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Secretaría general de Naciones Unidas: análisis de los resultados del quinto sondeo informal del Consejo de Seguridad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

El puesto de secretario general de Naciones Unidas ostenta la máxima jerarquía dentro del organigrama de Naciones Unidas, organización internacional integrada en la actualidad por 193 Estados miembros.

Al respecto, los artículos 97-101 de la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (véase texto) detallan su modo de elección y las diversas funciones que conlleva este puesto dentro de la estructura de Naciones Unidas.

El proceso de designación en breve

Pese al elevado número de Estados miembros de Naciones Unidas (193), el proceso de designación de un secretario general de Naciones Unidas recae en el Consejo de Seguridad (compuesto por 15 Estados): es este único órgano que define quién ocupará la silla de secretario general.

Resulta también necesario indicar, en particular a nuestros estimables lectores poco familiarizados con Naciones Unidas, que es tan solamente una vez conformada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramita a la Asamblea General mediante una simple resolución de dos párrafos, para su aprobación definitiva por aclamación por parte de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: fue lo que ocurrió en el mes de octubre del 2016 con el candidato propuesto por Portugal (véase resolución), así como en octubre del 2006 con el candidato propuesto por Corea del Sur (véase resolución). Nuestros estimables lectores de América Latina y en particular oriundos de Perú recordarán que fue esta misma resolución (véase enlace) adoptada en octubre del 1986 por el Consejo de Seguridad la que recomendaba la designación del (del hasta ahora) único secretario general oriundo de América Latina en toda la historia.

Cabe recordar que, además de los cinco Estados Miembros Permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Como suele ocurrir en toda competencia entre distintos competidores, iniciar en una posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar a la meta en primera posición.

Los sondeos informales del pasado mes de septiembre del 2026

El pasado 18 de septiembre, se realizó el tercer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, sin que se lograra desmarcar claramente una de las ocho candidaturas: véase al respecto esta nota de PassBlue que incluye una infografía sobre las progresiones y retrocesos de unos y otros y una nota nuestra explicando más en detalle lo observado, titulada: «Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad «.

En este recuadro extraído de esta nota de Security Council Report, se puede observar lo reñido de la competencia, con muy poca diferencia entre el primer y segundo lugar (dos mujeres), así como entre la tercera, cuarta y quinta posición (que comparten tres candidatos masculinos con cinco votos favorables cada uno).

Unos días después del tercer sondeo realizado, únicamente la candidata de nacionalidad chilena (que registró 11 votos desfavorables) fue la que optó por retirarse definitivamente de la contienda, tal y como lo notificaron Brasil y México de manera conjunta el 21 de septiembre (véase carta).

El que no se logre desmarcar claramente una candidatura puede significar que un desacuerdo persiste entre los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad: si se consideran únicamente las cuatro primeras posiciones, posiblemente el candidato masculino presentado de manera tardía por Uganda y el de Argentina reúnen algunos apoyos, mientras otros consideran que ya es hora que sea una mujer (candidaturas de Costa Rica y de Guyana) la que dirija los destinos de la organización internacional.

El pasado 29 de septiembre del 2026, se realizó el cuarto sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, con los siguientes resultados dados a conocer con respecto a las cuatro primeras posiciones que nos permitimos desglosar:

1- Candidata de Costa Rica: 10 opiniones favorables, 3 desfavorables y 2 «sin opinión«

2: Candidata de Guyana: 8 opiniones favorables, 6 desfavorables y 1 «sin opinión«

3: Candidato de Argentina: 8 opiniones favorables y 7 desfavorables.

4: Candidato de Uganda: 5 votos favorables, 8 desfavorables y 2 «sin opinión«.

En esta infografía extraída de esta nota de PassBlue se pueden comparar los resultados entre el tercer sondeo (realizado el 18 de septiembre) y el cuarto sondeo (29 de septiembre) para cada una de las candidaturas.

Claramente el candidato de Argentina fue el que inició un ascenso notorio, pasando de cinco a ocho votos favorables, mientras que la candidata de Costa Rica mejoró levemente (un voto favorable adicional, dos opiniones desfavorables menos, pero una «sin opinión» adicional con respecto al tercer sondeo). Al tiempo que la candidata de Guyana mantuvo exactamente las mismas marcas que las obtenidas con ocasión del tercer sondeo realizado el 18 de septiembre.

Las diversas interpretaciones sobre estas marcas registradas de unos y otros, derivan del hecho que no se sabe si detrás de las opiniones «desfavorables» y los Estados «sin opinión«, hay uno o varios Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

No se puede descartar que la actual administración norteamericana, frontalmente opuesta al multilateralismo, esté aprovechando de la situación para torpedear el proceso de designación de la persona llamada a sustituir al actual secretario general de Naciones Unidas a partir del 1 de enero del 2027.

Los resultados del sondeo realizado el 7 de octubre del 2026

Un quinto sondeo tuvo lugar de manera sorpresiva este 7 de octubre del 2026, arrojando los siguientes resultados, según esta nota publicada en las redes sociales de PassBlue:

  1. Candidata de Costa Rica: 9 votos favorables y 6 votos desfavorables
  2. Candidato de Argentina: 6 votos favorables, 7 votos desfavorables y dos «sin opinión»
  3. Candidata de Guyana: 5 votos favorables, 9 votos desfavorables y un voto «sin opinión»
  4. Candidato de Senegal: 5 votos favorables, 10 votos desfavorables
  5. Candidata de Ecuador: 3 votos favorables, 9 desfavorables y 3 «sin opinión»
  6. Candidato de Uganda: 3 opiniones favorables y 12 opiniones desfavorables
  7. Candidata oriunda de Ecuador propuesta por Tonga de manera tardía: 14 votos desfavorables, y un voto «sin opinión».

Claramente se puede observar el impacto de la crisis de la diplomacia en Costa Rica en los números obtenidos por la candidata de Costa Rica, que reduce de un voto favorable y aumenta tres votos desfavorables, pasando a un total de seis: se trata del número más importante de votos desfavorables registrado desde que iniciaron estos sondeos informales en el seno del Consejo de Seguridad. No se ha logrado tener en Costa Rica acceso a razones expresadas por algunos que expliquen este aumento de opiniones desfavorables a estas alturas de la contienda.

Por su lado el candidato argentino pierde dos votos favorables con respecto al sondeo anterior, que se trasladan a los votos «sin opinión», al tiempo que mantiene el mismo número de votos desfavorables (siete).

Para la candidata de Guyana, pierde de manera bastante notoria tres votos favorables, y mantiene el mismo número de votos desfavorables (nueve) que en el sondeo anterior del 29 de septiembre. Esta pérdida la coloca por vez primera en tercera posición.

El candidato de Senegal por su parte mantiene el mismo número de votos favorables que en la secuencia anterior (cinco), pero aumenta el número de votos desfavorables de uno adicional, pasando de nueve a diez.

El golpe reciente a la imagen internacional de Costa Rica

En el caso de la candidata de Costa Rica, resulta de interés evaluar si la crisis política que desató la sorpresiva destitución del canciller de Costa Rica por parte de la presidenta de Costa Rica, el pasado 24 de septiembre, complicó sus gestiones y le está restando fuerza a su postulación.

La reunión por la que fue «despedido» el canciller es objeto de este comunicado oficial de prensa del aparato diplomático costarricense del 22 de septiembre.

El golpe a la imagen internacional de Costa Rica, y en particular dentro de Naciones Unidas, que titula esta nota reciente de CRHoy, y las contradicciones de la Presidenta de Costa Rica con la línea de tiempo que detalla este artículo del Semanario Universidad, puede haber afectado la candidatura oficial de Costa Rica: en efecto, el peor momento que puede escoger un Estado para proceder a destituir a un canciller es hacerlo en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su intervención ante el plenario de la Asamblea General, y en la recta final de una candidatura oficial al puesto más importante dentro del organigrama de Naciones Unidas.

En este muy completo artículo publicado por Radio UCR sobre los acuerdos alcanzados durante la famosa reunión por la que fue destituido el canciller de Costa Rica, se lee que:

«El 28 de septiembre trascendieron declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien asistió al encuentro y afirmó que la participación de Trump no estaba prevista inicialmente, sino que ocurrió por un cambio de agenda. «

No está de más indicar que el alineamiento total de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel también puede estar surtiendo efectos negativos para la imagen de Costa Rica en el plano internacional: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Fomentar el libre comercio … ¿haciendo a un lado obligaciones internacionales? A propósito de varias opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel«. El pasado 25 de septiembre, Naciones Unidas procedió a actualizar la lista de empresas privadas involucradas en la colonización y en la ocupación ilegales del territorio palestino (véase enlace). Este muy completo reportaje difundido en Francia (véase enlace a versión ampliada) en días recientes revela que el apoyo económico al Hamás por parte de Catar formaba parte de una estrategia asumida del actual primer ministro israelí (que ha hecho hasta lo imposible para que no se cree en Israel una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque del 7 de octubre del 2023).

La intención genocida de Israel en Gaza ha quedado claramente establecida por diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como por parte de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo organizaciones israelíes como B´Tselem (véase informe). Los numerosos testimonios de soldados israelíes reunidos por la organización Breaking The Silence en la misma Israel denuncian el tipo de instrucciones recibidas (véase reciente entrevista en France24 -en inglés- con su director ejecutivo). El sitio de la Fundación Hind Rajab detalla cómo esta organización ha logrado rastrear a criminales de guerra en todo el mundo.

Las maniobras para restarle importancia a la situación en Gaza por parte del aparato estatal israelí (y de pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), quedó bastante bien resumida en esta entrevista publicada recientemente en Francia, realizada por uno de los grandes especialistas galos en materia de relaciones internacionales.

Resulta oportuno indicar que el pasado 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.

Foto extraída de artículo titulado «Why NAZA terrifies Israel´s liberal elite», publicado por Magazine+972 (Israel), el 2 de octubre del 2026, cuya lectura se recomienda

Cabe indicar a nuestros estimables lectores que este próximo 10 de octubre, el documental Naza se estrenará en una sala de cine en Costa Rica (véase anuncio), al tiempo que el 8 de octubre, se realizará un foro en la Asamblea Legislativa sobre la infancia en Gaza con dos reconocidos expositores (véase volante), entre varias otras actividades en Costa Rica sobre Palestina durante esta semana del 7 de octubre.

Como dato muy poco difundido, la tasa de suicidios dentro del ejército israelí es una de las más altas en el mundo militar, con casi 20 casos registrados en lo que va únicamente del 2026 (véase artículo de Haaretz y este reportaje más reciente del mismo medio israelí); a ello, hay que añadir una población de entre 50.000-70.000 reservistas y militares israelíes que sufren de síndrome postraumático luego de servir en el ejército israelí (véase artículo del Times of Israel del 2025). Desde el punto de vista de las autoridades militares israelíes, la cifra oficial es mucho menor y se evalúa en unas 30.000 personas (véase nota de prensa de la agencia de noticias turca Anadolu).

A modo de conclusión

Es posible que luego de este quinto sondeo realizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunas de las siete candidaturas que no se vieron mayormente favorecidas se retiren de la contienda para la silla de la Secretaría General de Naciones Unidas.

Cabe precisar que las candidaturas de nacionalidad argentina y costarricense comparten en América Latina un común denominador: han sido postuladas oficialmente por Estados cuyo máximo dirigente se «destaca» por una crítica frontal al multilateralismo y a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional, que rechaza la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que crítica de manera desvergonzada las normas internacionales de protección de los derechos humanos, que ha anunciado que trasladará su respectiva embajada en Israel de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, y que le ha dado la espalda a la justicia penal internacional de La Haya, objeto de inusuales ataques por parte de Estados Unidos y de Israel desde enero del 2025. En este mes de septiembre del 2026, un nuevo informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estima a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD).

En el caso de Costa Rica, con esta Asamblea General del 2026, son cinco citas anuales mundiales consecutivas en el prestigioso recinto de Naciones Unidas en Nueva York desde el 2022 en las que no participa su máxima autoridad.

UCR recomienda no aprobar TLC con Israel y advierte vacíos en derechos humanos, ambiente y participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.

La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.

El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.

El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.

El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.

El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.

Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Derechos humanos y territorios ocupados

Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.

El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.

La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.

El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.

Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.

Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-99-2026.pdf

Información enviada por el Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

En ocasión del homenaje a Carlos Luis Collado Martínez y a Virginia Tonelli, mártires de la lucha antifascista

Escrito en . Publicado en Formación.

José Gabriel Rivas-Ducca

Este sábado 10 de octubre, a las 10 de la mañana, frente al Edificio Metálico, el Comité Antifascista Costarricense Italiano nos convoca al homenaje al héroe y mártir antifascista costarricense, el doctor Carlos Luis Collado Martínez, brutalmente asesinado por el nazifascismo en esa fecha, en 1944, en Italia.

En momentos en que el neofascismo se expande de nuevo por nuestras tierras latinoamericanas y otras partes del planeta, con su lenguaje de odio y violencia, este llamado a reunirnos y a no olvidar el pasado no podría ser más actual y urgente. El capitalismo, ahora neoliberal, en su decadencia, recurre a la ya conocida táctica fascista: la demonización de toda aquella persona que se le oponga y el llamado a su destrucción. Ante esta realidad, no tenemos otra opción que organizarnos y mostrar que no tenemos miedo. Mostrar que no tememos, en una Costa Rica que vemos degradarse.

Muy oportuna y acertada es la decisión de honrar también a una mujer partisana, en la figura de la mártir Virginia Tonelli. Sin la participación y el sacrificio de millones de mujeres, no hubiera sido posible vencer al fascismo.

Hoy, en pleno 2026, el ejemplo heroico de personas que no dudaron en poner en peligro y ofrendar sus vidas, como Carlos Luis Collado Martínez y Virginia Tonelli, nos llama a manifestarnos. El peor error sería tratar de escondernos, tolerar la situación actual y en un futuro decir: «No protesté, preferí guardar silencio», cuando ya era demasiado tarde (Martin Niemöller).

Comité Antifascista Costarricense Italiano rinde homenaje al partisano costarricense Carlos Collado Martínez

Escrito en . Publicado en Formación.

El Comité Antifascista Costarricense Italiano invita a la conmemoración «Il partigiano Collado», un homenaje al médico costarricense Carlos Collado Martínez, a quien la organización reconoce como héroe y mártir antifascista. La actividad se realizará el sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Jardín de Paz, frente al Edificio Metálico, en San José.

El encuentro está abierto a todo público e incluirá música, pintura en vivo, poesía e historia. El Comité extiende la invitación a las personas antifascistas y antisionistas, y en general a quienes deseen honrar a las víctimas del fascismo y del neofascismo actual.

Homenaje a las partisanas: Virginia Tonelli

La actividad también rendirá homenaje a las mujeres partisanas, en la figura de Virginia Tonelli. Nacida en 1903 en Castelnovo del Friuli, en el nordeste de Italia, en una familia humilde, comenzó a trabajar a los 11 años como aprendiz de costurera tras la muerte de su padre. Más tarde trabajó en el cuidado de personas enfermas en un hospital infantil de Venecia.

Bajo la dictadura de Benito Mussolini, en 1930 se incorporó a la organización clandestina del Partido Comunista Italiano. En 1933 emigró a Tolón, en Francia, donde su casa se convirtió en refugio para personas exiliadas y antifascistas que circulaban entre Francia, Italia y España. Regresó a Italia a inicios de 1943 y, tras la ocupación alemana, pasó a la clandestinidad con el nombre de combate de «Luisa». Organizaba reuniones secretas, transportaba documentos, recaudaba fondos y distribuía prensa clandestina entre las formaciones partisanas de Friuli y el Véneto.

El 19 de setiembre de 1944 fue detenida junto con otra militante, Wilma Tominez Padovan, mientras viajaban de Udine a Trieste con documentos de las Brigadas Garibaldi. Durante diez días fue torturada en la prisión del Coroneo, en Trieste, sin revelar ningún nombre de la red de resistencia. El 29 de setiembre fue llevada a la Risiera de San Sabba, el único campo en territorio italiano con horno crematorio, donde fue asesinada. Su cuerpo nunca fue recuperado. En 1971, Italia le otorgó de forma póstuma la Medalla de Oro al Valor Militar.

El lumpen político

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

¿Podrá Lula ganar las elecciones en Brasil en la segunda vuelta?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nancy Piedra Guillén

¿Podrá Lula ganar las elecciones en Brasil en la segunda vuelta? ¿Qué ocurrió para que, contra algunas de las expectativas previas, no lograra imponerse en la primera ronda electoral?

Una reciente visita a Río de Janeiro me sensibiliza y motiva a expresar algunas valoraciones sobre las elecciones brasileñas. Durante nuestra estancia tuvimos la posibilidad de compartir análisis y preocupaciones con colegas brasileños y de aproximarnos, desde la experiencia cotidiana, al clima político que atraviesa el país. A ello se suma el seguimiento sistemático que he venido realizando en los últimos años de la coyuntura nacional, regional e internacional. Desde esa perspectiva, me interesa reflexionar no solamente sobre los resultados electorales, sino sobre algunas de las transformaciones sociales y políticas que estos expresan y sobre lo que una elección de esta naturaleza significa para América Latina.

La pregunta trasciende ampliamente las fronteras de Brasil. Lo que ocurra el próximo 25 de octubre tendrá consecuencias para el conjunto de América Latina, en un momento de fortalecimiento de las derechas y ultraderechas, de creciente confrontación geopolítica y de renovadas presiones de Estados Unidos sobre la región.

Para las fuerzas progresistas, democráticas y antiimperialistas latinoamericanas, Brasil representa hoy un espacio estratégico fundamental. No solamente por ser la mayor economía y el país más poblado de América Latina, sino también por su peso político en los procesos de integración regional, en los BRICS y en la búsqueda de una política internacional con mayores márgenes de autonomía respecto de Estados Unidos.

Los resultados de la primera vuelta obligan, sin embargo, a mirar la realidad sin complacencias. Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47,03 % de los votos válidos, mientras Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó 45,16 %. La diferencia es de poco más de 2,2 millones de votos y apenas 1,87 puntos porcentuales. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta y ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre. (Bloomberg Línea Brasil⁠)

El resultado es estrecho, pero no deja de ser preocupante para las fuerzas progresistas. Flávio Bolsonaro no solamente pasó a segunda vuelta: llegó primero y obtuvo un resultado considerablemente superior al que anticipaban algunas de las principales encuestas. Esto muestra que el bolsonarismo, lejos de haber desaparecido con la derrota de Jair Bolsonaro en 2022 y su posterior condena por el intento de golpe de Estado, conserva una extraordinaria capacidad de articulación política, cultural y electoral. (Reuters⁠)

La pregunta que corresponde formular es entonces doble: ¿qué impidió que Lula ganara la primera vuelta y qué tendría que cambiar para que pueda imponerse en la segunda?

¿Qué ocurrió con Lula?

Sería demasiado sencillo atribuir el resultado exclusivamente al crecimiento de la extrema derecha. Hay un problema más profundo: una parte importante de la sociedad brasileña no percibe en su vida cotidiana las mejoras económicas y sociales que muestran algunos indicadores nacionales.

Brasil ha registrado disminución del desempleo y de la desigualdad y una moderación reciente de la inflación. Sin embargo, estos indicadores coexisten con un fuerte malestar relacionado con el costo de la vida, particularmente con los precios acumulados de los alimentos, las altas tasas de interés y el endeudamiento de los hogares. Poco antes de la elección, una investigación de Quaest mostraba que casi la mitad de la población consultada consideraba que la economía había empeorado durante el último año, mientras solamente un 19 % percibía una mejoría. Reuters señalaba, además, que el servicio de las deudas familiares —excluidas las hipotecas— había alcanzado niveles récord en relación con los ingresos. (Reuters⁠)

Esta contradicción entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de las personas constituye un problema político central para cualquier gobierno progresista. No basta con demostrar que aumentó el empleo o disminuyó la desigualdad si las familias sienten que el salario no alcanza, si están endeudadas o si enfrentan dificultades crecientes para sostener los gastos cotidianos.

Es una vieja lección para las izquierdas: la economía se experimenta antes de convertirse en estadística.

A ello se suma el tema de la inseguridad. El costo de vida, la situación económica, la corrupción y la seguridad pública ocuparon lugares importantes en las preocupaciones del electorado durante la campaña. Flávio Bolsonaro logró articular una parte de ese malestar con un discurso que presenta a la derecha como portadora del cambio, aunque el bolsonarismo sea una fuerza política que gobernó Brasil recientemente. (Reuters⁠)

Existe también un voto claramente antipetista. Una parte del electorado puede no identificarse plenamente con Bolsonaro, pero considera prioritaria la salida del PT del gobierno. Esta dimensión no debe subestimarse: una parte del voto bolsonarista expresa adhesión ideológica a la derecha radical, pero otra se articula fundamentalmente alrededor del rechazo a Lula y al Partido de los Trabajadores.

La derecha logró concentrar el voto

Hay otro elemento fundamental. Mientras una parte del electorado de centro y derecha aparecía inicialmente distribuida entre distintas candidaturas, en la fase final una proporción importante terminó concentrándose alrededor de Flávio Bolsonaro.

Esto ayuda a explicar la diferencia entre algunas mediciones previas y el resultado de las urnas. Datafolha había mostrado durante las semanas anteriores una competencia sumamente estrecha entre Lula y Flávio, pero el resultado efectivo terminó colocando al candidato del PL por encima de las previsiones de varias encuestas. (Folha UOL⁠)

No ocurrió, por tanto, un crecimiento inesperado de Lula. Lo que se produjo fue una concentración particularmente fuerte del voto de derecha alrededor de Bolsonaro.

Este resultado confirma algo que viene ocurriendo en diferentes países latinoamericanos: las nuevas derechas y las ultraderechas han conseguido convertir malestares sociales reales en adhesiones políticas conservadoras.

Inseguridad, incertidumbre económica, resentimiento social, rechazo a las élites políticas y frustración frente a expectativas incumplidas son articulados dentro de discursos que responsabilizan al Estado, a la izquierda, a las políticas sociales y, con frecuencia, a movimientos feministas, poblaciones migrantes o diferentes minorías sociales.

El desafío de las izquierdas no consiste simplemente en denunciar esta estrategia. Consiste en comprender por qué esos discursos consiguen interpelar a sectores que, muchas veces, son también perjudicados por las políticas económicas defendidas por esas mismas derechas.

Un problema adicional: la abstención

La elección registró además una abstención de alrededor del 21,08 %, equivalente a 33,4 millones de personas, el porcentaje más alto en una elección presidencial brasileña desde 1998. (Agência Brasil)

Este dato puede adquirir enorme importancia en la segunda vuelta.

Lula no necesita únicamente convencer a personas que votaron por otras candidaturas. Necesita también movilizar a sectores populares que no participaron en la primera vuelta.

Los estudios preelectorales mostraban diferencias sociales y territoriales importantes. Lula conservaba una implantación particularmente fuerte entre personas de menores ingresos y en determinadas regiones metropolitanas, mientras Flávio Bolsonaro mostraba una presencia importante en sectores de ingresos superiores y en regiones donde el bolsonarismo se encuentra profundamente arraigado. (Folha UOL⁠)

Esto significa que la segunda vuelta también será una disputa por la participación electoral.

Para Lula, recuperar sectores populares desmovilizados podría ser tan importante como atraer una parte del electorado de centro.

Las izquierdas también deben mirarse a sí mismas

Pero hay una cuestión que me parece fundamental. Las dificultades electorales del progresismo no pueden atribuirse exclusivamente a la derecha, a las redes sociales, a la desinformación o a las intervenciones externas.

Es necesario preguntarse también por las limitaciones de las propias fuerzas progresistas.

Las izquierdas latinoamericanas no pueden limitarse a administrar adecuadamente el Estado y esperar que los resultados de las políticas sociales se transformen automáticamente en adhesión política. Gobernar y construir hegemonía no son lo mismo.

La extrema derecha parece haber comprendido muy bien esta dimensión. Construye identidades, emociones, adversarios, comunidades de pertenencia y explicaciones simples frente a situaciones sociales profundamente complejas.

La izquierda necesita volver a disputar ese terreno cultural y subjetivo.

Necesita hablar de los problemas concretos de las personas: el precio de los alimentos, las deudas, la inseguridad, la precarización del trabajo, las dificultades de las mujeres para sostener simultáneamente el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado, la incertidumbre de las nuevas generaciones y la sensación de que, incluso teniendo empleo, las posibilidades de construir una vida digna son cada vez más difíciles.

No basta con demostrar que la derecha propone políticas que pueden profundizar las desigualdades. Hay que comprender por qué logra construir esperanza, identificación o incluso pertenencia política alrededor de esas propuestas.

¿Puede Lula ganar?

La posibilidad existe y la elección permanece abierta.

Antes de la primera vuelta, las principales encuestas que midieron un enfrentamiento directo mostraban una situación muy estrecha. Datafolha registró en distintos momentos diferencias de apenas dos puntos entre Lula y Flávio Bolsonaro, dentro del margen de error. Quaest también mostraba prácticamente un empate en votos válidos poco antes de la elección. (Reuters⁠)

Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. La primera vuelta mostró una capacidad de movilización del voto bolsonarista superior a la que algunas encuestas consiguieron registrar.

Lula comienza la segunda vuelta con una desventaja de aproximadamente 2,2 millones de votos. No es una distancia imposible de revertir en un país con más de 158 millones de personas habilitadas para votar y donde 33,4 millones se abstuvieron en la primera ronda.

Pero la remontada requiere algo más que reunir a la izquierda que ya está convencida.

Lula necesitará ampliar su votación entre los sectores populares, recuperar electores desmovilizados, mejorar su desempeño en regiones decisivas y disputar una parte del electorado que rechaza simultáneamente al PT y al bolsonarismo.

La transferencia de los votos de las candidaturas eliminadas tampoco será automática. Una parte importante de los electores de las candidaturas de derecha probablemente encuentre mayor afinidad con Flávio Bolsonaro, pero otros sectores no se identifican plenamente con ninguno de los dos bloques.

La segunda vuelta comienza, por tanto, con una ventaja electoral para Bolsonaro, pero no con una elección decidida.

Brasil y América Latina

Es aquí donde la elección adquiere una dimensión que trasciende la política interna brasileña.

Brasil constituye una fuerza fundamental para cualquier proyecto democrático, progresista y de mayor autonomía latinoamericana. Su orientación internacional tiene consecuencias sobre las posibilidades de construir una región con capacidad política propia frente a las grandes potencias.

Lula ha representado una política internacional que, con sus contradicciones y límites, ha buscado fortalecer las relaciones Sur-Sur, los BRICS, el multilateralismo y una mayor autonomía brasileña en el escenario mundial. Su continuidad adquiere particular importancia en una coyuntura regional caracterizada por el fortalecimiento de gobiernos conservadores y por el retroceso electoral de algunas fuerzas de izquierda. Reuters señalaba pocos días antes de la elección que la candidatura de Lula concentraba una parte importante de las expectativas de las izquierdas latinoamericanas precisamente en un momento de avance regional de las derechas. (Reuters⁠)

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia frente a la crisis internacional contemporánea. El conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos e Israel con Irán ha profundizado la militarización de Medio Oriente y producido consecuencias sobre los mercados energéticos, el comercio internacional y las relaciones entre las grandes potencias. (Reuters⁠)

Desde una perspectiva latinoamericana y antiimperialista, no resulta indiferente quién gobierne Brasil en este contexto.

Las diferencias entre Lula y Flávio Bolsonaro son sustantivas. El actual presidente ha insistido en la defensa de la autonomía brasileña y en una inserción internacional diversificada; Flávio Bolsonaro, en cambio, mantiene una relación política mucho más cercana con Donald Trump y con las nuevas derechas internacionales. Reuters ha destacado precisamente estas orientaciones contrapuestas al analizar la elección brasileña. (Reuters⁠)

A ello se suman las controversias generadas por las posibles intervenciones externas sobre el proceso político brasileño. En septiembre, la Agencia Brasileña de Inteligencia informó a delegaciones francesas y alemanas sobre presuntas acciones de interferencia electoral provenientes de Estados Unidos y Rusia. Se trata de acusaciones que deben analizarse con cautela y cuya comprobación corresponde a las instituciones competentes, pero que muestran hasta qué punto la elección brasileña está inserta en una disputa geopolítica que trasciende ampliamente sus fronteras. (Reuters⁠)

Esto no significa idealizar a Lula ni desconocer las contradicciones y limitaciones de sus gobiernos.

Una perspectiva crítica de izquierda debe precisamente evitar convertir dirigentes políticos en figuras incuestionables. Debe mantener la capacidad de señalar errores, límites y contradicciones.

Pero tampoco puede desconocer las diferencias existentes entre proyectos políticos que plantean orientaciones distintas respecto de la democracia, las políticas sociales, el papel del Estado, la integración latinoamericana y la autonomía frente a Estados Unidos.

Una segunda vuelta decisiva

La primera vuelta brasileña deja una advertencia que debería ser observada con atención en toda América Latina.

La extrema derecha no es un fenómeno pasajero ni puede explicarse solamente como resultado de la manipulación, la desinformación o la ignorancia política. Posee bases sociales, discursos, organizaciones, recursos y una notable capacidad para transformar el malestar cotidiano en identidad política.

La izquierda necesita comprender esas transformaciones.

La posibilidad de una victoria de Lula existe. Pero dependerá de que consiga convertir las próximas semanas en algo más que una campaña electoral defensiva.

Tendrá que volver a conectar las políticas públicas con la experiencia cotidiana de las mayorías, recuperar a quienes se han alejado de la política y disputar políticamente las incertidumbres, los miedos y las expectativas que hoy están siendo organizados también por la derecha.

El 25 de octubre Brasil no decidirá únicamente quién ocupará la Presidencia de la República.

Estarán en disputa proyectos profundamente diferentes de democracia, política social, soberanía nacional e inserción internacional.

Y, por el peso político, económico y simbólico de Brasil, esa decisión inevitablemente repercutirá sobre toda América Latina.

Referencias y fuentes consultadas

Agência Brasil. 2026. “TSE vai trabalhar para diminuir a abstenção no segundo turno”. 4 de octubre de 2026. Información basada en los datos de totalización del Tribunal Superior Electoral: abstención de 21,08 %, equivalente a 33,4 millones de electores. (Agência Brasil⁠)

Datafolha / Folha de S. Paulo. 2026. Diversos levantamientos sobre intención de voto en primera y segunda vuelta, composición social del electorado y distribución territorial de las preferencias electorales, septiembre-octubre de 2026. (Folha UOL⁠)

Folha de S. Paulo. 2026. “Quaest: Lula (46%) e Flávio Bolsonaro (45%) têm empate técnico em votos válidos”. 3 de octubre de 2026. (Folha UOL⁠)

Reuters. 2026. “In Brazil, frustration over cost of living undermines Lula’s reelection bid”. 26 de septiembre de 2026. Análisis sobre costo de vida, endeudamiento de los hogares, empleo, desigualdad y percepción económica durante el gobierno de Lula. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “In final election fight, Brazil’s Lula carries hopes of Latin America’s receding left”. 29 de septiembre de 2026. Análisis sobre la relevancia regional de la elección brasileña y la posición internacional del gobierno de Lula. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Brazil briefed French, German officials on alleged US, Russian election interference”. 30 de septiembre de 2026. Información sobre las denuncias brasileñas de posibles interferencias externas en el proceso electoral. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Bolsonaro will face Lula in runoff in Brazil’s presidential vote”. 4 de octubre de 2026. Cobertura de la primera vuelta electoral, principales preocupaciones del electorado y contexto de la segunda vuelta. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. “Brazil election results”. Octubre de 2026. Información sobre las candidaturas, el proceso electoral, la posición internacional de Lula y las relaciones de Flávio Bolsonaro con el gobierno estadounidense. (Reuters⁠)

Reuters. 2026. Información y análisis sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado en febrero de 2026 y sus consecuencias sobre los mercados energéticos y la situación geopolítica internacional. (Reuters⁠)

Tribunal Superior Eleitoral de Brasil (TSE). 2026. Resultados oficiales de las elecciones generales de Brasil, primera vuelta, 4 de octubre de 2026. Sistema oficial de divulgación de resultados electorales.

UOL. 2026. “2026 tem maior índice de abstenções, com 33 milhões que não foram votar”. 4 de octubre de 2026. (BOL⁠)

RENASES: el sobreendeudamiento no se resuelve educando al consumidor si no se cambian las prácticas del mercado crediticio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) presentó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sus observaciones al borrador de la Política Pública de Educación Financiera 2026-2036. En una carta del 28 de setiembre de 2026, dirigida a Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y a Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la organización advierte que la política, tal como está planteada, está pensada para enseñar a las personas consumidoras, pero no para cambiar las prácticas del mercado que las llevan al sobreendeudamiento.

RENASES agrupa a 170 organizaciones sindicales, comunales, cooperativas de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, grupos juveniles y movimientos sociales de base de todo el país. «No somos una entidad financiera ni una academia: somos la voz organizada de las personas trabajadoras y sus familias», señala la carta. La organización explica que atiende el sobreendeudamiento a diario en comunidades, sindicatos y asambleas, que ha promovido una agenda legislativa de protección al consumidor financiero y que sus afiliados han participado en espacios de consulta del MEIC. «No llegamos como invitados de cortesía: llegamos como actores con propuesta».

El diagnóstico: un problema que no se explica por falta de educación

Según la carta, al 30 de abril de 2026 el Poder Judicial registraba 771.279 casos activos de cobro judicial presentados por prestamistas formales. RENASES compara esa cifra con poco más de dos millones de personas trabajadoras, y concluye que casi cuatro de cada diez tienen una deuda que ya llegó a los tribunales. Detrás de cada expediente, afirma, hay una persona trabajadora que no pudo pagar, una familia que recortó su alimentación para abonar una deuda o una mujer que buscó un segundo empleo para cubrir los intereses. Además, esos procesos saturan el sistema judicial y retrasan la justicia pronta y cumplida para toda la población.

Para la organización, esta situación «no se explica por falta de educación de los consumidores», sino por un mercado que empuja el crédito de manera agresiva, sin evaluar la capacidad real de pago y sin que nadie frene las prácticas más dañinas. «Enseñarle a alguien cómo hacer un presupuesto cuando ya tiene tres deudas que superan su salario es un gesto bienintencionado, pero insuficiente y tardío».

Cinco problemas de fondo

RENASES reconoce el valor del borrador y el trabajo técnico que lo sustenta, pero identifica cinco problemas estructurales:

  1. Se enseña al consumidor, pero no se cambia el mercado. Una educación financiera que solo pide a la ciudadanía comportarse mejor, sin exigir lo mismo a quienes venden el crédito, tiene un sesgo profundo. RENASES propone formación obligatoria para ejecutivos y asesores de crédito sobre colocación responsable, evaluación honesta de la capacidad de pago y conocimiento de los sistemas de avales públicos (FODEMIPYMES, Sistema de Banca para el Desarrollo y FIDEIMAS) y de las garantías mobiliarias.
  2. No se enseñan los derechos que las personas ya tienen. Entre ellos, la prescripción de deudas antiguas, la protección legal contra el acoso de las gestoras de cobro, el derecho a conocer y corregir la información crediticia, y los canales de denuncia ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la DAC. Según la organización, son herramientas que pueden cambiar la situación de una persona hoy, no en diez años, y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) debe priorizarlas con urgencia.
  3. Quién define qué se enseña. El Comité de Coordinación de Educación Financiera (COCEF) otorga peso mayoritario a quienes ofrecen el crédito y a los entes que los regulan. Las organizaciones de defensa del consumidor tienen un único asiento, sin acceso a las subcomisiones donde se deciden los contenidos. «El conflicto de interés existe, aunque nadie actúe de mala fe: un banco no puede enseñar de manera imparcial cuándo no conviene endeudarse». RENASES pide abrir esas subcomisiones a sindicatos, academia, asociaciones solidaristas e iglesias, entre otras organizaciones.
  4. El Estado invierte en supervisar a los bancos, pero casi nada en proteger a quienes los financian. El sistema financiero se sostiene con el dinero de ahorrantes, cotizantes, familias asalariadas y personas trabajadoras cuyos fondos de pensión alimentan los activos de los intermediarios. Sin embargo, según la carta, son el único actor sin voz ni voto en las decisiones. RENASES sostiene que la rectoría del sistema ha sido «colonizada» de forma progresiva por quienes tienen interés directo en sus resultados, mientras el Estado destina cada año decenas de miles de millones de colones a supervisar la solidez de las entidades. Por eso pide que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) financien una política activa, independiente y robusta de educación y defensa del consumidor financiero, «como obligación del Estado».
  5. Se mide lo fácil de medir, no lo que importa. Contar talleres y asistentes no dice si la situación de las familias mejoró. RENASES propone indicadores de impacto: si bajaron los expedientes de cobro judicial, si mejoró el nivel de endeudamiento de los hogares, si aumentaron las denuncias por prácticas abusivas, cómo evolucionó la morosidad y cómo se comparan las tasas de interés con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dos ausencias urgentes

La carta señala dos vacíos. El primero es que Costa Rica no tiene una ley que permita a una persona sobreendeudada reestructurar sus deudas de manera ordenada y comenzar de nuevo; hoy, la única salida es el embargo y la exclusión financiera durante años. RENASES propone articular la ENEF con una iniciativa legislativa y con un Plan Nacional de Reestructuración de Deudas Personales y limpieza de récords crediticios. El segundo es la definición misma de inclusión financiera, que según la organización no consiste en tener una tarjeta o una deuda, sino en acceder a servicios financieros formales, seguros y a un costo razonable. «Una persona con tres deudas impagables no está incluida: está atrapada».

Diez solicitudes al MEIC y a la DAC

RENASES solicita:

  1. Abrir un espacio formal de participación de la sociedad civil en las subcomisiones técnicas del COCEF, donde se definen los contenidos y se evalúan los resultados.
  2. Que los programas de educación financiera los ejecuten entidades desvinculadas de quienes colocan deuda, como iglesias de todas las denominaciones, sindicatos, universidades, asociaciones solidaristas y organizaciones gremiales con amplia base territorial.
  3. Concebir la educación financiera como formación para la vida, que enseñe a planificar ingresos, construir ahorro y tomar decisiones con criterio propio, y no como instrucción para administrar cuotas.
  4. Incluir con carácter urgente un capítulo sobre cómo salir de las deudas: negociación con acreedores, prescripción de obligaciones, refinanciamiento con orientación independiente y asesoría legal gratuita.
  5. Incorporar como contenido obligatorio los derechos del consumidor financiero: prescripción de deudas, protección contra el acoso financiero, acceso a los registros crediticios y canales de denuncia ante la SUGEF y la DAC.
  6. Incluir a ejecutivos y asesores de crédito como destinatarios de programas formativos de la ENEF, con énfasis en colocación responsable, evaluación real de la capacidad de pago e instrumentos públicos de aval y garantía.
  7. Financiar la educación y defensa del consumidor financiero con cargo al BCCR y al CONASSIF, con independencia real de quienes ofrecen el crédito.
  8. Establecer un sistema de evaluación con indicadores de impacto sobre el sobreendeudamiento de los hogares y los expedientes de cobro judicial activos.
  9. Articular la ENEF con una iniciativa legislativa que cree un mecanismo de reestructuración de deudas para la persona sobreendeudada.
  10. Conceder una audiencia para ampliar lo planteado y explorar mecanismos de implementación conjunta.

La carta, firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, cierra con una advertencia: «Una política de educación financiera que no escucha a quienes trabajan con las familias endeudadas, que no incorpora sus derechos como contenido central y que se financia con los recursos de quienes les prestan el dinero, no es una política pública: es una hoja de publicidad con sello de Estado. RENASES cree que Costa Rica merece algo mejor, y está dispuesta a construirlo».

Contacto: renases.cr@gmail.com

Puede descargar la carta original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Carta-RENASES-MEIC-ENEF-28-setiembre-2026.pdf

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

Organización Cívica Madre Tierra defiende la independencia judicial ante decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.

Los nazis: ayer, hoy y ¿mañana?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Arnoldo Mora

Evocando la primera frase con que Marx y Engels encabezaron su célebre Manifiesto de 1848, ante la situación actual de la política mundial sólo se me ocurre decir: «Un fantasma llamado “Adolfo” recorre las cancillerías de todos los rincones del mundo», lo cual ha provocado reacciones antagónicas; con mal disimulado entusiasmo desde la Casa Blanca en el Norte de nuestro Continente hasta la Casa Rosada en el Sur, pero con seria preocupación en el Viejo Continente, desde 10 Downing Street en el Oeste hasta el Kremlin en el Este…y así sucesivamente en el resto del planeta. No es para menos. La historia parece repetirse, pero no de igual manera, pues en los procesos históricos la dinámica es dialéctica no mecánica. Si bien la estructura ideológica es la misma ayer (década de los treinta del siglo pasado) como actualmente, no pocos rasgos predominantemente coyunturales son notoriamente diferentes. Los movimientos nazifascistas en sus diversas variantes tienen en común el nutrirse de la xenofobia, y del hecho de surgir a partir de la crisis estructural de origen socio-económico, que afecta masivamente a los sectores y regiones empobrecidas y que repercute en la esfera política. Pero hoy se da en algunos casos una notoria diferencia, pues antaño esos movimientos se aglutinaban en torno a un líder carismático al cual rendían un culto cuasi religioso: il Duce en Italia, der Führer en Alemania, el Caudillo en España. Hoy en día el fenómeno se repite con Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia pero no con AfD en Alemania o Vox en España; porque en estos últimos países mencionados predomina la estructura partidaria que busca ganar elecciones dentro de un modelo tradicional, es decir, supeditado al marco legal cuyo respeto da legitimidad al poder. Sin embargo, el resultado es el mismo: crisis y eventual fin del régimen político surgido de las revoluciones liberal-burguesas, llamado genéricamente “democracia”, que hace factible que la sociedad civil disfrute de las libertades públicas y el respeto, al menos formalmente, de los derechos humanos. Costa Rica por desgracia, no parece estar exenta de esta amenaza, pues da signos de lo dicho desde 2022.

Esta crisis es “histórica”, es decir, no hay marcha atrás; es también global, pues ya no alcanza tan sólo a los países hegemónicos, como se dio en el siglo pasado, sino que su protagonismo salpica a todos los rincones del planeta sin distingos de lugares geográficos, culturales, religiosos o de diversos niveles socio-económicos. Por lo cual nos afecta de diversa manera y en diversos momentos de nuestra historia política. Debido al alcance universal de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación, y a los cambios en los medios de producción, esta vorágine afecta a la humanidad entera. Desde el punto de vista político, llama la atención la ausencia de líderes mundiales, debido a la crisis de las naciones-Estado que está dando origen a una fragmentación del poder económico y político de marcado tinte regional, donde la cercanía geográfica juega un papel que antes asumían factores ideológicos y culturales, como las tradiciones de cultura popular, la religión o las lenguas. Pero detrás de todos estos cambios históricos, que provocan a diario los acontecimientos que atiborran los espacios noticiosos y las páginas de los comentaristas, subyacen cambios más profundos que no tienen antecedentes en la historia de la humanidad. En concreto, el surgimiento de China como potencia mundial a partir de la crisis financiera del 2008. Con esta crisis terminó definitivamente el “orden” establecido por las potencias que salieron triunfantes en la II Guerra Mundial. Hoy emerge un nuevo “orden” mundial en el que Occidente impone su revolución cultural pero pierde la hegemonía política. Algo similar a lo que pasó con la caída del Imperio Romano: Roma perdió el poder político, pero dejó como legado imperecedero la estructura imperial con la que Occidente logró dominar al mundo entero…excepto a China. Con el triunfo de la Revolución de Mao (1949) China se “occidentalizó” política y económicamente bajo la conducción de un partido marxista-leninista; esto no obstante, siempre culturalmente se cuidó de nutrirse de sus raíces ancestrales, en especial, de la ética confuciana.

El factor más relevante en todos estos procesos radica en la imposibilidad (¡dichosamente!) de desatar una guerra mundial para imponer ese “orden”, debido a que las potencias antagónicas a Occidente (eje China-Rusia) son potencias que se han dotado de un arsenal termonuclear, que podría acabar con todo signo de vida en el planeta en cuestión de horas. No obstante, la guerra es como el deporte: lo bonito es que alguien salga victorioso; pero cuando todos salen derrotados, se acaba el placer. Por eso sólo se pueden provocar guerras regionales con fines económicos y políticos, que buscan superar las crisis estructurales de raíz económica en las potencias hegemónicas, sin por ello dejar de intentar mantener la hegemonía regional. Pero ese estado de cosas no está en condiciones de dar una solución a la crisis política mundial. Sólo una organización, basada en un “contrato social” entre todos los pueblos de la tierra puede hegemonizar un poder planetario real, es decir, que esté dotado de una autoridad con facultades punitivas, tanto económicas como militares, que le posibilite solventar esta crisis, cuyas manifestaciones más preocupantes se hacen patentes con el surgimiento de movimientos nazifascistas, movimientos que ingenuamente se creían destruidos luego de la II Guerra Mundial. Sólo así se puede devolver la paz a una humanidad que necesita con urgencia destinar todos sus recursos económicos y tecnológicos y su poder político y mediático a resolver la apocalíptica crisis ecológica y sus manifestaciones en las crisis climáticas, como el recalentamiento del planeta, que hoy amenaza sumir a millones de seres humanos en la hambruna. Pero para lograr esa meta se debe comenzar por provocar un movimiento que despierte las conciencias de hombres y mujeres del mundo entero sin distingos de ninguna especie. Dichosamente, a pesar de estos oscuros presagios, hay signos que nos inspiran optimismo. Me refiero en concreto a la manifestación de masas más grande de la historia de Estados Unidos, como fue la protesta pacífica que cerca de 8 millones de ciudadanos llevaron a cabo en más de 50 ciudades bajo la consigna NO KING.

Termino estas reflexiones enfatizando en que, destinar los ingentes recursos económicos y tecnológicos que hoy se emplean en hacer guerras cada vez más absurdas, que tan sólo logran exterminar a poblaciones inermes y no a las fuerzas militares adversas, es la razón de ser del quehacer político. Solo así acabaremos con la amenaza que se incuba en los brotes de nazifascismo, cuya sombra oscurece el horizonte de una humanidad en trance de agonía.