Diversas organizaciones feministas han manifestado públicamente su preocupación ante denuncias sobre el presunto uso político de recursos y acciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Las declaraciones señalan que esta situación vulnera la credibilidad institucional y los derechos de las mujeres, en un contexto de creciente instrumentalización de los temas de violencia de género con fines político-electorales.

El documento titulado “¡Qué vergüenza la presidenta ejecutiva del INAMU!”, difundido por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, detalla que desde 2022 el INAMU ha sufrido un proceso de debilitamiento institucional, vinculado a recortes, cierres de programas y decisiones administrativas que —según denuncian— han afectado su misión de protección a las mujeres. La red solicita la separación de sus cargos de la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga y de la funcionaria Claudia Blanco, por presunto uso indebido de recursos institucionales y participación en hechos que podrían configurar delitos de coacción o soborno, vinculados a intereses político-electorales.

Por su parte, la Coalición Feminista emitió el pronunciamiento “El cuerpo como moneda política”, en el que cuestiona el uso del discurso sobre violencia sexual como herramienta de manipulación política, señalando que “no se negocia con nuestros cuerpos, no se lucra con nuestro dolor, y no se juega con la dignidad de las mujeres por conveniencia política”.

A su vez, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía, en su declaración “Una fecha de horror”, repudia la utilización del cuerpo de las mujeres como “moneda política y territorio de abuso y control en esta campaña electoral de 2025”. La organización demanda la separación del cargo de las personas denunciadas y condenadas por delitos sexuales, incluyendo figuras del gobierno, y reclama que el INAMU retome el liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y América Latina.

El Comité de Auditorías Sociales, por su parte, respaldó las denuncias, expresando que la instrumentalización de la violencia sexual como estrategia política representa un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y desvirtúa la legitimidad de las denuncias de las víctimas reales de violencia.

Llamado conjunto a la acción

Las cuatro organizaciones firmantes —la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coalición Feminista, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía y el Comité de Auditorías Sociales— coinciden en exigir:

1. Separación inmediata de sus cargos de las funcionarias denunciadas del INAMU, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.
2. Apertura de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
3. Restablecimiento del funcionamiento pleno del INAMU, garantizando su independencia y compromiso con los derechos de las mujeres.
4. Fin a la manipulación política de la violencia de género, reafirmando el respeto a las víctimas y al principio de justicia.

“Las mujeres víctimas de femicidios, sus hijas e hijos sobrevivientes y miles de mujeres que viven situaciones reales de agresión no merecen este atropello, mucho menos de parte de la institución llamada a defenderlas y protegerlas”, es el espíritu que unifica los comunicados.

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