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Ciudadano solicita al SINAC aplicar fallo de la Sala Constitucional para garantizar acceso a información sobre denuncia ambiental en Gandoca-Manzanillo

Marco Vinicio Levy Virgo solicitó al Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo reconsiderar la negativa de entregar información relacionada con una denuncia por presunta chapea y posible cambio de uso del suelo en un terreno colindante con El Colibrí Lodge, argumentando que la propia Sala Constitucional ya resolvió un caso similar y reconoció el derecho de acceso a este tipo de información ambiental.

La gestión fue presentada mediante el oficio MLV-00189-2026, dirigido al técnico del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), Lenin Prado Calvo, como respuesta al oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-115-2026 emitido el 21 de mayo de 2026.

En dicho oficio, el SINAC informó que una denuncia relacionada con una presunta intervención en un terreno dentro del área de influencia del Refugio fue inspeccionada el 13 de mayo de 2026 por funcionarios de la institución y que los resultados fueron incorporados al informe técnico SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-108-2026, agregado a una causa penal abierta desde 2023. La institución indicó que no podía suministrar el contenido de dicho informe debido a las restricciones establecidas en el artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones dentro de investigaciones penales.

Ante esa respuesta, Levy Virgo remitió copia de la Resolución Nº 2025016106 de la Sala Constitucional, emitida el 30 de mayo de 2025 en un recurso de amparo promovido también por él contra la administración del Refugio Gandoca-Manzanillo. Según señala, la sentencia resolvió que la Administración no puede negar información pública ambiental amparándose de manera general en el artículo 295 del Código Procesal Penal cuando lo solicitado corresponde a información técnica y administrativa producida por la propia institución.

De acuerdo con la resolución constitucional, el derecho de acceso a la información pública está protegido por el artículo 30 de la Constitución Política y comprende información relacionada con la gestión administrativa, las inspecciones realizadas, el seguimiento de denuncias y las actuaciones de protección ambiental. La Sala indicó que la Administración debe entregar la información solicitada, resguardando únicamente los datos sensibles o confidenciales que estén protegidos por ley.

En su comunicación, Levy Virgo sostiene que la jurisprudencia constitucional resulta directamente aplicable al caso actual, debido a que la negativa del SINAC se fundamenta nuevamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Por ello, solicita que se le remita el informe técnico oficial derivado de la inspección realizada el 13 de mayo de 2026, incluyendo información sobre el estado de la vegetación, las medidas adoptadas, las acciones de restauración y otros aspectos relacionados con la denuncia presentada.

El ciudadano manifestó que su objetivo es contribuir a la protección efectiva del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y facilitar una solución ágil y conforme al marco legal vigente, mediante la aplicación de los criterios ya establecidos por la Sala Constitucional en materia de acceso a información pública ambiental.

Tribunal respalda al Concejo de San Rafael de Heredia y ordena al alcalde proteger el Cerro Chompipe

Una vez más, una autoridad jurisdiccional rechazó las actuaciones del alcalde de San Rafael de Heredia, señor Jorge Eduardo Arias Santamaría, al declarar ilegal el veto que interpuso contra un acuerdo del Concejo Municipal relacionado con el cumplimiento de una orden emitida por la Sala Constitucional.

Mediante la resolución 26-000619-1027-CA-0, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió declarar sin lugar el veto presentado por el alcalde contra el Acuerdo N.° 2 de la Sesión Ordinaria N.° 141-2025, celebrada el 29 de diciembre de 2025 por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.

El acuerdo vetado instaba al alcalde a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto N.° 2023-017109, del 14 de julio de 2023, dictado dentro del expediente 22-027662-0007-CO. En dicha resolución, la Sala ordenó el traspaso a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de la finca inscrita en el Partido de Heredia, matrícula de folio real 156766-000, ubicada en el sector de Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 y el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Según ha trascendido, en esa propiedad existiría interés por desarrollar un proyecto turístico, situación que ha generado preocupación debido al régimen especial de protección ambiental que actualmente la resguarda.

Esta controversia se produce en un contexto de creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla el desarrollo de infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y se encuentra amparado por un régimen especial de protección que se remonta al siglo XIX. Asimismo, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana, razón por la cual cualquier modificación de su condición actual reviste un evidente interés público.

Diversas organizaciones ambientales, comunidades locales y personas expertas en conservación y recursos hídricos han advertido sobre los posibles impactos que podrían derivarse de la construcción de infraestructura turística o recreativa en este ecosistema, subrayando la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las resoluciones judiciales que protegen el área.

El acuerdo municipal advertía además que, de mantenerse el incumplimiento de la orden constitucional, el alcalde debería asumir las consecuencias legales derivadas de una eventual desobediencia a una resolución judicial firme.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué interés mueve al alcalde a renunciar a la protección absoluta que hoy resguarda la finca del Cerro Chompipe, al punto de vetar los acuerdos del Concejo Municipal que buscan mantener esa protección y exigir el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional?

En su resolución, el Tribunal concluyó que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se limita a exigir el cumplimiento de una orden jurisdiccional vigente. Señala expresamente que el acuerdo corresponde al ejercicio legítimo de las competencias del Concejo Municipal respecto al cumplimiento de una orden judicial, razón por la cual determinó que no existían fundamentos para sostener el veto interpuesto por la Alcaldía.

La parte dispositiva de la sentencia establece: «De conformidad con el artículo 169 inciso f) del Código Municipal, se declara sin lugar el veto interpuesto. Es todo. Notifíquese.» La resolución fue emitida por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.

Este nuevo pronunciamiento judicial constituye un respaldo a la obligación de las autoridades municipales de acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y reabre el debate sobre el futuro de la finca ubicada en Cerro Chompipe, un territorio de extraordinario valor ecológico, hídrico y estratégico para el país.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

APREFLOFAS lanzará “Seres Endémicos”, un podcast dedicado a la conservación ambiental y la participación ciudadana

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) anunció el lanzamiento de Seres Endémicos, un nuevo proyecto de comunicación estratégica en formato podcast que busca fortalecer el diálogo, la educación ambiental y la divulgación de conocimientos sobre conservación en Costa Rica.

La iniciativa será presentada oficialmente el próximo miércoles 3 de junio de 2026, en el marco de la Semana Mundial del Medio Ambiente, previo a la conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio) y del Día Mundial de los Océanos (8 de junio).

Fundada en 1985, APREFLOFAS ha desarrollado durante cuatro décadas diversas acciones de protección ambiental, educación, sensibilización y comunicación estratégica orientadas a promover la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Entre sus iniciativas más destacadas figura la campaña relacionada con la reforma a la Ley de Vida Silvestre impulsada mediante iniciativa popular respaldada por 177 mil firmas ciudadanas, proceso que culminó con la aprobación de la Ley 9106 y convirtió a Costa Rica en el primer país del continente americano en prohibir la denominada “cacería deportiva”.

Como parte de esta trayectoria, la organización también participó en la campaña “Acéptelo es ilegal”, desarrollada junto con Humane Society International Latinoamérica y autoridades estatales para informar a la ciudadanía sobre la prevención de delitos ambientales y los alcances de la reforma a la Ley de Vida Silvestre.

Durante la celebración de su 40 aniversario en 2025, APREFLOFAS impulsó además una campaña temática de diez semanas difundida a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram (@apreflofas_cr) y TikTok, abordando temas relacionados con conservación, ecosistemas, minería ilegal, vida silvestre, delitos ambientales, protección marino-costera y prevención del atropello de fauna silvestre.

El nuevo proyecto Seres Endémicos ha sido desarrollado conjuntamente con Cucumelo Films, organización con la que APREFLOFAS mantiene una relación de cooperación de más de una década. La propuesta pretende consolidar una plataforma digital de conversación ambiental capaz de reunir a organizaciones sociales, especialistas, instituciones públicas, empresas con enfoque de sostenibilidad, artistas, activistas y grupos comunitarios alrededor de los principales desafíos ambientales del país.

Según la organización, el podcast abordará temas como conservación de ecosistemas, generación de conocimiento científico, educación ambiental, participación ciudadana, democracia digital, derecho ambiental e incidencia política.

La primera temporada desarrollará una secuencia temática dedicada a la relación entre las personas y la vida silvestre, la conservación, la sostenibilidad, la comunicación ambiental, el arte, la música, la educación ambiental, el arbitraje internacional, los orígenes del movimiento ambientalista costarricense y la evolución del modelo institucional de conservación del país.

APREFLOFAS destaca que Seres Endémicos constituye una propuesta poco frecuente dentro del ecosistema de comunicación digital costarricense, al tratarse de un podcast dedicado exclusivamente a temas ambientales, con programación periódica y participación de personas con amplia trayectoria y experiencia en distintas áreas relacionadas con la conservación.

La organización invita al público a participar en el acto de lanzamiento, que se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica.

Asimismo, hace un llamado a suscribirse a sus plataformas digitales y a fomentar conversaciones serias y constructivas sobre la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Fecha de lanzamiento: miércoles 3 de junio de 2026

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Centro Cultural de España en Costa Rica

Día Mundial de los Arrecifes: El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta su mayor crisis coralina mientras el ecocidio avanza sin freno

Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado

Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo

Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.

Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.

La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.

Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.

La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.

Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.

Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.

Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.

La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.

La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.

Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.

La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.

Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.

En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.

El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.

La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.

Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.

Fotografías: Diego Miranda y Marco Salazar.

Jairo Mora: trece años después, la impunidad y la violencia contra quienes defienden la vida continúan

Bloque Verde

Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.

Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.

La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.

Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.

Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.

La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.

A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.

Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.

Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.

Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.

Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.

También implica mirar lo ocurrido en Moín.

Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.

Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.

Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.

Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.

Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.

  • Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
  • Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
  • Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
  • Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.

Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.

Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.

Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.

Documento revela aprobación de 209 permisos de uso de suelo en Gandoca-Manzanillo

Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional un nuevo documento probatorio dentro del expediente 14-019174-0007-CO, mediante el cual solicita que se incorpore al proceso una certificación oficial de la Municipalidad de Talamanca que registra la aprobación de 209 permisos de uso de suelo en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo entre los años 2014 y 2019.

Según el escrito remitido al magistrado instructor Fernando Cruz Castro, la certificación municipal detalla los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias, las fechas de aprobación y la ubicación de cada uno de los permisos otorgados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y del Sitio Ramsar 783.

El documento sostiene que la mayoría de los permisos fueron otorgados a sociedades mercantiles y desarrollos vinculados a actividades turísticas e inmobiliarias, mientras que una proporción menor corresponde a personas físicas. A juicio del recurrente, ello contradice el propósito de las normas que buscaban proteger a las comunidades tradicionales del Caribe Sur.

En su gestión ante la Sala Constitucional, Levy argumenta que la existencia de estos permisos ha favorecido procesos de urbanización que han generado impactos ambientales significativos dentro de un área protegida de importancia nacional e internacional.

Entre las afectaciones señaladas se mencionan la contaminación lumínica que afecta los sitios de anidación de tortugas marinas, la presencia de animales domésticos que depredan fauna silvestre, la desaparición de humedales y bosques costeros por procesos de urbanización, así como la ausencia de estudios de impacto ambiental previos para muchas de las intervenciones realizadas.

El escrito incorpora además un análisis técnico-ambiental que advierte sobre los efectos de la eliminación de vegetación nativa, el relleno de humedales para habilitar accesos vehiculares y la fragmentación de ecosistemas dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.

Asimismo, cuestiona la actuación de las instituciones responsables de la protección ambiental, señalando una supuesta omisión en las labores de vigilancia y fiscalización frente a actividades que habrían afectado ecosistemas protegidos.

Con base en estos elementos, el recurrente solicita a la Sala Constitucional admitir la certificación municipal como prueba documental relevante, analizar la legalidad de los permisos otorgados, adoptar medidas cautelares preventivas y valorar acciones orientadas a la protección y restauración de los ecosistemas afectados.

La certificación aportada fue emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca el 25 de enero de 2019 y registra 209 expedientes de permisos de uso de suelo aprobados por el gobierno local entre marzo de 2014 y enero de 2019 en distintas localidades de la zona comprendida entre Cocles, Playa Chiquita, Punta Uva y Manzanillo.

La crisis civilizatoria ¿en qué consiste y cómo afecta el cambio climático?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La llamada “crisis civilizatoria” se refiere a una crisis profunda del modelo de civilización dominante, es decir, de la forma en que la humanidad —particularmente el mundo industrial moderno— organiza la economía, la política, la producción, el consumo, la relación con la naturaleza y hasta los valores culturales. No se trata únicamente de una crisis económica o ambiental aislada, sino de una crisis integral del modo de vida contemporáneo.

La idea central es que el modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico ilimitado, el consumo masivo, la explotación intensiva de recursos naturales y la lógica de acumulación permanente ha llegado a límites ecológicos, sociales y éticos que amenazan la estabilidad del planeta y de las propias sociedades humanas.

Diversos pensadores y movimientos críticos han desarrollado este concepto, entre ellos Edgar Morin, Enrique Leff, Leonardo Boff y Boaventura de Sousa Santos, quienes coinciden en que la crisis ambiental y climática no es un accidente pasajero, sino la consecuencia estructural de un determinado modelo de desarrollo.

La relación con el cambio climático es directa y profunda por varias razones:

1. El modelo económico depende de combustibles fósiles

La civilización industrial moderna se construyó sobre el uso masivo de carbón, petróleo y gas natural, así como también gas metano. Estos combustibles permitieron el crecimiento industrial, el transporte global y la expansión del consumo, pero también generaron enormes emisiones de gases de efecto invernadero.

El resultado es entonces el calentamiento global antropogénico, es decir, el cambio climático en esta ocasión ha sido provocado principalmente por las actividades humanas dedicadas a la producción de combustibles fósiles.

2. La lógica del crecimiento ilimitado choca con los límites del planeta

La economía dominante funciona bajo la idea de crecer constantemente: producir más, consumir más y extraer más recursos. Sin embargo, la Tierra posee límites ecológicos. Los bosques, océanos, suelos y la atmósfera no pueden absorber indefinidamente la presión humana.

Esta contradicción entre crecimiento ilimitado y planeta finito es uno de los núcleos de la crisis civilizatoria.

3. La naturaleza es tratada como mercancía

Dentro del paradigma dominante, la naturaleza suele ser concebida principalmente como “recurso económico”: bosques para explotar, ríos para represar, minerales para extraerlos y procesarlos, mares para industrializar.

Esa visión reduce el valor ecológico y cultural de los ecosistemas y favorece procesos como:

deforestación,

contaminación,

destrucción de biodiversidad,

expansión minera y petrolera,

agricultura industrial intensiva.

Todos estos factores agravan el cambio climático.

4. El consumismo incrementa la huella ecológica

La cultura contemporánea impulsa patrones de consumo masivo: producción rápida, obsolescencia programada, desperdicio y uso intensivo de energía.

El problema no es solamente cuántos seres humanos existen, sino el tipo de consumo predominante, especialmente en las sociedades más industrializadas.

Una minoría del planeta consume y contamina muchísimo más que la mayoría de la población mundial.

5. La desigualdad social dificulta soluciones globales

La crisis civilizatoria también implica enormes desigualdades económicas y políticas. Los países y grupos sociales que menos contribuyen al calentamiento global suelen ser los más vulnerables a sus efectos.

Esto genera tensiones internacionales y dificulta alcanzar acuerdos eficaces para enfrentar la crisis climática.

En regiones como Centroamérica, por ejemplo, los impactos climáticos —huracanes, sequías, inundaciones y pérdidas agrícolas— son severos, aunque la región emite relativamente poco carbono a escala global.

6. Existe una crisis ética y cultural

Muchos autores sostienen que el problema no es solo tecnológico o económico, sino también de naturaleza política, ética y cultural. La crisis civilizatoria expresa una ruptura en la relación entre humanidad y naturaleza.

Se cuestiona una visión basada en:

dominación sobre la naturaleza,

individualismo extremo,

competencia permanente,

acumulación material como medida del bienestar.

Por eso, las soluciones al cambio climático no consisten únicamente en nuevas tecnologías “verdes”, sino también en transformaciones culturales, políticas y sociales profundas.

En síntesis, la crisis civilizatoria influye en el cambio climático porque el calentamiento global no surge de manera aislada: es el resultado histórico de un modelo de civilización basado en la explotación intensiva de energía fósil, el crecimiento ilimitado y una relación desequilibrada con la naturaleza. Desde esta perspectiva, enfrentar seriamente el cambio climático implica también replantear el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y la forma en que las sociedades humanas conciben el progreso y el bienestar.

Escuela de Biología de la UCR pide revisión de los criterios que autorizaron la tala en Playa Panamá

  • Personal académico advierte sobre impactos ecológicos irreversibles y cuestionan criterios utilizados para autorizar corta de árboles en Papagayo

La Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su profunda preocupación ante la autorización de corta de árboles en Playa Panamá, en el marco de las controversias generadas por el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un pronunciamiento público dirigido a la ciudadanía nacional, la Escuela solicitó una revisión “rigurosa, transparente y técnicamente fundamentada” de los criterios utilizados para justificar la intervención, especialmente ante la existencia de procesos judiciales, administrativos y penales en curso relacionados con el caso.

Las personas académicas señalaron que la discusión pública no puede reducirse a una falsa oposición entre ambiente y desarrollo, ni limitar la valoración ecológica de un bosque a cálculos numéricos o compensaciones simplificadas.

“Un bosque tropical es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo donde interactúan plantas, animales, microorganismos, suelo, agua y clima”, destaca el documento, el cual insiste en que la estructura ecológica, la conectividad biológica y las funciones ecosistémicas deben formar parte central de cualquier evaluación ambiental.

La Escuela de Biología advirtió que los remanentes boscosos en Guanacaste cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y para la sostenibilidad de la actividad turística, particularmente en una región cada vez más afectada por la urbanización, el cambio climático y la fragmentación ecológica.

Además, cuestionó la idea de compensar la tala de árboles adultos mediante la siembra de árboles jóvenes, recordando que la recuperación de funciones ecológicas equivalentes puede tardar décadas y que la supervivencia de árboles sembrados en bosque seco suele ser muy baja.

“El bosque reforestado no reemplaza de forma inmediata la estructura, las interacciones, el suelo, el microclima, la fauna asociada ni la historia ecológica de un sistema ya establecido”, subraya el pronunciamiento.

La Asamblea también alertó sobre los impactos acumulativos que ha sufrido la región costera de Papagayo durante las últimas décadas, incluyendo procesos de sedimentación marina asociados a la pérdida de cobertura forestal y terraceos, lo que ha afectado ecosistemas marinos y la relación ecológica entre tierra y mar.

Según la Escuela, la protección de la cobertura boscosa no es un obstáculo para el turismo, sino una condición indispensable para su sostenibilidad. En ese sentido, advirtió que la pérdida de bosques puede traducirse en más calor, escasez de agua, erosión, pérdida de fauna y deterioro del paisaje, afectando incluso la viabilidad económica del propio sector turístico.

Asimismo, manifestaron preocupación por propuestas regulatorias que podrían aumentar la fragmentación forestal en Papagayo, considerando que este caso debe servir para fortalecer, y no debilitar, la protección de los remanentes boscosos y la calidad de la toma de decisiones ambientales en Costa Rica.

Finalmente, la Escuela de Biología solicitó que las autoridades garanticen una revisión independiente y libre de presiones políticas sobre los permisos otorgados y que se aplique el principio de cautela mientras persistan dudas técnicas y procesos pendientes.

Puede descargar el pronunciamiento desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Pronunciamiento-corta-arboles-Playa-Panama.pdf

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Soluciones ante el calentamiento global derivado de la crisis civilizatoria

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Como ya se ha advertido en los capítulos anteriores, la crisis climática contemporánea no constituye un fenómeno aislado ni una simple alteración temporal de las condiciones atmosféricas. Se trata de una transformación sistémica que compromete simultáneamente la estabilidad ecológica, la economía mundial, la producción alimentaria, la disponibilidad de agua, las migraciones humanas y la gobernabilidad política. Por ello, las soluciones no pueden ser parciales ni fragmentarias. Frente a un problema de naturaleza global, las respuestas deben ser igualmente globales, articuladas y sostenidas en el tiempo.

El calentamiento global posee un carácter esencialmente antropocéntrico. Aunque la historia geológica del planeta ha conocido variaciones climáticas naturales, la aceleración actual de la temperatura terrestre está directamente vinculada con la actividad humana desarrollada desde la Revolución Industrial. La expansión ilimitada de la producción, el uso masivo de combustibles fósiles, la deforestación, la destrucción de ecosistemas y los patrones de consumo intensivo han alterado el equilibrio climático del planeta a una velocidad desconocida en la historia reciente de la Tierra.

En consecuencia, las soluciones deben dirigirse a transformar las estructuras económicas, energéticas y culturales creadas por la propia humanidad. No basta con reducir algunos daños ambientales: es indispensable modificar las lógicas que los producen.

Uno de los principales factores del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la extracción, transporte y consumo de hidrocarburos. El petróleo, el carbón y el gas natural continúan siendo la base energética de gran parte de la economía mundial. Esta dependencia energética ha permitido un extraordinario desarrollo industrial y tecnológico, pero al mismo tiempo ha generado una acumulación de dióxido de carbono y metano incompatible con la estabilidad climática del planeta.

Por ello, una de las tareas fundamentales de este siglo consiste en sustituir progresivamente la matriz energética basada en combustibles fósiles por energías renovables y menos contaminantes. La expansión de la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz e hidráulica constituye un paso imprescindible para disminuir las emisiones globales. Sin embargo, esta transición energética no puede reducirse únicamente a un cambio tecnológico. Requiere enormes inversiones públicas, cooperación internacional y mecanismos de financiamiento que permitan a los países más pobres acceder a tecnologías limpias sin sacrificar sus posibilidades de desarrollo.

Además, la transición ecológica debe evitar reproducir nuevas formas de desigualdad. En ocasiones, ciertas economías industrializadas trasladan a los países periféricos los costos ambientales de la extracción de minerales estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías verdes. La solución climática no puede construirse sobre nuevas formas de explotación humana y destrucción ecológica.

La crisis climática también revela los límites históricos de un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito. Durante décadas, el éxito económico fue identificado casi exclusivamente con el aumento constante de la producción y de la inducción de patrones de consumo superfluos. Sin embargo, una economía sustentada en la expansión incesante del mercado y en el consumismo voraz permanente termina chocando inevitablemente con los límites ecológicos de la Tierra.

La contradicción es evidente: un sistema que necesita crecer infinitamente opera dentro de un mundo cuyos recursos naturales son limitados. De ahí que el problema climático no sea solamente energético, sino también civilizatorio.

Las soluciones deben orientarse hacia la construcción de una economía humanista y solidaria, sostenible y sustentable para las generaciones de hoy y las de mañana, donde la prioridad no sea únicamente la acumulación de riqueza, sino el bienestar colectivo, la equidad social y la preservación de la vida. Ello implica redefinir las nociones de progreso y desarrollo. El crecimiento económico carece de legitimidad cuando destruye ecosistemas, profundiza desigualdades y compromete las condiciones de existencia de las futuras generaciones.

En este sentido, una mejor distribución de la riqueza socialmente producida constituye también una política climática. Las sociedades profundamente desiguales suelen presentar mayores niveles de deterioro ambiental, porque amplios sectores de la población quedan excluidos de condiciones dignas de vida y sobreviven en medio de dinámicas de explotación y expoliación, así como del uso intensivo de los recursos naturales, más allá de lo que el planeta es capaz de proveer. Por ende, la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es ajena a la lucha climática: ambas forman parte del mismo desafío histórico.

La complejidad del calentamiento global obliga asimismo a abandonar explicaciones simplistas. Los factores que originan la crisis climática son múltiples y están profundamente interrelacionados: energía, transporte, urbanización, agricultura industrial, deforestación, patrones culturales de consumo, concentración de riqueza, políticas públicas devienen completamente insuficientes, porque están basadas en formas de competencia voraz y desigual entre naciones y al interior de cada una de ellas; por eso mismo, este sistema fragmentado y fragmentario sabotea cualquier modelo de gobernanza, tanto internacional como al interior de cada sociedad, porque aplaca y desprecia la participación societal.

Frente a la complejidad, la falta de colaboración y la fragmentación de las sociedades, las soluciones deben apoyarse en enfoques inter y multidisciplinarios. Ninguna disciplina científica, por sí sola, puede resolver un problema de semejante magnitud. La ecología, la climatología deben dialogar permanentemente con la economía, la sociología, la ingeniería, la biología, la oceanografía, la agronomía, la ética y las ciencias políticas y sociales en general. Del mismo modo, el conocimiento científico necesita complementarse con saberes comunitarios e indígenas que históricamente hubiesen desarrollado formas más equilibradas de relación con la naturaleza.

El calentamiento global exige una nueva cultura de cooperación entre conocimientos, instituciones y sociedades.

Entre las políticas más urgentes destaca la necesidad de aumentar la captura y almacenamiento de carbono tanto en los ecosistemas terrestres como en los océanos. Los bosques, humedales, manglares, suelos agrícolas y ecosistemas marinos desempeñan un papel esencial como sumideros naturales de carbono. La destrucción de estos sistemas acelera la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

De ahí la importancia de impulsar vastos programas de reforestación y restauración ecológica, particularmente en regiones tropicales severamente afectadas por la deforestación. Sin embargo, no se trata simplemente de sembrar árboles de manera indiscriminada, sino de recuperar ecosistemas completos capaces de regenerar biodiversidad, proteger fuentes de agua y estabilizar suelos.

Igualmente, relevante es la protección de los océanos. Durante décadas, los mares han absorbido una parte significativa del exceso de calor y dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Pero esta función tiene límites. La acidificación oceánica, el aumento de temperatura y la contaminación por plásticos y petróleo amenazan gravemente los ecosistemas marinos. La recuperación de manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos puede contribuir significativamente a la fijación de carbono y a la protección costera frente a fenómenos climáticos extremos.

Otro eje fundamental consiste en transformar las ciudades y las formas de vida urbana. Actualmente, gran parte de las emisiones globales proviene de modelos urbanos dependientes del automóvil privado, del consumo energético excesivo y de una expansión desordenada del territorio. Las ciudades del futuro deberán priorizar el transporte público limpio, la movilidad peatonal y la ciclística, la eficiencia energética de las edificaciones y una planificación urbana orientada hacia la sostenibilidad.

Las guerras deben desaparecer de la faz de la tierra. El ser humano de todos los países debe ser capaz de encontrar mecanismos pacíficos para resolver sus conflictos y diferencias. Las dos guerras mundiales del siglo XX, más otras guerras regionales en el mismo siglo y en el actual, han dejado como herencia muertes por millones, desolación y más envenenamiento de la atmósfera de la tierra, mediante el uso de armas atómicas y otras de menor rango, pero letales también. Entre muertos y desaparecidos se cuentan no solamente los combatientes en los escenarios bélicos, sino también millones de niños inocentes, adultos mayores, mujeres abandonadas y personas con discapacidad. La humanidad debe sobreponerse a toda esa herencia y luchar cotidianamente por un mudo en el que predomine la paz y la capacidad de negociar soluciones pacíficas a sus diferencias. Esta es parte fundamental de la lucha por una nueva civilización en medio del caos generado por la crisis climática.

Nunca será suficiente insistir en que ninguna transformación será suficiente sin una profunda participación de una ciudadanía cada vez más educada en la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, en una palabra, de la vida. La lucha contra el calentamiento global no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos, organismos internacionales o grandes corporaciones, que hasta el momento no atinan a encontrar una ruta segura que logre soluciones seguras para mitigar el cambio climático. Requiere, además, de sociedades activas, informadas y capaces de construir nuevas prácticas cotidianas.

Es crucial promover comunidades ecológicas y eco sustentables basadas en la participación democrática, la producción local, el consumo responsable y la solidaridad social. La educación ambiental desempeña aquí un papel decisivo. No se trata únicamente de transmitir información científica, sino de desarrollar una nueva conciencia ética sobre la relación entre humanidad y naturaleza.

Las transformaciones culturales son tan importantes como las tecnológicas. Una civilización organizada alrededor del hiperconsumo superfluo difícilmente podrá resolver una crisis derivada precisamente del exceso de consumo y la explotación. El desafío climático implica también revisar estilos de vida, redefinir necesidades y reconstruir vínculos comunitarios debilitados por décadas de individualismo extremo.

Por otra parte, la dimensión internacional del problema exige fortalecer los mecanismos de cooperación global. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente la crisis climática. Las emisiones producidas en una región afectan al conjunto del planeta. De ahí la necesidad de acuerdos multilaterales vinculantes, financiamiento climático para los países más vulnerables y responsabilidades diferenciadas entre naciones industrializadas y países en desarrollo.

La justicia climática constituye un principio esencial. Las sociedades que históricamente más contribuyeron a las emisiones globales poseen una responsabilidad mayor en la financiación de soluciones y en la transferencia de tecnologías limpias. Resultaría éticamente inadmisible exigir iguales sacrificios a países pobres cuya contribución histórica al calentamiento ha sido mucho menor.

Finalmente, toda solución climática auténtica exige recuperar una visión ética de la relación entre humanidad y naturaleza. Durante siglos predominó una concepción basada en la dominación ilimitada del entorno natural. La naturaleza fue reducida a mera fuente de recursos disponibles para la explotación económica. La crisis actual demuestra los límites y peligros de esa visión.

La humanidad necesita reconstruir una relación más equilibrada con el planeta que habita. No se trata de renunciar al progreso científico ni tecnológico, sino de orientarlo hacia la preservación de la vida y el bienestar colectivo. El desafío del siglo XXI consiste precisamente en compatibilizar desarrollo humano, justicia social y sostenibilidad ecológica.

La lucha contra el calentamiento global no representa únicamente una tarea ambiental. Constituye una disputa por el tipo de civilización que la humanidad desea construir. De las decisiones tomadas en las próximas décadas dependerá no solo la estabilidad climática del planeta, sino también la posibilidad de una convivencia más justa, solidaria y sostenible entre los seres humanos y la naturaleza.