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Gaza / Israel: breves reflexiones desde Costa Rica sobre reciente informe de Francesca Albanese detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza

Foto extraída de artículo de prensa publicado en España (ElPais), titulado «Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados: ‘Israel comete crímenes como respira. Hay que pararlo’ » (El Pais, edición del 26 de junio del 2025).

«Ce qui se passe à Gaza n’est pas seulement une agression militaire. C’est une violation totale de toutes les valeurs humaines. Être privé d’enterrement est un crime, une preuve de la cruauté extrême infligée aux civils du territoire.

Où est la communauté internationale face à cette tragédie ? Où est la conscience humaine face à un peuple qui ne trouve même pas où enterrer ses morts ?

Cette faillite morale ne peut être justifiée par aucun prétexte. Le droit international garantit la dignité de l’homme vivant et mort, et criminalise toute atteinte au caractère sacré des défunts. Mais à Gaza, tout est permis : tuer, bombarder, affamer, et même interdire l’enterrement«.

Testimonio de un habitante de Gaza, Abu Amir, 2 de julio del 2025.Texto completo disponible aquí

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com. Nota del autor: una versión en francés está también disponible en este enlace

El pasado 3 de julio, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, presentó su informe titulado:  «From economy of occupation to economy of genocide«. Se trata del informe A/HRC/59/23, el cual está disponible en este enlace.  El mandato, la hoja de vida y los informes anteriores de Francesca Albanese están disponibles en este enlace oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de  Naciones Unidas.

El comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas sobre este informe presentado el 3 de julio del 2025 está disponible aquí.  Como ya viene siendo costumbre, este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas ha sido muy pocamente difundido o referenciado en los medios de prensa internacionales. En los medios de prensa nacionales costarricenses, no se encontró practicamente ni una sola mención.

Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores costarricenses podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.

Resulta notorio señalar que, durante su conferencia de prensa, realizada el mismo día en Naciones Unidas, la experta en derechos humanos respondió a diversas preguntas hechas por la prensa internacional acreditada ante las Naciones Unidas sin participación de medios israelíes, usualmente muy atentos a hacerle preguntas durante sus comparecencias previas ante la prensa en Naciones Unidas: véase enlace conteniendo el video de su conferencia de prensa y sus respuestas tanto en inglés como en francés. 

En una entrevista publicada en España el pasado 25 de junio, la jurista había adelantado algunos de sus hallazgos (véase entrevista publicada en Eldiario).

En las líneas que siguen, analizaremos brevemente el contenido del informe, para luego referirnos a la fuerte campaña de descrédito que Israel y Estados Unidos han lanzado contra Francesca Albanese con el fin de intimidarla y de desautorizar el contenido de sus informes, así como el contexto actual imperante en Gaza.

El informe en breve

El informe dado a conocer el pasado 3 de julio en Naciones Unidas se interesa por los diversos mecanismos mediantes los cuales empresas privadas han sacado provecho de la situación imperante en Gaza y más generalmente en el territorio palestino ocupado. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, estas empresas no solamente son empresas israelíes fabricantes de armas y de material militar o sus hacendosas socias europeas y norteamericanas: se trata también de conocidas cadenas de supermercado y de navieras europeas, empresas de la construcción, empresas tecnológicas, bancos y universidades, o bien fondos de inversión que captan recursos para sostener la insensatez de la contienda militar de Israel en Gaza. 

En esta nota publicada por France24, se reagrupan por sector de actividad las casi 60 empresas citadas en su informe.

Se debe de precisar que la relatora explicó durante su conferencia de pensa que las empresas que aparecen citadas en su informe son un pequeño grupo de muchas más que se benefician de un verdadera «sistema«, que en parte fomentan diversos acuerdos existentes entre Israel y la Unión Europea (UE) y regulaciones vigentes en Europa que dificultan la rendición de cuentas por parte de las empresas.

En la parte final de su informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer que:

«92. The entities named in the present report constitute a fraction of a much deeper structure of corporate involvement, profiteering from and enabling violations and crimes in the occupied Palestinian territory. Had they exercised due diligence, corporate entities would have ceased involvement with Israel long ago. Today, the demand for accountability is all the more urgent: any investment sustains a system of serious international crimes.

93. Business and human rights obligations cannot be isolated from the Israeli illegal settler-colonial enterprise in the occupied Palestinian territory, which now functions as a genocidal machine, despite the International Court of Justice having ordered that it be fully and unconditionally dismantled. Corporate relations with Israel must cease until the occupation and apartheid end and reparations are made. The corporate sector, including its executives, must be held to account, as a necessary step towards ending the genocide and disassembling the global system of racialized capitalism that underpins it«.

En sus recomendaciones finales, se puede leer por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas que:

«VI. Recommendations

94. The Special Rapporteur urges Member States: 

(a) To impose sanctions and a full arms embargo on Israel, including all existing agreements and dual-use items such as technology and civilian heavy machinery; 

(b) To suspend or prevent all trade agreements and investment relations, and impose sanctions, including asset freezes, on entities and individuals involved in activities that may endanger the Palestinians; 

(c) To enforce accountability, ensuring that corporate entities face legal consequences for their involvement in serious violations of international law.

95. The Special Rapporteur urges corporate entities: 

(a) To promptly cease all business activities and terminate relationships directly linked with, contributing to and causing human rights violations and international crimes against the Palestinian people, in accordance with international corporate responsibilities and the law of self-determination; 

(b) To pay reparations to the Palestinian people, including in the form of an apartheid wealth tax along the lines of post-apartheid South Africa.

96. The Special Rapporteur urges the International Criminal Court and national judiciaries to investigate and prosecute corporate executives and/or corporate entities for their part in the commission of international crimes and laundering of the proceeds from those crimes«.

Este último llamado a la justicia penal internacional de La Haya merece ser enfatizado y apoyado, dada la impunidad total que algunos Estados, en particular en Europa y en el continente americano, parecieran querer garantizarle a los principales mandos políticos y militares de Israel: en lo que concierne el continente americano, véanse por ejemplo comunicado oficial de prensa del aparato diplomático de Argentina del  22 de mayo del 2024 y comunicado oficial anterior de Paraguay (20 de mayo del 2024).

Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con en la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas

En un comunicado oficial del 1ero de julio, la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, siempre en modo «anticipación» cuando de Israel se trata, cuestionó a la Relatora Especial Francesca Albanese (véase texto), poniendo en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel. 

Un comunicado oficial muy similar fue difundido el 15 de abril del 2025 por parte de la misma Misión Permanente de Estados Unidos (un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia una entrevista de la cadena Al Jazeera  realizada el 4 de mayo).

Resulta de interés precisar que una petición hecha en abril del 2025 de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos (véase enlace). 

Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detallado informe de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. 

En el mes de abril del 2025, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). 

Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI y que tramitan las causas contra dos altos responsables israelíes, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (véase anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio  y el comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio).  

Este 8 de julio se informó que México reunió la firma de 47 Estados Partes al Estatuto de Roma para condenar de manera vehemente las sanciones contra cuatro jueces de la CPI: en la infografía de escudos nacionales reproducida en este artículo,  colocados por órden alfabético:

–  no figura al inicio en la A el escudo de Argentina; 

– sí figuran en la B los escudos de Belice, Bolivia y Brasil;  

– en lo correspondiente a la C figuran los de Chile, Colombia e inmediatamente luego, el de Croacia: por lo que el texto no fue suscrito por Costa Rica.

Del resto de America Latina, figuran, además de la bandera México, las banderas nacionales de Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay.

La intervención del delegado de Brasil (véase texto) del pasado 7 de julio del 2025 ante los demás Estados Partes al Estatuto de Roma evidencia su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional y a la CPI. 

Gaza: el insensato intento de aniquilar a 2,3 millones habitantes

En una nota anterior, tuvimos la ocasión de explicar que la reciente confrontación durante 12 días entre Israel e Irán obedeció en realidad a una hábil estrategia de Israel, en aras de desviar la atención del mundo del drama indecible que se vive en Gaza: la decisión de bombardear a Irán se tomó pocas horas después de observarse un rotundo fracaso diplomático para Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 12 de junio ( votación en la que, por América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votaron con Israel y Estados Unidos). Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota publicada el 28 de junio y titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«.

El último informe de Naciones Unidas al 2 de julio del 2025 sobre la situación en Gaza (véase enlace) detalla la extrema violencia contra la población civil que impone Israel, con saldos mortíferos diarios y saldos de heridos graves que deben ser atendidos por una red hospitalaria en Gaza prácticamente destruída, sin medicamentos ni material. En este informe del 3 de julio, la ONG Amnistía Internacional condenó el uso del hambre y el fracaso total de la entrega de ayuda humanitaria ideada por Israel en Gaza mediante una fundación privada (véase enlace).

Este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas del 27 de junio (véase enlace) recordó la imperiosa necesidad de dejar entrar sin más preludios la ayuda humanitaria a Gaza y descartar la entrega de esta ayuda por esta fundación privada, la cual ha demostrado ser incapaz de superar los desafíos que supone atender a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas. Este 1ero de julio del 2025, 170 ONGs de todo el mundo, incluyendo Amnistía Internacional, exigieron el desmantelamiento de esta fundación qua ha convertido la entrega diario de víveres en verdaderas trampas mortales para muchos en Gaza. En el precitado  comunicado conjunto colgado en el sitio de Amnistía Internacional, se puede leer en particular que:

«Under the Israeli government’s new scheme, starved and weakened civilians are being forced to trek for hours through dangerous terrain and active conflict zones, only to face a violent, chaotic race to reach fenced, militarized distribution sites with a single entry point. There, thousands are released into chaotic enclosures to fight for limited food supplies. These areas have become sites of repeated massacres in blatant disregard for international humanitarian law. Orphaned children and caregivers are among the dead, with children harmed in over half of the attacks on civilians at these sites. With Gaza’s healthcare system in ruins, many of those shot are left to bleed out alone, beyond the reach of ambulances and denied lifesaving medical care«.

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). El pasado 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspició una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa).

Las exacciones de todo tipo de Israel en Gaza contra la población civil palestina han sido ampliamente documentadas y analizadas. El pasado 27 de junio, Palestina refutó uno tras otro, ante la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), los diversos «argumentos» presentados por Israel en una enésima tentativa para obtener la suspensión de las órdenes de arresto contra su actual Primer ministro y su ex  ministro de defensa (véase documento con fecha del 27 de junio). Este 1ero de julio del 2025, la FIDH presentó una demanda contra dos soldados israelíes con nacionalidad francesa ante los tribunales franceses por la ejecución sumaria de decenas de civiles palestinos en Gaza (véase nota de la FIDH).

De manera a confortar estas y muchas otras gestiones y condenas anteriores a la forma tan peculiar de Israel de responder al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, no está de más señalar la contundencia de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio del 2024. En esta decisión, la justicia internacional declaró totalmente ilegal la ocupación israelí en el territorio palestino, llamando Israel a cesarla de inmediato y a proceder a indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal: véase el texto en inglés y en francés, y en particular el párrafo dispositivo 285 adoptado por casi unanimidad de los integrantes de la CIJ. 

Nótese que el pasado 25 de junio, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la poca experiencia y preparacion de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza.  Este 8 de julio del 2025, son esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro con menores de 21 años los que fallecieron (véase nota del TimesofISrael).

Finalmente, en este testimonio desde Gaza por parte del periodista Abu Amir, con fecha del 3 de julio (cuya lectura completa se recomienda), y titulado «Témoignage d’Abu Amir, le 3 juillet 2025 – La Mort en spectacle qu’Israël regarde à Gaza !«, se puede leer:

» Tandis que des enfants gazaouis tombent sous les bombes, d’autres applaudissent de l’autre côté de la frontière. Ce tableau en dit long sur la perte d’humanité, sur le besoin urgent de justice, de conscience, et d’un véritable soutien aux victimes, au lieu de se réjouir sur leurs ruines.

Aucun discours politique ne peut justifier la transformation de la mort en spectacle. Un monde qui tolère de telles scènes sans protester contribue, implicitement, à légitimer le génocide».

A modo de conclusión

Más allá de la evidente deshumanización que se evidencia en varios sectores en Israel, y pese al cerco informativo existente (del que no escapa Costa Rica), el cerco de la justicia internacional se va poco a poco cerrando sobre Israel, con dos jurisdicciones internacionales (Corte Internacional de Justicia – CIJ – y Corte Penal Internacional – CPI-) tramitando ambas acusaciones: contra Israel como Estado (CIJ) por genocidio y, a título individual, contra dos de sus dirigentes (CPI) por crímenes de guerra.  

Las ya habituales vociferaciones y gesticulaciones de todo tipo a las que Israel y la actual administracion norteamericana han procedido para descalificar la labor de Francesca Albanese, ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel. En esta entrevista a un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la jurista italiana explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa y en América Latina).

El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplieguen toda la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar. 

Su difusión y su lectura son altamente recomendadas, para entender la lógica destructora insensata de los mandos militares israelíes en Gaza, que muchos sectores a la fecha se niegan a reconocer:

– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.

– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.

Ambos informes pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia  a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).

En este mes de julio, en Francia, una organización de juristas presentó una demanda contra un prestigioso banco galo, la BNP (véase nota y documentación colgada en el sitio de JURDI), en razón de la opacidad de sus operaciones de financiamiento en Israel. No cabe duda que estas y muchas otras acciones ante tribunales nacionales en diversas lastitudes encontrarán en este nuevo informe de la jurista italiana Francesca Albanese razones adicionales para fundamentar nuevas acciones legales de este tipo.

En Italia, en este inicio de mes de julio el prestigioso Consiglio Nazionale di Ricerca  (CNR) anunció una suspensión inmediata de todas su relaciones con entidades  académicas y universidades israelíes (véase comunicado en francés e italiano).

Desde Costa Rica, hacemos voto para que la encomiable y persistente labor de esta jurista italiana sea saludada y celebrada, y que también sea respaldada y apoyada por Estados que sí están conscientes de la extrema gravedad de la situación en Gaza y de la urgente necesidad de frenar a Israel en su insensato accionar contra la población civil palestina. Y hacemos voto para que, ojalá, pueda algún día, venir ella misma a Costa Rica en persona, para explicar lo que al parecer sus máximas autoridades buscan a toda costa minimizar y relativizar (véanse al respecto nota de Elmundo.cr del mismo 3 de julio titulada «Rodrigo Chaves deja claro que firmaría TLC con Israel» y nota del Semanario Universidad, titulada «Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral«). Este próximo 23 de julio, en una reconocida sala de cine de la capital costarricense, se proyectará de manera gratuita la pelicula filmada en Gaza «From Ground Zero» seguida de un cineforo (véase nota del medio digital Delfino.cr) a los que desde ya queda invitado el público costarricense en general.

Putin pone a Europa contra la pared, “Rusia terminará esta guerra en sus términos”

Martín Rodríguez Espinoza

Leí la noticia sobre lo que acaba de ocurrir entre Putin y Macron, y es que no es solo un cruce diplomático, es un claro reflejo del callejón geopolítico en el que se encuentra Occidente. Después de años de arrogancia estadounidense y europea, de expansión sistemática de la OTAN hacia las fronteras rusas, en abierta violación a promesas y acuerdos previos, ahora Europa empieza a sentir las consecuencias de un conflicto que fue incubado por su servilismo a los intereses imperialistas de EEUU, evidenciado una ceguera estratégica que ha provocado desastres económicos y sociales en sus propios países.

Que Macron haya solicitado esta llamada no es casualidad. Con su país en crisis interna, una Europa al borde de la recesión, y el apoyo ciudadano a la guerra erosionándose, necesita reconstruir puentes. Pero lo más significativo es que Putin no solo aceptó hablar, sino que le recordó a viva voz lo que muchos no quieren escuchar, ocultan y distorsionan, la OTAN empezó esta guerra, y Rusia la va a terminar bajo sus condiciones.

Esta afirmación, tan clara e incómoda, no es propaganda, es historia. Desde 2014, cuando EEUU y la UE apoyaron abiertamente el golpe de Estado en Ucrania y alimentaron a sectores abiertamente neonazis, se puso en marcha una lógica de cerco y confrontación directa. Rusia reaccionó como cualquier potencia cercada lo haría, resistiendo, contraatacando, imponiendo su propia narrativa y fuerza.

Pero el problema de fondo no es solo geopolítico, es moral. Occidente, atrapado en su superioridad fingida, no puede admitir su responsabilidad. ¿Cómo lo harían sin reconocer que sacrificaron la estabilidad de todos los países europeos por sus intereses estratégicos? ¿Cómo explicar a sus pueblos que las sanciones fallaron, que la guerra no la ganarán, y que la diplomacia fue ignorada por soberbia?

Lo que el fantoche de Macron escuchó es consecuencia de décadas de intervencionismo, hipocresía y doble moral. Lo que Putin le dijo, con la frialdad del poder que ya no teme a ninguna sanción occidental, es simple, Rusia no va a ceder, no esta vez. No después de todo lo que ha estado en juego. Rusia lleva la guerra, no como las hace EEUU, bombardeos indiscriminados, arrasar con todo, saquearlo todo, es una intervención militar calculada, golpeando dónde y cómo le conviene, sin perjudicar a la población inocente.

Y guste o no, esa realidad no cambiará. EEUU y Europa utilizan a Ucrania como «carne de cañón» para sus intereses geopolíticos de cercar a Rusia y luego intentar ir por China, quieren el planeta entero, pero, como en 1945, el fascismo caerá derrotado.

El chavismo tico: cuando el poder es el fin, no el medio

Por JoseSo
Analista

¡Qué desilusión, maes! Ese “chavismo tico” que nos vendieron hace tres años y medio no es más que un Frankenstein político: toma prestadas las tácticas más peligrosas de populistas como Daniel Ortega en Nicaragua, las mezcla con promesas imposibles, y nos lo presenta como helado de sorbetera. Pero al abrir la tapa, solo hay aire. Puro poder por el poder mismo, sin ideología, sin plan serio, y con un montón de consecuencias para nuestra democracia.

El vacío ideológico: hoy conservador, mañana lo que convenga

Rodrigo Chaves Robles no tiene brújula política —tiene radar electoral. Cuando vio que el 70% de los ticos rechazan el aborto y el 37% la homosexualidad, de repente abrazó una agenda ultraconservadora: eliminó protocolos contra el bullying LGBT+, las Guías Sexuales del MEP, endureció penas por aborto, y borró programas de educación sexual. ¿Coincidencia? ¡discurso dulce para pescar votos evangélicos y católicos! Hasta su exministra Laura Fernández lo admitió: “Defender la vida de los no nacidos es obligación del Estado”. Pero ¿no es este el mismo Chaves que en campaña dijo que quería en Costa Rica la marihuana recreacional?

Pero esto no es convicción: es puro cálculo. Como bien dice un analista: “Chavismo sueña con 38 diputados para ganar en primera ronda”. Su único principio es el poder.

La obsesión con el control total: “¡Denme 40 diputados y lo arreglo todo!”

Aquí está el corazón tenebroso del proyecto: Pilar Cisneros, gurú del chavismo, prometió que con 40 diputados construirán “Ciudad Gobierno”, la marina de Limón, carreteras y aeropuertos en 4 años. Pero bajo ese cuento de “eficacia” se esconde el verdadero plan:

Controlar el Poder Judicial: Chaves ataca sistemáticamente jueces y fiscales (“cavan la tumba de su credibilidad”, dice Cisneros). Con mayoría absoluta, nombraría magistrados afines para enterrar casos como el desvío de $32,000 del BCIE que hoy lo tiene acorralado.

Domar el TSE: ¡Exactamente como hizo Ortega en Nicaragua! Allí, el Consejo Supremo Electoral es un apéndice del régimen: magistrados afines anularon la prohibición de reelección en 2009, luego inhabilitaron a opositores en 2021, y hoy organizan elecciones sin observadores ni competencia real. Si el chavismo controla el TSE, adiós elecciones limpias en 2030.

Copar instituciones: Como Ortega, quien convirtió la Asamblea Nacional en un teatro de títeres. Tras encarcelar a 7 candidatos presidenciales en 2021, su partido obtuvo 75 de 92 diputados. Chaves ya lo ensayó: ¡quiere meter 10 proyectos de ley en un día para desmantelar órganos fiscalizadores!

Populismo con chequera falsa: “¡Hasta China nos envidiaría!”

Cisneros ofrece megaobras como si Costa Rica fuera Dubái con petróleo. Pero la realidad es otra:

– Deuda del 55,9% del PIB, la más alta de Centroamérica.

– Desigualdad del 0,49 según índice Gini, el segundo más alto de los países de la OCDE, solo por debajo de Sudáfrica.

¡Y así pretenden construir “ciudades gobierno”, cuando apenas vieron $32,000 de fondos del BCIE, se los gastaron en “cariñitos” del presidente para su asesor y amigazo tristemente célebre Choreco!

Es el espejismo populista: prometer lo inalcanzable (como si tuviéramos la maquinaria y los índices financieros de China) para distraer mientras desmontan frenos y contrapesos. Igual que Ortega, quien en plena crisis económica (24% de pobreza en 2021) prometió “prosperidad” mientras militarizaba ciudades.

El juego sucio: atacar, dividir y mentir

Chaves opera como Ortega: culpa a “élites corruptas” de todos los males. Sus herramientas:

Estigmatizar opositores: Tilda a críticos de “comunistas” o “criminales”. Ortega hizo lo mismo: llamó “golpistas” a los estudiantes de 2018 y justificó su encarcelamiento.

Golpear instituciones: Llama “dictadura perfecta” a 75 años de democracia (mientras en Suiza y Francia presume de ella), mientras prepara su tiranía personal. Como Ortega, quien desmanteló la independencia del CNE y la Asamblea.

Plan B para no soltar el poder: ¡Piensa renunciar 6 meses antes para ser diputado y controlar desde la Asamblea! Estrategia orteguista pura: tras perder apoyo en 1990, Ortega se aseguró cuotas de poder mediante pactos legislativos.

¿Vamos a cambiar lo ganado por un espejismo?

Nicaragua nos muestra el camino si cedemos:

Allí, Ortega pasó de revolucionario a dictador en 4 etapas: controló su partido (1990-2006), pactó con élites para bajar el piso electoral, cooptó instituciones (2007-2017), y finalmente instauró una dictadura cerrada tras reprimir protestas en 2018.

Hoy, Nicaragua tiene elecciones sin oposición, medios clausurados, y 1.794 presos políticos. ¿Queremos eso aquí?

Muchos se niegan a reconocer el riesgo, bajo el argumento de que a diferencia de Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, aquí no hay ejército, pero les recuerdo la amenaza de Chaves, cuando comparó el número de efectivos de la Fuerza Pública con los pocos agentes del OIJ, como si fuera un escenarios de guerra civil.

El riesgo es real: si el chavismo tico logra sus “40 diputados”, convertirá la Asamblea en un sello de goma, el TSE en un notario de fraudes, y la Corte en su guardaespaldas. Como advierte un estudio reciente: “La captura del Estado y el ‘legalismo autoritario’ son claves para perpetuarse en el poder”.

¡Diay, maes! ¿qué nos queda? Defender la democracia no es salvar “élites”: es proteger esa institucionalidad que nos ha evitado caudillos de por vida. Porque como gritan los nicaragüenses desde el exilio: “Sin contrapesos, Costa Rica podría seguir el camino de Nicaragua: décadas de Somoza, décadas de Ortega… y cada día peor.

La DANA, un desastre humano: oportunidades y desafíos de las reivindicaciones

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

La DANA es un desastre humano, vigente, estructural y subyacente. Es innegable que la catástrofe que cobró más de 400 vidas por el desastre recién ocurrido en España es una tragedia global. Una tragedia que aumenta el descrédito de la institucionalidad y que deja soterrada la falacia del desarrollo ilimitado y exonerado de la policrisis.

Han sido asesinadas más de 400 personas. Fuerte y claro, porque fue un crimen de negligencias, de debilitamiento intencionado de las instituciones y de la capacidad de respuesta ante los desafíos medioambientales y ante potenciales desastres, que en España se dio abierta y colateralmente por sus autoridades locales como las nacionales. También, es un crimen (mal) intencionado. Porque construyeron sobre territorios inundables, porque tuvieron la información climática, con sus pronósticos y advertencias por parte de los expertos, pero nos los escucharon. Los ignoraron y dejaron morir a sus conciudadanos.

La DANA figura la crisis del poder que se derrumba. Pero al derrumbarse, erosiona al tejido humano, ya sea como víctimas directas del ingente desastre o como sujetos vulnerables ante un sistema político y económico al que no le importan, al menos no lo suficiente como para protegerles. En este sentido, duele ¡hiere el alma!, que la confianza depositada a las autoridades y entidades para salvaguardar a su población, les volvieron a fallar. Errando al costo de todas y cada una de las personas que murieron ¡Vidas!, padres, madres, hijos, abuelas, vecinos, docentes, estudiantes, cada víctima a la que le fue arrebatada su vida. Eso es un crimen, que debe responsabilizarse y reivindicarse. Sin más, ¿A qué esperar? ¿a la próxima DANA que mate a tus hijos, a sus padres o a ti? ¿A que llegue la erosionada e inútil monarquía que parasita de una sociedad empobrecida y lacerada? ¿A que el otro Pedro “te abra las puertas del paraíso”?, mientras el que te gobierna se excusa, rehúye a la verdad; sin capacidad, ni voluntad o interés por empujar hacia los debidos reequilibrios y las necesarias transiciones de prosperidad compartida, justicia y gobernanza climáticas, asequibilidad al bienestar, políticas públicas que salvaguarden a los trabajadores y sus familias, que incidan por una corresponsabilidad fiscal diferenciada, y no donde se proteja más a las grandes corporaciones que a los desamparados.

La DANA es un desastre humano que debe cambiar. Y el cambio solo viene su gente, de las personas.

El mundo tampoco es ajeno a la tragedia española, espejo de todo. América Latina y el Caribe (ALC) como otras partes del mundo, también enfrenta la policrisis. Una policrisis donde la tragedia medioambiental es inminente, creciente y quizá hasta inmanente al mismo ser humano que transita en autodebacle.

Sino, veamos como nuestros gobernantes desoyen las alarmas climáticas, como en la DANA. Cada año es otro nuevo récord, que nos empuja al peligro de múltiples y complejos desastres. Pero a la vez, prevalece la inacción. El cambio y uso del suelo continua, los bosques son talados para nuevos campos de monocultivos o para zonas económicas de desarrollo o para nuevos asentamientos urbanos. El presupuesto para atención de emergencias reduce mientras que en paralelo aumentan los mecanismos de exenciones e incentivos a las variadas actividades económicas que se nos imponen en los territorios, como la panacea.

Una panacea falaz, cruel, ecocida y hecatómbica.

Wake up!, la oportunidad del cambio es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de reponernos, de revindicar a nuestros muertos, de salvarnos y recuperar el poder. Porque la democracia es el poder del pueblo. Un pueblo que sanee sus instituciones, que deponga a sus ineptócratas y convoque a un nuevo pacto social. Un pacto social que se circunscriba en los límites del crecimiento económico con base en la capacidad de los sistemas naturales; un pacto social que se sustente de la corresponsabilidad de todos y se sirva con todos y para todos. Un pacto social que recupere su capacidad productiva, de autoabastecimiento, y no se someta a los intangibles que le parasitan, como la banca que sin producir nada obtiene los mayores beneficios de la actividad productiva y reproductiva de las naciones.

La DANA nos deja huérfanos. Pero nos hermanó. Volvamos a reconstruir nuestros tejidos sociales, recuperemos nuestras instituciones y la capacidad de transitar cohesionados hacia lo que nos depare prosperidad compartida, bienestar asequible, una casa común sostenible y resiliente.

Poder Judicial: luces y sombras frente al abismo

Rosaura Chinchilla Calderón
Abogada y docente en ejercicio de sus derechos convencionales

En 2021 se dictó una conferencia en el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato que recoge parte del título de este artículo. Tanto los subtemas sobre los que discurrió la actividad (el mal, la libertad, la verdad y la crisis de la Modernidad) como las obras examinadas (El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador) nos remiten a los síntomas y efectos de la crisis de las democracias republicanas modernas: la incomunicación generada por polarización y la erosión del debate público ante la desinformación y los algoritmos; la identidad histórica fracturada generada por la desigualdad social, la exclusión y la corrupción; y el apocalipsis o implosión de modelos ante las guerras culturas, el populismo y los autoritarismos. En Costa Rica vivimos esa crisis y parte de ella toca al Poder Judicial y a quienes eligen a las magistraturas, es decir al Poder legislativo.

De la interrelación de tres trabajos recientemente presentados al público es posible desprender cómo, si bien el Poder Judicial costarricense es teóricamente una de las instituciones idóneas para contener el autoritarismo, las autocracias, los populismos y la corrupción, no se encuentra exenta de vicios estructurales que, como lastres, arrastra desde sus orígenes y se manifiestan en la politización histórica del gobierno judicial originada en compromisos partidarios y la captura de sectores que condicionaron su autonomía real y han erosionado la confianza ciudadana en una gestión independiente; la desconexión con las necesidades sociales manifestada en la mora y burocratización judicial y la falla sistemática en la tutela efectiva de los derechos de la población, en especial, de la más vulnerabilizada (migrantes, mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con alguna condición de discapacidad, pueblos originarios, etc.). Me refiero al V Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación y los libros del sociólogo Manuel Solís Avendaño ¿Sin propósito de enmienda?: El vaciado de la legitimidad democrática y la investigación La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821-1892): autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos y del historiador Carlos Humberto Cascante Segura, Premio Nacional de Investigación Cultural 2024.

Poco, realmente poco (“luces”), se ha hecho desde las fuerzas políticas democráticas nacionales para fortalecer desde fuera la estructura del Poder Judicial. Menos aún se ha efectuado a lo interno del Poder Judicial quien, ocho años después de su más visible y aguda crisis —que implicó la destitución de una de sus magistraturas y la sanción de otras—, ni siquiera ha podido gestionar el envío, a corriente legislativa, de alguna iniciativa de las entonces catalogadas como “urgentes” y menos ponerse de acuerdo para recibir en una sesión a una Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU. Y, sin embargo, desde dentro y fuera, como la avestruz, se sigue haciendo lo de siempre, pese a que “Abaddón el exterminador” (la crisis de la civilidad) ya está entre nosotros y la democracia republicana está a punto de estallar en mil pedazos con la complicidad de quienes, desde el ejercicio del poder, pretenden mantener el status quo que les ha beneficiado creyendo que el estado de cosas actual es coyuntural (“sombras”).

Dentro de las luces, tal vez lo más significativa, haya sido el acuerdo legislativo N° 6933-22-23 con el que modificó su Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para transparentar las sesiones y votaciones, incluyendo las relacionadas con la designación y el régimen disciplinario de las magistraturas. También la aprobación de cambios legales para implementar la transparencia en el seno del Poder Judicial prevista por los artículos 11 y 27 de la Constitución Política y desarrollada en los votos 2003-2120 y 11750-2020 de la Sala Constitucional. Se trata de verdaderos faros que impiden pactos y componendas o, al menos, las exhiben y permiten sentar responsabilidades.

Sin embargo, la intensidad del halo de luz es insuficiente y persisten sombras en las esquinas, por ejemplo, en la permanente manipulación de los criterios de elección para designar a las magistraturas como anillo al dedo o traje para el emperador. Cada legislatura modifica las reglas a su antojo, cada Comisión de Nombramientos establece sus criterios y eso deja entrever el perfil de la candidatura que se aspira a promover: que si la entrevista vale 0, 20, 50 o 100; que si solo doctores de la ley; que si solo hombres o unas cuantas mujeres para adornar; que si recién salido de la universidad o con 20 años de experiencia o más, etc. Las reglas son caprichosas y, cuando la ciudadanía se descuida, las puertas giratorias de otrora (cuando se buscaba pasar de la diputación o de la asesoría parlamentaria o de políticos a la magistratura) inician su movimiento. No hay perfiles previos para cada puesto ni criterios invariables pese a que la Constitución Política alude a idoneidad comprobada (artículo 192) y a que el Estado ha suscrito tratados vinculantes de derechos humanos que obligan a adoptar políticas públicas para eliminar discriminaciones estructurales (por género, etnia, condición de discapacidad, etc.).

Se necesita una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para establecer esos criterios con mayores niveles de rigurosidad y rigidez y que soporten los vientos interesados de turno, pero también son precisos cambios constitucionales, con reserva de ley incluida, para elevar los requisitos de aspiración, pues no basta hoy la misma edad y la mínima referencia a la experiencia y ocupación de hace dos siglos, cuando la esperanza de vida y el acceso a la educación han variado significativamente. También debe, el Legislativo, modificar la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia la casi totalidad de funciones ajenas a la jurisdiccional, con el fin de reforzar esta pues para la elección solo se toma en cuenta el perfil jurisdiccional que es el que, ¡vaya ironía!, menos aplican en su praxis muchas magistraturas, dada la cantidad de comisiones a las que deben dedicar su tiempo.

Dentro del Poder Judicial destellean muchas luces en la inmensa noche que vive el país, como el reciente voto de la Sala Constitucional relativo a la protección de los derechos de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos o el trabajo tesonero de cientos de funcionarios y funcionarias para atender los conflictos que se les someten a su conocimiento con la mayor prontitud y esmero. Empero, también se transita entre tinieblas en ciertos espacios o momentos. La luz del Derecho parece funcionar intermitentemente en ocasiones. Votos contradictorios sobre un mismo tema en una misma sala o entre salas de diversa materia; creación jurisprudencial, sin base legal, de criterios de admisibilidad en algunas de las salas; cambios de criterio en votos vía adiciones y aclaraciones (que teóricamente no permiten hacer tal cambio); oposiciones a proyectos de ley aludiendo a normas inexistentes o a criterios emitidos en otros momentos históricos; promoción de proyectos de ley que han requerido múltiples ajustes legales posteriores ante los errores internos y la falta de diálogo; decisiones que inobservan prueba; procesos disciplinarios ante la crítica fundamentada efectuada hacia ciertos liderazgos, son solo algunos de los ejemplos documentados.

Sin embargo, la resistencia al cambio es quizá, el síntoma más persistente y se manifiesta haciendo “como siempre” lo que, por haberse aprobado nuevas normas, obliga a hacer las cosas de otro modo. Veamos un ejemplo. Como se dijo, el Poder Legislativo aprobó, durante el presente cuatrienio, con mayoría calificada por afectar al Poder Judicial y con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, cambios a diferentes normativas para hacer realidad los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia previamente reconocidos como tales por reiterada jurisprudencia constitucional y que, por ende, podían ser aplicados directamente si se hubiera querido, lo que no siempre se quiso. Fue así como emitieron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

i) ley de “Publicidad e idoneidad en el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General de la República”, N° 10401 del 14-11-2023, vigente desde el 30 de ese mes y año, con el que se reforman los artículos 15 y 23 de la LOPJ. Valga indicar que, sin esa ley, en una oportunidad se hizo la elección de ese cargo mediante votación pública a lo interno de la Corte Plena pero, luego, se puso como excusa “cumplir la ley” (y no la Constitución ni la jurisprudencia constitucional de mayor jerarquía) y fue ese cambio de criterio de las magistraturas lo que hizo necesaria la reforma legal.

ii) la “Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial” No. 10325 de 09-11-2022, vigente desde el 11 de ese mes y año. Su emisión se dio luego de que, para que 12 magistraturas costarricenses (de un total de 22) eligieran a la actual Presidencia de la CSJ, en setiembre de 2022, se requirieran 19 rondas de votaciones a lo largo de dos meses. Si se tiene en cuenta que Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV con solo cuatro rondas en que intervinieron 133 cardenales electores de 70 países ubicados en los cinco continentes —ergo, con diferentes culturas e idiomas que, pese a ello llegaron rápidamente a una decisión— se evidencia la magnitud del entrabamiento burocrático de nuestro máximo tribunal. Esta ley reforma los artículos 5, 58 y 59 de la LOPJ. El numeral 58, en sus párrafos 7 a 9 indica, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia:

«Las sesiones y votaciones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Plena, se disponga que serán privadas.

Esta disposición procederá solo cuando exista una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, por lo que procederá únicamente para casos en los que la información que allí se discuta tenga naturaleza de secreto de Estado o de información de confidencialidad de terceros conforme a la ley.

De la sesión privada se levantará un acta de conocimiento público, de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se pueden divulgar porque el ordenamiento jurídico así lo prohíba, según lo establecido en la moción aprobada al efecto.» (El destacado es agregado).

Del examen del texto legal aprobado y vigente se desprende lo siguiente:

1)- La norma no distingue si Corte Plena actúa como órgano administrativo, de gobierno, órgano administrativo decisor o tribunal jurisdiccional. Se refiere a toda vez que tenga que sesionar. No puede distinguirse donde la ley no lo hace y menos cuando la misma ley establece, expresamente, que deben interpretarse restrictivamente las excepciones que ella regula.

2)- La regla, entonces, es la publicidad tanto de la sesión como de la votación. Sesión y votación no son sinónimos, sino actos separados. Uno no implica el otro. Si se decide sesionar en privado se puede votar en público; si se decide sesionar en público se puede votar en privado; también se puede sesionar y votar en público o sesionar y votar en privado.

3)- La excepción a la regla de la publicidad, es decir la privacidad, debe acordarse de previo a sesionar o votar de forma privada. Debe especificarse si la moción es para la votación, para la votación o para ambas y debe cumplirse con varios requisitos:

3.1 ha de existir una moción previa (que se sesiona y vota en público por ser la regla), que alguna magistratura debe presentar y suscribir, en la cual debe especificar si se refiere a la sesión, a la votación o a ambas;

3.2 la votación de esa moción (para sesionar o votar en privado) debe ser aprobada con mayoría calificada de la totalidad de la magistratura, es decir con 12 de 22 votos;

3.3 la decisión que apruebe la moción de sesión o de votación privada debe estar motivada o fundamentada;

3.4 la decisión de privacidad de la sesión, de la votación, o de ambas, solo puede basarse en:

3.4.1 declaratoria de secreto de Estado (regulado, entre otros, en el artículo 30 párrafo segundo de la Constitución Política y los numerales 16 de la Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, 273 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública; 293 del Código Penal y 303 de la Ley General de Aviación Civil) y,

3.4.2 confidencialidad de terceros (tal el caso de los actos en perjuicio de personas menores de edad según la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley de Justicia Penal Juvenil; de actos sexuales en perjuicio de mujeres según el CPP, etc.).

En ambos casos (secreto de Estado y confidencialidad de terceros), debe existir reserva de ley que regule tales supuestos (en el mismo sentido el artículo 19 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).

3.5 esa regla de privacidad debe interpretarse restrictivamente.

Pese a lo antes indicado, el 30 de junio y el 01 de julio, ambos de 2025 la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría (en el primer caso de 17 votos a favor y 5 en contra y, en el segundo, de 15 a 7) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) a varias autoridades del Poder Ejecutivo: en el primer supuesto al ministro de justicia y gracia y, en el segundo, al Presidente de la República y al ministro de cultura, juventud y deportes. En ambos supuestos ya había una acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Ninguna de las sesiones fue transmitida por streaming ni la prensa o el público tuvo acceso. Luego de ello se emitieron comunicados oficiales de prensa dando cuenta de la votación, aunque sin indicación de los nombres y el sentido en que cada magistratura votó. Tampoco se tuvo acceso, hasta donde tengo conocimiento, a la sesión y votación en que se presentó y votó la supuesta moción previa de privacidad y sus fundamentos.

Valga indicar que no conozco alguna ley que decrete la privacidad de las sesiones o de la votación cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano jurisdiccional, resuelve un levantamiento de fuero de improcedibilidad penal, que es el argumento que la prensa manejó. La ley No. 10325 no distingue el tipo de actuación que genere la intervención de la “Corte Suprema de Justicia”. En el Código Procesal Penal (en adelante CPP, vigente desde 1998), se establece la privacidad solo para:

1.- La etapa de investigación o preparatoria (arts. 289, 295 y 296 CPP) que, según el espíritu legislativo, tiene como fin proteger la investigación en curso. Esta etapa de investigación finaliza con la presentación de una acusación como acto conclusivo (arts. 299, 303 y 310 del CPP). En los casos supra referidos, al ya haber acusación presentada, había fenecido la fase preparatoria y no aplicaba esa norma.

2.- La realización de la audiencia preliminar (art. 316 del CPP) fase a la que aún no se llega en tales asuntos.

3.- En la fase de juicio si se afecta la vida privada o integridad física de intervinientes; la seguridad del Estado; si peligra un secreto oficial, comercial o industrial; si se recibe a una persona menor de edad o testimonios de víctimas o testigos protegidos u otros casos dispuestos en la ley (art. 330 CPP) fase a la que aún no se llega.

4.- La deliberación una vez cerrado el debate (artículo 360 del CPP). Nótese que no se trata de otras deliberaciones sino solo la que sigue al juicio oral y público. Si alguna duda cabe, la regla de la ley No. 10325 es la interpretación restrictiva: donde dice “debate” solo puede entenderse eso. Ergo, no cabe la privacidad de la deliberación para otros actos procesales previos al juicio, como el levantamiento de la “inmunidad” en la que cada magistratura, al tenor de lo estipulado en el numeral 395 del CPP, solo puede votar por:

  1. rechazar la solicitud, si la persona acusada no tiene derecho de antejuicio;
  2. desestimar la acusación, si los hechos acusados no constituyen delito. Aunque este artículo, del CPP aprobado en 1996 alude a la Corte Plena, el numeral 56 inciso 2 de la LOPJ (reformado por ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, es decir, ley posterior), estableció que esta competencia la ejerce solo la Sala Tercera y,
  3. trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, sin emitir criterio de fondo porque, de hacerlo, adelantaría criterio y afectaría la imparcialidad de sus integrantes ya sea de Sala III (que juzgarán) o del pleno (que conocerían apelación o casación).

Según comunicados de prensa oficiales que replicaron varios medios, algunas magistraturas habrían votado “…por devolver el expediente al Ministerio Público consideraron que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley” (Cfr. Delfino) y ante ello saltan muchas preguntas que quedan, por ahora, sin respuesta:

  • ¿por qué hubo sesión y votación privada en la CSJ? ¿quién mocionó y cómo se votó tal cosa? ¿en qué norma se basó y si se interpretó restrictivamente? O, en su defecto ¿por qué no se aplicó la ley No. 10325?

  • ¿con fundamentó en qué norma las magistraturas que salvaron el voto analizaron el fondo de cada asunto? ¿adelantaron criterio? ¿se inhibirán de conocer el juzgamiento?

Reforzar la aplicación y explicación de criterios jurídicos y no discrecionales es parte de la tarea pendiente del Poder Judicial porque sus máximos órganos tienen, también, una misión de pedagogía jurídica y de orientación jurídica. Si no se tiene conciencia de esa responsabilidad y si no se actúa en consecuencia la furia ciudadana terminará, como ya lo han experimentado otros países, con reformas que se basen en juicios populares, aunque en el ínterin estos (como en el proceso del Jesús histórico o en la II Guerra Mundial) violen derechos humanos.

La labor por terminar de la actual Asamblea Legislativa es regular, de mejor manera, más objetiva y estandarizada conforme a pautas internacionales, el nombramiento de las magistraturas para crear ya no pequeñas lámparas sino reflectores plenos que alumbren y fortalezcan las competencias constitucionales del Poder Judicial.

Se trata, en definitiva, de seguir en la lucha contra las inmunidades del poder de que hablaba el autor español García de Enterría y no de apagar la luz de la democracia, la República y la independencia judicial la cual solo tiene razón de ser con su contracara de la responsabilidad en el ejercicio del cargo y no cuando se separa del Derecho.

Esclavos y consumistas

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Vivimos un mundo de homologación generalizada, donde el pensamiento único casi ha eliminado el disenso o el derecho a pensar diferente, a pesar de que permite lo que algunos autores llaman un “falso pluralismo democrático” y al decir de Diego Fusaro en su libro “Pensar Diferente o Filosofía del Disenso” es lo que “multiplica y fragmenta el mensaje a fin de ocultar su naturaleza íntimamente totalitaria y negadora, desde un principio, de todo derecho a disentir y pensar diferente…” (Fusaro,Diego.2022.P.19)

En efecto, hoy es prohibido salirse del marcó de ese pensamiento único, no está escrito en ninguna constitución, ley o reglamento; pero si es la aplicación de un ostracismo real en el trabajo, la escuela, el club, el gobierno y cuanta organización social exista, de aquellos que se atreven a exteriorizar su manera de pensar libremente, es decir, su derecho a disentir, que automáticamente lo convierte en una especie de “rara avis” cuyo mejor destino es la marginación, pues no forma parte de ese “conformismo masivo” irreflexivo a que nos han llevado para que, en la sociedad del consumo, aceptemos vivir felices como “…rebaño amorfo de amantes inconfidentes y felices de su propia esclavitud… El poder ya no necesita castigar o perseguir a los rebeldes, puesto que no queda ninguno: toda la humanidad se ha reducido a una manada amorfa de átomos sin cualidades ni profundidad cultural, incapaz de pensar de manera diferente, y por lo tanto, de disentir de las formas que no sean establecidas por el propio poder…” (Op. Cit. P.23 y 43)

Pero para llegar a este estado de dominación real y muy efectiva, que aspectos se instrumentalizaron para lograrlo, ¿cuándo comenzó todo? Obvio la explicación amplia y detallada escapa a los alcances de este artículo, pero vamos a señalar que bien podemos considerar la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 como disparador para la desaparición de la URSS en diciembre de 1991 y los famosos 10 puntos del Consenso de Washington elaborados por el economista John Williamson profesor del Instituto Internacional de Economía orientados, supuestamente, para restablecer el crecimiento económico en América Latina, después de las crisis creadas en los años 70 del siglo XX por los precios del petróleo y la inmensa deuda externa de los países, generados, precisamente, por las empresas petroleras y bancos de las grandes potencias capitalistas que ahora daban la receta de su auto salvación, a costillas de otros pueblos-.

Sin bien algunas de las medidas ya habían sido puestas en práctica por Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos y la dictadura de Augusto Pinochet había permitido ser el gran experimento neoliberal, directamente de la mano de su gran ideólogo Milton Friedman y sus Chicago Boys; solo habían sido puestas en práctica en países industrializados y agrupados en la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Fue en aquella conferencia a la que asistieron destacados economistas y representantes de organismos internacionales, que llegaron al consenso de aplicar las políticas contenidas en aquellas novedosas diez propuestas a países en “vías de desarrollo”, de ahí su nombre.

Sobra manifestar que los ahí reunidos obedecían y eran vigilantes de los mismos intereses, algo así como una reunión en la Cueva de Ali Babá. A partir de aquel momento, aquellas diez medidas económicas de corte draconiano se convirtieron en la Biblia de la mediocracia que conformó gobiernos, dirigencias políticas y empresariales en todo el mundo y, lógicamente, en Costa Rica vivimos su inclemente implementación; pues aquellos que tuvieron la osadía de manifestar su disidencia sufrieron el ostracismo. Habíamos entrado plenamente al mundo globalizado que se venía anunciado y el gobierno empezó a cumplir sus deberes: reducción del gasto, privatizaciones, liberación comercial y hasta se nombró la “Comisión de Reforma del Estado Costarricense” que, en octubre de 1990, publicó un Manual titulado “Reforma del Estado de Costa Rica” cuyo contenido es simplemente la forma de implementar dócilmente los diez puntos del Consenso.

Hemos querido señalar lo anterior, para ubicar adecuadamente el punto de arranque de nuestra situación actual. Hace treinta y cinco años nos ofrecieron el oro y el moro para llegar a ser un país desarrollado, se llevaron el oro y los moros tomaron el país; hoy vivimos en un país más desigual, ha crecido enormemente la pobreza y los sectores más adinerados son cada vez menos y más poderosos, con un enorme abismo entre los que viven una pobreza ofensiva y los ricos que exhiben su dinero a desparpajo, también se ha deteriorado la política de salud, la seguridad ni hablar, y la educación, y la comunicación en debacle total. Es a esta última a la que nos vamos a referir en este ensayo, pues es con la instrumentalización de los medios de comunicación, la cultura y la educación, con lo que han enajenado al mundo, y a los costarricenses por supuesto; para ello la OCDE ha jugado un papel fundamental, aunque a los subordinados les parezca extraño o tenebroso.

Otro ejemplo, no solo es el sometimiento a sus rigurosas “recomendaciones” en materia fiscal, importante sustento ideológico de la brutal política hacendaria contra todo el gasto social en favor de su visión macroeconómica, casi solo centrada en el pago de la deuda; sino lo sucedido con relación al famoso proyecto del 4-3 que permitiría una jornada laboral de 12 horas durante cuatro días y tres de “descanso” , donde el pago de horas extras y el derecho al trabajo de la mujer se ven severamente afectados negativamente. Pues bien, una de las justificaciones es que dio el ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar fue que con ello Costa Rica mejoraría su competitividad. Al ser indagado por el investigador académico e internacionalista Janekeith Durán sobre el sustento técnico de tal afirmación, señaló que estaba en los estudios y recomendaciones de la OCDE, para lo cual le remitió cinco informes de ese organismo en donde se abordan otros temas, pero las jornadas 4/3 ni se mencionan (Durán Janekeith, Delfinocr/2025/06).

En otras palabras, como a la OCDE no se le cuestiona y con solo mencionar su nombre cualquier cosa se da por cierta, ahora resulta que se convierte en pila de agua bendita para limpiar el pecado del engaño y la mentira tan usual en los funcionarios de, al menos, este gobierno chavista.

Este es el tipo de juegos de la posverdad con que se engañan a los pueblos esclavizados intelectual y mentalmente, para lo que, lo decimos una vez más, la manipulación educativa y comunicacional es fundamental. Parten del viejísimo principio que, cuanto más grande sea la mentira, más gente la creará. Para ello los llamados “telectuales” por el sociólogo mexicano John Ackerman, han sido y son fundamentales. Según él estos son pseudo intelectuales “ligeritos de conocimientos” pero buenos expositores de los deseos de los grupos dominantes en cuanto a sus ideas de la globalización, libre mercado, etc. De esa forma, los medios de comunicación tradicionales y luego las plataformas de internet, se vieron invadidas por las mismas caras e ideas, que pululan de un medio a otro “sentando cátedra”, como supuestos expertos de todo y de nada. Pero, sobre todo, ante esclavizados y embobados televidentes, radioescuchas o lectores sin posibilidad de contrastar con otras ideas, venden muy bien las que interesan a sus amos, por ejemplo: reducción del Estado, es decir cierre de instituciones y eliminación de garantías sociales, como ha sucedido y sucede en Costa Rica. Ejemplos, el desmantelamiento del ICE, el deterioro de los servicios de la CCSS o el cambio laboral al esclavista sistema llamado del 4-3, donde la más importante argumentación a su favor, es que eleva la productividad en beneficio de la empresa, sin importar los resultados negativos para el trabajador-esclavo, que acepta los cambios sin oponerse, pues no hay organizaciones políticas libres o sindicales fuertes que lo respalden, pero además, ya se implementó todo el sistema de lavado cerebral.

Como lo han señalado muchos autores de muchas nacionalidades, no cabe duda de que, ante la mirada indiferente, mediocre o subordinada de la población, se ha formado una aristocracia financiera junto con los nuevos conquistadores de los grandes negocios, que se han convertido en una especie de depredadores posmodernos que promueven:“ …ese terrorismo financiero, y esa violencia económica que produce “homicidios económicos” y auténticas hecatombes de trabajadores, dé pequeños empresarios y de miembros de la vieja clase media…La misma crisis, que comenzó en 2007, no es más que la guerra de clases en detrimento de las nuevas plebes posburguesas y proletarias, llevadas a cabo como método de gobierno, por los nuevos amos de la globalización” (Fusaro Diego, La Globalización Infeliz. P. 20)

Es posible que el uso de esa terminología asuste a algunos costarricenses que disfrutan de esos beneficios y de otros adormecidos en su esclavitud mental, temerosos a despertar a estas nuevas realidades, que no es el paraíso ofrecido por los que prometieron una Costa Rica desarrollada al terminar este primer cuarto del siglo XXI, y estamos lejos de ello. Meta que, a su vez, se hace más utópica después de este gobierno de Rodrigo Chávez que no solo NO ha solucionado los problemas que arrastra en país desde ese pasado, sino que ha empeorado ostensiblemente los beneficios logrados as través de la política social de derecho que se había instaurado desde 1940.

Pues bien, esos depredadores, cegados por su ambición ilimite, son los que realizan un ataque frontal a la clase media y a la clase trabajadora a través de exenciones fiscales, desregulaciones y beneficios de libres impuestos para las compañías multinacionales de “irresponsabilidad garantizada para los cínicos multimillonarios sin patria ni conciencia infeliz” (Ibidem)

Que igualmente se beneficiaron de su ruina al utilizar de los famosos activos tóxicos y las hipotecas “subprime”, generando pobreza y miseria por doquier, como está ampliamente demostrado.

Por todas estas ventajas y las que obtuvieron por medió de tratados de libre comercio, totalmente inequitativos, en beneficio de las empresas de los países dominantes; extendieron sus brazos comerciales para arrastrar a poblaciones inconscientes de su realidad a un consumismo desenfrenado, que en mucho les hipoteco su existencia. Esto, sumado a los instrumentos del sometimiento (educación y comunicación manipuladas) hace que el ser humano de hoy viva “una servidumbre voluntaria”, donde ha sido replegado a una simple condición: goce ilimitado brindado por la libre circulación de bienes y servicios.

Diego Fusaro, en otros de sus libros, ha resumido lo anterior de la siguiente manera, cita que dejo para su reflexión: “La jaula de hierro es el, escenario ideal para que proliferen los últimos hombres como esclavos voluntarios, como “especialistas sin espíritu”, y “hedonistas de corazón”, meros engranajes del circuito del cálculo sin pensamiento y del goce narcisista sin amos.

Esta es la condición que en la actualidad se ha convertido en una rutina: deseamos vivir de la mejor manera posible, con más comodidades; pero, entre confortables alienaciones y conformismos tranquilizadores, uno ya no aspira a la libertad, ni está dispuesto a luchar en su nombre. Ideólogos y “maitres à penser” nuevos y viejos, con retóricas neoliberales y posmodernas, tratan de convencernos para que nos quedemos en la jaula de hierro, cortando de raíz todo intento de disentir. El poder oculta de todas las formas posibles la verdadera naturaleza de la jaula, oponiéndole siempre los horrores que podrían ocurrir si se saliera de ella. Por ese camino, la clase dominante obtiene el consenso y la familiaridad con la esclavitud: pone a los esclavos voluntarios en la condición de quien ama su propia celda porque es incapaz de pensar un mundo exterior fuera de ella.

El poder tiene que fortalecer y maniobrar continuamente el consenso de los esclavos, animándoles a disentir siempre y solo contra potenciales libertades y eventuales protestas contra su cautiverio. Cualesquiera que sean las condiciones que se producen caso por caso para derrocar el poder, este las emplea para evitar que se consiga…” (Fusaro Diego. Pensar Diferente, Filosofía del Disenso. Editorial Trotta. Madrid. 2022.Pp. 116-117)

Si nos tomamos el tiempo de reflexionar, encontraremos muchos ejemplos del enjaulamiento de la sociedad costarricense, pero valga como ejemplo, el proyecto creador de esclavos 4/3.

Lula: reconstruyendo la voz de Latinoamérica

Por Félix Madariaga
Periodista

En los últimos meses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado un discurso cada vez más distante de Estados Unidos, particularmente como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Frente al anuncio de aranceles universales de entre un 10% y 20% (incluyendo un 10% adicional para Brasil), Lula declaró: “Responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y anunció que Brasil adoptará “todas las medidas posibles” en defensa de sus trabajadores y empresas.

Posteriormente, durante la Cumbre de la CELAC en Tegucigalpa (abril 2025), Lula instó a los países de América Latina y el Caribe a unirse “para enfrentar aranceles arbitrarios” y recuperar el espíritu de integración regional a través de un mecanismo común. También subrayó que Brasil buscará negociar primero con el objetivo de priorizar el diálogo, pero reiteró que respondería con reciprocidad si no se alcanzaban acuerdos, esperamos justos y ecuánimes.

Apoyos regionales y marco institucional

En Tegucigalpa, líderes como la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia Gustavo Petro, respaldaron públicamente la propuesta de Lula. De hecho, Sheinbaum propuso una “Cumbre por el Bienestar Económico Regional” y llamó a reforzar el comercio intrarregional. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración como respuesta estratégica al proteccionismo global y a las decisiones unilaterales de Estados Unidos que podrían desestabilizar la economía y la política internacional.

Además, Lula presentó la idea de colaborar en una candidatura conjunta latinoamericana para la Secretaría General de la ONU, usando la diplomacia multilateral como palanca para elevar la influencia regional conjunta.

La agenda BRICS: invitación a Chile

En paralelo, Lula extendió también una invitación directa al presidente de Chile Gabriel Boric para participar en la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en Brasil el 6 y 7 de julio de 2025. Este llamado viene acompañado de la intención de que Chile, bajo el liderazgo de Boric, se incorpore oficialmente al bloque, lo que implicaría un desafío a la hegemonía norteamericana.

Los BRICS están compuestos actualmente por once países: sus 5 miembros originales – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – y seis 9 miembros admitidos en 2024-2025: Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Boric ha aceptado asistir como invitado, lo que generó una inmediata respuesta negativa, tanto en la oposición como en algunas fuerzas oficialistas. A pesar de que los BRICS son un foro de carácter económico, la crítica a la participación de Chile en la reunión se centró en razones políticas, como la participación de Rusia e Irán en el encuentro. Sin embargo, lo más probable es que a la base de tanta reticencia se encuentre el temor de hacer enojar a nuestro gran hermano del norte.

¿Qué podría haber de malo en tratar de integrar una organización que busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y promover un orden mundial multipolar? Para nosotros claramente nada, considerando que hoy los países de los BRICS representan a unos 3.300 millones de personas, más del 40% de la población mundial y que juntas, las economías alcanzan aproximadamente el 37% del producto interior bruto mundial y que ahí participa uno de nuestros principales socios comerciales como los es China.

En los últimos años los BRICS han ampliados sus esfuerzos de cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales hasta proyectos humanitarios, gracias también a la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) como alternativa al Banco Mundial.

Como señalaba en su columna en El Mostrador Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, “La pertenencia a los BRICS no debe ser interpretada como una renuncia a nuestras alianzas tradicionales, sino como una expansión necesaria de nuestros horizontes estratégicos. Es el paso lógico para una nación que aspira a ser un actor relevante en la construcción de un mundo más equitativo y próspero. Es imperativo que abracemos esta oportunidad con visión y determinación” y frente a las dudas por la participación de Chile en un foro en que hay una diversidad de regímenes políticos, afirma que “nuestra Constitución, al igual que la brasileña, establece la defensa de la paz y la solución pacífica de conflictos como principios rectores de nuestra política exterior. Al promover la cooperación económica y la búsqueda de un orden multipolar, estamos contribuyendo a un ambiente internacional menos propenso a conflictos, lo que, indirectamente, redunda en beneficios para la situación de los derechos humanos a nivel mundial”.

Creemos que ese debería ser el camino que debemos recorrer. Por qué cerrarnos una puerta que podría abrirnos nuevos espacios para fortalecer la voz del Sur Global, por qué cerrarnos una puerta que podría permitirnos un crecimiento más equilibrado y justo, menos dependiente de un socio, tantas veces caprichoso.

El ascenso del proteccionismo estadounidense, bajo el argumento de “hacer a América grande otra vez”, ha derivado en medidas arancelarias que amenazan las cadenas de valor globales. La reacción de gobiernos como el de Lula muestra que el unilateralismo de Washington puede ser percibido como una amenaza a la paz económica global: “La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores”

Estas políticas son vistas también como un vestigio de una mentalidad bélica —“un país promotor de la guerra mundial” en términos simbólicos—, donde la imposición comercial refleja un retorno a disputas de poder no solo económicas, sino geopolíticas. Frente a ello, la respuesta latinoamericana se enmarca en una estrategia de defensa colectiva, reafirmación soberana y construcción de espacios de diálogo multilateral, justamente para resguardar la estabilidad y autonomía regional. Por eso esperamos que Chile aproveche esta oportunidad, y no cierre sus puertas antes presiones y opiniones que parecen no tener en cuenta los desafíos globales que estamos enfrentando.

Fuentes:

https://es.weforum.org/stories/2024/11/que-son-y-para-que-sirven-los-brics-esto-es-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-bloque-internacional/

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/06/20/por-que-la-plena-integracion-a-los-brics-constituye-un-camino-fundamental-para-el-futuro-de-chile/

https://www.dw.com/es/lula-retoma-la-batuta-de-la-integraci%C3%B3n-sudamericana/a-65746035

https://www.elpais.cr/2025/04/22/presidentes-de-brasil-y-chile-reafirman-compromiso-con-multilateralismo-y-su-rechazo-a-una-guerra-comercial/

https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/05/16/1166543/chile-brics-cancilleria.html

https://www.prensa-latina.cu/2025/04/09/chile-expresa-compromiso-con-la-integracion-en-cita-de-celac/

Notas sobre el gobierno Chaves Robles

Para Walter Antillón Montealegre el objetivo del desarrollo intectual es el servicio a la comunidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes que se publicarán en secuencia: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

1.- Magia, saber y poder político

El contexto

El dogma del derecho divino de los reyes, que condujo a atribuirles poderes mágicos (vid. Marc Bloch: Los reyes taumaturgos. México, 1989) fue una expresión del dominio del pensamiento mágico de raíz católica en el terreno de la política, que prevaleció en la historia europea durante muchos siglos, hasta la Ilustración; y fue sustituido por el principio laico del contrato social: la ciencia política tomó el lugar de la doctrina religiosa, pero fue un camino lleno de sangre y dolor.

Sabemos que la distinción entre religión y política se basa en el diferente objeto de cada una, el de la religión las cosas supraterrenales y el político las cosas terrenales; y, claro, la diversa índole de dichas materias requiere métodos distintos: las terrenales imponen el método científico, circunscrito dentro de las dimensiones de la realidad; mientras que las religiosas imponen otro método: el método dogmático, basado en la fe y la revelación, temas que están libres de rigor científico porque no necesitan la demostración rigurosa de su verdad, sino, únicamente, la creencia o adhesión incondicional de la persona creyente: en religión no se necesita la demostración racional de sus fundamentos, sino que la persona debe creer sin dudar.

Esta es básicamente la razón por la que, desde Maquiavelo, se ha sostenido con acierto que el Estado, que es una organización autónoma de la ‘res publica’, debe ser laico; y que el mundo de las creencias (los apóstoles, los santos, los milagros y la fe) debe mantenerse dentro de la esfera propiamente religiosa, separado del mundo político. Ambas esferas estuvieron confundidas por siglos, y para muchos todavía lo están. Y la consecuencia de ello es que los argumentos de fe serían criterios válidos para decidir el voto en las elecciones políticas: y entonces no las va a ganar el candidato que ofrezca el mayor rigor científico en el diagnóstico y la solución de los problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad, sino el que consiga una mayor adhesión a su condición de ungido, de hombre de Dios, y a sus planteamientos basados en la fe, la revelación, un supuesto ‘don de lenguas’ (ramaseca, etc.), criterios claramente inservibles en el plano de la política, plano de lo realmente posible.

Tal cosa funcionó en las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX, por influencia de los curas: si una parte considerable de la comunidad, por su bajo nivel educativo y su exposición masiva a las consejas curialescas, llega a creer que un candidato cuenta con el favor de Dios para gobernar, y con el poder de cambiar milagrosamente las cosas, seguro ese candidato iba a resultar elegido; aunque también muy probablemente su gobierno será desastroso, por la irrealidad de sus diagnósticos y la quimera de sus soluciones. Y así nos fue.

A inicios del siglo XXI tenemos que la religiosidad en general se ha reducido notablemente; pero aún en algunos sectores «…la confianza, la esperanza en la magia, no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental…” (Umberto Eco: El mago y el Científico; EL País, 2009) Y precisamente, donde se ha mantenido una educación deficiente (dolencia endémica en la comunidad costarricense), ésta ha dado pábulo a la persistencia difusa de un pensamiento mágico ya en buena parte sin raíces religiosas explícitas, que sigue siendo irracional y se expresa de muchas maneras: desde la ingenua esperanza en que la oración pedigüeña va a influir en la lotería, hasta los fanatismos por los héroes deportivos; y en política, en la fe y en la atracción por el mítico ‘hombre fuerte’, ‘hombre de mano dura’ (siempre más parecido a Benito Mussolini que a José Martí) que resolverá todos los problemas (sobre esto hay que leer, sin falta, Desmitificar a los caquistócratas, de Gustavo Román Jacobo; en CR HOY, 5 de julio de 2025).

Modernamente la experiencia nos ha corroborado una dolorosa/certera lección: la conservación de una auténtica democracia requiere precisamente que la mayor parte del electorado sea capaz de separar, de manera nítida, la esfera política de la esfera mágico/religiosa; y la capacidad de distinguir el pensamiento mágico del pensamiento racional es, a su vez, el resultado de una robusta educación laica. Mientras ésta no se arraigue y generalice en la comunidad con una base racional, y a cambio predomine en el electorado la ignorancia (con sus hijos predilectos: la credulidad y el fanatismo), estaremos más expuestos al peligro de caer en manos de demagogos autoritarios: quienes irracionalmente adherían a la democracia, también irracionalmente renegarán de ella un día.

La historia reciente

Muy temprano, quizás ya en el Siglo XIX, nuestro pueblo se enamoró de la señora Democracia; y aunque pronto aparecieron razones para su desengaño (porque nuestra alabada democracia representativa era, en realidad, una oligocracia con periódicos relevos del poder), por mucho tiempo Costa Rica se aferraba a su ilusión democrática: perdonaba y olvidaba, y pasado un tiempo volvía a perdonar y olvidar, etc.

Perdonó y olvidó el autoritarismo fascistoide de León Cortés, la corrupción de Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Oduber Quirós; la traición, los olvidos y las inepcias de Monge Álvarez, Arias Sánchez y la larga lista de los neoliberales, disfrazados o no; hasta que finalmente llegó el momento en que la pobreza y la exclusión nunca remediadas a fondo, la crisis fiscal permanente y una serie de graves escándalos de alto nivel (la Trocha, el Cementazo, la Cochinilla, el Diamante) rompieron el encanto; y la anti-democracia empezó a ascender paulatinamente en las encuestas.

De ese modo surgió en nuestro País el riesgo de una involución autoritaria. Hubo amagos anteriores, pero me parece que, a su manera, eso estuvo a punto de ocurrir una primera vez en nuestro Siglo (2018) con el brote virulento de la popularidad de Fabricio Alvarado: en ese momento la oligarquía codiciosa y timorata y los viejos políticos representados sobre todo por el partido Liberación Nacional, desacreditados a causa de sus gobiernos corruptos e ineficaces, y derrotados electoralmente, vieron la oportunidad de regresar al poder aliándose con aquel candidato que, por su investidura de ‘hombre de Dios’ y su mensaje puramente emotivo, parecía tener posibilidades de ser electo; pero que, por sí mismo, visiblemente carecía de aptitudes para gobernar. Tal contubernio, que haría de Fabricio un “tonto útil” al servicio de un grupo de sagaces políticos potencialmente derrotados, le ofrecía a dicho grupo la inesperada, fortuita ventaja de volver al poder. Pero la cosa no terminaba allí: en un plano diferente, Fabricio era también correa de transmisión de una fuerza política subrepticia, proveniente de las iglesias neopentecostales de los EE.UU que, desde hace años planean, dirigen y financian la penetración de sus organizaciones en América Latina; y han aceptado servir a su vez, de instrumento de una política neoliberal de dominación por parte del gran capital transnacional.

Toda la progresía, sumada a los católicos neo-asustados, votó por Carlos Alvarado; y éste ganó. Sin embargo, no dejemos de considerar que el temido peligro no fue conjurado del todo con la derrota de Fabricio: se mantuvo ominosamente presente debido a la conjunción ideológico/oportunista entre los 14 diputados del Partido Restauración Nacional, los 17 de Liberación Nacional y los 8 del PUSC que tendencialmente se les sumarían alrededor de las iniciativas reaccionarias provenientes de las cúpulas de dichas agrupaciones.

Es decir, para derrotar a Fabricio en la segunda vuelta, el progresismo de izquierda y centro-izquierda se arrojó en brazos de Alvarado, candidato del PAC, un partido sin ideas y sin ideales. Y se llevó un chasco, porque lo que sorpresivamente hizo Alvarado fue aglutinar todo el neoliberalismo: PLN, PUSC, PAC y además los propios pentecostales; y con esa mayoría parlamentaria y la complicidad inicial, estratégica, de la Sala Cuarta, se lanzó a debilitar la Caja, el ICE, las universidades públicas y las restantes instituciones de servicio público, así como las garantías del Derecho Laboral Colectivo y los sindicatos públicos: ¡último bastión que nos va quedando en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho!

Históricamente hablando, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tuvo su último defensor en Rodrigo Carazo Odio: después de él, a partir de Luis Alberto Monge, ex sindicalista réprobo, todos los presidentes han profesado en varia medida un neoliberalismo más o menos acorde con los planes de ajuste estructural del FMI y el BM (buques insignia del neoliberalismo en el Tercer Mundo), y con las mezquinas expectativas de aprovechamiento de las oligarquías con respecto a los despojos de la privatización: en suma, cada presidente de la lista contribuyó con la causa neoliberal mundial, arrancando algunos ladrillos, o un pedazo de pared del edificio del Estado Social de Derecho que nos legaron Calderón Guardia, Manuel Mora y Pepe Figueres.

Alvarado hizo su parte: magnificando mentirosamente la endémica crisis financiera del Estado y manipulando el truco de la regla fiscal, consiguió al cabo debilitar la posición de los sindicatos y del funcionariado público; pero la pobreza, la desigualdad y la canasta básica aumentaron, lo cual lo descalificó y alentó las esperanzas mesiánicas. Había llegado a Costa Rica un momento de gran peligro: la hora del outsider, del no contaminado con los vicios y corruptelas de lo que Milei en Argentina denominó “la Clase”; y apareció Rodrigo Chaves Robles, experto del Banco Mundial en aplicación de ajustes estructurales. Contra lo que declaraba apaciguadoramente en sus discursos de campaña, todo parece indicar que su misión en Tiquicia es, al fin, dar cristiana sepultura a los restos de nuestro pequeño Estado Empresario: a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Populismo y magia en la coyuntura actual

Volvamos ahora al tema de las primeras páginas de este artículo, porque Rodrigo Chaves es, obviamente, el afortunado beneficiario de aquel fenómeno del pensamiento mágico al que aludíamos: colocado en el momento preciso y en el lugar preciso, pronunció las palabras e hizo los gestos y los contactos adecuados para que grupos desengañados de los viejos partidos y una masa fanatizada e ingenua hayan visto en él al iluminado redentor, el ‘hombre de mano dura’, que resolverá los sempiternos problemas del País; y él ha posado deliberadamente para representar ese papel.

Vuelvo a decirlo: desde hacía algunos años se podía vislumbrar con alguna claridad que en Costa Rica estaban dadas las condiciones objetivas para el advenimiento de esa figura providencial, en su modalidad populista:

– Esas condiciones objetivas estaban dadas, repito, por la inepcia y la corrupción de los partidos tradicionales, su cobardía, su falta de compromiso social y su complicidad con las clases opulentas (lo que les impidió siempre gravarlas con impuestos justos, condenando con ello al Estado a una eterna penuria fiscal), trajeron la corrupción en las altas esferas de poder, junto con el aumento de la brecha económica, la ruina del campesinado mediano y pobre, la proletarización de la clase media, la deserción escolar, el repunte de los delitos contra la propiedad, la propagación de la droga, el reclutamiento de la juventud pauperizada por parte del narcotráfico, el sicariado y un largo etcétera.

En su planteamiento de campaña, Chaves, el hombre nuevo en el escenario político-electoral, por un lado exhibe a los villanos (encarnación del Mal), que son los partidos tradicionales PLN y PUSC, y el PAC; junto con los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral; la burocracia parásita en contubernio con un empresariado inmoral y acomodaticio, y con una ‘prensa canalla’; y por otro lado presenta al renovador: al salvador, es decir, él mismo (encarnación del Bien), virtuoso, sabio y justiciero. Se trata de una moderna edición del pensamiento mágico llamado populismo, que hace unos años estuvo representado por el fracasado Movimiento Libertario con su lema: “no más de lo mismo”.

Ahora bien, en política, el pensamiento mágico opera en ambas direcciones: afecta a la masa que diviniza al líder y lo absuelve de antemano de cualquier exceso, por criminal que sea; y afecta la mente de aquél, tentándolo para una alta apuesta que a sus ojos lo legitima para perseguir sus fines sin reparar en los medios. Estamos ante el vínculo “populista”, directo, entre el líder y sus fieles seguidores, que produce una fuerte tendencia a sustituir el orden institucional (parlamentario, judicial, electoral, de control financiero), por un espejismo en el cual el líder se dice intérprete de una pretendida voluntad soberana, éticamente superior: un ‘mandato de la Historia’ que estaría por encima de aquel orden jurídico estatal que se asegura obsoleto y carcomido por el vicio.

Continuará en entregas posteriores.

¿Crédito o trampa disfrazada?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.

Vía rápida para jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a discusión electoral en los centros de trabajo

Vladimir de la Cruz

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores.

El Partido Liberación Nacional de una manera vergonzosa, se pronunció en la Asamblea Legislativa a favor de la vía rápida para el conocimiento del trámite de la llamada Ley 4-3, con la cual se pretende instaurar una jornada esclavista laboral de 12 horas diarias, que en la práctica se va a generalizar para todas las actividades laborales y socio productivas del país.

Como trampa para su aprobación, y darle los votos para que así se tramite, los diputados de Liberación Nacional le introdujeron al Proyecto de Ley una cláusula, o un artículo, que impulsará en las fábricas, empresas o instituciones de cualquier naturaleza, en que se quiera aplicar esta nueva jornada de trabajo de 12 horas diarias, una consulta electoral que se hará a los trabajadores de esos centros de trabajo para determinar si están a favor o están en contra.

Este añadido es de palabra, fue una promesa que le hizo el gobierno a Liberación Nacional de que así lo harían en la discusión del Proyecto de Ley en el Plenario Legislativo. Esto no aparece en el Proyecto de Ley que se elevó al Plenario Legislativo para su aprobación, lo cual significa que a los diputados les metieron diez con hueco, y a los trabajadores un garrotazo en la nuca. Eso fue una bajada de pantalones y enaguas, de los diputados y diputadas liberacionistas, ante Rodrigo Chaves y su diputada Cisneros, acatando las órdenes de los empresarios esclavistas que se mueven tras bambalinas en Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Esta disposición o acuerdo, es contradictoria incluso con la propuesta que tiene el Proyecto de Ley en el sentido de que ya se disponía que esa jornada era “optativa”, para cada trabajador de acogerse o no la decisión de pasarse o no al nuevo sistema de trabajo, de 12 horas diarias.

Además, en teoría permite que si un trabajador se pasa y no le gusta puede devolverse a la jornada ordinaria de ocho horas, después de tres meses de trabajo. El artículo que regula esto plantea allí mismo que en esta posibilidad de regreso a la jornada de 8 horas el trabajador puede ser despedido con todos los pagos de ley. Esto es lo que realmente va a ocurrir. Con el nuevo trabajador que lo sustituya se le aplicará la jornada de 12 horas en su contrato laboral. Así funcionará.

Con la propuesta de los diputados de Liberación Nacional, que hicieron el papel de voceros y diputados del presidente Chaves, esta posibilidad de aceptar voluntariamente la jornada de 12 horas, queda anulada porque se somete a votación de todos los trabajadores de una empresa, cualquiera que sea su naturaleza económica productiva, que quiera establecer esta jornada de 12 horas diarias, todo el sistema de trabajo. Es decir, se consulta a todos si quieren establecer la jornada de 12 horas o no la quieren imponer, de cuyo resultado si es positivo se impone la nueva jornada esclavista, en este caso para todos.

Esa consulta es por su naturaleza una consulta electoral, porque se pone a votación en decisión de los trabajadores si se establece o no la jornada de 12 horas. Es una consulta que usa de forma disfraza la figura del plebiscito, del referéndum, de una consulta popular, de característica electoral, y abiertamente de un proceso electoral, que va a decidir por ese acto si se pone en vigencia o no la jornada de 12 horas en la empresa donde se haga la consulta.

Si ese es el camino que se va a seguir, la consulta electoral, que así lo es, que se les realizará a los trabajadores, debe reunir todas las reglas democráticas y electorales que se viven en el país, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones, de cualquier proceso electoral que con fines como éste, de la jornada laboral extensiva a 12 horas, se proponga. Debe contemplarse incluso fiscales electorales para garantizar la justa consulta debidamente informada a los trabajadores, debe establecerse un recinto electoral y cajas especiales para depositar los votos de los trabajadores, garantizando su secretividad y fiscalización por parte de los trabajadores o sus representantes.

Esta consulta electoral adquiere la forma de una votación que requiere partes involucradas, los que están a favor y en contra de la jornada de 12 horas.

Los que están en contra de la jornada de trabajo de 12 horas deben tener garantizado que quienes los representen en esta consulta sean partidos políticos nacionales o las organizaciones sindicales, confederaciones, federaciones o sindicatos, aun cuando en esas fábricas o empresas no existan estas organizaciones de defensa de los intereses laborales o de los trabajadores. Si esto no se garantiza cualquier consulta que se haga a los trabajadores estará viciada de parcialidad total electoral y del temor reverencial que los empresarios, o sus representantes, puedan ejercer sobre los trabajadores para que voten obligadamente a favor de la jornada esclavista de 12 horas.

Esto significa que en todas las empresas, fábricas o instituciones donde se vaya a realizar esa consulta, se deben dar garantías reales para que los trabajadores sean bien informados, democráticamente informados, a favor y en contra del Proyecto de Ley. Esto es lo democrático, es lo que corresponde.

A la vez significa, que haya o no sindicatos en esas empresas, industrias o instituciones, se permita a los sindicatos y organizaciones sociales existentes de los trabajadores, para que puedan apersonarse, a ir, para informarles a esos trabajadores sobre los alcances reales de esas jornadas de 12 horas, sobre los perjuicios que ocasionará a los trabajadores individualmente y de cómo afectará a su familia, sus esposas o compañeras y a sus hijos. En este sentido tiene que levantarse una lista, o modo de censo electoral, de todas las empresas que se involucrarán en la consulta a los trabajadores, y una vez establecida la lista de empresas que quieren realizar esa consulta, abran sus puertas y den espacio para que los opositores a este Proyecto de Ley puedan ir a exponerles a los trabajadores sus puntos de vista, bajo el amparo del Tribunal Supremo de Elecciones. no es bajo el amparo del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo, no representa, en ningún caso, los intereses de los trabajadores. Los inspectores del Ministerio de Trabajo no son representantes de los trabajadores, y en sus gestiones reales, más parecen representantes de los sectores empresariales.

Se debe obligar a que las empresas que van a realizar estas consultas así lo anuncien públicamente para enterar a todas las partes interesadas en esos procesos de consulta, de votaciones, de elecciones, que harán los trabajadores sobre la jornada laboral esclavista, para que las partes opositoras a esa jornada puedan apersonarse a informar democráticamente a los trabajadores sobre la decisión que van a tomar.

Lo que se pretende con este Proyecto de Ley es una modificación, o una reforma solapada, tácita, constitucional, y del Código de Trabajo, que modifica y altera violentamente derechos sociales y laborales consolidados en la legislación nacional desde 1920 y constitucionalmente desde 1943 y 1949, cuando en 1943 se introdujo el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y luego se estableció en la actual Constitución Política de 1949.

Del mismo modo, así se consignó en el Código de Trabajo, aprobado en 1943, todo ello consagrando el régimen de trabajo de ocho horas diarias, con posibilidad de ampliarlas reconociendo un sobre pago de un 50% sobre el valor de una hora ordinaria de trabajo.

Lo que se está realizando es un típico fraude de ley. Con un artículo en el Proyecto de Ley de las jornadas 4-3 se modifica de hecho la Constitución Política, sin el trámite obligado y calificado que tiene para modificarse como debe ser, que puede durar dos años.

De conformidad al Convenio No. 1 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, organismo de la ONU, cualquier modificación en este sentido a las jornadas de trabajo, tiene que realizarse por la vía del Convenio Laboral entre trabajadores y Patronos o empleadores, lo que no se ha hecho, ni se está haciendo en Costa Rica.

He explicado en artículo anterior que la posibilidad de la jornada de trabajo de 12 horas está garantizada en la Constitución Política y en el Código de Trabajo, pero pagando horas extra sobre la 8n horas ordinarias. Lo que se quiere realmente es no pagar las horas extras que eso supone.

El otro cuento, con el que se quiere engatusar a los trabajadores, es el de los tres días de descanso concentrando de las 48 horas semanales en cuatro días de 12 horas cada uno. Veamos. La jornada de 8 horas diarias por 6 días a la semana da un total de 48 horas semanales, que incluye un día de descanso laboral. Esta es la jornada vigente, legal, constitucional existente en el país. Esto significa que todos los trabajadores tienen por lo menos un día de descanso respecto a los días laborados. Algunas empresa e instituciones tienen una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes, liberando un día más, con lo cual esas empresas tienen dos días libres o de descanso respecto a los días laborados.

Cuando en el mensaje de la jornada de las 12 horas diarias por 4 días se dice que se dará descanso de 3 días es parcialmente cierto. Al concentrar la jornada de 48 horas en cuatro días se dejan tres días libres, pero se trabajan en el conjunto de las 48 horas distribuidas en 4 días, que es como si se trabajaran los seis días de la semana. No hay descanso real laboral. Se siguen trabajando las 48 horas.

Los días ya libres existentes, uno o dos, según sea, siguen existiendo. Se añade otro, que los mismos patronos han dicho que puede ser aprovechado para que los trabajadores “busquen” otro empleo, otro ingreso económico, con lo cual no se garantiza efectivamente el “descanso” por las extenuantes jornadas de 12 horas. De hecho, se les ofrece la posibilidad de que “tengan” otro trabajo adicional al de las 48 horas en 4 días, en esos tres días libres.

Tampoco existe la posibilidad económica para el trabajador de poder disfrutar esos días, con los salarios bajos que se tienen, con el congelamiento que hay de salarios desde hace 5 años y con la propuesta de congelarlos hasta el 2030 como ha señalado el presidente Chaves.

Tampoco existe, porque ha sido desmantelada, por el gobierno, la institucionalidad social de redes de cuido para los trabajadores, de los centros infantiles para sus niños menores de 5 o 6 años y de los centros de cuido de personas mayores, así como de la eliminación de las ayudas sociales en comedores escolares, becas estudiantiles, apoyos al trasporte escolar etc.

Lo que en la realidad va a suceder con los llamados 3 días libres es que se trabajarán por los trabajadores con jornadas de 12 horas, para medio sobrevivir.

La jornada de las 12 horas diarias en la realidad nacional se va a convertir en jornadas semanales de 60, 72 y en algunos casos hasta de 84 horas, para poder sobrevivir los trabajadores. Esto es parte de lo que Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana están aprobando.

Las empresas que se quieran aprovechar de la sobre explotación laboral lo van a lograr. Ninguna va a aceptar trabajadores de 8 y de 12 horas a la vez, porque les crea un caos administrativo, que es lo que quieren también resolver con jornadas únicas de 12 horas.

Todavía les queda un resquicio a los diputados conscientes, sensibles socialmente, identificados con las raíces históricas de sus partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de medio lavar su imagen, y la de sus candidatos presidenciales.

Ya aceptaron la vía rápida, ahora acepten que los diputados de Liberación Nacional voten en conciencia cada uno, sin línea de partido, sin imposición partidaria, a favor o en contra de la jornada de las 12 horas esclavistas. De lo contrario Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana descansarán en paz de sus lides políticas y pasarán al cementerio histórico de olvido de sus logros institucionales democráticos.

Los sindicatos y las organizaciones sociales deben pronunciarse sobre este proceso electoral de consulta a los trabajadores, ante la Sala IV y ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde ahora deben accionar para solicitar que en las consultas que se quieran hacer en los centros de trabajo, sobre las jornadas esclavistas de trabajo, se apliquen los principios democráticos de los procesos electorales nacionales. Se debe establecer que en tanto esté en trámite, desde su aceptación para su estudio, en el plenario legislativo, el Proyecto de Ley de las jornadas esclavistas de trabajo, se permita a los sindicatos, sus federaciones y confederaciones, y a los partidos políticos, acudir a esos centros de trabajo a explicar a los trabajadores sus puntos de vista con relación a estas jornadas laborales, que quieren modificar la Constitución Política.

Ante la Sala Constitucional se debe actuar para solicitar pronunciamiento de si el trámite de la vía rápida para modificar las jornadas de trabajo viola o no la Constitución Política, en la forma que quiere.

El Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar que mientras esté en trámite el Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas, se entienda que es un proceso electoral, que se quiere llevar a las fábricas, empresas e instituciones de trabajo, que se someterán a “consultas populares”, electorales reales, para que los trabajadores, por la vía de votaciones se pronuncien a favor o en contra de esas jornadas, y que siendo de ese modo “procesos electorales”, deben habilitarse todos los mecanismos democráticos para que a los trabajadores se le hagan ver los distintos puntos de vista sobre los alcances de esas jornadas. El Tribunal Supremo de Elecciones debe ser el garante, con sus urnas, y con los representantes de los trabajadores y empleadores de la fiscalización de esas votaciones.

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores. Esta es la tarea inmediata y urgente del movimiento sindical nacional y de las organizaciones sociales y civiles.