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ACSS denuncia que la CCSS no responde si mantiene el criterio que prohíbe usar fondos del IVM para otros fines (Parte 13)

Escrito en . Publicado en Salud.

SURCOS continúa la serie dedicada a las denuncias y análisis de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) sobre la gestión de los fondos y reservas de los seguros que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En las entregas anteriores, la ACSS ha sostenido que recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se han usado para financiar obligaciones que corresponden al Estado, en contradicción con el artículo 73 de la Constitución Política. En ese marco ha planteado preguntas y solicitudes de información a distintas instancias de la institución.

En esta decimotercera entrega, la ACSS informa sobre la respuesta parcial que recibió de la Dirección Jurídica de la CCSS después de presentar un recurso de amparo. Según la organización, la institución respondió solo dos de los seis puntos consultados y evitó pronunciarse sobre la pregunta central: si mantiene o modificó el criterio jurídico de 2008 que prohíbe destinar los fondos del seguro social a fines distintos de aquellos para los que fueron creados. La consulta ocurre en un momento en que la CCSS analiza reformas al IVM, como reducir beneficios, aumentar las cuotas requeridas para pensionarse y hacer que las personas pensionadas coticen para el seguro de salud.

A continuación, el comunicado de la ACSS.

CCSS se niega a entregar información de interés público solicitada por la ACSS sobre el uso de los fondos y las reservas del seguro social obligatorio

(Parte 13)

La gestión de los recursos de la seguridad social continúa bajo escrutinio ciudadano. Esta publicación constituye la decimotercera entrega de la serie que SURCOS Digital ha dedicado al análisis y seguimiento de las decisiones de la CCSS en materia de gestión de los fondos y reservas de los seguros que administra. En esta ocasión, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informa sobre la respuesta parcial emitida por la Dirección Jurídica de la institución a su oficio ACSS-016-2026 del 22 de setiembre de 2026.

La respuesta de la CCSS llegó únicamente después de que la ACSS interpusiera un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual aún se encuentra en fase de estudio. Para entonces, ya había transcurrido el plazo legal sin que la organización recibiera contestación. El documento remitido por la institución, suscrito por el Lic. Ricardo E. Luna Cubillo, jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, puede consultarse en el oficio GA-DJ-10146-2026 y refiere que lo envía “con instrucciones del Director Jurídico con rango de Subgerente, y con su autorización”, puesto que desde hace varios años es ocupado por Gilberth Alfaro Morales, quien también ocupó el cargo de gerente administrativo a.i. de la CCSS, según lo reportó CrHoy en el año 2022.

El tema de fondo reviste un evidente interés público en momentos en que la CCSS analiza reducir beneficios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aumentar las cuotas requeridas para pensionarse y obligar a los pensionados a cotizar para el seguro de salud, entre otras medidas. La ACSS solicitó a la Dirección Jurídica que aclarara si mantiene o modificó el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08, del 7 de mayo de 2008. En ese pronunciamiento, la propia asesoría jurídica de la Caja concluyó que el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política prohíbe utilizar los fondos y reservas del seguro social obligatorio para fines distintos de aquellos para los cuales fueron creados. Esto implicaría que dichos recursos no pueden destinarse al financiamiento de programas de salud establecidos por leyes especiales, como el seguro de salud por cuenta del Estado (Artículos 2 y 7 de la Ley N.° 5349), el seguro de salud de los pensionados (Ley N.° 5905) o el primer nivel de atención de la salud que debe ser financiado por el Estado (Artículos 7 al 9 de la Ley N.° 7374).

Sin embargo, la respuesta remitida por el señor Ricardo E. Luna Cubillo dejó sin atender el núcleo de la petición. De los seis puntos de información solicitados por la ACSS, únicamente se respondieron dos. Más aún, la Dirección Jurídica evitó pronunciarse sobre la pregunta central: si el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08 se mantiene vigente o fue modificado.

Para justificar su negativa a responder la consulta de fondo, el funcionario alegó que la Dirección Jurídica únicamente atiende solicitudes formuladas por instancias internas de la CCSS. Sin embargo, la ACSS cuestiona esa posición al considerar que los funcionarios públicos están sujetos al principio de legalidad y, por tanto, no pueden atribuirse facultades ni establecer restricciones que no estén expresamente autorizadas por el ordenamiento jurídico, tal como lo dispone el artículo 11 de la Constitución Política.

La negativa adquiere especial relevancia debido a que la información solicitada se relaciona con el destino de recursos de la seguridad social y con un criterio jurídico que podría tener profundas implicaciones sobre la utilización de más de 1 billón de colones por año pertenecientes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para fines no autorizados por la Constitución Política. Según sostiene la ACSS, estos recursos han sido utilizados por la CCSS para financiar obligaciones y programas que corresponden al Estado, en contradicción con la prohibición establecida en el artículo 73 de la Constitución Política.

La organización señala además que la renuencia de la Dirección Jurídica a aclarar si mantiene o modificó el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08 alimenta las dudas sobre la existencia de un intento por dotar de apariencia de legalidad a ese desvío de recursos. A juicio de la ACSS, tal pretensión choca no solo con la vigencia del artículo 73 constitucional, sino también con lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N.° 00197-2018 del 8 de marzo de 2018 (expediente 13-006261-1027-CA), mediante la cual se recordó al Estado la prohibición de financiar con fondos del seguro social obligatorio obligaciones ajenas a los fines para los cuales dichos recursos fueron creados.

La ACSS continuará informando sobre las gestiones que realice y respuestas que reciba de la administración de la CCSS.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

RENASES pide a la presidenta Fernández Delgado ordenar el inicio del nuevo hospital de Cartago

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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para pedirle que interceda y ordene el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago. La carta está firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de la Red, y fechada el 1 de noviembre en Cartago, en el marco de la celebración del 85.º aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según relata la misiva, ese domingo hubo una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para agradecer por los 85 años de la fundación de la CCSS. Luego, entre cimarrona y mascaradas, las personas asistentes recorrieron las calles de Cartago hasta la Plaza Mayor, donde las esperaban grupos folclóricos de personas adultas mayores, comparsas y bandas estudiantiles.

Después de los mensajes de representantes de personas trabajadoras de la CCSS, del sector agrícola, del movimiento sindical y de otras organizaciones civiles, se realizó una marcha pacífica hacia el Hospital Max Peralta. El objetivo era recordar la urgencia de que la población usuaria del sistema de salud pública cuente con un nuevo hospital, «con miras a asegurar el derecho humano a la salud».

RENASES se dirige a la mandataria como una compatriota que reside en la provincia y que «sabe de nuestras penurias cuando salimos a la asistencia hospitalaria». Expresa la esperanza de que ejerza las facultades de su investidura para ordenar el inicio de la obra, «más, cuando el banderazo inicial de la obra depende de la voluntad política». Según la organización, todos los componentes están en orden: el terreno, el financiamiento, los planos constructivos, la empresa constructora contratada y la consulta de legalidad de los actos requeridos.

La carta va acompañada de las firmas de personas que participaron en la celebración del aniversario de «la institución de todos los costarricenses, la Caja».

La Red se pone a disposición para recibir a una delegación o dialogar con la presidenta sobre el tema, por medio del correo-e renases.cr@gmail.com

Mujeres por Costa Rica convoca a marchar en defensa de la CCSS este domingo 8 de noviembre

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El colectivo Mujeres por Costa Rica convoca a la marcha «Por la defensa de la CCSS», que se realizará el domingo 8 de noviembre. La salida será a las 9:00 a. m. desde el parque La Merced, en San José, y la marcha se dirigirá a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

«La Caja nos cuida en los momentos más difíciles. Hoy nos toca unirnos para defenderla y exigir que se fortalezca, para que todas las personas reciban la atención que necesitan», señala la organización en su convocatoria, e invita a marchar «por nuestra salud, nuestras familias y nuestro futuro».

La actividad se convoca bajo las consignas «¡Esta dama no se toca!» y «¡La Caja se defiende y se fortalece!».

SURCOS ya publicó la convocatoria a esta movilización, que forma parte de las acciones de distintas organizaciones sociales en defensa de la seguridad social y del fortalecimiento de la CCSS. Puede consultarla en este enlace.

Datos de la actividad

  • Qué: marcha por la defensa de la CCSS
  • Cuándo: domingo 8 de noviembre, salida a las 9:00 a. m.
  • Dónde: del parque La Merced, San José, hacia las oficinas centrales de la CCSS
  • Convoca: Mujeres por Costa Rica

UNDECA, BUSSCO y RENASES conmemoran los 85 años de la CCSS con un llamado a defenderla

Escrito en . Publicado en Portada, Salud.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) produjeron un video con motivo del 85 aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se cumple el 1.º de noviembre de 2026.

“Hay instituciones que forman parte de nuestra historia, pero hay otras que forman parte de nuestra propia vida”, afirma el video. La CCSS, señala, está presente “cuando una madre trae a su hijo al mundo, cuando una familia enfrenta la enfermedad, cuando una persona adulta mayor necesita atención, cuando la vida pende de un hilo”.

Las organizaciones expresan su reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, a quienes describen como “un verdadero ejército de paz” que durante generaciones ha cuidado la vida de la población.

Una conquista, no un regalo

El video recuerda que, a principios del siglo XX, Costa Rica estaba marcada por la pobreza, las enfermedades y las desigualdades sociales. La tuberculosis, el sarampión, la tosferina y las enfermedades causadas por el agua contaminada cobraban miles de vidas, y para muchas familias trabajadoras enfermarse significaba quedar abandonadas a su suerte.

Según el relato, las luchas obreras y populares, junto con la alianza de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y monseñor Víctor Manuel Sanabria, hicieron posibles las grandes conquistas sociales. Los hitos que recuerda:

  • 1 de noviembre de 1941: nació jurídicamente la CCSS.
  • 1942: comenzaron sus primeras prestaciones de salud.
  • 22 de octubre de 1943: una reforma consolidó su autonomía y el financiamiento tripartito entre el Estado, los patronos y las personas trabajadoras.

Junto con las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica, esa conquista “transformó para siempre nuestro país”. “La Caja nació de decisiones políticas, de acuerdos históricos y de luchas sociales. No fue un regalo, fue una conquista”, afirman las organizaciones.

Los desafíos actuales

El video advierte que la historia de la institución no garantiza por sí sola su futuro. Entre los desafíos actuales menciona:

  • las listas de espera;
  • el deterioro de la infraestructura;
  • la falta de personal;
  • las dificultades administrativas;
  • “una deuda multimillonaria del Estado”.

Las personas trabajadoras, agrega, enfrentan sobrecarga laboral, salarios congelados y condiciones que dificultan la prestación de los servicios.

“Desde el movimiento sindical advertimos que las políticas de austeridad, el debilitamiento del financiamiento público y la expansión de intereses privados en los servicios de salud pueden comprometer el modelo solidario que tanto costó construir”, señalan. A su juicio, “cuando se debilitan los derechos de quienes trabajan en la Caja, también se compromete la calidad de los servicios que recibe nuestro pueblo. Defender las condiciones laborales no es defender privilegios”.

El video plantea una pregunta a la ciudadanía: “¿Qué Caja vamos a entregar a nuestros hijos y nietos? ¿Una institución debilitada, endeudada y con servicios cada vez más limitados? ¿O una Caja pública, solidaria, autónoma, fortalecida, capaz de garantizar salud y seguridad social para las próximas generaciones?”. Y responde que “la Caja no son solamente sus edificios, sus hospitales o sus equipos. La Caja son sus trabajadores, sus trabajadoras y el pueblo al que sirven”.

Encuentro en Cartago

Las organizaciones convocan a la conmemoración del 1.º de noviembre en Cartago, desde las 9:00 a. m., como un espacio para reconocer la historia de la institución, agradecer a quienes la sostienen y expresar preocupaciones y propuestas sobre su futuro. Defender la Caja, afirman, significa también exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado, condiciones laborales dignas, transparencia administrativa y servicios de calidad para toda la población.

“85 años de historia por la salud y la vida. La Caja es patrimonio del pueblo costarricense”, concluye el mensaje.

SURCOS invita a ver el video completo, disponible a continuación.

San Sebastián conversará sobre la CCSS y su lucha por EBAIS administrados por la Caja

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Desde 2010, la comunidad del distrito de San Sebastián-Paso Ancho lucha para que los 11 EBAIS que atienden a sus 45.000 habitantes sean administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no por empresas privadas. Según sus organizadores, esa lucha pasa por defender la CCSS.

En ese marco se realizará el conversatorio “¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?”, el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

Invitan el Encuentro Ecuménico, La Caja es Nuestra y el Hogar de la Esperanza, con el apoyo de la Comunidad Buen Vivir.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria.

Auditoría Interna de la CCSS anuncia una valoración integral de los planteamientos de la ACSS, sin indicar plazo para su atención (Parte 12)

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SURCOS Digital publica la duodécima entrega de la serie dedicada a las gestiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) sobre las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A lo largo de estas entregas, la ACSS ha documentado sus solicitudes a la Administración de la CCSS y a su Auditoría Interna para exigir transparencia sobre la gestión de los recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Enfermedad y Maternidad, así como el respeto al mandato constitucional que prohíbe destinar los fondos de la seguridad social a fines distintos de los que motivaron su creación.

En la [Parte 11] de esta serie, la ACSS dio seguimiento a esas gestiones. En la Parte 10 se informó que pidió a la Auditoría Interna un criterio independiente sobre el uso de los fondos del seguro social obligatorio, con base en la Ley General de Control Interno y en el artículo 73 de la Constitución Política.

En esta entrega, la ACSS informa sobre la respuesta de la Auditoría Interna. En ella, el órgano anuncia que hará una “valoración integral” de los planteamientos, pero no indica plazo para atenderlos, y los sujeta a su “planificación anual de trabajo”. La ACSS sostiene que eso se aparta de los plazos que establecen la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la Ley de Regulación del Derecho de Petición, y ya pidió a la Auditoría un tiempo estimado de respuesta.

A continuación, el comunicado de la ACSS.

Auditoría Interna de la CCSS anuncia una valoración integral de los

planteamientos de la ACSS, sin indicar plazo para su atención

(Parte 12)

Esta publicación constituye la duodécima entrega de la serie que SURCOS Digital ha venido dedicando a la gestión de la CCSS sobre las finanzas de la seguridad social. En esta ocasión, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informa sobre la respuesta recibida de la Auditoría Interna de la CCSS a su oficio ACSS-023-2026 del 5 de octubre de 2026.

En la Parte 10 se informó que la ACSS solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS un criterio independiente sobre el uso de los fondos del seguro social obligatorio, indicando en el “Asunto”: “Solicitud de garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración de la CCSS se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas, conforme lo ordena el artículo 21 de la Ley General de Control Interno”.

Asimismo, pidió conforme a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, lo siguiente:

“Primero. Pedimos a esa Auditoría Interna que le exija a la Administración Activa de la CCSS revelar en las notas de los estados financieros del seguro de salud y en los estudios actuariales de este seguro, los ingresos, los gastos y los excedentes conforme a lo establecido en las siguientes cuatro leyes: Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley N° 5349 del 24 de setiembre de 1973, Ley N° 5905 del 4 de mayo de 1976 y Ley N° 7374 del 3 de diciembre de 1993.

Segundo. Pedimos que, de acuerdo con el marco legal, los criterios de control interno y de independencia funcional que rigen a esa Auditoría Interna, nos informe si la Administración Activa de la CCSS está cumpliendo o está incumpliendo la prohibición establecida en el tercer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 del 22 de octubre de 1943.

Tercero. Cualquiera que sea la respuesta que nos brinde esa Auditoría en el punto Segundo anterior, pedimos que nos aporte el sustento legal y técnico independiente de esa Auditoría Interna, no meras opiniones o actuaciones de la Administración Activa de la CCSS.”

Sobre esta gestión la ACSS recibió el oficio AI-1302-2026 del 13 de octubre de 2026, suscrito por el Auditor Interno de la CCSS, señor Olger Sánchez Carrillo, que indica lo siguiente (original disponible en AI-1302-2026):

“Al contestar refiérase a: ID-173874

AI-1302-2026

13 de octubre de 2026

Doctor

Alfredo Ramírez Montero

Licenciado

Jorge García Araya

Máster

Rodrigo Arias López

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Correo electrónico: acss.junio.2022@gmail.com

Estimados señores:

ASUNTO: Acuse de recibo del oficio ACSS-023-2026.

Hemos recibido el oficio ACSS-023-2026, del 5 de octubre de 2026, mediante el cual se presenta la «Solicitud de garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto de la Administración de la CCSS se ejecuta de conformidad con el marco legal y técnico, así como con las sanas prácticas». Al respecto, esta Auditoría Interna realizará una valoración integral de los aspectos planteados, de conformidad con el ámbito de sus competencias y potestades.

Para esos efectos, la valoración se efectuará con observancia de la independencia funcional de este órgano de fiscalización y considerará los criterios técnicos y jurídicos aplicables, así como la planificación anual de trabajo. Una vez concluido el análisis, se comunicará oportunamente la respuesta que corresponda.

Sin otro particular, agradecemos su comunicación y reiteramos nuestra disposición de atender la gestión planteada, con estricto apego al marco de competencias de esta Auditoría Interna.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

M.Sc. Olger Sánchez Carrillo

Auditor

OSC/RJS/ACC/MZS/JSF/jfrc

C. Auditoría

Referencia ID-173874”

Es importante recordar que el oficio ACSS-023-2026, cuya divulgación fue realizada por SURCOS Digital, contiene un resumen del marco jurídico e histórico que regula los seguros y programas de seguridad social administrados por la CCSS. Asimismo, expone el marco normativo que rige a la Auditoría Interna, incluyendo sus funciones, competencias y la independencia de criterio con que debe ejercer sus labores de control y fiscalización.

El documento enfatiza la responsabilidad de la Auditoría Interna de velar por el cumplimiento del principio de legalidad en la gestión de los fondos públicos, particularmente de los recursos que administra la CCSS, garantizando que estos sean utilizados conforme al ordenamiento jurídico y en resguardo de los fines para los cuales fueron creados.

Por otra parte, la ACSS indica que la solicitud de información la ha realizado conforme a los artículos 27 y 30 de la Constitución. Estos artículos refieren que:

“Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

“Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.”

Como puede verse, dichos artículos no indican el plazo que tienen los funcionarios públicos para emitir la resolución sobre la petición o entrega de la información de interés público; sin embargo, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ordena lo siguiente:

“Artículo 32. Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.”

En adición, la Ley de Regulación sobre el Derecho de Petición, establece en su artículo 11, lo siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Tramitación y contestación de peticiones admitidas

a) Una vez admitida para su trámite una petición por parte de la autoridad o del órgano público competente, se debe notificar su contestación a la persona que ha presentado la petición, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo, podrá convocar, si así lo considera necesario, a los peticionarios en audiencia especial para responder a su petición de forma directa.

b) Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para conocer de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

c) La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará las razones y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

d) La autoridad o el órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

e) Anualmente, la autoridad o el órgano competente incorporará, dentro de su memoria anual de actividades, un resumen de las peticiones recibidas, contestadas o declaradas por resolución inadmisible.

f) Por la complejidad del contenido de la petición, la Administración Pública podrá dar una respuesta parcial al peticionario indicando dicha situación, pudiéndose prorrogar de oficio un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva. “

Como puede observarse en el oficio AI-1302-2026, suscrito por el auditor interno, señor Olger Sánchez Carrillo, no se establece un plazo concreto para atender la petición formulada por la ACSS. La respuesta se limita a indicar que el asunto será considerado dentro de la “planificación anual de trabajo”, sin precisar una fecha estimada de atención. Ello podría implicar una espera de varios meses e incluso la posibilidad de que, por limitaciones de agenda o prioridades institucionales, la gestión no sea incorporada en dicha programación, dejando la solicitud en una situación de incertidumbre indefinida.

Esta actuación parece apartarse de lo dispuesto en el inciso f) anteriormente citado, el cual establece que, cuando la complejidad del asunto lo justifique, la Administración Pública puede prorrogar de oficio el plazo para resolver, pero únicamente por un período adicional máximo de cinco días hábiles para emitir una respuesta definitiva.

Por otra parte, el oficio de la Auditoría Interna tampoco considera la posibilidad de convocar directamente a la ACSS a una audiencia especial, tal como lo contempla el inciso a) del artículo 11 antes mencionado, mecanismo que podría contribuir a un mejor análisis y esclarecimiento de los hechos planteados.

En situaciones donde el ordenamiento jurídico no establece expresamente un plazo para resolver, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha recurrido, de manera reiterada, al plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En asuntos de mayor complejidad, la Sala ha optado por ordenar a la institución pública correspondiente que atienda la gestión dentro de un plazo razonable. Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia n.° 25-027893-0007-CO, de las 9:20 horas del 17 de octubre de 2025, mediante la cual se otorgó un plazo de quince días hábiles para que la entidad recurrida respondiera la petición formulada por el amparado. En PGR hay una gran cantidad de jurisprudencia sobre esta materia.

Por tales motivos la ACSS ha solicitado a la Auditoría Interna de la CCSS que proporcione un tiempo razonable estimado de atención de la petición realizada, así como los motivos del retraso en la entrega de la información de interés público que se está solicitando que justifique un plazo superior a 10 días hábiles para su atención, estando a la espera de su atención. En este enlace está el oficio enviado ACSS-026-2026.

La ACSS continuará informando sobre las gestiones que realice y respuestas que reciba de la Administración de la CCSS y de la Auditoría Interna de la Caja.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
M.Sc. Rodrigo Arias López

Imagen: https://www.micomunados.com

RENASES convoca a celebrar en Cartago los 85 años de la CCSS

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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.

RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.

Programa

  • 10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

  • Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.

Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.

“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.

Convocan a conversatorio sobre la realidad de la CCSS en San Sebastián

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“¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?” Con esa pregunta, el Hogar de la Esperanza y el movimiento La Caja es Nuestra invitan a un conversatorio sobre la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad será el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria, que lleva como lema “La Caja es nuestra”.

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

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La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Convocan a marcha nacional en defensa de la CCSS y la democracia para el 8 de noviembre

Escrito en . Publicado en Salud.

La Red Nacional por la Democracia convoca a una marcha “en defensa de la CCSS y la democracia” para el domingo 8 de noviembre, a las 9 a. m., bajo la consigna “Páguele a la Caja”.

En San José, el recorrido saldrá del parque de La Merced y llegará al edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria tiene alcance nacional. Para las regiones fuera del Valle Central, la organización preparó una segunda versión del afiche, sin punto de reunión definido. La idea es que las organizaciones y las personas de cada localidad definan su propio punto de encuentro y su recorrido, y lo anoten en el afiche para difundir la convocatoria en su comunidad.

El afiche plantea una pregunta sobre el costo de la atención privada: “Un parto normal en promedio cuesta alrededor de 2,5 millones de colones en una clínica privada, ¿tendremos que endeudarnos para tener hijos si no evitamos que privaticen la Caja?”.