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Foro «El caos en el transporte y su impacto en la salud pública»

Escrito en . Publicado en Salud.

El transporte se ha convertido en un problema acuciante en el país, el cual nos ha llevado a un auténtico caos que afecta de manera multidimensional la calidad de vida de la población; se trata de un problema que empeora día con día.

Este es un tema muy sentido por la ciudadanía, que demanda reflexión, análisis y búsqueda de soluciones. Dada la relevancia de esta problemática, la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias ha organizado un foro para debatir sobre el tema del transporte desde diversas perspectivas.

El foro tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 10:00 a.m. y será transmitido por el Facebook Live y el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias. En el foro participarán como panelistas:

– Leonardo Castro: Especialista en Ingeniería del transporte

– Nicole Mesén: Activista de derechos humanos y ambientales

– José Rojas Marín: Académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional

– Leonardo Merino: Politólogo, investigador del Programa Estado de la Nación

– Roy Wong: Médico epidemiólogo, Caja Costarricense del Seguro Social y coordinador de la vigilancia de enfermedades no transmisibles de la CCSS, miembro del equipo docente del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

Iglesia Luterana cuestiona acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos y exige transparencia al Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir personas deportadas por autoridades estadounidenses. En un pronunciamiento público, la organización religiosa advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo y pidió al Estado costarricense honrar su tradición histórica de acogida y respeto a la dignidad humana.

La ILCO recordó que desde hace 35 años acompaña a personas migrantes y refugiadas que llegan al país por razones políticas o económicas, y que durante los últimos siete años ha desarrollado esa labor mediante el Albergue Bet Lehem, espacio que atiende personas de diversas edades, religiones, orientaciones sexuales, estados civiles e ideologías. Según el documento, esa experiencia directa les permite pronunciarse con fundamento ético y humanitario sobre la situación actual.

Críticas al acuerdo con Estados Unidos

El pronunciamiento expresa preocupación por lo que describe como políticas xenófobas y persecutorias hacia personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump. La Iglesia Luterana sostiene que Costa Rica no debe convertirse en cómplice de cadenas de injusticia derivadas de mecanismos de persecución, detención y deportación incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, recuerda que en una experiencia anterior de recepción de personas deportadas se habrían producido amenazas y violaciones a derechos fundamentales, incluyendo aislamiento “bajo custodia” en condiciones contrarias a la tradición costarricense de refugio y protección humanitaria.

Solicitud de información pública

Ante la posibilidad de que el acuerdo continúe aplicándose, la ILCO solicitó al Gobierno brindar información clara, transparente y veraz sobre varios aspectos:

  • El texto completo del Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos.

  • Los alcances de la llamada “condición migratoria temporal”, incluyendo plazos, mecanismos legales y protocolos de atención.

  • Garantías plenas de respeto a los derechos humanos de las personas trasladadas al país.

  • Libertad de movilización, acceso a alimentación y atención médica.

  • Garantía de no ser enviadas a ningún país, incluido el suyo de origen, contra su voluntad.

Llamado ético y humanitario

La organización afirmó que continuará articulada con redes y organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y se sumó al reclamo de iglesias y colectivos de Estados Unidos que exigen el fin de la persecución migratoria. También exhortó al Gobierno costarricense a actuar conforme a los principios de dignidad humana y derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con una cita bíblica del libro de Isaías: “No volverás la espalda a tu hermano…”, reafirmando el carácter pastoral y solidario de su posición.

FESITRAES rechaza propuesta de 0% para el FEES 2027 y llama a movilización nacional

Escrito en . Publicado en Educación.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) advirtió, en un pronunciamiento titulado “En defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”, que la propuesta del Gobierno de fijar en 0% el incremento del FEES para 2027 constituye un congelamiento presupuestario con efectos reales de recorte. La organización sostiene que esta medida compromete el funcionamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles, la regionalización, la investigación y las condiciones laborales del sector universitario.

El documento señala que no se trata de una discusión meramente técnica, sino de una decisión política que debilita uno de los pilares del desarrollo social y económico del país. Según FESITRAES, mantener sin crecimiento el FEES en un contexto de aumento de costos y mayor demanda estudiantil implica retrocesos para el acceso a la educación superior pública, especialmente para sectores históricamente excluidos.

Cuestionamiento al argumento de la “inflación negativa”

La federación rechaza la justificación oficial basada en una supuesta “inflación negativa”, al considerar que se trata de un pretexto para encubrir un recorte presupuestario. El pronunciamiento recuerda que gastos esenciales como infraestructura, servicios, tecnología, investigación, salarios y becas no disminuyen automáticamente, por lo que un 0% nominal no representa una mejora real para las universidades.

Defensa de la autonomía universitaria

Otro de los ejes del documento es la denuncia de intentos por condicionar el financiamiento universitario mediante criterios externos como empleabilidad, áreas prioritarias o indicadores definidos fuera del sistema universitario. FESITRAES afirma que esto abre la puerta al control político de las universidades públicas y vulnera su autonomía. En ese sentido, insiste en que el financiamiento de la educación superior pública es una obligación constitucional del Estado y no una concesión sujeta a condicionamientos discrecionales.

Críticas a CONARE y llamado a una estrategia distinta

La organización también cuestiona la estrategia seguida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al considerar insuficiente confiar exclusivamente en la negociación técnica o en la vía judicial. A juicio de FESITRAES, los antecedentes recientes muestran incumplimientos gubernamentales y limitaciones en esas rutas, por lo que se requiere liderazgo político, articulación social y una respuesta más firme y unitaria.

Propuesta de Frente Universitario de Lucha

Ante este escenario, la federación convoca a estudiantes, personas trabajadoras universitarias, movimientos sociales y comunidades a organizar un Frente Universitario de Lucha en Defensa de la Educación Pública, capaz de enfrentar no solo la negociación del FEES 2027, sino una política sostenida de debilitamiento de la educación pública en todos sus niveles. Además, plantea impulsar una gran movilización nacional en defensa del FEES.

“El FEES no se negocia a la baja”

En el cierre del documento, FESITRAES sostiene que aceptar la propuesta del 0% significaría validar una política de retroceso y abrir la puerta a recortes mayores en el futuro. Por ello, llama a la unidad, la organización y la lucha en defensa de la universidad pública, afirmando que el futuro de la educación superior se define en la coyuntura actual.

Los vuelos de la vergüenza

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En medio de la noche el pasado fin de semana aterrizó en el país el primer contingente de personas deportadas provenientes de Estados Unidos. Hace unas semanas Costa Rica o más bien su gobierno había adquirido el compromiso con la gestión de Donald Trump de recibir estos envíos de personas de una forma sistemática.

Este primer grupo conformado por ocho mujeres y 17 hombres reportó a la Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hacer experimentado tratos inhumanos durante su detención en Estados Unidos y su traslado.

Llegaron esposados, más alimentados y con la incertidumbre de no saber a ciencia cierta su futuro.

Provenientes de varios países tales como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún, estas personas forman parte de grupos más amplios que continuarán llegando al país como parte del “acuerdo” (entre comillas) de ambos gobiernos.

Las dimensiones humanitarias de estos escenarios saltan a la vista. En pocos años el país ha borrado del escenario internacional su marca registrada en materia de diplomacia internacional y su férrea defensa de los derechos humanos.

Todo ha quedado subsumido frente a un repliegue sin cuestionamientos de las alucinantes políticas provenientes de la administración republicana.

Resulta vergonzoso ser parte de este escenario. Resulta altamente indignante que el país ahora forme parte del eje del terror y el abuso.

Un golpe de timón es aún necesario para salvar esta picada en caída libre de nuestra imagen en el concierto internacional. Eso pasa necesariamente por desmontar la narrativa y la práctica de quienes nos gobiernan en materia de derechos humanos y dignidad. Ya lo hemos dicho: la lucha es en el plano sociocultural y discursivo.

Ahí estará en los próximos años.

Nuevo Amanecer – Un emprendimiento indígena que relaja tu mente y purifica tu cuerpo

Escrito en . Publicado en Recreación.

Uriel Rojas

Al pie del Parque Internacional La Amistad, a 7km de Cabagra centro, se encuentra el emprendimiento indígena llamado Nuevo Amanecer (Ká nirke)

Este proyecto aprovecha los saberes de sus antepasados indígenas con los recursos que tiene su entorno para ofrecerle al visitante, momentos únicos llenos de paz, relajamiento corporal y salud mental.

Nuevo Amanecer es una actividad turística enfocada en la cosmovisión indígena bribri sostenible que aparte de sus talleres culturales te ofrece, senderismo por la montaña, cabalgata y una rica gastronomía.

Una de sus especialidades es el taller de aromaterapia indígena bribri, el cual utiliza plantas, flores, resinas y humos sagrados arraigados en sus tradiciones ancestrales para la sanación física, espiritual y la purificación energética.

En tu estancia en este lugar, puedes disfrutar del avistamiento de aves endémicas, vegetación exuberante y un oasis lleno paz que solo la naturaleza te puede brindar.

Conozca las tradiciones milenarias del mundo bribri, su cosmovisión ancestral,

Aprenda a pilar arroz de la manera antigua, asar banano, moler maíz, cacao, hacer tiro con cerbatana, hacer hamacas con fibras naturales.

Coordine su visita al 89481951

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR) emitió un pronunciamiento público sobre la situación que enfrenta la provincia de Limón y la gestión de Japdeva. La organización señala que la región necesita una nueva etapa de liderazgo institucional centrada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y resultados concretos para las comunidades. Además, afirma que no respalda la continuidad de la actual jerarquía institucional y solicita que futuras decisiones prioricen perfiles con capacidad técnica, sensibilidad social y compromiso real con el desarrollo inclusivo de Limón.

SURCOS comparte el pronunciamiento:

Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR)
Puerto Limón, Caribe Costa Rica
15 de abril de 2026

Pronunciamiento público de FONAMAFROCR

Por una conducción institucional con enfoque de desarrollo, respeto y diálogo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFROCR), en el marco de su compromiso con la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de liderazgos inclusivos, se pronuncia ante la situación actual que enfrenta la provincia de Limón y la institución Japdeva vinculada a su desarrollo.

Reconocemos las legítimas preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales, laborales y comunitarios de la provincia, en relación con el clima institucional, la gestión y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo integral de Limón.

Desde FONAMAFROCR, manifestamos con claridad que la provincia requiere una nueva etapa en la conducción institucional, en Japdeva, basada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y la capacidad efectiva de generar resultados en beneficio de las comunidades de la región Huetar Caribe.

En ese sentido, no respaldamos la continuidad de la actual jerarquía institucional, considerando que el contexto actual demanda un liderazgo distinto: con visión de desarrollo territorial, sensibilidad social, capacidad de articulación y un trato digno hacia las personas trabajadoras y las comunidades.

Este posicionamiento no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar condiciones institucionales que favorezcan la confianza, la paz laboral y el avance de procesos de desarrollo inclusivo y sostenible.

Asimismo, recordamos que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, cuyos principios —particularmente en materia de participación, consulta y respeto a las comunidades— deben orientar toda acción pública en territorios con alta diversidad cultural y social como Limón.

Desde esta perspectiva, reiteramos que el desarrollo no puede construirse sin:

❖ Participación efectiva de las comunidades.
❖ Liderazgos empáticos y respetuosos.
❖ Ambientes laborales libres de violencia, hostigamiento o prácticas que deterioran la dignidad humana.
❖ Procesos transparentes y orientados a resultados concretos para la población.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales para que, en la toma de decisiones sobre la conducción institucional, se prioricen perfiles con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica y compromiso real con el desarrollo de la provincia de Limón.

FONAMAFROCR reafirma su disposición de contribuir a los procesos de diálogo y construcción de propuestas que permitan avanzar hacia una institucionalidad más cercana, inclusiva y efectiva.

Limón merece un liderazgo que una, escuche y construya.

Atentamente,

Hellen Simmons Wilson
Coordinadora General
FONAMAFROCR

Alertas preventivas tras visita al lugar de alojamiento de personas deportadas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

El MNPT realizó, junto a la Defensoría de los Habitantes, una visita al espacio de alojamiento de las personas recientemente deportadas. Halló buenas prácticas en la atención de estas personas, pero identificó algunos riesgos que podrían vulnerar la dignidad humana y la integridad personal.

Este 14 de abril, la Defensoría de los Habitantes y el MNPT realizaron una visita al lugar en el que se alojan las primeras 25 personas deportadas (8 mujeres y 17 hombres) desde EEUU, provenientes de países como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún. Se constató que todas son mayores de edad, no hay adultos mayores, ni mujeres embarazadas.

Buenas prácticas con respecto a las personas deportadas y alojadas en el CATEM en el 2025. Se constató que tres de las principales preocupaciones encontradas por el MNPT hace un año se están protegiendo, ya que: 1) No tienen privación de libertad en el lugar en que se encuentran. 2) El Estado no les retiene sus documentos y tienen un estatus migratorio regular. 3) Están más claras las opciones migratorias por las que pueden optar (retorno voluntario, solicitud de refugio o visa humanitaria).

Asimismo, hay mayor disponibilidad de intérpretes. Se constató que hay equipos interdisciplinarios de la OIM atendiendo y se verificaron condiciones adecuadas en el lugar en cuanto a alojamiento, privacidad y alimentación. También, las personas expresaron una sensación de bienestar ante el trato en Costa Rica, el cual enunciaron como adecuado y cuidadoso, a diferencia del trato previo en EEUU.

Riesgos identificados. Para el MNPT es importante indicar algunos riesgos identificados a partir de la visita:

Riesgo de insostenibilidad de condiciones adecuadas. La cantidad actual de 25 personas es manejable para garantizar la atención, pero la viabilidad para dar un trato personalizado y humano a cada persona se va ir dificultando si esa cifra aumenta, en particular si ingresan personas con mayores condiciones de vulnerabilidad (menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas) o con complejidad para sus procesos de movilidad (personas sin documentos, de otros continentes, con otros idiomas, en “limbos” legales, etc.). Asimismo, no es claro el futuro para las personas que permanecerán en Costa Rica, en particular con respecto a cuáles serían sus espacios de alojamiento, medios de subsistencia o plan de vida.

No se constató presencia inter-institucional. Durante la visita no se pudo constatar la presencia de otras instituciones del Estado para un abordaje integral, tales como el INAMU, la CCSS o el IMAS; durante la visita tampoco se recibió información de la DGME sobre un sobre un plan interinstitucional al respecto.

Relatos de tratos crueles y vulneraciones previas. En los relatos de las personas deportadas se repiten quejas sobre los tratos recibidos en EEUU, en la detención, encierro y traslado. Aspectos como haber sido privadas de su libertad en espacios hacinados; recibir comida en estado inadecuado; incertidumbre de hacia dónde se dirigen o de su futuro; uso de grilletes en pies, caderas y manos durante traslados (incluido el vuelo hacia Costa Rica); la no devolución de objetos personales como celulares, relojes o ropa; tratos verbales que consideraron que afectan su dignidad. Formas asociadas a lo que se conoce como criminalización de la migración y cuyos efectos dañinos a los DDHH están muy documentados.

Riesgo de responsabilidad internacional. Desde una perspectiva del derecho internacional, en acuerdos como estos, Costa Rica no solo se debe de preocupar por el momento de llegada al país, sino que le deben ser relevantes las condiciones de trato en el país de origen, ya que se puede estar formando parte de una cadena internacional de vulneración de derechos humanos.

UCR realizará conversatorio sobre personas defensoras del territorio, derechos y resistencias

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco de la Semana U 2026, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica invita al conversatorio “Personas Defensoras del Territorio: Derechos, Riesgos y Resistencias”, un espacio orientado a escuchar experiencias, reflexionar sobre las luchas territoriales y reconocer la defensa de la vida desde distintas realidades.

La actividad forma parte del eje “Voces que defienden la vida y la libertad de expresión” y reunirá a personas representantes de territorios indígenas, organismos internacionales y programas universitarios vinculados a los derechos humanos y la acción socioambiental.

El conversatorio se realizará el miércoles 22 de abril a las 5:00 p. m. en la Sala de Audiovisuales, primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. La organización informó que la actividad será válida por horas conferencia de la ECCC.

Entre las personas participantes estarán:

  • Doris Ríos Ríos, del Territorio Indígena China Kichá.

  • Pablo Sibar Sibar, del Territorio Indígena Brörán.

  • William Vega Murillo, oficial nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales.

La convocatoria busca promover el diálogo en torno a los desafíos que enfrentan las personas defensoras del territorio, así como las diversas formas de resistencia comunitaria en defensa de los derechos humanos, la tierra y la vida.

Participan en la organización la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), la Escuela de Sociología, Kioscos Socioambientales y PROLEDI.

FEES: más allá del porcentaje, una disputa por legitimidad y financiamiento real

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Por: Tiryth María Vindas Campos
Estudiante Universidad de Costa Rica

El debate sobre el financiamiento universitario en Costa Rica no puede reducirse a la discusión coyuntural de un posible 0% de aumento al FEES, sino que debe entenderse como parte de una tendencia sostenida de deterioro relativo. Aunque en términos nominales el presupuesto ha seguido creciendo —por ejemplo, un 2% en 2025 y un 1% en 2026—, distintos análisis muestran que estos incrementos han sido insuficientes para compensar la inflación, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo del sistema universitario.

Este punto es central: el problema no es únicamente si el aumento es 0%, 1% o 2%, sino que el financiamiento real de las universidades públicas se ha venido erosionando. Bajo esta lógica, aceptar incrementos marginales o nulos refuerza una narrativa peligrosa: que las universidades pueden sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.

Sin embargo, la evidencia institucional indica lo contrario. El FEES financia un sistema que en 2026 supera los ₡593 mil millones, destinado a sostener funciones sustantivas como docencia, investigación y acción social en cinco universidades públicas.  Reducir su crecimiento real implica tensionar directamente estas funciones, afectando la formación de profesionales, la generación de conocimiento y los servicios que el sistema universitario presta al país.

En el plano político, la coyuntura es particularmente compleja. La negociación del FEES ha mostrado un aumento en la conflictividad —como ocurrió en 2025, cuando la Asamblea Legislativa tuvo que intervenir ante la falta de acuerdo— y en 2026 parte de escenarios fiscales restrictivos, incluso con referencias a inflación cercana a cero.  Esto reduce significativamente el margen de maniobra de las universidades en la negociación.

No obstante, cualquier estrategia de defensa del FEES enfrenta un límite estructural: la legitimidad social. Las tensiones internas, cuestionamientos públicos y percepciones de ineficiencia debilitan la capacidad de las universidades para posicionar su demanda como un interés país. En ese sentido, sostener una defensa puramente institucional del presupuesto resulta insuficiente.

Por ello, el desafío no es solo financiero, sino político: reconstruir legitimidad para sostener la demanda presupuestaria. Esto implica abrir un diálogo más directo con la sociedad, transparentar debilidades y explicar con claridad qué está en juego cuando se reduce el financiamiento universitario.

El escenario actual combina tres elementos:

1. Deterioro real del financiamiento, pese a aumentos nominales.

2. Condiciones políticas más restrictivas para la negociación.

3. Déficit de legitimidad que limita la capacidad de presión.

Sin abordar estos tres niveles de forma simultánea, la discusión sobre el FEES —sea 0% o cualquier otra cifra— seguirá resolviéndose en desventaja para el sistema universitario público.