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La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

¿Lo que estoy pensando hoy me pregunta un algoritmo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Pues respecto a la actual coyuntura política nacional, que el estridente Gobierno del Continuismo Autoritario, —el Gobierno Ja-Guaro 0.2, acuerpado por poderosos y oscuros intereses nacionales y extranjeros—, harán todo lo posible, por romper la unidad del llamado Bloque Democrático de Oposición en la Asamblea Legislativa, que está funcionando como atalaya democrática frente a su proyecto autoritario y ultraneoliberal. Ese su objetivo táctico superior inmediato, y la lucha apenas comienza.

La fracción del PLN liderada por don Álvaro Ramírez (y su renovado Partido PLN por el excandidato del mismo don Álvaro Ramos Chaves); la fracción del Frente Amplio con su ejemplar y meridiana claridad política (al mejor estilo de Manuel Mora Valverde), y doña Claudia Dobles Camargo de la Coalición Agenda Ciudadana, deberán seguir articulando ese Bloque Democrático de Control Político, frente a un Poder Ejecutivo desbordado por un infantil revanchismo.

Con la diputada del PUSC, doña Abril Gordienko, lejos de denostarla, se deberá negociar con mucho respeto y firmeza, en lo que toque y se coincida (posiblemente en la participación democrática y en materia de libertades públicas), y negociar con transparencia ética, donde hayan otras diferencias (muy posiblemente en el plano de la macroeconomía).

En mi opinión, el oficialismo obviamente intentará destruir esta articulación legislativa democrática y progresista, estimulando provocaciones, incluso «a dos bandas», si es necesario:

1) Primero, estimulando el oportunismo, el miedo, la calumnia o el prejuicio ideológico por la derecha.

2) Y segundo por supuesto estimulando el sectarismo de izquierdas, disfrazado de «Principismo». ¡Cantado! (Ese tufo a superioridad moral pseudorradical ya lo conozco, es cíclico, y es estimulado sistemáticamente adrede.)

3) Pero además, llamando a desmovilización de los sectores populares y de la sociedad civil, que reaccionó cívicamente, frente al fenecido Proyecto 23414 de (Des)Armonización contra el ICE.

4) Mientras, tratará de cooptar, manipular y desinformar, a su propia base social, —sobre todo en sectores rurales y costeros—, para polarizar socialmente más, la coyuntura nacional.

5) Todo lo anterior, inscrito en una delicadísima coyuntura internacional, frente a una posible crisis internacional y regional. Y no se descarta el matonismo, el injerencismo descarado, de la Embajada Imperial a petición de sus cipayos locales.

Por eso hay que intentar anticiparnos ontológicamente (Ernst Bloch) con lucidez. Nunca mejor que ahora, habremos de rescatar y nutrirnos de las diferentes herencias políticas de dos grandes Beneméritos de la Patria (y de sus organizaciones históricas), quienes supieron construir históricamente, a pesar de sus conocidas diferencias.

Por eso es la hora de releer con profundidad, de reapropiarse teóricamente, del brillante legado táctico y estratégico, de Manuel Mora Valverde y de don Pepe Figueres Ferrer.

Entiéndase bien: No es ningún «culto a la personalidad». Hablo de estas figuras históricas, políticamente indispensables, pero como símbolos y referentes políticos, de esas fuerzas sociales concretas y profundamente humanas, que transformaron este país en el siglo XX. Por supuesto que las estructuras socio-históricas pueden (y deben científicamente) abordarse de formas más complejas.

Pero hasta el gran filósofo Hegel, usó licencias para expresar en su lenguaje filosófico, la relación histórica particular-universal (el «Individuo Histórico-Universal», en alemán «welthistorische Individuen» en las «Lecciones sobre la filosofía de la historia universal«, usando a la figura «encarnada» del primer periodo modernizante y reformador de Napoleón Bonaparte I, para referirse simbólicamente al despliegue del «Espíritu» («Geist») en los grandes procesos socio-históricos. Aquí se trata de interpretar filosóficamente el humano proceso de construcción social y dialéctica de la Consciencia (Autoconsciencia) y de la idea de Libertad (Autodeterminación).

Por supuesto, igual que el gran Beethoven y su Tercera Sinfonía, Hegel también decepcionado de Bonaparte, y alemán al fin, —de habla y culturas, porque no había ninguna unidad nacional alemana—, podría arrepentirse luego. En cambio, don Pepe y don Manuel, —líderes populares y humanistas profundamente costarricenses—, a pesar de la cruel Guerra Civil de 1948, no decepcionan.

Estas figuras de carne y hueso, costarricenses, hijos de su contexto, nos regalan diferentes aportes democráticos, que se pierden en el tiempo de la Segunda República, y devienen nobles metáforas políticas, para un futuro posible.

Por supuesto, habremos de adaptarnos y construir un lenguaje político y una narrativa propia de una nueva comunicación política digna del siglo XXI y sus nuevos retos y complejidades estructurales.

Definitivamente esta es una Costa Rica muy diferente, a la de la mitad del siglo pasado. De hecho es un Mundo, acaso un Sistema-Mundo diferenciado; incluso, un Capitalismo Financiero Tardío Global, muy diferente.

En Costa Rica hay nuevas subjetividades sociales, nuevas asimetrías sociales, nuevas aspiraciones y sueños, y nuevas generaciones; hay nuevos retos, nuevas decepciones y también desencantos democráticos; hay nuevas amenazas, nuevos desafíos; nuevas guerras globales con consecuencias locales; nuevas potencias emergentes (BRICS+); por lo tanto hay y habrá, nuevas crisis locales, nacionales, internacionales; nuevas crisis ambientales, climáticas, productivas, económicas, laborales, jurídicas, de identidad, culturales, de seguridad ciudadana, de gobernanza incluso, etc.

El ICE por cierto, no es inmune a esto y deberá enfrentar la demanda creciente de energías limpias para más carros eléctricos, para las grandes, medianas y pequeñas empresas, para más inversión extranjera, para más y necesaria conectividad, y soporte eléctrico; al mismo tiempo deberá mantener un suministro energético creciente al pueblo costarricense, junto a una mejor servicio de telefonía celular, etc.

Como ya sabemos la estrategia cínica del Gobierno de turno, no es muy original, es la misma de hace décadas, es sabotear al ICE desde la Presidencia Ejecutiva. Ejemplo de esto fue la directa injerencia norteamericana bajo Trump y Marco Rubio, contra las empresas de telefonía digital de China Popular.

Pero frente a la opacidad de este Mundo dado, y su geopolítica, y de la una Costa Rica desgarrada, hay una urgente y necesaria lección política, que algunos aprendimos tarde: Hay que aprender a escuchar al otro, con auténtica tolerancia, buena fe, honestidad, razonabilidad, y criticidad. Eso fue precisamente, lo que hicieron, precisamente, esos dos «Tayacanes» ticos: don Pepe y don Manuel Mora Valverde.

Esto, si queremos intentar salvar a nuestro Estado Social de Derecho, y a nuestras conquistas sociales, desde lo mejor de la Segunda República. Ya hay camino, caminado.

En consecuencia y para esta coyuntura nacional, deviene vital y estratégica para nuestra Patria y su institucionalidad democrática, esta reciente movilización popular por la defensa, tanto ciudadana, como jurídico-formal y legislativa del ICE, como exitosa institución pública costarricense.

Nos recuerdan obviamente, las heroicas Jornadas populares contra el pasado Combo de privatización del ICE en el 2000. Pero no debemos romantizar la coyuntura. Este gobierno de extrema derecha populista tiene vocación por el autoritarismo, y está apoyado directamente por Marco Rubio y Trump.

Y más allá del ICE, habrá que educarnos políticamente más, en la defensa y mejoramiento del sector público, propio del proyecto inclusivo del viejo, eficaz y hermoso Estado Social de Derecho costarricense. El mismo, que tantos éxitos sociales relativos, nos trajo.

Combatir las mentiras y la desinformación deliberada, y la narrativa histérica, vulgar, delirante, calumniosa, de corte casi nazi-fascista del discurso oficial de la actual Presidencia. Recordemos a Albert Camus, cuando decía que «el anticomunismo era el comienzo del fascismo». Hay una «Batalla de Ideas» por venir, y esa es una nueva trinchera táctica, popular y democrática.

En la imagen los Beneméritos, don Manuel Mora Valverde y don Pepe Figueres. Y no deberíamos cansarnos de reproducirla, y explicar sus alcances políticos e históricos.

Aplaudimos el desastre o buscamos el cambio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Termina mayo florido y comienzan las lluvias. Se ha vuelto una costumbre para mí que esa transición me anime a escribir sobre la coyuntura nacional. Esta vez coincide con el inicio de un nuevo gobierno, uno que ha decidido presentarse como el gobierno de la continuidad.

Y, en efecto, la continuidad más visible es la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: la desastrosa gestión del Estado y de la institucionalidad pública, la crisis fiscal latente, el estancamiento económico, el deterioro social y la inseguridad ciudadana.

Otro rasgo de continuidad es la permanencia del mismo grupo político en el poder. Con algunas variantes, claro. Ministros convertidos en diputados, diputados trasladados al gabinete, otros enviados a puestos diplomáticos. A ello se suma la incorporación de varios tránsfugas de los viejos partidos políticos. No hay aquí cambio alguno, sino continuidad: figuras que heredan los estilos clientelares, el intercambio de favores, el oportunismo y la corrupción del viejo modelo aparecen ahora como los nuevos reclutas de quienes controlan el gobierno.

Un tercer rasgo de continuidad es la retórica antiinstitucional, acompañada de poses agresivas y pulsiones autoritarias. La semiótica del escándalo sigue siendo la identidad corporativa del gobierno. El grupo en el poder parece invertir más energía en repartir adjetivos que en construir objetivos.

Pero son las tendencias estructurales las que terminan marcando la coyuntura. Omitiré, por consideración a ustedes, lectores y lectoras, otras referencias a la escasa prestancia política de quienes nos gobiernan.

Todas las señales de una grave crisis fiscal amenazan las condiciones de vida de la población costarricense en el futuro inmediato. Sin excepción. Ya lo habían advertido diversos analistas económicos y lo ha reconocido el propio Banco Central. El resultado previsible será más desigualdad y más pobreza, recortes en programas sociales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas consideradas prescindibles por la lógica simplificadora de una narrativa pseudopopulista.

La economía no crece, pero la moneda local permanece sobrevaluada. Sin embargo, lejos de encender alarmas, el problema es reducido a meros tecnicismos. Los elevados niveles de consumo de algunos grupos sociales, en particular de altos ingresos, evidencian no solo una distribución profundamente desigual de riqueza, sino también, en ciertos casos, lo que parece ser el endeudamiento, estilos de vida ostentosos y, en muchos otros, la circulación de capitales al margen de las economías legales. La economía se aproxima a una situación crítica, pero seguimos flotando sobre una burbuja. El mercado laboral ha perdido dinamismo, expulsa fuerza de trabajo y ha clausurado posibilidades de ascenso social para trabajadores y trabajadoras, especialmente entre los jóvenes.

El economista agrícola que presidió el país durante los cuatro años anteriores y que ahora se posesiona como superministro, así como su flamante ministro de Hacienda, hoy jefe de fracción oficialista, no supieron cómo —o no quisieron— resolver esa crisis.

Por su parte, una escalada de violencia criminal galopante, impulsada por el crimen organizado, continúa ensañándose con el costarricense común y corriente, aquel que no dispone de escoltas pagados por el presupuesto público. Los ciudadanos seguirán siendo víctimas de aquella sentencia inescrupulosa: “se matan entre ellos”. Víctimas inocentes de una guerra que durante cuatro años no supieron resolver.

La crisis educativa amenaza con sembrar la ignorancia en un pueblo que durante décadas se distinguió por ser uno de los más educados de América Latina. Este gobierno contó con una ministra que se suponía experta internacional en materia educativa; sin embargo, su currículum nunca se tradujo en una ruta capaz de enfrentar la crisis de la educación.

Además, los programas sociales se han estancado porque el gobierno central les retiene el financiamiento. Las familias que dependen de becas, subsidios y pensiones quedan amenazadas por el abandono y la incertidumbre. Nunca hubo jerarcas verdaderamente comprometidos con la defensa del Estado social de derecho; prevalecieron el miedo y la sumisión.

En pocas palabras, esta crisis estructural se amplió y profundizó bajo una mezcla de incapacidad política y falta de voluntad. Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto acumulado de las decisiones adoptadas ha sido el debilitamiento de las capacidades públicas del Estado y la apertura de espacios para que instituciones estratégicas —como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y los bancos estatales— queden sujetas a crecientes presiones privatizadoras y a los intereses del capital transnacional.

Ni qué decir de la política exterior y de su desatinada gestión. Para mal del país, bajo la amenaza de convertir el servicio diplomático en una especie de trofeo político para pagar favores a financistas, incluso para compensar la complicidad política para el ocultamiento de casos de corrupción y otros posibles graves delitos. Seguiremos siendo -quizás en el menor de los casos- motivo de burla en el sistema internacional, ahora representados diplomáticamente por figuras que no reúnen las capacidades para el ejercicio de las funciones propias del servicio exterior, mucho menos la estatura requerida para representar al país en el cargo de embajadores. No se trata solo de posible corrupción sino de poner en riesgo la imagen internacional del país.

Y, sin embargo, en la continuidad, el gobierno sigue encabezado por un grupo que goza de aplauso popular. Al menos, de una porción significativa de los costarricenses. Ello se explica, entre otras cosas, porque el malestar social no ha sido conducido en búsqueda de cambios estructurales, sino que ha sido capturado emocionalmente por narrativas, escenografías mediáticas y símbolos propios de los neopopulismos del siglo XXI. También porque no ha habido capacidad ni voluntad para entrar seriamente en la disputa del control del campo mediático. Algunos medios de comunicación -y que fueron llamados canallas por ser en apariencia críticos al grupo en el poder- han comenzado a alinearse: eso les depara el pago de parte de la pauta publicitaria del gobierno.

Los grupos vinculados a ciertas iglesias, al neoconservadurismo protestante y a sectores del catolicismo llenan con discursos moralizantes y seudorreligiosos los vacíos de contenido cívico y cultural que hoy dificultan la construcción de proyectos políticos transformadores, al menos en el corto plazo. También su oportunismo es evidente: sacan réditos políticos de la crisis de la política social y del recorte de financiamiento a programas sociales. La alianza con el grupo en el gobierno no es solo por interés político u oportunismo religioso, también responde a cálculos clientelares.

También el empresariado ha decidido apostar sus cartas al grupo gobernante y poco parece importarle el oscuro panorama económico y fiscal, la ruina de la producción nacional, la quiebra de empresas o su fuga hacia otros destinos. Su silencio no parece explicarse únicamente por miedo; también da la impresión de responder a un cálculo político.

Todas estas crisis, así como los nuevos e inevitables riesgos políticos que ella entraña, evidencian la declinación del viejo modelo de hegemonía, una reconfiguración de las relaciones de poder y la pérdida de capacidad de dirección por parte de los viejos partidos, sus élites y sus cuadros dirigentes.

Este grupo, carente de dirección, sin proyecto político y aún menos capacidad para responder a los problemas aquí enumerados, apenas ocupa ese vacío. Pero lo hace con materiales tan precarios que el suelo sobre el que todos caminamos se vuelve cada vez más inestable.

La capacidad de resistencia política y social ha comenzado a manifestarse. Esa es una buena señal. Sin embargo, como ocurrió durante los cuatro años anteriores, aparece de forma intermitente, con compromisos limitados y entusiasmo insuficiente. Su conducción sigue siendo débil debido, especialmente, a la escasa voluntad de construir acuerdos y avanzar hacia una unidad estratégica que no se limite a las corporaciones sindicales o académicas, sino que incorpore de manera más amplia a la sociedad civil.

La esperanza debe seguir puesta en un despertar cívico, en esa identidad costarricense arraigada en el valor de las instituciones, los acuerdos y el respeto a las leyes. Pero eso no surge por arte de magia: hay que construirlo y requiere esfuerzo, constancia y trabajo. Así fue como este país logró sobrevivir frente a las dictaduras y los autoritarismos que históricamente lo amenazaron.

Será por ese camino, mediante una identidad costarricense que debe ser reinventada, y nunca por los acantilados del fascismo y las autocracias, que los costarricenses podremos conversar, negociar y concertar soluciones cívicas a nuestros problemas comunes. Con democracia participativa y no con autoritarismos verticales.

Nota editorial: La ilustración corresponde a una obra del pintor costarricense Ricardo Ávila.

La competitividad de los cantones en el 2025: los reiterados bajos niveles de los cantones costeros, fronterizos y rurales

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La versión del Índice de Competitividad Nacional 2025 muestra una mejora de 1,7 puntos respecto a 2024, un resultado positivo, pero no estructural. El avance se concentra en telecomunicaciones y digitalización, mientras que las áreas más determinantes para el bienestar —seguridad, salud y educación— se han deteriorado o estancado.

Este crecimiento, por tanto, no puede interpretarse como un logro del gobierno de turno, sino como el resultado acumulado de políticas de largo aliento y de la inversión privada en infraestructura digital. La recuperación del índice es frágil, desigual y territorialmente concentrada.

Tras cinco ediciones del ICN, los hallazgos son claros: 1. Costa Rica tiene una competitividad baja y estable, sin variaciones estructurales significativas. 2. La desigualdad territorial es persistente: las regiones costeras y fronterizas siguen rezagadas en salud, educación y empleo. 3. La seguridad es el principal obstáculo al desarrollo territorial y la inversión. 4. La infraestructura eléctrica y vial encarece la operación productiva, limitando el crecimiento de las PYMEs. 5. La digitalización es la mayor fortaleza nacional, pero su impacto será limitado si no se acompaña de mejoras en el capital humano.

Las desigualdades territoriales muestran un país de dos velocidades, la competitividad costarricense se comporta como un sistema dual. Por un lado, los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) mantienen niveles de desempeño por encima del promedio nacional; por otro, los cantones costeros y fronterizos continúan rezagados y estancados.

La GAM concentra el 80% de los cantones con mejora sostenida, mientras que las costas apenas muestran cambios. En los cantones costeros, la baja competitividad se asocia con déficits en infraestructura, seguridad y acceso a la educación técnica, factores que dificultan atraer inversión y generar empleo formal.

Por provincia, el contraste es aún más marcado. Heredia, Cartago y San José se consolidan como polos competitivos, mientras que Guanacaste y Puntarenas acumulan los mayores rezagos. En Guanacaste, el ICN cayó por segundo año consecutivo, impulsado por un deterioro en salud y en el sector construcción. Su tasa de mortalidad infantil pasó de 7,4 a 12,1 por mil nacidos entre 2023 y 2024, un salto sin precedentes en el país.

Mientras tanto, los cantones con mayor pérdida de competitividad (San José, Nicoya, Nandayure, Bagaces y Coto Brus) concentran los efectos de la inseguridad, el desempleo y el aumento del costo de vida.

La educación presenta una doble realidad: avances cuantitativos, pero persistencia de brechas cualitativas y territoriales, siete de cada diez jóvenes en cantones rezagados —como Matina, Garabito, Talamanca, Los Chiles y Río Cuarto— no han terminado el colegio. (CPC, Resumen Ejecutivo del índice de la Competitividad Nacional 2025).

La competitividad costarricense tiene rostro territorial: avanza en el centro, se estanca en las costas. Esa afirmación se constata al observar que de los 25 cantones, que tienen el menor índice de competitividad nacional, 24 son de las regiones periféricas y sólo 1 se encuentra en la GAM., mientras que de los 24 cantones periféricos, 9 son costeros, 7 son fronterizos y 8 son rurales, destacando Garabito que es el cantón de menor índice de los 82 cantones (en el índice anterior era Talamanca) y entre los 10 de menor índice, están en orden descendente: Los Chiles, Buenos Aires, Jiménez, Talamanca, Corredores, Abangares, Guatuso, La Cruz, Coto Brus y Garabito, de los cuales 3 son de la región Brunca, 2 de la región Huetar Norte, 2 de la región Chorotega y 1 de las regiones Atlántica, Pacífico Central y Central.

Muchos de los cantones mencionados de las regiones periféricas también, están entre los 10 de menores índices por pilar o componente, así en el pilar de Instituciones o desarrollo institucional, Garabito es el de menor índice, seguido de la Cruz, Golfito, Quepos, Guácimo, Siquirres, Puntarenas, Bagaces, Nicoya y Osa, mientras que en el pilar de Infraestructura, el menor índice lo tiene Guatuso, seguido de Upala, Coto Brus, Jiménez, Alvarado, Abangares, León Cortéz, Nandayure, los Chiles y Buenos Aires.

En tanto en acceso a las TICs, Talamanca tiene el menor índice, seguido de Siquirres, los Chiles, Buenos Aires, Coto Brus, Matina, Nandayure, Sarapiquí, Upala Y Bagaces, en el pilar Salud, el de menor índice es Limón, seguido por Coto Brus, Turrialba, Corredores, Garabito, La Cruz, Dota, Zarcero, Bagaces y Golfito y finalmente en el pilar de Dinamismo de mercados, el de menor índice es Guatuso, seguido por Osa, Aserrí, Quepos, Parrita, Montes de oro, Hojancha, La Cruz, Turrubares y Coto Brus.

Este fenómeno de los menores índices de competitividad en cantones costeros, fronterizos y rurales ha sido señalado en los informes anteriores del Índice de Competitividad Nacional, así en el del 2023, la mayoría de los cantones con desempeño limitado o deficiente, formaban parte de los cantones costeros y fronterizos. Entre los considerados deficientes, 4 eran de Puntarenas y de la región Central y Brunca, 3 de Alajuela y la región Huetar Norte, 2 de Limón y la región Huetar Atlántica, y 1 de Heredia y la Huetar Norte, 1 de Guanacaste y la región Chorotega. (Masís, G, SURCOS Digital, enero,2024)

Igual que ahora, la medición del ICN, evidenciaba una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país, que “sigue un patrón de adentro hacia afuera” al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social. Esa es la realidad de las desigualdades en la competitividad de los cantones y las regiones del país, que es persistente y se confirma en el informe más reciente.

Imagen tomada de https://icn.cr/wp-content/uploads/2025/11/RESUMEN-EJECUTIVO-ICN-2025.pdf

Eureka: Ni Panini, ni Tucídides, ni Star Wars. La Tecnocracia como Nuevo Imperio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado de FUDECEN
Miembro de la junta directiva del Colegio de Profesionales de El Salvador
Ciudad Arce, El Salvador, mayo 2026

Vivimos una paradoja histórica: estamos en un cambio de era y, simultáneamente, en una era de cambios vertiginosos. Si Tucídides, el historiador griego que describió la guerra del Peloponeso, o George Lucas con su saga de Star Wars, pudieran observar el presente, probablemente no reconocerían el campo de batalla. Tampoco lo haría el coleccionista de álbumes de Panini, quien alguna vez creyó que reunía figuras de papel, ignorando que hoy somos nosotros los «stickers» que se coleccionan, se empaquetan y se venden.

Nos encontramos cruzando el umbral crítico desde las democracias analógicas —o, más honestamente, las plutocracias de la era industrial— hacia un nuevo régimen: la tecnocracia. Y ojo, no es una utopía liberadora; es, con frecuencia, otra forma de plutocracia, pero digitalizada.

Como sostiene la filósofa Carissa Véliz, estamos ante una desestabilización intencionada de los sistemas de gobierno de los últimos 200 años. La democracia, en sus múltiples estadíos, desde la planificación estatal hasta el libre mercado, ha sido siempre una configuración de asimetrías de poder. Ya fueran los mercaderes, los banqueros, los militares o los extremistas religiosos, la historia nos muestra que el poder siempre tiende a concentrarse en manos de una élite.

La novedad del hoy y del ágora es que: nos mudamos de lo análogo a lo digital.

Una contemporaneidad que radica en la velocidad y la naturaleza de esta transición. La tecnocracia ha logrado en menos de 70 años lo que a las democracias tradicionales les tomó dos siglos: una masificación sutil, omnisciente y omnipresente. Esta transformación no ha sido ruidosa; ha sido subversivamente tácita, sublime y, paradójicamente, atractiva. Ya no nos dirigen solo con leyes o ejércitos; nos dirigen mediante algoritmos, bases de datos y discursos diseñados para incidir en cada colectivo. Nuestros pensamientos, miedos y deseos son extraídos, almacenados y manipulado para incidir en el comportamiento social a escala global.

Esta era de cambios, sin embargo, es también una continuidad de las luchas análogas. La velocidad de la transformación es brutal, pero la necesidad humana de pensamiento crítico, divergencia y solidaridad permanece intacta. No se trata de una utopía inalcanzable, sino de una necesidad urgente de paz y bienestar común. La lucha ya no es solo por el voto o la calle, sino por la soberanía de nuestros datos y la integridad de nuestra conciencia.

La realidad centroamericana: Datos sin soberanía En nuestra región, esta transición tiene matices críticos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y reportes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aunque la conectividad móvil en Centroamérica ha crecido más del 100% en la última década, la soberanía de datos es casi inexistente. Más del 90% de los datos generados por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica residen en servidores de empresas extranjeras, fuera de cualquier marco legal regional.

Además, la transición digital se presenta como un fenómeno marcadamente desigual, donde coexisten la hiperconectividad del consumo con profundas exclusiones estructurales. Según datos del sector, mientras el promedio global es de casi siete cuentas de redes sociales por persona, en el istmo la adopción digital se vuelca de manera masiva pero pasiva hacia plataformas como Facebook y TikTok, convirtiendo a las poblaciones en consumidoras de narrativas y exportadoras netas de datos, sin una verdadera soberanía tecnológica.

En El Salvador, la digitalización se ha acelerado con la implementación de billeteras digitales y la digitalización de trámites, pero esto ha creado una dependencia total de la infraestructura tecnológica externa. En Guatemala y Honduras, la falta de leyes robustas de protección de datos personales deja a los ciudadanos vulnerables a la extracción masiva de información por parte de corporaciones tecnológicas que operan sin regulación local. Como señala el Observatorio de la Sociedad de la Información de Centroamérica, la región es un «laboratorio de exportación»: sus patrones de consumo, opiniones políticas y datos biométricos son procesados en Silicon Valley, Europa o Asia, y los resultados se devuelven como publicidad o influencia política.

Esta era de cambios es, paradójicamente, una continuidad histórica acelerada. Las transformaciones actuales ocurren con una celeridad y brusquedad inéditas, alterando la percepción del tiempo y de la soberanía individual. La gobernanza digital ha sofisticado la asimetría del poder, convirtiendo el dato en el activo más valioso del nuevo capitalismo de vigilancia.

Ante este panorama, la resistencia sigue siendo profundamente humana y análoga. Hoy más que nunca cobra vigencia la urgencia del pensamiento crítico, el valor de la divergencia y la necesidad absoluta de colectivizarnos desde la solidaridad y el bien común. Desafiar el determinismo tecnológico no es una utopía romántica; es una necesidad biológica, económica y política para preservar la paz y la dignidad en los albores de este nuevo siglo.

Por ello, antes de resignarnos a ser meros nodos en una red ajena, debemos retomar la lectura de Véliz y, sobre todo, volver a nuestra propia consciencia. La verdadera revolución no ocurrirá en los servidores de Silicon Valley, sino en la capacidad de transformarnos y reivindicar nuestra humanidad. Necesitamos ser Ubuntu: «yo soy porque nosotros somos». En un mundo donde la tecnología intenta fragmentarnos para controlarnos mejor, la solidaridad es nuestro acto de resistencia más poderoso.

Aplaudamos, apapachemos y despertemos esa consciencia proactiva. El futuro no está escrito en código binario; está en nuestras manos y en nuestra capacidad de recordarnos que, al final del día, seguimos siendo humanos.

Acá la brillante claridad narrativa se Véliz: https://ethic.es/entrevistas/entrevista-carissa-veliz/?brid=YWdncwG-AbN79d0LBwGTKghmz6c7

“Magnífica Humanitas”: la peor pesadilla para la presidenta

Escrito en . Publicado en Análisis.

Frank Ulloa Royo

“La humanidad no necesita guerras justas, sino justicia que evite las guerras.” — Magnifica Humanitas

Recordando la Encíclica Rerum Novarum de su antecesor León XIII este 25 de mayo el papa nos da una encíclica social para el siglo de la inteligencia artificial recordándonos la importancia del valor humano y la vida social en común con protección social. Parece que la “Iglesia viva” ahora pasará a ser parte de la oposición de “izquierda” en un país que sueña con parecerse a un enorme cuartel.

L a encíclica Magnifica Humanitas irrumpe como un espejo incómodo. No habla de eficiencia ni de control, sino de humanidad. Recuerda que los ídolos del poder no son los de toda la humanidad y que ningún Estado puede renovarse descartando vidas, ni se puede gobernar organizando el odio. Entonces, la peor noticia para la presidenta no proviene de la guerra en Irán o de los obreros organizados que ahuyentan las inversiones con sus huelgas, ni de estudiantes y maestros en las calles tratando de evitar la privatización del ICE, sino de una voz que la desarma: el Papa advierte que los datos no son armas, que los pobres no son desechos y que la tecnología, sin ética, se convierte en verdugo. Sus gritos de “comunistas” no pueden ocultar la realidad de las listas de espera que pone en peligro miles de vidas, ni el desempleo y otros indicadores de miseria que llevan a una juventud al buscar el camino del narcotráfico, incluida la población con discapacidad que solo allí encuentra empleo.

Este papa gringo, al igual que el ídolo de la presidenta del “país confiable” nos recuerda que Gobernar con desprecio y administrar el descarte desde la disposición de los bienes comunes es negar la justicia social que evita las guerras. Ofender a los que piensan diferente y etiquetarlos, o no pagar la deuda con la seguridad social, solo para volver a las tácticas de la guerra fría o exacerbar odios, aunque resulte atractivo por sus resultados estadísticos o estimule inversionistas extranjeros nunca es un camino solidario.

Las cárceles más grandes no fundan una nueva ética. La justicia no se mide en barrotes ni en estadísticas de represión, sino en la capacidad de sostener la vida y abrir caminos de reconciliación y convivencia. Un país que mide su éxito en más represión y cuerpos encerrados y no en vidas reconciliadas se convierte en administrador del miedo. Por eso, defender la autonomía del Poder Judicial es indispensable: la justicia lenta no puede justificar la represión como alternativa. Frente al modelo de terror punitivo, el papa y los movimientos sociales proponen otro camino: la justicia restaurativa. No se trata de negar la responsabilidad, sino de transformar el castigo en oportunidad de reparación. La comunidad se convierte en espacio de solidaridad y reconciliación, donde la víctima recupera voz y el infractor encuentra la posibilidad de reintegrarse. Sin justicia social no es posible tener eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Sin protección social ningún ejercito puede gobernar impunemente, no se equivoquen porque la reacción puede llevar a una guerra social como la que han vivido otros países.

En un país que sueña con militarizarse sin derechos al estilo Bukele, Magnifica Humanitas suena como un mensaje pasado de moda. Pero quizá lo verdaderamente moderno sea recordar que la paz no se impone: se construye con protección social. Y que la dignidad humana, incluso tras las rejas, sigue siendo el único fundamento posible de la justicia. Que la protección social no es un sucedáneo y que el terror y la represión no cura enfermedades.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte IV)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

El vacío perfecto: La orfandad política, el espejismo antisistema y el país que nos debemos

Llegamos al final de este recorrido por nuestra historia política reciente. Recapitulando: vimos al bipartidismo tradicional ahogarse en sus propios escándalos de corrupción, y vimos al PAC ahogarse en su falsa superioridad moral y su monumental incapacidad para gobernar. El resultado de estas dos grandes decepciones estalló en las elecciones del 2022, donde el costarricense llegó a las urnas sintiéndose profundamente huérfano.

Las banderas partidarias perdieron su valor y las lealtades históricas se esfumaron, dejando en su lugar un cinismo generalizado y una conclusión ciudadana tan comprensible como peligrosa: “la política tradicional no sirve para nada”.

El caldo de cultivo para el discurso antisistema

Ese vacío de credibilidad fue el escenario perfecto. Cuando la gente siente que el sistema la olvidó, se vuelve tierra fértil para el surgimiento de discursos “antisistema”. Figuras que, desde afuera de la política tradicional, logran capitalizar el enojo y la frustración.

La estrategia de estos movimientos es simple, pero destructiva: polarizar. Consiste en dividir al país constantemente entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”; enfrentar al “pueblo” contra “la prensa” o contra las mismas instituciones. Es un discurso sumamente atractivo porque canaliza la rabia genuina que sentimos ante la ineficiencia, pero es un juego de fuego. Atacar y minar la institucionalidad democrática es golpear los mismos cimientos que, con todos sus defectos y necesidades de reforma, nos han garantizado la paz desde 1949.

La realidad no come cuentos

Mientras la política nacional se ha transformado en un circo de redes sociales y pleitos interminables en conferencias de prensa, los problemas reales —esos que de verdad nos quitan el sueño— siguen intactos y agravándose. El ruido mediático nos distrae de las verdaderas crisis:

Nuestra clase media sigue asfixiada por las deudas, perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Nuestros agricultores y ganaderos continúan sobreviviendo a duras penas, librados a su suerte frente a mercados desiguales.

El monstruo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado nos está robando la paz de nuestros barrios a un ritmo aterrador.

Pilares intocables de nuestra paz social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la educación pública, se encuentran en cuidados intensivos.

La realidad es terca y no se soluciona con likes ni con discursos encendidos.

El reto hacia el futuro: ¿Cómo nos reconstruimos?

¿Qué hacemos entonces? La respuesta no está en dinamitar la casa que tanto nos costó construir, ni tampoco en sentarnos a soñar con volver a los años 50. El mundo cambió y los retos son otros.

Costa Rica necesita con urgencia nuevos liderazgos, desde los concejos municipales en nuestros cantones —donde se vive la realidad más cruda y cercana del ciudadano— hasta la silla presidencial. Necesitamos líderes que combinen dos elementos innegociables: empatía social para entender el dolor de esta brecha que nos divide, y capacidad técnica probada para administrar la cosa pública. Porque ya nos quedó clarísimo que ni los gritos, ni las buenas intenciones, ni la sola indignación construyen puentes, bajan la pobreza o generan empleo.

El país que nos debemos

Es hora de que maduremos como electorado. El enojo nos llevó a castigar al bipartidismo dándole el poder al PAC, y ese mismo enojo nos empujó luego a buscar salidas antisistema. No podemos seguir votando solo con el hígado; tenemos que empezar a votar con la cabeza.

Nuestros hijos y nietos merecen heredar una nación viable. Esa Costa Rica solidaria, próspera y en paz que una vez fuimos, aún es posible de reconstruir. Pero solo será una realidad si como ciudadanos dejamos de ser simples espectadores, asumimos nuestro rol y empezamos a exigir resultados concretos, no solo shows mediáticos. La democracia no se defiende sola; nos toca a nosotros.

El socialismo democrático de Manuel Mora y la República costarricense contemporánea

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alejandro Guevara Arroyo

Siguiendo patrones discursivos visibles en diversos movimientos contemporáneos de la derecha radical y la reacción conservadora, el actual gobierno chavista de Costa Rica ha decidido asociar a la oposición política con categorías como comunismo, socialismo, pobreza u opresión. En su boca, tales movimientos aparecerían como expresiones de incompetencia y perversidad tan evidentes que incluso resultaría difícil justificar su pertenencia legítima a la comunidad política.

Estas imputaciones fuerzan a todo el arco progresista costarricense a posicionarse frente a dichos epítetos y alusiones. La historia política nacional, afortunadamente, contiene suficiente densidad simbólica e intelectual como para responder a esos embates narrativos. Para ello, conviene volver sobre las ideas que dieron origen a muchas de las políticas e instituciones que hicieron posible el bienestar social de nuestros antepasados. Ese legado todavía sobrevive en la sociedad costarricense actual, aunque cada vez con mayores signos de desgaste, fragmentación y desigualdad.

Podría apelarse, para ello, al “socialismo democrático” defendido históricamente por el liberacionista José Figueres Ferrer o al socialcristianismo popular impulsado por Rafael Ángel Calderón Guardia. Pero quizá no exista una figura más fértil en símbolos políticos y anticipaciones democráticas que la de Manuel Mora Valverde, dirigente comunista y representante de la mejor de las tradiciones del socialismo democrático costarricense.

Hoy, frente al avance de discursos autoritarios y formas cada vez más agresivas de polarización política, resulta pertinente volver sobre sus ideas. En ellas aparece una concepción profundamente democrática y republicana de la vida pública, orientada por una noción sustantiva de justicia social y por la convicción de que la libertad pierde contenido cuando amplios sectores de la población viven sometidos a relaciones de dependencia material y exclusión.

Para comprenderlo, conviene recuperar algunos pasajes en los que Mora expuso sus concepciones constitucionales, democráticas y sociales. En ellos aparece la defensa del sistema político democrático como una construcción no acabada. No es casual, por ejemplo, que ya en la década de 1930 Manuel Mora defendiera públicamente desde el Congreso el reconocimiento del sufragio femenino. Pero, además, Mora entendía la democracia como un régimen de ampliación de capacidades humanas, de integración popular y de limitación de las distintas formas de dominación oligárquica y arbitrariedad económica. La democracia, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en votar periódicamente (aunque sí es un componente esencial de ella). Reside también en impedir que el poder económico convierta a grandes sectores sociales en poblaciones subordinadas, sometidas o descartables.

Veamos algunas de las líneas maestras que identificó como centrales para su movimiento político:

1.) “No somos enemigos del régimen democrático. Por el contrario, lo sostendremos y lo defenderemos en la medida de nuestras posibilidades y nos empeñaremos por fortalecerlo cada vez más dándole contenido económico. Creemos sinceramente que cualquier movimiento político-social que se desenvuelva con honradez en Costa Rica y que pretendiera ir más allá del auténtico régimen democrático, estaría en este momento fuera de nuestra realidad”.

2.) “Nos oponemos resueltamente al trasplante a nuestro país de fórmulas que no calcen en nuestra realidad económica, social y política. Declaramos que los problemas de nuestro país deben resolverse a la luz de un estudio concienzudo y serio de nuestras características nacionales”.

3.) “No tenemos como entidad social credo religioso ni antirreligioso. Los propósitos de persecución a la religión católica que se nos atribuyen son completamente falsos. La lucha social ha tenido el carácter de lucha anticlerical en otros países, porque en ellos el clero ha sido y es terrateniente. Pero en Costa Rica, donde no lo es, ninguna lucha tiene que librar el Partido Comunista contra los señores sacerdotes”.

4.) “No somos enemigos de las grandes y nobles tradiciones nacionales. Antes bien, las respetamos y nos sentimos más ligados a ellas que muchos de los que nos atacan bajo los estandartes de un falso patriotismo”.

5.) “No somos enemigos de la pequeña propiedad, sino de la propiedad que se forma, precisamente, mediante la eliminación de la primera y mediante el robo en sus diferentes aspectos. Con respecto a esa gran propiedad nunca hemos pensado tampoco que pueda suprimirse en tanto el capitalismo se mantenga en los Estados Unidos. Pero sí creemos que puede limitarse y reglamentarse en beneficio del pueblo”.

6.) “No somos enemigos de la familia, sino, por el contrario, creemos que la familia debe dotarse de elementos económicos que le den verdadero sentido humano. Creemos que la miseria es la gran desintegradora de hogares”.

7.) “Somos enemigos decididos del crimen y del terror como sistema de lucha social. Creemos únicamente en la acción de las masas preparadas y organizadas, como medio eficaz de combate”.

No debe sorprender, entonces, que Mora Valverde apelara directamente a las consignas centrales de la Revolución francesa y las interpretara como una promesa democrática todavía inconclusa en Costa Rica:

“Pero yo pregunto, ¿la libertad, la igualdad, la fraternidad son realidades tangibles dentro de [estas] sociedades liberales? Indiscutiblemente que no. […] ¿Por qué? Porque ninguna conquista social puede ser efectiva si carece de contenido económico. (…) En una sociedad de riqueza desequilibrada, de privilegios y compadrazgos, la libertad en el amplio sentido de la palabra es cierta para los que tienen dinero y no lo es para los que carecen de él. (…) Todo esto quiere decir que, mientras los postulados de la democracia liberal no tengan contenido económico, esos postulados serán esqueleto sin vida”. [Entiendo, por ello, que] “el socialismo es igual al liberalismo más la democracia económica”.

La libertad política requiere, por tanto, bases materiales comunes de dignidad para toda la ciudadanía. Requiere educación y salud pública, derechos laborales efectivos, instituciones sociales fuertes y límites democráticos al poder económico concentrado. Sin comunidad política, sin solidaridad social y sin límites al poder oligárquico, la democracia termina vaciándose desde dentro.

En Mora Valverde parecen converger dos tradiciones políticas distintas pero complementarias: por un lado, el ideal republicano de una ciudadanía libre de dominación arbitraria; por otro, la convicción socialista de que la igualdad material constituye una condición necesaria para que esa libertad sea efectivamente ejercida y disfrutada por las mayorías.

Muy lejos de la violencia política o de experiencias autoritarias extravagantes, las ideas que Mora Valverde anticipa en estos pasajes revelan una concepción profundamente costarricense de transformación democrática: popular, institucional y republicana.

De todo ello parece desprenderse que la mejor tradición del socialismo costarricense no constituye una anomalía antidemocrática, como frecuentemente sostienen los discursos de la nueva derecha criolla. En cambio, es una de las corrientes que más tempranamente intentó ampliar la promesa social, popular y republicana de la democracia costarricense. Parte importante de ese legado institucional y político todavía está presente en la Costa Rica contemporánea..

Fuente de los pasajes: Merino del Río, José. Manuel Mora y la democracia costarricense: viaje al interior del Partido Comunista. Heredia, Costa Rica: Editorial Fundación UNA, 1996, 49-57,

https://www.teletica.com/65-aniversario/manuel-mora-un-lider-dedicado-a-la-justicia-social_385839

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

Más allá de la técnica: racionalidad, historicidad y disputa por el modelo eléctrico costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.

Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?

La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.

No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.

Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.

Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.

Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.

Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.

Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.

Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:

eficiencia económica,
flexibilidad del mercado,
descentralización funcional,
competencia regulada,
incentivos de inversión,
optimización de costos.

Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:

universalidad,
cohesión territorial,
planificación estatal,
seguridad estratégica,
electrificación rural,
solidaridad distributiva,
soberanía energética.

Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.

La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.

Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.

Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.

Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.

Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.

¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.

En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.

Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.

Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.

En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.

Referencias

Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.

Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.

Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.