Un gazapo en la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua Española es una mentira o un yerro que inadvertidamente deja escapar quien escribe o habla.
Haciendo una adaptación aquí nos vamos a referir a los gazapos gubernamentales, pero no se trata de cualquier gazapo, es decir de un error pasajero, circunstancial. Exaltaremos algunos de los grandes yerros o gazapos de este gobierno, incluyendo desde luego, las mentiras del presidente, de sus ministros y diputados o diputadas que le son leales. Hoy nos centraremos en el tema de la educación.
En el artículo del viernes pasado, hicimos un análisis de la situación nacional, en lo económico, en lo político-social y en lo cultural. Además, me permití externar mi estado de ánimo con relación a algunos de los más graves problemas de nuestro país. Pienso que ese estado de ánimo de aflicción y dolor no es solo mío; es común a una cantidad importante de conciudadanos que lo experimentan también, tras haber advertido que, por encima de los discursos del presidente y su equipo, en las conferencias de prensa o fuera de ellas, hay mucho con demasiado de verborrea vacua o superficial y una jerigonza extraña y vergonzosa. En cambio, hay muy poco, más bien nada de realidad.
Los Gazapos en la Educación.
Si algo debiese tener prioridad en Costa Rica hoy, es la educación. En los círculos entendidos en esta materia ya está claro cuánto ha descendido la calidad de la educación pública en todos sus niveles en la actual administración de la República.
No estamos para juegos como el que inició el presente gobierno, hablando de “la ruta de la educación”, que pudo haber entusiasmado a mucha gente, y luego muy temprano se convirtió en “humo de pajas”. ¡Qué daño más grande se le ha propinado a nuestra niñez y juventud! ¡Gran afectación también a la credibilidad en la política, para la ciudadanía que de verdad esperaba algo serio!
El primer problema en este gobierno consiste en la ausencia de planificación a todos los niveles. Veamos un ejemplo del que ha dado cuenta la prensa desde el año anterior. El plan presupuesto del gobierno se elaboró y hacia el final del 2024 se puso en evidencia un grave desorden en el plan de gastos, como lo hicieron ver diputados de varias de las fracciones opositoras, ya que los recursos presupuestados en materia de salarios, sueldos y aguinaldos a docentes no alcanzaban. La Asamblea Legislativa debió aprobar recursos extraordinarios del orden de 74.000 millones de colones para completar el pago. Obviamente no es una bicoca.
El problema no acabó ahí, de acuerdo con la información periodística el desorden en el plan presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), se extenderá a lo largo de este año 2025. Quizás la mayor pesadumbre consiste, como lo informó en un artículo de La Nación la periodista Lucía Astorga, en que el aviso acerca de la falta de recursos para pagar la planilla del 2024, ni siquiera provino del MEP y su equipo de planificación. La alerta fue dada por la Contraloría General de La República y por el mismo Ministerio de Hacienda. No solo eso, en el plan de gastos del 2025, aparece un faltante de 100.000 millones de colones. Otro gazapo colosal. (Cfr. L. Astorga, La Nación, 19 de nov.2024. p.19).
Tan grave como lo anterior, es que la Sala Constitucional le ordenó al MEP, mediante dos sentencias, usar fondos para -nada más y nada menos- asignar asistentes del Servicio de Educación Especial, a fin de poder atender estudiantes con discapacidad. Falta grave por parte del MEP, por tratarse de recursos para atender a una población especial. Dicha asignación presupuestaria, obviamente abrió otro hueco en los recursos del ministerio que debió ser cubierto de manera extraordinaria también por parte de la Asamblea Legislativa. Algo más, debe saberse que la jerarca del MEP propuso para cubrir el faltante, recortar los fondos que debían destinarse al pago de las cotizaciones de las pensiones administradas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La ocurrencia anterior fue detenida por la Asamblea Legislativa. De haberse aprobado hubiese significado, como se dice coloquialmente, “desvestir un santo para vestir otro”, No nos acostumbramos a los yerros enormes de este gobierno.
La misma Lucía Astorga, periodista acuciosa, informa que el MEP apuesta por la digitalización para aliviar la carga laboral de los docentes. Pero, ocurren dos cosas: la primera es que la tendencia a obtener incapacidades ha ido en aumento en los últimos tres años. Un 65% de la planilla se acoge cada año a las licencias remuneradas. El pago para sustituir dichas licencias aumentó entre el 2021 y el 2024 un 53.72%. Se trata de la mayor presión presupuestaria que enfrenta la institución para cubrir las sustituciones del personal. En segundo lugar, el viceministro de planificación acepta, no obstante, que no existe un plan específico para frenar el incremento de las incapacidades. (Cfr. Ibidem, 06.01.2025. págs. 4 y 5). Aviados estamos, ya que la situación es harto difícil.
En el campo de la docencia propiamente dicha, comienzo por señalar que, lo anterior tiene una alta incidencia en el bajo rendimiento de muchos de los estudiantes, pues el constante cambio de maestros y profesores repercute negativamente en los niños y jóvenes, ya que cada maestra o profesor tiene su propia metodología y pedagogía y deviene harto difícil para el educando acostumbrarse a una nueva modalidad de aprendizaje.
Lo más significativo en este ámbito lo constituye el hecho de que en estos últimos 20 años se ha agigantado la brecha en cuanto a la calidad de la educación entre los estudiantes de hogares pudientes y los de las familias más pobres. Lo mismo es claramente visible entre los niños de preescolar, los escolares de primaria y los estudiantes del nivel medio de la educación, que estudian en instituciones de la gran área metropolitana, frente a los que lo hacen en zonas rurales de escuelas y colegios públicos. Los que pertenecen a estos últimos se han ido quedando rezagados en varios sentidos: con mucha frecuencia los estudiantes de zonas rurales pobres no acceden al currículo completo de materias; aunque las autoridades se justifican arguyendo que se trata de materias accesorias, como artes plásticas, educación musical o física, educación para el hogar, etcétera, esto no hace más que demostrar el atraso pedagógico de que adolecen las autoridades docentes que esgrimen este argumento; está más que demostrado que, estas materias de la malla curricular son de singular importancia para el desarrollo de una formación integral del individuo y de la personalidad social. En segundo término, los estudiantes pertenecientes a hogares de bajos recursos económicos se rezagan, porque con harta frecuencia desertan de la educación tempranamente convirtiéndose en “carne de cañón” del hampa, y hoy de las pandillas del narcotráfico, como lo hicimos ver en el artículo anterior. En tercer lugar, estos estudiantes no pueden competir en los mercados laborales con los de las clases medias o altas, por lo que están condenados a repetir el círculo de pobreza y miseria extrema del que provienen.
Los datos están a la vista, como cualquiera lo puede observar en el estudio del Estado de la Educación, dirigido con idoneidad por la académica Isabel Román: El 83% de los educandos que pertenecen a las instituciones de educación primaria pública, no logra acceder a la malla curricular completa. En números absolutos se trata de la astronómica cifra de 373.500 menores que se ven por ello marginados en el proceso educativo. En Costa Rica, hay 17 cantones en los que, la totalidad de los estudiantes se ven privados de llevar el currículo completo. (Cfr. estadonacion.or.cr. Noveno Informe del Estado de la Educación, 2023. www.larepublica.net y www.nación.com).
Algo inexplicable: la directora del Estado de la Educación (EE); Isabel Román hizo una petición al MEP, que esta institución se dio “el lujo” de rechazar. Al MEP se le solicitó que compartiera los datos del resultado de las Pruebas Nacionales Estandarizadas aplicadas por este ministerio desde el 2023. Es la primera vez en 20 años que el ministerio de Educación se arroga la potestad de rechazar una petición del Estado de la Educación. Como lo señala la periodista Fernanda Matarrita, la directora del EE explicó que “La información que el MEP debe suministrarles se utilizará para hacer una investigación académica a partir de la cual se realizarán análisis y recomendaciones al Ministerio para mejorar las pruebas nacionales estandarizadas.” (Cfr. F. Matarrita. La Nación. 28.12.2024. p. 6). A todas luces se trata de una investigación que terminaría favoreciendo al propio MEP, como ocurre desde hace 20 años con las investigaciones de la EE para pruebas del MEP.
La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo solicitados por el Estado de la Educación, obligando por ende al MEP, a entregar los datos que le fueron solicitados. Por fin, se podrán analizar los “instrumentos de evaluación” con los que se están llevando a cabo las Pruebas Nacionales Estandarizadas.
Finalmente, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Educación Superior tal como lo solicitaron los rectores, valga decir, tomando en cuenta como también lo manda la Constitución, el aumento de los recursos del FEES ajustado a la inflación, el ministro de Hacienda Nogui Acosta se pronuncia ahora reservándose el derecho de girar tales recursos. Un nuevo Yerro, esta vez del ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves.
En la historia de la Costa Rica moderna, o sea desde 1949, no se tiene noticia de un gobierno que de manera alevosa haya intentado violar la Constitución, arremeter contra los otros poderes del Estado, contra la Contraloría General, e incumplir sus propias promesas, formuladas a la ciudadanía desde la campaña electoral. Juzguen ustedes sobre el estado de la política nacional.
Es público y notorio, como dicen los abogados, que desde el mismo día que terminó la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles empezó, sin prisa y sin pausa, la de 2026. Muchos, obnubilados por su retórica populista y vulgar, le siguieron el juego sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hoy a tres años de aquel mal paso dado por nuestra democracia, muchos están cayendo en cuenta de su equivocación; pero algunos siguen con la vista nublada y apoyan a Chaves, quien ahora se quita la careta y a mandíbula o quijada batiente, anuncia que “piensa” en la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la República y lanzar su candidatura a diputado, para lo que pide a sus súbditos que voten los suficientes por su partido taxi (¿?) para sacar 40 legisladores.
No cabe duda, es una estrategia muy bien planeada con mente diabólica, por sus asesores de la misma calaña. Primero, eso de renunciar a la Presidencia, está por verse; pues dice el artículo 121, inciso 8, de nuestra Constitución Política que corresponde a la Asamblea Legislativa recibir el juramento y “conocer de las renuncies de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo…” , pero también de acuerdo a los incisos 9 y 10 de la CP, le corresponde a la Asamblea admitir las acusaciones que haya contra esos funcionarios y resolverlas con votación calificada de 38 votos.
Entonces, Chaves tendrá que declararse loco, esquizofrénico, bipolar o padecer de trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, de los que ya ha dado muestras o síntomas evidentes durante estos tres años transcurridos. Sin embargo, es importante tener en cuenta opiniones como la del jurista don Manrique Jiménez que considera que basta que el presidente comunique su renuncia a la Asamblea Legislativa, como un acto de formalidad, para que tenga validez y eficacia la renuncia y que no tiene necesidad de aprobación. Bueno, son opiniones contrastantes y, por lo visto, será un tema que desatará la controversia.
Pero la verdad, la tal renuncia es lo que menos le importa al tiranuelo de Chaves, es simplemente un distractor que le permite algo más importante para su proyecto político y el de su diabólico grupúsculo: tener participación político electoral activa y pedir votos para sus papeletas de diputados que viajan en su taxi político, conducido por Pilar Cisneros como chofer con sueldo millonario de diputada, pagado por todos los costarricenses.
Entonces cabe hacer la pregunta: ¿esa participación político electoral e ilegal de Chaves, se puede parar, evitar, frenar y ponerlo en orden?, ya sabemos que de mutuo propio no lo hará, pues su vocación violadora lo lleva a atentar contra la ley y no obedecerla. La respuesta es sí, y por eso me pregunto: ¿Dónde está, donde se escondido el TSE? Veamos.
En primer lugar, el Presidente de la República, al igual que los Vice Presidentes y Ministros, entre otros funcionarios, tienen prohibición de participación político electoral, según el artículo 146 del Código Electoral que entre otras formas de participación señala que no podrán asistir a reuniones de carácter político ni “utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género”, y Rodrigo Chaves ha incumplido ese texto, palabra por palabra, cuando ha tenido en las oficinas de la Presidencia de la República a funcionarios a sueldo organizando partidos, su participación en la campaña por las municipalidades y para organizar acciones con miras al 2026, tal como lo han reconocido públicamente por medios de prensa, Chaves y sus funcionarios.
Pero además, el Presidente Chaves desde hace meses en reuniones públicas realizadas en Nicoya, Limón, Cartago, San Carlos y difundidas urbi et orbi por su prensa vasalla y todos los mércales en su show de noticias, habla claramente de sus deseos electorales, pide votos para elegir 40 diputados, alaba a los actuales y pide que se elijan 40 como ellos, según él…¿para qué?, para dominar el Poder Legislativo, pasar las leyes cargadas de inconstitucionalidades que ahora no ha podido, convocar una Asamblea Constituyente que él anuncia, desde ya, quiere presidir para hacer un régimen autoritario y antidemocrático al estilo Bukele, Maduro u Ortega, según sea su gusto del momento. Inclusive, en su show mediático del pasado miércoles 11 al dar respuesta a la negativa de los presidentes de los otros poderes a participar en su “show debate”, amén de su mofa y tono sarcástico, de nuevo se lanzó a la arena político electoral abiertamente; mientras el TSE sigue guardando silencio.
Todo lo anterior, tiene tres años de hacerlo abiertamente, reconozco que es en la único que Chaves no ha sido hipócrita y no ha mentido, también ante la mirada impávida del TSE. Si a los magistrados les ha dado temor de actuar de oficio, desde hace muchas semanas tienen en sus manos, varias denuncias presentadas por ciudadanos y por el presidente del PLN que, conforme a los artículos 266 y 267 del Código Electoral, llenan los requisitos de legitimación y procedimental para ser acogidos y tramitados. Porque el deber de los magistrados del TSE es, de acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral “ordenar la destitución e imponer inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este articulo”, más claro no canta un gallo.
Me dirán que conforme los señala el mismo Código hay procedimientos a seguir según el artículo 269; si en efecto los hay, pero el levantamiento de ese expediente no tiene plazo y por lo tanto, pueden los señores Magistrados poner términos perentorios por la gravedad de los hechos, por su urgencia y porque todo lo denunciado es público, está en mil lugares, en los medios de comunicación y en las propias computadoras del TSE, no es nada esotérico, pues hasta en sus celulares encuentran las imágenes de estos hechos; es decir si se trabaja de verdad y se tiene el valor necesario para tomar decisiones y no se esconden de sus obligaciones; el TSE debería estar poniendo orden, aunque fuera una “jaladita de orejas” a un Presidente acosador y abusador de nuestra democracia y nuestras libertades.
Pero no, parece que están escondidos, pidiendo que no les “hagan olas” pues todo hace pensar que no saben nadar en esos mares tormentosos.
Si hay algo que ha quedado claro en los últimos años en Costa Rica, es que nos enfrentamos a nuevas formas de comunicación cuyo sentido de arriba hacia abajo nunca habíamos visto.
He insistido en que las formas y sus lenguajes contribuyen a suspender los contenidos. Los gestos, la semiótica del insulto, la estructura en vez del fondo, han ganado espacios no solo en las estructuras de poder, sino en sus lecturas por parte de ciertas audiencias a las que se les ha llegado sin filtros y con estrategias que han surtido efecto.
Por alguna razón he vuelto a topar con un texto del gran poeta chiapaneco Jaime Sabines sobre el pueblo.
Dice el poeta que la palabra pueblo es útil para ser utilizada en banquetes oficiales y brindar a su salud: “brindo por el pueblo de México”, “brindo por el pueblo de Estados Unidos”.
Me pregunto cuántas veces se haría los mismo, por esa entidad abstracta y pluscuamperfecta, como la llama Sabines, en el caso del pueblo costarricense.
El peligro de una comunicación atolondrada, buscando convencer a esa entidad llamada pueblo costarricense, es que puede detonar reacciones inéditas.
Cuando a la verdad se la erosiona hasta el punto de construir una propia, el desenlace puede ser irreversible en sus resultados.
La aparición de vallas publicitarias pidiendo la renuncia a los presidentes de los supremos poderes de la República (menos el poder ejecutivo) demuestra lógicas comunicativas novedosas y riesgosas, por decir lo menos.
Ojalá que no veamos en el país otras formas de comunicación utilizadas por los poderes fácticos para construir sus propias verdades: cuerpos colgados de puentes, pintas amenazantes en paredes, gestos intimidatorios.
Es cierto. Costa Rica requiere una refundación profunda. Pero no es desde la violencia y la destrucción de su sentido institucional y democrático que debe reconstituirse. No es erosionando la verdad como se recompone una sociedad como la nuestra.
Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.
No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.
Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.
La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.
En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.
El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.
En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.
Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.
La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.
La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.
En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.
Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.
Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.
La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.
La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.
La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.
La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.
Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación
Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.
Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.
La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.
En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.
Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.
Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.
Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.
Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.
El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.
Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.
Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.
Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.
Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.
Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.
Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.
Durante años las naciones del mundo han considerado a Costa Rica un ejemplo de democracia en América Latina, pero los costarricenses no lo ven así. Dicen estar descontentos con su democracia y prefieren seguir los pasos de Nicaragua. Ingenuamente, creo yo, están haciendo las cosas para convertirse en una dictadura semejante a la de Ortega dándole ese rol al Sr. Rodrigo Chaves
Los ticos no lo saben. Pero el plan está ya montado y se viene trabajando en ello intensamente. El camino es muy sencillo, eliminar los poderes de la República que sirven de contrapeso al poder de Chaves. Eliminar la Asamblea Legislativa, los controles de la Contraloría, el Poder Judicial y al Fiscal de la República.
Lo primero que se ha hecho es una campaña mediática de desprestigio. Día tras día el Gobierno Chaves trabaja para destruir la imagen de estos poderes de la República. Ya antes había iniciado con la destrucción de la imagen de la prensa llamada por muchos el cuarto poder. Todo como parte del plan preestablecido. El Gobierno Chaves y sus troles, no tiene otro objetivo que no sea la propaganda.
Cuando uno queda absolutamente solo mandando en un país ¿Cómo se llama el muñeco…? Se llama dictadura. Nada garantiza que lo que el dictador haga sea bueno o malo. Porque ya no hay nadie para contrapesar. Estar solo, como Tarzán en la pradera. El sueño antidemocrático de Chaves.
La aparición de vallas publicitarias pidiendo la renuncia de las autoridades que ocupan los poderes de la República es parte de este plan para convertir a Costa Rica en un país donde, todos los sueños húmedos de Chaves se conviertan en realidad. Un país donde al igual que en la Ortega de Nicaragua, los sueños del dictador se conviertan en leyes sin el contrapeso de absolutamente nadie, para beneficio suyo y de los financistas de su campaña.
Por cierto, se ha preguntado usted ¿quién está pagando esta carísima propaganda? ¿De dónde viene el dinero para financiar estas vallas publicitarias? Porque el que está pagando esta propaganda es el que pretende gobernar detrás del trono.
Fotografía de hombre en Israel escuchando el 26 de enero del 2024 a la Presidenta de la CIJ dando lectura a una primera ordenanza contra Israel en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por el medio digital Magazine+972, titulado «Israel shirked accountability for decades: is the ICJ breaking its armor?» edición del 5 de febrero del 2024.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» . Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9) / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
El pasado 6 de enero del 2025, Irlanda presentó formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una solicitud de intervención en el caso contencioso presentado por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza: véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés.
Se trata de una gestión que había anunciado oficialmente Irlanda que iba a tramitar el 12 de diciembre del 2024 (véase comunicado oficial), celebrada y saludada por expertos y organizaciones de la sociedad civil irlandesa (véase nota del Irish Legal News).
Cabe recordar que Irlanda (conjuntamente con Eslovenia, España y Noruega) optó por reconocer a Palestina como Estado a mediados del año 2024 (véase comunicado oficial del 22 de mayo del 2024). El 19 de julio del 2024, Irlanda saludo el contenido de la opinión consultiva de la CIJ sobre el carácter ilegal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino por parte d Israel (véase comunicdo) en términos y un largo texto que contrastan con los del Reino Unido (véase escueto texto de 11 líneas) y el mutismo absoluto de Canadá y de Estados Unidos.
En su solicitud de intervención (véase texto), Irlanda procede a detallar algunos argumentos con relación a la interpretación que considera que debe darse a algunas de las principales disposiciones de la convención contra el genocidio de 1948. Cabe recordar que, negociada y adoptada en 1948, los términos y formulaciones que se encuentran en esta convención deberían de poder ser interpretados a la luz de la evolución del derecho internacional público desde 1945, en aras de proteger mejor a un grupo o a una población determinada víctima de un intento de exterminarla; así como de prevenir nuevos actos perpetrados con el mismo objetivo.
Breve puesta en contexto a partir de datos recientes
Una entrevista a uno de los grandes especialistas en materia de genocidio (véase entrevista realizada por Democracy Now) dada a conocer el 30 de diciembre del 2024 y titulada «Total Moral, Ethical Failure»: Holocaust Scholar Omer Bartov on Israel’s Genocide in Gaza» viene a confirmar la urgente necesidad de frenar el ímpetu genocida de Israel en Gaza.
Desde la misma Israel, un historiador reunió y compiló datos de muy diversa índole sobre las exacciones de todo tipo a las que se han prestado las fuerzas militares israelíes en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 (véase nota de Haaretz y enlace al informe presentado el 5 de diciembre del 2024).
El pasado 30 de diciembre del 2024, un numeroso grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos exigió que Israel responda por todas las violaciones cometidas en Gaza a las normas internacionales existentes (véase comunicado conjunto). El 31 de diciembre del 2024, también se hizo público un informe de Naciones Unidas sobre el caracter sistemático y deliberado de los ataques a hospitales y centros médicos en Gaza por parte de Israel (véase comunicado oficial de Naciones Unidas con enlace al informe como tal): al respecto, resulta más que notoria la poca difusión hecha en los grandes medios de prensa internacionales a estos comunicados de prensa emitidos desde Naciones Unidas durante los últimos días del 2024.
Este comunicado conjunto desde Naciones Unidas con fecha del 2 de enero del 2025 posiblemente también sea muy pocamente referenciado, así como esta alerta lanzada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el pasado 3 de enero sobre los dramáticos efectos de la lluvia y de las bajas temperaturas en la población desplazada en Gaza refugiada en campamentos de fortuna y expuesta a la intemperie.
Foto de niños palestinos en Gaza extraída de artículo publicado el 9 de enero del 2025 en Israel por Magazine+972 y titulado » ‘Every moment I fear losing another child’: newsborns freeze to death in Gaza tents», cuya lectura completa se recomienda.
El comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona sobre el antisemitismo del 6 de enero del 2025 (véase texto) se inscribe de igual forma en esta extraña tendencia de la mayoría de los grandes medios de prensa internacionales cuando se trata de comunicado de prensa sobre Gaza e Israel que vienen con el sello de Naciones Unidas. Se lee en este comunicado que:
«I also reject attempts to conflate all criticism of Israeli government policies and military operations with antisemitism. It is not antisemitic, for example, to deplore military operations that raise grave concerns over violations of international humanitarian and human rights law. Nor is it antisemitic to condemn those violations and urge respect for the law – including the decisions of international courts . Nor is it antisemitic to call Israel to account for the tens of thousands of people in Gaza, including more than 250 of our own UN staff, who have been killed since 7 October 2023«.
A modo de complemento a los últimos informes de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (informe al 8 de enero del 2025 e informe al 31 de diciembre del 2024) que detallan la intensidad de los bombardeos de Israel en los últimos días del 2024 en Gaza, mientras gran parte del mundo celebraba Navidad y el fin del año 2024, se recomienda también:
– esta reciente entrevista (Al Jazeera, 6 de enero del 2024): con varios expertos de renombre internacional, esta emisión trata de los efectos en la salud humana en el mediano y largo plazo de las particulas que inhalan los sobrevivientes de bombardeos masivos en zonas altamente pobladas como Gaza. Se trata de efectos en la salud que en el pasado se observaron en los organismos de personas habitantes de ciudades en Irak y en Siria, y que en el 2024, además de Gaza, amenazan la salud de pobladores de centros urbanos en el Líbano ante la intensidad de los bombardeos por parte de Israel iniciados a mediados de septiembre del 2024;
– este informe de una ONG palestina titulado «How to hide a genocide: the role of evacuation orders and safe zones in Israel´s genocidal campaign in Gaza» que explica a qué tipo de estrategia responden los reiterados bombardeos de Israel observados sobre campamentos de refugiados y de desplazados en Gaza.
En el último informe de Naciones Unidas (informe al 8 de enero del 2025), con relación a la situación crítica de los niños en Gaza, un punto sobre el que Irlanda en su escrito a la CIJ se muestra particularmente incisiva, se indica que:
«On 6 January, MoH announced the death of a 35-day old baby due to the cold and lack of warm shelter in Gaza, adding that this had brought the total number of deaths due to hypothermia to eight across the Strip. MSF reports that, between October and December 2024, the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of the Nasser Medical Complex in Khan Younis had admitted 325 infants, with MSF teams embedded in the unit treating “newborns and premature babies with potentially life-threatening respiratory infections, dehydration, and other complications.” According to Dr. Mohammed Abu Tayyem, a pediatrician at Nasser, the pediatric ward is seeing an increased number of children with acute bronchiolitis, pneumonia, upper respiratory tract infections and even bronchial asthma exacerbations. The doctor attributes these rising cases to the harsh winter weather, dire conditions in tents and limited heating supplies, all of which render premature and low-birth-weight babies more vulnerable to hypothermia. Commenting on the death of at least seven newborns due to hypothermia in December, the WHO Director-General warned that “more children are in danger,” and that, while “every child deserves a healthy and safe start in life… the children of Gaza are paying the price of war with their own lives”.
Este 15 de enero del 2025, en esta declaración del jefe de la diplomacia norteamericana, se pone en evidencia el rotundo fracaso de la estrategia Israel en Gaza desde la perspectiva estrictamente militar: véase nota del Timesof Israel titulada «Blinken: we assess that Hamas has recruited almost as many new fighters as it lost«. Nuestros estimables lectores podrán por sí mimos percatarse de la pobre difusión en grandes medios de prensa internacionales de esta declaración del Secretario de Estado saliente, dada a conocer en sus últimos días como jefe de la diplomacia norteamericana.
El ejército de Israel: datos recientes pocamente divulgados
Cabe indicar que el pasado 2 de enero del 2025, Israel revisó a la alza el número de sus bajas en Gaza (totalizando un cifra de 891) que incluye 38 suicidios entre los integrantes de sus fuerzas militares (véase nota de Arham y nota del TimesofIsrael así como artículo de Haaretz).
El alza es bastante significativa si se compara a la cifra de 393 bajas militares registrada en el informe de Naciones Unidas sobre Gaza al 31 de diciembre del 2024, una cifra obtenida a partir de datos oficiales israelíes (véase informe).
Con relación a los suicidios y a la salud mental de los soldados israelíes enviados a Gaza, en octubre del 2024 este reportaje de CNN evidenció el tipo de traumas que sufren muchos reservistas al regresar de Gaza. Ya en el 2017 se pudo leer en este reportaje del medio de prensa digital israelí como Magazine+972 – cuya lectura completa se recomienda – que:
«According to a study conducted by Major Leah Shelef, who heads the Israeli Air Force’s Mental Health Clinic, 2009 saw 188 suicide attempts — a third of them by women. Am I included in those 188 attempts? According to statistics published in Haaretz, from 2007 until 2013, 124 soldiers committed suicide during their army service, while 237 soldiers committed suicide between 2002-2012. Even worse, between 2009 and 2011, the main cause of death among soldiers was suicide«.
No está de más señalar esta voluminosa recopilación de testimonios de soldados israelíes que participaron a la mortífera ofensiva militar terrestre en Gaza en el verano del 2014, realizada por la organización Breaking the Silence en Israel (242 páginas). Se trata de un ejercicio antecedido por otra recopilación similar (112 páginas) con relación a la igualmente mortífera ofensiva militar en Gaza del 2009: en ambas recopilaciones, queda en evidencia el tipo de instrucciones recibidas por estos jóvenes israelíes y el trauma que puede haberles significado ejecutarlas sin mayor preparación previa.
Finalmente, es de notar que la estadísticas oficiales dadas a conocer el 31 de diciembre del 2024 por las autoridades israelíes indican que durante el 2024, más de 82.600 ciudadanos israelíes han decidido viajar al exterior y no regresar (véase nota del TimesofIsrael de la misma fecha), sin que se precise en esta nota si se trata (o no) de personas en edad de ser llamadas por el ejército israelí en Gaza: en el mes de septiembre del 2024, se informó la manera bastante peculiar de resolver el faltante de combatientes en Gaza de las actuales autoridades israelíes (véase nota de France24).
Al saldo de bajas en el ejército de Israel antes referido, hay que añadir 5 nuevos jóvenes soldados (entre 19 y 23 años) caído el 13 de enero del 2025 (véase nota del Timesof Israel) y 4 el 11 de enero (véase nota del TimesofIsrael) de los cuales uno tenía 21 años y dos tan solo 19 años.
Vacacionar luego de haber cometido crímenes en Gaza: experiencias recientes observadas en Brasil y en Chile
A miles de kilómetros de Gaza, en Brasil, el primer fin de semana del 2025 de un soldado israelí sospechoso de cometer crímenes de guerra le significó una rocambolesca escapada in extremis a una solicitud de arresto de la justicia brasileña, gracias a gestiones realizadas por los diplomáticos de Israel en Brasil cuyos detalles no han trascendido.
Normalmente, una orden de arresto de la justicia es notificada a las autoridades aeroportuarias y migratorias y en este preciso caso, el interesado logró burlar los controles abandonando el territorio brasileño en el primer vuelo comercial disponible. ¿Cómo lo logró? No se sabe, pero esta nota de CNN indica que las autoridades de Israel van a ordenar ocultar la verdadera identidad de sus nacionales cuando son llamados a dar entrevistas para evitar en el futuro este tipo de problemas.
En este artículo del New York Times del 9 de enero, se indica que es muy probable que este caso detectado en Brasil no sea un caso aislado, sino que muchos otros casos similares se observen en el futuro:
«Unlike more senior leaders, lower-level soldiers do not usually have diplomatic immunity, or the resources to research which jurisdictions may leave them vulnerable to war crimes complaints«.
En esta otra nota del TimesofIsrael del 9 de enero, se señala que las autoridades isralíes establecerán una lista de destinos «seguros» y otros menos «seguros», sin que se tenga claridad sobre los cirterios usados:
«IDF reservists who fought in Gaza are being advised to first check with the Foreign Ministry regarding the level of danger in any country they wish to visit«.
En esta otra nota del TimesofIsrael del 15 de enero del 2025, al parecer Italia ya no es un destino «seguro».
La complicación súbita de lo que parece eran sus vacaciones en América Latina también la sufrió un soldado israelí que se encontraba en el extremo sur de Chile y que ha sido objeto de una acción de varias ONG ante los tribunales chilenos (véase nota de Radio UChile del 28 de diciembre). Se esperaría de las autoridades aeroportuarias y migratorias chilenas, de las aerolíneas acreditadas en los aeropuertos de Chile, y de la policía de frontera chilena un mayor cuidado, en aras de que no se pueda replicar lo observado en Brasil el pasado 5 de enero del 2025.
Es de señalar que este tipo de acciones legales ante tribunales nacionales también se han presentado ante tribunales europeos, sobre todo en el caso de soldados israelíes poseedores de un pasaporte europeo además del israelí, y sospechosos de haber cometido crimenes de guerra en Gaza.
En el caso de Costa Rica, en marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán en una sola frase por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación: «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.) y nota del Tico Times). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña analogía entre Irán y Costa Rica hecha en la mente del actual Primer ministro de Israel.
Además de la precitada playa de Santa Teresa en el Cóbano, en la que murió un israelí al parecer asesinado por otros israelíes en el mes de abril del 2021 (véase nota del 2021 de DiarioExtra), existen varias otras playas que conocen un gran éxito en Israel como destino turístico. A la fecha de escribir estas líneas (9 de enero del 2025), no ha trascendido nada con relación a alguna acción legal similar a las observadas en Brasil y en Chile por parte de alguna autoridad judicial costarricese. Nótese que la prensa nacional informó de un soldado en Gaza con pasaporte costarricense (véase nota de Teletica de noviembre del 2024), sin brindar mayores detalles sobre el tipo de operaciones en las que ha estado involucrado.
La solicitud de Irlanda en breve
En su solicitud de intervención de 23 páginas (véase texto), Irlanda procede a detallar algunos argumentos con relación a la interpretación de las principales disposiciones de la convención contra el genocidio de 1948. Cabe precisar que, como Estado Parte a la convención contra el genocidio de 1948, Irlanda busca con esta solicitud hacer ver a los jueces de la CIJ que deberán también guiarse por las interpretaciones que mejor respondan al espíritu de dicha convención. La solicitud se fundamenta en el Artículo 63, inciso 2 del Estatuto de la CIJ, una disposición que se lee de la siguiente manera:
«Artículo 63:
Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él».
En la página 7 se detalla por parte de Irlanda que:
«20. Accordingly, Ireland has construed and applied Article I of the Convention as obliging Contracting Parties to prevent and punish commission of the crime of genocide and to refrain themselves from committing genocide. State responsibility under Article I will be engaged where the State has itself committed genocide or where it has failed to prevent its commission by persons acting on its behalf (whether ultra vires or not) or within its effective control.
Therefore, in Ireland’s view the Convention should be considered not only as a criminal law instrument that obliges Contracting Parties to establish jurisdiction over, and punish commission of, the crime of genocide by individuals, but also as a human rights instrument that obliges them not to commit genocide as well as to prevent genocide against any national, ethnical, racial and religious group (a ‘protected group’) under their protection or within their power«.
Por otra parte, en la página 18 se explica por parte de Irlanda que:
«In respect of Article II (c) of the Convention, having regard to the object and purpose of the Convention, Ireland contends that the infliction of conditions oflife calculated to bring about the physical destruction of the protected group must also be construed and applied broadly. The Court has recognised Article II (c) as including ‘methods of physical destruction, other than killing. whereby the perpetrator ultimately seeks the death of the members of the group. ‘
In its Bosnia Judgment, the Court, while declining to reach a finding of genocide in that case, acknowledged that acts of encirclement, shelling and starvation could constitute material elements of genocide for the purposes of Article II ( c ). Again, the conditions of life imposed on the protected group, in whole or part, will have different impacts on different categories of group members, with vulnerable members such as children being more susceptible to adverse conditions, such as starvation«.
Se lee también que para Irlanda, la intención deliberada de realizar acciones militares que afecten la vida y la salud de menores de edad no debe ser entendida como algo casual (que algunos Estados, ejércitos y asesores legales de los mismos, denominan como «daños colaterales«), sino muy por el contrario (páginas 19-20):
«In assessing whether a pattern of conduct may disclose a genocidal plan or campaign, Ireland respectfully submits that extra weight should be given to evidence of the effects of the material acts of genocide on children, and on the consequences of such acts for the long-term viability of the protected group. This is especially important in the context of armed conflict where recent studies have concluded that children are up to seven times more likely to be killed by explosive weapons, and that hunger and malnutrition affects them much earlier and more severely.
Where there is evidence that children of the protected group have been particularly targeted, or that the conduct targeting the group made no distinction between child and adult members ofit, certain conclusions can be drawn. As children are essential to the continued existence of any human group, acts constituting the material elements of genocide directed at, or without making distinction for, child members of the group will have an obviously significantly greater impact on the resilience and ultimate survival of the group than the same acts directed at a similar or larger number of adult members.
Moreover, the psychological effects of these acts on surviving children may greatly impair their capacity to contribute to the growth of the group in the future. It therefore follows that certain reasonable inferences can be drawn from acts directed against, or failing to distinguish, child members of the group«.
También se hace ver por parte de Irlanda que las declaraciones oficiales escuchadas en Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 revisten particular relevancia, así como la ausencia de recriminaciones o sanciones contra sus autores (página 20):
«Regular public statements made on behalf of State organs, or by persons or entities empowered to exercise govemmental authority, that denigrate the protected group, as such, or that incite hatred or fear of it should, in Ireland’s view, be considered as forming a pattern of conduct from which reasonable inferences can be drawn for the purposes of the Convention. Likewise, measures that systematically discriminate against or persecute the group should also form part of a pattern of conduct to be assessed. In its construction of the Convention, Ireland has attached importance to the role a tolerant political environment plays in safeguarding the existence of any protected group within a wider society».
Los puntos aquí indicados son una pequeña parte del escrito remitido por Irlanda a los jueces de la CIJ en La Haya, y se recomienda una lectura integral del documento: ello en aras de comprender mejor la importancia que estos y otros argumentos puedan nutrir la reflexión de los jueces a la hora de elaborar su decisión sobre el fondo.
Europa ante el drama indecible que vive Gaza
Con la solicitud de Irlanda, se contabiliza la segunda solicitud de intervención presentada por un Estado miembro de la Unión Europea (UE) a la CIJ en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel, después de España, que lo hizo el 28 de junio del 2024 y que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 1).
Tratándose de la UE, una organización regional que cuenta con 27 Estados miembros cuya política exterior se fundamenta en los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, así como el respeto a las obligaciones internacionales derivadas de instrumentos internacionales, el número tan reducido de Estados apoyando la demanda de Sudáfrica evidencia su inconsistencia con los principios pregonados en una multitud de foros internacionales.
De paso, esta inconsistencia recuerda el titular de esta nota del Semanario Universidad de noviembre del 2023 sobre la reserva observada por Costa Rica (véase nota) para denunciar las exacciones cometidas por Israel en Gaza y que se lee como sigue: «Costa Rica es incoherente en su posición respecto a Gaza, mientras pesa la negociación de un TLC con Israel«.
Volviendo a Europa, la misma sensación de incoherencia aflora al leer por un lado el compromiso que pretende tener la UE con la justicia penal internacional y con la Corte Penal Internacional /CPI (véase comunicado oficial del 17 de julio del 2024); y por otro lado, el hecho que los Estados que han remitido con carácter urgente al Fiscal de la CPI una solicitud («referral«) ante el drama que se vive en Gaza hayan sido en un primer momento Bangladesh, Bolivia, Islas Comoras, Djibuti y Sudáfrica ( véase texto de solicitud urgente del 17 de noviembre del 2023), seguidos por Chile y México en enero del 2024 (véase comunicado oficial de Chile).
Este 9 de enero del 2025, Polonia anunció oficialmente haber tomado todas las previsiones del caso para que el Primer Ministro y su comitiva puedan realizar su visita prevista el proximo 27 de enero sin mayor complicación, con ocasión de la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau (véase nota del Washington Post). Como bien se sabe, Polonia ha ratificado el Estatuto de Roma de 1998 y debe cumplir con las obligaciones internacionales que derivan de este instrumento. Unas obligaciones que Francia también debería respetar y que sin embargo, su actual Poder Ejecutivo pareciera dispuesto a ignorar en el caso del Primer Ministro de Israel (Nota 2).
Este 9 de enero del 2025 también se adoptó por parte del congreso norteamericano una ley para sancionar al personal de la CPI por investigar y ordenar el arresto de dos dirigentes israelíes (véase nota del New York Times): un texto a todas luces insólito, adoptado con 247 votos a favor y 155 en contra (véase nota de CNN), pero que pone en evidencia la capacidad de cabildeo que tienen los círculos de influencia a favor de Israel dentro de la clase política de Estados Unidos. La posición externada unos días antes por un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos (véase comunicado conjunto) da cuenta de la oposición a semejante maniobra del congreso norteamericano.
Volviendo a la CIJ, es de notar que la titular de la cartera diplomática de Bélgica había anunciado su intención de realizar una solicitud de intervención ante la CIJ para apoyar a Sudáfrica en marzo del 2024, anuncio no seguido de efectos (véase nota de TV5Monde del 11 de marzo del 2024). En similar situación se encuentra un anuncio oficial hecho por la diplomacia de Egipto (véase nota de Reuters de mayo del 2024).
Un reducido núcleo de Estados comprometidos con la justicia internacional en Gaza
Irlanda viene así a sumarse a solicitudes similares presentadas por varios Estados ante la CIJ, en apoyo a la demanda de Sudáfrica, a saber: Bolivia, Chile, Colombia, España, Islas Maldivas, Nicaragua, Palestina, Turquía y México. Se trata de Estados que, observando las mismas desgarradoras imágenes que provienen de Gaza día tra día desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, han decidido apoyar, más allá de los anuncios, la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel desde el 30 de diciembre del 2023 ante la justicia internacional de La Haya.
Jurídicamente, únicamente los Estados que son Estados Partes a la convención contra el genocidio de 1948 (véase listado oficial) tienen la posibilidad de solicitar dicha intervención: según el tablero precitado sobre el estado de firmas y de ratificaciones, son en total 153 Estados los que han ratificado dicha convención.
El último Estado antes de Irlanda en haber presentado una gestión similar ante los jueces de la CIJ fue Bolivia el 8 de octubre del 2024 (véanse el comunicado de prensa oficial en francés y en inglés de la CIJ del 9 de octubre y también el comunicado oficial sobre esta gestión difundido por la misma diplomacia boliviana) que analizamos en su momento (Nota 3). Se trata (Bolivia) de la solicitud d eintervención número 5 proveniente de América Latina, despues de la que tempranamente en enero del 2024 presentó Nicaragua, seguida por la de Colombia (abril), de México (mayo), de Chile (septiembre) y que tuvimos la oportunidad de analizar cuando Bolivia la presentó en octubre del 2024 (Nota 4). A diferencia de las demás solicitudes, la de Nicaragua se distingue en razón de la base jurídica utilizada, a saber elArtículo 62 del Estatuto de la CIJ y no el Artículo 63, inciso 2 (Note 5).
No está de más señalar, con respecto a la CPI, que este 13 de enero del 2025 el Fiscal de la CPI contestó un escrito tardío presentado por Israel ante la Sala de Apelaciones en diciembre del 2024, para intentar restarle validez jurídica a las órdenes de arresto confirmadas por la Sala de lo Preliminar de la CPI: en su contestación (véase escrito), el Fiscal de la CPI rechaza uno tras uno todos los argumentos presentados por Israel pidiendo que se desestimen.
A modo de conclusión
El ensañamiento de Israel contra la población civil de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 es observable por parte de todos los miembros de la comunidad internacional. No obstante, no todos los Estados parecieran dispuestos a activar los mecanismos jurisdiccionales existentes a su disposición en aras de obligar a Israel a responder por sus actos ante la justicia internacional.
Pese a ello, tuvimos recientemente la oportunidad de explicar cómo el cerco de la justicia internacional (y también nacional en el caso de algunos Estados) se va lentamente cerrando sobre Israel, sobre sus máximas autoridades y sobre algunos de sus soldados que por alguna razón se encuentran viajando como turistas en América Latina después de haber cometido crímenes de guerra en Gaza (Nota 6).
En el marco de otro procedimiento de la CIJ, el procedimiento consultivo, el 2024 concluyó con una ordenanza de la CIJ para tramitar la solicitud de opinión consultiva desde la Asamblea General de Naciones Unidas ideada en un primer momento por Noruega, que tuvimos igualmente la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances y sus perspectivas (Nota 7).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la solicitud de intervención presentada por España ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)»3 de julio del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 2: Con relación al las órdenes de arresto confirmadas por la CPI contra dos dirigentes de Israel y un jefe militar del Hamás, Francia externó un comunicado oficial sumamente cuestionable: véase al respecto MAISON R., «France, l´amitié avec Israël comme excuse de la violation du droit international«, Oriente XXI, édición del 19 de diciembre del 2024. Texto disponible aquí. En una nota que editamos a destinación del público de habla francesa sobre las órdenes de arresto confirmadas por la CPI el pasado 21 de noviembre, y titulada «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France» nos permitimos explicar que: «Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI à La Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras«.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, 9 de octubre del 2024. Texto disponible ici.
Note 5: La especificidad de Nicaragua en su solicitud de intervención depositada el 23 de enero del 2024 (véase texto en francés y en inglés) es la siguiente: mientras que Irlanda, al igual que otros Estados, invoca el Artículo 63 inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto), que permite a todo Estados parte a una convención intervenir cuando se trata de interpretar el alcance de sus disposiciones, Nicaragua (así como Palestina) han invocado el Artículo 62. La posición de Nicaragua (véase texto de su solicitud de intervención en francés y en inglés) busca llevar hasta sus últimas consecuencias la idea que la prohibición del genocidio es una norma imperativa del derecho internacional público (denominada también «norma de ius cogens» según el Artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969): todos los Estados deberían, en buena lógica, tener un interés jurídico en que se respete esta prohibición y en que la obligación de prevenir un genocidio sea considerada como una norma imperativa de acatamiento obligatorio para todos los Estados. Una relectura de la solicitud de Nicaragua sobre la base de este elemento permite entender mejor las numerosas referencias hechas a esta categoría específica de normas del derecho internacional público, raramente invocada ante los jueces de la CIJ.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes desde Costa Rica con relación al cerco de la justicia que se cierra poco a poco«, 3 de enero del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: la reciente ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la solicitud de opinión consultiva«, 26 de diciembre del 2024. Texto disponible aquí.
Una de las mayores maravillas de la cual podemos jactarnos los ticos es de una figura como Tío Conejo. Gracias a la inteligencia e imaginación de esa ejemplar y gran dama, Carmen Lyra, benemérita de la Patria, Tío Conejo es todo un referente de nuestra idiosincrasia.
Aunque ya está mayor, posee más de cien años, requiere de muletas para caminar, a veces utiliza lentes y ocasionalmente se cofalea para evitar los reumas. Eso sí, ha visto transformarse nuestro país, de manera que hoy en día casi no hay cañaverales, ni pozas donde bañarse y pescar barbudos. Aún admira y se deja enternecer por nuestro cielo límpido y el azul de nuestras costas y mares. Este bandido y taimado conejito a pesar del paso de los años, no pierde sus finas cualidades de intuición, inteligencia y agudeza mental. ¡Que va! Nadie podrá engatusarlo.
¿Acaso no recuerdan ustedes, cuando con gran ingenio escapó del rufián de Tío Coyote que quería echarle el guante y pudo escapar de que le echaran agua hirviendo? ¿De que fue más astuto que Tío Tigre, Mano Lagarto y Mano Juan de Dios, de manera que Tatica Dios pudiera atenderle y pedirle que lo hiciera más grande? ¿Oh sagazmente burlarse de Tía Ballena y Tío Elefante que siendo grandes y fuertes, Tío Conejo siempre logró superarlos?
Tío Conejo siempre fue más hábil e inteligente que animales más grandes y fuertes que él. Superó las malas intenciones y los engaños, que otros creyéndolo tonto, otros le tendieron. Su forma pícara de enfrentar las cosas hace que los costarricenses nos identifiquemos con él. Nos vemos representados en su inteligencia y forma proactiva de enfrentar las amenazas, vengan éstas de donde y por más grande que se vean los retos. Su sorna y señorío contrastan con la torpeza, estulticia, hipocresía y cinismo de otros, sombríos personajes que nunca estarán a la altura de los acontecimientos y estarán siempre vagando y escurriéndose entre las sombras en medio de su mediocridad, falta de brillo y mirando hacia su propio ombligo.
Por eso, jugando de atrevidos y si quisiéramos ver a Tío Conejo salir con un Domingo Siete, allí no tendría lugar y solo habría espacio para un tonto codicioso, ambicioso y estrambótico compadre, con dos güechos.
Desde Tío Conejo surge un liderazgo visionario, producto de su sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia, humildad y mesura.
La ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo, en personajes semejantes a Tío Tigre o Tío Coyote, han hecho que siempre fracasen y no fueran más que grises y tristes personajes. Carentes de garbo, fuste y talante para diferenciarse de otros y destacar por algo positivo.
Por más Harry Potter, Musk, Trump, debemos hablarle a nuestros niños y jóvenes de personajes de la rica y variada literatura costarricense como Tío Conejo. Con su ingenio y dedicación Tío Conejo constituye un extraordinario ejemplo de tesón, esfuerzo y trabajo. No se quejó de su trabajo, ni vagabundeó, ni le echó la culpa a los demás, mucho menos pensar en renunciar.
Tío Conejo no se cansa de decirnos que la ruta para ver feliz a Tía Palomita Yuré, Tía Venada, Tío Periquito Sapoyol, es preocupándonos unos por otros. Que el arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía, orienta a toda una nación, hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.
Los problemas -tal y como nos lo enseña Tío Conejo- se enfrentan con decisión e inventiva; no conocemos otros caminos. No es con maltratos, ni gritos y mucho menos odio o dividiendo. El pueblo costarricense al igual que Tío Conejo, ¡no se dejará engatusar!
Uruguay está despidiendo a un gigante histórico. Nos referimos, evidentemente, al revolucionario José Alberto Mujica Cordano, llamado cariñosamente Pepe Mujica. Secuestrado, desde 1972 hasta 1985, por una dictadura militar, impuesta por los Estados Unidos. Padeció la tortura, la cárcel y un trato inhumano por ser parte del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Cárcel de la que escapó cavando un túnel y de la que salió para cambiar el fusil por la trinchera de ideas. Fue presidente en ese país del 2000 al 2015. Hoy se despide a los 89 años por padecer un cáncer terminal. En su país y en el mundo entero, hay quienes lo hemos escuchado como se escucha a un sabio. Nos dice en un vídeo que circula por redes sociales:
“…Soy feliz … porque la lucha continúa por un mundo mejor. He gastado mi juventud, mi vida y tengo que venir a agradecerles de corazón. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital: lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen van a pertenecer al mundo de los irrelevantes y de los que no sirven ni para que los exploten. … Se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. … Yo soy un anciano que me voy, pero los jóvenes que están ahí, van a vivir un mundo que no tiene piedad. … Por lo tanto, el desafío de hoy … es tener los medios para desarrollar a las nuevas generaciones. … PARA ESO HAY QUE HABLAR CON TODO EL PAÍS. QUE ESTE PAÍS, POR LO MENOS, ACUERDE CUATRO O CINCO COSAS:
NO AL ODIO
NO A LA CONFRONTACIÓN
HAY QUE TRABAJAR POR LA ESPERANZA” …
En Costa Rica, padecemos todas y todos el afán obsesivo y compulsivo por destruir no solo las instituciones públicas, sino las normas básicas de la convivencia humana: el respeto a la dignidad de todas las personas, la cortesía, la amabilidad, la gentileza, el buen trato y el buen decir.
El insulto es la norma de quien fomenta con regocijo minuto a minuto el odio y la confrontación.
Carece por completo de la mínima compasión y misericordia humana.
Parece ser que fue un auténtico matón de barrio que no superó ese esquema mental de humillar y ofender a las personas vulnerables, como las mujeres, infantes y personas adultas mayores e identificarse con las superiores. Su mente funciona como una escalera: servir a los que están arriba de él para treparse y ocupar su lugar y utilizar a las demás personas. En esa escalera mental, no cabe el argumento, necesita descalificar constantemente para sentir que sube un peldaño.
Como buen enano histórico destila odio y lo promueve porque no tiene más proyecto que servir a sus amos del capital, como lo hizo tal auténtico “Yes man” en el Banco Mundial. De paso, saca tajadas para él.
Pobrecito mi país tan engolosinado con un enano histórico y tan lejos de diferenciar qué es un estadista y un gobernante que ponga siempre por delante el bienestar general de toda la población.
En nuestra América vivimos una democracia aparente, se nos ha hecho creer que votar individualmente es democracia, no obstante, la democracia hace referencia a la colectividad, no al individuo, es social, que es diferente a la suma de individuos, como se asume en la estadística. Asimismo, emitir el voto es un acto mecánico, mientras que la democracia es un acto político que hace referencia a las decisiones y acciones sobre la gestión de una colectividad en relación con las problemáticas, necesidades y anhelos ciudadanos. Aspectos que no se relacionan ni se infieren de una cuantificación electoral.
Tampoco es democrática la actuación de un personaje, por el simple hecho de haber sido electo, la democracia trasciende el acto electoral, que de ninguna manera faculta al electo o electos, a la realización de acciones contrarias o ajenas de las necesidades, y demandas ciudadanas. La democracia no es una carta blanca a los electos, para quienes actúan a espaldas de la ciudadanía, esos son autócratas o tiranos, nunca demócratas. Así, hemos elegido a dictadores y ratificados electoralmente a asesinos en el poder, así como se ha aislado y difuminado la actuación articulada de la ciudadanía, ante la traición, corrupción, fraudes y electos delincuentes. Esta democracia de papel nunca cerró el camino al totalitarismo, por el contrario, ha sido el camino seguido por los tiranos Pinochet, Videla, Fujimori, Ortega, Bukele, Boluarte, entre otros, para asesinar las voces disidentes al poder.
Esto es, la democracia no es la expresión ideal de la igualdad política de los ciudadanos, pues reconoce explícitamente la desigualdad y la inequidad existente, que no es afectada, sino conservada y perpetuada en su nombre, sin alterar las bases constitutivas del sistema político. La democracia desde su origen ateniense, en el siglo VI a.c., ha sido un modo de segregación social, cuya significación etimológica “el poder del pueblo” expresaba la exclusión a los esclavos, además de ser paradójicamente concebida en un universo de esclavitud. Los propietarios en la actualidad no requieren representarse a sí mismos, como en el pasado, porque están representados por todo el poder estatal. Esto es, la democracia no supone consenso, libertad ni paz, por el contrario, implica un permanente enfrentamiento en contextos que otorgan facultades y libertades a unos contra otros. Se crea democracia en la lucha por el respeto y conquista de derechos, ella nunca ha sido una concesión ni regalo al pueblo.
Asimismo, no puede calificarse como democracia el cumplimiento de la normatividad jurídica, pues las leyes son aprobadas, según las negociaciones e intereses partidarios, clientelares o individuales por los legisladores en el Congreso peruano. Esto es, la creación de las leyes, no responden ni obedecen a las preocupaciones ni necesidades ciudadanas ni del interés nacional. Luego, no podrán ser democráticas, son leyes indignas, como quienes las aprueban. Solo la ignorancia sobre la creación de leyes, pueden creer o engañar que la normatividad jurídica es igualitaria, justa y necesaria. La democracia no se rige por patrones jurídicos creados para propósitos ajenos al interés general de la sociedad, la subordinación jurídica e instrumental, es la cosificación de la democracia por y para el poder. La democracia no es una mercancía enlatada, es siempre peculiar en las condiciones y situaciones que se conquista. La sociedad es la impronta social de toda democracia.
En el Perú no es posible, ni por asomo, denominarse democracia, es totalitario el régimen político peruano, o el poder absoluto del Estado o de algún poder estatal, sobre la ciudadanía o, dicho de otro modo, es el régimen que liquida todo derecho social alcanzado contra quienes deben depender y servir, al pueblo, el soberano.
El totalitarismo es el fin de la separación y autonomía de los poderes del Estado para ser monopolizado por una exclusiva instancia que controla y determina el funcionamiento del quehacer estatal. El totalitarismo es la despótica privatización del poder estatal y de la institucionalidad contra lo que es común a todos. Es la regresión salvaje del poder, que representa única y exclusivamente las ambiciones personales, de sus cómplices y asesinos, con capacidad de cometer atrocidades inimaginables contra la sociedad que creen ser dueños y amos. Ello, no solo muestra la calaña de gente, sin principios ni dignidad, también muestra cómo algunos sectores son arrastrados en las viles prácticas totalitarias y de otros que se han coludido delincuencialmente con el monopolio en el ejercicio de la represión y violencia, legal e ilegal, contra la sociedad. El totalitarismo compromete radicalmente nuestro presente y condena el futuro de los peruanos con la complicidad de sus propias víctimas. Así, la institucionalidad pública que habiendo sido una política estatal para garantizar la función pública básica y necesaria para la ciudadanía, está siendo liquidada por el totalitarismo estatal, para convertir a sus entes en incapaces de una actuación social y pública
El totalitarismo en el Perú, como toda tiranía, no ha requerido de la aceptación social, se ha liberado de toda supeditación para imponer el poder político absoluto sobre la ciudadanía y la nación. Tales facultades están dadas por la manipulación corrupta de los legisladores en el Congreso, por la red tejida por magistrados y fiscales comprometidos que ilegal, complaciente y tardíamente revelan los compromisos propios y ajenos contra la voluntad y derechos ciudadanos y nacionales, así como es evidente, el cómplice amparo de las fuerzas armadas que presurosas, al mandato de un poder que irrespeta todo derecho, asesina las justas demandas en defensa de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.
Creer que la gran mayoría de pobres y trabajadores con derecho a votar compensa la desigualdad social y política, es una ilusión, porque de manera sistemática y desde siempre y no precisamente por procesos electorales, se ha dividido a los subalternos con diversidad salarial, prebendas, despidos y corrupción a dirigentes y sindicalistas, así como con las opciones organizativas y alternativas partidarias divergentes, la promoción de la indiferencia, entre otras, han posibilitado la división política de los pobres y trabajadores. No obstante, la democracia latinoamericana posee un equilibrio catastrófico, porque la explotación e irrespeto a los derechos laborales y ciudadanos persisten, así como, por las ambiciones y disputas entre propietarios y grupos de interés por el poder y sus privilegios, como por aquellos que buscan ser los nuevos sátrapas.
[1] Catedrático pensionado. Universidad de Costa Rica.
¿Me preguntan con frecuencia, y con preocupación algunas personas y amigos, si es posible realizar una coalición político electoral para las próximas elecciones? Mi respuesta ha sido en general que sí es posible. Como posibilidad eso es posible. Como realidad eso está por verse. Veamos algunos escenarios.
1.- Las coaliciones son las uniones que realizan varios partidos políticos para integrarse, todos ellos, en uno que los reúna a todos bajo una denominación particular, sin que los partidos desaparezcan, se desintegren o anulen su existencia electoral, dando paso a ese nuevo partido, que es la coalición y que actúa solamente para el proceso electoral para el cual se constituye. Las coaliciones en general se dan a todo nivel, presidencial y de diputados, pero pueden darse a nivel presidencial, manteniendo la individualidad electoral en las listas de diputados si así lo acuerdan o deciden.
Las fusiones de partidos se dan cuando dos o más partidos se unen de una manera que desaparecen del todo como organizaciones para dar paso a una nueva, a todo nivel, nacional, provincial y cantonal, para efectos electorales a partir de ese momento de su fusión.
También hay alianzas electorales que se dan cuando uno o más partidos, sin coaligarse y sin fusionarse, le dan el apoyo electoral a otro partido, generalmente, en su lista de presidencial; es decir, llaman a votar por el candidato de ese partido a nivel presidencial, manteniendo su organización y sus listas de candidatos a diputados.
En la historia electoral nacional hemos tenido coaliciones, fusiones y alianzas. Algunas de ellas son: el intento de coalición que se hizo en 1939, impulsada bajo la iniciativa del expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno, que había roto con su partido Republicano, que apoyaba la candidatura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, quien había recibido el apoyo de la Iglesia Católica, en ese momento muy conservadora, con el compromiso de derogar las leyes liberales de 1882 y 1884. Ricardo Jiménez se opuso, se separó del partido y constituyó un movimiento político “jimenista”, que logró unir en el intento de la Coalición Alianza Democrática Nacional, a los liberales, los jimenistas, los masones, los comunistas, y otros grupos con la intención de detener la derogatoria de esas leyes. Finalmente, no pudieron participar en las elecciones de 1939-1940, que se definieron entre los comunistas del Bloque de Obreros y Campesinos, el Partido Republicano y el Partido Guanacasteco del Dr. Vargas Vargas, ganando la presidencia de la República el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
Durante su administración, en 1943, al calor de la aprobación de las Reformas Sociales, se unieron los comunistas, la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ese mismo año, para darle continuidad y firmeza a esta Reforma Social, se impulsó la coalición electoral del Partido Republicano y de los comunistas, ya llamados desde 1943, Vanguardia Popular, bajo el nombre de Bloque de la Victoria, el cual impulsó la candidatura presidencial de Teodoro Picado Michalski, que resultó triunfadora. En su contra se aliaron fuerzas socialdemócratas recién nacidas en el país, con el movimiento político que apoyaba al expresidente León Cortes para enfrentar a Teodoro Picado. La Iglesia Católica apoyó al Bloque de la Victoria.
2.- En las elecciones de 1947-1948 el partido comunista, Vanguardia Popular, había impulsado su propia candidatura, el partido Republicano proponía la candidatura del Dr. Calderón Guardia, y la oposición política impulsaba la de Otilio Ulate Blanco. En la tensión de aquel momento el Partido Vanguardia Popular llamó a votar por el Dr. Calderón Guardia. Los comunistas habían tratado de negociar otra candidatura distinta a la del Dr. Calderón Guardia, con apoyo de algunos destacados políticos republicanos, lo que no fue posible, y lo que obligó a apoyar en la práctica, finalmente, al Dr. Calderón Guardia. El resultado de esa elección fue la Guerra Civil de marzo abril de 1948 y las prohibiciones electorales que se impusieron contra los comunistas desde 1948 hasta 1975.
3.- Superada la Guerra Civil, desintegrada la alianza fáctica, de las fuerzas políticas, en torno a los triunfadores de la Guerra Civil, se constituyó el Partido Liberación Nacional en 1951. El nombre obedecía al homónimo que tenía el Ejército constituido en la Guerra Civil para defender el triunfo electoral de Otilio Ulate que había sido anulado por el Congreso de la República, lo que detonó el alzamiento armado encabezado por José Figueres Ferrer.
En 1953 el Partido Liberación Nacional ganó la elección. En esa elección se dieron alianzas de distintas fuerzas, incluso los comunistas desde la clandestinidad, alrededor de Fernando Castro Cervantes, opositor a Figueres.
Para las elecciones de 1958, el Partido Liberación Nacional tuvo una escisión. Jorge Rossi Chavarría se salió de ese partido y se enfrentó electoralmente a Liberación Nacional. La oposición política a Liberación Nacional se coaligó con los partidos Republicano Nacional y Unión Popular que postuló a Mario Echandi Jiménez que ganó la presidencia.
En las elecciones de 1966 bajo el nombre de Unificación Nacional se unieron nuevamente los partidos Republicano Nacional y Unión Popular que postularon al profesor universitario José Joaquín Trejos Fernández, quien resultó electo presidente, derrotando al partido Liberación Nacional. En esta elección solo estos dos partidos participaron.
4.- Para las elecciones de 1970 y de 1974 se permitió que los comunistas participaran en las elecciones. Ya habían surgido otros partidos de izquierda, el Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo.
5.- Para las elecciones de 1978 varios partidos y movimientos políticos constituyeron la Coalición Unidad, que postuló a Rodrigo Carazo Odio, que resultó electo presidente. En esta elección los partidos Socialista Costarricense, Movimiento Revolucionario del Pueblo y Vanguardia Popular constituyeron la Coalición Pueblo Unido. En las elecciones de 1982 volvieron a participar las Coaliciones Unidad y Pueblo Unido.
6.- En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, la Coalición Unidad se desintegró y los partidos que la constituían se fusionaron dando origen desde entonces al Partido Unidad Social Cristiana.
7.- En las elecciones de 1986 la izquierda se dividió en dos coaliciones, una Pueblo Unido y otra bajo el nombre de Alianza Popular, con los candidatos presidenciales Álvaro Montero Mejía y el Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz, respectivamente. La Coalición Pueblo Unido se mantuvo en las elecciones de 1990 con la candidatura de Daniel Camacho Monge.
8.- En las elecciones del 2002 se constituyó una coalición de izquierda, “Cambio 2000”, que postuló a la presidencia al Dr. Walter Coto Molina. En las elecciones del 2006 de nuevo grupos de izquierda inscribieron la Coalición Izquierda Unida, que postuló a Humberto Vargas Carbonell.
9- En los procesos electorales del 2010, 2014, 2018 y 2022 no participó ninguna coalición, aunque hubo amagos por constituirlas. Esta es la realidad política electoral de este tipo de experiencias. Tres coaliciones victoriosas, en 1958, 1966 y 1978. Las otras sin ningún éxito.
¿Qué hace difícil la constitución de coaliciones? A mi modo de ver, las dificultades que enfrenta la posibilidad de constituir coaliciones son, entre otras causas, las siguientes:
A.- La falta real de voluntad política por constituirlas. La Coalición exige sacrificios políticos de los que quieren unirse. Los partidos o movimientos políticos que quieren unirse tienen que estar dispuestos a aceptar los términos de la unidad, las candidaturas que se van a proponer y la elaboración del Programa Político mínimo que se va a ofrecer al electorado.
B.- Además, implica la discusión de los puestos a elegir. El orden de distribución de los puestos si es por partidos políticos, las condiciones de la distribución de esos puestos que tiene que ver con la antigüedad de los partidos, de sus historiales políticos, de los porcentuales o números de votos obtenidos en procesos electorales anteriores si han participado en ellos. Si la escogencia de puestos es por altas personalidades así consideradas requiere mayor grado de consenso entre los partidos que se van a unir.
C.- Se discute incluso sobre las posibilidades de financiamiento electoral que se logre por la participación en las elecciones, de la forma de cómo distribuirlo entre los distintos partidos coaligados.
D.- Elementos que han privado en discusiones sobre posibles coaliciones son ¿por dónde empezar?, por definir ¿qué es lo primero?, en lo que hay que ponerse de acuerdo. Aquí surgen muchas veces las dificultades.
Si lo primero es determinar el Programa de Coalición, lo que puede llevar mucho tiempo su discusión. Si lo primero es encontrar el candidato presidencial aceptable a todos los grupos. Lo segundo, no menos complicado, es la distribución de los puestos a elegir.
Estos, entre otros aspectos, son los que deben abordarse, tomando en cuenta la experiencia histórica nacional, para actuar frente al reto que impone el proceso electoral de este año con miras a las elecciones nacionales del 2026.
En la perspectiva inmediata pareciera ser que el objetivo central y el más importante de las elecciones próximas va a ser la elección de los futuros diputados y no la del próximo presidente.
En cualquiera de estas dos perspectivas la urgencia política es tratar de desarrollar un grupo, un partido político qué en su condición de Gran Coalición Nacional, pueda hacer frente al peligro institucional que representa el Presidente Chaves y su grupo político empresarial, para la institucionalidad y la administración pública estatal nacional, por un lado.
Por otra parte, la integración de la próxima Asamblea Legislativa, la del período 2026-2030, a la cual el grupo político del presidente Chaves le está poniendo la mira como la palanca necesaria para provocar los cambios necesarios que conduzcan a la desintegración total del Estado Social de Derecho todavía existente en el país, y el sometimiento del Estado de Derecho, de los Poderes públicos, al Poder Ejecutivo como el gran rector del desarrollo del Estado y de las políticas públicas a partir del próximo gobierno, en caso de seguir este mismo grupo gobernante, y tener al Poder Ejecutivo como el conductor de esos otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, sujetos a las decisiones autoritarias del Poder Ejecutivo como existen en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
¿Eso es realmente lo que necesitamos como sociedad, como país, como colectividad nacional?
¿Estamos en capacidad de constituir esa gran Coalición Nacional, que patrióticamente nos permita avanzar a niveles superiores y mejores de nuestra Democracia social?
