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Mujeres por Costa Rica convoca a marchar en defensa de la CCSS este domingo 8 de noviembre

El colectivo Mujeres por Costa Rica convoca a la marcha «Por la defensa de la CCSS», que se realizará el domingo 8 de noviembre. La salida será a las 9:00 a. m. desde el parque La Merced, en San José, y la marcha se dirigirá a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

«La Caja nos cuida en los momentos más difíciles. Hoy nos toca unirnos para defenderla y exigir que se fortalezca, para que todas las personas reciban la atención que necesitan», señala la organización en su convocatoria, e invita a marchar «por nuestra salud, nuestras familias y nuestro futuro».

La actividad se convoca bajo las consignas «¡Esta dama no se toca!» y «¡La Caja se defiende y se fortalece!».

SURCOS ya publicó la convocatoria a esta movilización, que forma parte de las acciones de distintas organizaciones sociales en defensa de la seguridad social y del fortalecimiento de la CCSS. Puede consultarla en este enlace.

Datos de la actividad

  • Qué: marcha por la defensa de la CCSS
  • Cuándo: domingo 8 de noviembre, salida a las 9:00 a. m.
  • Dónde: del parque La Merced, San José, hacia las oficinas centrales de la CCSS
  • Convoca: Mujeres por Costa Rica

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

Sector agropecuario marcha en defensa de la producción nacional y la soberanía alimentaria

Organizaciones de pequeños y medianos productores del agro y movimientos afines convocan a una marcha en defensa del sector agropecuario, la producción nacional y la soberanía alimentaria, con el objetivo de posicionar los problemas inmediatos que enfrenta el sector. Entre las organizaciones está el Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.

La marcha es este martes 3 de noviembre. El punto de reunión es la Fuente de la Hispanidad a las 10 a. m. para avanzar hacia la Plaza de la Democracia.

Las organizaciones exigen que las políticas hacia el sector se definan con la participación del sector productivo, debidamente representado, “no al margen y en detrimento de ellos”.

En su comunicado recuerdan que el reclamo del sector se hizo escuchar por medio de un movimiento plural, liderado principalmente por personas jóvenes vinculadas al agro por profesión o por convicción. Ese movimiento convocó a miles de personas agricultoras, ganaderas y estudiantes, preocupadas por el impacto negativo que el Acuerdo Transpacífico tendría sobre la producción agropecuaria nacional. Agregan que el movimiento recibió el apoyo de los concejos municipales de 38 cantones, que representan el 51% de la población del país.

El texto destaca que el sector agroalimentario contribuye a la seguridad alimentaria, la economía y el empleo, sobre todo en las zonas rurales, y que permitió alimentar a la población durante crisis mundiales como la pandemia y las guerras entre Rusia y Ucrania y entre EUA e Irán. “La dependencia de importaciones de alimentos genera una gran vulnerabilidad”, advierte.

Según las organizaciones, el comercio mundial de alimentos está marcado por grandes disparidades en los costos de producción, sea por bajos estándares sociales y ambientales o por los subsidios y apoyos que otros países dan a su agricultura. Esos países venden alimentos a Costa Rica a precios menores que los costos locales de producción, “sin que esto se traduzca en un beneficio a los consumidores, pero sí en impactos muy negativos en nuestras comunidades rurales”, como ha ocurrido con el arroz, la papa, la cebolla, el frijol y la leche. Recuerdan que los países desarrollados protegen su agricultura por su valor estratégico: “En materia de producción agrícola debemos asumir un comportamiento de país desarrollado”.

El comunicado valora la declaración de la presidenta Laura Fernández de que el Acuerdo Transpacífico “no va” como señal de que “el clamor de los sectores y de los territorios fue escuchado” y como “un paso en la dirección correcta”.

Las demandas

Las organizaciones exigen tres acciones inmediatas:

  1. Evitar la firma y aprobación de nuevos tratados y acuerdos comerciales que atenten contra la viabilidad de la producción nacional.
  2. Eliminar de inmediato las medidas que están destruyendo la producción local, en particular la de pequeños y medianos productores, como las que permiten importaciones masivas de arroz, papa, cebolla, frijoles y leche, entre otros productos.
  3. Crear una política de fomento de un sector agropecuario innovador, capaz de enfrentar amenazas como el cambio climático, que contribuya a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y social y al mejoramiento ambiental. Esa política debe construirse con el sector productivo, el gobierno, la academia, el sector financiero y la sociedad civil.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026

Semana de los Estudios Sociales en Sede de Occidente UCR combinó reflexión académica, investigación y convivencia universitaria

Por: Zeanny Morales Bejarano
Docente, Sección de Historia y Geografía
Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica

Conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, exhibiciones estudiantiles y actividades recreativas formaron parte de la programación desarrollada del 26 al 30 de octubre en la Sede de Occidente.

La reflexión sobre la educación, el análisis histórico y la investigación fueron algunos de los temas que marcaron la Semana de los Estudios Sociales 2026, organizada por la carrera de Estudios Sociales y Educación Cívica de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Durante cinco días, estudiantes, docentes, personas egresadas y público interesado participaron en una variada programación que incluyó conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, exhibiciones académicas, cine foro y espacios de convivencia.

Educación, historia y desafíos de la práctica docente

La jornada inaugural, el lunes 26 de octubre, inició con el conversatorio «¿Aulas neutras o mentes críticas?», en el que la Dra. Jéssica Ramírez Achoy, de la Universidad Nacional (UNA); el M. Sc. Yeimer Ramos Torres, del Ministerio de Educación Pública (MEP), y la M. Sc. Evelyn Siles García, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), analizaron los desafíos de educar entre la política y la normativa en Costa Rica. 

Ese mismo día, el M. Sc. Jorge Marchena Sanabria, docente de la Sede de Occidente e investigador del CIICLA de la UCR, presentó su libro Cultura y formación de la élite del poder en Costa Rica. La familia Montealegre: ¿auge y caída de una facción de la «oligarquía cafetalera»? La presentación estuvo a cargo de la M. Sc. Estefany Rodríguez Acuña.

La jornada concluyó con un conversatorio virtual sobre la aplicación de la Ley 9999 y la Ley de Justicia Penal Juvenil. Eduardo Barrantes compartió con estudiantes y personas egresadas un espacio de diálogo sobre la importancia de estas normativas en el sistema educativo costarricense y los retos que implica su aplicación en el ejercicio docente.

El martes 27, la investigación estudiantil tomó protagonismo. Estudiantes del curso de Historia Moderna compartieron sus investigaciones sobre cultura y creación mediante una exhibición instalada frente a la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. Con caracterizaciones propias de la época, las personas estudiantes recibieron a jóvenes de distintos niveles de secundaria, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a los contenidos históricos de una manera dinámica. La actividad también permitió al futuro personal docente poner en práctica sus habilidades de comunicación y mediación pedagógica. Valentina Gutiérrez, estudiante de la carrera, señaló estar muy agradecida y muy feliz por haber tenido la oportunidad de socializar los resultados de la investigación de su grupo con el público.

La programación se trasladó al Museo Regional de San Ramón con la conferencia «Tomados de la mano en la mesa: breve repaso por la vida de Ofelia Corrales Jiménez», impartida por el historiador M. Sc. Pablo Barquero Morice, de la Sede de Occidente. A partir de la vida de esta reconocida médium costarricense de principios del siglo XX, el expositor abordó la historia del espiritismo, las prácticas asociadas con las sesiones espiritistas y los estudios científicos realizados sobre las médiums durante esa época.

Memoria histórica y reflexión sobre la realidad internacional

El jueves 29 de octubre, Miguel Regueyra Edelman, docente pensionado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, impartió una conferencia sobre el caso de Viviana Gallardo, su contexto histórico y el tratamiento que recibió en la prensa. Durante la exposición, el conferencista planteó una interpretación alternativa del caso y sus repercusiones. El intercambio con el público permitió profundizar en los acontecimientos y reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la memoria histórica.

Por su parte, el viernes 30 de octubre, la Semana cerró con la proyección del documental From Ground Zero, en el Mini Auditorio de la Sede de Occidente, con la participación de Wajiha Sasa, cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. La actividad permitió acercarse a la realidad palestina mediante el cine documental y generar un espacio de reflexión sobre las experiencias humanas en contextos de conflicto.

Investigación y convivencia más allá del aula

La programación también contempló la presentación de proyectos de investigación de estudiantes de cuarto año, quienes compartieron sus trabajos y mostraron a estudiantes de niveles iniciales las posibilidades de desarrollo académico que ofrece la carrera.

La convivencia también tuvo un lugar importante durante la Semana. Con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales y Educación Cívica, se organizaron un torneo de fútbol sala, una tarde de café y juegos, un convivio y un bingo en el Mini Auditorio.

De esta manera, la Semana de los Estudios Sociales 2026 reunió diferentes experiencias de aprendizaje, investigación y participación estudiantil. La iniciativa permitió fortalecer el intercambio académico, acercar la historia y las ciencias sociales a distintos públicos y generar espacios de encuentro para quienes forman parte de la carrera.

Feria Orgánica El Trueque realizará intercambio de semillas criollas y nativas

La Feria Orgánica El Trueque realizará un intercambio de semillas criollas y nativas el sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. d., bajo el lema “Por la soberanía alimentaria y nutricional”.

Las personas interesadas pueden llevar semillas criollas, almácigos, esquejes y otros materiales de siembra para intercambiar.

La actividad cuenta con el respaldo de la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Sociología. También participan el proyecto de extensión cultural EC-663, “Localizando tradiciones: promoción popular de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”, y el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Comer Orgánico de la UCR.

Datos de la actividad

  • Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: de 9:00 a. m. a 12:00 m. d.
  • Lugar: Feria Orgánica El Trueque, en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Freddy Pacheco León: las universidades públicas ofrecen más de 700 opciones académicas y abren sus puertas a estudiantes de familias en pobreza

En medio de la discusión sobre los recortes al financiamiento de las universidades públicas, el biólogo y analista político Freddy Pacheco León recordó la amplitud de la oferta académica de las cinco universidades estatales y su papel en la movilidad social.

Por ejemplo, dos de ellas: la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece 120 carreras, que se amplían a 183 opciones al tomar en cuenta sus sedes y recintos regionales, mientras que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) imparte 44 carreras a distancia que cubren todo el país.

En conjunto, señala Pacheco, las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la UNED y la Universidad Técnica Nacional) superan las 700 opciones académicas, entre disciplinas, grados y posgrados, en diversas áreas del conocimiento.

“Pero no es solo el número lo que interesa”, advierte Pacheco, “sino la rigurosidad académica y la viabilidad de que estudiantes de familias en pobreza puedan ingresar, estudiar y graduarse”. Esto es posible, explica, gracias a los amplios sistemas de becas y otros incentivos solidarios de las universidades estatales, tal como lo orientaron próceres de la educación como Emma Gamboa, Rodrigo Facio, Omar Dengo y Joaquín García Monge.

Las declaraciones se suman a la defensa del financiamiento universitario frente a los recortes previstos en el presupuesto de 2027. Las universidades públicas, las federaciones estudiantiles y otras organizaciones convocan a un plantón el lunes 2 de noviembre para exigir el cumplimiento de los acuerdos del FEES y la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035

Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.

Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”

Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.

La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?

La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.

Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.

La academia: conocimiento y responsabilidad pública

Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.

En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.

Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.

Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.

Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.

Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.

Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.

No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.

El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica

El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.

Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.

Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.

Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.

A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.

Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.

Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico

Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.

A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.

Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.

No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.

La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.

Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional

Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.

Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.

También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.

No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.

Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios

Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.

Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.

La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.

¿Qué debe proponer el Estado?

La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.

Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.

También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.

Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?

Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.

Construir una agenda común

Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.

Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.

La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.

El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.

La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.

Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.

Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.

Alcances y limitaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, frente a la realidad de los sistemas agroalimentarios y de la agricultura nacional

German Masís

El Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 y su Plan de Acción 2026-2030, un instrumento que orientará las acciones del país durante la próxima década para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable, suficiente, inocua y sostenible.

El plan establece una ruta de trabajo interinstitucional para fortalecer la disponibilidad de alimentos, impulsar una producción más sostenible, mejorar la educación alimentaria y nutricional y crear entornos que faciliten decisiones saludables para todas las personas.

De acuerdo con datos nacionales, el 16,4 % de los hogares enfrenta dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente, situación que evidencia la importancia de contar con una estrategia nacional que articule esfuerzos para reducir estas brechas y proteger el bienestar de la población.

Entre las principales acciones que contempla el plan destacan: el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos, la promoción de circuitos cortos de comercialización entre productores y consumidores, el uso sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades productivas en los territorios, y una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Asimismo, el Plan reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada como un eje central de las políticas públicas y promueve el trabajo conjunto entre instituciones del Estado, gobiernos locales, sector productivo, academia, organizaciones sociales y ciudadanía para alcanzar este objetivo. (Ministeriodesalud.go.cr,9-9-2026).

Para abordar la pertinencia y los alcances del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es conveniente efectuar un análisis y valoración de los componentes principales del planteamiento a saber:

I. El enfoque

El enfoque principal del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles que es el enfoque que impulsa la FAO a nivel internacional y que la representación de esa entidad ha adoptado en Costa Rica.

En general es un enfoque válido y pertinente, pero que es más una aspiración que una realidad en muchos países, incluyendo el nuestro. La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios se encuentra amenazada por distintos factores, como los factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, el aumento de los precios de los insumos y de los costos de producción y la reducción de los ingresos y de la rentabilidad de las actividades (Infobae,14-6-2026)

De ahí que la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en la actualidad es sobre todo un gran desafío hacia su transformación, ya que el país y la región no podrán mantener su rol esencial en estos sistemas, expandiendo las tierras agrícolas o aumentando los insumos. Necesitan generar más valor por hectárea, por unidad de agua, por una unidad de energía, para reducir la presión sobre los bosques, sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.

Además, es esencial pasar de producir más, a producir mejor, de exportar materias primas a generar más valor y de contar con casos de éxito aislados, a llevar adelante una transformación más profunda, inclusiva, sostenible y resiliente de estos sistemas. (IICA,19-6-2026)

Para el Plan Nacional de Alimentos presentado es central la disponibilidad de alimentos, que según las orientaciones de la misma FAO, se puede satisfacer mediante varios mecanismos, como la producción local existente, las políticas agroalimentarias que incentive su crecimiento y las importaciones de alimentos de otros países.

No obstante en los últimos años, la disponibilidad de alimentos se ha visto amenazada por el desincentivo de la producción nacional de algunos productos básicos, como el arroz y el frijol y la reducción considerable de la producción de otros productos, como la papa y la cebolla, mientras el país ingresa en una peligrosa tendencia de garantizar la disponibilidad de alimentos, mediante el incremento de las importaciones, justificado por los problemas climáticos y por los bajos precios de esos productos en otros países.

Según el análisis del economista Francisco Esquivel, mientras en el 2021 se importaron $ 170 millones en arroz, cebolla, raíces y tubérculos, carne vacuna y carne porcina, en el 2025, estamos importando $ 370 millones por año, es decir en 3 años ha aumentado $ 200 millones, ese producto importado significa pérdida de mercado para el productor nacional. (SURCOSdigital.com, 2-2026)

La disponibilidad de alimentos debe tener una base sólida en la producción nacional y en políticas que la incentiven y la apoyen y no debe depender de las importaciones baratas de otros países, que generan una competencia desleal con los productos nacionales y que deterioran sus ya vulnerables condiciones de participación en los mercados.

II. Las principales acciones del Plan

El Plan busca impulsar varias acciones estratégicas dirigidas a fortalecer componentes del sistema alimentario del país, no obstante, es importante valorar la situación de cada uno de esos ámbitos de la producción agroalimentaria.

1. La producción sostenible, el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país.

La producción sostenible y el uso sostenible de los recursos muestra una realidad amenazada por la alta utilización de insumos externos, especialmente agroquímicos y semillas, por la pérdida de fertilidad de los suelos y por la contaminación de las fuentes de agua por residuos químicos y la escasez de mano de obra nacional y la dependencia de mano de obra extranjera en algunas actividades productivas, aspectos que comprometen seriamente la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los sistemas agroalimentarios.

El tema de la alta utilización de agroquímicos en la agricultura nacional, ha sido ampliamente investigado y documentado por varias fuentes, un estudio reciente determinó que cultivos de Costa Rica utilizan casi el doble de plaguicidas por hectárea, al utilizar en promedio 21.9 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, enfatizando en la distribución de éstos en cultivos, como la piña, el arroz, el tomate, la papa y el banano y las características de peligrosidad de los ingredientes activos. (Delfino.cr,22-10-2026)

Otro aspecto que ha afectado seriamente la sostenibilidad de la actividad y de las comunidades involucradas o cercanas a ella, ha sido la contaminación de las fuentes de agua, que en amplias zonas del Atlántico, la zona Norte y hasta Cipreses de Oreamuno, en las que los ríos y nacientes han sido contaminadas y han salido de servicio, teniendo que ser sustituidas por la provisión institucional móvil del vital líquido.

Otros dos aspectos que afectan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios son la pérdida de fertilidad y productividad de los suelos en algunas actividades y zonas del país, provocado por el uso excesivo de agroquímicos, las inundaciones o la sequía y la ausencia de medidas de mitigación oportuna que restablezcan la capacidad productiva de los suelos.

El otro aspecto importante de mencionar es la progresiva dependencia de la mano de obra extranjera en actividades como el cultivo, mantenimiento y sobre todo en la cosecha de actividades como los cultivos de piña, banano, sandía, café y caña de azúcar, las cuales dependen de los permisos migratorios para el ingreso de trabajadores y la creación de condiciones para su permanencia.

Este fenómeno del predominio de la mano de obra extranjera, a su vez está asociado al comportamiento de la fuerza de trabajo en el sector, ya que el mismo Boletín estadístico agropecuario del MAG, había señalado que la fuerza de trabajo del sector agropecuario cayó en un 21,9% entre el 2021 y el 2025 y que la población ocupada en agricultura también se contrajo durante ese período, en una reducción del 16,4%. (ElObservador.cr,10-9-2026)

2. Sin embargo, la acción probablemente más crucial en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios es el de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país y el debilitamiento de las economías locales y regionales.

La capacidad productiva agropecuaria nacional, ha descendido y se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, aspecto evidenciado por los resultados de las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) realizadas por el INEC entre el 2021 y el 2025.

La reducción de las áreas cultivadas tanto de los cultivos para el mercado interno como para exportación, junto a la reducción de los volúmenes producidos para ambos mercados, ha sido la evidencia más contundente del deterioro de las actividades y los sistemas agroalimentarios ligados a ellas.

Las diferencias han sido significativas entre el 2023 y el 2025, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2021(ENA 20021) y 2024(ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hás menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2021 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 ha menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Entre las diferencias más significativas, se encuentran la del cultivo del arroz, cuya diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 ha y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

La comparación en la producción de papa entre el 2021 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 ha sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada

El análisis de la evolución de la producción de banano entre esos años determina una reducción de 8,755 ha y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

En la actividad cafetalera, las diferencias en los mismos años son significativas, con la reducción de 8,640 hás sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial. (SURCOS digital.com, 09-2025, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional).

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, evidencia la reducción de la capacidad productiva en actividades agrícolas y en territorios vinculados a estas actividades en las regiones periféricas del país, en las que son la principal fuente de empleo e ingresos para la población rural. Igualmente, esta reducción de la capacidad productiva tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas.

3. Otra de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos y el impulso de los denominados circuitos cortos de comercialización, que buscan reducir intermediarios y generar relaciones más directas entre productores y consumidores.

Esta acción involucra el fortalecimiento de las ferias del agricultor y las ferias locales, frente a uno de los mayores problemas del comercio agrícola, la intervención de los intermediarios como canal de comercialización que coopta buena parte de la producción de los pequeños productores y se apropia de buena parte del valor de esta.

En nuestro país operan más de 50 ferias del agricultor que permiten la participación directa del productor y un cambio en la relación entre productores y consumidores, pero esta opción aún plantea desafíos importantes para su mejoramiento y ampliación hacia zonas en las que éstas tienen poca presencia como los cantones del Sur-Sur y el Norte-Norte.

Un estudio reciente de la FAO indicó que estas ferias son un elemento esencial en los sistemas agroalimentarios, facilitando el acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos, al tiempo que dinamizan las economías locales. El estudio analiza los desafíos estructurales y organizacionales que enfrentan las ferias, como la infraestructura deficiente, la competencia con los supermercados y la necesidad de una mayor tecnificación.

También subraya la importancia de mejorar la infraestructura de las ferias, como la creación de estacionamientos y rampas de accesibilidad, para mejorar la experiencia tanto de productores como de consumidores. Además, aborda la necesidad de fortalecer la capacitación de los productores y de fomentar nuevas estrategias de comercialización, como el uso de pagos electrónicos y plataformas digitales para ampliar el alcance de las ventas. Finalmente, se destacan las recomendaciones para fortalecer el rol de las ferias en la economía costarricense, incluyendo la creación de políticas que promuevan la expansión de estos mercados a áreas rurales y costeras, y el desarrollo de estrategias de comunicación que mejoren su visibilidad y atractivo. (FAO.cr,29-3-2026)

4. Esta última recomendación del estudio está ligada a otras de las acciones del Plan, que es la educación alimentaria y nutricional y que requiere fortalecer el consumo de alimentos sanos e inocuos, tanto en los entornos escolares, como familiares y públicos, lo que requiere impulsar campañas de información y concientización de las características y valor nutricional de los alimentos, como también conocer su origen, calidad y trazabilidad, los que muchas veces se desconocen.

El impacto positivo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035, supone más allá de la correcta ejecución de las acciones planteadas, avanzar hacia una política agropecuaria más sostenible, equitativa e incluyente.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transformación productiva, socioeconómica y ambiental de la actividad.

Una transformación que debe garantizar que la producción agroalimentaria sea más sostenible ambientalmente, que la participación de los productores sea más justa y equitativa y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos.

La propuesta debe incluir un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a las condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las alternativas de comercio más justas y de mayor participación de los productores, un mecanismo de seguros agrícolas y protección de riesgos naturales y nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores.

Un componente adicional, es el impulso de un programa para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales.

La efectividad de las acciones de apoyo a los sistemas agroalimentarios pasa también por la vigencia de una ley de seguridad alimentaria y nutricional, que proteja a los productores y sus unidades productivas de los cambios en las condiciones comerciales internas y externas.

UNDECA, BUSSCO y RENASES conmemoran los 85 años de la CCSS con un llamado a defenderla

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) produjeron un video con motivo del 85 aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se cumple el 1.º de noviembre de 2026.

“Hay instituciones que forman parte de nuestra historia, pero hay otras que forman parte de nuestra propia vida”, afirma el video. La CCSS, señala, está presente “cuando una madre trae a su hijo al mundo, cuando una familia enfrenta la enfermedad, cuando una persona adulta mayor necesita atención, cuando la vida pende de un hilo”.

Las organizaciones expresan su reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, a quienes describen como “un verdadero ejército de paz” que durante generaciones ha cuidado la vida de la población.

Una conquista, no un regalo

El video recuerda que, a principios del siglo XX, Costa Rica estaba marcada por la pobreza, las enfermedades y las desigualdades sociales. La tuberculosis, el sarampión, la tosferina y las enfermedades causadas por el agua contaminada cobraban miles de vidas, y para muchas familias trabajadoras enfermarse significaba quedar abandonadas a su suerte.

Según el relato, las luchas obreras y populares, junto con la alianza de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y monseñor Víctor Manuel Sanabria, hicieron posibles las grandes conquistas sociales. Los hitos que recuerda:

  • 1 de noviembre de 1941: nació jurídicamente la CCSS.
  • 1942: comenzaron sus primeras prestaciones de salud.
  • 22 de octubre de 1943: una reforma consolidó su autonomía y el financiamiento tripartito entre el Estado, los patronos y las personas trabajadoras.

Junto con las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica, esa conquista “transformó para siempre nuestro país”. “La Caja nació de decisiones políticas, de acuerdos históricos y de luchas sociales. No fue un regalo, fue una conquista”, afirman las organizaciones.

Los desafíos actuales

El video advierte que la historia de la institución no garantiza por sí sola su futuro. Entre los desafíos actuales menciona:

  • las listas de espera;
  • el deterioro de la infraestructura;
  • la falta de personal;
  • las dificultades administrativas;
  • “una deuda multimillonaria del Estado”.

Las personas trabajadoras, agrega, enfrentan sobrecarga laboral, salarios congelados y condiciones que dificultan la prestación de los servicios.

“Desde el movimiento sindical advertimos que las políticas de austeridad, el debilitamiento del financiamiento público y la expansión de intereses privados en los servicios de salud pueden comprometer el modelo solidario que tanto costó construir”, señalan. A su juicio, “cuando se debilitan los derechos de quienes trabajan en la Caja, también se compromete la calidad de los servicios que recibe nuestro pueblo. Defender las condiciones laborales no es defender privilegios”.

El video plantea una pregunta a la ciudadanía: “¿Qué Caja vamos a entregar a nuestros hijos y nietos? ¿Una institución debilitada, endeudada y con servicios cada vez más limitados? ¿O una Caja pública, solidaria, autónoma, fortalecida, capaz de garantizar salud y seguridad social para las próximas generaciones?”. Y responde que “la Caja no son solamente sus edificios, sus hospitales o sus equipos. La Caja son sus trabajadores, sus trabajadoras y el pueblo al que sirven”.

Encuentro en Cartago

Las organizaciones convocan a la conmemoración del 1.º de noviembre en Cartago, desde las 9:00 a. m., como un espacio para reconocer la historia de la institución, agradecer a quienes la sostienen y expresar preocupaciones y propuestas sobre su futuro. Defender la Caja, afirman, significa también exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado, condiciones laborales dignas, transparencia administrativa y servicios de calidad para toda la población.

“85 años de historia por la salud y la vida. La Caja es patrimonio del pueblo costarricense”, concluye el mensaje.

SURCOS invita a ver el video completo, disponible a continuación.