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Bloque Verde denuncia presunto entierro de basura plástica en fincas bananeras de Chiquita en Sixaola

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Bloque Verde hizo llegar a SURCOS, desde Cahuita, Limón, una denuncia sobre el presunto entierro de desechos plásticos en dos fincas bananeras propiedad de la empresa Chiquita en Sixaola, en el cantón de Talamanca.

Según la denuncia, el lunes 5 de octubre se habría ordenado enterrar basura plástica y «daipas» (el forro con el que se cubre el banano en la plantación) en la finca Tayrona. Las personas denunciantes indican que esa misma tarde recibieron fotografías del hecho. De acuerdo con su relato, lo mismo habría ocurrido el martes 6 de octubre en la finca Cañaveral, también propiedad de la empresa.

Para las personas denunciantes, se trata de un «acto ecocida» que muestra que a las empresas transnacionales «solo les importa su propia ganancia» y no tienen respeto por la naturaleza ni por sus recursos.

Las personas denunciantes solicitan a las instituciones y autoridades competentes investigar los hechos y tomar las medidas que correspondan.

SURCOS comparte las imágenes y videos aportados como evidencia.

Caso de perezoso en San Carlos expone un problema mayor: miles de animales silvestres electrocutados cada año

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), fundada en 1985, en su condición de promotora y defensora de la protección ambiental ha desarrollado distintas acciones, estrategias y capacidades a lo largo de cuatro décadas, entre estas la educación ambiental, la investigación, el análisis técnico y jurídico de leyes y reglamentos en materia ambiental; y la difusión de conocimiento científico sobre la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre.

En días recientes, ha circulado un video en redes sociales, donde una persona en San Carlos manipula de forma indebida a un perezoso y lo arroja desde una escalera, esa persona labora para una cooperativa concesionaria del servicio eléctrico.

El video en cuestión fue ampliamente difundido en redes sociales y permite observar que el animal podría inclusive haber muerto electrocutado. Independientemente de esta situación y de los debates que ha generado en las redes sociales, el video expone una problemática mayor.

Miles de animales silvestres electrocutados cada año

Este no es un hecho aislado, la cantidad de animales silvestres electrocutados cada año es una realidad que genera impacto en las poblaciones silvestres.

La Guía para la prevención y mitigación de la electrocución de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica del MINAE, en su última versión del año 2023 indica las siguientes cifras de animales electrocutados entre 2019 y 2023:

Periodo

Cantidad de reportes de animales silvestres electrocutados

2019-2020

6281

2020-2021

6028

2021-2022

6532

2022-2023

6262

Total

25.103



Es necesario recordar que la misma “Guía para la prevención y mitigación de la electrocución de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica” elaborada por el MINAE y las empresas de generación eléctrica públicas y privadas; reconoce con claridad que los perezosos de dos dedos representan una de las especies que con frecuencia sufren de electrocuciones. Al respecto, la citada Guía plantea que:

“Los perezosos de dos dedos (Choloepu hoffmanni) también son de los organismos que más se reciben en centros de rescate, seguidos de ardillas (Sciurus variegatoides) y monos titís (Saimiri oerstedii) y carablanca (Cebus imitator)” (página 40).

Este caso llama la atención sobre un problema recurrente, por lo que, una vez más debemos cuestionar cuál es la verdadera capacidad operativa del Sistema Nacional de Áreas de Protección para fiscalizar y coordinar la correcta protección de la vida silvestre (flora y fauna).

Los perezosos, símbolo nacional y objeto de mercadeo turístico sin protección efectiva

La Ley 10007 vigente desde septiembre de 2021 declaró al perezoso de dos dedos (Choloepus Hoffmanni) y el perezoso de tres dedos (Bradypus Variegatus) como “Símbolos Nacionales de la Fauna Silvestre”, esta ley es particularmente relevante, debido a que establece medidas de protección para ambas especies.

El artículo 2.c de la ley define que le corresponde al MINAE “Hacer cumplir todas las leyes y con­venios internacionales que estén relacionados con la conservación y protección del perezoso y su hábitat”.

Por otra parte, la Ley establece en su artículo 2.h que el ICE y las electrificadoras privadas deben “Implementar medidas para reducir las electrocuciones con tendidos eléctricos, aplicando la Guía para la prevención y mitigación de electro­cuciones de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica”.

El Decreto Ejecutivo 44329-MINAE vigente desde el 15 de enero de 2024 establece varias obligaciones para las empresas concesionarias de generación, trasmisión o distribución eléctrica, entre las cuales destacamos:

  1. La obligación de “prevenir la fragmentación de ecosistemas por la red eléctrica” (artículo 6);

  2. La obligación de “identificar de manera continua los puntos calientes de electrocución de fauna silvestre en la red eléctrica existente” (artículo 7);

  3. La obligación de “priorizar la colocación de las medidas para mitigar y reducir la electrocución de fauna en las zonas identificadas como áreas ambientalmente frágiles” (artículo 9) y;

  4. La obligación de “realizar la valoración técnica, ambiental y económica, que se ubiquen en áreas ambientalmente frágiles, o con alta probabilidad de caída de árboles sobre la red, para que, se incluyan líneas de tipo subterráneo, cambios en los trazados, aislamiento completo de la red de distribución, para prevenir la pérdida de conectividad y biodiversidad “(artículo 10).

Asimismo, debemos recordar que la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 de 1992 y sus reformas) en su artículo 7 establece con claridad las funciones del SINAC, entre estas, los incisos k) y ñ) indican lo siguiente:

k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.

ñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.

Este breve recuento permite observar que existe suficiente legislación para esta grave problemática. Sin embargo, persisten retos y carencias institucionales sumamente relevantes a efectos de proteger de manera efectiva a los perezosos y otras decenas de especies de aves y mamíferos.

Por todo lo anterior, desde APREFLOFAS:

  1. Hemos solicitado formalmente al MINAE la cantidad de reportes sobre animales silvestres electrocutados en los años 2024 y 2025.

  2. Señalamos que las especies silvestres no deben verse de forma aislada, puesto que su disminución también impacta a los ecosistemas; y por ende la biodiversidad del país sufre un impacto acumulado, que maximiza los daños a las especies, ecosistemas, ciclos de vida y servicios ecosistémicos.

  3. Demandamos que el MINAE, el SINAC y todas las instituciones encargadas de aplicar la normativa ambiental velen por el cumplimiento real y efectivo de estas leyes y reglamentos.

  4. Solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo destinar suficiente presupuesto para que el SINAC tenga una verdadera capacidad operativa.

  5. Recalcamos que el manejo de vida silvestre requiere de entrenamiento, capacitación y equipo adecuado.

  6. Invitamos a toda la ciudadanía a informarse sobre este tema y a solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

¡Respetemos a la vida silvestre!

El precio que no cabe en una onza: Juan Antonio López, Crucitas y la patria que queremos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

A dos años de su asesinato, una reflexión con ocasión de la Independencia

Dr. Bernardo Aguilar González
Presidente del Parlamento Cívico Ambiental

Este 14 de septiembre, mientras Costa Rica entraba en la víspera de sus fiestas patrias, Centroamérica recuerda también un aniversario incómodo: hace exactamente dos años fue asesinado en Tocoa, Honduras, Juan Antonio López, líder laico católico, defensor del agua y de los bienes comunes, e integrante de la resistencia comunitaria frente a proyectos extractivos en el Bajo Aguán. Había recibido amenazas, acoso y vigilancia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares. Aquella noche, después de una celebración de la Palabra, fue atacado a tiros.

López no fue solamente “un ambientalista”. Fue padre de familia, delegado de la Palabra, articulador de la pastoral social, servidor público local y miembro de redes eclesiales dedicadas al cuidado de la creación. En su vida, la fe y la defensa del territorio no ocupaban compartimentos separados: proteger los ríos, acompañar a las comunidades y denunciar aquello que consideraba injusto eran expresiones de una misma responsabilidad moral. Esa coherencia explica por qué su muerte trascendió las fronteras hondureñas.

Su asesinato obliga a una precisión. No existe todavía una sentencia firme que permita convertir en certeza jurídica el móvil último del crimen. Esa cautela es indispensable. Pero sería igualmente poco serio tratar su defensa ambiental como un dato accidental. En 2025 la CIDH llamó a investigar el crimen considerando su papel como defensor del ambiente entre los posibles móviles; y en 2026 la causa avanzó contra presuntos autores intelectuales. El proceso sigue abierto y el móvil final no ha sido establecido por sentencia. Las dudas procesales permanecen; el contexto, sin embargo, no puede borrarse.

El reciente artículo del cardenal Michael Czerny y Luca Colacino convierte el caso de López en algo más que una tragedia individual. Lo ubica en una realidad latinoamericana donde degradación ecológica, desigualdad estructural, captura institucional y violencia contra defensores pueden encontrarse en un mismo territorio. Allí aparece uno de los costos menos contabilizados de la minería a gran escala: no solo toneladas removidas, agua comprometida o pasivos de restauración, sino miedo, criminalización, ruptura comunitaria y, en los extremos, vidas humanas (https://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2026/08/Articulo-Cardenal-CZERNY.pdf).

Esa fue también una de las conclusiones más importantes del Congreso Latinoamericano sobre Impacto Socioambiental de la Minería celebrado en julio en la Pontificia Universidad Católica de Costa Rica: la discusión no puede reducirse a una consigna a favor o en contra. La pregunta seria es quién decide, quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y quién repara el daño. Una actividad puede producir divisas y empleo, pero si sus costos se concentran en comunidades vulnerables y sus beneficios salen del territorio, el balance económico dice muy poco sobre el desarrollo humano real.

Pedro Landa defensor ambiental y de los derechos humanos formuló en ese congreso otra advertencia necesaria: la transición energética y digital no elimina el extractivismo; puede multiplicar la presión minera mediante la demanda de minerales llamados “críticos”. Su pregunta de fondo es incómoda: ¿críticos para quién? Un mineral puede ser estratégico para cadenas globales de tecnología y, al mismo tiempo, poner en riesgo el agua, la salud o la estabilidad social de la comunidad donde se extrae. Una transición que cambia combustibles, pero conserva zonas de sacrificio no es suficientemente justa.

El padre Patricio Sarlat ofreció asimismo el criterio para no perderse entre cifras y tecnicismos: dignidad humana y cuidado de la Casa Común. La ecología integral no sustituye a la ciencia, al derecho ni a la economía; obliga a integrarlos. Si la crisis ecológica y la crisis social tienen raíces comunes, ninguna solución puede considerarse completa cuando salva el recurso y abandona a la comunidad, o cuando promete crecimiento a costa de debilitar la convivencia, la salud y la confianza institucional.

Esta mirada importa especialmente para nuestra situación en Crucitas. Costa Rica enfrenta allí una emergencia verdadera: minería ilegal, redes criminales, deforestación, sustancias tóxicas, vulnerabilidad social y pérdida de control territorial. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable concluir que la única alternativa a la ilegalidad es legalizar una explotación a cielo abierto bajo condiciones que reproduzcan otros riesgos de larga duración.

El Congreso de Minería propuso una ruta más exigente y, precisamente por eso, más útil: contener, restaurar, transformar y acompañar. Contener significa recuperar control territorial, seguridad y capacidad efectiva de fiscalización. Restaurar implica agua, suelos, ecosistemas y garantías financieras que eviten trasladar al Estado el costo futuro. Transformar exige alternativas económicas locales —agroforestería, turismo, economía circular, educación y empleo— que reduzcan la dependencia de la extracción. Acompañar significa que las comunidades no sean espectadoras del arreglo, sino sujetos de información, participación y decisión.

Crucitas necesita una solución integral, no una salida rápida. Cualquier propuesta debería superar, como mínimo, pruebas de legalidad y no regresión ambiental, evidencia científica independiente, distribución justa de costos y beneficios, acceso público a la información, trazabilidad, eliminación efectiva de sustancias tóxicas y garantías previas para cierre, restauración y monitoreo.

Este 15 de septiembre, conviene recordar que independencia no significa solamente soberanía frente a poderes extranjeros. También significa que una sociedad conserve la capacidad de decidir sobre su territorio sin que el miedo, la ilegalidad, la corrupción o la urgencia sustituyan al discernimiento democrático.

Juan Antonio López no debería ser utilizado como argumento automático contra toda minería. Su memoria exige algo más serio: que cuando evaluemos un proyecto extractivo contabilicemos también aquello que nunca aparece en el precio internacional del oro. El agua. La paz social. La confianza. La dignidad. Y, sobre todo, la vida humana. Esa es la patria que vale la pena defender.

Imagen: https://www.religiondigital.org/america/anos-justicia-asesinato-ambientalista-juan_1_1466426.html

Por tercera vez Minae pide a Municipalidad San Rafael traspaso del Cerro Chompipe

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Está pendiente el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional para trasladar al Ministerio de Ambiente y Energía una finca ubicada dentro de la zona inalienable de la Ley N.° 65 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Concejo Municipal acordó instar el traspaso, alcalde vetó y tribunal declaró sin lugar el veto

Por tercera ocasión desde 2024, las autoridades ambientales han solicitado formalmente a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las gestiones necesarias para trasladar la finca ubicada en el sector del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al tratarse de un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.

La finca se encuentra en el sector del Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 de 1888 y, además, parte de su extensión se encuentra vinculada al Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con MINAE el marco jurídico aplicable, la cobertura boscosa y su ubicación dentro de un área sometida a un régimen especial de protección hacen que el inmueble forme parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme con el artículo 13 de la Ley Forestal.

La situación adquiere especial relevancia porque la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2023-017109, ordenó realizar las acciones correspondientes para que la finca fuera trasladada a nombre del Estado. Sin embargo, pese a la existencia de esta resolución, el inmueble continuó inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La primera solicitud formal documentada en este proceso fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2024 (SINAC-ACC-D-712-2024). Mediante oficio dirigido a la Municipalidad de San Rafael. Posteriormente, ante la falta de concreción del trámite, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de trasladar el inmueble. Durante 2025, el MINAE y el SINAC reiteraron que la finca reúne las condiciones jurídicas y ambientales para ser considerada parte del Patrimonio Natural del Estado y solicitaron nuevamente a la Municipalidad realizar las gestiones correspondientes (Oficios 2025).

Documentos institucionales y comunicaciones posteriores evidencian que, lejos de haberse resuelto el asunto con la primera solicitud, el MINAE y el SINAC debieron insistir nuevamente en el cumplimiento de la resolución constitucional y en la necesidad de formalizar el traslado del inmueble. En junio y julio de 2025 se reiteró expresamente esta solicitud ante las autoridades municipales (Oficios 2025).

Esta nueva gestión constituye, según la documentación revisada, una tercera solicitud o exigencia institucional para que la Municipalidad proceda con el traslado de la finca, evidenciando que el cumplimiento de la obligación continúa siendo un asunto pendiente (CARTA-MINAE-DM-0627-2026).

Zona de especial importancia ambiental. El Cerro Chompipe forma parte de una zona de enorme importancia ambiental e hídrica para la región. La protección de los terrenos de montaña y de las áreas boscosas ubicadas en la Cordillera Volcánica Central responde históricamente a la necesidad de proteger las zonas de recarga acuífera y las fuentes de agua. La finca tiene una extensión superior a 154 hectáreas, según la información incorporada por el propio MINAE en el expediente administrativo

La permanencia de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad genera incertidumbre sobre la administración efectiva de un territorio sometido a un régimen especial de protección y puede abrir espacios para intervenciones o actividades que requieren autorización de las autoridades ambientales competentes. Durante 2025 surgieron cuestionamientos públicos precisamente por acciones realizadas o proyectadas en el área, entre ellas la instalación de cámaras trampa y labores relacionadas con el amojonamiento, sobre las cuales el MINAE indicó que no había otorgado autorización.

El Concejo Municipal de San Rafael había adoptado un acuerdo para instar al cumplimiento inmediato de la orden emitida por la Sala Constitucional y al traslado de la finca al MINAE. Este acuerdo fue objeto de un veto por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en junio de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el veto, al considerar que el acuerdo municipal se limitaba a exigir el cumplimiento de una resolución judicial vigente (ver Comunicado).

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que flexibilizaría intervenciones en parques nacionales

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Universidad advierte que la iniciativa podría abrir la puerta a intervenciones de amplio alcance en áreas protegidas sin suficientes límites, salvaguardas ambientales ni criterios técnicos

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto base del proyecto de ley denominado “Ley para flexibilizar la Ley de Servicio de Parques Nacionales, Ley N.° 6084 del 24 de agosto de 1977, en caso de desastres naturales y peligro inminente”, Expediente N.° 25.237.

La posición institucional surge luego del análisis realizado por instancias universitarias, entre ellas el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) y la Red de Áreas Protegidas, cuyos aportes fueron considerados en la propuesta elevada al Consejo Universitario.

El proyecto de ley pretende atender una problemática real relacionada con la Ruta Nacional N.° 32, particularmente por las dificultades para realizar obras preventivas y de atención inmediata frente a derrumbes y deslizamientos en el sector que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. La iniciativa busca flexibilizar determinadas prohibiciones de la Ley de Servicio de Parques Nacionales para permitir intervenciones relacionadas con la seguridad vial y la prevención de riesgos.

Sin embargo, el análisis universitario advierte que la propuesta trasciende ampliamente el problema específico de la Ruta 32 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Una de las principales preocupaciones señaladas es que el proyecto no se limita a resolver las necesidades específicas de mantenimiento, seguridad y atención de emergencias en la Ruta Nacional N.° 32. Por el contrario, la redacción propuesta podría permitir intervenciones en parques nacionales y otras áreas protegidas ante situaciones de emergencia o peligro inminente, sin establecer límites suficientemente claros respecto al alcance, magnitud y tipo de obras que podrían ser autorizadas.

El documento advierte que conceptos como “peligro inminente”, “obras de retención” e “infraestructura preventiva” presentan un nivel de amplitud que podría dar lugar a interpretaciones extensivas.

La ausencia de una definición precisa del concepto de peligro inminente, por ejemplo, podría abrir la posibilidad de realizar obras de ampliación vial, tala de vegetación o remoción de tierra fuera de los límites estrictos del derecho de vía, incluso dentro de áreas protegidas, sin contar necesariamente con los controles ambientales mínimos correspondientes.

Otro de los aspectos centrales señalados por la Universidad es la necesidad de establecer una distinción clara entre las intervenciones inmediatas necesarias para atender una emergencia y las obras permanentes de infraestructura.

Según las observaciones técnicas, las intervenciones de carácter permanente, como estabilización de taludes, drenajes, obras de retención e infraestructura preventiva, pueden tener impactos ambientales significativos y, por tanto, deberían estar sujetas a los instrumentos de evaluación ambiental correspondientes.

Asimismo, se advierte que el proyecto no desarrolla con suficiente precisión los procedimientos técnicos previos ni las diferencias entre una intervención inmediata de emergencia y una obra permanente, lo que podría generar interpretaciones amplias y afectar el principio de no regresividad ambiental.

Entre los elementos que deberían estar claramente definidos se encuentran la evaluación ambiental previa cuando corresponda, los planes de restauración, la delimitación física del área intervenida, los plazos de intervención y los mecanismos de control posterior.

La UCR reconoce la necesidad de contar con mecanismos ágiles para proteger la vida de las personas y atender situaciones de riesgo, especialmente en una vía tan importante como la Ruta Nacional N.° 32.

No obstante, considera que la respuesta a esta problemática debe construirse mediante procedimientos técnicos claramente delimitados que permitan atender las emergencias sin debilitar innecesariamente el régimen de protección de los parques nacionales y otras áreas protegidas.

En ese sentido, se recomienda que cualquier modificación normativa delimite estrictamente las intervenciones al derecho de vía legalmente constituido y establezca salvaguardas que impidan ampliar o modificar el régimen de protección de los parques nacionales mediante disposiciones excepcionales relacionadas con situaciones de emergencia.

Ver pronunciamiento completo: https://drive.google.com/file/d/1ujtLRoD2Ek5vzdmdY5QA5T5dovXCBhlj/view?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Centros de Datos: grave amenaza socioambiental para Bagaces y para Costa Rica

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Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente- FECON
Setiembre 2026

Recientemente se ha dado a conocer un proyecto para establecer un centro de datos para inteligencia artificial en Bagaces, Guanacaste. Se trata de Palo Negro AI & HPC Campus, una iniciativa impulsada por la empresa Cosfin Energía S.A., intencionada para atraer inversiones transnacionales para el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto contempla también la producción local de aproximadamente 120 megavatios (MW) de energía eléctrica para abastecer la demanda del centro de datos, lo que podría implicar la instalación de nuevos proyectos de generación eléctrica de capital privado en la zona para esta finalidad.

Un centro de datos (o “data center”) es una instalación especializada, diseñada para albergar servidores donde se almacena y procesa enormes volúmenes de información de grandes empresas tecnológicas. En palabras simples, es un conjunto de megabodegas llenas de computadoras que permanecen encendidas de manera continua, 24/7. Durante los últimos años ha habido una explosión de centros de datos alrededor del mundo, asociado al auge de la inteligencia artificial y al crecimiento del uso de servicios en la “nube”. Cada vez más, aparecen noticias y estudios sobre los graves impactos socioambientales de los centros de datos, los cuales han provocado conflictos sociales en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Uruguay, Indonesia, Malasia, entre otros.

Los centros de datos para inteligencia artificial son consumidores masivos de agua, energía y materiales y, en la misma medida, son productores de enormes cantidades de desechos. Por sus características, estas infraestructuras demandan energía de manera permanente e intensiva, para mantener encendidas las computadoras y aires acondicionados. Asimismo, utiliza enormes volúmenes de agua para enfriar las instalaciones, las cuales emiten calor por el uso de las máquinas. Un informe reciente, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, ofrece algunas estimaciones de la huella ecológica de los centros de datos a nivel mundial, las cuales resultan escalofriantes:

  • La energía eléctrica consumida por los centros de datos en 2025 es equivalente al consumo eléctrico total de la población de África Subsahariana (1.300 millones de personas) durante 2,6 años.
  • La huella hídrica de los centros de datos en 2025 fue de 4,5 trillones de litros de agua, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de agua para consumo humano para 600 millones de personas. Para 2030, se estima que la huella hídrica podría alcanzar los 9,3 trillones de litros de agua.
  • Las infraestructuras de inteligencia artificial podrían generar hasta 2,5 millones de toneladas métricas de desechos para 2030, equivalente a 250 “Torres Eiffel” cada año.

Conforme se expanden los centros de datos por el mundo, van dejando tras de sí un impacto devastador en aquellos territorios en donde se instalan. Comunidades sin agua, aumentos abruptos en tarifas eléctricas, apagones e instabilidad en la corriente eléctrica, contaminación del agua, contaminación sónica, son algunos de los efectos nefastos de estas infraestructuras. Asimismo, se ha alertado sobre la falta transparencia de las grandes empresas tecnológicas en relación con sus impactos ambientales. En muchos países, las compañías han firmado contratos “confidenciales” con los gobiernos, de manera que hasta el momento se desconoce el verdadero impacto de sus operaciones en las diferentes localidades. Lo que se conoce es a partir de denuncias realizadas por poblaciones afectadas.

Pareciera ser que, frente al desastre producido por los centros de datos en el Norte global, sobre todo en Estados Unidos (país que concentra alrededor del 50% del total mundial y donde el tema se ha hecho muy mediático y controversial), se está dando una tendencia a “exportar” estas infraestructuras hacia el Sur global, fenómeno del cual Costa Rica no escapa. En las últimas semanas, se ha informado en diferentes medios que el país aspira a posicionarse como un “hub” de centros de datos a nivel regional, cuya demanda se estima podría triplicarse durante la próxima década. Más allá de un anuncio, ya hay acciones concretas en esta dirección, por ejemplo, la firma de un convenio de cooperación entre el gobierno y Google para estimular el desarrollo de centros de datos.

Volviendo a Bagaces, todo indica que el proyecto Palo Negro va en serio. Actualmente se encuentra en fase de prefactibilidad, sin embargo, sus promotores ya han iniciado comunicaciones y gestiones con las instituciones públicas correspondientes, entre ellas, con el ICE y la Municipalidad. Inclusive, recientemente el alcalde se reunió con la embajadora de Estados Unidos, en donde conversaron sobre la “atracción de inversión estadounidense” en el cantón. Por el otro lado, la población bagaceña no tiene información clara y fidedigna sobre este proyecto y mucho menos sobre los posibles impactos que pueda provocar. Las negociaciones entre la empresa y las autoridades se han dado “a puerta cerrada”, lo cual indica que se repite aquí el secretismo que se ha denunciado alrededor de centros de datos en otros países.

En este momento hay gran preocupación y angustia entre la población bagaceña alrededor de este proyecto. Algunas personas han empezado a organizarse y a exigir un debate público informado, crítico y transparente, más allá de las promesas vacías de “desarrollo” que se ofrecen. La principal preocupación tiene que ver con el agua. Recordemos que este cantón ha enfrentado en tiempos recientes un grave problema de abastecimiento de agua potable debido a contaminación por arsénico, el cual, después de una larga lucha, se resolvió parcialmente con la construcción de un nuevo acueducto. Las y los bagaceños se preguntan, con toda razón, de dónde se va obtener el agua para el posible centro de datos, cuánta agua se pretende extraer y si esta extracción podría amenazar el abastecimiento para las comunidades, en una región ya de por sí muy afectada por la sequía y el cambio climático.

Otro tema preocupante es el de la energía. El centro de datos demandaría una enorme inyección de energía eléctrica, priorizando el uso corporativo por sobre las necesidades sociales y amenazando con afectar la calidad y estabilidad del sistema. Si miramos el escenario nacional, esto tiene relación con el proyecto de ley de armonización eléctrica, el cual propone permitir las compraventas directas de electricidad entre generadores privados y grandes consumidores (en este caso, el centro de datos). Es decir, el proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de este tipo de megaproyectos, que implican un consumo energético voraz.

En este momento crítico, desde el movimiento ecologista manifestamos nuestro apoyo a las y los bagaceños que están iniciando esta lucha contra el centro de datos Palo Negro. No aceptamos que este país se convierta en una zona de sacrificio socioambiental para este nuevo extractivismo digital de las grandes corporaciones tecnológicas.

Ecologistas acusan de desobediencia al gobierno por incumplimiento de sentencia sobre agua contaminada con clorotalonil

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  • Sala Constitucional otorga tres días de audiencia a autoridades de Salud y AyA tras gestión presentada por el ecologista Fabián Pacheco.

  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.

  • Califican de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear metabolitos degradados de clorotalonil.

Organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua en la zona norte de Cartago denunciaron el desacato sistemático del Estado costarricense ante las órdenes emitidas por la Sala Constitucional. Mediante resolución del pasado 27 de agosto de 2026, el alto tribunal confirió un plazo perentorio de tres días a las jerarquías del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno para que respondan ante la acusación de desobediencia formulada en el expediente 22-026649-0007-CO.

La gestión fue interpuesta por el agrobiólogo y ecologista defensor del agua, Fabián Pacheco Rodríguez, señalando que las instituciones han incumplido la sentencia N° 2023013384 del 6 de junio de 2023. Dicho fallo ordenó adoptar y ejecutar de forma inmediata y en un plazo máximo de seis meses las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil» (emitido conjuntamente por Salud, MINAE y AyA el 14 de abril de 2023), con el fin primordial de tutelar la vida y la salud pública de la población afectada.

Incapacidad técnica y negligencia institucional

El colectivo ambientalista Frente EcoCipreses y comunidades organizadas fustigaron con vehemencia la inacción gubernamental. «Es absolutamente indignante que hayan transcurrido los años y el Laboratorio Nacional de Aguas siga sin contar con la capacidad técnica requerida para monitorear los productos degradados (metabolitos) del agrotóxico clorotalonil en las fuentes de consumo humano. La Sala Constitucional fue enfática y categórica: el Estado debía resolver este vacío técnico e implementar las recomendaciones oficiales, pero han optado por la negligencia y la dilación», manifestó Fabián Pacheco.

La ausencia de equipo y protocolos analíticos oficiales para cuantificar los metabolitos del plaguicida perpetúa la vulnerabilidad sanitaria de miles de personas, impidiendo verificar por parte del AyA con certeza científica si las tomas de agua son aptas para el consumo o si siguen comprometiendo la salud de las familias en Costa Rica.

Violación flagrante de las zonas de protección

Asimismo, el Frente EcoCipreses advirtió que la desprotección no es solo química y analítica, sino también territorial: en la zona continúan existiendo nacientes y tomas de agua donde no se respeta la franja de protección ecológica de 200 metros estipulada en la Ley de Aguas. Las actividades agrícolas intensivas continúan realizándose al límite mismo de los manantiales en la Zona Norte de Cartago, favoreciendo la escorrentía directa de agroquímicos hacia el manto acuífero y perpetuando la crisis hídrica.

Advertencia penal por delito de desobediencia

En su resolución reciente, el magistrado instructor Jorge Araya García recordó de manera expresa a las autoridades recurridas que, de comprobarse la desobediencia a lo ordenado en la sentencia constitucional, se abrirán procedimientos administrativos sancionatorios y se procederá al testimonio de piezas ante el Ministerio Público para el juzgamiento penal por el delito tipificado en los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Las comunidades y colectivos ecologistas reiteraron que no cesarán en la movilización legal y social hasta que se garantice agua potable limpia, libre de venenos, con zonas de nacientes rigurosamente delimitadas y con un monitoreo toxicológico riguroso que no dependa de la desidia gubernamental.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

Parlamento Cívico Ambiental: “La descarbonización no es una estafa, es una oportunidad de desarrollo”

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado al país y a los medios de comunicación nacionales para abrir un debate serio, informado y basado en evidencia sobre el futuro de la descarbonización, la movilidad eléctrica y la política energética de Costa Rica.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificando la descarbonización como una “estafa intelectual”, no pueden reducirse a una diferencia de opinión política. Se refieren a una política pública que tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la salud de la población, el transporte, la dependencia de los combustibles importados y la seguridad energética del país.

Costa Rica merece discutir estos temas con datos y no mediante descalificaciones.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda, en primer lugar, que el cambio tributario actualmente aplicable a los vehículos eléctricos no corresponde a la creación repentina de un nuevo impuesto del 30 %. Se trata de la reducción gradual de exoneraciones contemplada desde 2022 en la legislación de promoción del transporte eléctrico. Por esta razón, resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda explique con absoluta claridad a la ciudadanía cuáles disposiciones son nuevas y cuáles forman parte de un calendario tributario previamente establecido.

La discusión tampoco puede limitarse al argumento de que Costa Rica representa una proporción pequeña de las emisiones globales.

Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para beneficiarse de ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente del petróleo.

La descarbonización representa una oportunidad económica concreta para un país que cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sustituir progresivamente combustibles fósiles importados por electricidad producida en Costa Rica significa fortalecer nuestra soberanía energética y mantener una mayor proporción de los recursos económicos dentro del país.

La evidencia disponible también contradice la idea de que la descarbonización constituye únicamente un costo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han estimado que la implementación del Plan Nacional de Descarbonización podría generar alrededor de US$41.000 millones en beneficios económicos netos entre 2020 y 2050, como resultado del ahorro energético, menores tiempos de congestión, reducción de accidentes, mejoras productivas y protección de servicios ecosistémicos.

A esto debe agregarse una realidad que millones de costarricenses experimentan todos los días: las presas también tienen un costo.

El congestionamiento vial significa combustible desperdiciado, pérdida de productividad, deterioro de la calidad del aire, accidentes y horas que las personas dejan de dedicar a sus familias, al descanso, al estudio y al trabajo. Diversas estimaciones han situado el costo económico de la congestión vial en varios puntos porcentuales del producto interno bruto.

Ese costo existe, aunque no aparezca identificado como un impuesto en una factura.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental considera que Costa Rica necesita avanzar simultáneamente en adaptación climática y reducción de emisiones. Proteger comunidades e infraestructura frente a inundaciones, sequías y eventos extremos no es incompatible con transformar un sistema de transporte caro, contaminante e ineficiente.

El país requiere una política integral que incluya movilidad eléctrica, pero que vaya mucho más allá del automóvil particular.

Debe priorizarse la electrificación de autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo, acompañada por inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica.

Asimismo, resulta fundamental preservar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad, la planificación energética pública y la generación renovable como instrumentos estratégicos para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles.

El Parlamento Cívico Ambiental no sostiene que los incentivos fiscales deban mantenerse indefinidamente ni que las políticas públicas no puedan revisarse. Por el contrario, toda política debe ser evaluada y mejorada conforme evolucionan las condiciones económicas y tecnológicas.

Pero esas decisiones deben sustentarse en estudios públicos, evidencia técnica y análisis de sus consecuencias fiscales, ambientales, sociales y energéticas.

Por esta razón, hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales para divulgar y analizar el Manifiesto “La descarbonización no es una estafa: es una política de desarrollo, salud pública y soberanía energética”, mediante el cual el Parlamento Cívico Ambiental presenta argumentos y evidencia para contribuir a este debate nacional.

Cuando el debate público se aleja de los hechos y de la evidencia, pierde Costa Rica.

La democracia requiere información, contraste de posiciones y rendición de cuentas. El país merece decidir el rumbo de su política energética, ambiental y de movilidad con base en evidencia y pensando en sus propios intereses de largo plazo.

La descarbonización no es un lujo. No es una estafa. Es una oportunidad para construir una Costa Rica más eficiente, saludable, soberana y justa.

Sala Constitucional ordena a SETENA vigilancia ambiental sobre proyecto de extracción en el río Arío

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El abogado ambientalista Álvaro Sagot cuestiona la falta de participación ciudadana en la aprobación de la viabilidad ambiental y advierte sobre los riesgos para un río clave para la biodiversidad y el abastecimiento de agua en la Península de Nicoya (ver video).

Cóbano, Puntarenas. La Sala Constitucional admitió la semana pasada un recurso de amparo relacionado con la viabilidad ambiental otorgada a un proyecto de extracción de arena y otros materiales en el cauce del río Arío, en Cóbano, y ordenó una medida cautelar que obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a mantenerse especialmente vigilante para evitar posibles daños ambientales en el cauce del río y su biodiversidad.

Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien acompaña el proceso presentado junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, la decisión constituye un hecho particularmente relevante, debido a que la autoridad ambiental había rechazado previamente los cuestionamientos planteados por la comunidad.

“La sala constitucional admite recursos de amparo y ordena como un asunto asombroso -porque normalmente no se otorgan medidas cautelares- otorga una medida cautelar y le ordena a SETENA que tiene que mantenerse sumamente vigilante de que no se vayan a dar daños ambientales en el cauce del río Arío ni en la biodiversidad”, señaló Sagot.

El abogado considera que la decisión abre una oportunidad para revisar aspectos fundamentales relacionados con el derecho de participación y de información en materia ambiental.

“Esperemos que se observe de buena manera todo lo que tiene que ver con el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”, manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sagot y las organizaciones comunitarias se relaciona con la forma en que se evaluó el componente social del proyecto durante el proceso de viabilidad ambiental.

Según explicó el abogado, la valoración social del proyecto habría sido sustentada únicamente mediante entrevistas a una persona: “En el componente social únicamente se avaló todo el proyecto con entrevistas de una sola persona, nada más, para que ustedes se imaginen cómo anda el derecho de participación y el derecho de información en materia ambiental”.

Sagot cuestiona además que, cuando la comunidad manifestó su oposición ante SETENA, la respuesta de la institución fue que los reclamos habían sido planteados de manera tardía, debido a que la viabilidad ambiental ya había sido otorgada. Para el abogado, esta situación resulta especialmente preocupante porque restringiría la posibilidad de que las comunidades participen efectivamente en decisiones que pueden afectar directamente sus territorios y recursos naturales.

Un río estratégico para la Península de Nicoya. La preocupación de las organizaciones no se limita al proyecto extractivo. El río Arío constituye un ecosistema de alta importancia ecológica y se encuentra en una zona particularmente vulnerable por la creciente presión sobre el recurso hídrico.

El río está ubicado aproximadamente a 240 metros del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caleta-Arío, forma parte del Corredor Biológico Peninsular y mantiene una estrecha relación ecológica con ecosistemas de manglar, estuarios y ambientes marino-costeros.

En el río y sus alrededores se encuentran especies como camarones, peces y nutrias, mientras que su desembocadura se encuentra vinculada a ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad.

“Debe saberse que el río Arío es rico en biodiversidad, hay camarones, hay nutrias, hay peces por supuesto”, recordó Sagot.

Las organizaciones comunitarias advierten además que la cuenca tiene una importancia estratégica para la seguridad hídrica de la Península de Nicoya. El río y su entorno se encuentran relacionados con zonas de captación y campos de pozos utilizados para el abastecimiento de agua potable de comunidades y actividades turísticas de la zona.

Entre las localidades que dependen de este sistema hídrico se encuentran Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en una región que enfrenta crecientes presiones por la sequía, el aumento de la demanda de agua y los efectos del cambio climático.

Sagot cuestionó que estos elementos no hayan tenido, a su juicio, el peso necesario durante la evaluación ambiental: “Nada de esto importó, no interesó el proceso de escasez hídrica, el estrés hídrico que estamos viviendo con el fenómeno del Niño, el cambio climático, nada de ello.”

La preocupación por el proyecto forma parte de un conflicto más amplio. Esta solicitud de extracción en el río Arío es una de muchas otras solicitudes mineras planteadas el ecosistema, lo que ha generado una creciente movilización de organizaciones y comunidades.

La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), junto con organizaciones ambientales y vecinos de Cóbano, ha impulsado campañas de sensibilización, recolección de firmas, acciones legales y otras iniciativas para defender la cuenca del río Arío. El COVIRENA Cabo Blanco–Arío también ha participado en las acciones de defensa del territorio y del ecosistema.

La comunidad ha sostenido que la discusión no puede reducirse únicamente a la extracción de materiales, pues lo que está en juego es la protección de una cuenca estratégica para el agua, la biodiversidad y las comunidades de la Península de Nicoya.

Antecedentes. El 12 de noviembre de 2025, Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, solicitó la nulidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de extracción en el cauce del río Arío. Entre los argumentos planteados se encuentra la necesidad de analizar el caso desde el marco de la emergencia climática y los derechos humanos, incluyendo los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental.

Posteriormente se presentó este recurso de amparo relacionado con el procedimiento de otorgamiento de la viabilidad ambiental y con la protección constitucional del derecho al agua, la vida y un ambiente sano. Ahora, la admisión del recurso por parte de la Sala Constitucional y la medida cautelar dirigida a SETENA colocan nuevamente la protección del río Arío en el centro de la discusión.

Para Sagot, el caso también representa una oportunidad para reafirmar el alcance de los derechos de participación e información ambiental reconocidos por la jurisprudencia constitucional costarricense.

“Estamos ante situaciones que no deberían estar ocurriendo en Costa Rica, donde se supone que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, existe un derecho de participación ciudadana y un derecho de información ciudadana en materia ambiental”, concluyó.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.