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La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

Sector agropecuario se moviliza frente a Casa Presidencial contra la adhesión al Tratado Transpacífico

  • “Aquí no hay nada que negociar”: productoras y productores rechazan el Tratado Transpacífico frente a Casa Presidencial

  • Movilización contra el Tratado Transpacífico: advierten por la soberanía alimentaria y el empleo rural

Este viernes 9 de octubre, organizaciones y personas productoras del sector agropecuario se movilizaron frente a Casa Presidencial, en San José, para rechazar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. Mientras tanto, un grupo de dirigentes se reunía dentro de Casa Presidencial.

SURCOS recibió las declaraciones de dos participantes en la movilización: José Oviedo, dirigente del sector agropecuario y coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), y Marco Antonio Ortiz, productor de leche.

“Aquí no hay nada que negociar”

José Oviedo dijo que las personas movilizadas tienen un “criterio reservado” sobre los resultados de la reunión, aunque esperan que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anuncie que el país no se adherirá al tratado:

“Nos encontramos aquí, al frente de Casa Presidencial, sabemos que hay unos dirigentes adentro en Casa Presidencial, esperemos que les vaya bien, aunque sinceramente nosotros tenemos un criterio reservado, que lo que va a haber ahí adentro es un show, pero ojalá que estemos equivocados y que hoy la presidenta de la República, doña Laura, diga que simplemente el Transpacífico no va. Eso es, no va. Y que no nos venga diciendo que va a negociar y otro y el otro, porque aquí no hay nada que negociar”.

Agregó que la lucha continuará y llamó al conjunto de la sociedad a sumarse, porque, según dijo, los efectos del tratado no se limitan al agro: “Esto no afecta solo a nosotros los agricultores, esto afecta absolutamente a todos con el libre tránsito de personas, la libre contratación de servicios, el libre tránsito de dinero. Lo que esperamos es un desempleo del costarricense tremendo”.

Soberanía alimentaria y economía rural

Marco Antonio Ortiz, productor de leche, afirmó que el tratado “va a afectar al 100 % la soberanía alimentaria del país”, construida durante “siglo y medio” de producción de calidad para la población costarricense.

Según Ortiz, el impacto alcanzaría “la mano de obra rural, la paz social rural, la economía rural”, porque el sector agropecuario es “un encadenamiento muy importante que da trabajo a cientos de miles de costarricenses en zonas en donde solo la agricultura y la ganadería se pueden tener”.

El productor comparó lo que aportaría el tratado, que estimó en 0,36 % del producto interno bruto (PIB), con el aporte del sector agropecuario, que ubicó en más del 11 % del PIB. “De manera que yo espero que la señora presidenta reconsidere la posición. Aquí somos patriotas y hay que demostrarlo”, dijo.

Ortiz advirtió que con el tratado llegarían “productos de países altamente desarrollados, de países que tienen tecnologías mucho más fuertes, y además, con producción subsidiada”, y puso como ejemplo el arroz: “Esto lo que va a hacer es más negocio para los importadores y la ruina para todos los productores nacionales”.

Antecedentes

Días antes de la movilización, RENASES dio a conocer su posición ante la adhesión al CPTPP. En ella pide al Poder Ejecutivo no firmar el protocolo, a la Asamblea Legislativa votar en contra y al Gobierno publicar el texto íntegro, que aún no se conoce en el país. El documento cita la simulación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), según la cual el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor al final de toda la desgravación, y el mismo estudio reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero. La organización señala también que Uruguay, gran exportador de arroz, carne y lácteos, negocia su ingreso al bloque. SURCOS publica por aparte una nota con los elementos centrales de ese pronunciamiento.

El 6 de octubre, el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica realizó un foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario, del que SURCOS publicó una síntesis. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional, y la moderación, de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería.

En ese foro se planteó que la adhesión no representaría un “nuevo mercado” de gran escala, porque Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio con la mitad de los países miembros y sus exportaciones a los mercados asiáticos del bloque son marginales. Se señaló además que, al entrar como país adherente, Costa Rica no podría renegociar el texto ni pedir protecciones especiales.

Entre los sectores más expuestos se mencionaron:

  • los lácteos, frente a la producción de Nueva Zelanda;

  • la carne bovina, frente a Australia;

  • el arroz y el café, frente a Vietnam;

  • el aceite de palma, frente a Malasia;

  • la papa y la cebolla.

El foro concluyó con un llamado a evaluar la adhesión con datos técnicos, a defender el empleo rural y a contar con una política de Estado que reduzca los costos de producción antes de asumir nuevos compromisos comerciales.

RENASES rechaza la adhesión al Tratado Transpacífico y pide evaluar primero los 18 acuerdos comerciales vigentes

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) dio a conocer su posición ante la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. En el documento, fechado en San José el 29 de setiembre de 2026, la organización rechaza la firma del protocolo de adhesión. Aclara que no lo hace por oposición al comercio, sino porque, a su juicio, dos décadas de política comercial muestran que “el problema de Costa Rica no es la falta de tratados, sino la incapacidad del Estado para convertirlos en producción, empleo y exportaciones nacionales”.

Lo que exige RENASES

La organización plantea seis exigencias:

  • Al Poder Ejecutivo, no firmar el protocolo de adhesión.

  • A las diputadas y los diputados, votar en contra de cualquier instrumento de adhesión que llegue a la Asamblea Legislativa.

  • Publicar de forma íntegra el protocolo, sus anexos, listas arancelarias, cuotas, plazos, reservas y cartas paralelas.

  • Declarar una moratoria de nuevas negociaciones comerciales hasta evaluar los acuerdos vigentes y contar con una política para aprovecharlos.

  • Encargar esa evaluación a instituciones independientes, como las universidades públicas, y someter sus resultados a discusión ciudadana.

  • Que las organizaciones sociales, productivas, sindicales, ambientalistas, cooperativistas y de consumidores se sumen a esta exigencia.

“Trece tratados para mover seis décimas de punto”

Según los datos que cita RENASES, entre 2007 y 2025 el país pasó de 5 a 18 acuerdos comerciales vigentes y de 12 a 54 países con acceso preferencial. Sin embargo, la proporción de exportaciones dirigidas a países con tratado apenas pasó del 92,9 % al 93,5 %. Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica siguen concentrando más del 80 % de las ventas externas.

La organización describe esta situación como una “apertura hacia adentro”: los tratados han servido más para que otros países vendan en Costa Rica que para que Costa Rica venda en el mundo. Como ejemplo, señala un déficit comercial de más de US$4.100 millones con China en 2025, quince años después del tratado, y un saldo negativo de US$1.562,7 millones con los seis miembros del CPTPP con los que el país ya tiene acuerdos. Agrega que las empresas chinas emplean a 290 personas en el país, frente a unas 6.000 de empresas japonesas y 2.500 de empresas indias, aunque con Japón e India no existe tratado.

Críticas a la negociación de COMEX

RENASES sostiene que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) mide su éxito por tratados firmados y no por resultados, y que negocia “de espaldas a los sectores productivos”. Señala que el protocolo, las listas y los plazos no se han publicado, y que lo que Costa Rica entregó se conoce por los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Entre los puntos que destaca:

  • Canadá: según su gobierno, Costa Rica abrirá 98 líneas agrícolas que antes protegía (carne de res, cerdo, hortalizas como cebolla, papa, tomate y zanahoria, y leguminosas), mientras Canadá no hizo concesiones adicionales en lácteos, aves ni huevos.

  • Nueva Zelanda: informa que el 94,9 % de las líneas arancelarias costarricenses quedarían libres de arancel desde la entrada en vigor, con calendarios de eliminación para carne bovina, mantequilla, leche en polvo y quesos entre 2029 y 2037.

  • Sector lechero: el propio estudio de COMEX reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero, en una cadena que, según la Cámara Nacional de Productores de Leche, sostiene unos 48.000 empleos directos e indirectos.

Más que aranceles

El pronunciamiento advierte que el CPTPP impone reglas que reducen las herramientas de desarrollo del país:

  • Compras públicas: se abren a proveedores extranjeros las de municipalidades, hospitales y universidades públicas.

  • Empresas públicas: banca, seguros, telecomunicaciones, energía y transporte quedan sujetas a disciplinas internacionales cuando compiten comercialmente. RENASES aclara que el tratado no obliga a privatizar.

  • Inversión extranjera: se prohíbe exigir a la inversión extranjera compras de insumos nacionales, contenido local o transferencia de tecnología.

  • Propiedad intelectual: el país asume compromisos en esta materia.

Añade que el bloque seguirá creciendo con reglas que no se renegocian. Uruguay, gran exportador de carne bovina, lácteos y arroz, negocia su ingreso, y Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia iniciaron conversaciones.

Una ganancia mínima

Según la simulación de COMEX citada por RENASES, al final de toda la desgravación, que en algunos productos se extiende hasta 2037, el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor: unas tres centésimas de punto por año. En ese escenario, las exportaciones hacia el bloque crecerían en US$61,9 millones y las importaciones en US$252,4 millones. RENASES señala que el Gobierno no ha presentado ningún plan de transición ni de compensación para los sectores afectados. Sobre los precios, advierte que una rebaja en aduana no siempre llega a quienes consumen y que el país nunca ha medido cuánto de las rebajas de tratados anteriores llegó a los hogares.

De firmar a aprovechar

RENASES propone una nueva etapa de la política comercial, con cinco ejes:

  1. Una evaluación pública e independiente de los 18 acuerdos vigentes, con indicadores de resultado: uso de las preferencias arancelarias, nuevas empresas y productos exportadores, participación de las pymes y de las regiones fuera de la GAM, valor agregado nacional, saldo comercial por socio y efecto real sobre los precios.

  2. Reorientar los recursos de COMEX y PROCOMER de la negociación al acompañamiento de las empresas exportadoras.

  3. Un plan de aprovechamiento por mercado con los socios de resultados pobres, empezando por China.

  4. Un mecanismo de transición y compensación para los sectores y territorios expuestos, definido y financiado antes de cualquier nueva apertura.

  5. Definir los instrumentos de política productiva que el país necesita conservar para los próximos veinte o treinta años.

El documento lo firma José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, y cierra con esta frase: “Costa Rica no necesita más firmas, necesita resultados. Antes del tratado número diecinueve, que COMEX demuestre para qué han servido los dieciocho”.

El pronunciamiento completo, con sus fuentes, puede descargarse desde SURCOS: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES-PRONUNCIAMIENTO-TRANSPACIFICO.pdf

Tratado Transpacífico: lo que está en juego para el sector agropecuario costarricense

  • ¿Qué implicaría el Tratado Transpacífico para el agro costarricense? Ideas centrales de un foro del Frente Agroalimentario Nacional

  • Lácteos, arroz, café y carne, entre los sectores más expuestos ante el Tratado Transpacífico

SURCOS comparte una síntesis de las ideas centrales del foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario de Costa Rica. Lo organizó el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica y se realizó el martes 6 de octubre. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional. Moderó la actividad Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería y exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, en representación del Frente.

Esta síntesis busca aportar elementos para que las organizaciones del sector agropecuario conversen el tema con sus personas afiliadas y en las comunidades.

1. Un comercio mundial inestable

En el foro se expuso que el comercio internacional atraviesa un período de mucha volatilidad y de fragmentación en bloques comerciales. Influyen en esto la rivalidad entre grandes potencias, como China y EUA; los conflictos geopolíticos, como los de Ucrania y Rusia y los de Medio Oriente; y las interrupciones en las cadenas globales de suministro.

En el país, además, hay factores que afectan la competitividad de quienes producen:

  • Política cambiaria: la fuerte revaluación del colón reduce los ingresos de quienes exportan y abarata de forma artificial las importaciones.

  • Costos de operación altos: mano de obra (incluidas las cargas sociales), insumos agrícolas, fertilizantes y financiamiento.

  • Limitaciones logísticas y de regulación: deficiencias en la infraestructura portuaria, como los cuellos de botella en Puerto Caldera, y atrasos o trabas en el registro de agroquímicos y de moléculas genéricas esenciales.

2. ¿Un mercado nuevo? Lo que muestran los datos

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) reúne a 12 economías, entre ellas Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Chile y Perú. Según lo planteado en el foro, adherirse no significaría para Costa Rica un «nuevo mercado» de gran escala, por tres razones:

  • Ya hay tratados vigentes: Costa Rica tiene tratados de libre comercio (TLC) con la mitad de los miembros, como Canadá, Chile, Perú, México y Singapur. Con esos países se da la mayor parte del comercio con el bloque.

  • Las exportaciones a Asia son pocas: las ventas costarricenses a los mercados asiáticos del bloque siguen siendo marginales en porcentaje.

  • Las condiciones de adhesión son fijas: como el país entraría como adherente y no como miembro fundador, no puede renegociar el texto ni pedir protecciones especiales. Tendría que aceptar el acuerdo tal como fue redactado.

3. Los sectores más expuestos

En la exposición se identificaron los sectores agropecuarios sensibles, el desafío principal de cada uno y de dónde vendría la competencia:

  • Lácteos: si los aranceles bajan a 0 %, el sector quedaría expuesto a leche fluida y en polvo con precios que la estructura de costos local no puede igualar. Principal competidor: Nueva Zelanda, el mayor exportador mundial.

  • Ganadería de carne (bovina): Australia tiene grandes economías de escala y exporta volúmenes que el hato nacional no puede igualar.

  • Arroz: podría ingresar grano a precios muy bajos, que en su país de origen recibe fuertes subsidios e incentivos estatales. Vendría de Vietnam y, más adelante, de posibles nuevos adherentes como Uruguay.

  • Café y torrefacción: podría ingresar café robusta de bajo costo de Vietnam para mezclarlo y procesarlo, lo que desplazaría la torrefacción de café arábico nacional.

  • Aceite de palma: habría una competencia de gran escala en aceites y derivados con Malasia, segundo productor mundial, que tiene costos muy reducidos.

  • Horticultura (papa y cebolla): se abrirían contingentes arancelarios e importaciones con riesgo de subfacturación o de prácticas desleales de comercio. Vendrían de Canadá y de países sudamericanos.

4. Desigualdades en propiedad intelectual, normas técnicas y solución de conflictos

  • Registro de agroquímicos y moléculas: las cláusulas del CPTPP sobre datos de prueba y patentes alargan los plazos de protección a favor de las multinacionales. Eso limita el acceso de agricultoras y agricultores a insumos genéricos de menor costo.

  • Barreras no arancelarias: los países desarrollados del bloque aplican controles fitosanitarios y de inocuidad muy estrictos, que en la práctica bloquean la entrada de productos costarricenses. Costa Rica, en cambio, no cuenta con mecanismos ágiles de defensa comercial ni de vigilancia de mercado para frenar importaciones en condiciones desleales.

  • Solución de controversias: el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está paralizado. Eso deja a los países pequeños en desventaja cuando un socio comercial más grande incumple o impone barreras arbitrarias.

5. Consideraciones finales para el sector agroalimentario

  • Evaluar con rigor: la adhesión a tratados comerciales debe examinarse con datos técnicos, con el balance comercial y con la realidad de los costos de producción locales. No debe darse por sentado que la apertura de aranceles trae beneficios automáticos.

  • Defender el empleo rural: las actividades agropecuarias son la principal fuente de empleo y de estabilidad social en las zonas rurales. Si estos sectores pierden competitividad, la economía de las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) recibe el golpe directo.

  • Contar con una política de Estado integral: antes de asumir nuevos compromisos multilaterales, el sector necesita una política nacional que reduzca los costos de producción, resuelva los cuellos de botella logísticos y garantice una fiscalización justa en las fronteras.

El foro completo está disponible en YouTube. SURCOS invita a verlo y a compartirlo en las organizaciones y en las comunidades: https://youtu.be/q7xR6CYUodo

Contra viento y marea: la lección de dignidad cívica de la agricultura campesina

«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado UCR y UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.

Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.

El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.

Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.

Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.

El abandono institucional y la falacia de las vitrinas

La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.

Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.

Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.

Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.

Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo

Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:

  • Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
  • Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
  • Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.

El coraje de la desprogramación social

La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.

Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.

«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.

El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz pública en nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.

La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI

Segunda de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

“No existe seguridad alimentaria donde se deterioran los procesos biológicos que hacen posible la alimentación”.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“A partir de la convergencia de la agroecología y el enfoque global de Una Salud: por qué la seguridad alimentaria a largo plazo exige transicionar del rendimiento en toneladas hacia la preservación de la infraestructura biológica que sostiene la vida”.

La primera entrega demostró algo crucial. La seguridad alimentaria depende de bases ecológicas que permanecen ocultas detrás de cada alimento. Ahora corresponde dar un paso adicional. ¿Cómo incorporar esa dimensión biológica en la manera en que concebimos y evaluamos los sistemas alimentarios? La propuesta de este artículo es introducir un nuevo enfoque fundamental: la integridad biológica de los sistemas alimentarios.

Una dimensión que falta

Con frecuencia analizamos la agricultura desde una perspectiva puramente económica. Hablamos de rendimiento por hectárea, productividad, exportaciones, costos de producción y competitividad. Todas esas variables son importantes. Sin embargo, ninguna revela por sí sola la complejidad biológica profunda. Es esta complejidad la que permite a los agroecosistemas mantener sus funciones básicas.

Un sistema puede producir mucho durante un tiempo. Al mismo tiempo, puede deteriorar las condiciones que permitirán producir mañana. De ahí nace la necesidad urgente de ampliar la mirada.

¿Qué entendemos por integridad biológica?

Propongo definir la integridad biológica de los sistemas alimentarios como la capacidad de un sistema agroalimentario para conservar y regenerar los procesos ecológicos, biológicos y bioquímicos que hacen posible la producción continua de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, sin comprometer la salud humana ni la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Esta constituye la propuesta conceptual central de la saga. No pretende sustituir el concepto tradicional de seguridad alimentaria. Su objetivo real es complementarlo y ampliarlo.

De la biodiversidad a la integridad

La propuesta tiene antecedentes claros en la agroecología. Miguel Altieri demostró que la biodiversidad constituye un componente funcional de los agroecosistemas. Su conservación resulta fundamental para mantener servicios ecológicos básicos. Estos incluyen el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad natural.

Pero la integridad significa algo más que la simple diversidad. Un sistema puede conservar numerosas especies. A pesar de ello, puede haber perdido relaciones ecológicas esenciales. La integridad se refiere, por tanto, no solamente a qué organismos están presentes. También abarca las relaciones y procesos que permiten que el sistema funcione de forma integral.

Este enfoque incluye variables críticas:

  • Salud física, química y biológica del suelo.

  • Biodiversidad agrícola y silvestre.

  • Calidad y disponibilidad del agua.

  • Microorganismos relacionados con la fertilidad.

  • Diversidad genética de cultivos y semillas.

  • Inocuidad microbiológica y química de los alimentos.

  • Reducción de contaminantes y resiliencia climática.

  • Salud humana, sanidad animal y estabilidad de los agroecosistemas.

Más que una suma de componentes, la integridad biológica representa la capacidad del sistema para mantener y regenerar su funcionamiento como un todo unificado.

De la productividad a la resiliencia

Durante buena parte del siglo XX, el éxito agrícola se midió principalmente por el rendimiento. Ese criterio permitió aumentar considerablemente la producción mundial de alimentos. Sin embargo, también favoreció la simplificación extrema de los agroecosistemas. Provocó la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos químicos externos.

Hoy el desafío es totalmente diferente. La productividad sigue siendo indispensable. No obstante, debe evaluarse junto con otros indicadores vitales: la fertilidad biológica del suelo, el carbono orgánico, la diversidad funcional, la calidad del agua, la estabilidad ecológica, la resiliencia climática y la inocuidad alimentaria. No se trata de sustituir un indicador por otro. Se trata de ampliar nuestra visión del progreso.

La convergencia de varias revoluciones científicas

Esta propuesta de integración no surge de una única disciplina. Es el resultado de la convergencia de varias transformaciones del conocimiento científico.

La primera proviene de la agroecología, que colocó a la biodiversidad como un componente funcional. La segunda corresponde a la biología del suelo, cimentada en la microbiología edáfica y el descubrimiento de ciclos de nutrientes fundamentales. Los estudios del microbioma y de la rizosfera profundizan hoy en las alianzas entre plantas y microorganismos. Pese a ello, muchos de sus efectos dependen del contexto y siguen bajo activa investigación (Dworkin, 2012; Paul, 2007).

La tercera transformación corresponde al enfoque global de Una Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. La cuarta corresponde a la Salud Planetaria, que resalta la dependencia del bienestar humano respecto del funcionamiento estable de los sistemas naturales. Estas corrientes convergen en una conclusión fundamental: la agricultura no puede seguir analizándose de manera aislada de los ecosistemas.

¿Cómo podría medirse?

Si la integridad biológica ha de convertirse en una dimensión de política pública, deberá traducirse en indicadores claros. No existe un solo indicador capaz de captarla. Será necesario construir un conjunto de variables relacionadas de forma directa con:

  • Suelo: materia orgánica, carbono orgánico, actividad biológica y tasas de erosión.

  • Biodiversidad: diversidad de cultivos, diversidad genética, polinizadores y organismos benéficos.

  • Procesos ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación biológica, conectividad y capacidad de recuperación.

  • Agua: calidad, disponibilidad real y niveles de contaminación.

  • Producción: estabilidad del rendimiento y grado de dependencia de insumos externos.

  • Alimentos: inocuidad, calidad nutricional intrínseca y contaminantes.

El propósito no es crear una nueva cifra que simplifique una realidad compleja. La meta es disponer de un tablero de indicadores capaz de mostrar aquello que las métricas productivas convencionales ocultan.

Una propuesta conceptual, no una verdad establecida

Es importante aclarar el alcance real de esta propuesta. La expresión «integridad biológica de los sistemas alimentarios» se plantea aquí como un marco conceptual. Retoma y amplía antecedentes de la agroecología y de otros campos científicos de vanguardia. No se presenta como un concepto universalmente establecido ni como un indicador ya validado.

Su utilidad deberá juzgarse por su capacidad operativa. Debe ayudar a formular mejores preguntas, desarrollar indicadores precisos y evaluar con mayor profundidad las políticas alimentarias. Si permite identificar problemas que permanecen invisibles cuando solamente medimos la producción en toneladas, habrá cumplido una función trascendental.

La dimensión intergeneracional

Existe además una dimensión temporal inexcusable. La sostenibilidad no consiste únicamente en que un sistema funcione hoy. Implica que conserve suficiente capacidad para funcionar mañana.

Un suelo degradado, una población de polinizadores perdida o una diversidad genética erosionada no constituyen solamente problemas del presente. Estas pérdidas reducen drásticamente las opciones disponibles para quienes producirán y consumirán alimentos en el futuro. Por ello, la integridad biológica incorpora necesariamente una dimensión intergeneracional obligatoria.

Conclusión

La seguridad alimentaria responde a una necesidad humana fundamental. La integridad biológica introduce una condición indispensable para que esa seguridad pueda sostenerse a largo plazo.

Un sistema alimentario no puede considerarse plenamente sostenible si para satisfacer las necesidades del presente deteriora las condiciones ecológicas que necesitará para satisfacer las del futuro.

La propuesta, por tanto, es sencilla en su formulación: evaluar los sistemas alimentarios no solamente por lo que producen, sino también por lo que conservan, regeneran y transmiten a las generaciones futuras.

La pregunta siguiente ya no es conceptual. Es mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica? Ese será el eje de nuestra próxima entrega.

 

Próxima entrega: La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios.

La seguridad alimentaria comienza en la salud del suelo: hacia una nueva comprensión de los sistemas alimentarios

Primera de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

«Toda sociedad cosecha, tarde o temprano, la manera en que decide cuidar la vida que existe bajo sus pies».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“La disponibilidad de comida es una condición necesaria, pero insuficiente. Por qué el conocimiento científico del siglo XXI nos obliga a superar el viejo indicador de las toneladas producidas y centrar la mirada en la base biológica que sostiene la vida bajo nuestros pies.”

Durante más de medio siglo, la seguridad alimentaria se centró en la cantidad. El objetivo principal era garantizar suficientes alimentos para la población. Este enfoque tradicional guio las políticas públicas del pasado. Sirvió para elevar la producción agrícola, mejorar el abastecimiento, potenciar la distribución y disminuir el hambre. Su valor histórico es indiscutible.

Sin embargo, la ciencia del siglo XXI transformó esta visión. Hoy sabemos que producir comida en abundancia es necesario, pero insuficiente. Ya no basta para asegurar una dieta saludable y sostenible. La pregunta actual no debe ser solo cuánto producimos. Ahora debemos cuestionar cómo producimos y sobre qué pilares ecológicos se sostiene la agricultura.

Más allá de la disponibilidad de alimentos

La seguridad alimentaria actual abarca cuatro dimensiones clave. Estas son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La FAO consolidó este marco de trabajo. Más tarde, el concepto sumó la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Esta evolución es fundamental. La disponibilidad real de alimentos depende de procesos biológicos muy complejos.

La fertilidad del suelo, los microorganismos y los polinizadores forman un entramado vital. A esto se unen la calidad del agua, la estabilidad del clima y la diversidad genética de los cultivos. Si uno de estos eslabones se daña, la producción del futuro se debilita.

La propia FAO reconoce la biodiversidad como fundamento de los sistemas agroalimentarios. Los seres vivos del suelo reciclan nutrientes, retienen el agua y limpian el entorno. Por eso, la seguridad alimentaria supera los límites de la agricultura y la nutrición. Su análisis debe partir siempre de la salud de los ecosistemas.

El suelo: el gran ausente del debate público

Paradójicamente, el pilar más importante de la alimentación suele pasar desapercibido. El suelo no es una simple plataforma muerta para sostener plantas. Es un sistema vivo y dinámico. En él conviven organismos, minerales, agua y procesos bioquímicos.

La FAO describe la salud del suelo como su capacidad para operar como un sistema vivo. Debe mantener la productividad, purificar el aire y proteger la sanidad vegetal y animal. Esta idea encierra una premisa temporal obligatoria. No basta con cosechar mucho hoy. El suelo debe conservar su vitalidad para rendir mañana.

La vida subterránea recicla nutrientes, procesa la materia orgánica y captura carbono. Cuidar el suelo no es solo proteger la naturaleza. Significa defender la infraestructura biológica de la agricultura. La seguridad alimentaria nace, literalmente, bajo la tierra.

Una riqueza invisible que sostiene la agricultura

Por mucho tiempo, la fertilidad se midió solo con variables físicas y químicas. Importaban la textura, el pH y los nutrientes sintéticos. La microbiología moderna rompió ese viejo paradigma. Las colonias de microbios transforman los nutrientes y nutren las raíces.

Los estudios sobre los microbiomas de la rizosfera revelan alianzas asombrosas entre plantas y bacterias. Estos hallazgos abren una frontera científica prometedora. Aun así, la cautela de la ciencia es necesaria. Muchos de estos efectos dependen del entorno local y siguen bajo investigación. El microbioma no es una solución milagrosa para todos los males del campo.

La revisión científica de Banerjee y van der Heijden vincula los microbiomas edáficos con el enfoque de Una Salud. Existe un lazo real entre el suelo, los cultivos, los animales y los seres humanos. No obstante, los autores recuerdan que quedan muchos misterios por resolver. La prudencia técnica sigue siendo obligatoria.

La biodiversidad también produce

Solemos asociar la biodiversidad con los bosques vírgenes y los parques nacionales. Sin embargo, los campos de cultivo albergan una biodiversidad invisible pero crítica. Lombrices, insectos, hongos y polinizadores sostienen el motor productivo.

La agroecología demuestra que estos organismos limpian, nutren y equilibran el terreno. El ecólogo Miguel Altieri aportó estudios fundamentales sobre este tema. Altieri demostró que la renovación natural depende de la integridad biológica del entorno agrícola. En conclusión, la biodiversidad en las parcelas es una herramienta de producción real.

El problema de la simplificación

La agricultura actual elevó los rendimientos de forma masiva. Lo logró mediante la especialización, los químicos y la maquinaria pesada. Sin embargo, la intensificación extrema destruye la vida biológica. Provoca, además, una dependencia peligrosa de insumos externos.

El dilema no es el uso de la tecnología ni la búsqueda de eficiencia. El error grave aparece cuando la ganancia inmediata destruye el suelo del futuro. La pregunta correcta no es si debemos producir. El reto es cómo producir sin agotar la tierra.

Una nueva manera de medir el progreso

Durante décadas, el éxito del campo se midió solo en toneladas cosechadas. En el futuro, los indicadores deberán cambiar. Tendremos que evaluar la calidad biológica de los terrenos. Mediremos la biodiversidad funcional y la resiliencia de los agroecosistemas. Analizaremos la pureza del agua y la dependencia de agroquímicos sintéticos importados.

El progreso real no es vaciar la tierra para vender más hoy. Consiste en cosechar sin romper los ciclos biológicos del mañana. Esta primera entrega nos deja una interrogante compleja: ¿cómo unir todas estas variables para medir la salud real de nuestro sistema alimentario? Ese desafío será el eje central de nuestro próximo artículo.

Próxima entrega: La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI.

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

Costa Rica: un día innovador y pionero en agricultura orgánica hoy pierde terreno

Gabriela Soto Muñoz, MAOCO

En Costa Rica hay más de 3000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos apostando por la biodiversidad, abonos naturales y paciencia. Producir así es un trabajo intensivo, pero es un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.

Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, MIDEPLAN y la UNED (abril 2026) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley 8591 (2007) de Promoción de la Agricultura Orgánica —falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas— que evidencian el abandono institucional del sector orgánico. MIDEPLAN reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, respaldando así lo que los productores llevamos años denunciando.

Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% al 2025 respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global por productos orgánicos (Fibl, 2026).

Los productores destacan que la ley creo espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica, la Unidad Técnica, etc. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy todas estas instancias están desmanteladas; en 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el MAG; ahora no hay personal exclusivo en el tema.

Además de los desafíos macroeconómicos que vive hoy en día el sector agrícola exportador, los productores orgánicos soportan una carga adicional. Cumplen con regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque estos controles los productores los ven como vitales para garantizar la confianza del consumidor, las regulaciones cambiantes, desmotivan su esfuerzo y compromiso.

Y finalmente, cuando este productor que cumplió con todas las reglas e inspecciones llega al mercado tiene que competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El etiquetado “orgánico”, protegido por ley, pierde valor por el uso indebido en el mercado interno y por la falta de un control articulado entre MAG y MEIC, problema también señalado por MIDEPLAN. Esta competencia desleal desalienta y crea confusión en el consumidor.

¿Qué propone el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), y el informe de MIDEPLAN? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control de etiquetado entre MEIC y MAG, y lanzar campañas educativas para los consumidores. En resumen, el cumplimiento de la Ley 8591. Y modificaciones a las regulaciones de control a través de procesos participativos con el sector.

Es una inversión con retorno múltiple: alimentos más sanos, menos químicos en ríos y suelos, y una oferta exportable que mantiene su valor protegiendo la integridad del sello orgánico.

Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida de la naturaleza y quiere dejar de ser el país de la OCDE con más uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a los que lo cambian sembrando. No es caridad, es coherencia. Los productores orgánicos son la vanguardia, que, a través de mucho esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.

Fuentes citadas (selección)

– MIDEPLAN–UNED (abril 2026): Evaluación de la implementación de la Ley 8591.

– Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): estadísticas de áreas certificadas y exportaciones 2022–2025.

– PNUD Costa Rica (2022): diagnóstico sobre consumo de plaguicidas.

– FiBL: estadísticas del mercado orgánico global.

– Ley N.º 8591 (2007): texto legal.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.