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Sector agropecuario marcha en defensa de la producción nacional y la soberanía alimentaria

Organizaciones de pequeños y medianos productores del agro y movimientos afines convocan a una marcha en defensa del sector agropecuario, la producción nacional y la soberanía alimentaria, con el objetivo de posicionar los problemas inmediatos que enfrenta el sector. Entre las organizaciones está el Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.

La marcha es este martes 3 de noviembre. El punto de reunión es la Fuente de la Hispanidad a las 10 a. m. para avanzar hacia la Plaza de la Democracia.

Las organizaciones exigen que las políticas hacia el sector se definan con la participación del sector productivo, debidamente representado, “no al margen y en detrimento de ellos”.

En su comunicado recuerdan que el reclamo del sector se hizo escuchar por medio de un movimiento plural, liderado principalmente por personas jóvenes vinculadas al agro por profesión o por convicción. Ese movimiento convocó a miles de personas agricultoras, ganaderas y estudiantes, preocupadas por el impacto negativo que el Acuerdo Transpacífico tendría sobre la producción agropecuaria nacional. Agregan que el movimiento recibió el apoyo de los concejos municipales de 38 cantones, que representan el 51% de la población del país.

El texto destaca que el sector agroalimentario contribuye a la seguridad alimentaria, la economía y el empleo, sobre todo en las zonas rurales, y que permitió alimentar a la población durante crisis mundiales como la pandemia y las guerras entre Rusia y Ucrania y entre EUA e Irán. “La dependencia de importaciones de alimentos genera una gran vulnerabilidad”, advierte.

Según las organizaciones, el comercio mundial de alimentos está marcado por grandes disparidades en los costos de producción, sea por bajos estándares sociales y ambientales o por los subsidios y apoyos que otros países dan a su agricultura. Esos países venden alimentos a Costa Rica a precios menores que los costos locales de producción, “sin que esto se traduzca en un beneficio a los consumidores, pero sí en impactos muy negativos en nuestras comunidades rurales”, como ha ocurrido con el arroz, la papa, la cebolla, el frijol y la leche. Recuerdan que los países desarrollados protegen su agricultura por su valor estratégico: “En materia de producción agrícola debemos asumir un comportamiento de país desarrollado”.

El comunicado valora la declaración de la presidenta Laura Fernández de que el Acuerdo Transpacífico “no va” como señal de que “el clamor de los sectores y de los territorios fue escuchado” y como “un paso en la dirección correcta”.

Las demandas

Las organizaciones exigen tres acciones inmediatas:

  1. Evitar la firma y aprobación de nuevos tratados y acuerdos comerciales que atenten contra la viabilidad de la producción nacional.
  2. Eliminar de inmediato las medidas que están destruyendo la producción local, en particular la de pequeños y medianos productores, como las que permiten importaciones masivas de arroz, papa, cebolla, frijoles y leche, entre otros productos.
  3. Crear una política de fomento de un sector agropecuario innovador, capaz de enfrentar amenazas como el cambio climático, que contribuya a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y social y al mejoramiento ambiental. Esa política debe construirse con el sector productivo, el gobierno, la academia, el sector financiero y la sociedad civil.

Feria Orgánica El Trueque realizará intercambio de semillas criollas y nativas

La Feria Orgánica El Trueque realizará un intercambio de semillas criollas y nativas el sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. d., bajo el lema “Por la soberanía alimentaria y nutricional”.

Las personas interesadas pueden llevar semillas criollas, almácigos, esquejes y otros materiales de siembra para intercambiar.

La actividad cuenta con el respaldo de la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Sociología. También participan el proyecto de extensión cultural EC-663, “Localizando tradiciones: promoción popular de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”, y el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Comer Orgánico de la UCR.

Datos de la actividad

  • Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: de 9:00 a. m. a 12:00 m. d.
  • Lugar: Feria Orgánica El Trueque, en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.

¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035

Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.

Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”

Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.

La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?

La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.

Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.

La academia: conocimiento y responsabilidad pública

Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.

En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.

Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.

Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.

Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.

Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.

Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.

No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.

El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica

El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.

Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.

Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.

Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.

A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.

Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.

Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico

Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.

A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.

Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.

No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.

La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.

Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional

Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.

Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.

También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.

No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.

Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios

Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.

Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.

La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.

¿Qué debe proponer el Estado?

La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.

Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.

También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.

Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?

Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.

Construir una agenda común

Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.

Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.

La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.

El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.

La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.

Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.

Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.

Alcances y limitaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, frente a la realidad de los sistemas agroalimentarios y de la agricultura nacional

German Masís

El Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 y su Plan de Acción 2026-2030, un instrumento que orientará las acciones del país durante la próxima década para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable, suficiente, inocua y sostenible.

El plan establece una ruta de trabajo interinstitucional para fortalecer la disponibilidad de alimentos, impulsar una producción más sostenible, mejorar la educación alimentaria y nutricional y crear entornos que faciliten decisiones saludables para todas las personas.

De acuerdo con datos nacionales, el 16,4 % de los hogares enfrenta dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente, situación que evidencia la importancia de contar con una estrategia nacional que articule esfuerzos para reducir estas brechas y proteger el bienestar de la población.

Entre las principales acciones que contempla el plan destacan: el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos, la promoción de circuitos cortos de comercialización entre productores y consumidores, el uso sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades productivas en los territorios, y una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Asimismo, el Plan reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada como un eje central de las políticas públicas y promueve el trabajo conjunto entre instituciones del Estado, gobiernos locales, sector productivo, academia, organizaciones sociales y ciudadanía para alcanzar este objetivo. (Ministeriodesalud.go.cr,9-9-2026).

Para abordar la pertinencia y los alcances del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es conveniente efectuar un análisis y valoración de los componentes principales del planteamiento a saber:

I. El enfoque

El enfoque principal del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles que es el enfoque que impulsa la FAO a nivel internacional y que la representación de esa entidad ha adoptado en Costa Rica.

En general es un enfoque válido y pertinente, pero que es más una aspiración que una realidad en muchos países, incluyendo el nuestro. La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios se encuentra amenazada por distintos factores, como los factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, el aumento de los precios de los insumos y de los costos de producción y la reducción de los ingresos y de la rentabilidad de las actividades (Infobae,14-6-2026)

De ahí que la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en la actualidad es sobre todo un gran desafío hacia su transformación, ya que el país y la región no podrán mantener su rol esencial en estos sistemas, expandiendo las tierras agrícolas o aumentando los insumos. Necesitan generar más valor por hectárea, por unidad de agua, por una unidad de energía, para reducir la presión sobre los bosques, sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.

Además, es esencial pasar de producir más, a producir mejor, de exportar materias primas a generar más valor y de contar con casos de éxito aislados, a llevar adelante una transformación más profunda, inclusiva, sostenible y resiliente de estos sistemas. (IICA,19-6-2026)

Para el Plan Nacional de Alimentos presentado es central la disponibilidad de alimentos, que según las orientaciones de la misma FAO, se puede satisfacer mediante varios mecanismos, como la producción local existente, las políticas agroalimentarias que incentive su crecimiento y las importaciones de alimentos de otros países.

No obstante en los últimos años, la disponibilidad de alimentos se ha visto amenazada por el desincentivo de la producción nacional de algunos productos básicos, como el arroz y el frijol y la reducción considerable de la producción de otros productos, como la papa y la cebolla, mientras el país ingresa en una peligrosa tendencia de garantizar la disponibilidad de alimentos, mediante el incremento de las importaciones, justificado por los problemas climáticos y por los bajos precios de esos productos en otros países.

Según el análisis del economista Francisco Esquivel, mientras en el 2021 se importaron $ 170 millones en arroz, cebolla, raíces y tubérculos, carne vacuna y carne porcina, en el 2025, estamos importando $ 370 millones por año, es decir en 3 años ha aumentado $ 200 millones, ese producto importado significa pérdida de mercado para el productor nacional. (SURCOSdigital.com, 2-2026)

La disponibilidad de alimentos debe tener una base sólida en la producción nacional y en políticas que la incentiven y la apoyen y no debe depender de las importaciones baratas de otros países, que generan una competencia desleal con los productos nacionales y que deterioran sus ya vulnerables condiciones de participación en los mercados.

II. Las principales acciones del Plan

El Plan busca impulsar varias acciones estratégicas dirigidas a fortalecer componentes del sistema alimentario del país, no obstante, es importante valorar la situación de cada uno de esos ámbitos de la producción agroalimentaria.

1. La producción sostenible, el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país.

La producción sostenible y el uso sostenible de los recursos muestra una realidad amenazada por la alta utilización de insumos externos, especialmente agroquímicos y semillas, por la pérdida de fertilidad de los suelos y por la contaminación de las fuentes de agua por residuos químicos y la escasez de mano de obra nacional y la dependencia de mano de obra extranjera en algunas actividades productivas, aspectos que comprometen seriamente la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los sistemas agroalimentarios.

El tema de la alta utilización de agroquímicos en la agricultura nacional, ha sido ampliamente investigado y documentado por varias fuentes, un estudio reciente determinó que cultivos de Costa Rica utilizan casi el doble de plaguicidas por hectárea, al utilizar en promedio 21.9 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, enfatizando en la distribución de éstos en cultivos, como la piña, el arroz, el tomate, la papa y el banano y las características de peligrosidad de los ingredientes activos. (Delfino.cr,22-10-2026)

Otro aspecto que ha afectado seriamente la sostenibilidad de la actividad y de las comunidades involucradas o cercanas a ella, ha sido la contaminación de las fuentes de agua, que en amplias zonas del Atlántico, la zona Norte y hasta Cipreses de Oreamuno, en las que los ríos y nacientes han sido contaminadas y han salido de servicio, teniendo que ser sustituidas por la provisión institucional móvil del vital líquido.

Otros dos aspectos que afectan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios son la pérdida de fertilidad y productividad de los suelos en algunas actividades y zonas del país, provocado por el uso excesivo de agroquímicos, las inundaciones o la sequía y la ausencia de medidas de mitigación oportuna que restablezcan la capacidad productiva de los suelos.

El otro aspecto importante de mencionar es la progresiva dependencia de la mano de obra extranjera en actividades como el cultivo, mantenimiento y sobre todo en la cosecha de actividades como los cultivos de piña, banano, sandía, café y caña de azúcar, las cuales dependen de los permisos migratorios para el ingreso de trabajadores y la creación de condiciones para su permanencia.

Este fenómeno del predominio de la mano de obra extranjera, a su vez está asociado al comportamiento de la fuerza de trabajo en el sector, ya que el mismo Boletín estadístico agropecuario del MAG, había señalado que la fuerza de trabajo del sector agropecuario cayó en un 21,9% entre el 2021 y el 2025 y que la población ocupada en agricultura también se contrajo durante ese período, en una reducción del 16,4%. (ElObservador.cr,10-9-2026)

2. Sin embargo, la acción probablemente más crucial en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios es el de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país y el debilitamiento de las economías locales y regionales.

La capacidad productiva agropecuaria nacional, ha descendido y se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, aspecto evidenciado por los resultados de las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) realizadas por el INEC entre el 2021 y el 2025.

La reducción de las áreas cultivadas tanto de los cultivos para el mercado interno como para exportación, junto a la reducción de los volúmenes producidos para ambos mercados, ha sido la evidencia más contundente del deterioro de las actividades y los sistemas agroalimentarios ligados a ellas.

Las diferencias han sido significativas entre el 2023 y el 2025, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2021(ENA 20021) y 2024(ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hás menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2021 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 ha menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Entre las diferencias más significativas, se encuentran la del cultivo del arroz, cuya diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 ha y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

La comparación en la producción de papa entre el 2021 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 ha sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada

El análisis de la evolución de la producción de banano entre esos años determina una reducción de 8,755 ha y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

En la actividad cafetalera, las diferencias en los mismos años son significativas, con la reducción de 8,640 hás sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial. (SURCOS digital.com, 09-2025, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional).

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, evidencia la reducción de la capacidad productiva en actividades agrícolas y en territorios vinculados a estas actividades en las regiones periféricas del país, en las que son la principal fuente de empleo e ingresos para la población rural. Igualmente, esta reducción de la capacidad productiva tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas.

3. Otra de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos y el impulso de los denominados circuitos cortos de comercialización, que buscan reducir intermediarios y generar relaciones más directas entre productores y consumidores.

Esta acción involucra el fortalecimiento de las ferias del agricultor y las ferias locales, frente a uno de los mayores problemas del comercio agrícola, la intervención de los intermediarios como canal de comercialización que coopta buena parte de la producción de los pequeños productores y se apropia de buena parte del valor de esta.

En nuestro país operan más de 50 ferias del agricultor que permiten la participación directa del productor y un cambio en la relación entre productores y consumidores, pero esta opción aún plantea desafíos importantes para su mejoramiento y ampliación hacia zonas en las que éstas tienen poca presencia como los cantones del Sur-Sur y el Norte-Norte.

Un estudio reciente de la FAO indicó que estas ferias son un elemento esencial en los sistemas agroalimentarios, facilitando el acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos, al tiempo que dinamizan las economías locales. El estudio analiza los desafíos estructurales y organizacionales que enfrentan las ferias, como la infraestructura deficiente, la competencia con los supermercados y la necesidad de una mayor tecnificación.

También subraya la importancia de mejorar la infraestructura de las ferias, como la creación de estacionamientos y rampas de accesibilidad, para mejorar la experiencia tanto de productores como de consumidores. Además, aborda la necesidad de fortalecer la capacitación de los productores y de fomentar nuevas estrategias de comercialización, como el uso de pagos electrónicos y plataformas digitales para ampliar el alcance de las ventas. Finalmente, se destacan las recomendaciones para fortalecer el rol de las ferias en la economía costarricense, incluyendo la creación de políticas que promuevan la expansión de estos mercados a áreas rurales y costeras, y el desarrollo de estrategias de comunicación que mejoren su visibilidad y atractivo. (FAO.cr,29-3-2026)

4. Esta última recomendación del estudio está ligada a otras de las acciones del Plan, que es la educación alimentaria y nutricional y que requiere fortalecer el consumo de alimentos sanos e inocuos, tanto en los entornos escolares, como familiares y públicos, lo que requiere impulsar campañas de información y concientización de las características y valor nutricional de los alimentos, como también conocer su origen, calidad y trazabilidad, los que muchas veces se desconocen.

El impacto positivo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035, supone más allá de la correcta ejecución de las acciones planteadas, avanzar hacia una política agropecuaria más sostenible, equitativa e incluyente.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transformación productiva, socioeconómica y ambiental de la actividad.

Una transformación que debe garantizar que la producción agroalimentaria sea más sostenible ambientalmente, que la participación de los productores sea más justa y equitativa y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos.

La propuesta debe incluir un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a las condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las alternativas de comercio más justas y de mayor participación de los productores, un mecanismo de seguros agrícolas y protección de riesgos naturales y nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores.

Un componente adicional, es el impulso de un programa para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales.

La efectividad de las acciones de apoyo a los sistemas agroalimentarios pasa también por la vigencia de una ley de seguridad alimentaria y nutricional, que proteja a los productores y sus unidades productivas de los cambios en las condiciones comerciales internas y externas.

Parlamento Cívico Ambiental: “Archivo del CPTPP es un triunfo de la movilización social y respaldamos la marcha del 3 de noviembre”

Manifiesto: la no adhesión al Acuerdo Transpacífico es un triunfo de la movilización social

El Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica celebra el anuncio de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, sobre la no firma y solicitud de archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Esta decisión constituye una importante victoria de los movimientos sociales, populares, ambientales, agrícolas, campesinos, estudiantiles y de las organizaciones ciudadanas que se opusieron al tratado y que, mediante su organización, denuncia y movilización, ejercieron una presión determinante para detener este proceso.

El CPTPP despertó una creciente oposición por sus potenciales consecuencias sobre la producción agropecuaria nacional, la soberanía alimentaria, el ambiente, la biodiversidad y la capacidad del Estado para adoptar políticas públicas en defensa de los intereses nacionales.

A ello se sumaron los cuestionamientos sobre la falta de transparencia, participación ciudadana y suficiente información acerca de sus implicaciones para el país. Este logro demuestra que la organización y la movilización ciudadana son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos, la soberanía nacional y el patrimonio ambiental de Costa Rica.

Sin embargo, el archivo del CPTPP no significa que hayan desaparecido las amenazas que enfrenta la producción nacional ni los problemas estructurales del sector agropecuario, las comunidades rurales y la protección de nuestros ecosistemas. La adopción de otras agendas vinculadas a intereses extranjeros de comercio estratégico y seguridad puede representar amenazas aún mayores.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental respalda el mantenimiento de la convocatoria a la marcha nacional del próximo 3 de noviembre, promovida por las organizaciones del sector agropecuario y otros movimientos sociales.

Esta movilización debe constituir una oportunidad para reafirmar la unidad de todos los sectores sociales para continuar exigiendo políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la soberanía alimentaria, protejan el ambiente y promuevan un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible.

El Parlamento Cívico Ambiental reafirma su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y con una democracia participativa en la que las decisiones fundamentales sobre el futuro del país respondan a las necesidades de su población y no exclusivamente a otros intereses.

Instamos al Gobierno a establecer un mecanismo permanente, transparente, participativo y jurídicamente vinculante de evaluación y seguimiento de los tratados comerciales, con indicadores verificables, informes públicos periódicos y planes de acción para atender las brechas identificadas.

El archivo del CPTPP debe marcar no solo el cierre de un proceso, sino el comienzo de una nueva etapa: una política comercial y diplomática que evalúe sus resultados, corrija sus desequilibrios y ponga las capacidades productivas, las comunidades y el patrimonio natural de Costa Rica en el centro de sus decisiones.

San José, 29 de octubre de 2026

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia

Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia

Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría

Melanie Pérez Vargas. Segunda Secretaría

Posición de RENASES tras archivo de Pacto Transpacífico

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
San José, 29 de octubre, 2026

El Pacto Transpacífico se archivó, pero el agro sigue solo

El Gobierno archivó «definitivamente» el proceso de adhesión al CPTPP y removió a la ministra de Comercio Exterior. La razón no fue la defensa del interés nacional. Fue cálculo: lo que sus aliados económicos ganaban era poco y el costo político, demasiado alto. COMEX recibió un golpe en la mesa: estate quieto.

Lo que este Gobierno realmente defiende es otra agenda

Mientras el Pacto Transpacífico concentraba la atención, el Gobierno avanzaba en lo que de verdad le importa: privatizar el sistema eléctrico, imponer jornadas de doce horas, eliminar el tope a las tasas de interés, destruir la Caja Costarricense de Seguro Social por asfixia presupuestaria, desmantelar el sistema de pensiones solidarias, pauperizar la educación y recortar los programas sociales. Todo eso ocurre a plena luz del día.

Y debajo de todo eso, el cáncer que pudre las finanzas públicas: la evasión tributaria y las elevadísimas tasas de interés que pagamos por la deuda pública. La Contraloría General de la República lo documenta con evidencia en la mano: por controles deficientes, Hacienda dejó de recaudar más de ₡1,9 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026. Las acciones de control cayeron de 1.767 casos en 2023 a apenas dos en 2025. Eso es negligencia, impericia o complicidad. Tributación y Aduanas, un mamarracho de sistema que lleva años en caos total. Mientras el Estado le recorta al niño del CEN-CINAI y al adulto mayor sin pensión, ciertos grupos económicos evaden sin consecuencias. Eso no es un problema fiscal. Es una decisión política.

El Pacto Transpacífico era la batalla visible. Las otras se libran con menos ruido, y se están perdiendo

El sector agro no ganó. Solo sobrevivió un día más

Celebrar que el posible acuerdo comercial Transpacífico se archivó sin exigir nada a cambio es conformarse con no perder. Y no perder no es ganar.

El frente que destruye al agro avanza todos los días:

  • Sin seguros agrarios en pleno cambio climático,
  • sin mejores condiciones de crédito,
  • sin compras del Estado que privilegien al productor nacional,
  • sin defensa comercial contra importaciones a precios ruinosos,
  • sin solución para la quiebra de 350 productores de arroz,
  • sin agua para Guanacaste,
  • sin respuesta ante los aranceles de Estados Unidos que violan el TLC,
  • sin alivio en insumos ni en registro de moléculas,
  • sin avances en la distribución de la riqueza que genera el campo entre quienes producen y quienes comercializan.

Que el CPTPP se haya archivado no resuelve ni uno solo de esos problemas. Solo significa que este año no se sumó uno más a la lista

Las promesas no alimentan. Los hechos, sí

El Gobierno anunció reforzar las compras públicas a productores locales y combatir el contrabando de alimentos. Bien dicho. Ahora el sector agro debe tomar la iniciativa: redactar un documento público con los compromisos concretos, los plazos y los responsables. Proponer al Gobierno en concreto y, si no cumple, que quede escrito quién falló y cuándo. No más mesas sin resultado. No más anuncios que se evaporan.

El agro costarricense tiene razones, tiene historia y tiene gente con las manos curtidas de trabajar la tierra, que merece algo mejor que sobrevivir de milagro en milagro. Ese mérito obliga. Obliga a organizarse más, a exigir, a no bajar la guardia nunca. Las injusticias no se corrigen solas: se corrigen cuando quienes las sufren deciden que ya fue suficiente.

José Oviedo Chaves
Coordinador, RENASES

Agradecemos la asesoría del economista Welmer Ramos González.

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES-Posicion-tras-archivo-de-Pacto-Transpacifico.pdf

Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense

«Un sistema no es la simple suma de sus componentes, sino el entramado invisible de sus relaciones. Quien fragmenta el suelo, la planta, el alimento y la salud pública en ventanillas aisladas, termina destruyendo el engranaje completo».
— Basado en las ideas de Fritjof Capra (físico y teórico de sistemas).

Cuarta entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con más alimentos. Se garantizará con mejores sistemas alimentarios. Y si el Plan Nacional 2026-2035 pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo».

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 constituye un instrumento de política pública de enorme importancia para la próxima década. Su objetivo medular es enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo: garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, producidos de manera sostenible.

El Plan contiene elementos positivos que deben reconocerse. Incorpora una visión intersectorial y reconoce el acceso a la comida como un derecho humano. Además, incluye la variable del cambio climático, utiliza herramientas de planificación prospectiva y establece mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.

Precisamente por su relevancia, merece una pregunta incómoda: ¿es suficiente la visión con la que se ha construido este documento para enfrentar los problemas alimentarios que el país afrontará en los próximos diez años? Desde la perspectiva desarrollada en las tres entregas anteriores, la respuesta técnica parece ser un rotundo no todavía.

Una visión todavía demasiado convencional y sin memoria histórica

La principal debilidad del Plan es de carácter conceptual. Aunque utiliza de forma reiterada la expresión «sistemas alimentarios sostenibles», no desarrolla con suficiente profundidad el modelo agrícola capaz de hacer realidad esa meta. La ausencia resulta alarmante cuando se observa lo que queda prácticamente fuera del texto: la degradación biológica de los suelos, la pérdida de materia orgánica y el papel de la biodiversidad edáfica y el microbioma. Tampoco profundiza en alternativas viables como la agricultura regenerativa, la agroecología, la agricultura orgánica y la diversificación productiva.

Asimismo, el documento adolece de una preocupante falta de memoria histórica. El Plan no considera que las condiciones internacionales que en 2008 nos expusieron a una severa crisis mundial de alimentos siguen estando vigentes. Aquellos factores, que obligaron a formular el Plan Nacional de Alimentos de 2008 en Costa Rica, podrían conjugarse de nuevo en cualquier momento como una suerte de «tormenta perfecta». Resulta grave que se ignore este antecedente, especialmente cuando la búsqueda del autoabastecimiento local se encontraba en el centro de la estrategia de 2008 como un mecanismo de defensa país.

No se puede hablar seriamente de seguridad alimentaria para la próxima década sin evaluar qué ocurre con el recurso que hace posible la vida. El suelo no es un simple soporte físico muerto para las plantas; es un ecosistema vivo. Si la política estatal se preocupa por el volumen de alimentos, pero ignora la salud biológica de la tierra que los produce, termina atendiendo el resultado sin proteger su fundamento básico.

Se describen los síntomas, pero no siempre las causas

Una primera deficiencia estructural del Plan radica en que, aunque reconoce diversos problemas alimentarios y nutricionales profundamente arraigados en el país —por ejemplo, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la pérdida de diversidad dietética y la dependencia de importaciones—, no profundiza suficientemente en las causas estructurales que los originan y reproducen.

En la parte diagnóstica, el Plan identifica explícitamente el bajo autoabastecimiento nacional como un problema grave, evidenciado en los bajísimos porcentajes de producción local de granos básicos como maíz, frijoles y arroz. Aunque este reconocimiento es sumamente valioso viniendo de instancias de Gobierno, la contradicción aparece de inmediato: el problema detectado simplemente no se resuelve con las acciones concretas que la política propone en su matriz operativa.

Quedan también insuficientemente examinados fenómenos masivos como los monocultivos, la concentración empresarial, la agricultura intensiva de alta carga química y la centralización de las cadenas agroalimentarias. En otras palabras, la política estatal describe los síntomas clínicos, pero evita intervenir las estructuras económicas y productivas que los generan.

Esta distorsión se evidencia al analizar el apartado de las frutas. El Plan celebra el supuesto «éxito» de la producción frutícola nacional, pero oculta que este indicador se sostiene casi exclusivamente sobre el banano y la piña. Se trata de dos cultivos destinados masivamente a la exportación corporativa y no al consumo local, los cuales arrastran un severo historial de degradación de suelos, alto uso de agroquímicos sintéticos y cuestionables condiciones laborales.

A esta falta de profundidad se suma una preocupante ausencia de innovación operativa. Al analizar el contenido programático del Plan, queda en evidencia que el documento se limita a proponer una simple acumulación de acciones institucionales que ya se encuentran en ejecución en las diferentes dependencias del Estado. Al carecer de propuestas verdaderamente novedosas o disruptivas, la planificación cae en un peligroso inmovilismo.

En este contexto, aquí aplica con rigurosa sensatez aquella máxima que nos advierte que, si se continúan haciendo exactamente las mismas cosas de siempre, el producto obtenido será inevitablemente idéntico al del pasado.

Desequilibrios en la gobernanza y asfixia burocrática

Gran parte de estas omisiones nacen de un desequilibrio evidente en la gobernanza del proceso. En la dimensión de la disponibilidad alimentaria, el sector institucional agrícola tradicional se encuentra sobrerrepresentado. Esto contrasta de forma dramática con la exclusión y subrepresentación de la academia —particularmente de centros especializados como el CISAN de la UCR o la Maestría en SAN de la UNA—, así como de las organizaciones de productores independientes y los movimientos ambientalistas.

Este sesgo político explica por qué el Ministerio de Salud continúa manteniendo a la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) en un bajísimo perfil. A pesar de que esta entidad existe por mandato legal desde inicios de la década de los 70 en la Ley General de Salud, el Plan actual la reduce a una meta mínima y burocrática: el indicador “O4.AE1.I1. Porcentaje de avance de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SEPAN” (página 73). Resulta inaceptable que, más de 50 años después de su creación legal, la máxima aspiración del Estado sea apenas actualizar el reglamento de su funcionamiento.

El gran ausente: los plaguicidas

Quizá una de las mayores debilidades del documento sea el tratamiento insuficiente de los plaguicidas. En un país donde su utilización agrícola constituye un asunto ambiental y sanitario de extrema gravedad, resulta incomprensible que un Plan Nacional no otorgue prioridad máxima a este tema.

El texto esquiva cuestiones críticas como los residuos tóxicos en los alimentos, la exposición crónica de la población, la salud ocupacional de los trabajadores del campo, la contaminación de acuíferos y los efectos nocivos sobre los agentes biológicos polinizadores y la biodiversidad en general.

La inocuidad alimentaria no puede limitarse al control microbiológico del producto final o a la higiene del mercado. Debe incorporar la dimensión química y ambiental de todo el tracto productivo. Una política moderna de seguridad alimentaria está obligada a considerar simultáneamente los riesgos biológicos y los químicos, incluyendo contaminantes emergentes como los microplásticos y las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).

¿Qué sistema alimentario queremos para el año 2035?

El Plan Nacional 2026-2035 no debe ser descartado. Sus fortalezas ofrecen una base idónea sobre la cual construir una política alimentaria de vanguardia, y la oportunidad histórica consiste en ampliar sus alcances sin desvirtuar sus avances administrativos.

Para alcanzar esta meta, debemos incorporar de forma urgente la salud del suelo, potenciar la agroecología, regular los plaguicidas de forma sistémica y blindar la bioseguridad tecnológica. La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con producir más cantidad, sino con mejores sistemas alimentarios. Si este instrumento pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo.

Al plantearnos el horizonte de la próxima década, la pregunta fundamental que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema alimentario queremos para el año 2035? ¿Uno sustentado en suelos muertos o en suelos vivos? ¿Uno dominado por monopolios corporativos o capaz de dignificar al productor campesino local? ¿Uno que atienda con parches los síntomas de la enfermedad o que intervenga con valentía sus causas estructurales?

Costa Rica requiere con urgencia un marco político con una visión verdaderamente sistémica, capaz de atender de forma unificada cada componente de nuestra realidad agroalimentaria.

Por lo tanto, evidenciar estas áreas de mejora en la política nacional es solo la mitad del camino. El desafío de nuestra sociedad consiste en avanzar con propuestas concretas que complementen el trabajo de las instituciones públicas. ¿Cómo acelerar esta transición hacia la sostenibilidad integral?

La respuesta radica en enriquecer los procesos de toma de decisiones, articulando de manera decidida el conocimiento y la acción de los diversos actores sociales que operan directamente en los territorios.

Próxima y última entrega: ¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035.

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la economía campesina: la decisión todavía no está tomada

Carlos Alberto Hernández Porras
Cokomal / Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS)

La pregunta no es cuántos mercados se abren, sino quién los va a poder aprovechar y quién va a pagar el costo.

Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos frente a la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Las negociaciones técnicas concluyeron sustancialmente en mayo de 2026, pero el protocolo aún debe pasar por revisión legal, firma y aprobación de la Asamblea Legislativa. Es decir, el debate democrático no ha terminado. Y es ahí donde la ciudadanía y las organizaciones campesinas tenemos algo que decir.

Lo que está en juego

El discurso oficial habla de oportunidades de exportación. Pero la economía campesina no compite en igualdad de condiciones. Quien produce arroz, frijol o maíz en una finca familiar enfrenta a países con escalas industriales, subsidios y costos que nuestra agricultura de pequeña escala jamás podrá igualar. Lo mismo vale para la leche y los quesos artesanales ante las importaciones lácteas, para la carne de cerdo, para las hortalizas y frutas locales, y para la pesca artesanal frente a flotas industriales.

Se trata de soberanía alimentaria: el derecho de nuestro pueblo a decidir qué se produce, cómo y para quién. Un país que depende cada vez más de alimentos importados es un país más vulnerable ante crisis de precios, de transporte o de geopolítica. Con cada parcela que cierra se pierde también conocimiento, semilla criolla, cultura alimentaria y arraigo en el territorio.

Del “libre mercado” a la economía solidaria

Desde la economía social solidaria sostenemos que la economía debe estar al servicio de la vida y de las comunidades, no al revés. Por eso, además de exigir cautela, tenemos propuestas concretas para que cualquier apertura no se convierta en una sentencia contra el campo:

  • Desgravación gradual y larga para los productos más sensibles, con salvaguardas reales y mecanismos ágiles de activación.

  • Fondos de apoyo a la producción alimentaria accesibles para organizaciones de pequeña escala, no solo para grandes empresas, con acompañamiento técnico y financiero.

  • Compras públicas con enfoque local: comedores escolares, hospitales y otras instituciones deben priorizar a cooperativas y productores nacionales.

  • Circuitos cortos de comercialización: ferias del agricultor, mercados comunitarios, tiendas solidarias y plataformas digitales que acerquen a quien produce con quien consume, a precios justos para ambos.

  • Consulta real a los territorios: la presidenta ha dicho que consultará a los productores. Esa consulta debe ser vinculante en la práctica, amplia y con tiempo, no un trámite de última hora.

Una oportunidad para fortalecer lo propio

Si el CPTPP avanza, el país tendrá que demostrar que sabe acompañar la apertura con políticas internas que protejan a quienes alimentan a la nación. Tenemos que blindar los mercados locales, fortalecer la asociatividad y las redes de comercio justo, y reconocer que la agricultura campesina no es un sector que sobra, sino la base de nuestra seguridad alimentaria.

El CPTPP no puede ser una sentencia de desaparición para la economía campesina. Todavía estamos a tiempo de exigir que Costa Rica defienda sus territorios rurales, su cultura alimentaria y la dignidad de quienes producen en pequeña escala. Esa defensa es la condición para la justicia para las familias campesinas.

La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

Sector agropecuario se moviliza frente a Casa Presidencial contra la adhesión al Tratado Transpacífico

  • “Aquí no hay nada que negociar”: productoras y productores rechazan el Tratado Transpacífico frente a Casa Presidencial

  • Movilización contra el Tratado Transpacífico: advierten por la soberanía alimentaria y el empleo rural

Este viernes 9 de octubre, organizaciones y personas productoras del sector agropecuario se movilizaron frente a Casa Presidencial, en San José, para rechazar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. Mientras tanto, un grupo de dirigentes se reunía dentro de Casa Presidencial.

SURCOS recibió las declaraciones de dos participantes en la movilización: José Oviedo, dirigente del sector agropecuario y coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), y Marco Antonio Ortiz, productor de leche.

“Aquí no hay nada que negociar”

José Oviedo dijo que las personas movilizadas tienen un “criterio reservado” sobre los resultados de la reunión, aunque esperan que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anuncie que el país no se adherirá al tratado:

“Nos encontramos aquí, al frente de Casa Presidencial, sabemos que hay unos dirigentes adentro en Casa Presidencial, esperemos que les vaya bien, aunque sinceramente nosotros tenemos un criterio reservado, que lo que va a haber ahí adentro es un show, pero ojalá que estemos equivocados y que hoy la presidenta de la República, doña Laura, diga que simplemente el Transpacífico no va. Eso es, no va. Y que no nos venga diciendo que va a negociar y otro y el otro, porque aquí no hay nada que negociar”.

Agregó que la lucha continuará y llamó al conjunto de la sociedad a sumarse, porque, según dijo, los efectos del tratado no se limitan al agro: “Esto no afecta solo a nosotros los agricultores, esto afecta absolutamente a todos con el libre tránsito de personas, la libre contratación de servicios, el libre tránsito de dinero. Lo que esperamos es un desempleo del costarricense tremendo”.

Soberanía alimentaria y economía rural

Marco Antonio Ortiz, productor de leche, afirmó que el tratado “va a afectar al 100 % la soberanía alimentaria del país”, construida durante “siglo y medio” de producción de calidad para la población costarricense.

Según Ortiz, el impacto alcanzaría “la mano de obra rural, la paz social rural, la economía rural”, porque el sector agropecuario es “un encadenamiento muy importante que da trabajo a cientos de miles de costarricenses en zonas en donde solo la agricultura y la ganadería se pueden tener”.

El productor comparó lo que aportaría el tratado, que estimó en 0,36 % del producto interno bruto (PIB), con el aporte del sector agropecuario, que ubicó en más del 11 % del PIB. “De manera que yo espero que la señora presidenta reconsidere la posición. Aquí somos patriotas y hay que demostrarlo”, dijo.

Ortiz advirtió que con el tratado llegarían “productos de países altamente desarrollados, de países que tienen tecnologías mucho más fuertes, y además, con producción subsidiada”, y puso como ejemplo el arroz: “Esto lo que va a hacer es más negocio para los importadores y la ruina para todos los productores nacionales”.

Antecedentes

Días antes de la movilización, RENASES dio a conocer su posición ante la adhesión al CPTPP. En ella pide al Poder Ejecutivo no firmar el protocolo, a la Asamblea Legislativa votar en contra y al Gobierno publicar el texto íntegro, que aún no se conoce en el país. El documento cita la simulación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), según la cual el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor al final de toda la desgravación, y el mismo estudio reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero. La organización señala también que Uruguay, gran exportador de arroz, carne y lácteos, negocia su ingreso al bloque. SURCOS publica por aparte una nota con los elementos centrales de ese pronunciamiento.

El 6 de octubre, el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica realizó un foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario, del que SURCOS publicó una síntesis. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional, y la moderación, de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería.

En ese foro se planteó que la adhesión no representaría un “nuevo mercado” de gran escala, porque Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio con la mitad de los países miembros y sus exportaciones a los mercados asiáticos del bloque son marginales. Se señaló además que, al entrar como país adherente, Costa Rica no podría renegociar el texto ni pedir protecciones especiales.

Entre los sectores más expuestos se mencionaron:

  • los lácteos, frente a la producción de Nueva Zelanda;

  • la carne bovina, frente a Australia;

  • el arroz y el café, frente a Vietnam;

  • el aceite de palma, frente a Malasia;

  • la papa y la cebolla.

El foro concluyó con un llamado a evaluar la adhesión con datos técnicos, a defender el empleo rural y a contar con una política de Estado que reduzca los costos de producción antes de asumir nuevos compromisos comerciales.