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La madre naturaleza

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Óscar Ávila

La madre naturaleza es implacable cuando los humanos, u otros agentes externos, no respetamos sus equilibrios establecidos. Desde los tiempos antiguos se dieron diluvios o grandes inundaciones, seguidas de fuertes sequías que la inteligencia humana no lograba explicar.

Por siglos se creyó que había una fuerza extraterrestre que intervenía para castigar a la humanidad por los daños causados por otros grupos sociales. Así, utilizamos el miedo para influir en las creencias filosóficas y religiosas de otros, a manera de instaurar fuertes controversias hasta crear grandes instituciones que llegarán a concentrar poderes casi absolutos, los que llegaron a constituir verdades incuestionables y divinas ante el conocimiento humano.

No obstante, a medida que la inteligencia humana investiga y va descubriendo las causas de cada fenómeno, se da por enterado de que no hay nada divino ni mágico en los hechos ocurridos. Que mucho de lo acontecido y, no todo, pero gran parte, son resultado de las actividades humanas.

Después de muchos años o siglos, sabemos que nuestro planeta Tierra no gira alrededor del sol de manera circular, sino elíptica.

Desde luego, racionalizamos y diferenciamos entre lo efectuado por las grandes mayorías y las minorías, estas, normalmente, privilegiadas.

Crucitas: despacio porque precisa. La historia capítulo por capítulo

Por José Luis Amador

La palabra Crucitas está escrita en oro

Lo menos que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es informarse bien. Que mire, que venda ya, que yo se la compro. ¡Nada de eso trajo el barco! O nos informan bien o no vendemos. No es maní, no son meneítos. Son millones de dólares.

Existe una situación de crisis ambiental y social en Crucitas que debe resolverse. Pero esto no puede hacerse a golpe de mazo y tambor, porque puede caerse en los mismos errores que se cometieron hace 20 años, con el consecuente impacto sobre la gente, sobre el medio ambiente. Y sobre el negocio.

Crucitas tiene una historia que usted debe saber. Yo le voy a contar una parte. En sus discursos, el gobierno actual tergiversa esta historia y ha querido hacernos creer que fue un personaje y un partido político en solitario, por capricho y como si fueran magos, quienes se opusieron al proyecto minero y nos metieron en el atolladero en el que estamos ahora. Esto es solamente una parte de la historia. Deme un chance y le cuento el cuento hasta donde investigué. Usted buscará el resto. ¡Ojalá busque bien!

El proyecto minero

En 1993 la empresa Industrias Infinito obtuvo un permiso de exploración para el área de Crucitas. La empresa realizó perforaciones y estudios para determinar la existencia y tamaño de potenciales depósitos de oro.

En 1999 presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud de concesión minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris, la cual fue otorgada en 2001.

Reacción de los ecologistas y un presidente

La minería a cielo abierto es un negocio “furris” y de gran impacto ecológico. No son túneles, ni tajos como alguna gente cree. Son lagunas y desiertos químicos. Implica eliminar toda la capa boscosa, echar abajo árboles y animales, eliminar la parte orgánica del suelo y hacer excavaciones profundas, extraer toda la roca y triturarla. Hacer grandes lagunas donde el material se mezcla con cianuro para obtener el oro. Todo ello con alto riesgo de secuelas ambientales, de contaminación de acuíferos y otros. Los expertos lo explicarán mejor que yo. Pero lo cierto es que la inminente acción de Industrias Infinito causó enorme oposición en diversos sectores de la sociedad costarricense. Nos dejaban un inmenso impacto ambiental y muy poca ganancia. Solo un 2 % de lo extraído.

En el 2002 grupos ecologistas interponen el primer recurso de amparo contra las operaciones de Industrias Infinito. Paralelamente, el entonces pre-candidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el MINAE. Ya en la presidencia Abel Pacheco estableció por decreto una “moratoria nacional” contra la minería metálica de oro a cielo abierto. Todos los trámites relacionados con el proyecto minero de Infinito Gold debían suspenderse. A pesar de ello, al parecer, el Ministerio de Ambiente, la SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, suspendieron los procedimientos a favor de la empresa minera.

2004 Sala IV anula concesión

En 2004 la Sala Constitucional, declaró «con lugar» un recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera por haberse dado sin tener un estudio de impacto ambiental previo. Además, la Sala anuló esa primera concesión “por violentar el derecho a un ambiente sano”.

2005 SETENA otorga viabilidad al proyecto

Ese año, paradójicamente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Crucitas. Tendría un área total de 305,90 hectáreas y un plan de extracción de 21 hectáreas cada año. Industrias Infinito utilizaría un proceso químico por medio de tanques de cianuración. Su pretensión era producir 4000 toneladas diarias de material para extraer 90000 onzas de oro por año. Esto es aproximadamente 3000 kilogramos de oro por año.

2008 Arias Sánchez y su infinito amor

IND. INFINITO encuentra todo el apoyo del gobierno de Oscar Arias. En 2008 el Gobierno Arias ordenó revivir la resolución anteriormente anulada por la Sala Constitucional y otorgar de nuevo la concesión a Industrias Infinito, pese a que todavía estaba vigente la moratoria emitida por Pacheco. Y para evitar dudas de su infinito amor, ese mismo año O. Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles, derogaron el decreto de moratoria minera emitido por el expresidente Pacheco.

Pero lo más poético estaba por venir, ya que Arias y Dobles firmaron un decreto declarando el proyecto minero Crucitas «de interés público y conveniencia nacional». Ese mismo día, contra toda pretensión ambientalista, se aprobó la corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y de plantaciones, en los terrenos de la empresa minera.

Y como en todas partes se cuecen cariñitos, en 2008, – según informó La Nación- Ronald Mannix, el multimillonario dueño de Industrias Infinito, ofreció un donativo de 250 000 dólares a la Fundación Arias para la Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Años más tarde esto motivó la apertura de una investigación penal. Pero finalmente, el caso fue desestimado. En su momento, toda esta información estuvo en los diarios. Aunque todavía se puede ver en Wikipedia, de donde hemos tomado toda la información de este texto.

La reacción ecologista

Tal y como he manifestado anteriormente, en sus discursos, el actual gobierno chavista tergiversa esta historia y ha querido hacer creer que fue Edgardo Araya y un partido político quienes en solitario y por capricho se opusieron al proyecto minero, pero esto no es cierto. Amplios sectores de la ciudadanía costarricense se unieron para luchar contra Industrias Infinito y el gobierno de Oscar Arias y su afán de arrasar miles de hectáreas de bosque, dejando enormes estanques de cianuro y otros químicos, a cambio de muy poca ganancia para los costarricenses (un 2%). Embarcándonos en un pésimo negocio social ambiental y económico. Fueron meses de marchas, largas caminatas, tiendas de campaña y gente valiente durmiendo frente a Casa Presidencial manifestando su repudio a este pésimo negocio.

En octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya, representando a gran cantidad de ciudadanos y grupos ambientalistas, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Industrias Infinito S.A., la SETENA y el MINAET, solicitando la suspensión de la corta de árboles como medida cautelar, la cual fue acogida por ese tribunal, mismo que ordenó además la no aplicación del decreto de Arias que había declarado «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero.

De aquí hasta al 2010 hubo un largo estira y encoge donde ambientalistas y sectores populares dieron una férrea y desigual lucha contra la empresa minera ahora unida con el gobierno de los Arias.

La reacción del arismo (sigue el ping pong)

Por increíble que parezca, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (ASOCRUCITAS), todos juntos, acuerparon a la empresa minera Infinito ante los tribunales en contra de las demandas populares y ecologistas, y presentaron oposición a sus argumentos.

2010 tribunal rechaza las pretensiones de Arias e Infinito

En 2010 el tribunal rechazó las pretensiones del gobierno y la empresa minera, ahora unidos. Según los jueces, la resolución auspiciada por Arias, que revivió el permiso de explotación en 2008, era nula, pues todavía estaba vigente el decreto de moratoria emitido por el expresidente Pacheco. El tribunal ofrece muchas razones entre ellas, afectación al recurso hídrico subterráneo, especies silvestres amenazadas y destrucción de caminos. Por si fuera poco, el tribunal rechaza el decreto de Arias y Robles que declaró el proyecto minero «de interés público y conveniencia nacional». Este tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no realizó un procedimiento para determinar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. El decreto de Arias y Dobles presentaba escasez de argumentos, no hizo referencia a documentos, estudios, u otros elementos técnicos que justificaran la conveniencia nacional de la mina.

Tribunal solicita procedimiento penal contra Arias y Dobles

El tribunal condenó a Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala de árboles; ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito y comunicar la sentencia al MINAE para que iniciara un procedimiento administrativo contra tres de sus funcionarios. Pide comunicar al Ministerio Público para que se determinara si era procedente seguir causa penal en contra de Óscar Arias, Roberto Dobles y otros.

2010 Asamblea Legislativa vota por unanimidad para prohibir la minería a cielo abierto

2015 Finalmente este año Industrias Infinito salió de Crucitas y en noviembre de ese año, el Tribunal Contencioso ordenó que la empresa, el SINAC y el Estado pagaran 6.4 millones de dólares por daño ambiental en un plazo de seis meses. Claro que duele todavía este triunfo de los ambientalistas contra el Gobierno de Arias y la empresa minera.

2014 juicios internacionales

En 2014 Industrias Infinito demandó a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) reclamando 400 millones de dólares, por incumplimiento del Estado costarricense. estas y otras demandas de la empresa minera que se siguieron dando hasta el 2025 Dichosamente no prosperaron. Básicamente lo que protegió a Costa Rica fue el decreto de moratoria contra minas a cielo abierto emitida por el presidente Pacheco de la Espriella, lo que impidió a la desarrolladora obtener el permiso de explotación. Esta actitud de Pacheco se dio en concordancia con los movimientos ambientalistas de ese periodo histórico.

2026 algo tenemos que hacer hoy con Crucitas

Crucitas está siendo objeto de la invasión de oreros. Muchos sostienen que este no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido planeado y financiado. Se dice que no son ni artesanales ni espontáneos. Sabemos que hay necesidades de unos e intereses de otros.

Por su parte el gobierno tiene una propuesta en donde el país solo obtendrá un 5% de las ganancias y siguen presentes los riesgos ambientales. La estrategia del Gobierno está acompañada por un mensaje que dice “tienen que tomar esta opción ya, porque esto urge y los que objeten esta propuesta son antipatriotas, comunistas y vagabundos” (Usted conoce la cantinela).

Pero como le dije, lo mínimo que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es ir con calma e informarse bien. Espero que estas líneas inconclusas le hayan servido de algo porque a mi me costaron su rato. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia: cinco fracciones en la asamblea se sientan a pensar.

Este 26 de junio nos dicen que las cinco fracciones de la Asamblea se sentarán a dialogar en una mesa de análisis en busca de la mejor opción. ¿Y por qué no? Es la mejor noticia que nos han dado. Cuando se tiene un buen negocio, no se dilapida. Se va despacio, porque precisa.

Usted lo sabe… y yo también.

Imagen: Una mina de oro a cielo abierto.
La selva ha sido sustituida por una hermosa laguna de aguas de cianuro. El bus de los turistas se cambió por un tractor triturador y ya no hay lapas. Este gigantesco sacrificio ambiental, si se hiciera, merece una recompensa muy grande y bien pensada para el país y la sociedad costarricense, con visión social y de futuro.

Organizaciones respaldan a Juan Bautista Alfaro y defienden la libertad de expresión en temas ambientales

Un grupo de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales emitió un comunicado público en el que expresa su respaldo al activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, en el contexto del proceso judicial que enfrenta por una demanda por difamación relacionada con sus manifestaciones sobre el caso de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo.

En el documento, las organizaciones señalan que la discusión sobre la protección de los ecosistemas y las concesiones turísticas constituye un asunto de interés público y recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

El comunicado sostiene que el caso de Playa Panamá ha generado un amplio debate nacional en medios de comunicación, redes sociales, espacios académicos y otros ámbitos públicos, así como cuestionamientos sobre el modelo turístico aplicado en el Golfo de Papagayo. Añade que, en torno a este tema, se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo, y que una de esas acciones dio lugar a medidas cautelares que posteriormente generaron una campaña mediática contra un magistrado de la Sala Constitucional.

Las organizaciones afirman que el régimen especial bajo el cual se administra el Golfo de Papagayo fue establecido mediante legislación aprobada antes del desarrollo del actual marco jurídico ambiental costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la reforma constitucional del artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su juicio, esta situación ha generado tensiones jurídicas entre ese régimen especial y la evolución posterior del derecho ambiental nacional e internacional.

El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en asuntos vinculados con temas de interés público y con las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), señalando que estos criterios reconocen una protección reforzada cuando se trata de debates relacionados con la defensa del ambiente y las concesiones estatales.

Las organizaciones describen a Juan Bautista Alfaro Rojas como un activista comprometido con la defensa de los ecosistemas y sostienen que el proceso que enfrenta se enmarca en una tendencia regional de criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en América Latina.

En el comunicado, las organizaciones firmantes:

  • Manifiestan su apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

  • Exigen respeto a la libertad de expresión.

  • Reafirman el valor jurídico del derecho humano a la libertad de expresión.

  • Invitan a la ciudadanía a expresar muestras de apoyo hacia el activista.

  • Solicitan la difusión del comunicado.

Asimismo, recuerdan que el 26 de junio están programadas dos audiencias del proceso judicial, a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m., en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. El comunicado concluye invitando a la ciudadanía a respaldar una petición pública de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

Organizaciones firmantes

  • Grupo Salvemos el Bosque de Playa Panamá

  • APREFLOFAS

  • FECON

  • Bloque Verde

  • Comité Punta Pelencho

  • Salve Monos

  • CREMA

  • Alianza Escazú

  • UESPRA

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Antigentrificación

  • Defensores de la Casa Común

  • Fundación Orgánica

  • Mar & Comercio

  • Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

  • Causa Sur

  • Colectivo Costa Rica por el Océano

  • Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Frente Ecologista Universitario (FECOU)

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • COECOCEIBA

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Un Metro más Limpio

  • CODECE

  • Canto de Fauna

Coalición por los Pasos de Fauna solicita convocar proyecto de ley para su votación definitiva

Una coalición integrada por 37 organizaciones ambientales, comunitarias y de conservación solicitó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizar las gestiones necesarias para que el expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras”, sea convocado durante el actual período de sesiones extraordinarias y pueda ser sometido a segundo debate.

La petición fue remitida el 21 de junio de 2026 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las jefaturas de fracción y a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, luego de que el pasado 8 de junio el plenario aprobara de forma unánime la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto. Según recuerdan las organizaciones firmantes, la iniciativa también fue aprobada por unanimidad en primer debate el 21 de abril de este año.

Las organizaciones consideran que existe un amplio consenso político en torno a esta propuesta y señalan que el siguiente paso debe ser su aprobación definitiva para convertirla en Ley de la República. En el documento enviado a las autoridades legislativas se solicita que, de no concretarse la convocatoria durante las sesiones extraordinarias, el proyecto sea priorizado mediante una moción de orden durante el próximo período ordinario que iniciará en agosto.

La Coalición por los Pasos de Fauna argumenta que la urgencia de esta legislación responde a una problemática ampliamente documentada en el país: la muerte de animales silvestres por atropellos y electrocuciones. Según indican, estas dos causas afectan a más de 150 especies de fauna, incluyendo dantas, ocelotes, venados, perezosos, armadillos, mapaches, reptiles y anfibios, entre muchas otras.

Las organizaciones señalan que la disminución de poblaciones silvestres tiene impactos directos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, afectando además servicios ecosistémicos fundamentales. También recuerdan que la conservación de la biodiversidad constituye un elemento estratégico para la imagen internacional del país y para actividades económicas vinculadas al turismo de naturaleza.

De acuerdo con la solicitud presentada, el proyecto de ley busca fortalecer el marco normativo existente para que las nuevas obras de infraestructura vial incorporen medidas destinadas a garantizar la conectividad ecológica mediante pasos de fauna, siguiendo prácticas que ya se aplican en diversos países y aprovechando la experiencia técnica acumulada por instituciones públicas, organizaciones especializadas y centros de investigación.

Las organizaciones firmantes sostienen que la iniciativa cuenta con fundamento en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La Coalición por los Pasos de Fauna informó además que esta petición cuenta con el respaldo de más de 25.000 firmas ciudadanas recopiladas mediante una campaña electrónica. Entre las organizaciones participantes figuran agrupaciones de conservación, desarrollo comunal, investigación, protección de la vida silvestre y acción climática de distintas regiones del país.

Durante los últimos meses, diversas organizaciones ambientales han impulsado acciones públicas para promover la aprobación de esta iniciativa legislativa, señalando que la construcción de pasos de fauna constituye una herramienta importante para reducir la mortalidad de animales silvestres y fortalecer la conectividad de los ecosistemas en Costa Rica.

UCR expresa profunda preocupación por posible tala de árboles en Playa Panamá y llama a revisar el modelo turístico de Papagayo

• UCR promoverá estudios científicos
• Exige a las instituciones gubernamentales cumplir la legislación ambiental vigente
• Expresa solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que han sido víctimas de persecución

San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas autorizada en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de la primera fase de un proyecto turístico e inmobiliario que contempla la construcción de hoteles, residencias y otras infraestructuras dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un acuerdo aprobado hoy 18 de junio de 2026, el Consejo Universitario advirtió sobre los potenciales impactos ambientales que podría generar la eliminación de esta cobertura arbórea, tanto para la biodiversidad como para los ecosistemas y la vida silvestre asociada a la zona.

La Universidad recordó que existen criterios técnicos que señalan que el área donde se pretende desarrollar el proyecto podría corresponder a un bosque ubicado en terrenos estatales administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), condición que le otorgaría la categoría de patrimonio natural del Estado y, por tanto, una protección especial bajo la legislación nacional.

“Ante la existencia de criterios contrapuestos sobre la naturaleza del área intervenida, la Universidad considera fundamental que prevalezca el rigor científico y el análisis técnico independiente”, señala el acuerdo.

Por esta razón, la UCR instó a sus unidades académicas especializadas en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios científicos que permitan determinar si el terreno donde se autorizó la tala reúne las características necesarias para ser clasificado legalmente como bosque.

La Universidad enfatizó que la posible eliminación de 748 árboles podría ocasionar daños graves e incluso irreversibles sobre los ecosistemas locales, afectando especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.

Asimismo, destacó que la conservación de los recursos naturales constituye uno de los principales activos de la región y una de las bases fundamentales de la actividad turística en Guanacaste. En ese sentido, advirtió que la pérdida de cobertura forestal podría comprometer los mismos valores paisajísticos y ambientales que sustentan el atractivo turístico del territorio.

Como parte del acuerdo, la UCR hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de la biodiversidad.

La Universidad recordó que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar su protección.

El acuerdo también expresa solidaridad con personas comunicadoras, activistas y líderes comunales que han denunciado posibles irregularidades relacionadas con el proyecto y que, según se ha señalado públicamente, enfrentan situaciones de persecución y presiones derivadas de su labor de denuncia ambiental.

Sobre este punto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Dra. Ilka Treminio Sánchez, señaló que “en los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales. Prueba de ello es que precisamente la próxima semana se realizará el juicio contra el influencer Juan Bautista Alfaro, quien ha defendido con mucha fuerza y valentía los recursos naturales de Playa Panamá”.

La UCR reafirmó que toda persona tiene el derecho constitucional de denunciar acciones que puedan afectar el ambiente sin ser objeto de represalias, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.

Más allá del caso específico de Playa Panamá, la Universidad considera necesario abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo propia de otra época y requiere ser analizada a la luz de los actuales desafíos ambientales, sociales y territoriales.

En este contexto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Dra. Natalia Solano Meza, afirmó que “como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación. Esta concesión funciona, sin lugar a dudas, bajo una lógica similar a la de los enclaves productivos de los siglos XIX y XX en Costa Rica, y además pone en riesgo la capacidad del Estado costarricense para regular el impacto ambiental de estos proyectos”.

La Universidad considera necesario evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.

Foto con fines ilustrativos, archivo OCI UCR.

Asociación conservacionista solicita revisar nombramiento en SETENA y designar una persona con trayectoria intachable

La Asociación Conservacionista Yiski remitió una carta dirigida a la presidenta de la República, Laura Fernández, y a la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro, en la que solicita revisar y anular el nombramiento de Ulises Álvarez Acosta como secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y designar en su lugar a una persona que, según la organización, reúna condiciones de idoneidad y una trayectoria profesional intachable.

La carta está firmada por María Elena Fournier S., presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, organización fundada en 1990. En el documento, la organización manifiesta su preocupación por la designación realizada por el Ministerio de Ambiente y Energía y solicita que el Gobierno reconsidere dicha decisión.

Según la misiva, la petición se fundamenta en que la persona nombrada mantiene una causa penal que, de acuerdo con la información citada por la organización, no habría concluido. La asociación considera que, dada la naturaleza de las funciones de SETENA, el cargo debe ser ocupado por una persona que genere plena confianza pública y garantice objetividad y ética profesional en la toma de decisiones.

La organización adjuntó a su carta información procedente de una publicación periodística nacional y otros antecedentes recopilados por sus integrantes, en los que se hace referencia a una investigación judicial relacionada con el denominado caso Comején. La carta señala que la situación genera inquietud en sectores de la sociedad civil respecto a los criterios utilizados para la designación del puesto.

En el documento, la Asociación Conservacionista Yiski solicita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía que valoren la revocatoria del nombramiento y procedan a seleccionar a una persona que posea una trayectoria profesional y ética acorde con las responsabilidades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

La agrupación indicó que espera una respuesta favorable a su gestión y reiteró su interés en que las instituciones públicas actúen bajo principios de transparencia, ética y confianza ciudadana.

Solicitan declarar nulos 209 permisos de uso de suelo otorgados en el área de influencia del Refugio Gandoca-Manzanillo

Marco Vinicio Levy Virgo presentó una denuncia formal ante la Municipalidad de Talamanca, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Ambiental, mediante la cual solicita la declaratoria de nulidad absoluta de 209 permisos de uso de suelo otorgados entre marzo de 2014 y enero de 2019 en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo.

La gestión se fundamenta en una certificación emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca, según la cual durante ese período fueron aprobados 209 permisos de uso de suelo en terrenos ubicados dentro del área de influencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según la denuncia, dichos permisos fueron otorgados a personas físicas y jurídicas para la ocupación y, en múltiples casos, la explotación comercial de terrenos localizados en una zona considerada de dominio público estatal y vinculada a un área silvestre protegida. El documento sostiene que tales autorizaciones habrían sido emitidas sin la participación de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas.

Levy argumenta que existe una amplia base jurisprudencial relacionada con ocupaciones y explotaciones comerciales en esa misma zona. Entre las resoluciones citadas se encuentran las sentencias N.º 178-2002, 286-2003, 285-F-04 y 220-2007, esta última relacionada con el conocido caso del Hotel Las Palmas, ubicado en Punta Uva. De acuerdo con la denuncia, estas resoluciones confirmaron la ilegalidad de determinadas ocupaciones dentro del refugio y consolidaron criterios sobre la protección del dominio público y de las áreas silvestres protegidas.

Como respaldo adicional, el denunciante incorpora documentación histórica relacionada con el caso Hotel Las Palmas. Entre ella figura una gestión presentada ante la Contraloría General de la República en julio de 2008 por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en la cual se señalaba que existían resoluciones judiciales firmes cuya ejecución seguía pendiente a pesar de haber sido confirmadas por los tribunales.

Asimismo, se aportan oficios de la Procuraduría General de la República y del SINAC correspondientes al año 2008. En ellos se hace referencia a procesos judiciales y administrativos relacionados con el Hotel Las Palmas y a la necesidad de ejecutar actuaciones vinculadas con el desalojo y la protección de los bienes públicos ubicados dentro del refugio.

La denuncia sostiene que los 209 permisos presentan varias causales de nulidad absoluta. Entre ellas menciona la supuesta incompetencia de la Municipalidad de Talamanca para autorizar usos dentro de un refugio nacional de vida silvestre, la violación del régimen jurídico de los bienes de dominio público, el desconocimiento de resoluciones judiciales firmes, la desviación de poder y el eventual abuso del derecho.

El documento también señala que los actos cuestionados afectarían normas de orden público ambiental y el régimen demanial del Estado, razón por la cual solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable de todos los permisos otorgados entre 2014 y 2019.

Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de los permisos, la prohibición de emitir nuevas autorizaciones derivadas de ellos, la realización de inspecciones técnicas y la paralización de obras o actividades desarrolladas al amparo de dichos permisos. También se solicita una auditoría integral de los permisos otorgados en áreas protegidas y zonas de dominio público desde 2014 hasta la actualidad, así como la remisión de información a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Ambiental para determinar eventuales responsabilidades.

Como prueba documental, la gestión incorpora la certificación municipal sobre los 209 permisos, las sentencias judiciales relacionadas con el caso Hotel Las Palmas y documentación histórica vinculada con actuaciones de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el SINAC.

Causa Sur convoca a acuerpar a activista ambiental Juamba durante juicio por denuncias sobre Playa Panamá

La organización Causa Sur hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales y personas defensoras del ambiente a acompañar al activista ambiental conocido como Juamba durante las audiencias judiciales programadas para el próximo 26 de junio en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

Según la convocatoria, el proceso judicial surge a raíz de denuncias realizadas por Juamba en 2025 sobre presuntos daños ambientales, tala irregular y afectaciones al bosque en Playa Panamá, Guanacaste, vinculadas al megaproyecto turístico Bahía Papagayo de Enjoy Hotels.

De acuerdo con la información divulgada por Causa Sur, tras visibilizar públicamente esta problemática, la desarrolladora turística presentó demandas en su contra y promovió un embargo preventivo sobre sus cuentas y bienes.

La organización sostiene que el caso trasciende la situación individual del activista y representa una preocupación para quienes defienden el ambiente, los territorios y la libertad de expresión. En ese sentido, considera que las acciones judiciales emprendidas contra Juamba constituyen un intento de desalentar la denuncia ciudadana frente a posibles afectaciones ambientales.

Por esta razón, Causa Sur convoca a manifestar solidaridad y respaldo durante las audiencias previstas para el viernes 26 de junio, con el objetivo de acompañar al activista y reafirmar el apoyo a las personas que participan en la defensa de los bienes naturales y los territorios.

La actividad de acompañamiento se realizará en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón en dos horarios: a las 7:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde.

Bajo la consigna “Defendemos a quienes defienden los territorios”, la organización invita a asistir, compartir la convocatoria y sumarse a las acciones de solidaridad con quienes promueven la protección ambiental y la participación comunitaria.

Datos de la convocatoria

Lugar: Tribunales de Justicia, Pérez Zeledón.
Fecha: Viernes 26 de junio de 2026.
Horarios: 7:30 a.m. y 1:30 p.m.

“Este caso no es solo contra Juamba; es un intento de silenciar la defensa comunitaria y la libertad de expresión en nuestro país”, señala la convocatoria difundida por Causa Sur.

Abejas buitre plantean nuevas preguntas sobre la transformación de paisajes tropicales

Una investigación desarrollada en Sarapiquí documentó 13 especies de abejas sin aguijón que utilizan carroña como parte de su dieta. Mientras las abejas continúan siendo asociadas casi exclusivamente con flores y miel, en los bosques tropicales de Costa Rica algunas especies son capaces de cambiar su dieta, adaptarse a entornos alterados y sobrevivir utilizando recursos que, hasta hace poco, parecían impensables para una abeja.

En los bosques de Sarapiquí hay abejas que llegan a las flores, pero también a restos de animales en descomposición. Algunas cortan pequeños fragmentos de carne y los transportan hasta sus colonias. Otras se alimentan directamente sobre la carroña. Estas abejas son conocidas como abejas necrófagas o “abejas buitre”, y su comportamiento es poco conocido, incluso en el mundo científico.

Una investigación, desarrollada en la zona norte de Costa Rica, identificó al menos 13 especies de abejas sin aguijón que utilizan tejidos animales en descomposición como recurso alimenticio. El hallazgo amplía lo que se conocía hasta ahora sobre este comportamiento y plantea nuevas preguntas sobre la manera en que las abejas responden a la transformación de los paisajes tropicales.

El estudio forma parte del proyecto Abejas buitre en Costa Rica: detección, ecología y comportamiento, liderado por Carolina Esquivel Dobles, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, junto con Laura L. Figueroa Amaya, de la Universidad de Massachusetts Amherst.

Aunque puede parecer extraño el asociar abejas con carne en descomposición, las investigadoras explican que el fenómeno tiene raíces evolutivas.

“Las abejas evolucionaron hace millones de años a partir de avispas, y las avispas son carnívoras”, explicó Esquivel. “Con las abejas necrófagas obligadas, o sea, las que solamente comen carroña y no comen polen, todavía no sabemos si mantuvieron la dieta que tenían sus ancestros o si, como el resto de las abejas, primero se especializaron en polen y posteriormente evolucionaron hacia el uso de recursos animales”.

La investigación se desarrolló a lo largo del Corredor Biológico San Juan – La Selva, en un gradiente que incluyó bosque primario, bosque secundario y zonas agrícolas. En total se evaluaron 20 sitios donde se colocaron cebos de pollo crudo para registrar qué especies visitaban el recurso y con qué frecuencia.

Se registraron más de 200 individuos que visitaron los cebos, y además se documentaron visitas sobre carroña natural, heces y flores.

Las observaciones mostraron que no todas las especies utilizan el recurso de la misma manera. Algunas cortan fragmentos de tejido animal y los transportan hasta sus colonias, mientras otras consumen la carne directamente en el sitio. Pero uno de los hallazgos más importantes, de acuerdo con las investigadoras, fue descubrir que varias especies mantienen dietas flexibles. Es decir, no abandonan por completo las flores, sino que combinan recursos florales con recursos de origen animal dependiendo de las condiciones del entorno.

Foto Randall Montoya.

“Con respecto al grupo de las abejas facultativas, que son estas que sí comen polen y néctar, pero también visitan la carroña, realmente hay más especies de esas que de las obligadas”, detalló Esquivel.

En el mundo hay solo tres especies de abejas necrófagas obligadas, el estudio encontró una de ellas: Trigona necrofaga. Las demás abejas que se encontraron son “omnívoras”; no se sabía que algunas de ellas visitaban carroña. Son nuevos registros.

La investigadora explicó que una de las hipótesis que intentan comprender está relacionada con la competencia por recursos alimenticios. “Se cree que puede ser por el tema de la competencia. Entonces utilizan también ese recurso como una manera de complementar la dieta”, comentó. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora también muestran que el fenómeno es más complejo de lo esperado. “Para nuestros resultados, la presencia de flores no afectó cuánto visitaban las abejas los cebos de pollo”, agregó.

Estos resultados no respaldan el planteamiento inicial de que las abejas recurrían a la carroña únicamente cuando las flores escaseaban. Aunque la investigación sugiere que la carroña podría funcionar como complemento nutricional en paisajes transformados por la agricultura o la pérdida de bosque, la mayor diversidad de abejas en los cebos se registró en sitios boscosos. Esto indica que los bosques siguen siendo fundamentales para estas especies, probablemente porque les proporcionan recursos esenciales como sitios de anidación. Los resultados muestran que estas abejas tienen una flexibilidad mucho mayor de la que se pensaba. Para las investigadoras, el comprender cómo modifican sus hábitos alimentarios ayuda también a entender los efectos de la fragmentación del bosque sobre especies clave para la polinización y el funcionamiento de los ecosistemas.

En los últimos años, las poblaciones de polinizadores han enfrentado presiones asociadas a la pérdida de hábitat, el cambio climático y la transformación acelerada de los paisajes tropicales. En ese contexto, investigaciones como esta permiten observar estrategias poco conocidas que podrían estar funcionando como mecanismos de supervivencia.

El proyecto cuenta además con la participación de María Fernanda Rojas Campos, estudiante que desarrolla su tesis de licenciatura bajo la modalidad de pasantía. Su trabajo dentro de la investigación le ayudó a obtener nuevas oportunidades académicas, pues fue seleccionada por la Universidad de Massachusetts para realizar su doctorado sobre este tema.

Este estudio cuenta también con la colaboración de Quinn McFrederick, de la University of California Riverside, y James Crall, de la University of Wisconsin–Madison. El trabajo de campo se realiza en Sarapiquí con apoyo del Refugio Lapa Verde, donde Randall A. Montoya Solano colabora en las actividades de investigación.

Además, la estudiante participante recibió becas de estadía otorgadas por el Refugio Lapa Verde y la Organization for Tropical Studies, en La Selva Biological Station.

Foto Randall Montoya.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Programa Alternativas debatirá la construcción de un tejido latinoamericano en ecología política

El programa Alternativas, espacio de análisis y reflexión impulsado por el colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima edición a discutir el papel de la ecología política en América Latina y los desafíos de construir articulaciones regionales frente a las problemáticas socioambientales contemporáneas.

Bajo el título “¿Para qué un tejido latinoamericano en ecología política?”, el programa reunirá a especialistas provenientes de distintos países y disciplinas para analizar los aportes de este campo de estudio al debate sobre ambiente, territorio, cultura, economía y justicia social.

La actividad se realizará el 12 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de las plataformas de Facebook Live, YouTube y Spotify.

El panel estará integrado por:

  • Ayar Arawi Guanotuña Chusin, agrónomo y estudiante de la maestría en Ecología Política.

  • Martina Inés Casás Pino, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ecología Política.

  • Karina Nieves Marcano, licenciada en Química y magíster en Ecología Política.

  • Danissa Álvarez Salazar, lingüista y magíster en Ecología Política.

  • Álvaro Céspedes, sociólogo y magíster en Ecología Política.

La propuesta busca reflexionar sobre la necesidad de fortalecer redes de intercambio y colaboración entre personas investigadoras, profesionales, estudiantes y activistas de distintos países latinoamericanos que trabajan en torno a los conflictos socioambientales, la defensa de los territorios, la sostenibilidad y las relaciones entre sociedad y naturaleza.

El programa Alternativas se ha consolidado como un espacio de diálogo interdisciplinario que promueve el análisis crítico de los principales desafíos sociales, políticos, culturales y ambientales de la región, mediante la participación de especialistas y actores sociales de diversos ámbitos.

La transmisión contará además con el apoyo de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución de CONACOOP, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM, que colaboran en la difusión de los contenidos del programa.

La actividad está abierta al público interesado en las temáticas ambientales, territoriales y sociales, así como a estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias y personas vinculadas a los debates sobre ecología política en América Latina.