La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) presentó el primer episodio de su nuevo podcast Seres Endémicos, una iniciativa desarrollada junto con Cucumelo Films para promover la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la protección de la vida silvestre en Costa Rica.
El episodio inaugural aborda una práctica frecuente en playas, parques nacionales, carreteras y zonas turísticas del país: la alimentación de animales silvestres por parte de personas visitantes y residentes. Aunque muchas veces se realiza con buenas intenciones, especialistas advierten que esta conducta provoca graves alteraciones en la salud y el comportamiento de numerosas especies.
Para analizar esta problemática, el programa contó con la participación de la Dra. Laura Porras, investigadora del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) de la Universidad Nacional, quien expone evidencia científica acumulada durante décadas sobre los efectos negativos de alimentar fauna silvestre.
Durante la conversación se explica cómo especies como los mapaches, los monos cara blanca y los cocodrilos han modificado sus patrones de comportamiento debido a la disponibilidad de alimentos proporcionados por seres humanos. Entre las consecuencias documentadas se encuentran alteraciones nutricionales, problemas de salud, dependencia alimentaria, cambios en los horarios de actividad y un aumento de los conflictos entre personas y animales.
Uno de los casos analizados corresponde a investigaciones realizadas en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde se ha observado que algunos mapaches han adaptado sus rutinas a los horarios de mayor presencia turística para obtener alimentos. Según se explica en el programa, el problema no radica en la especie, sino en los cambios que genera la disponibilidad de comida no natural para estos animales.
La entrevista también aborda los efectos del consumo de alimentos procesados y azucarados en especies silvestres. Como ejemplo, se mencionan los monos cara blanca que reciben golosinas, frutas procesadas u otros productos destinados al consumo humano, situación que puede afectar su salud y modificar sus hábitos naturales.
Otro de los temas desarrollados es el riesgo que implica alimentar cocodrilos. La práctica puede provocar que estos animales asocien la presencia humana con la obtención de alimento, aumentando el peligro de incidentes y ataques en zonas donde existe interacción frecuente entre personas y fauna silvestre.
La Dra. Porras destaca además la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la divulgación científica para que más personas comprendan por qué no deben alimentar animales silvestres y cuáles son las consecuencias ecológicas de hacerlo.
El episodio recuerda que la alimentación de fauna silvestre está prohibida por la Ley de Conservación de Vida Silvestre de Costa Rica. De acuerdo con el artículo 116 de la normativa, esta conducta puede ser sancionada con multas cercanas a los 150.000 colones.
Asimismo, se informa que las personas pueden denunciar estos hechos mediante la línea telefónica 1192 o a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Con el lanzamiento de Seres Endémicos, APREFLOFAS busca contribuir a la sensibilización ciudadana sobre la importancia de proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables de convivencia con la fauna silvestre.
El primer episodio ya se encuentra disponible en YouTube:
“Costa Rica necesita acuerdos ambientales de largo plazo: Parlamentos Cívicos se pronuncian”
“Declaración conjunta: justicia climática y defensa de los Parlamentos Cívicos”. Aprueban preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento
“Mes del Ambiente: Parlamentos Cívicos llaman a un pacto nacional inclusivo”
“Unidos por la justicia ambiental y la participación ciudadana”
San José, Costa Rica. — En el marco del Día Mundial del Ambiente, los Parlamentos Cívicos y Consejos Cívicos Ciudadanos del programa de formación e incidencia ciudadana del Departamento de Participación Ciudadana se reunieron y expresaron en un documento su convicción de que Costa Rica necesita abrir un diálogo nacional amplio, plural e inclusivo sobre los principales retos ambientales que enfrenta el país.
“Reconocemos que la protección del ambiente, la acción climática, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, la gestión adecuada del territorio, la justicia ambiental y la participación ciudadana no pueden abordarse de manera aislada ni coyuntural. Estos desafíos requieren acuerdos de largo plazo, construidos con base en evidencia técnica, participación social efectiva y compromiso institucional”, señala el pronunciamiento.
El Dr. Bernardo Aguilar presidente del Parlamento Cívico Ambiental manifestó que hoy inician un proceso de diálogo ciudadano durante el Mes del Ambiente, orientado a desarrollar una declaración conjunta que priorice las políticas públicas ambientales que Costa Rica debería impulsar en los próximos diez años.
Según lo acordado este proceso recogerá la diversidad de voces, experiencias y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo comunidades locales, juventudes, mujeres, población afrodescendiente, pueblos indígenas, adultos mayores, personas discapacitadas y otras poblaciones vulnerabilizadas, organizaciones ambientales, actores territoriales, sector académico, sector privado, instituciones públicas y ciudadanía organizada.
“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo de reflexión y construcción colectiva, agregó Aguilar.
Costa Rica cuenta con una importante trayectoria ambiental, pero también enfrenta retos urgentes que exigen visión, responsabilidad y capacidad de diálogo desde estos foros cívicos. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda ambiental inclusiva, democrática y orientada al bienestar de las presentes y futuras generaciones.
El Mes del Ambiente debe ser una oportunidad no solo para conmemorar, sino también para iniciar una conversación nacional seria sobre el país que queremos construir en la próxima década.
En el marco de esta actividad, todas las personas asistentes aprobaron unánimemente la proclama conjunta y acordaron informar a la administración de la Asamblea Legislativa que los espacios de participación mantendrán su denominación como Parlamentos Cívicos —Parlamento Ambiental, Parlamento Afrocostarricense, de Mujeres Jóvenes por el Clima y de Movilidad Sostenible—, en respuesta a la propuesta de las gerencias legislativas de rebautizarlos como Consejos Cívicos. Esta decisión reafirma la identidad y el carácter deliberativo de estos foros ciudadanos, respaldando la importancia de preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento institucional. En el encuentro participaron activamente también las exdiputadas Paola Valladares y Rosalía Brown.
Un total de 32 organizaciones ambientales, comunitarias y de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo cuatrienal del expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura”, con el fin de evitar su archivo y permitir que sea sometido a segundo debate.
La petición fue presentada el 1 de junio de 2026 por la Coalición por los Pasos de Fauna y dirigida a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a las jefaturas de fracción legislativa. El documento también fue remitido con copia al despacho de la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle.
Las organizaciones recuerdan que el proyecto fue aprobado en primer debate de forma unánime el pasado 21 de abril de 2026 con 47 votos a favor, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de atender una problemática que durante años ha afectado a la fauna silvestre del país. Sin embargo, advierten que la iniciativa podría quedar archivada al vencer su plazo cuatrienal el próximo 9 de junio.
Según la exposición presentada ante el Congreso, el atropello y la electrocución constituyen dos de las principales causas de muerte de animales silvestres en Costa Rica. La situación ha sido documentada durante décadas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, personas investigadoras y organizaciones de la sociedad civil.
Las agrupaciones sostienen que el problema tiene efectos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre y genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Señalan que diversas investigaciones han registrado afectaciones a aproximadamente 140 especies, entre ellas felinos, primates, reptiles, anfibios, perezosos, armadillos, venados, pizotes, mapaches, dantas e iguanas.
La solicitud destaca además que la conservación de la biodiversidad tiene implicaciones económicas para el país, particularmente por la estrecha relación entre la salud de los ecosistemas y la actividad turística. Las organizaciones argumentan que la pérdida de fauna silvestre afecta la imagen internacional de Costa Rica como destino de turismo sostenible y repercute en empleos vinculados al turismo y a las áreas silvestres protegidas.
Asimismo, consideran que permitir el archivo de una iniciativa que ya superó casi cuatro años de trámite legislativo y que fue aprobada en primer debate representaría un desperdicio de recursos públicos y del trabajo realizado durante el proceso legislativo. Por ello, hacen un llamado a la responsabilidad ecológica y financiera de las diputadas y diputados para que aprueben la ampliación del plazo y permitan la votación definitiva del proyecto.
Las organizaciones indican que su solicitud se fundamenta en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que regula las ampliaciones del plazo cuatrienal de los proyectos de ley.
El documento señala además que la petición cuenta con el respaldo de más de 17.000 firmas ciudadanas recolectadas mediante una campaña electrónica en apoyo a la aprobación de la ley.
Las organizaciones firmantes son:
APREFLOFAS
Bloque Verde
SalveMonos
Savage Lands
Verde Mar
Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta
Alturas Wildlife Rescue Costa Rica
Alianza Escazú
Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza
GuanaDefensoras
The Leatherback Trust
Asociación Civil Pro Natura
Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande
Comité Punta Pelencho
Fundación Fogaus
Un Puerto Limpio
Sol Sanctuary
Antigentrificación
Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito
Asociación de Desarrollo de Playa Potrero
Fundación Halfway Home Tamarindo
Coalición Floresta
Fundación Orgánica
Colectivo Ecologista Liberiano
Asociación Sostenibilidad en Grande
Defensores de la Casa Común
Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica
Mercado Bahía Ballena
Asociación Regenerativa Matzú Insigne
Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación
Mar & Comercio
SURCOS pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo:
Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.
Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.
Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.
Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.
La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.
La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.
Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.
Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.
La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.
La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.
CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.
La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.
Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.
El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.
La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.
También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.
La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.
CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.
Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:
Marco Vinicio Levy Virgo solicitó al Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo reconsiderar la negativa de entregar información relacionada con una denuncia por presunta chapea y posible cambio de uso del suelo en un terreno colindante con El Colibrí Lodge, argumentando que la propia Sala Constitucional ya resolvió un caso similar y reconoció el derecho de acceso a este tipo de información ambiental.
La gestión fue presentada mediante el oficio MLV-00189-2026, dirigido al técnico del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), Lenin Prado Calvo, como respuesta al oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-115-2026 emitido el 21 de mayo de 2026.
En dicho oficio, el SINAC informó que una denuncia relacionada con una presunta intervención en un terreno dentro del área de influencia del Refugio fue inspeccionada el 13 de mayo de 2026 por funcionarios de la institución y que los resultados fueron incorporados al informe técnico SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-108-2026, agregado a una causa penal abierta desde 2023. La institución indicó que no podía suministrar el contenido de dicho informe debido a las restricciones establecidas en el artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones dentro de investigaciones penales.
Ante esa respuesta, Levy Virgo remitió copia de la Resolución Nº 2025016106 de la Sala Constitucional, emitida el 30 de mayo de 2025 en un recurso de amparo promovido también por él contra la administración del Refugio Gandoca-Manzanillo. Según señala, la sentencia resolvió que la Administración no puede negar información pública ambiental amparándose de manera general en el artículo 295 del Código Procesal Penal cuando lo solicitado corresponde a información técnica y administrativa producida por la propia institución.
De acuerdo con la resolución constitucional, el derecho de acceso a la información pública está protegido por el artículo 30 de la Constitución Política y comprende información relacionada con la gestión administrativa, las inspecciones realizadas, el seguimiento de denuncias y las actuaciones de protección ambiental. La Sala indicó que la Administración debe entregar la información solicitada, resguardando únicamente los datos sensibles o confidenciales que estén protegidos por ley.
En su comunicación, Levy Virgo sostiene que la jurisprudencia constitucional resulta directamente aplicable al caso actual, debido a que la negativa del SINAC se fundamenta nuevamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Por ello, solicita que se le remita el informe técnico oficial derivado de la inspección realizada el 13 de mayo de 2026, incluyendo información sobre el estado de la vegetación, las medidas adoptadas, las acciones de restauración y otros aspectos relacionados con la denuncia presentada.
El ciudadano manifestó que su objetivo es contribuir a la protección efectiva del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y facilitar una solución ágil y conforme al marco legal vigente, mediante la aplicación de los criterios ya establecidos por la Sala Constitucional en materia de acceso a información pública ambiental.
Una vez más, una autoridad jurisdiccional rechazó las actuaciones del alcalde de San Rafael de Heredia, señor Jorge Eduardo Arias Santamaría, al declarar ilegal el veto que interpuso contra un acuerdo del Concejo Municipal relacionado con el cumplimiento de una orden emitida por la Sala Constitucional.
Mediante la resolución 26-000619-1027-CA-0, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió declarar sin lugar el veto presentado por el alcalde contra el Acuerdo N.° 2 de la Sesión Ordinaria N.° 141-2025, celebrada el 29 de diciembre de 2025 por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.
El acuerdo vetado instaba al alcalde a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto N.° 2023-017109, del 14 de julio de 2023, dictado dentro del expediente 22-027662-0007-CO. En dicha resolución, la Sala ordenó el traspaso a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de la finca inscrita en el Partido de Heredia, matrícula de folio real 156766-000, ubicada en el sector de Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 y el Parque Nacional Braulio Carrillo.
Según ha trascendido, en esa propiedad existiría interés por desarrollar un proyecto turístico, situación que ha generado preocupación debido al régimen especial de protección ambiental que actualmente la resguarda.
Esta controversia se produce en un contexto de creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla el desarrollo de infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.
El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y se encuentra amparado por un régimen especial de protección que se remonta al siglo XIX. Asimismo, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana, razón por la cual cualquier modificación de su condición actual reviste un evidente interés público.
Diversas organizaciones ambientales, comunidades locales y personas expertas en conservación y recursos hídricos han advertido sobre los posibles impactos que podrían derivarse de la construcción de infraestructura turística o recreativa en este ecosistema, subrayando la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las resoluciones judiciales que protegen el área.
El acuerdo municipal advertía además que, de mantenerse el incumplimiento de la orden constitucional, el alcalde debería asumir las consecuencias legales derivadas de una eventual desobediencia a una resolución judicial firme.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué interés mueve al alcalde a renunciar a la protección absoluta que hoy resguarda la finca del Cerro Chompipe, al punto de vetar los acuerdos del Concejo Municipal que buscan mantener esa protección y exigir el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional?
En su resolución, el Tribunal concluyó que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se limita a exigir el cumplimiento de una orden jurisdiccional vigente. Señala expresamente que el acuerdo corresponde al ejercicio legítimo de las competencias del Concejo Municipal respecto al cumplimiento de una orden judicial, razón por la cual determinó que no existían fundamentos para sostener el veto interpuesto por la Alcaldía.
La parte dispositiva de la sentencia establece: «De conformidad con el artículo 169 inciso f) del Código Municipal, se declara sin lugar el veto interpuesto. Es todo. Notifíquese.» La resolución fue emitida por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.
Este nuevo pronunciamiento judicial constituye un respaldo a la obligación de las autoridades municipales de acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y reabre el debate sobre el futuro de la finca ubicada en Cerro Chompipe, un territorio de extraordinario valor ecológico, hídrico y estratégico para el país.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) anunció el lanzamiento de Seres Endémicos, un nuevo proyecto de comunicación estratégica en formato podcast que busca fortalecer el diálogo, la educación ambiental y la divulgación de conocimientos sobre conservación en Costa Rica.
La iniciativa será presentada oficialmente el próximo miércoles 3 de junio de 2026, en el marco de la Semana Mundial del Medio Ambiente, previo a la conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio) y del Día Mundial de los Océanos (8 de junio).
Fundada en 1985, APREFLOFAS ha desarrollado durante cuatro décadas diversas acciones de protección ambiental, educación, sensibilización y comunicación estratégica orientadas a promover la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Entre sus iniciativas más destacadas figura la campaña relacionada con la reforma a la Ley de Vida Silvestre impulsada mediante iniciativa popular respaldada por 177 mil firmas ciudadanas, proceso que culminó con la aprobación de la Ley 9106 y convirtió a Costa Rica en el primer país del continente americano en prohibir la denominada “cacería deportiva”.
Como parte de esta trayectoria, la organización también participó en la campaña “Acéptelo es ilegal”, desarrollada junto con Humane Society International Latinoamérica y autoridades estatales para informar a la ciudadanía sobre la prevención de delitos ambientales y los alcances de la reforma a la Ley de Vida Silvestre.
Durante la celebración de su 40 aniversario en 2025, APREFLOFAS impulsó además una campaña temática de diez semanas difundida a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram (@apreflofas_cr) y TikTok, abordando temas relacionados con conservación, ecosistemas, minería ilegal, vida silvestre, delitos ambientales, protección marino-costera y prevención del atropello de fauna silvestre.
El nuevo proyecto Seres Endémicos ha sido desarrollado conjuntamente con Cucumelo Films, organización con la que APREFLOFAS mantiene una relación de cooperación de más de una década. La propuesta pretende consolidar una plataforma digital de conversación ambiental capaz de reunir a organizaciones sociales, especialistas, instituciones públicas, empresas con enfoque de sostenibilidad, artistas, activistas y grupos comunitarios alrededor de los principales desafíos ambientales del país.
Según la organización, el podcast abordará temas como conservación de ecosistemas, generación de conocimiento científico, educación ambiental, participación ciudadana, democracia digital, derecho ambiental e incidencia política.
La primera temporada desarrollará una secuencia temática dedicada a la relación entre las personas y la vida silvestre, la conservación, la sostenibilidad, la comunicación ambiental, el arte, la música, la educación ambiental, el arbitraje internacional, los orígenes del movimiento ambientalista costarricense y la evolución del modelo institucional de conservación del país.
APREFLOFAS destaca que Seres Endémicos constituye una propuesta poco frecuente dentro del ecosistema de comunicación digital costarricense, al tratarse de un podcast dedicado exclusivamente a temas ambientales, con programación periódica y participación de personas con amplia trayectoria y experiencia en distintas áreas relacionadas con la conservación.
La organización invita al público a participar en el acto de lanzamiento, que se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica.
Asimismo, hace un llamado a suscribirse a sus plataformas digitales y a fomentar conversaciones serias y constructivas sobre la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad.
Fecha de lanzamiento: miércoles 3 de junio de 2026
Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado
Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo
Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.
Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.
Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.
La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.
Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.
La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.
Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.
Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.
Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.
La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.
La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.
Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.
La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.
Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.
En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.
El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.
La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.
Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.
Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.
Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.
La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.
Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.
Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.
La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.
A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.
Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.
Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.
Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.
Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.
También implica mirar lo ocurrido en Moín.
Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.
Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.
Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.
Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.
Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.
Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.
Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.
Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.
Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.
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