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La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla

Publicado el . Publicado en Alimentación.

German Masís

En una noticia de ayer 15 de abril, se dio a conocer que la producción nacional de cebolla disminuye mientras que las importaciones llegan a su punto más alto, a la vez que productores nacionales reclaman que esta actividad va a desparecer debido a las importaciones. Según esta información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa por el CNP.

Este dato sobre la reducción de la producción de cebolla, se encuentra probablemente ya entre los niveles mínimos a los que puede llegar la producción nacional de este cultivo en el país, situación sobre la que se ha venido alertando desde hace varios años.

El año anterior, en el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agraria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o al aumento en el ingreso de productos como ha ocurrido con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(SURCOS,1-10-2024)

En los últimos meses la disponibilidad de cebolla se ha introducido en ese círculo perverso, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones y aumento de los precios al consumidor, en que había ingresado unos meses antes también la actividad de la papa y que entre las Autoridades del sector agropecuario nadie quiere explicar y menos atender.

Se informa al mismo tiempo, que el año pasado se dio un aumento en la importación de cebollas, es decir, de las que se producen en otros países y se traen a Costa Rica, ya que las importaciones pasaron de 1.663 toneladas métricas en el 2023 a 8.290. toneladas métricas en el 2024, una cifra nunca antes vista.

Los datos recientemente publicados por el CNP indican que este comportamiento al alza en las importaciones parece mantenerse en el 2025. Solo durante enero y febrero se han traído al país 2.322 toneladas, más que todo lo que se importó en cada uno de los años previos al 2023.

Por su parte, el análisis realizado por el CNP también demuestra que hay un aumento sostenido del precio de la cebolla fresca en Costa Rica. De esta forma, el precio promedio por kilo que se paga al productor pasó de ¢800 en el 2021 a ¢1.180 en el 2024 y en ese mismo periodo en el Cenada el precio del kilo subió de ¢844 a ¢1.369.

Pero aún más pronunciado ha sido el aumento en el 2025, pues el incremento en las ferias se movió de ¢1.127 a ¢1.927 por kilo, mientras tanto en los supermercados pasó de ¢1.456 en el 2021 a ¢1.962 en el 2025.

Al respecto, la mejor definición de lo que está ocurriendo en la actividad de la cebolla, la dio un agricultor de Tierra Blanca de Cartago, cuando en la misma información, dice que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Desde su punto de vista, durante los últimos meses un grupo de importadores se dieron cuenta de que la cebolla es un buen negocio y es un producto de venta masiva. Debido a esto, el mercado nacional se ha inundado de cebolla de Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Mientras tanto, la cantidad de agricultores de cebolla está disminuyendo a una velocidad de 5% al año, según cálculos del sector cebollero.

“Eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, afirmó otro productor de San Ana. La lógica es clara y contundente, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Pero según, la misma información, la cebolla no es el único fruto cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (El Observador.com,15-4-2025)

Sin embargo, mientras las actividades agroalimentarias para el consumo interno alcanzan niveles mínimos, las Autoridades actuales del sector agropecuario, miran hacia otro lado y distraen su labor en la formulación de una política para el sector agropecuario 2023-2032, en la presentación en mayo del año anterior de un informe en cadena nacional, que denominaron el Agro es fundamental para la Administración Chávez: seguiremos trabajando por su competitividad y avance y a inicios de este año, en la emisión de un decreto para autorizar la importación de papa y cebolla..

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (Surcosdigital.com18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y de estímulo a las importaciones.

Imagen: TEC.

Más allá del chiste: ¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es ganancia!

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Margarita Bolaños Arquín
Finca Agroecológica Hortalizas Girasol

El reciente aumento de precios de hortalizas, frutas y verduras es consecuencia de dos factores: uno, prolongados y fuertes temporales que afectaron múltiples paisajes agrícolas en Costa Rica y en Centroamérica y dos, la intermediación que favorece el alza desmedida de precios ante la escasez. Quienes producimos no necesariamente nos beneficiamos de los altos precios. A los productores no nos convienen esos desequilibrios porque los consumidores, simplemente no compran o los sustituyen por otros más baratos frescos o procesados.

¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es riqueza! Si no hay producto fresco, no importa, se importa. El bajo precio del dólar de por sí les favorece para adquirir productos a menores precios que los nacionales sin reparo de que cientos de personas se queden sin empleo y aumenten las deudas por consumo y producción.

Entonces, entre los ciclos de sequías y eventos extremos de precipitación, sin políticas de ordenamiento territorial, gestión integrada del riesgo y una institucionalidad pública que atienda los efectos del cambio climático, el sector agrícola nacional será cada vez más amenazado y vulnerable por deudas y sistemas de siembra poco o nada resilientes. Una agricultura convencional que para defenderse de los eventos hidrometereológicos extremos debe recurrir al aumento de agrotóxicos para atender las plagas y enfermedades es económica y ambientalmente insostenible.

Centrar la atención en los precios de los productos agrícolas es obviar las raíces que generan la desigualdad y el deterioro de la salud de las personas y los recursos naturales del país. Es necesario avanzar hacia formas de producción más sostenible y comercialización más justas que enfrenten los inevitables riesgos del cambio climático y el deterioro de los paisajes agrícolas. La protección del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad debe ser una prioridad para el gobierno nacional y municipalidades. La recolección de agua llovida, el uso de invernaderos de bajo costo, prácticas de conservación de suelos y la correcta canalización de las escorrentías contribuiría a tener una producción de más bajo costo, menos dependiente de los agroquímicos y más intensiva, diversificada y accesible a un mayor número de consumidores.

Necesitamos mayor inversión en investigación y en tecnologías sostenibles para enfrentar la escasez y las distorsiones del mercado que abonan a la pobreza y a la mal nutrición. Sumado a eso, es esencial ampliar la red de recolección de datos climáticos a lo largo de todo el país para tomar decisiones de planificación bien sustentadas en el interés nacional.

Imagen: Semanario Universidad.

Biotecnología agrícola: ¿una solución para la seguridad alimentaria?

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Por Vladimir Huarachi Copa

Aunque la biotecnología agrícola se presenta como una posible solución para mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y las heladas, así como para afrontar otros desafíos de la agricultura, en varios sectores de la sociedad boliviana persiste una fuerte resistencia hacia su adopción. Esta reticencia se debe, en parte, a las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de las técnicas biotecnológicas, especialmente relacionadas con las promesas de mayores ganancias, incremento de la producción, reducción de agrotóxicos y la noción de que los transgénicos podrían “salvar el planeta”.

En cuanto a las ganancias, los principales beneficiados por los cultivos transgénicos son, en su mayoría, los grandes empresarios agroindustriales, no los pequeños agricultores. Respecto a la mayor producción, no hay evidencia suficiente que respalde la afirmación de que los cultivos transgénicos generen más ni mejores alimentos. En cuanto a los agrotóxicos, el uso de tecnologías biotecnológicas no ha demostrado reducir su aplicación; por el contrario, puede aumentar su dependencia, lo que representa un grave riesgo para el agua y el suelo. Finalmente, los transgénicos no contribuyen a salvar al planeta del cambio climático; de hecho, algunos estudios sugieren que podrían ser uno de los factores que agravan el calentamiento global.

No obstante, el 12 de agosto de 2024, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, expresó públicamente que el uso de biotecnología debe ser regulado por una ley y no a través de un decreto supremo. Además, propuso que su alcance se amplíe a otros sectores, como la salud y la industria, siempre dentro de un marco de evaluación rigurosa. Esta declaración se produce en un contexto en el que, hasta la fecha, el uso de biotecnología en Bolivia solo ha sido aprobado para un evento: la producción de soya resistente al herbicida glifosato (evento RR), autorizado en 2005, un herbicida que ha sido señalado como potencialmente cancerígeno y que afecta la producción agrícola sostenible.

En este sentido, el uso de biotecnología se presenta como un tema controvertido y complejo. Tal como señaló el ministro Lisperguer, su implementación y regulación deben llevarse a cabo mediante una ley, y no a través de un decreto supremo. Esto se fundamenta en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Sin embargo, también se encuentra en conflicto con el artículo 255, numeral 8, de la misma Constitución, que promueve la “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población” y prohíbe la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Actualmente, se encuentra en tratamiento dentro de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 104/2024-2025 C.S. “Que Implementa y Regula el Uso de la Biotecnología Agrícola en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Este proyecto, que está siendo evaluado por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, busca regular no solo la importación, sino también la comercialización de cultivos, incluidos los cultivos hidropónicos, que emplean biotecnología agrícola.

En conclusión, a pesar de las controversias y preocupaciones expresadas en este documento, es fundamental generar espacios de diálogo entre todos los sectores sociales involucrados en la agricultura y la seguridad alimentaria del país. El objetivo debe ser encontrar puntos de convergencia que aseguren la seguridad alimentaria a través de un enfoque equilibrado, que contemple tanto la agricultura familiar como la industrial, en el marco de una regulación coherente y sostenible.

Jornada Agroecológica: Taller de Huerta Mandala

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Tema: Plantas hortícolas y medicinales
Fecha: Del 20 al 22 de diciembre de 2024
Lugar: Instalaciones de AGRICOOP RL, Piedras Blancas, Osa
Detalles: Este taller está enfocado en la creación y manejo de huertas tipo mandala, utilizando plantas hortícolas y medicinales.
Taller a cargo de: Taller Orgánico
Organización: AGRICOOP RL

Las personas interesadas en participar pueden confirmar su asistencia comunicándose con Tatiana Chaverri al número 8463-1494 . Esta es una oportunidad única para aprender técnicas agroecológicas que contribuyen al desarrollo de prácticas agrícolas más sostenibles.

MAG obstaculizará la agricultura orgánica con nuevo reglamento

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  • Movimiento de Agricultura Orgánica se opone a reforma.

  • La nueva normativa golpeará a pueblos indígenas y pequeños productores orgánicos.

Comunicado

El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa un reglamento cuestionado por el impacto negativo que tendrá en los pequeños y pequeñas agricultoras, pero sobre todo en territorios indígenas.

Con esta propuesta de Reglamento, el cierre del Departamento de Agricultura Orgánica, y el cierre de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, una vez más el gobierno muestra que su interés en la agricultura orgánica es solo de palabras, no de hechos.

El pasado 10 de octubre, se publicó en la página de Consulta Pública del MAG, el nuevo “Reglamento Técnico” el cual modificaría el decreto ejecutivo n°29782 conocido como “Reglamento de Agricultura Orgánica” y el “Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica”, decreto N°35242. Ambos documentos regulan actualmente el quehacer de la producción orgánica en el país, definen como se maneja la finca día a día. Pero la actual administración pretende volver más engorroso su cumplimiento, desincentivando así esta importante actividad.

Una preocupación central es la falta de consulta a los pueblos indígenas quienes serán los mayores afectados de este reglamento. El cambio en la normativa podría afectar mucho la producción orgánica en territorios indígenas por solicitar el registro individual de la tierra en el registro Nacional, lo cual es imposible en las zonas indígenas con esquemas de propiedad colectiva resguardada por la Ley Indígena. La certificación orgánica es un requisito para que los productos indígenas puedan ser exportados a Europa y Estados Unidos y para la venta a nivel nacional.

Según la Asociación de Agricultores Orgánicos de Talamanca (UCANEHÜ), “actualmente, en Talamanca existen más de 1500 productores de banano orgánico certificados, quienes nos veríamos afectados por cambios en este reglamento. Las ventas quincenales de banano orgánico son un ingreso importante que sostiene a muchas familias, y que reconoce nuestra forma tradicional de producir alimentos”.

Un cambio fundamental es que, a todos los operadores, se les pide un análisis de residuos ocasionalmente, pero con la reforma los Grupo de Producción Orgánica (GPO) se le estarán exigiendo todos los años a pagar análisis de residuos para un 2% de sus productores. Esto haría que productores orgánico-indígenas tengan que invertir grandes sumas de dinero en análisis que haría inviable la producción orgánica. Para MAOCO, el control no es el problema, el problema es el costo de esos análisis para micro y pequeños productores, especialmente indígenas.

Para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), el control en temas de integridad orgánica es importante, pero el endurecimiento de las normas de producción orgánica en temas que no afectan la integridad o calidad del producto es contraproducente, y provocaría un desincentivo más a la actividad, haciendo que muchas de estas iniciativas desaparezcan, sobre todo la pequeña y mediana escala.

Para la presidenta de Asociación Orgánica Guanacasteca, Irene Burgués la propuesta del gobierno “imposibilita la certificación a la mayoría pequeños productores orgánicos al pedirles nuevos requisitos, que se sabe que no pueden cumplir por la naturaleza del productor. Lo peor de todo, es que estos nuevos requisitos nada tienen que ver con garantizar la naturaleza orgánica del producto, e imposibilitan el crecimiento de la agricultura orgánica, que es parte de la solución a la crisis de contaminación de nuestras aguas.”

Información compartida con SURCOS por Henry Picado.