Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.
Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.
¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?
La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.
El sistema democrático tradicional
Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.
El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.
Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.
Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.
Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.
El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.
Entonces ¿a qué atenernos?
Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.
En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.
En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.
En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.
Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.
No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.
Volvamos a hablar sobre la democracia.
La calidad de la democracia
Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.
Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.
Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.
Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.
¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.
Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.
Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.
Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?
Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.
Cómo retomamos el camino perdido
Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.
Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.
De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.
En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.
En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…
En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.
Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.
En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.
La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.
En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.
Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.
En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.
Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.
Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.
Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.
Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.
En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.
El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.
La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.
El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.
Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.
La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.
El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.
Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.
Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.
Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.
El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.
El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.
Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.
El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.
Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.
Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.
El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.
Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.
Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.
En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa de Costa Rica examina el Expediente Legislativo 25.542, relativo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025.
Como es costumbre en este tipo de trámite legislativo relacionado a un tratado internacional, han sido varias las consultas solicitadas por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa a diversas entidades gubernamentales, académicas, así como a algunas personas. El pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre algunos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.
En lo que concierne posiciones más informadas y críticas con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel, remitimos en particular al criterio enviado por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, así como por el economista Luis Paulino Vargas Solís y otra opinión remitida por quien suscribe estas líneas. Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados son coincidentes en poner en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel (tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales, así como varias cámaras empresariales y los precitados jerarcas de PROCOMER en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026).
Los textos completos de cada uno de los tres criterios pueden ser consultados en los siguientes enlaces:
Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres, de los que no tenemos conocimiento.
El texto enviado por la representante de Palestina explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023.
Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos oficiales de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).
Con respecto a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta se ha dado a conocer en este mismo espacio de SURCOS Digital hace ya más de un año (véase nuestra nota publicada el 12 de agosto del 2025 y titulada “¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?”) y lo remitido a la Asamblea Legislativa no hace más que resumirlas y actualizarlas, a partir de un hecho muy sencillo de corroborar: el Primer Ministro israelí sigue siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente desde noviembre del 2024, para que sea juzgado a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza; al tiempo que Israel (como Estado) enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un procedimiento iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Una situación que ha llevado a muchos Estados a suspender o bien a revisar a la baja sus compromisos comerciales con Israel, en particular los que, al igual que Costa Rica, son Estados Parte a la precitada convención contra el genocidio (y que tienen muy claro los alcances de la obligación jurídica de prevenirlo).
Desde el mes de agosto del 2025, fecha en las que redactamos y publicamos en SURCOS Digital algunas reflexiones con respecto a este TLC, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado. Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial).
Recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto).
Al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene, resultará de interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer a esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».
Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.
La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.
Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.
Cuando las decisiones generan sospechas
Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.
El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.
Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.
Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.
¿Mano dura o reformas democráticas?
Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.
Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.
La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.
El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.
Escuchar el malestar ciudadano
El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.
Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.
Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:
Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.
La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.
La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.
El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.
No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.
Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).
Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.
Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.
No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.
La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!
(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)
UNA Comunica. Aunque Costa Rica cumple 15 meses con una inflación por debajo de cero (deflación), la realidad indica que este panorama no se ha traducido en una mayor actividad económica, tampoco en un costo menor en los créditos que pagan las personas, ni en la generación de nuevas fuentes de empleo.
El II Informe de la situación macroeconómica y proyecciones para el 2026, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), encadena una serie de variables que desde la política monetaria definida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) afectan la actividad económica del país.
A julio de este año, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en -0,28%. Frente a ello, el BCCR mantiene una Tasa de Política Monetaria (TPM) del 3%, luego de meses en que desde distintos sectores empresariales y desde el propio Cinpe se ha solicitado una mayor flexibilización de este indicador al considerarse restrictivo para la economía.
La observación que realiza el Cinpe en este informe es que, aunque la TPM ha venido en descenso, su transmisión es incompleta y poco efectiva hacia las tasas de interés reales que, por ejemplo, pagan los ciudadanos por sus créditos ante el sistema financiero nacional.
Lo anterior deriva de un análisis que revela el mantenimiento de tasas de interés reales alejadas de un valor neutral, “lo cual resulta preocupante, pues está afectando la economía”, advierten los investigadores.
El Cinpe dividió su análisis en dos periodos: uno de enero 2020 a mayo 2023, con un aumento importante en la inflación en la etapa post-Covid; el otro, entre 2023 y 2026 que refleja la actual etapa de deflación.
Para el primer periodo, la Tasa Básica Pasiva (TBP), sobre la cual las entidades financieras calculan las tasas de interés de los créditos que otorgan a las personas, se ubicó en un 0.58%, pero para el segundo periodo de estudio fue el 5.31%; “es decir, un aumento de 4.7 puntos porcentuales entre un periodo y otro, que en términos reales, indican que los costarricenses están pagando un monto sustancialmente mayor por sus préstamos”, advierten.
La investigación determinó que la economía costarricense experimentó un “endurecimiento monetario” de entre cinco y seis puntos porcentuales en términos reales producto de la deflación y por la tardanza en la transmisión de la baja en la TPM a las tasas pasivas y activas de las entidades financieras.
Para el Cinpe-UNA el costo de este endurecimiento se percibe en los niveles de empleabilidad. Muestra de ello es que, mientras el país registraba hasta 2.227.240 personas ocupadas en febrero 2020 (antes de la pandemia), para junio de 2026 la cifra llegó a 2.182.916. Esto, a pesar de que la población en edad de trabajar continúa en crecimiento.
Aunque el porcentaje de desempleo se mantiene bajo (7%), la reducción no se explica por la creación de nuevas fuentes de empleo. Por el contrario, los investigadores lo justifican a partir de una reducción sostenida en la participación laboral que bajó del 60%, en el 2022, a un 54% en el 2026.
Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, el número de ocupados se redujo en 24.057 personas este año comparado al anterior. Dicha contracción, cercana al 10%, evidencia que “la pérdida de dinamismo productivo ha tenido una incidencia importante sobre la contratación laboral”, destaca el informe macroeconómico.
Otros sectores económicos como transporte y almacenamiento (-2.505 personas), actividades financieras y de seguros (-19.880) y actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo (-13.898), también han perdido puestos laborales.
Construcción (14.341 personas), agricultura, ganadería y pesca (2.912) y administración pública y planes de seguridad social (7.874) registran incrementos en ocupación, aunque no compensan a nivel general el resultado final.
A este panorama se agrega la situación del tipo de cambio que ha generado una apreciación del colón respecto al dólar de un 22% entre enero y junio de este año, lo cual se traduce en una pérdida de competitividad para sectores como el exportador y el turístico, que reciben dólares con un valor menor al trasladarlos a colones y la consecuente afectación a los márgenes de ganancia.
El panorama internacional también genera tensiones en este marco de análisis, con presiones inflacionarias que afectan en distintas latitudes, principalmente, por efecto de los conflictos militares.
En este punto, también se refleja la disparidad de la política económica seguida por Costa Rica, donde, con deflación, se ha sostenido una tasa de interés real varias veces superior. “Las economías que enfrentan un problema inflacionario operan con posturas reales menos restrictivas que la economía que enfrenta el problema deflacionario. La prudencia es adecuada, pero debe valorarse en función de las condiciones internas”, señala el estudio.
Correcciones
El Cinpe-UNA considera que se debe procurar una política monetaria que se traduzca en mejores condiciones de crédito para las empresas y los hogares, donde las decisiones sobre tasas de interés lleguen de manera oportuna al costo del financiamiento, sobre todo las del régimen definitivo, que generan la mayor parte del empleo.
Aprovechando la deflación existente, los investigadores apuntan hacia una política expansiva de demanda que reactive sectores claves de la economía, y que se alinee con medidas de eficiencia tributaria. Además, consideran de especial importancia favorecer los encadenamientos productivos entre empresas del régimen de zonas francas con el resto de la economía nacional y potenciar los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en actividades que generen valor agregado.
Hacia el cierre del año, el Cinpe-UNA prevé un crecimiento económico de entre un 3% y un 3.5%, con tasas de interés que oscilan entre el 3.2% y el 3.7% y una inflación en el margen del 0.2% y 0.7%, lo cual devolvería el indicador a terreno positivo, aunque todavía fuera del rango meta de 2% a 4% establecido por el Banco Central.
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.
Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».
El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».
En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».
A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.
El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».
Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.
A Juan Rafael Mora y el general José María Cañas en sus 166 años de su crimen. El 30 de setiembre de 1860. Un luto no se celebra.
Rafael A. Ugalde Quirós Periodista, abogado y notario por la UCR.
El uso de financiamientos opacos expone un evidente injerencismo hemisférico que busca manipular la soberanía y comprar influencia en América Latina.
Revelaciones recientes ponen de manifiesto los mecanismos ocultos detrás de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, desde la Patagonia hasta México, apuntando siempre hacia el mismo norte: la Casa Blanca.
«Acaban de dispararle. Está abatida”. Este mensaje gélido tintineaba en el teléfono de la propia víctima, en manos del argentino Fernando Cerimedo —el asesor estrella de campañas electorales en la región, estratega de algoritmos y redes sociales, e investigado ahora como supuesto autor intelectual del atentado contra su pareja, Nadia Beller, la noche del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, esto, según versión de la fiscalía boliviana.
La joven abogada y política boliviana, deslumbrada por los discursos libertaristas contra un quinto gobierno de Evo Morales en 2019 abandonó entonces sus sueños dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sin imaginarse que siete años después estaría recuperándose de tres balazos con que intentaron acabar con su vida, su hijo en gestación y en medio de una polémica cada vez más confusa.
Dentro del debate actual por su intento de femicidio se cruzan manoseos electorales de la derecha latinoamericana del Departamento de Estado norteamericano y promotor del Escudo de las Américas. Se investiga un sin números de pistas clandestinas controladas por la policía.
Las afirmaciones de Beller por sus redes sociales dejan una serie de dudas sobre todos los triunfos de la derecha en Suramérica, así como en Honduras.
Según ella, su expareja, actualmente detenido en el presidio de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, estaba a cargo de granjas de bots y a algoritmos en Buenos Aires y Bolivia para alterar resultados electorales, inducir a votantes hacia posiciones fascistas y consolidar gobiernos conservadores.
A esto, según Beller, así como periodistas de la zona, se deberían las interrupciones durante los conteos de votos cuando los candidatos de la derecha eran desplazados del primer lugar.
Una vez reanudado el conteo, los candidatos alineados con Washington terminaban ganando los comicios, tal como sucedió en Perú, Honduras, Argentina, Brasil y Colombia, de acuerdo con denuncias publicadas por fuerzas políticas.
Un día después de reventar el escándalo con Cerimedo, las actuales autoridades del Perú ordenaron la destrucción de todas las boletas de las votaciones de 2026.
El escenario se vuelve aún más delicado, luego que parlamentarios bolivianos mostraron documentos presuntamente relacionados con blanqueos de dinero proveniente de droga y corrupción en el actual gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
En el centro de esta tensa situación aparece el ciudadano argentino, señalado como el estratega maestro para ganar elecciones en la región gracias a sus granjas de «bots» y la difusión de «fake news» desde e Bolivia y Buenos Aires.
De esta manera, Cerimedo y su expareja sentimental, la joven abogada boliviana Nadia Beller, se han convertido en figuras claves de esta especie de “Boliviagate”.
Sobre Cerimedo pesan ya cargos de presuntos femicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas y lavado de activos, según reportó el periódico español El País de España en un trabajo del periodista, Caio Ruvenal Rodríguez, desde la ciudad de Cochabamba.
Hay noches que lo cambian todo, y la del 17 de agosto de 2026 fue una de ellas. Frente al exclusivo Swiss Hotel, el peligro se camufló de rutina: dos hombres con chalecos naranjas de repartidor salieron de la penumbra. Lo que vino después quedó grabado en la frialdad de las cámaras de seguridad.
En las imágenes, que hoy revisan la policía y los jueces, se ve el peor de los horrores: una mujer embarazada de unas seis semanas cayendo herida, obligada a contener la respiración en un charco de su propia sangre para salvar su vida.
Beller ganó en 2019 una curul por la izquierda boliviana. Sin embargo, nunca llegó a ejercer el cargo debido a, -según denuncias de la izquierda boliviana-, el golpe de Estado promovido en ese entonces por el Departamento de Estado norteamericano y las oficinas centrales de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Evo Morales.
Hoy en día, a través de sus redes sociales y desde la cama de un hospital, Beller niega rotundamente haber simpatizado alguna vez con el Movimiento al Socialismo (MAS). Explica que su posterior acercamiento al gobierno ultraderechista de Paz Pereira se debió estrictamente a razones técnicas y a su perfil como jurista.
Este acercamiento con el ala derecha del gobierno impulsó a la abogada de 36 años a promover una serie de acusaciones contra Morales por, según dijo, presuntos delitos de corrupción y de integridad física de menores de edad. Sin embargo, esa misma cercanía con las élites, tuvo un costo personal que casi la lleva a la tumba.
Fue en ese entorno donde creyó encontrar el amor de su vida, una relación que, según ha relatado en sus redes sociales, terminó siendo una de las peores pesadillas en su existencia.
Este acercamiento con la derecha del gobierno llevó a esta abogada a declarar su guerra contra Morales y a poner en peligro su propia integridad física.
Según ella – consultar a Beller especialmente en Instagram y Facebook – “Morales había trasgredido la ley también en relación con una supuesta trata de personas”. Cargos estos no comprobados por la justicia,
En uno de los múltiples informes en esas redes sociales critica a las Madres de Plaza de Mayo, por considerar que el exgobernante boliviano no merece ese respaldo por la persecución de que es objeto.
A principio del pasado mes de agosto retomó las acusaciones contra Morales y solicitó al gobierno de Paz la aprehensión inmediata del líder indigenista por nuevos cargos atribuidos por ella, terminando su diligencia con la siguiente frase: “el que a hierro mata, a hierro muere”.
El argentino Fernando Cerimedo -primer plano- junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Cumbre del Escudo de las Américas en marzo pasado (F. Periódico El día)
Ninguna de las afirmaciones y denuncias contra Morales ha sido comprobadas por la justicia boliviana ni los enemigos políticos del dirigente aborigen.
Por el momento, Morales sigue en libertad y empoderado por sus denuncias contra la derecha boliviana, a raíz de las pruebas surgidas contra Cerimedo.
En declaraciones recientes del expresidente en formatos audiovisuales abordó las gestiones de Beller para su captura y desmintió al gobierno de Rodrigo Paz, en el sentido de que Cerimedo nunca ocupó puesto alguno ni representó el Estado.
El presidente Paz, tras las denuncias de Morales, divulgó un video para romper su silencio sobre el caso de Cerimedo. En ese documento aseguró tajantemente que el consultor argentino «jamás tuvo la autorización» para representar a la Presidencia, al Gobierno ni a su familia. No hay ni hubo, dijo, vínculo laboral con el argentino.
“A principio no iba a ir a esa cita, pero Cerimedo me dijo que fuera porque posiblemente era importante”, estas declaraciones de Beller en cuanto superó la anestesia por una intervención quirúrgica de casi cinco horas para salvar su vida, sirvió para que su expareja fuera apresada en el aeropuerto, a punto de volar hacia su natal Argentina.
Condujo igualmente a la policía a allanar un apartamento rentado por el argentino y a encontrar en él valijas llenas de dólares. Localizó además direcciones exactas de las granjas de bots y contactos importantes dentro y fuera de Bolivia.
Fue durante estos vastos cateos que la policía – incluyó también el apartamento compartido con su expareja – dio a conocer la existencia de una billetera digital de criptomonedas con contactos en Estados Unidos y Latinoamérica, así como las huellas digitales dejadas por las remesas enviadas y de qué negocios provenían dichos fondos.
Por investigaciones encabezadas por parlamentarios de oposición al gobierno de La Paz, es que han trascendido nexos entre las enormes cantidades de dinero que manejaba Cerimedo con redes de extorsionistas, contrabando de gasolina, lavado de dinero y transporte aéreo de sustancias que se investigan hacia varios países de la región. Todo en proceso de investigación.
Según el senador opositor, Leonardo Roca, quien aparece actualmente lidereando el rastreo financiero contra el consultor político argentino, hay múltiples y millonarios movimientos en criptomonedas.
A partir de los peritajes forenses, este legislador mostró en sus redes sociales y entrevistas sostenidas con medios bolivianos, un código de billetera virtual que funcionaba como puente hacia una red de otras diez cuentas.
El rastreo, agregó, arroja los siguientes hallazgos principales: La billetera registra transacciones por más de 44 millones de dólaresalo largo de seis meses.
Otras versiones de la bancada opositora señalan un flujo globalizado que roza los 200 millones de dólares.
En la segunda entrega abordaremos qué rastros oscuros hay en cuentas de Fernando Ceremedo y qué representó para el fascismo y la recolonización emprendida por el Escudo de las Américas.
Y en este territorio hay … algo mágico y especial; donde Las Musas arrullan a las madres para parir hijos e hijas brillantes, únicos. Inteligentes, virtuosos, hombres y mujeres de bien, que han de destacar por lo bueno, lo bello, sus valores. Mal haríamos en reducir a San Ramón como un terruño donde sólo han destacado políticos educadores, poetas, artistas, músicos, pensadores y deportistas. No. San Ramón es más que eso. Aquí también ha florecido el amor a la ciencia, investigación y la medicina.
Hoy les hablo de un niño como ustedes, que creció albergando en su pecho grandes sueños. Pero que para alcanzarlos establa claro que se requería disciplina, estudio y fuertes convicciones. Chapotéo en quebradas, persiguió sapos y renacuajos. Transito senderos y horadó montañas desconocidas Escuchó el trinar de las avecillas y miró absorto muchos tipos de insectos y bichos. Nunca dejó de ser curioso y mirar que las plantas, que si bien la mayoría son verdes, eran muy distintas, de variados tamaños, formas, fragancias, así como muchos colores multicolores.
Cursó estudios primarios en su natal San Ramón. Hizo la mayor parte de su secundaria en el colegio Horacio Mann, creado bajo la égida de don Julián Volio Llorente. Combina sus estudios secundarios con trabajar en las diferentes boticas que ya había en San Ramón. Con una aguda inteligencia aprende muy rápido de todo lo que ve. A los 16 años logra inscribirse en el prestigioso Liceo de Costa Rica, en San José, antes de que despuntara el nuevo siglo.
Poco después gracias a su tenacidad, esfuerzo y dedicación que ya muchos veían en él, le es otorgada una beca y parte a estudiar a Europa.
A los 20 años ya es un alumno destacado en París donde luego pasa a la famosa Universidad de Lausana en Suiza; y posteriormente a la universidad de Ginebra. Ávido de nuevos conocimientos también adquiere dominio sobre otras lenguas: francés, inglés, italiano, alemán y latín. Allí va forjando sus inclinaciones e inquietudes científicas. Mostrando un fuerte interés por las ciencias naturales. Particularmente la botánica.
Probablemente en Suiza, muchos de sus frecuentes viajes por veredas y travesías por picos montañosos, en los Alpes, sirvieron para ponerle en contacto con la flora de aquellas latitudes. Así como perfeccionar sus dotes de gran observador. Efectúa varias crónicas de viajes y es un gran traductor de artículos en alemán y en inglés.
De regreso a Costa Rica se destaca por su gran trabajo al lado del gran naturalista y científico Henry Pittier, quien fuese fundador del Instituto Geográfico Nacional (1889) y del Instituto Meteorológico Nacional (abril, 1888) y pionero de la cartografía nacional. También se desempeña como profesor de Ciencias Naturales y profesor universitario en la Facultad de Farmacia y en la Escuela Normal.
Durante esa época ante el autoritarismo y afrentas a la democracia propiciadas por los hermanos Tinoco, se opone a la dictadura y a sus excesos, por lo que es perseguido y cesado de su trabajo.
Tras la caída de la infame dictadura. Empieza a trabajar en el Museo Nacional (fundado en 1887) donde se constituirá como jefe de la sección de Botánica. Para ese entonces, la presidencia de la república ha sido asumida por el ramonense Julio Acosta García, quien depuso a los Tinoco, a los usurpadores del poder.
Durante toda su etapa en docencia destacó por efectuar constantes y frecuentes excursiones. Siempre impulsó en sus estudiantes el espíritu de observación. Tras mirar árboles, tallos, hojas, flores; luego plasmaban lo visto en fieles dibujos.
En esta etapa de su vida, la belleza, misterio y color de las orquídeas, capturan su interés y lo enamoran cada vez más.
Desde la Sección de Botánica del Museo Nacional, siempre que podía hacerlo visita San Ramón y se adentra en las profundidades de sus selvas: vírgenes, húmedas y solitarias. Allí el graznido del pájaro campana era su acompañante y testigo mudo. Conoció Zapotal, El Socorro, La Calera, como pocos, hacía trabajos de campo, desde las riberas del Tárcoles en su desembocadura hasta las fincas de Nicolas Orlich en Piedades Sur.
Cuando se jubila, deja una colección de poco más de 22 000 especímenes en el Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica, en 1944.
Sus estudios botánicos son más conocidos en otros lares que en nuestro propio país. Muchos de ellos dieron origen a diversos medicamentos que salvaron miles de vidas. Su obra sólida y fecunda le han hecho merecedor de múltiples homenajes en diversas partes el mundo.
Los científicos en el mundo siguen investigando en sus colecciones; esta se encuentra en diversos herbarios y jardines del mundo. Penoso es recordar que una de las mayores colecciones de orquídeas recolectadas por don Alberto Manuel Benes se encontraba en el Jardín Botánico de Berlín, que desafortunadamente fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, un pueblo agradecido le erige este monumento, donde aparece una de las plantas estudiadas (cinchona) y que abundaban en las cercanías de Berlín y Llano Brenes. Don Alberto Manuel fallece 18 de mayo 1948.
Hoy en día su nombre y diversas investigaciones suyas aparecen en prestigiosas revistas científicas del mundo.
“Fue enterrado en su pueblo natal en una humilde fosa. Ante sus restos mortales desfilaron en apretadas filas de niños de las escuelas, que cubrían el camino con flores, como el último tributo que rendía la inocencia al máximo investigador de la flora costarricense. Tras el féretro caminaban cabizbajos José Figueres Ferrer, Fracisco J. Orlich, Fernando Valver Vega.” Los dos primeros, beneméritos de la patria.
En 1970, merecidamente fue declarado Benemérito de la Patria.
En 1975 se crea en San Ramón la Reserva Forestal que lleva su nombre. En 1993, con una extensión de 7 800 hectáreas es transformada en Reserva Biológica.
Actualmente dos escuelas llevan su nombre.
Hay un género de orquídeas que lleva su nombre Brennesias
Hay gente que nunca muere. Sólo aquellas como don Alberto Manuel Brenes, que son capaces de dejar una huella profunda, imborrable, imperecedera en su paso por esta tierra, pueden alcanzar la gloria de la inmortalidad y encontrar el camino hacia las estrellas”.
La grandeza de su admirable obra sólo es posible de ser dimensionada por ejemplos como el siguiente: En 1945 gracias a las características geofísicas y ambientales las de San Ramón, que lo convertían en un territorio único, semejante a una especie de Dorado, mítico poblado precolombino, añorado por los conquistadores ibéricos; dos afamados botánicos como Schlechter y Pupulin, encontraron en un solo árbol caído, 504 plantas de orquídeas de 39 especies.
Durante su vida también experimento la envidia y malicia de otros. No se doblegó ante la maledicencia de almas malvadas. Más bien escribió en setiembre de 1922 “Considero a las orquídeas lejos de las perversidades humanas, … mis amigas, tan inofensivas como bellas”.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Un reciente informe realizado por la organización Coffee Watch y titulado «Detrás del ´Pura vida´ de Costa Rica: la amarga experiencia de los y las migrantes indígenas que cosechan el café» detalla en más de 50 páginas, el sistema de explotación laboral al que están sometidos muchos de los recolectores de café indígenas en Costa Rica.
Como bien se sabe, la industria del café costarricense es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, con un café «gourmet» de calidad superior a los demás, que alcanza los primeros puestos en muy diversas latitudes.
Menos conocido es el hecho que han sido reiteradas las denuncias sobre la situación de total indefensión de los recolectores indígenas Ngäbe Buglé cuando vienen para la época de la cosecha del café a Costa Rica, en proveniencia de Panamá.
El informe en breve
Tanto la versión de este informe de Coffee Watch en español como en inglés son de acceso libre y a disposición del público.
Se recomienda su lectura completa y, en particular, las diversas recomendaciones y conclusiones del mismo (ubicables a páginas 46-49 en la versión en español).
De las pocas notas de la prensa costarricense sobre este informe de Coffee Watch, podemos referir a una nota disponible en este enlace de ElMundocr, a esta otra en este enlace del Semanario Universidad. y a esta nota del medio Delfino.cr.
Más allá de la modicidad de la cobertura de la prensa costarricense con respecto al contenido de este informe, la importancia numérica de la migración desde Panamá hacia Costa Rica para la cosecha del café es conocida desde muchos años. En este informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relacionado a la región de Tarrazú, se indica (página 27) que:
«Es importante señalar que la movilidad de esta población sigue el ritmo de la maduración del café: inicia en Coto Brus entre agosto y noviembre, se traslada hacia Tarrazú y el Valle Central de noviembre a febrero, y finalizada la cosecha, las familias regresan a Panamá (Kordick Rothe, 2021). Se calcula que cada año alrededor de quince mil personas Ngäbe-Buglé cruzan la frontera para trabajar en cafetales costarricenses, constituyendo el grupo con mayores índices de migración temporal hacia fincas agrícolas en el país (INDER, 2025). En este proceso influyen diversos factores que impulsan la salida de las personas hacia Costa Rica como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad. Una característica particular de esta migración es que, a diferencia de la nicaragüense, suele realizarse con el núcleo familiar completo (Olguín, citado en OIM, 2023)»
Un «núcleo familiar completo» que migra hacia Costa Rica de manera regular cada cierto tiempo, debería conllevar una política pública de atención mucho más abarcativa e integral por parte de las autoridades costarricenses y del gremio cafetalero, que la de otras migraciones de trabajadores.
Foto de familia indígena en Coto Brus extraída de este enlace sobre un programa de Naciones Unidas del 2017, titulado «Joint Programme to Improve the Human Security of Ngöbe and Buglé Temporary Migrants in Costa Rica and Panama»
Cabe recordar que ya en el año 2016, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR) denunció la situación de muchos de los recolectores Ngöbe Buglé, y se solicitaron informes al Poder Ejecutivo (véanse esta nota de Diario Extra del 02/03/2016 y esta otra nota de ElMundocr).
Desde la perspectiva jurídica internacional, son varias las advertencias que ha recibido Costa Rica como Estado sobre la situación de indefensión de las poblaciones indígenas costarricenses. A esta situación, se suma:
– el hecho que Costa Rica, hasta la fecha, no ha considerado oportuno ser Estado Parte de un convenio internacional de Naciones Unidas que busca precisamente proteger a los trabajadores migrantes y a sus familiares, y;
– el hecho que la agenda de derechos humanos ha venido gravemente desatendida en los últimos años en Costa Rica.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer, desde la perspectiva jurídica internacional, algunas de estas advertencias y hallazgos con relación a la situación que enfrentan los recolectores Ngäbe Buglé, sin olvidar de mencionar valiosos proyectos realizados desde la sociedad civil y desde las universidades costarricenses en aras de paliar los vacíos del accionar gubernamental del Estado costarricense.
Un señalamiento que se añade a muchos más
En julio del 2026, se informó de un manifiesto colectivo de más de 500 organizaciones y personas en Costa Rica exigiendo que cese este sistema de explotación que afecta la vida de los recolectores indígenas y de sus familias: véanse esta nota publicada desde el mismo portal de la UCR, así como esta nota publicada en SURCOSDigital y este artículo publicado en el Tico Times. En este manifiesto colectivo, se lee, entre otros puntos, que:
«Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha».
En una reciente entrevista realizada el 13 de agosto del 2026 por el programa Interferencia de la radio universitaria (véase enlace en Spotify), la directora de Coffee Watch denunció las amenazas recibidas por parte de los investigadores de su organización, que fueron impedidos de continuar su labor de campo en razón de las intimidaciones recibidas (escucharla a partir del minuto 49:20): salvo error de nuestra parte, no se ha conocido de investigaciones con respecto al origen de estas acciones intimidatorias, investigaciones que sería muy oportuno iniciar por parte de las autoridades costarricenses competentes.
Nótese que en el año 2020, en plena epidemia del COVID-19, fueron varias las entidades en exigirle a Costa Rica establecer condiciones mínimas de atención para garantizar la salud y la debida protección de las familias de recolectores Ngäbe Buglé a Costa Rica (véase comunicado publicado en Radio Temblor).
En un artículo publicado el 19 de agosto del 2026, se informó de la muerte de 37 niños indígenas en la única región cafetalera de Los Santos registrada por las mismas autoridades judiciales costarricenses (véase artículo): una investigación más profunda debiera indicar si esta tragedia se ha replicado en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, y cuál es el porcentaje estimado de muertes de niños que son reportadas con respecto a las que no lo son. Reconocer desde ya la ocurrencia de estas muertes debido a graves negligencias del sector gubernamental y cafetalero de la zona e indemnizar, por parte del sector cafetalero, a las familias afectadas, sería un primer paso en la dirección correcta de las autoridades costarricenses. Un primer paso que posiblemente haya que acompañar desde los movimientos sociales costarricenses y si es del caso con el apoyo de los tribunales de justicia, dada la reacción iracunda del Estado costarricense al informe de Coffee Watch, que mencionaremos más adelante: advertimos desde ya a nuestros estimables lectores que se trata de una reacción fúrica raramente observada, lo cual debiera de plantear algunas interrogantes muy válidas.
En esta publicación de Coffee Watch sobre la situación en Brasil, una larga «lista sucia» de más de 3 páginas enlista a los productores de café brasileños detectados, en razón de prácticas sumamente graves en materia laboral, por las mismas autoridades brasileñas (véase páginas 9-12). ¿Existirá en Costa Rica una lista similar?
Como a menudo ocurre en situaciones de emergencia, de abuso o de indefensión, las mujeres son mucho más expuestas que los hombres. En este artículo publicado en el Semanario Universidad por una lideresa indígena, el pasado 30 de julio, se indica que:
«Por eso, cuando hablamos de las niñas y niños Ngäbe-Buglé que trabajan o acompañan a sus familias en las cosechas de café, no estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de historias de vida, de sueños interrumpidos y de derechos que no están siendo garantizados.
También debemos hablar de la situación de las mujeres indígenas trabajadoras. Una compañera relataba recientemente cómo, siendo madre soltera y trabajando en los cafetales, enfrentó situaciones de abuso y vulnerabilidad. Contó cómo un empleador intentó violentarla sexualmente y, al defenderse, recibió como consecuencia la pérdida de su trabajo y de su salario«.
No se ha tenido acceso a algún informe de entidades públicas que trabajan en materia laboral y otras en materia de protección de las mujeres en Costa Rica para saber si han registrado denuncias de recolectoras de café indígenas Ngäbe Buglé.
Estos datos recientes (así como otros muchos menos recientes), revelan que la situación de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas que vienen cada año desde Panamá para la época de la cosecha del café en Costa Rica y el sistema de explotación laboral que impera en algunas fincas, constituyen una persistente problemática en Costa Rica.
Desde ya se sugiere sistematizar en algún trabajo de investigación relatos y testimonios de estos recolectores en cuanto a los abusos de los que son víctimas, tanto como recolectores, como los abusos que sufren los integrantes de sus familias.
Un Estado costarricense inoperante en el campo
No está demás señalar la escasa y casi nula capacidad de fiscalización del Estado costarricense en materia laboral en alguna zonas alejadas de la capital costarricense y sus alrededores.
A modo de ejemplo, esta tesis de grado presentada en el 2024 en la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) fue objeto de un artículo (véase enlace) publicado en el portal de la UCR que interpela a las autoridades y a la sociedad costarricense como tal, al titularse: «Hasta 84 horas de trabajo semanal en bananera de Limón. Condiciones sociales legitiman prácticas laborales ilegales en bananera de Valle la Estrella«.
Adicionalmente al tema de las familias de recolectores de café indígenas Ngäbe Buglé, el caminar por el centro de la capital costarricense (Correo Central-Banco Central-Mercado Central-Teatro Nacional) y ver la cantidad de mujeres indígenas Ngäbe Buglé en situación de mendicidad (usualmente acompañadas de uno o varios menores de edad), recuerda otro grave problema, señalado hace casi 20 años (en el 2007) en este artículo de la prensa panameña: una problemática que pareciera en estado de «desatención persistente» por parte de las autoridades costarricenses.
No está demás remitir a nuestros estimables lectores al informe (véase texto) presentado en el 2022 a raíz de su visita a Costa Rica por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas: su lectura completa se recomienda. La denuncia del experto de Naciones Unidas en cuanto a la existencia de un «racismo estructural» que permea a diversas entidades del Estado costarricense y sus recomendaciones, algunas de carácter urgente, fueron analizadas en su momento: véase nuestra notadel 2022titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Muchas de estas recomendaciones esperan desde entonces ser implementadas por el aparato estatal costarricense, en beneficio esta vez de los derechos de todas las comunidades indígenas costarricenses. El informe del experto contiene a partir del punto 90 conclusiones y recomendaciones a Costa Rica, en las que podemos leer (punto 91) que:
«El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
En el 2023, este voto 24214-2023 de la Sala Constitucional (véase texto) condenó a las autoridades educativas en Paraiso de Chánguena (en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas), ordenando tomar medidas (en el plazo de un mes) para que los estudiantes de tercer ciclo reciban lecciones en su colegio de lengua materna y cultura indígena: la lectura completa de esta decisión se recomienda, al observarse un sinfín de argumentos desarrollados por las autoridades educativas que no convencieron a ningún integrante de la Sala Constitucional. De similar manera, en el voto 3645-2023 (véase texto), las autoridades recurridas tampoco lograron convencer de que su metodología para calcular el nivel de pobreza sí era aplicable a la realidad específica que enfrentan a diario las comunidades indígenas costarricenses. De igual manera el asegurar los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación para una mujer indígena embarazada, fue objeto del voto 34915-204 (véase texto) en el que las entidades de salud recurridas presentaron argumentos muy poco convincentes. Estos y muchos otros casos que llegan a conocimiento del juez constitucional vienen a confirmar que las recomendaciones emitidas desde el 2022 por el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas requieren un seguimiento y una política sostenidas en el tiempo para implementarlas. En cuanto a la limitada capacidad del Estado costarricense para convencer con sus argumentos en materia de derechos de las comunidades indígenas, tuvimos la ocasión de verificarlo en el 2020, con ocasión de una comunicación de la comunidad indígena Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: véase nuestra nota titulada «Comunidad indígena Térraba de Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«.
Volviendo a la problemática específica de los recolectores de café Ngäbe Buglé, en este artículo escrito por una lideresa indígena que desde su infancia ha cosechado café en Costa Rica, titulado «¿Cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?» y publicado el pasado 5 de agosto en el medio Delfino.cr, se lee en sus conclusiones que:
«Mientras la vida de un solo niño o una sola niña Ngäbe-Buglé siga estando en riesgo durante la migración cafetalera, ninguna cifra, ningún fondo y ningún comunicado podrán responder a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña Ngäbe-Buglé?»
Un persistente lunar en materia de derechos humanos que debería interpelar a la sociedad costarricense
Costa Rica se presenta usualmente ante el mundo como el Estado que ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Con relación a un instrumento internacional de Naciones Unidas que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado costarricense a dotarse paulatinamente de mayores controles sobre la situación laboral en algunos sectores de la economía costarricense, un instrumento de Naciones Unidas existe desde 1990, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: se trata de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» (véase texto completo).
Desde 1990, la instrucción interna del Poder Ejecutivo al Embajador de turno de Costa Rica en Naciones Unidas (Nueva York) para que firme en nombre del Estado este tratado multilateral … espera. ¿Como así? Como se lee.
El estado oficial de ratificación de este tratado de 1990 (véase enlace oficial de Naciones Unidas) indica que casi toda América Latina lo ha ratificado, con excepción de Brasil, Costa Rica, Haití y Panamá. En el caso específico de Costa Rica, se trata de un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento en materia de derechos humanos de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación en el ámbito nacional.
Esta ausencia de Costa Rica es aún más llamativa tratándose de migrantes que viajan con todo el núcleo familiar cuando proceden de las comarcas indígenas de Panamá y se trasladan para la época de la cosecha del café en Costa Rica:
– en el 2020, en sus recomendaciones al informe presentado por Costa Rica, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano de supervisión y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó a Costa Rica (véase observaciones finales, punto 49) que:
«49. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the fulfilment of children’s rights, consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, to which it is not yet a party«.
– en el 2023, el Comité CEDAW (Comité sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas), en sus observaciones finales al informe oficial presentado por Costa Rica (véase texto) señaló de igual manera (punto 53) que:
«53. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida, por lo que lo alienta a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es Parte».
No obstante, estas y muchas otras excitativas recibidas por parte de Costa Rica, a la fecha de hoy (1ero de septiembre del 2026), permanece sin tan siquiera haber firmado este instrumento multilateral.
Cabe precisar que los trabajadores migrantes, sea en situación regular o irregular, se encuentran en muy diversos sectores de la economía costarricense.
Como señalado anteriormente, una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2024 exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras.
¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)?
Un informe de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de muchos de sus trabajadores. Esta nota del 2023 indica que la situación persiste en las plantaciones de piña costarricenses.
Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que se noten mejorías notorias en las condiciones de trabajo, y sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
Con ocasión del día internacional de los derechos humanos en diciembre del 2024 habíamos tenido la ocasión detallar el abandono paulatino de la agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica observada en los últimos años: remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra, titulada: «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada».
De algunas iniciativas sumamente valiosas
Con respecto a las condiciones específicas relacionadas a la atención y al trabajo de las poblaciones Ngäbe Buglé que vienen a Costa Rica para época de la cosecha del café, han sido diversas las iniciativas, en particular desde el sector de la sociedad civil y universitario, para intentar mejorar esta situación.
A esta iniciativa de la Escuela de Comunicación de la UCR referenciada en el año 2008 (véase enlace), han surgido muchas otras, sin lograr del todo impactar realmente al sector cafetalero como tal.
En el 2018, este proyecto de vivienda temporal realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (véase enlace) buscaba proponer un conjunto de vivienda temporal y de espacio de cuido para los trabajadores Ngäbe Buglé y sus familias en una finca de Coto Brus.
La CCSS por su parte, gracias a la iniciativa del Doctor Pablo Ortiz Rosés, logro implementar un exitoso programa de atención médica a las poblaciones indígenas en la región de Coto Brus: en el 2024, con ocasión de su sentido fallecimiento, este texto escrito en homenaje al Doctor Ortiz, recuerda su valioso aporte.
En el 2022, este proyecto universitario (véase enlace) buscó enriquecer desde un enfoque intercultural la medicina convencional con los aportes de la medicina tradicional de la población Ngäbe Bugle.
Hace unos años, una tesis de la Facultad de Arquitectura de la UCR propuso al gremio caficultor costarricense un modelo de construcción de albergues que asegurasen a estas poblaciones indígenas un espacio más acorde con su cultura y con su cosmovisión durante los meses en los que recogen café en Costa Rica: véase enlace del mismo portal UCR del 2021 titulado «Innovador asentamiento mejoraría las condiciones laborales de la población Ngäbe en la caficultura. La propuesta se presentó como un trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura«.
No obstante estas y muchas otras iniciativas desde la sociedad civil costarricense y desde el sector académico, lo cierto es que el precitado informe de Coffee Watch viene a poner en evidencia la falta de interés por parte del Estado y del mismo gremio cafetalero con respecto a la situación laboral de los recolectores de café Ngäbe Buglé.
La reacción del Estado costarricense al informe de Coffee Watch
En una respuesta (véase texto) a algunas reacciones furibundas de autoridades gubernamentales y de algunos sectores productivos costarricenses, en particular este inusual comunicado del 7 de agosto suscrito en nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la dirección de Coffee Watch expresó que:
» Rechazamos respetuosamente la sugerencia de que Coffee Watch busca perjudicar al café costarricense o explotar a las comunidades vulnerables.
Nuestra organización ha publicado informes sobre abusos en múltiples países, como China, México, Brasil, Vietnam y Colombia, y ha cuestionado a algunas de las empresas cafetaleras más grandes del mundo, ninguna de las cuales tiene su sede en Costa Rica. Nuestro compromiso de impulsar que la industria cafetalera se vuelva ética es global.
Nuestros objetivos clave en nuestro informe «Detrás de la “Pura Vida” de Costa Rica: La amarga explotación de los(as) migrantes indígenas que cosechan café» son: apoyar a los(as) trabajadores(as) de las fincas cafetaleras, fortalecer las protecciones para las personas que trabajan en el sector del café, hacer que el café sea más sostenible y fomentar la transparencia —objetivos que creemos que Costa Rica comparte».
Resulta sumamente insólito leer en un comunicado de entidades del Estado costarricense expresiones tendientes a desacreditar y a desprestigiar a una entidad como Coffee Watch. La verdadera «arremetida» a la que hace alusión el titular de este artículo del Semanario Universidad sobre la reacción oficial de las tres precitadas entidades del Estado costarricense al informe de Coffee Watch pone en evidencia el profundo malestar que ha generado este informe.
A modo de conclusión
Más allá de amplios sectores de la economía costarricense que se benefician de un sistema de indefensión que muchas veces se materializa en un sistema de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular (y ello desde muchos años), este nuevo informe de una organización como Coffee Watch debería servir de base para entablar una discusión en aras de alcanzar soluciones con el sector cafetalero costarricense, y en particular con las cooperativas de café de las zonas señaladas. Ello en aras de sancionar a los agremiados cuyas fincas se prestan para mantener un sistema de explotación laboral al que someten a personas de la comunidad Ngäbe Buglé y a funcionarios del Estado costarricense (que, al parecer, no se percatan de nada anormal al visitar las fincas cafetaleras).
El tildar de «tendencioso» este reciente informe de Coffee Watch y considerar como «narrativas irresponsables» su contenido (dixit el comunicado conjunto MAG-MTSS-ICAFE del pasado 7 de agosto) y concluir que no es necesario atender sus recomendaciones, no puede sino contribuir a dañar la imagen de Costa Rica en el mundo del café, y de paso afectar la imagen de todo el sector cafetalero como tal: un sector en el que sí existen productores y cooperativas que logran albergar a estas poblaciones indígenas en condiciones dignas con sus familias, y que respetan la legislación laboral aplicable.
Ya en el 2014, se podía leer en las conclusiones de esta muy completa investigación conjunta FLACSO-OIM y titulada » La travesía laboral de la población Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: Características y desafíos» que (página 100):
«Uno de los problemas observados en el estudio se relaciona con las formas de reclutamiento laboral, sometidas a mecanismos y prácticas propios de la informalidad, por una parte, y que también derivan en costos y riesgos que pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos en conjunto, pero de cada uno de los sujetos que los integran, en particular. La existencia de estos mecanismos de reclutamiento y contratación, al margen de la supervisión de los Estados costarricense y panameño, puede conducir, en algún momento, si no es que es que ya están presentes, a la imposición de prácticas laborales no deseables y otras formas de explotación o sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena».
Al ser la tendencia actual del mercado mundial la de una mayor sostenibilidad y la de un mayor respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y al observarse cada vez más curiosidad por parte del consumidor con respecto a las condiciones del campo en el que se produce un producto (cual sea el producto importado), resulta innecesario señalar que este reciente informe de Coffee Watch constituye una nueva advertencia: una de varias anteriores, que bien podría (así como otros informes similares) empezar a interesar a órganos internacionales de derechos humanos (sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel interamericano) así como a las asociaciones internacionales de consumidores sobre comercio justo y equitable en algunas otras latitudes, en las que se sigue apreciando y cotizando a un alto valor una taza conteniendo café costarricense.
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