La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, en el marco de la conmemoración de su 30.º aniversario, invita a participar en la conferencia virtual «La Neuroprotección del Ejercicio Físico», que será impartida por el Dr. Orlando Quesada Vargas, miembro fundador y honorario de ACANAMED.
La actividad se realizará el jueves 30 de julio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).
Las personas interesadas en participar mediante Zoom deben confirmar su asistencia escribiendo al correo info@acanamed.com o comunicándose al teléfono 2296-7615, con el fin de recibir el enlace de acceso. La organización informa que el cupo es limitado.
La conferencia también será transmitida en Facebook Live a través de la página de ACANAMED – Academia Nacional de Medicina de Costa Rica.
La Academia Nacional de Medicina invita a profesionales de la salud, personas investigadoras, estudiantes y público interesado a participar en esta actividad dedicada a analizar los efectos neuroprotectores del ejercicio físico.
Los vertidos de la planta de tratamiento en Cartago NO cumplen con la normativa vigente.
Comunidad señala olores insoportables y la muerte del río la Chinchilla por tanta contaminación.
Sala Cuarta acogió recurso de amparo.
El Frente Ecologista de Cipreses denuncia que los vertidos líquidos provenientes de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA estarían contaminando una quebrada ubicada en la calle vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago. Según análisis de laboratorio realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, las descargas presentan incumplimientos respecto a parámetros establecidos en la normativa nacional sobre vertidos de aguas residuales (ver anexos). Esta situación genera importantes afectaciones ambientales y molestias para las comunidades vecinas.
Las personas vecinas denuncian que los vertidos generan olores intensos y persistentes que afectan la calidad de vida de quienes habitan en La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno. Según relatan, los malos olores alcanzan incluso las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA, así como caseríos y urbanizaciones cercanas.
Los análisis realizados por el laboratorio acreditado del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica evidencian que los vertidos de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, vigente en Costa Rica desde 2007. Esta normativa fija los parámetros de calidad que deben cumplir las descargas de aguas residuales hacia cuerpos de agua superficiales, con el fin de proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública. En particular, elInforme de Resultados LCA-103-2026 (2), emitido el 11 de junio de 2026, muestra que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan ampliamente los límites permitidos para la industria láctea, lo que evidencia una elevada carga de contaminación orgánica en las aguas descargadas al río (ver Cuadro 1 y análisis adjuntos del CICA-UCR).
Parámetro
Resultado
Límite permitido
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
859 mg/L
500 mg/L
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
449 mg/L
200 mg/L
Sólidos Suspendidos Totales (SST)
101 mg/L
100 mg/L
Cuadro 1 de resultados obtenidos por el laboratorio CICA de la UCR en color rojo y comparación de límites máximos de manufactura de productos lácteos (ver pág. 43 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.º 33601. Presidente de la República, el ministro de Ambiente y ministra de salud.
¿Qué significan la DBO y la DQO?
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es uno de los principales indicadores utilizados para medir la contaminación orgánica del agua. Este parámetro determina cuánto oxígeno necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en un vertido. Cuando la DBO es muy alta significa que existe una gran cantidad de residuos orgánicos que consumirán el oxígeno disponible en el río. Esto puede provocar que peces, crustáceos, insectos acuáticos y otros organismos no dispongan del oxígeno necesario para sobrevivir.
Por su parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide la cantidad total de sustancias oxidables presentes en el agua, incluyendo materia orgánica biodegradable y otros compuestos químicos. Es un indicador de la carga total de contaminación que recibe un cuerpo de agua. Cuanto mayor es este valor, mayor es el impacto potencial sobre la capacidad natural del río para mantener su equilibrio ecológico.
Se adjuntan los resultados de dos análisis de calidad del agua realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. La primera muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (1), fue tomada en el cauce de la quebrada aguas arriba del punto de descarga de la planta de tratamiento de SIGMA y evidencia una buena calidad del agua. La segunda muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (2), fue recolectada directamente en el punto donde se realizan los vertidos de la empresa y muestra valores que superan los límites máximos permitidos por la normativa nacional para parámetros como la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), evidenciando una elevada carga de contaminación orgánica.
Con base en estos resultados, el Frente Ecologista de Cipreses presentó el 29 de abril de 2026 una denuncia ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía, señalando que los vertidos estarían afectando la calidad del agua de la cuenca y, con ello, la biodiversidad asociada al ecosistema acuático.
Fabián Pacheco, integrante del Frente Ecologista de Cipreses y firmante tanto de la denuncia presentada ante el SITADA como del recurso de amparo, manifestó: «Suponemos que la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no tiene la capacidad suficiente para procesar la totalidad de las aguas residuales que genera la actividad industrial y, por esa razón, se realizan vertidos frecuentes de lodos y residuos líquidos con olores fétidos. Resulta muy preocupante observar que esta quebrada nace apenas unos cien metros antes del punto de descarga y que, en tan corto recorrido, su calidad ambiental se vea seriamente afectada. En la zona no existen otras actividades que expliquen esta contaminación, por lo que solicitamos a las autoridades exigir a la empresa la modernización y ampliación de su planta de tratamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.»
El Frente Ecologista de Cipreses señala que este problema ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades desde hace varios años sin que las instituciones competentes hayan logrado resolverlo de manera efectiva. Si bien la empresa cuenta con un permiso de vertido otorgado por la Dirección de Agua del MINAE, la organización recuerda que dicha autorización no exime del cumplimiento permanente de los límites establecidos en la legislación ambiental ni justifica descargas que excedan los parámetros permitidos.
Por ello, la organización exige que la empresa realice las inversiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de su planta de tratamiento y solicita a las autoridades ambientales y sanitarias ejercer una fiscalización efectiva para asegurar el cumplimiento de la normativa. Como señaló la integrante del Frente Ecologista de Cipreses, Isabell Méndez Garita: «Exigimos a las autoridades competentes hacer cumplir la normativa ambiental y de salud pública. Son muchos años de denuncias formales sin una solución definitiva. Las comunidades tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a que las instituciones cumplan con su deber de proteger los ríos y la salud de la población.»
Captura obtenida del sitio oficial de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en la que se observa el punto autorizado para el vertido de aguas residuales (identificado con un punto azul y señalado con un círculo rojo). Según el Frente Ecologista de Cipreses, este corresponde al mismo sitio donde se ubica el tubo de descarga mostrado en la Foto 1. El punto se localiza en el sector de La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago, sobre el camino ubicado al sur del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA. En la parte superior central de la imagen se observa la infraestructura de la planta de la empresa SIGMA.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada La Chinchilla, donde se observa la salida de aguas residuales provenientes de la industria láctea. Fotografía tomada el 29 de abril de 2026. Ubicación: ingresando por el Servicentro Corazón de Jesús, dos kilómetros al sur por el camino viejo a La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago. Coordenadas: 9.886260, -83.893013. Google Maps: https://www.google.com/maps?q=9.886260,-83.893013.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada. En la imagen se observa la toma de muestras de agua realizada por personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, directamente en la salida del tubo de vertido. Fotografía tomada el 13 de mayo de 2026.
Exigimos desde el Frente Ecologista de Cipreses:
• Que el Ministerio de Salud establezca un programa de monitoreo permanente de los vertidos de la planta de tratamiento, solicitando al menos cada tres meses análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas u otra entidad pública competente, con el fin de verificar, mediante un control independiente, el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, en aplicación del principio pro natura.
• Que las autoridades competentes adopten las medidas cautelares ambientales que correspondan cuando existan incumplimientos comprobados de la normativa, incluyendo, de ser procedente, la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento hasta que se demuestre fehacientemente el cumplimiento de los parámetros establecidos para la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST).
• Que las denuncias ambientales presentadas mediante las plataformas oficiales del Estado, como el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), sean atendidas con procesos de fiscalización efectivos, coordinados y oportunos, garantizando que las instituciones competentes actúen de manera diligente y eviten que estos mecanismos pierdan su propósito de protección ambiental.
• Que la resolución de la Sala Constitucional establezca medidas concretas, verificables y sujetas a seguimiento, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia y la solución definitiva del problema denunciado.
• Que se investigue la actuación de las autoridades competentes, particularmente del Ministerio de Salud, para determinar si la respuesta institucional brindada frente a las denuncias presentadas durante los últimos años ha sido adecuada y suficiente para proteger el derecho de la comunidad a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
• Que se reconozca que la contaminación de una quebrada no constituye un problema exclusivamente local. Los contaminantes son transportados por el cauce hacia otros ríos y cuerpos de agua, extendiendo sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades ubicadas aguas abajo dentro de toda la cuenca hidrográfica.
Rocío Alfaro Molina, electa como representante del sector sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no ha sido juramentada por el Gobierno pese a su designación. Ante esta situación, ella y un grupo de representantes de la dirigencia sindical emitieron un comunicado en video en el que denuncian que ese bloqueo mantiene obstaculizado el funcionamiento normal de la junta directiva y anuncian que ya se han iniciado acciones legales al respecto. A continuación, la transcripción completa de su mensaje:
“Hoy queremos enviarle un mensaje a todas nuestras bases sociales y sindicales. Mientras miles de costarricenses esperan una cita, una cirugía o respuestas sobre sus pensiones, el Gobierno mantiene obstaculizado el funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja. ¿Por qué? Porque se niega a juramentar a las y los representantes que fueron elegidos legítimamente por los sectores trabajador y patronal, conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
¿Y cuál es la consecuencia? Mientras estas representaciones no sean juramentadas, la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar con normalidad. Eso significa retrasar decisiones fundamentales sobre la salud y las pensiones de toda la población. Además, el Gobierno ha puesto pretextos no solo al movimiento sindical, sino también al solidarista y hasta al empresarial.
Por eso, desde el movimiento sindical ya se tomaron acciones legales, porque esta es una lucha por Costa Rica: es una lucha por defender el derecho de toda la ciudadanía a una caja que funcione, que tome decisiones y que responda a las necesidades del país. Por eso hacemos un llamado claro: exigimos que se permita sesionar a la Junta Directiva legalmente electa, porque la caja es de todos y todas.
Le decimos al Gobierno: dejen de sabotear la caja. La caja no se vende, la caja se defiende”.
El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita a participar en un nuevo panel titulado «Enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental», un espacio dedicado a reflexionar sobre los aportes de distintas disciplinas para comprender y fortalecer la salud mental desde una perspectiva integral.
La actividad se realizará en vivo el viernes 3 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (UTC-6), y será transmitida a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
Panelistas invitados
El panel contará con la participación de dos especialistas provenientes de las ciencias biológicas y de la salud.
Participará Andrey Sequeira Cordero, Ph.D. en Biología, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), especializado en genética humana, neurobiología del estrés y las bases biológicas de los trastornos.
También estará presente Jenny Vásquez Vásquez, enfermera y obstetra de la Universidad de Costa Rica, terapeuta holística y sexóloga en consulta privada.
El diálogo buscará abordar cómo el enriquecimiento ambiental puede contribuir al bienestar psicológico y emocional, integrando conocimientos provenientes de la biología, la salud, la neurociencia y la experiencia clínica.
Transmisión y emisoras aliadas
Además de las plataformas digitales del programa, la actividad cuenta con el respaldo de diversas emisoras comunitarias y culturales:
Guanacaste 106.1 FM.
Radio Soberanía.
Radio Revolución.
506 Ondas Alajuelita.
Voces Libertarias 97.3 FM.
Las personas organizadoras invitan al público a seguir esta conversación y participar en un espacio de reflexión sobre alternativas para promover la salud mental desde enfoques interdisciplinarios y preventivos.
El Consejo Universitario advierte que reformas sin base técnica causarían un ‘daño irreparable’ a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Universidad de Costa Rica (UCR) instó a las autoridades del Estado a analizar con detenimiento el contexto, las causas estructurales de la situación actual y los efectos que cualquier transformación pueda tener sobre los principios de universalidad, equidad y solidaridad que han caracterizado históricamente a la seguridad social costarricense.
La preocupación de esta Casa de estudios superiores surge luego de que trascendieran las intenciones del diputado Nogui Acosta Jaén, de impulsar «cambios profundos» en la gestión de la salud pública.
Para la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye la columna vertebral de la institucionalidad democrática surgida tras la guerra civil de 1948, por lo que su fortalecimiento y preservación son fundamentales para reducir las desigualdades sociales.
En ese sentido, considera que la persistencia de la deuda estatal con dicha institución es motivo de preocupación permanente la, ya que supera los cuatro billones de colones, afecta la sostenibilidad financiera del sistema y genera tensiones sobre la capacidad para garantizar la universalidad de sus servicios.
A esto se suman los datos de la Auditoría de la CCSS, que advirtió que el presupuesto estatal previsto para el próximo año apenas cubriría el 1,9% de la deuda pendiente. Para el Consejo Universitario, esta situación evidencia una marcada brecha entre las necesidades financieras de la Caja y el respaldo que recibe por parte del Estado.
Para la UCR, toda reforma debe basarse en un análisis riguroso de las tensiones estructurales del sistema, así como en criterios técnicos, científicos y jurídicos, para evitar medidas que puedan profundizar los problemas existentes y agravar la situación del sistema de salud.
El miércoles pasado fui a una cita de la especialidad de otorrinolaringología al Hospital Calderón Guardia a las tres de la tarde. La cita me la habían dado hacía como dos años antes. El papelito que portaba ya amarillento por el tiempo donde apenas se leía presentarse 15 minutos antes y el lugar, Clínica Central, segundo piso.
Disciplinadamente me presenté en la ventanilla respectiva 20 minutos antes; la respuesta de la señora que la atendía fue que ya en esa Clínica no se atendían pacientes de Oto porque todos se habían trasladado al Hospital Calderón Guardia. Mi reclamo fue que por qué no me habían avisado, con la consabida respuesta: No lo sé, pero vaya al Hospital en el segundo piso, edificio histórico.
Hacia allá me dirigí, ilusionado que en ese lugar me atenderían. Después de buscar por varios lugares dónde se encontraba el sitio, me presenté ante otras dos señoras o señoritas a la cuales les trasmití que había sido enviado por la señora de la Clínica. Mostré mi papelito amarillento de más de dos años. La señora casi ni quiso tocarlo, probablemente lo vio como un documento ajado y destartalado porque el paciente lo había andado quien sabe por dónde, sin comprender que su estado se debía exclusivamente al paso del tiempo y fruto de que las letras también se van borrando. Inmediatamente me lo devolvió. No, me dice. Para atenderlo aquí usted necesita una referencia del Ebais. Ante lo cual, le respondo: pero por qué otra referencia, dado que si yo ya tengo una cita en la especialidad de Otorrinolaringología en la Clínica Central y de ahí transfirieron todos los pacientes al Hospital es porque ya habían sido referidos por el Ebais. Entonces, ¿ahora tengo que ir al Ebais pedir cita para que me den una nueva referencia y que ustedes me den cita, dos años después? ¿No le parece absurdo? ¿Las diferentes instancias -le dije- no se hablan entre sí, no hay un solo expediente? Yo solo soy una empleada, responde. La verdad es que sí, me digo para mis adentros; habría que mover toda la estructura inmensa, gigantesca de la Caja, para cambiar algo tan sencillo, pienso. ¿Pero quién podrá hacerlo? ¿Las personas individualmente no, los sindicatos, las juntas de salud, las autoridades de la Caja?
Bueno, le digo ya rendido. Si traigo otra referencia ¿me atiende? No, contesta. Tiene que llevarla a la oficina que recibe las referencias que queda100 metros después de pasar la línea del tren y me señala el oeste. Luego ellos la estudian y días después usted debe pasar a recogerla para venir a sacar la cita. De donde me encontraba tenía que caminar como 300 metros, cerca de la Cancillería, para llegar, después de haber peregrinado por todo el edificio histórico del Hospital.
— ¡Ah!, pero hay algo más. Que allí atienden hasta las 3 de la tarde.
¡Casi me desmayo!, entre el calor, la ofuscación, la cólera y la incomprensión de cómo una institución de salud se había convertido en una Institución tan poco “amigable con el usuario”, como dicen ahora. La verdad no me salió del alma ni un gracias, porque hubiera sido muy hipócrita.
Ya me retiraba del Hospital derrotado, cuando pensé.
Hombre, cómo me voy a ir así. Y se me ocurrió la gran idea de que en ese lugar debía existir una Contraloría de Servicios. Me voy para allá, al fin y al cabo, esta experiencia podría ser una oportunidad de mejora.
Pregunté a los guardas, dónde estaba la oficina, estos no sabían y consultaron por radio. Al rato me informaron que quedaba frente al Corazón de Jesús, siguiendo ese pasillo. Al fin logré ubicarla, pero no había nadie. Esperé y esperé. Al rato vi una puerta con un rótulo de Contraloría de Servicios y toqué. Pregunté si nadie atendía en la ventanilla; se asomó la muchacha y dijo que probablemente el señor andaba en el baño. Que esperara. Al buen rato, llegó el señor, arrastrando los pies, con un andado que mostraba que estaba cerca de su hora de salida y que no quería que ya nadie lo importunara o que lo jodiera con mierdas de reclamos. Volví con mi cuento, enseñé el papelillo amarillento con mi cita dada hace dos años que el señor vio como con asco y ni siquiera tocó. En síntesis, vengo a poner una queja puede ser que estas cosas se puedan corregir.
—Yo lo más que puedo hacer, me dice, es darle una nota dirigida al director de Oto para que usted la lleve y ver si él le resuelve algo.
La verdad es que ese fue el tiro de gracia. Había sido liquidado, totalmente derrotado y aniquilado por el entramado hospitalario. Ni siquiera recibió mi queja, que es su obligación y darle trámite a la misma.
— No gracias, le contesté, y me fui.
¿Por qué hacen al usuario pasar por este calvario?
No estamos ante el asunto de las listas de espera, de los especialistas, de la saturación de emergencias y de otros problemas mucho más complejos. Son cosas más pequeñas, elementales, que aliviarían el trajinar de los asegurados, que pueden resolverse si se dan a la tarea de organizar de mejor manera las cosas, al servicio de los asegurados y no al servicio de los trabajadores de la Caja.
En la época de la tecnología hay cosas que me pregunto si no pueden ser corregidas y mejoradas sustancialmente, agregando un ahorro financiero para la Institución.
¿Pueden las referencias que remiten los Ebais ser enviadas directamente a las oficinas respectivas por correo electrónico, con un solo clic, sin que sea el asegurado el que tenga que hacer el trámite?
Además, las oficinas que reciben referencias tienen horarios diferentes para recibirlas, creando una dificultad más al asegurado, una pérdida de horas trabajo a los trabajadores.
Siempre me he preguntado por qué el Hospital no concentra en un solo lugar todo lo referente al otorgamiento de citas. Los hospitales nacionales tienen kilómetros de pasillos que para el asegurado es difícil transitar y orientarse.
Las personas tienen que deambular, ir de un lugar a otro por todo el Hospital y sus alrededores para concretar una cita: si es rayos X, ir a ese lugar, si es laboratorio ir ahí, si es cardiología y todo el resto de las especialidades, ir a cada una de ellas. Un único centro de citas ahorraría tiempo y fuerzas al asegurado y habría menos personal en estas tareas.
En la época tecnológica es absurdo esa organización del trabajo. Tal vez con un poquito de buena voluntad y pensando primero en el asegurado, se podrían resolver muchos problemas, pequeños pero que fastidian la vida de las personas.
Por mi parte, tendré que iniciar todo el procedimiento para que dentro de 2 años me vea el especialista en Oto. Claro si no cambian nuevamente el lugar de atención.
Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.
La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.
La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.
Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.
Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.
La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.
En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.
Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.
La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.
El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.
Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.
En las últimas décadas, globalmente se ha deteriorado el humanismo en la medicina, cuya esencia es el servir con empatía y hacer sentir a los pacientes el cariño de aquel que busca aliviar sus dolencias. La presencia amplia de dispositivos tecnológicos ha generado que los médicos hoy tengan que dedicar más tiempo a las tareas administrativas, incluyendo el cumplimiento con los requisitos del llenado de los expedientes electrónicos, olvidándose, por falta de tiempo, de sentarse, escuchar, dedicarle al enfermo el tiempo necesario, de acuerdo a sus necesidades afectivas y de salud. Hoy la tecnología nos alcanzó y nos rebasó, lo que tal vez desemboque en el futuro en un médico híbrido: medio humano, medio robot.
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la práctica médica; bien empleada y enseñada, puede llegar a ser parte positiva de un armamentario que redunde en una mejor calidad de atención del paciente con coherencia, con habilidades clínicas y humanistas inherentes a ese ser humano que decidió abrazarse con absoluta dedicación y verdadera vocación a la más noble de las profesiones. Por lo tanto, su incorporación debe realizarse bajo principios de seguridad, supervisión humana, protección de datos, verificación de fuentes y responsabilidad profesional.
En los estudiantes de medicina, la IA ha reemplazado la búsqueda manual de información en las revistas indexadas, porque ahorra tiempo. La mayoría de las veces provee información rápida que satisface al usuario, pero este no sabe cómo llega a sus resultados y que no está exenta de errores. También es utilizada para compararla con el diagnóstico y un plan de tratamiento planteados por el humano, pero conlleva el riesgo de abandonar el pensamiento crítico, la corroboración de información y de reemplazar la relación empática médico paciente. Esta Academia propone:
En primer lugar, la IA debe ser usada para apoyar y reforzar el razonamiento clínico, no para substituirlo. Es un complemento, una herramienta, no un instrumento en sí mismo. Generar posibles diagnósticos diferenciales que no se han tomado en cuenta, detectar “banderas rojas” antes de su manifestación obvia. Ordenar casos clínicos para no pasar por alto información. Detectar patrones desconocidos de enfermedades.
Para fines educativos para el estudiante de medicina y formativos para el médico joven, la IA facilita el acceso a mayor información, al revisar bases de publicaciones científicas, lo que permite hacer búsqueda de citas bibliográficas de determinado tema para luego revisarlas. En la docencia, la IA es útil para preparar clases y entrenar a médicos residentes en casos complejos, siempre verificando las fuentes. Debe recordarse que la IA inventa información.
La IA mejora la eficiencia administrativa, dejando más tiempo al médico para función eminentemente clínica y docente.
La IA mejora la comunicación con el paciente, permite dar información, recomendaciones o instrucciones en forma más clara y más fácil de comprender. Explicar benéficos y riesgos de tratamientos, en un lenguaje más cercano al paciente. Crear instructivos para determinada enfermedad crónica, de forma que el paciente lo comprenda cabalmente y lo motive para la adherencia al tratamiento. Resumir publicaciones médicas.
La IA no debe usarse como autoridad final para diagnóstico, tratamiento, indicación quirúrgica, pronóstico, triaje crítico o decisiones médico-legales sin validación humana y contexto completo.
Se debe introducir al estudiante de medicina en el uso adecuado y analítico de la IA. Debe explicarse las bases de su funcionamiento y sus diferentes tipos de uso médico, destacar sus fortalezas y debilidades, aplicar el tipo de IA idónea según cada necesidad y situación contextual, siempre teniendo en mente que es un instrumento complementario para el médico, no su reemplazo, ya que el juicio emitido por la IA no siempre es correcto y que se debe verificar y evaluar según la situación. Debe enseñarse cómo elaborar preguntas (prompts), cómo proteger la privacidad del paciente, cómo se debe interpretar una respuesta generada por la IA y cómo verificarla. También debe enseñarse qué son los sesgos, errores, alucinaciones y las limitaciones de IA. Quienes forman nuevos médicos, deben inculcar humanismo, desarrollar habilidades clínicas y razonar críticamente, basado en evidencia, no en ocurrencia y mucho menos, en datos globales. Los pacientes son seres únicos, irrepetibles, no reproducibles y por ende, merecen ser tratados, como tales.
En conclusión, la IA debe ocupar en medicina el papel de un copiloto clínico, educativo y administrativo que fortalezca el razonamiento clínico, facilite la actualización científica, mejore la eficiencia documental y fortalezca la comunicación con el paciente. Su uso exige pensamiento crítico, supervisión humana, verificación de fuentes, protección de la privacidad y reconocimiento explícito de sus limitaciones. La formación médica contemporánea debe preparar a los futuros profesionales para utilizar la IA con competencia técnica, criterio clínico y responsabilidad ética.
Junta Directiva Academia Nacional de Medicina de Costa Rica Junio, 2026
15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores
Dr. Fernando Morales Martínez Médico Geriatra y Gerontólogo Decano Facultad de Medicina Universidad de Costa Rica
Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.
Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.
En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.
En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.
En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.
El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.
Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.
Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.
Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.
En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.
La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.
Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.
Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.
El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.
Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) expresó su reconocimiento y respaldo a la decisión del movimiento sindical costarricense de designar a Rocío Alfaro Molina como representante de ese sector ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Mediante un pronunciamiento, FRENASS destacó que continuará defendiendo el derecho a la salud pública y a la CCSS como institución benemérita y pilar del desarrollo y la paz social del país, labor que, según indicó, espera fortalecer en coordinación con la nueva representante sindical.
De acuerdo con declaraciones de Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS, la elección de Rocío Alfaro fue acordada por el movimiento sindical en asamblea y constituye una decisión que la organización recibe con satisfacción.
Ovares señaló que Alfaro se ha caracterizado por mantener una relación cercana con los movimientos sociales y por impulsar iniciativas legislativas orientadas a la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, destacó su participación en el informe de minoría elaborado durante la investigación de las irregularidades denunciadas en la institución, documento que calificó como una defensa contundente de la CCSS.
“Rocío se caracterizó por ser una diputada de puertas abiertas a los movimientos sociales para presentar iniciativas de ley a favor de esta gran institución”, afirmó el dirigente.
El coordinador de FRENASS agregó que la trayectoria de Alfaro le ha permitido conocer de cerca los principales problemas que enfrenta la institución, razón por la cual considera positiva su incorporación a la Junta Directiva en representación del sector sindical.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso histórico con la defensa de la seguridad social costarricense y manifestó su disposición de acompañar y respaldar el trabajo que desarrolle Rocío Alfaro Molina desde el órgano directivo de la CCSS.
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