✅La final será este 21 de julio en Siquirres, Limón.
Dos niños de la Escuela de Santa Cruz de Buenos Aires, Puntarenas, se clasificaron el pasado 10 de junio del año en curso para la Gran Final Nacional de Paratletismo Escolar que se llevará a cabo en Siquirres, Limón, el próximo 21 de julio.
Ambos estudiantes cursan el quinto año en este centro educativo, tienen 10 años de edad y con Diagnóstico de Síndrome de Down.
Los clasificados son: Jordany Kaleth Ramírez Benítez y Jordan José Vargas Ortíz.
Dicha clasificación la disputaron ante representantes de la Dirección Regional de Coto y Pérez Zeledón.
Ambos atletas son reconocidos por ser niños ordenados, sociables, nobles y enfocados en sus tareas académicas y deportivas.
Kaleth se clasificó en los 50 metros planos y a pesar de su diagnóstico, su madre, Sonia Benítez Bonilla lo define como un niño guerrero, que a pesar de su corta edad, ha superado múltiples dificultades de salud.
Por su parte, Jordan se clasificó en los 200 metros planos e Impulso de bala y actualmente ostenta el título de actual Campeón Nacional de Paratletismo Escolar en los 200 metros planos.
En esta edición competirá tanto en la pista como en el campo, en la disciplina de Impulso de bala.
Su madre, Marina Ortíz Morales lo define como un niño de carácter pasivo y reservado, que disfruta jugar al fútbol y estar con sus peluches.
Ambos estudiantes – atletas han recibido el respaldo incondicional de su profesora de Física, Aura Sequeira quien junto a los demás docentes se sienten muy orgullosos del logro alcanzado por ambos finalistas.
La Escuela Santa Cruz, pertenece a la Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba (DREGT), está ubicada en Buenos Aires de Puntarenas y actualmente es encabezada por su director el MSc. José Lázaro Ortiz.
Nota: El uso de las fotografías de los atletas cuenta con el consentimiento de sus padres y la institución educativa.
El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita a participar en un nuevo panel titulado «Enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental», un espacio dedicado a reflexionar sobre los aportes de distintas disciplinas para comprender y fortalecer la salud mental desde una perspectiva integral.
La actividad se realizará en vivo el viernes 3 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (UTC-6), y será transmitida a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
Panelistas invitados
El panel contará con la participación de dos especialistas provenientes de las ciencias biológicas y de la salud.
Participará Andrey Sequeira Cordero, Ph.D. en Biología, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), especializado en genética humana, neurobiología del estrés y las bases biológicas de los trastornos.
También estará presente Jenny Vásquez Vásquez, enfermera y obstetra de la Universidad de Costa Rica, terapeuta holística y sexóloga en consulta privada.
El diálogo buscará abordar cómo el enriquecimiento ambiental puede contribuir al bienestar psicológico y emocional, integrando conocimientos provenientes de la biología, la salud, la neurociencia y la experiencia clínica.
Transmisión y emisoras aliadas
Además de las plataformas digitales del programa, la actividad cuenta con el respaldo de diversas emisoras comunitarias y culturales:
Guanacaste 106.1 FM.
Radio Soberanía.
Radio Revolución.
506 Ondas Alajuelita.
Voces Libertarias 97.3 FM.
Las personas organizadoras invitan al público a seguir esta conversación y participar en un espacio de reflexión sobre alternativas para promover la salud mental desde enfoques interdisciplinarios y preventivos.
¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de saber para qué educa? Mi tesis es simple: la crisis educativa costarricense no es solo una crisis pedagógica; es una crisis democrática. Lo voy a evidenciar con lo que a continuación les voy a compartir:
La educación costarricense atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los informes del Estado de la Educación muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes, una disminución de la inversión pública, crecientes desigualdades y dificultades para responder a los desafíos contemporáneos.
Sin embargo, reducir esta situación a un problema de financiamiento, gestión o rendimiento académico sería insuficiente. La crisis educativa costarricense plantea preguntas más profundas acerca de la relación entre educación, democracia, ciudadanía y proyecto de sociedad.
Durante buena parte del siglo XX, la educación pública ocupó un lugar central en la construcción del Estado social costarricense. No solo se concebía como un mecanismo de movilidad social, sino también como una institución encargada de formar ciudadanos para la vida democrática. Obras como *La educación, fragua de nuestra democracia* reflejan esa convicción histórica.
La pregunta que hoy emerge es si ese horizonte continúa vigente y, de no ser así, cuál lo ha sustituido.
La crisis educativa como fenómeno histórico
En este sentido, el deterioro educativo no puede comprenderse únicamente desde la coyuntura reciente. Desde la década de 1980, los programas de ajuste estructural, la reconfiguración del papel del Estado y la expansión de nuevas racionalidades económicas modificaron progresivamente las prioridades de las políticas públicas.
Desde esta perspectiva, autores como Pierre Bourdieu, Michael Apple y Henry Giroux permiten analizar la educación como un espacio atravesado por relaciones de poder, disputas culturales y mecanismos de reproducción social.
No obstante, limitar el análisis a la reproducción ideológica sería insuficiente. La educación también constituye un espacio de producción cultural, construcción democrática y transformación social.
Más allá de la reproducción: la pregunta por la formación humana
La crisis actual, entonces, no se manifiesta únicamente en indicadores educativos. También aparece en ámbitos profesionales concretos.
Las dificultades observadas en múltiples campos del ejercicio profesional, incluyendo el debate generado por los resultados recientes del examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, obligan a preguntarnos por la calidad de los procesos formativos y por la relación entre los aprendizajes adquiridos y las competencias requeridas en contextos cada vez más complejos.
Esto permite formular una constatación inquietante.
Por una parte, la educación parece estar debilitando su función democrática al formar ciudadanos con menores herramientas para la deliberación crítica, la comprensión histórica y la participación informada.
Por otra, tampoco parece estar alcanzando plenamente los objetivos instrumentales que justifican muchas de las reformas impulsadas durante las últimas décadas.
La educación estaría fallando simultáneamente en la formación ciudadana y en la formación profesional.
La revolución tecnológica y la emergencia de una nueva cuestión educativa
La irrupción de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la denominada cuarta revolución industrial ha transformado profundamente las condiciones de producción, circulación y validación del conocimiento.
Paradójicamente, cuanto más abundante se vuelve la información, más importantes resultan capacidades tradicionalmente asociadas a la formación humanística:
pensamiento crítico;
comprensión contextual;
juicio ético;
creatividad;
comunicación;
trabajo colaborativo;
comprensión de la complejidad.
La pregunta educativa deja entonces de ser exclusivamente qué conocimientos transmitir y pasa a ser qué capacidades necesitan las personas para orientarse en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la sobreabundancia de información.
Edgar Morin y la educación para la complejidad
Las reflexiones de Edgar Morin resultan especialmente relevantes para comprender este escenario.
Los desafíos contemporáneos no pueden abordarse desde visiones fragmentadas del conocimiento. Problemas como la crisis ambiental, la transformación tecnológica, la desigualdad social o el debilitamiento democrático exigen formas de pensamiento capaces de articular dimensiones múltiples y reconocer la complejidad de los fenómenos humanos.
La educación aparece entonces como una práctica destinada no solo a transmitir información o desarrollar competencias laborales, sino a formar sujetos capaces de comprender el mundo que habitan y actuar responsablemente dentro de él.
La cuestión curricular como cuestión democrática
Toda propuesta educativa responde, explícita o implícitamente, a una pregunta fundamental:
¿Qué tipo de ser humano queremos formar?
Y detrás de esa pregunta existe otra aún más profunda:
¿Para qué tipo de sociedad?
Durante gran parte del siglo XX costarricense existió una relativa claridad respecto de estas interrogantes. La educación estaba vinculada a un proyecto nacional que articulaba ciudadanía, democracia, movilidad social y desarrollo.
En la actualidad, ese horizonte parece mucho más difuso.
Las discusiones sobre currículo, evaluación, tecnologías o competencias suelen desarrollarse sin una reflexión suficientemente profunda acerca del proyecto de sociedad que las orienta.
Sin embargo, la formación democrática exige algo más que la transmisión de conocimientos sobre instituciones políticas o derechos ciudadanos. Implica también desarrollar la capacidad de identificar críticamente las formas, muchas veces invisibles, mediante las cuales operan las relaciones de poder en la vida social.
Una experiencia vinculada a la organización de este mismo foro resulta ilustrativa. Diversas observaciones realizadas en redes sociales señalaron la ausencia de mujeres en la composición del panel. La observación es pertinente y merece ser tomada con seriedad. Lo relevante, sin embargo, no es únicamente la ausencia en sí misma, sino el hecho de que esta hubiera pasado inadvertida durante el proceso de organización, incluso entre personas comprometidas con los valores democráticos, los derechos humanos y la reflexión crítica.
Lejos de constituir una situación excepcional, este episodio confirma una de las principales tesis desarrolladas por Pierre Bourdieu (2000) acerca de la dominación masculina y los mecanismos de violencia simbólica: las estructuras sociales más eficaces son precisamente aquellas que logran naturalizarse hasta hacerse invisibles para quienes participan de ellas. El problema no radica necesariamente en decisiones conscientes de exclusión, sino en la forma en que determinados esquemas de percepción, reconocimiento y legitimación se incorporan a la vida cotidiana y terminan orientando nuestras prácticas sin que siempre seamos plenamente conscientes de ello.
Desde otra perspectiva, Sandra Harding (1991) sostiene que todo conocimiento se encuentra situado histórica y socialmente, y que la diversidad de experiencias amplía las posibilidades de comprensión de la realidad. En este sentido, la presencia de voces diversas no constituye únicamente una cuestión de representación, sino también una condición para enriquecer los procesos de deliberación y producción de conocimiento.
Del mismo modo, Iris Marion Young (1990) advirtió que muchas formas de exclusión no operan mediante actos explícitos de discriminación, sino a través de mecanismos estructurales que reproducen desigualdades aun cuando nadie tenga la intención consciente de producirlas.
Esta reflexión conduce además a una cuestión más amplia. La diversidad no se agota en la incorporación de una única categoría social. Una democracia plural está compuesta por múltiples experiencias históricas y culturales: mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, poblaciones migrantes, diversidades sexuales y de género, sectores rurales, juventudes, personas adultas mayores y muchos otros grupos que experimentan la realidad desde posiciones distintas.
Ningún panel académico, institución o espacio deliberativo puede representar plenamente la totalidad de esa diversidad. Como advertía Edgar Morin (1999), toda mirada sobre la realidad es necesariamente parcial, por lo que la conciencia de nuestros propios límites constituye una condición indispensable para el pensamiento complejo.
Precisamente por ello, la tarea democrática no consiste en alcanzar una representación perfecta e imposible, sino en desarrollar la conciencia crítica necesaria para reconocer las ausencias existentes y mantener abiertos los espacios para la incorporación de nuevas voces y perspectivas.
Precisamente por ello, la educación crítica no consiste únicamente en cuestionar las prácticas de los gobiernos, las instituciones o los grupos de poder. También implica examinar permanentemente nuestros propios presupuestos, sesgos y puntos ciegos. La capacidad de someter a crítica nuestras propias prácticas constituye una condición indispensable para la construcción de una cultura democrática genuina.
La crisis educativa podría ser entonces también una manifestación de una crisis más amplia: la dificultad para construir consensos democráticos sobre el futuro colectivo y para desarrollar las herramientas intelectuales que permitan reconocer críticamente las múltiples formas, visibles e invisibles, en que operan las relaciones de poder en nuestras sociedades.
La cuestión no es quién puede hablar en nombre de todos. La cuestión es cómo construir una cultura democrática donde nadie pueda asumir que ya ha escuchado a todos.
Reflexión final
Quizás el problema central no sea únicamente que la educación costarricense esté en crisis.
Quizás la cuestión más profunda sea que aún no hemos definido colectivamente qué tipo de personas necesitamos formar para enfrentar los desafíos éticos, tecnológicos, democráticos y culturales del siglo XXI.
La pregunta ya no es solamente cómo mejorar indicadores educativos, incorporar nuevas tecnologías o aumentar la competitividad económica.
La pregunta es si somos capaces de deliberar democráticamente acerca del horizonte humano que deseamos construir.
Porque toda educación presupone una determinada idea de ser humano y toda sociedad, aun cuando no lo reconozca explícitamente, educa siempre para algún futuro.
La cuestión es si ese futuro será resultado de una decisión colectiva consciente o de la simple acumulación de fuerzas económicas, tecnológicas y políticas que terminen decidiendo por nosotros.
Las reflexiones desarrolladas a lo largo de este encuentro permiten advertir un elemento común que atraviesa problemáticas aparentemente diversas. Las discusiones sobre dignidad humana y pluralismo, la utilización política de las creencias religiosas, la polarización social, el desgaste institucional o las tendencias autoritarias que emergen en distintos contextos latinoamericanos remiten, en última instancia, a una misma pregunta: ¿cómo formamos ciudadanos capaces de convivir democráticamente en sociedades crecientemente complejas y diversas?
Con frecuencia estos fenómenos son analizados únicamente desde la ciencia política, el derecho o la sociología. Sin embargo, también poseen una dimensión profundamente educativa. La manera en que las personas aprenden a relacionarse con quienes piensan diferente, a reconocer la legitimidad del disenso, a evaluar críticamente los discursos de poder, a comprender la importancia de las instituciones democráticas y a ejercer responsablemente sus libertades constituye, en gran medida, el resultado de procesos formativos que se desarrollan dentro y fuera de los sistemas educativos.
Quizás uno de los mayores desafíos contemporáneos consista precisamente en recuperar la dimensión democrática de la educación. No para convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento ideológico, sino para fortalecer las capacidades intelectuales y éticas necesarias para la deliberación pública, el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad y la participación ciudadana informada.
Desde esta perspectiva, la crisis educativa costarricense no constituye un fenómeno aislado. Forma parte de una discusión más amplia acerca de la calidad de nuestra democracia, de la fortaleza de nuestra cultura cívica y de la capacidad colectiva para construir un proyecto común en medio de profundas diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas.
La educación, en consecuencia, no puede ser entendida únicamente como preparación para el mercado laboral o como mecanismo de acumulación de competencias técnicas. También constituye uno de los principales espacios donde una sociedad aprende a ejercer la libertad, a gestionar sus conflictos y a construir democráticamente su futuro.
Apelamos a su sentido común, antes de que los costarricenses paguemos los más de ¢8 millones que cuesta enviar sus muebles a Nueva York, para instalarse como nuestro representante ante la ONU. Hay algo que le queremos pedir a usted, don Boris Marchegiani, antes de ejecutar ese inútil gasto aprobado por la Cancillería.
Usted está mitigando en su hotel de playa, el revuelo que, por encima de partidos políticos, ha provocado su designación diplomática nacida de sus millonarios aportes financieros a la campaña electoral de doña Laura Fernández. Y seguramente usted entenderá que, como ha de suceder con un funcionario diplomático de carrera (que no es lo mismo que uno que anda «en carrera» como usted), sus virtudes han de superar sus pecados, para que pueda superar el escrutinio público y no se cuestione el puesto que usted ha escogido, quizá sin pensar mucho en las consecuencias y responsabilidades inherentes al cargo.
Se informa que su señoría arrastra una desatendida deuda de unos ¢4.000 millones con el Banco Nacional, entidad estatal que, por cierto, ha sido objeto de manoseo de parte de la presidencia de la República encabezada por Rodrigo Chaves, que lograra parcialmente ejercer un indebido control casi personal sobre su junta directiva.
Aparte de unos procesos relacionados con el pago de algunos de sus impuestos, que seguramente le provocarán insomnio recurrente, creemos que usted debería reflexionar empresarialmente, como lo hace con sus lucrativos negocios, acerca del nuevo “negocio” en que se está metiendo hasta el cuello, al disponerse a encabezar la misión de Costa Rica que labora en la Organización de las Naciones Unidas con sede en la isla de Manhattan.
Don Boris, para sus compatriotas ticos (lo aclaramos pues desconocemos si usted goza de doble nacionalidad por haber nacido en Venezuela) hay «embajadores de embajadores», según sus calidades y el lugar en que fungen como tales. Quizá por eso es poca la importancia que le presta la ciudadanía a la mayoría de nuestro cuerpo diplomático, pero existen evidentes excepciones que demandan especiales valoraciones, en este caso del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica don Manuel Tovar, responsable junto a la presidenta Fernández de las decisiones relacionadas con las relaciones internacionales. Dentro de esos nombramientos especiales, por su relevancia, el caso de la ONU, el máximo foro planetario, es trascendental. Por ello, la presidenta y su canciller, han de velar porque el representante de Costa Rica ante ese foro mundial, sea digno embajador de nuestra amada Patria; alguien que no nos avergüence ni al interior del país ni ante la comunidad internacional representada en la ONU, que indudablemente le estará mirando y evaluando, en virtud de las decisiones que allí se negocian y toman.
Usted don Boris, comprenderá que sus representados demandamos que tal persona debe exhibir un equilibrio excepcional entre el rigor intelectual, la competencia técnica y una sólida y relevante inteligencia emocional. Ha de ser íntegro y honesto. El más alto nivel de ética es condición insustituible para así generar confianza y credibilidad ante los oficiales de otras naciones, específicamente cuando se ha de participar de diálogos constructivos, donde las posiciones costarricenses se han de nutrir del espíritu y cultura costarricenses sustentados en sólidos cimientos históricos, que se adentran en el pensamiento y acción de nuestros próceres y héroes.
De ahí surgen algunas de nuestras dudas sobre su futura gestión en Nueva York, pues si no fuese así, si usted no cumpliere con tales requerimientos, en un ambiente en que otros embajadores y funcionarios de otras naciones, se enterarían de sus «problemillas» con la banca costarricense y el Ministerio de Hacienda, sépalo don Boris, que su credibilidad y limitada elocuencia, serán obstáculos casi infranqueables para una exitosa gestión. Por ello, es esperable que no lo tomarán en serio, será motivo de conversaciones de pasillo y memorandos informativos con sus gobiernos, por lo cual el alto salario que le tendríamos que pagar los costarricenses con nuestros impuestos, sería sin duda un dinero desaprovechado que bastante falta hace en nuestro pobre país.
Asimismo, es posible pensar en las presiones que recibirá la delegación de Costa Rica de parte de grandes potencias, como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, por ejemplo, donde usted debería tener la capacidad, hasta hoy desconocida, de mostrar firmeza patriótica en defensa de nuestra venerada independencia e invaluable soberanía. Circunstancialmente, ahora que se está planteando por parte de transnacionales apoderarse de los recursos minerales de los fondos marinos internacionales, declarados por la Asamblea General «Patrimonio Común de la Humanidad«, es menester que nuestro pequeño país, reconocido por grandezas como la protección del ambiente, la ausencia voluntaria de fuerzas armadas, la democracia respetuosa de la separación e independencia de poderes, la libertad electoral, la promoción de la paz…, exhiba orgullosamente las virtudes que ha ido forjando a través de los años, gracias a gobernantes conscientes de su responsabilidad histórica. Como tal herencia no debe desdeñarse, debemos rechazar que nuestro discurso y valioso voto, sean siempre ejemplares, dignos, independientes de ataduras innobles que solo obedecen a conveniencias circunstanciales, como podría suceder cuando un tema tan importante sea planteado en votaciones de la ONU.
En fin, don Boris, queremos conocer de usted, en conferencia de prensa, su pensamiento sobre lo anotado, antes de asumir como nuestro embajador en la ONU. Consideramos que es responsabilidad suya cumplir con un acto transparente como el que le pedimos realizar, para que se rompa ese escandaloso silencio que se ha impuesto desde la Cancillería, quizá con la idea de que usted simplemente estará allá, alejado de los que compartirán inquietudes que usted respondería con notas redactadas en la Casa Amarilla por algún asesor, esquivando así caminos escabrosos. Ha de admitir señor, que el pueblo de Costa Rica merece conocer hasta dónde lleva usted «a Costa Rica en las entrañas»…
La guerra en Ucrania no solo ha provocado una devastación humana y material sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También ha abierto interrogantes sobre el destino de miles de combatientes extranjeros, la proliferación de conocimientos militares avanzados y el eventual traslado de esas capacidades hacia organizaciones criminales transnacionales.
Diversos organismos de seguridad han advertido durante los últimos años que los conflictos armados prolongados suelen convertirse en verdaderas escuelas de guerra para combatientes extranjeros, quienes posteriormente pueden incorporarse a redes criminales, grupos insurgentes o empresas militares privadas. La experiencia adquirida en el manejo de drones de ataque, guerra electrónica, explosivos, minas, reconocimiento y combate urbano constituye un conjunto de conocimientos altamente valorados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En este contexto, diversos reportes periodísticos e investigaciones han señalado que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían buscado incorporar exmilitares colombianos con experiencia en combate. Asimismo, algunas investigaciones sostienen que individuos vinculados al crimen organizado latinoamericano habrían intentado obtener entrenamiento o experiencia militar participando como combatientes en Ucrania.
Sin embargo, aunque estas informaciones resultan sumamente preocupantes y plausibles, aún son objeto de investigación y no constituyen pruebas concluyentes de una política oficial del Estado ucraniano destinada a entrenar organizaciones criminales.
Lo que sí resulta evidente es que el conflicto ha acelerado la difusión de tecnologías militares relativamente económicas, particularmente drones FPV, municiones merodeadoras («drones kamikaze»), sistemas de observación aérea y nuevas tácticas de combate. Expertos en seguridad internacional han advertido que, una vez finalizada una guerra, parte de estos conocimientos suele expandirse hacia mercados ilegales y actores no estatales.
En ese sentido, el periodista mexicano Marco Teruggi señala: «La novedad es que habría narcotraficantes adquiriendo instrucción en Ucrania para traer esos conocimientos a nuestro país. Ahí están miembros de carteles de la droga mexicanos, en particular del CJNG, exactamente en la línea de combate, donde mueren soldados. Específicamente en el manejo de drones de última tecnología, aprendiendo el uso de aeronaves no tripuladas para traer ese conocimiento y utilizarlo acá».
Sin embargo, en el caso de los narcotraficantes, la información disponible indica que estos se infiltrarían en las escuelas de formación para el manejo de drones, ocultando su filiación y procedencia. Los integrantes de los carteles que viajarían a Ucrania lo harían a través de empresas militares privadas, utilizadas como fachada para hacerse pasar por voluntarios, sin antecedentes criminales, con recomendaciones falsificadas e incluso con pasaportes falsos.
Ucrania se ha convertido en un gran laboratorio de guerra, donde se están probando nuevos armamentos, como drones kamikaze capaces de perseguir objetivos, drones de inteligencia y drones de ataque. Acceder a ese conocimiento significa adquirir capacidades tecnológicas de vanguardia que, en principio, deberían estar reservadas a las fuerzas armadas y no a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ello cobra especial relevancia considerando que parte de la formación militar que reciben las fuerzas ucranianas es impartida por instructores especializados de la OTAN.
A ello se suma otro elemento que merece atención: gran parte de las armas utilizadas por organizaciones criminales en México proviene de Estados Unidos. En ese contexto, resulta llamativo que en el escenario ucraniano puedan coincidir exmilitares, expolicías y presuntos integrantes del crimen organizado en un mismo espacio de combate.
El reclutamiento de exmilitares colombianos constituye otro fenómeno ampliamente documentado. Muchos son atraídos mediante ofertas laborales como escoltas o guardias de seguridad, pero posteriormente terminan integrándose a estructuras armadas del crimen organizado mexicano. Su formación profesional en explosivos, patrullaje, combate rural y operaciones especiales representa un activo estratégico para organizaciones como el CJNG.
Esta situación plantea un desafío internacional. La circulación global de combatientes, instructores y especialistas militares demuestra que las guerras contemporáneas producen efectos que trascienden ampliamente sus fronteras. La experiencia adquirida en un conflicto puede terminar alimentando la violencia criminal en otras regiones del mundo.
Las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, han insistido en denunciar que combatientes extranjeros formados en Ucrania podrían terminar integrándose a organizaciones criminales internacionales. No obstante, estas afirmaciones deben entenderse como la posición del gobierno ruso en el contexto de la guerra y no como conclusiones independientes plenamente demostradas.
Más allá de las disputas políticas entre Moscú y Kiev, el verdadero problema consiste en impedir que los conocimientos y las experiencias militares adquiridos durante la guerra terminen fortaleciendo a organizaciones criminales transnacionales. La historia demuestra que, cuando un conflicto concluye, las armas, la tecnología y los combatientes rara vez desaparecen; con frecuencia encuentran nuevos escenarios donde continuar operando.
El Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y el Centro Cultural de España en Costa Rica (CCE) invitan a participar en el ciclo de conversatorios «Mover un país: diálogos sobre migraciones, hospitalidad e inclusión en Costa Rica», una iniciativa que se desarrollará entre junio y noviembre de 2026 con el propósito de promover el análisis, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la movilidad humana en el país.
Según las organizaciones convocantes, el ciclo consistirá en un conversatorio mensual orientado a abrir un espacio de diálogo crítico y situado sobre las migraciones en Costa Rica. La propuesta busca visibilizar las experiencias, los derechos y los aportes de las personas migrantes y refugiadas, reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y poner en valor las prácticas de hospitalidad como respuesta ética y política frente a la exclusión, la criminalización y la deshumanización.
«Tejer el mañana» será el segundo conversatorio del ciclo
La segunda sesión del ciclo se realizará el miércoles 8 de julio, de 7:00 p.m. a 8:50 p.m., en El Farolito, sede del Centro Cultural de España en Costa Rica.
Bajo el título «Tejer el mañana», el conversatorio estará dedicado a reflexionar sobre las redes de protección, apoyo y cuidados para personas forzosamente desplazadas —ya sea de forma temporal o permanente— en Centroamérica.
De acuerdo con las personas organizadoras, el encuentro abordará las iniciativas que existen en Costa Rica para acompañar a quienes enfrentan desplazamientos forzados, analizando estas experiencias como alternativas para reexistir en un contexto regional marcado por la represión, el retroceso de derechos y el avance de tendencias autoritarias.
Participarán:
Valeria Montoya Tabash.
Julieta Montoya Molteni.
Keller Araya Molina.
La moderación estará a cargo de Annie Rodríguez Ovares.
Un ciclo sobre movilidad humana e inclusión
El programa contempla seis conversatorios, cada uno dedicado a una dimensión específica de la movilidad humana:
17 de junio:Huir no es una elección. Derecho al refugio: promesas, límites y realidades en Costa Rica.
8 de julio:Tejer el mañana. Redes de protección y cuidados para reexistir en la Centroamérica autoritaria y expulsora.
12 de agosto:Destino impuesto, derechos negados. Personas expulsadas de Estados Unidos a Costa Rica.
16 de setiembre:Las fronteras también se habitan. Movilidad humana en Paso Canoas y Los Chiles.
21 de octubre:Hacerse la vida. Integración económica y aportes de las personas migrantes y refugiadas.
18 de noviembre:Mujeres en movimiento. Por el derecho a vidas con dignidad, justicia y autocuidados.
Las actividades son de acceso libre y se desarrollarán en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante.
Las organizaciones convocantes extienden la invitación al público a participar tanto en el conversatorio «Tejer el mañana» como en el conjunto del ciclo, con el fin de fortalecer el diálogo sobre las migraciones, los derechos humanos, la hospitalidad y la inclusión en Costa Rica.
Consejo Universitario mantiene criterio institucional y recomienda no aprobar el texto actualizado del Expediente N.º 23.414
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto actualizado del proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente N.º 23.414), al considerar que la iniciativa continúa debilitando el modelo eléctrico público costarricense y plantea una transformación estructural del sector sin ofrecer garantías suficientes para proteger el interés público.
Con esta decisión, la Universidad reafirma los criterios institucionales emitidos en 2023 y 2024 respecto al texto base y al texto dictaminado de la iniciativa, manteniendo una posición consistente en defensa del modelo eléctrico construido por Costa Rica durante más de siete décadas.
El análisis realizado por especialistas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ciencias Sociales y otras unidades académicas concluye que el proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema eléctrico nacional, desplazando un modelo basado en la planificación pública, la solidaridad y el acceso universal hacia otro sustentado en la competencia y la lógica de mercado. Aunque formalmente se mantiene la rectoría estatal, la propuesta amplía la participación de agentes privados en funciones estratégicas y modifica el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destacan la creación de un Mercado Eléctrico Nacional bajo criterios de competencia, el traslado de funciones estratégicas actualmente ejercidas por el ICE hacia un nuevo ente coordinador, la pérdida de capacidad de planificación pública del sistema eléctrico y los riesgos que ello representa para principios como la universalidad, la solidaridad, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el análisis advierte que experiencias internacionales de liberalización eléctrica han evidenciado aumentos tarifarios, deterioro en la calidad del servicio y una mayor vulnerabilidad operativa.
El Consejo Universitario también considera que la modernización del sistema eléctrico es una necesidad impostergable; sin embargo, esta debe orientarse al fortalecimiento institucional del ICE, la despolitización de la planificación energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la gobernanza pública del sector, sin debilitar el modelo solidario que ha permitido a Costa Rica alcanzar una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y una matriz basada mayoritariamente en fuentes renovables.
En ese sentido, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa y con las instituciones del sector energético mediante el aporte de sus capacidades académicas y técnicas para construir una propuesta de modernización del sistema eléctrico que preserve el interés público, fortalezca al ICE y responda a los desafíos de la transición energética y la seguridad eléctrica del país.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Hay quienes que, cuando los pueblos sufren, llegan con agua, alimentos, medicinas, maquinaria y solidaridad, otros llegan con cámaras, troles y mentiras.
La historia de Nuestra América está llena de terremotos, huracanes, inundaciones y otras tragedias naturales, pero también ha estado marcada por otro tipo de desastres, uno creado desde los centros del poder político y mediático, como el uso del dolor humano para desestabilizar gobiernos populares y sembrar desesperanza.
Lo ocurrido en Venezuela tras los devastadores terremotos no puede analizarse solo como un fenómeno geológico; mientras miles de rescatistas, médicos, bomberos, trabajadores públicos y voluntarios luchan contra el tiempo para salvar vidas, en las redes sociales se libra otra batalla, una ofensiva comunicacional que busca convertir una tragedia nacional en un instrumento de confrontación política.
Esto no es algo nuevo. La Revolución Bolivariana ha enfrentado durante más de dos décadas una guerra en muchos frentes, donde la manipulación de la información ha sido una de las armas más poderosas. Cada dificultad económica, cada apagón, cada inundación, cada crisis sanitaria, y ahora cada desastre natural se convierte de inmediato en material para una maquinaria propagandística, que intenta presentar al Estado venezolano como un proyecto fracasado.
No hablamos simplemente de la crítica política, que siempre es válida en una sociedad democrática, la crítica forma parte del debate. El problema comienza cuando el sufrimiento de miles de familias, se convierte en un espectáculo para generar odio, desmoralización y enfrentamiento.
Mientras hombres y mujeres remueven toneladas de escombros para rescatar sobrevivientes, en Internet circulan fotografías de otros terremotos presentadas como si fueran de Venezuela, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial y rumores sobre supuestos saqueos, abandono total de las víctimas, robo de donaciones, e incluso versiones según las cuales funcionarios cobraban dinero para entregar los cuerpos de personas fallecidas.
Muchas de estas publicaciones fueron desmentidas posteriormente por verificadores independientes, demostrando que el dolor también puede convertirse en un negocio político.
Es la política del desastre, donde el neoliberalismo convierte todo en mercancía, incluso las tragedias. Existe una lógica profundamente deshumanizada que cree que mientras peor le vaya al país, mayores serán las posibilidades de derrotar políticamente al gobierno.
Es una visión que no celebra la reconstrucción, sino el derrumbe; que no busca aliviar el sufrimiento, sino aumentarlo; que no construye esperanza, sino frustración.
En esta lógica, una catástrofe natural deja de ser un drama humano para convertirse en una oportunidad propagandística. Lo importante deja de ser salvar personas y pasa a ser construir un relato político.
Por esto aparecen las matrices de opinión incluso antes de que terminen las labores de rescate. Primero se instala la idea del abandono, luego la de un supuesto colapso institucional, más tarde llegan las acusaciones sin pruebas y, finalmente, aparece la conclusión política que ya estaba preparada, presentar al gobierno como incapaz y convertir el dolor colectivo en combustible para la confrontación.
No es un drama exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Cuba después de huracanes, en Nicaragua tras desastres naturales, en Bolivia durante los incendios, en México después de terremotos y en buena parte de América Latina, cuando gobiernos progresistas enfrentan situaciones extraordinarias.
Las redes sociales permiten que una mentira recorra millones de pantallas antes de que la verdad logre abrirse paso; este es precisamente el objetivo: no informar, sino impactar emocionalmente, sembrar miedo, provocar indignación y romper la confianza entre el pueblo y las instituciones.
Mientras algunos se concentran sus esfuerzos en hacer virales rumores y noticias falsas, otra Venezuela estaba actuando: Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada, Personal Sanitario, Consejos Comunales, Comunas, Militantes Sociales, Vecinos, Jóvenes Voluntarios, Trabajadores Públicos y Rescatistas Internacionales. Miles de personas que no preguntan por la posición política de quien necesita ayuda, simplemente ayudan.
Porque cuando un edificio se derrumba no hay opositores ni chavistas bajo los escombros, hay seres humanos. Esta es la Venezuela que pocas veces ocupa los titulares de los grandes medios internacionales, la Venezuela de la solidaridad organizada, la que comparte alimentos, aunque tenga poco, la que convierte escuelas en refugios y donde las comunidades organizan cocinas colectivas mientras llegan los organismos especializados.
Y no se trata de idealizar la realidad. Ningún Estado del mundo responde de manera perfecta a una catástrofe de semejante magnitud, siempre habrán carencias, errores, retrasos y limitaciones materiales.
Más aún cuando un país ha soportado durante años sanciones económicas, dificultades financieras y restricciones para adquirir equipos especializados, pero reconocer esas limitaciones es muy diferente a fabricar una realidad paralela basada en noticias falsas.
También se ha desatado una guerra psicológica. Hace tiempo que los manuales de guerra dejaron de limitarse al terreno militar, hoy las operaciones psicológicas ocupan un lugar central, y las redes sociales funcionan como verdaderos campos de batalla, donde cada fotografía, cada video y cada rumor puede influir en la percepción colectiva.
La desinformación no busca solamente engañar, busca paralizar, desmoralizar y dividir, busca que la gente deje de confiar en las instituciones del país, que toda información oficial sea vista automáticamente como falsa y que termine imponiéndose el caos informativo.
En este escenario gana quien logra sembrar primero una emoción, aunque después sea desmentida; las mentiras casi siempre corren más rápido que las rectificaciones y, cuando se trata de tragedias humanas, el impacto emocional hace que se propaguen todavía más rápido.
Dicho esto, la izquierda también tiene responsabilidades. Defender al pueblo venezolano no significa negar los problemas, no significa convertir la solidaridad en propaganda, ni afirmar que todo funciona perfectamente.
Ser de izquierda exige un compromiso mucho más profundo, como el de defender la verdad, incluso cuando resulte incómoda. Porque si denunciamos la manipulación del adversario, también debemos rechazar cualquier intento de ocultar los errores propios. La ética revolucionaria no puede construirse sobre exageraciones, sino sobre hechos.
Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, no solo porque afectan la imagen del gobierno, sino porque afectan directamente la vida de las víctimas. Un rumor puede impedir que una familia encuentre información confiable, puede dificultar el trabajo de los rescatistas, sembrar pánico, generar violencia o desviar recursos hacia problemas que no existen. Las fake news también matan.
Otro tema es que la Patria Grande no puede ser indiferente frente al dolor. La respuesta latinoamericana debe estar a la altura de una región que conoce muy bien el valor de la solidaridad, por ejemplo, Cuba enviando médicos, México enviando rescatistas, Colombia tendiendo puentes, Brasil aportando ayuda; los pueblos organizando campañas de recolección, las universidades ofreciendo apoyo técnico y los movimientos sociales movilizando alimentos y medicinas.
Esta es la América Latina que soñaron Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Chávez y tantos otros, la América Latina que entiende que ninguna frontera vale más que una vida humana; hoy Venezuela necesita esta solidaridad.
Y no necesita laboratorios digitales sembrando odio, no necesita dirigentes políticos haciendo cálculos electorales entre los escombros, no necesita influencers compitiendo por seguidores en medio de la tragedia; Necesita humanidad, cooperación y respeto por quienes lo han perdido todo.
Para ir terminando, cada desastre natural deja lecciones, una de ellas es que la verdad también necesita ser defendida, porque la mentira organizada puede convertirse en otra forma de violencia.
La batalla por la verdad no pertenece únicamente al gobierno ni a la oposición, pertenece al pueblo, pertenece a quienes creen que ninguna diferencia política justifica usar el sufrimiento humano, como arma de confrontación.
Cuando la tierra deje de temblar comienza otra reconstrucción, la de las viviendas, las escuelas y los hospitales, pero también la reconstrucción de la confianza colectiva, y esta tarea exige derrotar el cinismo, el oportunismo y la manipulación.
La izquierda latinoamericana debe levantar una bandera sencilla, pero profundamente revolucionaria, ninguna victoria política, vale una sola mentira construida sobre el dolor del pueblo.
Porque los escombros se levantan con maquinaria, pero las heridas sanan con solidaridad, y la dignidad de un pueblo solo puede sostenerse sobre la verdad, la justicia y la memoria.
En tiempos en que las redes sociales pueden convertir una falsedad en una verdad aparente, defender la información verificada, también es una forma de defender la soberanía, y la soberanía, como nos enseñó Hugo Chávez, no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece al pueblo, que tiene derecho a enfrentar las adversidades con la verdad por delante y con la esperanza intacta.
CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.
El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.
Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.
Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.
Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.
El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.
Visitas guiadas para familias, para jóvenes, adultos y adultos mayores
Lunes a viernes a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m.
Presentación de libros, recitales y presentaciones artistas
8 de julio, 4:00 p.m.
Presentación del libro «La mamá de San Vito» de Marconi Rojas Thiele
Actividad con la Embajada de Italia
Todo público
10 de julio, 4:00 p.m.
«Recital de Poesía y Canto» homenaje a a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y música del Himno de la Anexión de Guanacaste»
Participan Marta Rojas Porras, Leda García, Elliette Ramírez, Julieta Dobles, Alba C. Molina, Natalia Esquivel Benítez, Rocío Campos Cantero, Patricia Gamboa Bolaños
Todo público
15 de julio, 4:00 p.m.
Presentación documental «Zulay Soto: una mujer de rompe y rasga»
Todo público
16 de julio, 10:00 a.m.
«Memoria, cuerpo y arte: La Casona Hacienda El Viejo» presentado por María Soledad Hernández historiadora y Rebeca Alvarado Soto, bailarina
Actividad dedicada a Guanacaste
Todo público
16 de julio, 4:00 p.m.
Conferencia virtual del ciclo con la Academia Morista Costarricense
Transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional.
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