidades competentes analizar los planteamientos formulados por esta Auditoría Ciudadana, valorar la realización de un espacio de reunión con sus representantes y brindar respuesta a lo planteado, con copia a ese Despacho.
Ha transcurrido más de un mes desde dicha gestión sin que, a la fecha, esta Auditoría Ciudadana haya recibido respuesta de esa Dirección. Por tal motivo, y con el propósito de contribuir constructivamente al análisis institucional, consideramos oportuno exponer algunos antecedentes jurídicos y técnicos vinculados con los distintos seguros, regímenes y modalidades de aseguramiento administrados o dirigidos por la CCSS, así como concretar la información que respetuosamente solicitamos.
El propósito de esta gestión no es generar controversia, sino procurar claridad, transparencia y trazabilidad en información de especial relevancia para la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, dentro del marco de las competencias institucionales y del principio de legalidad.
En primer término, el dictamen jurídico N.° D.J. 3519-08 del 7 de mayo de 2008, que adjuntamos para su consideración, analiza la existencia del Seguro Social Obligatorio y de otros regímenes o modalidades establecidos por normas especiales. Asimismo, los oficios de la Dirección Jurídica N° DJ-0836-2017 del 30 de junio de 2017 y N° DJ-3679-2018 del 29 de junio de 2018 se refieren a la obligación estatal de dotar a la CCSS de los recursos necesarios para el financiamiento de los asegurados por cuenta del Estado y a la responsabilidad institucional de determinar los costos correspondientes.
También resulta de interés el informe ASF-112-2017, de fecha 6 de octubre de 2017, en el cual se analizó la relación entre el Seguro de Salud y sus distintas modalidades de aseguramiento. En dicho informe se recoge la explicación de que, aunque existe un solo Seguro de Salud, las distintas modalidades de aseguramiento requieren que sus contribuciones se establezcan con base en los costos correspondientes, de manera compatible con los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera.
En ese mismo contexto, el artículo 73 de la Constitución Política dispone que los fondos y reservas de los seguros sociales no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de aquellas que motivaron su creación. Esta disposición fue considerada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N° 00197-2018, expediente 13-006261-1027-CA, al analizar el financiamiento de programas de atención de salud trasladados a la CCSS y la obligación estatal de aportar los recursos correspondientes.
Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 5349, Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad, reitera la prohibición de emplear los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas de las propias de su creación. El artículo 7 de esa misma ley contempla la creación de rentas específicas cuando resulten insuficientes las destinadas a cubrir la atención de personas no aseguradas incapaces de sufragar sus gastos médicos.
Por su parte, la Ley N° 5905, Pensionados Protegidos por el Seguro de Enfermedad y Maternidad, contempla la cobertura estatal de los déficits en los términos allí establecidos; y el artículo 85 de la Ley N° 7983, Ley de Protección al Trabajador, que obligó al aseguramiento de los trabajadores independientes, establece obligaciones relacionadas con la presupuestación y pago de contribuciones del Estado a la CCSS.
También la ley N° 7374, Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela, dispone en sus artículos 7 y 8 que la CCSS debe encargarse de la medicina preventiva, para lo cual su artículo 9 establece que su costo será cubierto por el Estado. Es importante recordar que en el año 2019 la CCSS solicitó una liquidación de sentencia (expediente 13-006261-1027-CA), que solo para el período de abril a setiembre de 2019 es por un monto de 190.496.772.023,12 colones más los intereses legales, por lo que multiplicando por dos da un monto de 380.993.544.046,24 colones más los intereses legales, como costo del primer nivel de atención de la salud del año 2019 que es por cuenta del Estado.
De igual manera, los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública consagran el principio de legalidad, conforme al cual la actuación administrativa debe sujetarse al ordenamiento jurídico. En materia financiera y actuarial, los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS contienen disposiciones sobre la distribución de los ingresos o fondos institucionales recibidos conforme a dicha ley según los cálculos actuariales correspondientes.
A la luz de estos antecedentes, hemos revisado la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2023 EST-0020-2026, Versión 01, febrero de 2026”. En las páginas 35 y 36 de dicho documento se citan criterios jurídicos superados por el ordenamiento constitucional y legal y los dictámenes jurídicos que le adjuntamos. Para esta Auditoría Ciudadana resulta de especial interés contar con la asignación de los ingresos y gastos del seguro de salud entre las distintas modalidades de aseguramiento y, particularmente, el tratamiento actuarial y financiero otorgado al costo del primer nivel de atención de la salud relacionado con la Ley N° 7374 (Artículos 7, 8 y 9).
En ese sentido, consideramos conveniente contar con información desagregada que permita comprender y verificar la correspondencia entre las fuentes de financiamiento, los costos atribuidos a cada modalidad de aseguramiento y las obligaciones que el ordenamiento jurídico asigna al Estado o a otras fuentes específicas de financiamiento.
No dudamos de que esa Dirección posee un amplio conocimiento del marco normativo y constitucional antes expuesto, ya que el correcto ejercicio de la función actuarial requiere necesariamente su dominio y observancia. Esta exigencia reviste especial importancia, considerando que la Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tipifica y sanciona conductas contrarias a los deberes de la función pública, tales como el tráfico de influencias, la violación del deber de probidad, el fraude de ley en el ejercicio de la función administrativa y cualquier actuación que lesione la hacienda pública o el interés público.
Finalmente, recordamos respetuosamente que el artículo 10, inciso b), de la Ley N° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, contempla la remisión de la gestión al órgano competente cuando la autoridad receptora estime que el asunto no corresponde a su competencia, sin que ello afecte el plazo legal previsto para la respuesta. En tal sentido, tener en cuenta que la Presidencia Ejecutiva determinó que esa Dirección es la competente para darnos una respuesta, pues es la experta de la Institución en materia actuarial.
PETITORIA
Primero. Atender lo requerido en el oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y brindar a esta Auditoría Ciudadana la respuesta que corresponda dentro del marco de las competencias de esa Dirección.
Segundo. Suministrar los balances actuariales por modalidad de aseguramiento del Seguro de Salud, con ingresos y gastos efectivos con corte al 31 de diciembre de 2023 y proyectados al 31 de diciembre de 2024, utilizando los datos del informe EST-0020-2026 e identificando separadamente el costo del primer nivel de atención de la salud relacionado con los artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 7374. Para mayor claridad, pedimos que nos suministren la información en el siguiente formato:
Balances actuariales del Seguro de Salud según modalidad de aseguramiento– Millones de colones
Modalidad de aseguramiento
Año 2023: ingresos y gastos efectivos
Año 2024: ingresos y gastos proyectados
Ingresos
(1)
Gastos
(2)
Balance
(1) – (2)
Ingresos
(3)
Gastos
(4)
Balance
(3) – (4)
Asalariados
Trabajadores independientes
Asegurados voluntarios
Pensionados
Artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 7374
Total
Tercero. Solicitamos que, en los futuros estudios actuariales del Seguro de Salud, se presenten desagregados los ingresos, gastos y balances según las distintas modalidades de aseguramiento, así como los costos asociados con el primer nivel de atención de la salud por cuenta del Estado, con el formato del cuadro del punto Segundo anterior.
Cuarto. Valorar, conforme fue solicitado por la Presidencia Ejecutiva en el oficio PE-3996-2026, la realización de un espacio de reunión con representantes de esta Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, con el fin de conocer la posición técnica de esa Dirección, aclarar las inquietudes planteadas y contribuir a un diálogo institucional constructivo.
Agradecemos de antemano la atención que se sirva brindar a la presente gestión. Reiteramos que nuestro interés es contribuir, desde la participación ciudadana, al fortalecimiento de la transparencia, la sostenibilidad financiera y la protección de la Seguridad Social costarricense.
