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Secretaría general de Naciones Unidas: análisis de los resultados del quinto sondeo informal del Consejo de Seguridad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

El puesto de secretario general de Naciones Unidas ostenta la máxima jerarquía dentro del organigrama de Naciones Unidas, organización internacional integrada en la actualidad por 193 Estados miembros.

Al respecto, los artículos 97-101 de la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (véase texto) detallan su modo de elección y las diversas funciones que conlleva este puesto dentro de la estructura de Naciones Unidas.

El proceso de designación en breve

Pese al elevado número de Estados miembros de Naciones Unidas (193), el proceso de designación de un secretario general de Naciones Unidas recae en el Consejo de Seguridad (compuesto por 15 Estados): es este único órgano que define quién ocupará la silla de secretario general.

Resulta también necesario indicar, en particular a nuestros estimables lectores poco familiarizados con Naciones Unidas, que es tan solamente una vez conformada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramita a la Asamblea General mediante una simple resolución de dos párrafos, para su aprobación definitiva por aclamación por parte de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: fue lo que ocurrió en el mes de octubre del 2016 con el candidato propuesto por Portugal (véase resolución), así como en octubre del 2006 con el candidato propuesto por Corea del Sur (véase resolución). Nuestros estimables lectores de América Latina y en particular oriundos de Perú recordarán que fue esta misma resolución (véase enlace) adoptada en octubre del 1986 por el Consejo de Seguridad la que recomendaba la designación del (del hasta ahora) único secretario general oriundo de América Latina en toda la historia.

Cabe recordar que, además de los cinco Estados Miembros Permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Como suele ocurrir en toda competencia entre distintos competidores, iniciar en una posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar a la meta en primera posición.

Los sondeos informales del pasado mes de septiembre del 2026

El pasado 18 de septiembre, se realizó el tercer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, sin que se lograra desmarcar claramente una de las ocho candidaturas: véase al respecto esta nota de PassBlue que incluye una infografía sobre las progresiones y retrocesos de unos y otros y una nota nuestra explicando más en detalle lo observado, titulada: «Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad «.

En este recuadro extraído de esta nota de Security Council Report, se puede observar lo reñido de la competencia, con muy poca diferencia entre el primer y segundo lugar (dos mujeres), así como entre la tercera, cuarta y quinta posición (que comparten tres candidatos masculinos con cinco votos favorables cada uno).

Unos días después del tercer sondeo realizado, únicamente la candidata de nacionalidad chilena (que registró 11 votos desfavorables) fue la que optó por retirarse definitivamente de la contienda, tal y como lo notificaron Brasil y México de manera conjunta el 21 de septiembre (véase carta).

El que no se logre desmarcar claramente una candidatura puede significar que un desacuerdo persiste entre los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad: si se consideran únicamente las cuatro primeras posiciones, posiblemente el candidato masculino presentado de manera tardía por Uganda y el de Argentina reúnen algunos apoyos, mientras otros consideran que ya es hora que sea una mujer (candidaturas de Costa Rica y de Guyana) la que dirija los destinos de la organización internacional.

El pasado 29 de septiembre del 2026, se realizó el cuarto sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, con los siguientes resultados dados a conocer con respecto a las cuatro primeras posiciones que nos permitimos desglosar:

1- Candidata de Costa Rica: 10 opiniones favorables, 3 desfavorables y 2 «sin opinión«

2: Candidata de Guyana: 8 opiniones favorables, 6 desfavorables y 1 «sin opinión«

3: Candidato de Argentina: 8 opiniones favorables y 7 desfavorables.

4: Candidato de Uganda: 5 votos favorables, 8 desfavorables y 2 «sin opinión«.

En esta infografía extraída de esta nota de PassBlue se pueden comparar los resultados entre el tercer sondeo (realizado el 18 de septiembre) y el cuarto sondeo (29 de septiembre) para cada una de las candidaturas.

Claramente el candidato de Argentina fue el que inició un ascenso notorio, pasando de cinco a ocho votos favorables, mientras que la candidata de Costa Rica mejoró levemente (un voto favorable adicional, dos opiniones desfavorables menos, pero una «sin opinión» adicional con respecto al tercer sondeo). Al tiempo que la candidata de Guyana mantuvo exactamente las mismas marcas que las obtenidas con ocasión del tercer sondeo realizado el 18 de septiembre.

Las diversas interpretaciones sobre estas marcas registradas de unos y otros, derivan del hecho que no se sabe si detrás de las opiniones «desfavorables» y los Estados «sin opinión«, hay uno o varios Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

No se puede descartar que la actual administración norteamericana, frontalmente opuesta al multilateralismo, esté aprovechando de la situación para torpedear el proceso de designación de la persona llamada a sustituir al actual secretario general de Naciones Unidas a partir del 1 de enero del 2027.

Los resultados del sondeo realizado el 7 de octubre del 2026

Un quinto sondeo tuvo lugar de manera sorpresiva este 7 de octubre del 2026, arrojando los siguientes resultados, según esta nota publicada en las redes sociales de PassBlue:

  1. Candidata de Costa Rica: 9 votos favorables y 6 votos desfavorables
  2. Candidato de Argentina: 6 votos favorables, 7 votos desfavorables y dos «sin opinión»
  3. Candidata de Guyana: 5 votos favorables, 9 votos desfavorables y un voto «sin opinión»
  4. Candidato de Senegal: 5 votos favorables, 10 votos desfavorables
  5. Candidata de Ecuador: 3 votos favorables, 9 desfavorables y 3 «sin opinión»
  6. Candidato de Uganda: 3 opiniones favorables y 12 opiniones desfavorables
  7. Candidata oriunda de Ecuador propuesta por Tonga de manera tardía: 14 votos desfavorables, y un voto «sin opinión».

Claramente se puede observar el impacto de la crisis de la diplomacia en Costa Rica en los números obtenidos por la candidata de Costa Rica, que reduce de un voto favorable y aumenta tres votos desfavorables, pasando a un total de seis: se trata del número más importante de votos desfavorables registrado desde que iniciaron estos sondeos informales en el seno del Consejo de Seguridad. No se ha logrado tener en Costa Rica acceso a razones expresadas por algunos que expliquen este aumento de opiniones desfavorables a estas alturas de la contienda.

Por su lado el candidato argentino pierde dos votos favorables con respecto al sondeo anterior, que se trasladan a los votos «sin opinión», al tiempo que mantiene el mismo número de votos desfavorables (siete).

Para la candidata de Guyana, pierde de manera bastante notoria tres votos favorables, y mantiene el mismo número de votos desfavorables (nueve) que en el sondeo anterior del 29 de septiembre. Esta pérdida la coloca por vez primera en tercera posición.

El candidato de Senegal por su parte mantiene el mismo número de votos favorables que en la secuencia anterior (cinco), pero aumenta el número de votos desfavorables de uno adicional, pasando de nueve a diez.

El golpe reciente a la imagen internacional de Costa Rica

En el caso de la candidata de Costa Rica, resulta de interés evaluar si la crisis política que desató la sorpresiva destitución del canciller de Costa Rica por parte de la presidenta de Costa Rica, el pasado 24 de septiembre, complicó sus gestiones y le está restando fuerza a su postulación.

La reunión por la que fue «despedido» el canciller es objeto de este comunicado oficial de prensa del aparato diplomático costarricense del 22 de septiembre.

El golpe a la imagen internacional de Costa Rica, y en particular dentro de Naciones Unidas, que titula esta nota reciente de CRHoy, y las contradicciones de la Presidenta de Costa Rica con la línea de tiempo que detalla este artículo del Semanario Universidad, puede haber afectado la candidatura oficial de Costa Rica: en efecto, el peor momento que puede escoger un Estado para proceder a destituir a un canciller es hacerlo en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su intervención ante el plenario de la Asamblea General, y en la recta final de una candidatura oficial al puesto más importante dentro del organigrama de Naciones Unidas.

En este muy completo artículo publicado por Radio UCR sobre los acuerdos alcanzados durante la famosa reunión por la que fue destituido el canciller de Costa Rica, se lee que:

«El 28 de septiembre trascendieron declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien asistió al encuentro y afirmó que la participación de Trump no estaba prevista inicialmente, sino que ocurrió por un cambio de agenda. «

No está de más indicar que el alineamiento total de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel también puede estar surtiendo efectos negativos para la imagen de Costa Rica en el plano internacional: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Fomentar el libre comercio … ¿haciendo a un lado obligaciones internacionales? A propósito de varias opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel«. El pasado 25 de septiembre, Naciones Unidas procedió a actualizar la lista de empresas privadas involucradas en la colonización y en la ocupación ilegales del territorio palestino (véase enlace). Este muy completo reportaje difundido en Francia (véase enlace a versión ampliada) en días recientes revela que el apoyo económico al Hamás por parte de Catar formaba parte de una estrategia asumida del actual primer ministro israelí (que ha hecho hasta lo imposible para que no se cree en Israel una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque del 7 de octubre del 2023).

La intención genocida de Israel en Gaza ha quedado claramente establecida por diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como por parte de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo organizaciones israelíes como B´Tselem (véase informe). Los numerosos testimonios de soldados israelíes reunidos por la organización Breaking The Silence en la misma Israel denuncian el tipo de instrucciones recibidas (véase reciente entrevista en France24 -en inglés- con su director ejecutivo). El sitio de la Fundación Hind Rajab detalla cómo esta organización ha logrado rastrear a criminales de guerra en todo el mundo.

Las maniobras para restarle importancia a la situación en Gaza por parte del aparato estatal israelí (y de pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), quedó bastante bien resumida en esta entrevista publicada recientemente en Francia, realizada por uno de los grandes especialistas galos en materia de relaciones internacionales.

Resulta oportuno indicar que el pasado 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.

Foto extraída de artículo titulado «Why NAZA terrifies Israel´s liberal elite», publicado por Magazine+972 (Israel), el 2 de octubre del 2026, cuya lectura se recomienda

Cabe indicar a nuestros estimables lectores que este próximo 10 de octubre, el documental Naza se estrenará en una sala de cine en Costa Rica (véase anuncio), al tiempo que el 8 de octubre, se realizará un foro en la Asamblea Legislativa sobre la infancia en Gaza con dos reconocidos expositores (véase volante), entre varias otras actividades en Costa Rica sobre Palestina durante esta semana del 7 de octubre.

Como dato muy poco difundido, la tasa de suicidios dentro del ejército israelí es una de las más altas en el mundo militar, con casi 20 casos registrados en lo que va únicamente del 2026 (véase artículo de Haaretz y este reportaje más reciente del mismo medio israelí); a ello, hay que añadir una población de entre 50.000-70.000 reservistas y militares israelíes que sufren de síndrome postraumático luego de servir en el ejército israelí (véase artículo del Times of Israel del 2025). Desde el punto de vista de las autoridades militares israelíes, la cifra oficial es mucho menor y se evalúa en unas 30.000 personas (véase nota de prensa de la agencia de noticias turca Anadolu).

A modo de conclusión

Es posible que luego de este quinto sondeo realizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunas de las siete candidaturas que no se vieron mayormente favorecidas se retiren de la contienda para la silla de la Secretaría General de Naciones Unidas.

Cabe precisar que las candidaturas de nacionalidad argentina y costarricense comparten en América Latina un común denominador: han sido postuladas oficialmente por Estados cuyo máximo dirigente se «destaca» por una crítica frontal al multilateralismo y a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional, que rechaza la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que crítica de manera desvergonzada las normas internacionales de protección de los derechos humanos, que ha anunciado que trasladará su respectiva embajada en Israel de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, y que le ha dado la espalda a la justicia penal internacional de La Haya, objeto de inusuales ataques por parte de Estados Unidos y de Israel desde enero del 2025. En este mes de septiembre del 2026, un nuevo informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estima a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD).

En el caso de Costa Rica, con esta Asamblea General del 2026, son cinco citas anuales mundiales consecutivas en el prestigioso recinto de Naciones Unidas en Nueva York desde el 2022 en las que no participa su máxima autoridad.

UCR recomienda no aprobar TLC con Israel y advierte vacíos en derechos humanos, ambiente y participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.

La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.

El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.

El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.

El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.

El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.

Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Derechos humanos y territorios ocupados

Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.

El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.

La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.

El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.

Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.

Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-99-2026.pdf

Información enviada por el Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

El lumpen político

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

¿Podrá Lula ganar las elecciones en Brasil en la segunda vuelta?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nancy Piedra Guillén

¿Podrá Lula ganar las elecciones en Brasil en la segunda vuelta? ¿Qué ocurrió para que, contra algunas de las expectativas previas, no lograra imponerse en la primera ronda electoral?

Una reciente visita a Río de Janeiro me sensibiliza y motiva a expresar algunas valoraciones sobre las elecciones brasileñas. Durante nuestra estancia tuvimos la posibilidad de compartir análisis y preocupaciones con colegas brasileños y de aproximarnos, desde la experiencia cotidiana, al clima político que atraviesa el país. A ello se suma el seguimiento sistemático que he venido realizando en los últimos años de la coyuntura nacional, regional e internacional. Desde esa perspectiva, me interesa reflexionar no solamente sobre los resultados electorales, sino sobre algunas de las transformaciones sociales y políticas que estos expresan y sobre lo que una elección de esta naturaleza significa para América Latina.

La pregunta trasciende ampliamente las fronteras de Brasil. Lo que ocurra el próximo 25 de octubre tendrá consecuencias para el conjunto de América Latina, en un momento de fortalecimiento de las derechas y ultraderechas, de creciente confrontación geopolítica y de renovadas presiones de Estados Unidos sobre la región.

Para las fuerzas progresistas, democráticas y antiimperialistas latinoamericanas, Brasil representa hoy un espacio estratégico fundamental. No solamente por ser la mayor economía y el país más poblado de América Latina, sino también por su peso político en los procesos de integración regional, en los BRICS y en la búsqueda de una política internacional con mayores márgenes de autonomía respecto de Estados Unidos.

Los resultados de la primera vuelta obligan, sin embargo, a mirar la realidad sin complacencias. Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47,03 % de los votos válidos, mientras Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó 45,16 %. La diferencia es de poco más de 2,2 millones de votos y apenas 1,87 puntos porcentuales. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta y ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre. (Bloomberg Línea Brasil⁠)

El resultado es estrecho, pero no deja de ser preocupante para las fuerzas progresistas. Flávio Bolsonaro no solamente pasó a segunda vuelta: llegó primero y obtuvo un resultado considerablemente superior al que anticipaban algunas de las principales encuestas. Esto muestra que el bolsonarismo, lejos de haber desaparecido con la derrota de Jair Bolsonaro en 2022 y su posterior condena por el intento de golpe de Estado, conserva una extraordinaria capacidad de articulación política, cultural y electoral. (Reuters⁠)

La pregunta que corresponde formular es entonces doble: ¿qué impidió que Lula ganara la primera vuelta y qué tendría que cambiar para que pueda imponerse en la segunda?

¿Qué ocurrió con Lula?

Sería demasiado sencillo atribuir el resultado exclusivamente al crecimiento de la extrema derecha. Hay un problema más profundo: una parte importante de la sociedad brasileña no percibe en su vida cotidiana las mejoras económicas y sociales que muestran algunos indicadores nacionales.

Brasil ha registrado disminución del desempleo y de la desigualdad y una moderación reciente de la inflación. Sin embargo, estos indicadores coexisten con un fuerte malestar relacionado con el costo de la vida, particularmente con los precios acumulados de los alimentos, las altas tasas de interés y el endeudamiento de los hogares. Poco antes de la elección, una investigación de Quaest mostraba que casi la mitad de la población consultada consideraba que la economía había empeorado durante el último año, mientras solamente un 19 % percibía una mejoría. Reuters señalaba, además, que el servicio de las deudas familiares —excluidas las hipotecas— había alcanzado niveles récord en relación con los ingresos. (Reuters⁠)

Esta contradicción entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de las personas constituye un problema político central para cualquier gobierno progresista. No basta con demostrar que aumentó el empleo o disminuyó la desigualdad si las familias sienten que el salario no alcanza, si están endeudadas o si enfrentan dificultades crecientes para sostener los gastos cotidianos.

Es una vieja lección para las izquierdas: la economía se experimenta antes de convertirse en estadística.

A ello se suma el tema de la inseguridad. El costo de vida, la situación económica, la corrupción y la seguridad pública ocuparon lugares importantes en las preocupaciones del electorado durante la campaña. Flávio Bolsonaro logró articular una parte de ese malestar con un discurso que presenta a la derecha como portadora del cambio, aunque el bolsonarismo sea una fuerza política que gobernó Brasil recientemente. (Reuters⁠)

Existe también un voto claramente antipetista. Una parte del electorado puede no identificarse plenamente con Bolsonaro, pero considera prioritaria la salida del PT del gobierno. Esta dimensión no debe subestimarse: una parte del voto bolsonarista expresa adhesión ideológica a la derecha radical, pero otra se articula fundamentalmente alrededor del rechazo a Lula y al Partido de los Trabajadores.

La derecha logró concentrar el voto

Hay otro elemento fundamental. Mientras una parte del electorado de centro y derecha aparecía inicialmente distribuida entre distintas candidaturas, en la fase final una proporción importante terminó concentrándose alrededor de Flávio Bolsonaro.

Esto ayuda a explicar la diferencia entre algunas mediciones previas y el resultado de las urnas. Datafolha había mostrado durante las semanas anteriores una competencia sumamente estrecha entre Lula y Flávio, pero el resultado efectivo terminó colocando al candidato del PL por encima de las previsiones de varias encuestas. (Folha UOL⁠)

No ocurrió, por tanto, un crecimiento inesperado de Lula. Lo que se produjo fue una concentración particularmente fuerte del voto de derecha alrededor de Bolsonaro.

Este resultado confirma algo que viene ocurriendo en diferentes países latinoamericanos: las nuevas derechas y las ultraderechas han conseguido convertir malestares sociales reales en adhesiones políticas conservadoras.

Inseguridad, incertidumbre económica, resentimiento social, rechazo a las élites políticas y frustración frente a expectativas incumplidas son articulados dentro de discursos que responsabilizan al Estado, a la izquierda, a las políticas sociales y, con frecuencia, a movimientos feministas, poblaciones migrantes o diferentes minorías sociales.

El desafío de las izquierdas no consiste simplemente en denunciar esta estrategia. Consiste en comprender por qué esos discursos consiguen interpelar a sectores que, muchas veces, son también perjudicados por las políticas económicas defendidas por esas mismas derechas.

Un problema adicional: la abstención

La elección registró además una abstención de alrededor del 21,08 %, equivalente a 33,4 millones de personas, el porcentaje más alto en una elección presidencial brasileña desde 1998. (Agência Brasil)

Este dato puede adquirir enorme importancia en la segunda vuelta.

Lula no necesita únicamente convencer a personas que votaron por otras candidaturas. Necesita también movilizar a sectores populares que no participaron en la primera vuelta.

Los estudios preelectorales mostraban diferencias sociales y territoriales importantes. Lula conservaba una implantación particularmente fuerte entre personas de menores ingresos y en determinadas regiones metropolitanas, mientras Flávio Bolsonaro mostraba una presencia importante en sectores de ingresos superiores y en regiones donde el bolsonarismo se encuentra profundamente arraigado. (Folha UOL⁠)

Esto significa que la segunda vuelta también será una disputa por la participación electoral.

Para Lula, recuperar sectores populares desmovilizados podría ser tan importante como atraer una parte del electorado de centro.

Las izquierdas también deben mirarse a sí mismas

Pero hay una cuestión que me parece fundamental. Las dificultades electorales del progresismo no pueden atribuirse exclusivamente a la derecha, a las redes sociales, a la desinformación o a las intervenciones externas.

Es necesario preguntarse también por las limitaciones de las propias fuerzas progresistas.

Las izquierdas latinoamericanas no pueden limitarse a administrar adecuadamente el Estado y esperar que los resultados de las políticas sociales se transformen automáticamente en adhesión política. Gobernar y construir hegemonía no son lo mismo.

La extrema derecha parece haber comprendido muy bien esta dimensión. Construye identidades, emociones, adversarios, comunidades de pertenencia y explicaciones simples frente a situaciones sociales profundamente complejas.

La izquierda necesita volver a disputar ese terreno cultural y subjetivo.

Necesita hablar de los problemas concretos de las personas: el precio de los alimentos, las deudas, la inseguridad, la precarización del trabajo, las dificultades de las mujeres para sostener simultáneamente el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado, la incertidumbre de las nuevas generaciones y la sensación de que, incluso teniendo empleo, las posibilidades de construir una vida digna son cada vez más difíciles.

No basta con demostrar que la derecha propone políticas que pueden profundizar las desigualdades. Hay que comprender por qué logra construir esperanza, identificación o incluso pertenencia política alrededor de esas propuestas.

¿Puede Lula ganar?

La posibilidad existe y la elección permanece abierta.

Antes de la primera vuelta, las principales encuestas que midieron un enfrentamiento directo mostraban una situación muy estrecha. Datafolha registró en distintos momentos diferencias de apenas dos puntos entre Lula y Flávio Bolsonaro, dentro del margen de error. Quaest también mostraba prácticamente un empate en votos válidos poco antes de la elección. (Reuters⁠)

Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. La primera vuelta mostró una capacidad de movilización del voto bolsonarista superior a la que algunas encuestas consiguieron registrar.

Lula comienza la segunda vuelta con una desventaja de aproximadamente 2,2 millones de votos. No es una distancia imposible de revertir en un país con más de 158 millones de personas habilitadas para votar y donde 33,4 millones se abstuvieron en la primera ronda.

Pero la remontada requiere algo más que reunir a la izquierda que ya está convencida.

Lula necesitará ampliar su votación entre los sectores populares, recuperar electores desmovilizados, mejorar su desempeño en regiones decisivas y disputar una parte del electorado que rechaza simultáneamente al PT y al bolsonarismo.

La transferencia de los votos de las candidaturas eliminadas tampoco será automática. Una parte importante de los electores de las candidaturas de derecha probablemente encuentre mayor afinidad con Flávio Bolsonaro, pero otros sectores no se identifican plenamente con ninguno de los dos bloques.

La segunda vuelta comienza, por tanto, con una ventaja electoral para Bolsonaro, pero no con una elección decidida.

Brasil y América Latina

Es aquí donde la elección adquiere una dimensión que trasciende la política interna brasileña.

Brasil constituye una fuerza fundamental para cualquier proyecto democrático, progresista y de mayor autonomía latinoamericana. Su orientación internacional tiene consecuencias sobre las posibilidades de construir una región con capacidad política propia frente a las grandes potencias.

Lula ha representado una política internacional que, con sus contradicciones y límites, ha buscado fortalecer las relaciones Sur-Sur, los BRICS, el multilateralismo y una mayor autonomía brasileña en el escenario mundial. Su continuidad adquiere particular importancia en una coyuntura regional caracterizada por el fortalecimiento de gobiernos conservadores y por el retroceso electoral de algunas fuerzas de izquierda. Reuters señalaba pocos días antes de la elección que la candidatura de Lula concentraba una parte importante de las expectativas de las izquierdas latinoamericanas precisamente en un momento de avance regional de las derechas. (Reuters⁠)

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia frente a la crisis internacional contemporánea. El conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos e Israel con Irán ha profundizado la militarización de Medio Oriente y producido consecuencias sobre los mercados energéticos, el comercio internacional y las relaciones entre las grandes potencias. (Reuters⁠)

Desde una perspectiva latinoamericana y antiimperialista, no resulta indiferente quién gobierne Brasil en este contexto.

Las diferencias entre Lula y Flávio Bolsonaro son sustantivas. El actual presidente ha insistido en la defensa de la autonomía brasileña y en una inserción internacional diversificada; Flávio Bolsonaro, en cambio, mantiene una relación política mucho más cercana con Donald Trump y con las nuevas derechas internacionales. Reuters ha destacado precisamente estas orientaciones contrapuestas al analizar la elección brasileña. (Reuters⁠)

A ello se suman las controversias generadas por las posibles intervenciones externas sobre el proceso político brasileño. En septiembre, la Agencia Brasileña de Inteligencia informó a delegaciones francesas y alemanas sobre presuntas acciones de interferencia electoral provenientes de Estados Unidos y Rusia. Se trata de acusaciones que deben analizarse con cautela y cuya comprobación corresponde a las instituciones competentes, pero que muestran hasta qué punto la elección brasileña está inserta en una disputa geopolítica que trasciende ampliamente sus fronteras. (Reuters⁠)

Esto no significa idealizar a Lula ni desconocer las contradicciones y limitaciones de sus gobiernos.

Una perspectiva crítica de izquierda debe precisamente evitar convertir dirigentes políticos en figuras incuestionables. Debe mantener la capacidad de señalar errores, límites y contradicciones.

Pero tampoco puede desconocer las diferencias existentes entre proyectos políticos que plantean orientaciones distintas respecto de la democracia, las políticas sociales, el papel del Estado, la integración latinoamericana y la autonomía frente a Estados Unidos.

Una segunda vuelta decisiva

La primera vuelta brasileña deja una advertencia que debería ser observada con atención en toda América Latina.

La extrema derecha no es un fenómeno pasajero ni puede explicarse solamente como resultado de la manipulación, la desinformación o la ignorancia política. Posee bases sociales, discursos, organizaciones, recursos y una notable capacidad para transformar el malestar cotidiano en identidad política.

La izquierda necesita comprender esas transformaciones.

La posibilidad de una victoria de Lula existe. Pero dependerá de que consiga convertir las próximas semanas en algo más que una campaña electoral defensiva.

Tendrá que volver a conectar las políticas públicas con la experiencia cotidiana de las mayorías, recuperar a quienes se han alejado de la política y disputar políticamente las incertidumbres, los miedos y las expectativas que hoy están siendo organizados también por la derecha.

El 25 de octubre Brasil no decidirá únicamente quién ocupará la Presidencia de la República.

Estarán en disputa proyectos profundamente diferentes de democracia, política social, soberanía nacional e inserción internacional.

Y, por el peso político, económico y simbólico de Brasil, esa decisión inevitablemente repercutirá sobre toda América Latina.

Referencias y fuentes consultadas

Agência Brasil. 2026. “TSE vai trabalhar para diminuir a abstenção no segundo turno”. 4 de octubre de 2026. Información basada en los datos de totalización del Tribunal Superior Electoral: abstención de 21,08 %, equivalente a 33,4 millones de electores. (Agência Brasil⁠)

Datafolha / Folha de S. Paulo. 2026. Diversos levantamientos sobre intención de voto en primera y segunda vuelta, composición social del electorado y distribución territorial de las preferencias electorales, septiembre-octubre de 2026. (Folha UOL⁠)

Folha de S. Paulo. 2026. “Quaest: Lula (46%) e Flávio Bolsonaro (45%) têm empate técnico em votos válidos”. 3 de octubre de 2026. (Folha UOL⁠)

Reuters. 2026. “In Brazil, frustration over cost of living undermines Lula’s reelection bid”. 26 de septiembre de 2026. Análisis sobre costo de vida, endeudamiento de los hogares, empleo, desigualdad y percepción económica durante el gobierno de Lula. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “In final election fight, Brazil’s Lula carries hopes of Latin America’s receding left”. 29 de septiembre de 2026. Análisis sobre la relevancia regional de la elección brasileña y la posición internacional del gobierno de Lula. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Brazil briefed French, German officials on alleged US, Russian election interference”. 30 de septiembre de 2026. Información sobre las denuncias brasileñas de posibles interferencias externas en el proceso electoral. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Bolsonaro will face Lula in runoff in Brazil’s presidential vote”. 4 de octubre de 2026. Cobertura de la primera vuelta electoral, principales preocupaciones del electorado y contexto de la segunda vuelta. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Brazil election results”. Octubre de 2026. Información sobre las candidaturas, el proceso electoral, la posición internacional de Lula y las relaciones de Flávio Bolsonaro con el gobierno estadounidense. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. Información y análisis sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado en febrero de 2026 y sus consecuencias sobre los mercados energéticos y la situación geopolítica internacional. (Reuters⁠)

Tribunal Superior Eleitoral de Brasil (TSE). 2026. Resultados oficiales de las elecciones generales de Brasil, primera vuelta, 4 de octubre de 2026. Sistema oficial de divulgación de resultados electorales.

UOL. 2026. “2026 tem maior índice de abstenções, com 33 milhões que não foram votar”. 4 de octubre de 2026. (BOL⁠)

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

El púlpito, el presupuesto y el miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.

El futuro robado: la creación de inseguridad y miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.

No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.

La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.

En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.

La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.

El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.

Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.

La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.

La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.

1 Catedrático. Docente e investigador jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Estética de lo horrendo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Son feos. Digo. Corporalmente.

Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas. Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados. Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.

Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo. Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina. Y más acá.

Feos, locos, desencajados.

Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.

Ahí sí son feos con ganas.

Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza de espíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.

Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.

Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.

La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus. A esa representación acudimos hoy. Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.

Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.

Que así sea.

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

Escrito en . Publicado en Análisis.

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.

Lidiando con Washington: diplomacia y autodeterminación

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El encuentro de Xi Jinping con Donald Trump y los discursos de Trump, y del presidente de Irán y de la presidenta de Venezuela ante la ONU plantean una pregunta: ¿cómo lidiar con Washington sin renunciar a decidir el propio rumbo? La “estabilidad estratégica” convive con amenazas y acuerdos desiguales. Trump habló de “aniquilar” a Irán y reivindicó la operación estadounidense en Venezuela y el acceso posterior a su petróleo.

China tiene una capacidad económica y política que le permite negociar como gran potencia. Xi propuso cooperar, encauzar la competencia y gestionar las diferencias; también pidió reanudar las negociaciones con Irán. Beijing busca estabilidad para desarrollarse. Aquí la autodeterminación se expresa en poder dialogar, disentir y mantener opciones propias, sin que el otro dicte el desenlace.

Irán enfrenta una amenaza más inmediata. Masoud Pezeshkian defendió en la ONU la seguridad de su país y el uso pacífico de la tecnología nuclear, sin cerrar una salida negociada. Su firmeza recuerda que amenazar con destruir al interlocutor altera el sentido de la diplomacia. ¿Qué garantías permitirían negociar sin convertir la supervivencia en moneda de cambio?

Venezuela ensaya otra respuesta. Delcy Rodríguez agradeció la disposición de Trump a cooperar y destacó el acuerdo energético, a la vez que reclamó soberanía y ausencia de injerencia. La reconstrucción y el ingreso de recursos pueden hacer razonable negociar. Pero Trump presenta el petróleo como fruto de la victoria de las cañoneras. Importa entonces saber quién decide las ventas, administra los ingresos y puede revisar los compromisos. Una mejora económica no despeja el costo político del acuerdo.

Lidiar con Washington exige diplomacia; llamarla defensa de la autodeterminación requiere algo más.

La prueba está en el margen para rechazar exigencias, conservar socios y controlar los recursos, en las garantías frente a la fuerza y en la participación efectiva de cada pueblo en decisiones que comprometen su futuro.