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UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que flexibilizaría intervenciones en parques nacionales

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Universidad advierte que la iniciativa podría abrir la puerta a intervenciones de amplio alcance en áreas protegidas sin suficientes límites, salvaguardas ambientales ni criterios técnicos

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto base del proyecto de ley denominado “Ley para flexibilizar la Ley de Servicio de Parques Nacionales, Ley N.° 6084 del 24 de agosto de 1977, en caso de desastres naturales y peligro inminente”, Expediente N.° 25.237.

La posición institucional surge luego del análisis realizado por instancias universitarias, entre ellas el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) y la Red de Áreas Protegidas, cuyos aportes fueron considerados en la propuesta elevada al Consejo Universitario.

El proyecto de ley pretende atender una problemática real relacionada con la Ruta Nacional N.° 32, particularmente por las dificultades para realizar obras preventivas y de atención inmediata frente a derrumbes y deslizamientos en el sector que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. La iniciativa busca flexibilizar determinadas prohibiciones de la Ley de Servicio de Parques Nacionales para permitir intervenciones relacionadas con la seguridad vial y la prevención de riesgos.

Sin embargo, el análisis universitario advierte que la propuesta trasciende ampliamente el problema específico de la Ruta 32 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Una de las principales preocupaciones señaladas es que el proyecto no se limita a resolver las necesidades específicas de mantenimiento, seguridad y atención de emergencias en la Ruta Nacional N.° 32. Por el contrario, la redacción propuesta podría permitir intervenciones en parques nacionales y otras áreas protegidas ante situaciones de emergencia o peligro inminente, sin establecer límites suficientemente claros respecto al alcance, magnitud y tipo de obras que podrían ser autorizadas.

El documento advierte que conceptos como “peligro inminente”, “obras de retención” e “infraestructura preventiva” presentan un nivel de amplitud que podría dar lugar a interpretaciones extensivas.

La ausencia de una definición precisa del concepto de peligro inminente, por ejemplo, podría abrir la posibilidad de realizar obras de ampliación vial, tala de vegetación o remoción de tierra fuera de los límites estrictos del derecho de vía, incluso dentro de áreas protegidas, sin contar necesariamente con los controles ambientales mínimos correspondientes.

Otro de los aspectos centrales señalados por la Universidad es la necesidad de establecer una distinción clara entre las intervenciones inmediatas necesarias para atender una emergencia y las obras permanentes de infraestructura.

Según las observaciones técnicas, las intervenciones de carácter permanente, como estabilización de taludes, drenajes, obras de retención e infraestructura preventiva, pueden tener impactos ambientales significativos y, por tanto, deberían estar sujetas a los instrumentos de evaluación ambiental correspondientes.

Asimismo, se advierte que el proyecto no desarrolla con suficiente precisión los procedimientos técnicos previos ni las diferencias entre una intervención inmediata de emergencia y una obra permanente, lo que podría generar interpretaciones amplias y afectar el principio de no regresividad ambiental.

Entre los elementos que deberían estar claramente definidos se encuentran la evaluación ambiental previa cuando corresponda, los planes de restauración, la delimitación física del área intervenida, los plazos de intervención y los mecanismos de control posterior.

La UCR reconoce la necesidad de contar con mecanismos ágiles para proteger la vida de las personas y atender situaciones de riesgo, especialmente en una vía tan importante como la Ruta Nacional N.° 32.

No obstante, considera que la respuesta a esta problemática debe construirse mediante procedimientos técnicos claramente delimitados que permitan atender las emergencias sin debilitar innecesariamente el régimen de protección de los parques nacionales y otras áreas protegidas.

En ese sentido, se recomienda que cualquier modificación normativa delimite estrictamente las intervenciones al derecho de vía legalmente constituido y establezca salvaguardas que impidan ampliar o modificar el régimen de protección de los parques nacionales mediante disposiciones excepcionales relacionadas con situaciones de emergencia.

Ver pronunciamiento completo: https://drive.google.com/file/d/1ujtLRoD2Ek5vzdmdY5QA5T5dovXCBhlj/view?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Centros de Datos: grave amenaza socioambiental para Bagaces y para Costa Rica

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Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente- FECON
Setiembre 2026

Recientemente se ha dado a conocer un proyecto para establecer un centro de datos para inteligencia artificial en Bagaces, Guanacaste. Se trata de Palo Negro AI & HPC Campus, una iniciativa impulsada por la empresa Cosfin Energía S.A., intencionada para atraer inversiones transnacionales para el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto contempla también la producción local de aproximadamente 120 megavatios (MW) de energía eléctrica para abastecer la demanda del centro de datos, lo que podría implicar la instalación de nuevos proyectos de generación eléctrica de capital privado en la zona para esta finalidad.

Un centro de datos (o “data center”) es una instalación especializada, diseñada para albergar servidores donde se almacena y procesa enormes volúmenes de información de grandes empresas tecnológicas. En palabras simples, es un conjunto de megabodegas llenas de computadoras que permanecen encendidas de manera continua, 24/7. Durante los últimos años ha habido una explosión de centros de datos alrededor del mundo, asociado al auge de la inteligencia artificial y al crecimiento del uso de servicios en la “nube”. Cada vez más, aparecen noticias y estudios sobre los graves impactos socioambientales de los centros de datos, los cuales han provocado conflictos sociales en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Uruguay, Indonesia, Malasia, entre otros.

Los centros de datos para inteligencia artificial son consumidores masivos de agua, energía y materiales y, en la misma medida, son productores de enormes cantidades de desechos. Por sus características, estas infraestructuras demandan energía de manera permanente e intensiva, para mantener encendidas las computadoras y aires acondicionados. Asimismo, utiliza enormes volúmenes de agua para enfriar las instalaciones, las cuales emiten calor por el uso de las máquinas. Un informe reciente, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, ofrece algunas estimaciones de la huella ecológica de los centros de datos a nivel mundial, las cuales resultan escalofriantes:

  • La energía eléctrica consumida por los centros de datos en 2025 es equivalente al consumo eléctrico total de la población de África Subsahariana (1.300 millones de personas) durante 2,6 años.
  • La huella hídrica de los centros de datos en 2025 fue de 4,5 trillones de litros de agua, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de agua para consumo humano para 600 millones de personas. Para 2030, se estima que la huella hídrica podría alcanzar los 9,3 trillones de litros de agua.
  • Las infraestructuras de inteligencia artificial podrían generar hasta 2,5 millones de toneladas métricas de desechos para 2030, equivalente a 250 “Torres Eiffel” cada año.

Conforme se expanden los centros de datos por el mundo, van dejando tras de sí un impacto devastador en aquellos territorios en donde se instalan. Comunidades sin agua, aumentos abruptos en tarifas eléctricas, apagones e instabilidad en la corriente eléctrica, contaminación del agua, contaminación sónica, son algunos de los efectos nefastos de estas infraestructuras. Asimismo, se ha alertado sobre la falta transparencia de las grandes empresas tecnológicas en relación con sus impactos ambientales. En muchos países, las compañías han firmado contratos “confidenciales” con los gobiernos, de manera que hasta el momento se desconoce el verdadero impacto de sus operaciones en las diferentes localidades. Lo que se conoce es a partir de denuncias realizadas por poblaciones afectadas.

Pareciera ser que, frente al desastre producido por los centros de datos en el Norte global, sobre todo en Estados Unidos (país que concentra alrededor del 50% del total mundial y donde el tema se ha hecho muy mediático y controversial), se está dando una tendencia a “exportar” estas infraestructuras hacia el Sur global, fenómeno del cual Costa Rica no escapa. En las últimas semanas, se ha informado en diferentes medios que el país aspira a posicionarse como un “hub” de centros de datos a nivel regional, cuya demanda se estima podría triplicarse durante la próxima década. Más allá de un anuncio, ya hay acciones concretas en esta dirección, por ejemplo, la firma de un convenio de cooperación entre el gobierno y Google para estimular el desarrollo de centros de datos.

Volviendo a Bagaces, todo indica que el proyecto Palo Negro va en serio. Actualmente se encuentra en fase de prefactibilidad, sin embargo, sus promotores ya han iniciado comunicaciones y gestiones con las instituciones públicas correspondientes, entre ellas, con el ICE y la Municipalidad. Inclusive, recientemente el alcalde se reunió con la embajadora de Estados Unidos, en donde conversaron sobre la “atracción de inversión estadounidense” en el cantón. Por el otro lado, la población bagaceña no tiene información clara y fidedigna sobre este proyecto y mucho menos sobre los posibles impactos que pueda provocar. Las negociaciones entre la empresa y las autoridades se han dado “a puerta cerrada”, lo cual indica que se repite aquí el secretismo que se ha denunciado alrededor de centros de datos en otros países.

En este momento hay gran preocupación y angustia entre la población bagaceña alrededor de este proyecto. Algunas personas han empezado a organizarse y a exigir un debate público informado, crítico y transparente, más allá de las promesas vacías de “desarrollo” que se ofrecen. La principal preocupación tiene que ver con el agua. Recordemos que este cantón ha enfrentado en tiempos recientes un grave problema de abastecimiento de agua potable debido a contaminación por arsénico, el cual, después de una larga lucha, se resolvió parcialmente con la construcción de un nuevo acueducto. Las y los bagaceños se preguntan, con toda razón, de dónde se va obtener el agua para el posible centro de datos, cuánta agua se pretende extraer y si esta extracción podría amenazar el abastecimiento para las comunidades, en una región ya de por sí muy afectada por la sequía y el cambio climático.

Otro tema preocupante es el de la energía. El centro de datos demandaría una enorme inyección de energía eléctrica, priorizando el uso corporativo por sobre las necesidades sociales y amenazando con afectar la calidad y estabilidad del sistema. Si miramos el escenario nacional, esto tiene relación con el proyecto de ley de armonización eléctrica, el cual propone permitir las compraventas directas de electricidad entre generadores privados y grandes consumidores (en este caso, el centro de datos). Es decir, el proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de este tipo de megaproyectos, que implican un consumo energético voraz.

En este momento crítico, desde el movimiento ecologista manifestamos nuestro apoyo a las y los bagaceños que están iniciando esta lucha contra el centro de datos Palo Negro. No aceptamos que este país se convierta en una zona de sacrificio socioambiental para este nuevo extractivismo digital de las grandes corporaciones tecnológicas.

Ecologistas acusan de desobediencia al gobierno por incumplimiento de sentencia sobre agua contaminada con clorotalonil

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  • Sala Constitucional otorga tres días de audiencia a autoridades de Salud y AyA tras gestión presentada por el ecologista Fabián Pacheco.

  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.

  • Califican de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear metabolitos degradados de clorotalonil.

Organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua en la zona norte de Cartago denunciaron el desacato sistemático del Estado costarricense ante las órdenes emitidas por la Sala Constitucional. Mediante resolución del pasado 27 de agosto de 2026, el alto tribunal confirió un plazo perentorio de tres días a las jerarquías del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno para que respondan ante la acusación de desobediencia formulada en el expediente 22-026649-0007-CO.

La gestión fue interpuesta por el agrobiólogo y ecologista defensor del agua, Fabián Pacheco Rodríguez, señalando que las instituciones han incumplido la sentencia N° 2023013384 del 6 de junio de 2023. Dicho fallo ordenó adoptar y ejecutar de forma inmediata y en un plazo máximo de seis meses las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil» (emitido conjuntamente por Salud, MINAE y AyA el 14 de abril de 2023), con el fin primordial de tutelar la vida y la salud pública de la población afectada.

Incapacidad técnica y negligencia institucional

El colectivo ambientalista Frente EcoCipreses y comunidades organizadas fustigaron con vehemencia la inacción gubernamental. «Es absolutamente indignante que hayan transcurrido los años y el Laboratorio Nacional de Aguas siga sin contar con la capacidad técnica requerida para monitorear los productos degradados (metabolitos) del agrotóxico clorotalonil en las fuentes de consumo humano. La Sala Constitucional fue enfática y categórica: el Estado debía resolver este vacío técnico e implementar las recomendaciones oficiales, pero han optado por la negligencia y la dilación», manifestó Fabián Pacheco.

La ausencia de equipo y protocolos analíticos oficiales para cuantificar los metabolitos del plaguicida perpetúa la vulnerabilidad sanitaria de miles de personas, impidiendo verificar por parte del AyA con certeza científica si las tomas de agua son aptas para el consumo o si siguen comprometiendo la salud de las familias en Costa Rica.

Violación flagrante de las zonas de protección

Asimismo, el Frente EcoCipreses advirtió que la desprotección no es solo química y analítica, sino también territorial: en la zona continúan existiendo nacientes y tomas de agua donde no se respeta la franja de protección ecológica de 200 metros estipulada en la Ley de Aguas. Las actividades agrícolas intensivas continúan realizándose al límite mismo de los manantiales en la Zona Norte de Cartago, favoreciendo la escorrentía directa de agroquímicos hacia el manto acuífero y perpetuando la crisis hídrica.

Advertencia penal por delito de desobediencia

En su resolución reciente, el magistrado instructor Jorge Araya García recordó de manera expresa a las autoridades recurridas que, de comprobarse la desobediencia a lo ordenado en la sentencia constitucional, se abrirán procedimientos administrativos sancionatorios y se procederá al testimonio de piezas ante el Ministerio Público para el juzgamiento penal por el delito tipificado en los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Las comunidades y colectivos ecologistas reiteraron que no cesarán en la movilización legal y social hasta que se garantice agua potable limpia, libre de venenos, con zonas de nacientes rigurosamente delimitadas y con un monitoreo toxicológico riguroso que no dependa de la desidia gubernamental.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

Parlamento Cívico Ambiental: “La descarbonización no es una estafa, es una oportunidad de desarrollo”

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado al país y a los medios de comunicación nacionales para abrir un debate serio, informado y basado en evidencia sobre el futuro de la descarbonización, la movilidad eléctrica y la política energética de Costa Rica.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificando la descarbonización como una “estafa intelectual”, no pueden reducirse a una diferencia de opinión política. Se refieren a una política pública que tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la salud de la población, el transporte, la dependencia de los combustibles importados y la seguridad energética del país.

Costa Rica merece discutir estos temas con datos y no mediante descalificaciones.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda, en primer lugar, que el cambio tributario actualmente aplicable a los vehículos eléctricos no corresponde a la creación repentina de un nuevo impuesto del 30 %. Se trata de la reducción gradual de exoneraciones contemplada desde 2022 en la legislación de promoción del transporte eléctrico. Por esta razón, resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda explique con absoluta claridad a la ciudadanía cuáles disposiciones son nuevas y cuáles forman parte de un calendario tributario previamente establecido.

La discusión tampoco puede limitarse al argumento de que Costa Rica representa una proporción pequeña de las emisiones globales.

Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para beneficiarse de ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente del petróleo.

La descarbonización representa una oportunidad económica concreta para un país que cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sustituir progresivamente combustibles fósiles importados por electricidad producida en Costa Rica significa fortalecer nuestra soberanía energética y mantener una mayor proporción de los recursos económicos dentro del país.

La evidencia disponible también contradice la idea de que la descarbonización constituye únicamente un costo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han estimado que la implementación del Plan Nacional de Descarbonización podría generar alrededor de US$41.000 millones en beneficios económicos netos entre 2020 y 2050, como resultado del ahorro energético, menores tiempos de congestión, reducción de accidentes, mejoras productivas y protección de servicios ecosistémicos.

A esto debe agregarse una realidad que millones de costarricenses experimentan todos los días: las presas también tienen un costo.

El congestionamiento vial significa combustible desperdiciado, pérdida de productividad, deterioro de la calidad del aire, accidentes y horas que las personas dejan de dedicar a sus familias, al descanso, al estudio y al trabajo. Diversas estimaciones han situado el costo económico de la congestión vial en varios puntos porcentuales del producto interno bruto.

Ese costo existe, aunque no aparezca identificado como un impuesto en una factura.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental considera que Costa Rica necesita avanzar simultáneamente en adaptación climática y reducción de emisiones. Proteger comunidades e infraestructura frente a inundaciones, sequías y eventos extremos no es incompatible con transformar un sistema de transporte caro, contaminante e ineficiente.

El país requiere una política integral que incluya movilidad eléctrica, pero que vaya mucho más allá del automóvil particular.

Debe priorizarse la electrificación de autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo, acompañada por inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica.

Asimismo, resulta fundamental preservar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad, la planificación energética pública y la generación renovable como instrumentos estratégicos para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles.

El Parlamento Cívico Ambiental no sostiene que los incentivos fiscales deban mantenerse indefinidamente ni que las políticas públicas no puedan revisarse. Por el contrario, toda política debe ser evaluada y mejorada conforme evolucionan las condiciones económicas y tecnológicas.

Pero esas decisiones deben sustentarse en estudios públicos, evidencia técnica y análisis de sus consecuencias fiscales, ambientales, sociales y energéticas.

Por esta razón, hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales para divulgar y analizar el Manifiesto “La descarbonización no es una estafa: es una política de desarrollo, salud pública y soberanía energética”, mediante el cual el Parlamento Cívico Ambiental presenta argumentos y evidencia para contribuir a este debate nacional.

Cuando el debate público se aleja de los hechos y de la evidencia, pierde Costa Rica.

La democracia requiere información, contraste de posiciones y rendición de cuentas. El país merece decidir el rumbo de su política energética, ambiental y de movilidad con base en evidencia y pensando en sus propios intereses de largo plazo.

La descarbonización no es un lujo. No es una estafa. Es una oportunidad para construir una Costa Rica más eficiente, saludable, soberana y justa.

Sala Constitucional ordena a SETENA vigilancia ambiental sobre proyecto de extracción en el río Arío

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El abogado ambientalista Álvaro Sagot cuestiona la falta de participación ciudadana en la aprobación de la viabilidad ambiental y advierte sobre los riesgos para un río clave para la biodiversidad y el abastecimiento de agua en la Península de Nicoya (ver video).

Cóbano, Puntarenas. La Sala Constitucional admitió la semana pasada un recurso de amparo relacionado con la viabilidad ambiental otorgada a un proyecto de extracción de arena y otros materiales en el cauce del río Arío, en Cóbano, y ordenó una medida cautelar que obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a mantenerse especialmente vigilante para evitar posibles daños ambientales en el cauce del río y su biodiversidad.

Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien acompaña el proceso presentado junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, la decisión constituye un hecho particularmente relevante, debido a que la autoridad ambiental había rechazado previamente los cuestionamientos planteados por la comunidad.

“La sala constitucional admite recursos de amparo y ordena como un asunto asombroso -porque normalmente no se otorgan medidas cautelares- otorga una medida cautelar y le ordena a SETENA que tiene que mantenerse sumamente vigilante de que no se vayan a dar daños ambientales en el cauce del río Arío ni en la biodiversidad”, señaló Sagot.

El abogado considera que la decisión abre una oportunidad para revisar aspectos fundamentales relacionados con el derecho de participación y de información en materia ambiental.

“Esperemos que se observe de buena manera todo lo que tiene que ver con el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”, manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sagot y las organizaciones comunitarias se relaciona con la forma en que se evaluó el componente social del proyecto durante el proceso de viabilidad ambiental.

Según explicó el abogado, la valoración social del proyecto habría sido sustentada únicamente mediante entrevistas a una persona: “En el componente social únicamente se avaló todo el proyecto con entrevistas de una sola persona, nada más, para que ustedes se imaginen cómo anda el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”.

Sagot cuestiona además que, cuando la comunidad manifestó su oposición ante SETENA, la respuesta de la institución fue que los reclamos habían sido planteados de manera tardía, debido a que la viabilidad ambiental ya había sido otorgada. Para el abogado, esta situación resulta especialmente preocupante porque restringiría la posibilidad de que las comunidades participen efectivamente en decisiones que pueden afectar directamente sus territorios y recursos naturales.

Un río estratégico para la Península de Nicoya. La preocupación de las organizaciones no se limita al proyecto extractivo. El río Arío constituye un ecosistema de alta importancia ecológica y se encuentra en una zona particularmente vulnerable por la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El río está ubicado aproximadamente a 240 metros del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caleta-Arío, forma parte del Corredor Biológico Peninsular y mantiene una estrecha relación ecológica con ecosistemas de manglar, estuarios y ambientes marino-costeros.

En el río y sus alrededores se encuentran especies como camarones, peces y nutrias, mientras que su desembocadura se encuentra vinculada a ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad.

“Debe saberse que el río Arío es rico en biodiversidad, hay camarones, hay nutrias, hay peces por supuesto”, recordó Sagot.

Las organizaciones comunitarias advierten además que la cuenca tiene una importancia estratégica para la seguridad hídrica de la Península de Nicoya. El río y su entorno se encuentran relacionados con zonas de captación y campos de pozos utilizados para el abastecimiento de agua potable de comunidades y actividades turísticas de la zona.

Entre las localidades que dependen de este sistema hídrico se encuentran Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en una región que enfrenta crecientes presiones por la sequía, el aumento de la demanda de agua y los efectos del cambio climático.

Sagot cuestionó que estos elementos no hayan tenido, a su juicio, el peso necesario durante la evaluación ambiental: “Nada de esto importó, no interesó el proceso de escasez hídrica, el estrés hídrico que estamos viviendo con el fenómeno del Niño, el cambio climático, nada de ello.”

La preocupación por el proyecto forma parte de un conflicto más amplio. Esta solicitud de extracción en el río Arío es una de muchas otras solicitudes mineras planteadas el ecosistema, lo que ha generado una creciente movilización de organizaciones y comunidades.

La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), junto con organizaciones ambientales y vecinos de Cóbano, ha impulsado campañas de sensibilización, recolección de firmas, acciones legales y otras iniciativas para defender la cuenca del río Arío. El COVIRENA Cabo Blanco–Arío también ha participado en las acciones de defensa del territorio y del ecosistema.

La comunidad ha sostenido que la discusión no puede reducirse únicamente a la extracción de materiales, pues lo que está en juego es la protección de una cuenca estratégica para el agua, la biodiversidad y las comunidades de la Península de Nicoya.

Antecedentes. El 12 de noviembre de 2025, Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, solicitó la nulidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de extracción en el cauce del río Arío. Entre los argumentos planteados se encuentra la necesidad de analizar el caso desde el marco de la emergencia climática y los derechos humanos, incluyendo los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental.

Posteriormente se presentó este recurso de amparo relacionado con el procedimiento de otorgamiento de la viabilidad ambiental y con la protección constitucional del derecho al agua, la vida y un ambiente sano. Ahora, la admisión del recurso por parte de la Sala Constitucional y la medida cautelar dirigida a SETENA colocan nuevamente la protección del río Arío en el centro de la discusión.

Para Sagot, el caso también representa una oportunidad para reafirmar el alcance de los derechos de participación e información ambiental reconocidos por la jurisprudencia constitucional costarricense.

“Estamos ante situaciones que no deberían estar ocurriendo en Costa Rica, donde se supone que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, existe un derecho de participación ciudadana y un derecho de información ciudadana en materia ambiental”, concluyó.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

CONCEVERDE denuncia construcciones en zona ambientalmente protegida de San Rafael de Heredia y exige actuación inmediata de la Municipalidad

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció públicamente la continuidad de obras constructivas en, en Concepción de San Rafael de Heredia, pese a que desde 2022 la Municipalidad de San Rafael tiene conocimiento de la situación y, según documentación oficial, había ordenado la clausura de las obras.

De acuerdo con la denuncia presentada por CONCEVERDE ante la Alcaldía de San Rafael de Heredia, los hechos se desarrollan en un sector ubicado dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 del 30 de julio de 1888, así como en una zona señalada por la propia Municipalidad como área de protección asociada al Decreto Ejecutivo N.° 25902.

Cuatro años de denuncias y obras que continúan. La organización señala que a mediados de 2022 comenzó el movimiento de tierra, la corta de árboles y la construcción de obras en el sitio. Ante esta situación, el colectivo presentó una primera denuncia ante la Municipalidad de San Rafael.

La propia Municipalidad constató los hechos. En el oficio IPUT 430-2022, del 28 de julio de 2022, se indicó que durante una inspección se encontró corta de árboles y el inicio de obras constructivas en la finca identificada con el Folio Real 19006. Como consecuencia, se colocaron sellos o marchamos de clausura en el portón del inmueble.

Sin embargo, según CONCEVERDE, las obras continuaron. Ante la persistencia de los trabajos, el colectivo presentó una nueva denuncia el 26 de julio de 2024 ante la Alcaldía de San Rafael. La respuesta municipal, mediante el oficio IU-187-2024, del 17 de octubre de 2024, señaló que los hechos se desarrollaban en una zona de protección relacionada con el Decreto N.° 25902 y que existían dificultades para notificar a las personas propietarias debido a que la finca se encontraba dividida en derechos.

La Municipalidad también indicó que había realizado diversas prevenciones para evitar la continuación de las obras y que el incumplimiento podría dar lugar a la presentación de una denuncia penal.

La organización cuestiona la falta de acciones efectivas Para el colectivo ciudadano, las actuaciones municipales no han sido suficientes para detener las construcciones.

CONCEVERDE afirma que, pese a las denuncias presentadas y a las clausuras realizadas, actualmente no solo existe una vivienda que habría sido concluida, sino que también se han ejecutado y continúan ejecutándose otras construcciones en el sitio denunciado y, aparentemente, en fincas o lotes contiguos.

La organización considera particularmente grave que hayan transcurrido aproximadamente cuatro años desde la primera denuncia sin que las obras hayan sido efectivamente detenidas, pese a que la propia Municipalidad había constatado irregularidades y había advertido sobre las posibles consecuencias legales de continuar con los trabajos.

“Las dificultades relacionadas con las notificaciones no pueden convertirse en una justificación indefinida para permitir que las obras continúen”, sostiene CONCEVERDE en su denuncia, al considerar que una situación que se prolonga durante años podría evidenciar una actuación negligente de la Administración y un eventual incumplimiento de deberes que debe ser investigado.

Una zona sometida a protección. El colectivo advierte que el caso no constituye únicamente un problema relacionado con permisos de construcción, sino que involucra la protección ambiental y el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

El colectivo sostiene que las obras se localizan dentro de una zona sometida a un régimen especial de protección y recuerda que la construcción y transformación del territorio en estos sectores debe ajustarse estrictamente a las disposiciones ambientales y urbanísticas aplicables.

Por ello, considera que las autoridades municipales tienen la obligación de actuar de manera efectiva cuando se detectan obras que podrían contravenir la normativa y afectar el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Ante la continuidad de las obras, CONCEVERDE solicita al alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, que informe detalladamente sobre todas las actuaciones realizadas por la Municipalidad desde la primera denuncia de 2022.

Entre sus principales peticiones se encuentran:

  • Informar qué medidas se han adoptado para detener las construcciones, más allá de las inspecciones y la colocación de sellos o marchamos de clausura.
  • Informar si se han presentado denuncias penales por el eventual incumplimiento de órdenes municipales de suspensión de las obras y, de ser así, proporcionar los números de expediente correspondientes.
  • Informar si sobre alguno de los derechos correspondientes al Folio Real 19006 se han otorgado usos de suelo o permisos de construcción.
  • Explicar por qué, después de más de cuatro años desde la primera denuncia, las obras no han sido detenidas y qué medidas corresponden respecto de las construcciones que, según la documentación municipal citada por CONCEVERDE, carecerían de los permisos correspondientes.
  • Actuar de manera inmediata para detener las nuevas obras que actualmente se estarían ejecutando en el sitio denunciado y en terrenos vinculados.
  • Remitir, cuando corresponda, las denuncias respectivas a las autoridades administrativas y judiciales competentes.
  • Entregar por escrito información sobre todas las actuaciones realizadas en respuesta a estas solicitudes.

Parlamento Cívico Ambiental declara “alerta roja” en Corcovado y exige acciones inmediatas a 100 días de la administración Fernández

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El pronunciamiento solicita una investigación integral, una auditoría nacional de infraestructura y un fortalecimiento verificable del SINAC.

San José, Costa Rica, 12 de agosto de 2026. — El Parlamento Cívico Ambiental emitió una alerta pública ante las descargas de aguas residuales y materia fecal provenientes de la Estación Biológica Sirena hacia cuerpos de agua dentro del Parque Nacional Corcovado, comprobadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud.

Para el colectivo ciudadano, lo ocurrido no puede considerarse una falla técnica menor. El caso evidencia una crisis más profunda en la gestión, el mantenimiento, el financiamiento y la fiscalización de las áreas silvestres protegidas del país que se ha prolongado desde la administración anterior y durante los primeros cien días de la actual.

“Corcovado no es solamente un parque nacional. Es agua, bosque, biodiversidad y una promesa que Costa Rica ha hecho al mundo y a las futuras generaciones. Hoy esa promesa está en riesgo”.

El Parlamento advirtió además que la situación se habría prolongado pese a advertencias sanitarias, informes técnicos y conocimiento institucional previo. Cuando los controles llegan tarde y las responsabilidades se diluyen, señaló, la conservación deja de ser una garantía y se convierte en un discurso.

El pronunciamiento recuerda que esta situación compromete el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Cuatro medidas urgentes

  1. Verdad y responsabilidad. Realizar una investigación integral de lo ocurrido, determinar responsabilidades, publicar los informes y las órdenes sanitarias, y reparar de manera inmediata y efectiva la infraestructura afectada.

  2. Evaluación nacional. Ejecutar una auditoría pública, transparente y diferenciada de la infraestructura sanitaria, operativa y ambiental de las áreas silvestres protegidas, de acuerdo con su categoría de manejo, nivel de visitación y necesidades reales.

  3. Recursos para proteger. Fortalecer de forma real y verificable el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con personal suficiente, equipo adecuado, mantenimiento continuo y capacidad efectiva para prevenir, corregir y sancionar daños ambientales.

  4. Conservación por encima del lucro. Revisar los permisos, las concesiones y las actividades económicas dentro de las áreas protegidas, acompañando este proceso con datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y consecuencias ante el incumplimiento injustificado.

Un llamado a actuar ahora

El Parlamento Cívico Ambiental enfatizó que Corcovado no es el problema, sino la alerta. El país no puede normalizar que los lugares llamados a recibir la mayor protección funcionen con infraestructura deteriorada, servicios precarios, controles insuficientes y respuestas tardías.

El foro ciudadano también señaló que no es posible exigir resultados de conservación a instituciones debilitadas ni permitir que la negligencia, la presión turística o el interés económico pongan en riesgo el patrimonio común de la Nación.

“Defender Corcovado es defender el agua, la biodiversidad, la democracia ecológica y el futuro de Costa Rica. No mañana. Ahora”.

SINAC-ACLAC confirma presencia de humedal en 264 hectáreas del Yolillal Río Bananito y reporta tres denuncias penales por posibles afectaciones ambientales

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Limón, 8 de agosto de 2026. El Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-0132-2026, del 4 de agosto de 2026, la existencia de un ecosistema de humedal en el sector conocido como «Yolillal Río Bananito 1», y detalló la apertura de tres causas penales por posibles infracciones a la legislación ambiental en esa zona.

El documento, suscrito por el coordinador del Programa de Prevención, Protección y Control, Lic. Deiver Contreras Arguedas; el enlace del Programa de Humedales, Ing. Javier Hernández Cole, M.Sc.; el director de Recursos Forestales y Vida Silvestre, Ing. Alexis Salas Rodríguez, y la Ing. Lesly Rocha Rodríguez, del Programa de Manejo Forestal, responde a una nota previa presentada por Marco Levy Virgo, en la que se solicitaba la recusación de los funcionarios firmantes y se cuestionaba el manejo técnico del caso.

El proceso técnico

Según el documento, el Programa de Humedales del ACLAC incorporó desde el 6 de mayo de 2026 el caso VUI-74.1_818, orientado a actualizar la capa cartográfica «Yolillal Río Bananito 1» para su posible incorporación al Registro Nacional de Humedales. El área de actualización corresponde a aproximadamente 264 hectáreas. Se realizaron tres giras de campo: el 30 de abril, el 19 de junio —cuyos resultados, documentados en el informe SINAC-ACLAC-DR-DRFVS-PH-INF-0017-2026, confirmaron la presencia del ecosistema de humedal— y el 30 de julio de 2026, cuyos resultados se incorporarán al informe final del caso.

Tres denuncias penales

En el marco de este trabajo técnico, el ACLAC ha presentado tres denuncias por posibles infracciones ambientales:

  1. En abril de 2026, por corta de árboles, intervención de vegetación tipo yolillal y habilitación de terreno dentro del humedal, tramitada bajo la causa penal N.° 26-000343-0472-PE.
  2. En junio de 2026, por posible tala ilegal, bajo la sumaria N.° 26-001498-0063-PE.
  3. En julio de 2026, por posibles afectaciones al humedal, identificada con el número único N.° 26-001499-0063-PE y el número de caso N.° 012-26-00176.

El ACLAC sostiene que estas actuaciones demuestran que la institución no ha permanecido inactiva frente a los posibles ilícitos identificados en el sector.

Coordinación con la Dirección de Agua

La respuesta oficial detalla que los dictámenes de la Dirección de Agua (DA-UHCAROG-0198-2026 y DA-UHCAROG-0199-2026, ambos del 9 de abril de 2026) fueron incorporados como insumos del trabajo técnico. Ese dictamen identifica dos estructuras diferenciadas en la zona: una quebrada de dominio público y un canal de origen antrópico que no corresponde al dominio público. El ACLAC aclara que no ha formulado conclusiones definitivas sobre el origen de ese canal, su relación hidrológica con el humedal ni sus posibles efectos, y que la investigación técnica permanece abierta.

Sobre el origen de las actuaciones y la recusación

El ACLAC precisa que sus actuaciones no se originaron en una denuncia o gestión promovida por Levy Virgo, sino en la denuncia SITADA N.° 60445-2026 —de carácter confidencial o anónimo, ingresada a partir de actuaciones de la propia Dirección de Agua— y en las competencias propias del Área de Conservación. Aclara, no obstante, que esto no limita su derecho de petición ni su acceso a la información pública, aunque tampoco le confiere la condición de parte dentro de las causas penales ni la potestad de dirigir las investigaciones o imponer plazos técnicos.

Respecto a la solicitud de recusación de los funcionarios firmantes, el ACLAC concluye que no se identifica conflicto de interés, vínculo personal, beneficio particular ni otra causal legal que comprometa su imparcialidad, por lo que la considera infundada.

El ACLAC señaló que el informe final del caso será emitido una vez concluidas las actuaciones técnicas necesarias, y que sus resultados serán comunicados oportunamente, con observancia de las restricciones aplicables a las diligencias incorporadas a investigaciones penales.

Imagen con fines ilustrativos de la palma Raphia taedigera (yolillo).

Arte, música y resistencia ecologista: América Latina se une en defensa de los manglares este 26 de julio

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En el marco del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar (26 de julio), activistas y artistas de América Latina unen sus voces y ritmos en una potente colaboración musical independiente que busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en defensa de nuestros humedales y zonas costeras.

La producción musical estará disponible a partir de este 26 de julio en SoundCloud y YouTube, y progresivamente durante los días siguientes en todas las principales plataformas digitales de streaming.

La iniciativa, impulsada desde el Bloque Verde de Costa Rica, fusiona el arte con la causa ambientalista para denunciar la degradación de estos ecosistemas vitales ante la expansión de modelos agroindustriales extractivistas en la región.

«La música es una herramienta fundamental de resistencia y memoria colectiva. Esta colaboración latinoamericana celebra la vida y biodiversidad de los manglares, pero también alza la voz por las comunidades costeras que los defienden día a día.» Indicó el compositor Fabián Pacheco

Memoria y lucha: El caso del Humedal Térraba-Sierpe

En forma paralela al lanzamiento musical, se comparte en el siguiente enlace un artículo de opinión firmado por el destacado ecologista y docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA): Mauricio Álvarez Mora.

En este texto reflexivo e histórico, Álvarez rescata la emblemática contienda ecologista y la resistencia en defensa del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los ecosistemas de manglar más importantes de Centroamérica, frente a la amenaza de destrucción ambiental impulsada por los enclaves de monocultivo de piña de la corporación PINDECO. El mensaje ecologista redactado por Álvarez también forma parte de la obra musical, siendo interpretado en el cierre de la canción.

Ficha Técnica y Créditos de la Producción

  • Composición y voz: Fabián Pacheco y Juan Trukyman

  • Bajo eléctrico: Hendrick Carranza

  • Piano: Maryan Cuevas

  • Trompeta y brass: Fabricio Muñoz

  • Percusión menor: Francisco Carvajal

  • Batería y timbal: Jonathan Alarcón

  • Coros: Na Salguero

  • Redacción del texto final leído por Fabián Pacheco: Mauricio Álvarez

Equipo de Producción:

  • Productor Ejecutivo: Fabián Pacheco Rodríguez

  • Productores Musicales: Fabián Pacheco Rodríguez, Juan Trukyman y Rialengo

  • Ingeniero de Grabación: Francisco Murillo (Rialengo)

  • Ingeniero de Edición, Mezcla y Mástering: Heriberto Román Chávez

  • Arte Gráfico de Portada: Fernando Yela