SURCOS comparte la siguiente convocatoria:
Este martes 21 de enero vamos a las Barras de la Asamblea Legislativa a las 9 am a exigir la devolución del Refugio Gandoca Manzanillo. Te esperamos !!
Musica nacional original de Charly Muñoz /GANDOCA
https://www.instagram.com/reel/DFA1s0UqjHN/?igsh=MWcyYWF1bXFjdTljeg==
El Gobierno de Costa Rica avanza hacia la desregulación y flexibilización de su normativa ambiental. Tras la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, ahora se presenta una propuesta para modificar el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.
Esta tendencia se evidencia en los argumentos oficiales, donde se afirma que:
“La simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar los procesos que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo las cargas para los administrados.”(Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales – Ministerio de Salud, 2024)
Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿Quiénes realmente se benefician de esta flexibilización normativa? La propuesta no incluye mecanismos efectivos para garantizar la participación de las comunidades que podrían verse afectadas por vertidos de aguas residuales, ni contempla medidas claras para mitigar su impacto en el medio ambiente y la salud pública.
Los cuerpos de agua son esenciales para la vida, no solo por su uso en actividades humanas como el consumo, la agricultura o la industria, sino también por su papel fundamental en la conservación de ecosistemas y especies. La contaminación por vertidos no regulados amenaza la biodiversidad, afecta la calidad del agua potable y genera riesgos a la salud pública. Regulaciones claras y estrictas no solo protegen estos recursos, sino que también garantizan el acceso equitativo y sostenible a un bien común vital.
Nuestra infografía analiza expone las principales ausencias de la reforma y busca abrir el debate sobre las implicaciones de esta política de flexibilización ambiental que está marcando la gestión pública en Costa Rica.
Pueden ver la propuesta de reglamento aquí.
También recomendamos para profundizar la temática el libro «Calidad de agua: Salud de los ecosistemas y salud humana«, dónde se analiza cómo los vertidos de aguas residuales afectan la calidad del agua y los ecosistemas. Resalta la necesidad de regulaciones estrictas para mitigar la contaminación por nutrientes, metales pesados y contaminantes emergentes, promoviendo políticas sostenibles y tecnologías para el tratamiento adecuado de los vertimientos.
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de casos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, de las cuales dependen miles de personas para acceder al agua potable, casos como Cipreses de Oreamuno o Barranca de Puntarenas, han sido señales de alerta.
Estos eventos de contaminación, en muchas ocasiones, han estado vinculados a la creciente presión de actividades productivas como los monocultivos o prácticas agrícolas que manejan inadecuadamente los agrotóxicos, e incluso utilizan sustancias prohibidas.
Ante este contexto, el gobierno de la república, a través del Ministerio de Salud, propone una reforma mediante el decreto MS-AJ-CB-2932-2024, que modifica el decreto ejecutivo No. 38924-S del 12 de enero de 2015, conocido como el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. La reforma establece el cambio de “Valores Máximos Admisibles” a “Valor de Alerta”.
Esta propuesta representa una flexibilización de la normativa ambiental, permitiendo una mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas en el agua potable destinada al consumo humano.
La contaminación de nuestras fuentes de agua por sustancias como el mancozeb y el clorotalonil es una muestra de la creciente fragilidad de nuestros territorios. Esto no solo afecta el consumo de agua potable, sino también provoca daños en los ecosistemas que dependen de esos cuerpos de agua.
Cualquier medida de protección y reconocimiento de la importancia de estos bienes comunes, como el agua para nuestras comunidades, no puede ser ignorada. Intentar flexibilizar la normativa vigente y permitir mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas puede tener un impacto negativo potencial en la salud humana y en los ecosistemas.
Por esta razón, les compartimos esta infografía que busca problematizar la actual propuesta y debatir sobre la pertinencia de la flexibilidad en la normativa ambiental.
(07/01/2026) El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
Firman:
Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
CONCEVERDE San Rafael colectivo ciudadano
Desde el pasado mes de octubre, en el colectivo CONCEVERDE hemos estado recibiendo varias denuncias de ciudadanos debido a una construcción que presuntamente carece de permisos municipales, localizada en Concepción de San Rafael de Heredia, a menos de 100 metros al norte de Cruz de Caminos. Trasladamos las denuncias al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Santamaría por medio de su WhatsApp. En una de sus respuestas, el alcalde nos informó que la construcción no cuenta con los permisos de ley, por lo que se procedería a clausurarla.
Es crucial tener en cuenta que la construcción de las bodegas o taller, que parece ser el objetivo de la obra, se está llevando a cabo en un terreno ubicado en la zona especial de protección según el Decreto 25902, y en un lote que, en parte, está dentro de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. En estricto cumplimiento de esta normativa, no se podría otorgar permiso de construcción para las obras que se están realizando.
A pesar de haber efectuado múltiples solicitudes y reportes a las autoridades municipales, no se ha tomado ninguna acción concreta para detener esta construcción ilegal. La actuación de la Municipalidad de San Rafael de Heredia se ha limitado a colocar sellos de clausura y, presuntamente, a advertir al infractor de que no podía continuar con la construcción.
La actuación de la municipalidad, que no ha tenido resultados para detener las ilegalidades, ha llevado a que, a hoy en día, enero de 2025, aproximadamente tres meses después de haber iniciado las denuncias, la construcción continúe, mostrando un avance significativo, como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.
Solicitamos a la municipalidad que tome las medidas necesarias a la brevedad posible para atender este asunto y detener la construcción ilegal mencionada y llevar a cabo el derribo de lo construido.
La comunidad de La Gamba, en la Zona Sur, cantón de Golfito realizó una jornada de recolección y separación de residuos sólidos.
Renier Canales Medina informó a SURCOS que esta es la acción comunitaria ante “la inutilidad gubernamental para resolver el manejo integral de la basura”.
Para este proceso la comunidad organizó un taller sobre manejo comunal de residuos sólidos.
La Defensoría de los Habitantes realizó una intervención de oficio por la afectación que sufrió el humedal de Coris, ubicado en Cartago, el cual debe ser conservado y protegido.
Al caso se sumó una denuncia de un habitante ante la Defensoría, quien detalló los daños al ecosistema causados por una construcción de proyectos agrícolas y urbanos en una propiedad privada en Coris, contigua al humedal. El habitante reclamo acciones inmediatas, incluyendo la paralización de las obras, una evaluación exhaustiva de los daños y la intervención de una comisión interinstitucional para garantizar la protección y recuperación del humedal. Incluso, un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Tras una inspección de la Municipalidad de Cartago se clausuraron las obras, debido a la falta de trámites o solicitudes de permisos de construcción y verifica si las edificaciones vecinas a los cuerpos de agua se encuentran dentro del área de protección que establece la Ley Forestal. De ser así, se procederá con la demolición una vez cumplido el debido proceso. Es importante destacar que, la Defensoría verificó que las instituciones competentes en este caso han venido realizando las acciones correspondientes para detener y prevenir la afectación al humedal. No obstante, con el objetivo de que se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, giró varias recomendaciones a las autoridades competentes, MINAE y Municipalidad de Cartago.
Al MINAE la Defensoría le recomendó:
– Informar sobre la conclusión del proceso de elaboración de los dictámenes a nacientes y humedal tanto de la Dirección de Agua y del Departamento de Recurso Hídrico del Área de Conservación Central así como remitir el cronograma de las acciones a realizar a partir de estos dictámenes.
– Coordinar con las instancias correspondientes las acciones necesarias, para evaluar el daño ambiental ocasionado al humedal de Coris y verificar, en el campo, que el plan remedial que se presente, garantice la restauración del área protegida.
– Gestionar las sanciones administrativas dispuestas en la normativa nacional ante la violación de protección ambiental por conductas de acción u omisión dañinas al ambiente.
– Elaborar una estrategia de protección y conservación del humedal tal y como lo dispone el Política Nacional de Humedales 2017-2030 y procurar su cumplimiento en el mediano plazo.
A la Municipalidad de Cartago se le recomendó:
En un esfuerzo conjunto que destaca la fuerza de la organización comunitaria, las comunidades de Salamá, Santa Rosa, Venecia, Finca Puntarenas y otras zonas aledañas al proyecto en Osa celebran un avance significativo en su lucha contra el relleno sanitario propuesto por Nova Tierra Energy S.A. El 28 de noviembre de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) reconoció formalmente su apersonamiento al expediente administrativo del proyecto Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat, otorgándoles derechos de participación activa en el proceso.
Según el pronunciamiento oficial de SETENA, los vecinos ahora serán notificados sobre cualquier movimiento relacionado con el expediente D1-0815-2022-SETENA. Este reconocimiento llega tras la presentación de más de 400 firmas en rechazo al proyecto, reflejando un rechazo colectivo hacia una iniciativa que, según los opositores, compromete seriamente la biodiversidad única del área y viola leyes nacionales como la Ley Forestal y la Ley de Aguas.
La movilización comunitaria, respaldada por organizaciones ambientales y líderes locales, resalta la importancia de garantizar procesos de desarrollo responsables, que prioricen la conservación del medio ambiente y el respeto por los derechos ciudadanos. Mientras las comunidades se preparan para nuevas manifestaciones y acciones legales, el caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y participación pública en proyectos de gran impacto ambiental.
La decisión final sobre el futuro del proyecto ahora recae en la Municipalidad de Osa. Las próximas semanas serán claves para determinar si la voz de las comunidades prevalece frente a intereses económicos privados.
Se convocó el martes 10 de diciembre de 2024, a las 9 de la mañana, al pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa para exigir que los diputados y diputadas no lleguen a derogar la ley de prohibición de minería metálica, por salud del ambiente y el pueblo.
Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.
“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:
“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé
Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez
Estaba el Cristo de palo pegado a la pared
Y nunca se supo el criminal quién fue
Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.
El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.
A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.
Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.
Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.
Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.
Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.
Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.
En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.
Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:
Animal Lluvioso
Soy un andante en el dédalo del tiempo
animal lluvioso
que agarra la palabra y la blande frente al hastío
Vivo en medio de estos montes
ni dichoso ni infeliz
en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra
Tengo las manos del jardín
deshechas por flores muertas
una estación de trenes en el encierro
un desordenado cuarto en armonía con el caos
Tengo una plantacalamar
que me abraza y me oscurece y me libera
La hierba azucarada y la cena de bengalas
para golondrinas y tortugas
Tengo Baúles abiertos
Bocanadas de clarín
que arrinconan a los belcebúes de la casa
Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro
Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques
y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo
Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos
Idolatro sextantes herrumbrados
astrolabios y pirámides
Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas
Manos para dejar en ruinas la ruina
Gallos para matar la muerte
Animal lluvioso me declaro
seguro del sol
que un día nacerá
de mis pálidas gotas