«La tierra no se divide con fronteras, se multiplica con memorias.» — Laureano Albán, poeta guanacasteco
Cada 25 de julio, Costa Rica celebra lo que llama la “Anexión del Partido de Nicoya”. Pero las palabras, como las memorias, tienen historia. En los documentos originales de 1824 nunca aparece el término anexión. Se habló de unión, de agregación, de incorporación (Rodríguez Espinoza, 2015). El vocablo llegó después, importado por diplomáticos como Felipe Molina, influido por la moda política de Estados Unidos tras la anexión de Texas en 1845 (Pizarro Zelaya, 2024). Llamar “anexión” a lo que fue un proceso de incorporación pacífica es una contradicción que revela cómo el relato oficial se construyó en oposición a Nicaragua, invisibilizando los vínculos que nos unen (Sibaja, citado en Pizarro Zelaya, 2024).
Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste fueron durante siglos parte de la Intendencia de Nicaragua, bajo el Obispado de León (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). Sus poblaciones, sus fiestas, sus cantos y sus comidas son testimonio vivo de esa raíz nicaragüense que aún late en la cultura guanacasteca. Costa Rica misma fue colonizada en parte por migraciones de criollos nicaragüenses, que trajeron trabajo y esperanza (Rodríguez Espinoza, 2015). El oro de los montes del Aguacate permitió la acumulación originaria de capital, que luego se consolidó en los cafetales del Valle Central. La sangre que dio forma a la nación costarricense es también sangre nicaragüense.
El acta del 25 de julio de 1824 fue firmada por 25 personas, casi la mitad de ellas pertenecientes a la familia Viales Briceño. Representaban a unos 4.500 habitantes del Partido de Nicoya (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). No fue un acto único ni definitivo: el proceso se ratificó en varias ocasiones entre 1825 y 1838, se reafirmó en el Tratado Cañas–Jerez de 1858 y culminó con la delimitación fronteriza de 1900 (Rodríguez Espinoza, 2015; Pizarro Zelaya, 2024). Siete décadas de negociaciones y disputas que hoy se reducen a una palabra que nunca existió en los documentos originales.
La identidad nacional costarricense se ha narrado muchas veces en oposición a Nicaragua. Felipe Molina describía a Nicaragua como un territorio “anarquista”, mientras exaltaba a Costa Rica como tierra pacífica (Molina, 1851). Esa visión permeó discursos oficiales y libros escolares durante más de un siglo. Pero la memoria histórica nos recuerda que Nicoya sí pertenecía a Nicaragua, y que negar esos vínculos es negar parte de nuestra propia raíz (Rodríguez Espinoza, 2015).
Hoy, cuando los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen profundizar sus confrontaciones políticas, es más necesario que nunca recordar que los pueblos no son enemigos. La memoria compartida de Nicoya nos recuerda que la frontera no es un muro, sino un puente. Que las familias, las tradiciones y las luchas sociales han estado siempre entrelazadas. La resistencia en las calles —las celebraciones, las marchas, las voces que reclaman dignidad— debe acompañarse de una resistencia ideológica que reivindique que la justicia y la integración regional no son amenazas, sino caminos posibles. Frente a los zarpazos antisocialistas que buscan deslegitimar estas ideas llamándolas “terroristas”, debemos afirmar que lo que se persigue es una verdadera liberación económica y social (Albán, 1990).
El 25 de julio no debe ser solo una fecha de orgullo regional, de fiestas y gritos de alegría, sino también un recordatorio de la hermandad histórica entre Costa Rica y Nicaragua. Nicoya, esa Nicaragüita es memoria compartida, raíz nicaragüense y corazón costarricense. Celebrar su incorporación es celebrar la posibilidad de que los pueblos, más allá de las fronteras y de las disputas políticas, puedan reconocerse en su historia común y construir juntos un futuro de justicia y dignidad.
El gallo pinto y la cuajada son más que alimentos: son símbolos de una raíz compartida que no reconoce fronteras. En las mesas de Guanacaste y de Rivas, en las cocinas de Nicoya y de León, el mismo aroma de frijoles y arroz mezclados con manteca y culantro se levanta como un canto cotidiano de unidad. La cuajada fresca, moldeada en manos campesinas, es la misma en Costa Rica y en Nicaragua, y su sabor recuerda que la leche y la tierra no entienden de límites políticos.
Estas comidas son memoria viva, ética de lo sencillo y humanidad que se transmite desde la raíz: pueblos originarios que habitaban la región como uno solo, compartiendo maíz, cacao y sal, mucho antes de que existieran fronteras. Así, cada bocado de gallo pinto es también un acto de resistencia contra la división, un recordatorio de que la cultura se multiplica en la mesa y que la dignidad de los pueblos se alimenta de lo que comparten.
Referencias
Albán, L. (1990). Poemas de la tierra compartida. San José: Editorial Costa Rica.
Archivo Nacional de Costa Rica. (1824). Actas del Partido de Nicoya. San José.
Molina, F. (1851). Bosquejo histórico de Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
Pizarro Zelaya, A. (2024). La palabra “anexión” y la construcción de la identidad nacional. Universidad de Costa Rica.
Rodríguez Espinoza, A. (2015). La incorporación del Partido de Nicoya: revisión de fuentes primarias. Universidad Estatal a Distancia.
Sibaja, L. F. (2024). Entrevista citada en Pizarro Zelaya, A. La palabra “anexión”. UCR.
El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».
El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.
Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.
El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».
El llamado de Iván Cepeda a promover un proceso de desobediencia civil pacífica marca uno de los momentos más delicados de la política colombiana desde la Constitución de 1991.
Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda generar, la importancia del anuncio radica en que introduce una discusión de fondo: ¿qué puede hacer una oposición cuando considera que existen graves dudas sobre la legitimidad política de un nuevo gobierno, aunque reconozca la legalidad formal del resultado electoral? Esa es la pregunta que Cepeda intenta responder al invocar una tradición histórica de resistencia no violenta.
La desobediencia civil desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela es una forma extraordinaria de acción colectiva cuando los mecanismos institucionales son insuficientes para proteger principios fundamentales.
No constituye una invitación a la violencia ni una ruptura del orden constitucional, sino un recurso propio de las democracias cuando sectores significativos de la ciudadanía consideran que las instituciones han dejado de ofrecer garantías suficientes para la defensa de derechos y principios compartidos.
Es patente que América Latina atraviesa una nueva fase de confrontación internacional caracterizada por la creciente competencia entre grandes potencias, la Doctrina Monroe y su Corolario Trump de nueva imposición política a mano armada, el uso intensivo de tecnologías digitales en los procesos electorales, campañas de desinformación y renovadas formas de influencia externa sobre las democracias latinoamericanas.
Desde esta perspectiva, Colombia se convierte también en escenario de disputa geopolítica, como Bolivia, Venezuela y Cuba dramáticamente.
Pero el debate no es solo quién tenga razón en la coyuntura inmediata. También es necesario preguntarnos cómo responden las democracias cuando la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad política de sus instituciones.
En Colombia, el 30,7% de la votación se expresó por el Pacto Histórico de Cepeda, frente al 31,3% del derechista y ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, y una proporción aún mayor del electorado, el 36%, se abstuvo.
Está claro que la historia latinoamericana demuestra así que estamos ante una polarización cada vez más difícil de contener.
La apuesta por formas explícitamente no violentas de movilización adquiere entonces una relevancia particular.
La tradición de la desobediencia civil pretende trasladar el conflicto desde la confrontación física hacia la deliberación pública, los tribunales, la organización social y la presión ciudadana.
Colombia enfrenta así un desafío que trasciende a sus protagonistas inmediatos.
La capacidad de procesar desacuerdos profundos dentro de las reglas constitucionales será decisiva no solo para el futuro político del país, sino también para una región donde las disputas geopolíticas internacionales vuelven a entrelazarse con las tensiones propias de democracias intensamente polarizadas.
“¡Iván Cepeda llama a la desobediencia civil! ¿qué significa y por qué lo hace?”, en Canal Magenta Radio con William López, 1 de julio de 2026. https://youtu.be/8DEdLqVZFLA?si=jvKLDC0-N6HEUJHX
El grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano tiene, necesaria y obligatoriamente, que someterse al mandato constitucional de ratificar o no la lista de candidatos a magistrados suplentes que remitió la Corte Suprema de Justicia, para que así procedieran. No tienen otro camino.
La Constitución Política que regula este nombramiento no da márgenes para que la presidenta de la Asamblea Legislativa rechace la lista que la Corte envía.
Tampoco da margen para que ellos, como fracción parlamentaria de un partido político, aunque sea el que ganó las elecciones nacionales a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, pueda proponer una lista alterna, o sugerir algunos nombres para que se les considere como elegibles. Sencillamente se debe someter la lista de los candidatos a magistrados suplentes a los diputados para que la ratifiquen.
Esto se debe al procedimiento interno, que para este caso, de la elección de los magistrados suplentes, solamente la Corte Suprema de Justicia, puede proponer esa lista. Para su elaboración la Corte Suprema de Justicia, ha evaluado y valorado los atestados personales, profesionales, académicos, laborales, a las personas, abogados y notarios, juristas, para proponerlos como magistrados suplentes y presentarlos para el trámite legislativo de su “ratificación” la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.
Para elegir un Magistrado Propietario o Suplente se requieren 38 votos de diputados a favor. Técnicamente para elegir a los magistrados suplentes que propone la Corte se requieren los mismos 38 votos de diputados. En el conjunto legislativo el Partido de gobierno Pueblo Soberano tiene 31 y los otros partidos en su conjunto 27. Para no elegir un magistrado que ya lo es pero que se presenta para su reelección igualmente se requieren 38 diputados que lo rechacen o voten en contra de su reelección.
Los Poderes Públicos, como es el caso del Poder Judicial, deben trabajar a derecho, con todos los funcionarios que la Constitución Política establece que deben dirigirlos. Su trabajo no puede ser obstaculizado, obstruido ni impedido de ejecución porque un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa, como es el caso del grupo de diputados del Partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, entorpecen su trabajo, lo sabotean, lo obstaculizan, lo lesionan, lo impiden y traban en la práctica.
Con esta actitud y comportamiento político los diputados del partido Pueblo Soberano, y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, están cometiendo el delito de sedición, el acto criminal de rebelarse contra la autoridad establecida y constituida en el orden público costarricense que tiene el Poder Judicial.
El grupo de diputados del partido Pueblo Soberano actúa como una banda delictiva, que actúa colectivamente, en grupo, en forma tumultuosa, alterando el orden público, impidiendo por la fuerza de su comportamiento la ratificación de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que sin su ratificación se impide y entraba el funcionamiento del Poder Judicial. Con ese acto de esos diputados se está alterando el orden público, sin buscar el derrocamiento del gobierno ni incitando, por ahora, a una rebelión, pero sí creando las condiciones de anomia política en el país, de caos institucional y de los poderes públicos, que permita justificar al Poder Ejecutivo lo que ha venido proclamando de impulsar un estado de excepción, un estado de sitio, una suspensión de garantías individuales, y de provocar a la vez la posibilidad de poder gobernar a la fuerza, sin controles administrativos, políticos y judiciales.
El acto de sedición que están provocando es el de impedir por la fuerza de ese comportamiento legislativo la aplicación de las leyes y entorpecer el trabajo y funcionamiento del Poder Judicial.
La sedición aquí está caracterizada por el entorpecimiento del orden y del funcionamiento de las autoridades judiciales para que ejerzan su función. Así están provocando una subversión del funcionamiento de la institucionalidad judicial. Los diputados del partido Pueblo Soberano están realizando un alzamiento colectivo, encabezado por ellos, de forma violenta, contra la autoridad Judicial, contra el orden político del país, contra la estructura e independencia de los Poderes Públicos.
Con su actitud están tratando de fortalecer la imagen pública, resquebrajada y el irrespeto institucional que el Poder Ejecutivo, desde el gobierno anterior y con el actual, han impulsado contra el Poder Judicial, contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus presidente y sus magistrados.
El comportamiento delictuoso de los diputados de Pueblo Soberano se orienta a quebrar toda la institucionalidad política nacional y de crear las condiciones subjetivas y objetivas para imponer un gobierno de facto, de hecho, al margen de toda la constitucionalidad y legalidad posible.
El comportamiento político de los diputados de Pueblo Soberano, y de los desplantes autoritarios de la presidenta Legislativa, se orientan a provocar el desorden público, se mueve a la convocatoria de personas que propicien un levantamiento público, en su favor obviamente, contra la institucionalidad democrática nacional.
Impulsan que las autoridades judiciales no puedan tomar decisiones, no puedan trabajar. Impulsan obstaculizar su trabajo, que no se apliquen norman, que se paralicen servicios públicos, como el Judicial.
El comportamiento de los diputados del partido Pueblo Soberano está llamando al caos, a las acciones violentas, físicas y verbales. Está convocando subliminalmente a la sublevación de la población contra el Poder Judicial, contra las autoridades judiciales y la paz social, y con ello contra el equilibrio e independencia de los Poderes Públicos.
La sedición en marcha de estos diputados es el acto criminal de su rebelión al rechazar ad-portas, y negarse a presentar al Plenario Legislativo, la nómina de candidatos propuesta por la Corte Suprema de Justicia, para que sean ratificadas las magistraturas suplentes que se están poniendo al trámite legislativo para su aprobación, y asegurar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Es un acto claro y directo contra la autoridad establecida constitucionalmente del Poder Judicial. Si se quiere también es un acto sedicioso contra el Gobierno Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso sedicioso de estos diputados está entorpeciendo el funcionamiento del orden público.
De continuar en su actitud los diputados sediciosos de tratar de arrogarse la soberanía, que reside en la Nación, en el Pueblo, se acercan a cometer el delito de traición a la Patria, y si asumen o se arrogan esa representación popular realizan el acto de la sedición.
Una prueba de fuego le ha sido puesta en bandeja de plata a toda la Asamblea Legislativa. La excelente Magistrada de la Sala Segunda, la Dra. Julia Varela, por razón de vencimiento de su nombramiento en setiembre, ha puesto su nombre para la reelección en el cargo de Magistrada.
Tiene constitucionalmente el derecho de reelección. Así lo ha solicitado a la Asamblea Legislativa., con orgullo profesional y laboral ampliamente reconocido.
La Presidencia de la Asamblea Legislativa no puede rechazar su solicitud. Tiene que darle trámite para su posible reelección. En su caso pueden presentarse otros candidatos, incluidos candidatos del partido Pueblo Soberano, entre los cuales se escogería al Magistrado Propietario por un nuevo plazo de ocho años. Para nombrar un nuevo magistrado se necesitan 38 votos y para impedir la reelección también se necesitan 38 votos.
La elección de los magistrados suplentes y la de los propietarios son dos tipos diferentes de elección. ¿El comportamiento sedicioso de los diputados se manifestará contra la Magistrada Julia Varela?
En la Navidad de 1991, disuelta la Unión Soviética, la bandera tricolor reemplazaba, por primera vez, la de la hoz y el martillo en el mástil del Kremlin. Un estremecimiento político recorría el mundo. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios cambios políticos del siglo pasado acababa de ocurrir. Desaparecida la Unión Soviética, Mijail Gorbachov entregaba a Boris Yeltsin la conducción del Estado. Era difícil –imposible, diría yo–, vislumbrar los detalles, las consecuencias, de las transformaciones que venían ocurriendo desde hacía ya por lo menos un par de años en el mundo. El fin mismo de la Unión Soviética parecía, hasta hacía muy poco, algo inconcebible.
Del otro lado del Atlántico, un viejo diplomático, George Kennan, que había sido embajador de Estados Unidos en la URSS por un corto período en 1952, al final del gobierno de Stalin, una mente profundamente vinculada al mundo de la Guerra Fría, particularmente aguda en su visión sobre el mundo que nacía, hacía graves advertencias.
Kennan era crítico del gobierno ruso, pero tenía una gran simpatía por el pueblo ruso. Hablaba el idioma, vivió en el país en más de una oportunidad antes de ser embajador.
Dos grandes alianzas sobrevivían al final de la Guerra Fría, decía Kennan: el Tratado del Atlántico Norte y el Tratado de Seguridad con Japón. La mayor parte de los objetivos de esos tratados dejaron de tener sentido con la desaparición de la Unión Soviética. Deben ser revisados, afirmaba Kennan en Around the Cragged Hill(Nota 1), publicado en Nueva York en 1993, dos años después de ese evento.
Kennan reflexionaba sobre la posibilidad de un conflicto nuclear, sobre una eventual guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Advertía que cualquier guerra entre las grandes potencias sería suicida. ¿Cuál sería el propósito de esa guerra, o el propósito de prepararse para ella?
El arma nuclear es, en realidad, un arma inútil, por lo menos para cualquier propósito racional, incapaz de servir para cualquier propósito militar coherente. Sin embargo, es una amenaza para la civilización, en general, decía.
Estaba esperanzado de que la decisión del presidente George Bush, de reducir de manera significativa el arsenal norteamericano, anunciada en septiembre de 1991, respondida de igual manera por Gorbachov, fuera solo el inicio de un proceso de desarme. Abogaba por una estructura de seguridad que respondiera a esa nueva realidad. Una estructura que debía ser europea.
No era una posición nueva. Ya en 1948, al crearse la OTAN, Kennan se manifestó contrario a la participación de Estados Unidos. Con el fin de la Unión Soviética insistía en que Estados Unidos no solo no debería ser miembro de esa nueva estructura, sino que debería retirar sus fuerzas estacionadas en Europa.
Pero reconocía que la nueva realidad no implicaba necesariamente la disolución de la OTAN. Que, eventualmente, el tratado que la creó seguiría vigente y Estados Unidos seguiría siendo miembro. Expresó, sin embargo, su esperanza de que “no fuera una alianza contra ningún país determinado, sino la expresión de un interés por la seguridad y prosperidad de todos los países de Europa”.
El mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría
En su diario, editado en 2014 por Frank Costigliola(Nota 2), Kennan vuelve sobre el tema. Es un libro de más de 700 páginas, organizado desde 1916 hasta 2004, cuando Kennan cumplió cien años.
El 4 de enero de 1997 escribía desde Princeton: no acostumbro a hacer predicciones. Pero en esa oportunidad se atreve a hacer una. Clinton iniciaría su segundo mandato, con la agresiva Madelaine Albright como Secretaria de Estado, cuando aprueba la expansión de la OTAN hacia el este, contradiciendo lo conversado, menos de una década antes, con Gorbachov.
“Al admitir a Polonia, Hungría y la República Checa en la OTAN –dijo entonces el presidente Clinton– “estamos más cerca que nunca de hacer realidad el sueño de una generación: una Europa unida, democrática y segura por primera vez desde el surgimiento de los Estados-nación en el continente europeo”.
Los rusos no van a reaccionar de manera sabia, ni moderada, a la extensión de la OTAN hacia sus fronteras, dijo Kennan en su diario. “El decidido compromiso de nuestro gobierno para empujar la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas es el mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría”, aseguró.
“He tratado, por todos los medios, de encontrar una razón para ese colosal error y no he podido encontrar ninguna”. Esto traerá una trágica e innecesaria división entre el Este y el Oeste, desatando una nueva forma de Guerra Fría. Además, Rusia desarrollará sus relaciones hacia el Oeste, especialmente con Irán y China, para formar un sólido bloque militar antioccidental y enfrentar las aspiraciones de la OTAN de dominar el mundo. ¡Eso dicho hace 30 años!
Finalmente, se lamenta: “En la insistencia de hacer esa cosa tan insensata he visto el fracaso definitivo del esfuerzo al que he dedicado gran parte de mi vida: encontrar un espacio razonable de entendimiento y simpatía entre el gran pueblo ruso y el nuestro. Pero ¡cuán viejo estoy! ¡Cuán débil! ¡Cuán impotente!”
Volvió a advertir sobre el grave error que se estaba cometiendo en un artículo –A fateful error– publicado en el New York Times, el 5 de febrero de 1997. “Aquí está en juego algo de la mayor importancia. Y quizá no sea demasiado tarde para plantear una opinión que, creo, no es solo mía, sino que la comparten otras muchas personas con una amplia experiencia –y, en la mayoría de los casos, más recientes– en asuntos rusos. Dicha opinión, dicho sin rodeos, es que la ampliación de la OTAN sería el más fatídico error de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría”.
Cabe esperar –agregó– “que una decisión de este tipo avive las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión pública rusa; que tenga un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa; que restablezca la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones entre Oriente y Occidente; y que empuje la política exterior rusa en direcciones que decididamente no nos agradan”.
En julio del 97 Kennan viajaba por Europa y publica en su diario su desacuerdo con la decisión de la OTAN, en una reunión en Madrid, de aceptar a Polonia, la República Checa y Hungría en la organización.
¿Cómo tomarán esto los rusos?, se pregunta. ¿Para qué misión esos nuevos miembros de la OTAN tienen que estar tan bien armados? ¿Cómo se puede acomodar eso a las seguridades dadas a los rusos de que no debían preocuparse, de que la extensión de las fronteras de la OTAN hacia el este no tenían implicaciones militares?
“Estoy desolado por lo que está pasando. No veo otra cosa que una nueva Guerra Fría que probablemente terminará en una caliente y el fin del esfuerzo por lograr una democracia funcional en Rusia. Veo un total, trágico y absolutamente innecesario fin de una relación aceptable de ese país con el resto de Europa”.
El artículo tuvo enorme repercusión y sigue siendo objeto de reflexión hasta hoy. En abril del año pasado, Ian Proud, exdiplomático británico, consejero económico en la embajada británica en Moscú entre julio de 2014 y febrero de 2019, publicó un largo comentario sobre el texto de Kennan: “Errores fatídicos. Porque los líderes de la OTAN debían haber oído a George Kennan en 1997”.
Proud hace referencia al discurso de Putin en la Conferencia de Seguridad de Munich (a la cual Rusia ya no es invitada), el 10 de febrero de 2007. “Es obvio que la ampliación de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la alianza, ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, representa una grave provocación, que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntarnos: ¿contra quién va dirigida esta ampliación?”, se preguntó entonces Putin.
Proud recuerda que, al año siguiente, en 2008, en la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest, se discutió la idea de incorporar, algún día, a Georgia y Ucrania.
La OTAN siguió expandiéndose hacia el este: Bulgaria, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, los países bálticos, Finlandia, Suecia.
Prepararse para la guerra
¿Sabrá Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quién era Kennan? ¿Lo sabrán el presidente Macron, el canciller Merz, o el mismo Marco Rubio?
Volvamos a las ideas de ese notable diplomático norteamericano, muerto hace ya 21 años, en marzo del 2005, nacido en Milwaukee en febrero de 1904. Ayudan a pensar el presente, cuando la OTAN está empeñada en una guerra contra Rusia, cuyas consecuencias no se pueden minimizar.
Kennan proponía la reorganización de la seguridad europea sin Estados Unidos, una nueva alianza que no estuviera dirigida contra ningún país, sino que fuera la expresión de un interés por la seguridad y prosperidad de todos los países de Europa. Me parece que estaba pensando en una Europa del Atlántico a los Urales. Una idea de la que ya había hablado Charles de Gaule, retomada en 1989 por Gorbachov, cuando habló de la “casa común europea”, en un discurso ante el Consejo de Europa.
El mundo tomó otro rumbo y hoy, 35 años después, está tan lejos de lo que proponían que se hace difícil imaginar cómo sería una Europa que hubiese avanzado en la dirección sugerida por Kennan.
Ausente toda iniciativa diplomática, las relaciones de Occidente con Rusia están hoy casi exclusivamente en manos de un organismo militar como la OTAN. Es el único lugar donde Estados Unidos, Canadá y Europa hacen frente a las cuestiones más apremiantes de nuestra seguridad, dijo Rutte, en un artículo publicado en la víspera de la cumbre celebrada por la OTAN en Ankara, el 7 y 8 de julio pasados. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Quiénes son sus enemigos? El único país mencionado en la Declaración de Ankara es Rusia.
El año pasado la OTAN gastó cerca de 20 por ciento más en defensa que el año anterior. 258 mil millones de dólares, en 2025 y 2026. Trump ha presionado a los europeos para que aumenten sus gastos militares hasta un cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Una verdadera fortuna, que la mayor parte de los países europeos no está en condiciones de invertir, aun recortando los gastos sociales, sin pagar un costo político.
¿Atacar Europa?
En Ankara, los líderes de la OTAN anunciaron decenas de miles de millones de dólares de nuevos contratos con empresas de Europa y Norteamérica para financiar el rearme europeo.
Una OTAN 3.0 –como la definen ahora–, no tan dependiente de los Estados Unidos. La idea es que parte de la producción y mantenimiento del armamento de origen norteamericano sea traslada a Europa.
Supone que Europa asuma una mayor parte de la carga de su defensa convencional y que Estados Unidos se haga cargo de las operaciones de “rescate”, cuando haga falta, dijeronSteven Erlanger y Lara Jakes en un artículo publicado en el NYT, el pasado 7 de julio.
La Alemania conservadora de Merz ha puesto el rearme en el centro de los gastos del gobierno. Está previsto que, al final de la década, alcanzará cerca de un tercio del gasto federal. “No podemos defendernos de Putin con un presupuesto balanceado”, dijo el canciller.
Diversos servicios de inteligencia alemanes y de otros países europeos han fijado 2029 como el año en que Rusia estará lista para atacar Europa. Es un escenario que no solo Putin ha rechazado, sino poco probable, conociendo la realidad política y militar europea. Un ataque a Europa significa una guerra con la OTAN, involucrando potencias nucleares. ¿Cuáles serían los objetivos de Rusia en una guerra así? Con la guerra en Ucrania en pleno desarrollo, ¿estaría Rusia en condiciones militares de atacar Europa dentro de tres años? Los estadounidenses y los europeos saben que no.
No estamos en guerra
¿De dónde sale entonces esa fecha para una guerra con Rusia? La única explicación posible es que sale del cálculo de cuando los países europeos estarán listos para esa guerra que, por ahora, se libra mediante el creciente apoyo militar, financiero y político a Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió más armas a la OTAN, sobre todo misiles de defensa antiaérea. El presidente francés anunció la creación de una “coalición de misiles antibalísticos” para armar a Ucrania. Berlín anunció la compra de 50 mil drones de ataque para Kiev.
“No estamos en guerra con Rusia”, dijo el primer ministro checo, Andrej Babis, después de la cumbre de la OTAN en Ankara. Junto a Eslovaquia y otros países decidieron no contribuir al nuevo paquete de 70 mil millones de euros de ayuda militar a Ucrania. El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, criticó que la cumbre de la OTAN se haya dedicado, casi exclusivamente, al aspecto militar del conflicto, dejando de lado las iniciativas diplomáticas.
Ucrania depende de la inteligencia europea y norteamericana para sus ataques contra objetivos en Rusia, además del financiamiento de su presupuesto estatal y de los gastos de guerra.
En la medida en que esta se extiende, el escenario ha ido cambiando. La guerra se libra ahora en dos escenarios. En las últimas semanas –se podía leer en un balance de Foreign Policy el 19 de julio– Ucrania ha escalado sus ataques a Rusia, golpeando infraestructura energética clave, fábricas de armas, terminales de embarque, provocando una crisis de combustible en el país.
Rusia, por su parte, ha intensificado los ataques a objetivos ucranianos, incluyendo puertos y navíos en el mar Negro y diversas instalaciones en Kiev. Pero sus mayores logros están en la línea de frente, con sus tropas acercándose a las dos principales fortificaciones de Ucrania en el Donbás: Slavianski y Kramatorsk. No parece imposible que alcanzara, antes de fin de año o a principios del próximo, las fronteras de las antiguas regiones ucranianas hoy reivindicadas por Rusia.
¿Pondría eso fin a la guerra? Quizás no. Ucrania podría seguir hostigando en la nueva frontera, manteniendo sus ataques con drones a territorio ruso, mientras Europa la siga sosteniendo con la esperanza de derrotar a Rusia e impedir la consolidación de su control sobre el antiguo territorio ucraniano.
¿Sería ese el escenario que la inteligencia alemana vislumbra como fecha para una guerra de Europa contra Moscú? El eventual control ruso sobre todo el Donbás implicaría un escenario político nuevo, de consecuencias difíciles de imaginar. ¿Provocaría cambios políticos en Ucrania? ¿Abriría puertas a las negociaciones? ¿O daría paso a la intensificación de la guerra contra Rusia, que Europa anuncia?
Esa no sería una guerra rusa contra Europa, sino la continuidad de una guerra europea contra Rusia, ya no a través de Ucrania, sino de forma directa. “No vamos a atacar e Europa”, reiteró el 22 de julio en canciller ruso, Serguei Lavrov. “Pero si Europa intenta atacarnos ya no será una guerra convencional”. ¿Puede alguien sensato imaginar algo así?
El mundo estaba observando…
Vale la pena recordar aquí la propuesta de Zbigniew Brzezinski, politólogo estadounidense de origen polaco, consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, que Jeffrey Sachs, economista y académico norteamericano, cita en artículo publicado el pasado 21 de julio. El control de Eurasia es clave para la dominación norteamericana del mundo. No son Estados importantes para Estados Unidos, pero son importantes para debilitar otras potencias, afirmó. En el caso de Eurasia, la referencia es, naturalmente, a Ucrania y a Rusia. Brzezinski citaba, además, el caso de Irán, en Medio Oriente.
La OTAN redobla su apuesta por el gasto militar, por la producción de armas y la disuasión mediante una potencia de fuego superior. ¿Qué tipo de seguridad estamos comprando realmente?, se preguntó el profesor de Derecho Curtis F.J. Doebbler, de la Universidad de Makeni, en Sierra Leona, en una carta abierta a la OTAN titulada “La falsa promesa de la seguridad militarizada”.
Doebbler recordaba la reiterada violación del derecho internacional por los miembros de la OTAN. Citaba los casos de Irán, Irak, Venezuela, Libia, Siria, la guerra contra el terrorismo, de duración indefinida.
Occidente se hizo una civilización narcisista, señaló el diplomático y académico singapurense, Kishore Mahbubani, en una presentación hecha a principios de este mes sobre el ascenso y la caída de la hegemonía de Occidente. Ese narcisismo no le dejó ver los errores que cometió en sus relaciones con el resto del mundo.
Podemos comenzar este relato al final de la Guerra Fría, en 1990, señaló. ¡Cómo Occidente celebraba, cómo estaba feliz por haber derrotado la Unión Soviética sin disparar un tiro. Hemos logrado sociedades democráticas liberales, que son las mejores sociedades del mundo!, decían.
“Creo que ustedes estarán de acuerdo en que eso fue algo arrogante”, dijo Mahbubani. Pensaron que podían hacer lo que querían. Invadieron países y declararon guerras ilegales. Pero el mundo estaba observando…
Como ya vimos, la OTAN decidió avanzar hacia el este, hasta las fronteras rusas. Avanzaron sin preguntarse nunca si no hacía falta considerar las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia, que Putin ya había señalado en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich, en 2007.
Hoy vuelven a hablar de la seguridad de Europa, de Ucrania, sin considerar, en absoluto, las reivindicaciones rusas. ¿Será posible lograr la paz sin considerar las legítimas preocupaciones rusas por su seguridad?
No parece probable, entre otras cosas porque, de ese modo, Rusia solo podría garantizar su seguridad con armas atómicas. El “arma inútil”, como las clasificó Kennan, “incapaz de servir para cualquier propósito militar coherente”.
¡Cuán lejos estamos de la casa común europea, de la que habló Gorbachov en el Consejo de Europa, en 1989! La arrogancia de Occidente fue un error estratégico, en opinión de Mahbubani. Ya lo había advertido Kennan.
Pero en Ankara solo se oyó una misma voz, que el resto del mundo no debe seguir oyendo sin prestarle mucha atención. Los mismos que ya nos llevaron a dos guerras mundiales sueñan ahora con ganar una tercera. ¿Tiene esto algún sentido? Como dijo Kennan, son una amenaza para la civilización, en general.
FIN
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NOTAS
1 Around the Cragged Hill Kennan, George 272 pags.. W.W. Norton & Company New York / London 1993
2 The Kennan Diaries Edited by Frank Costigliola 712 pags.. W.W. Norton & Company New York / London 2014
Las propuestas de Francisco Dall’Anese y Manrique Jiménez obligan a la Corte Suprema a decidir cómo preservar la justicia constitucional frente a un bloqueo legislativo deliberado.
Si la Corte llegara a adoptar una medida de emergencia, tendría que ser excepcional y rigurosamente delimitada.
Ante las extraordinarias propuestas formuladas por el exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz y el jurista Manrique Jiménez Meza, en torno a la negativa de la mayoría legislativa oficialista de Pueblo Soberano a elegir las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, Costa Rica se encuentra obligada a discutir algo mucho más grave que una nómina de candidatos: si una mayoría política puede utilizar su poder parlamentario para impedir el funcionamiento del tribunal encargado, precisamente, de controlar los abusos del poder.
Las propuestas son extraordinarias porque extraordinaria es la situación que pretenden resolver. No porque se encuentren libres de objeciones jurídicas, sino porque intentan responder a una conducta institucional que el ordenamiento costarricense nunca debió considerar normal: que un Poder de la República se niegue, de manera sostenida, a cumplir una competencia indispensable para el funcionamiento de otro.
Pueblo Soberano dispone de 31 de las 57 curules legislativas. No reúne por sí solo los 38 votos requeridos para elegir a las magistraturas, pero sí posee la fuerza necesaria para impedir que cualquier candidatura los alcance. Después de once rondas de votación, sus diputados mantuvieron la decisión de votar en blanco y promovieron nuevamente la devolución de la nómina remitida por la Corte.
Mientras tanto, como informó Delfino.cr el pasado 15 de julio, la Sala Constitucional registra 123 expedientes pendientes de resolución definitiva por la ausencia de magistraturas suplentes. No son simples números: detrás de cada expediente existen personas y derechos fundamentales que esperan una respuesta.
Cada diputado conserva, naturalmente, el derecho de rechazar una candidatura. Ninguna persona propuesta tiene un derecho adquirido a ser elegida. Pero la libertad de votar no puede transformarse en una licencia para incumplir indefinidamente la obligación constitucional de realizar la elección.
Una cosa es objetar razonadamente a determinados candidatos. Otra muy distinta es rechazar la nómina en bloque, votar reiteradamente en blanco y exigir que el procedimiento vuelva a comenzar hasta que aparezcan nombres aceptables para la mayoría gobernante. En ese punto, el ejercicio legítimo del voto comienza a convertirse en un mecanismo de parálisis.
La mayoría calificada fue concebida para obligar al diálogo y producir acuerdos amplios. Utilizarla como instrumento de veto permanente desnaturaliza su finalidad. Lo que debía promover consenso termina convertido en una autorización práctica para no elegir.
Frente a ese escenario, Dall’Anese ha recordado la reacción institucional adoptada durante el secuestro de los magistrados de la Corte Suprema en abril de 1993. Ante la imposibilidad material de integrar la Corte Plena, los magistrados que permanecieron en libertad convocaron suplentes y conformaron transitoriamente el órgano, garantizando la continuidad de la administración de justicia. Su tesis es directa: cuando una situación no prevista amenaza el funcionamiento constitucional, los jueces deben construir una solución que preserve el sistema.
Jiménez Meza, por su parte, plantea acudir a las fuentes no escritas del ordenamiento —los principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la continuidad del Estado— para incorporar temporalmente magistraturas suplentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera en auxilio de la Sala Constitucional. Ambas propuestas coinciden en un punto esencial: una omisión política no puede producir, como resultado aceptado por el Derecho, la desaparición práctica del control de constitucionalidad (Semanario Universidad, 17 de julio de 2026).
Sin embargo, la gravedad del bloqueo no vuelve automáticamente legal cualquier remedio.
El precedente de 1993 demuestra la capacidad de la Corte para reaccionar ante una emergencia, pero no resuelve por sí solo el problema actual. En aquella ocasión se trataba de integrar provisionalmente la Corte Plena frente al impedimento físico de sus miembros. Ahora se pretende incorporar magistraturas pertenecientes a otras Salas dentro de un tribunal especializado cuya composición, número de integrantes y sistema de nombramiento están expresamente regulados.
Tampoco el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituye una autorización ilimitada. Esa norma permite a la Corte resolver, en ausencia de ley aplicable, problemas relacionados con la distribución del trabajo o la competencia entre las Salas. No dice expresamente que la Corte pueda modificar la adscripción legal de las magistraturas o alterar la integración de la Sala Constitucional.
Los jueces pueden y deben integrar el ordenamiento cuando exista una verdadera laguna. Lo que no pueden hacer es sustituir al poder constituyente ni atribuirse competencias que la Constitución reservó a la Asamblea Legislativa. Crear una solución jurídica no significa crear poder donde la Constitución no lo concedió.
Por ello, la opción más jurídicamente defendible no sería trasladar indiscriminadamente magistrados titulares de otras Salas. Si la Corte llegara a adoptar una medida de emergencia, tendría que ser excepcional y rigurosamente delimitada: recurrir únicamente a magistraturas suplentes debidamente elegidas y vigentes; realizar su designación mediante un procedimiento objetivo, preferiblemente por sorteo; utilizarla solamente cuando exista una imposibilidad real de integrar el tribunal; limitarla temporalmente, y justificarla mediante un acuerdo público y ampliamente motivado.
Sería un torniquete institucional, no una solución definitiva.
La obligación principal continúa correspondiendo a la Asamblea Legislativa. Ninguna respuesta provisional de la Corte puede absolver al Congreso ni permitir que el oficialismo convierta la emergencia en una nueva normalidad. La Constitución Política atribuye a la Asamblea la elección de las magistraturas suplentes; no le confiere el derecho de mantenerlas vacantes hasta obtener una integración políticamente conveniente.
La Sala Constitucional no existe para complacer a las mayorías. Existe, entre otras razones, para recordarles que su poder tiene límites. Por eso, impedir su funcionamiento constituye una forma particularmente grave de deterioro institucional: ya no sería necesario eliminar el tribunal, reformar sus competencias o destituir a sus integrantes. Bastaría con dejar vacías sus sillas.
La Corte Suprema debe estudiar y resolver públicamente las propuestas presentadas. Si encuentra una vía constitucional de emergencia, debe aplicarla con cautela, transparencia y estricta temporalidad. Si concluye que carece de esa potestad, debe explicar con igual claridad las consecuencias del bloqueo y exigir el cumplimiento inmediato de la obligación legislativa.
Pero no puede limitarse a contemplar cómo la omisión prolongada de otro Poder convierte en letra muerta el derecho de los ciudadanos a obtener justicia constitucional.
La Asamblea debe elegir. La Corte debe preservar la continuidad del servicio judicial. Y la ciudadanía debe exigir el cumplimiento de ambos deberes.
Porque ninguna mayoría, por amplia que sea, posee un título de propiedad sobre la Constitución. Y quien no puede cerrar la Sala Constitucional mediante una ley tampoco debe poder cerrarla dejando vacías sus sillas.
El Centro Cultural de España en Costa Rica (AECID Cultura San José) invita al conversatorio «El odio profundo a las minorías étnicas», un espacio de reflexión que reunirá a personas especialistas para analizar las manifestaciones del odio dirigido contra grupos étnicos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas.
La actividad se realizará el miércoles 5 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural de España.
El conversatorio contará con la participación de Helga Arroyo, Maykol Alonso Morales y María Laura Stephen, y será coordinado por Alexander Jiménez.
La actividad forma parte del proyecto «Tribus del Odio», una iniciativa que promueve el análisis crítico de los discursos de odio y sus efectos en la convivencia democrática.
El conversatorio es organizado por el Centro Cultural de España (AECID Cultura San José), con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica y la AECID, y es coorganizado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
: Al 27 de febrero del 2026 el Banco Nacional de Costa Rica (BN), se comunicaba con sus usuarios ya que el dólar alcanzaba ₡470,83 la compra y ₡475,68 la venta: “¿Qué significa realmente? Que hoy hay “aire” para algunas cuotas y compras, y es una oportunidad para revisar números y fortalecer el bolsillo.”
A las familias nos dicen: ¨use este “respiro” para amortizar (aunque sea poco) o para revisar un plan de conversión a colones que le dé estabilidad¨1. Invitan a considerar el riesgo de endeudarse en dólares. “El dólar bajo ayuda hoy, pero el riesgo está en comprometerse a largo plazo con una moneda que puede cambiar de dirección.” Me parece que una manera de salir de deudas futuras es nunca adquirir una. El 04 de mayo el dólar alcanzó ₡451,37 la compra y ₡457,782 la venta dejando vocablos como: “respiro” o “aire” como la tónica en la retórica oficial al minimizar el impacto.
No todo lo que brilla es oro: El 19 de mayo se mantiene una fuerte tendencia a la baja cotizando mínimos históricos entre ₡445 y ₡4593 en las ventanillas bancarias. A pesar de que Róger Madrigal, presidente del Banco Central (BCCR) apareciera una semana antes el 06 del mismo mes en los medios para decir que una subida ¨puede ocurrir en cualquier momento”4 recalcando el mensaje oficial cuando iba el dólar por ₡453,52 la compra y ₡458,97 la venta. ¿Por qué será que no les gusta prestar dolarines?
Hasta la IA puede decir que todo se debe a una sobreabundancia de divisas en el mercado nacional. Mencionemos nomás el impacto que el mercado informal de divisas que opera en la clandestinidad genera junto a sus negocios conexos parte del mercado negro. Intervienen delitos como: estafas, robo de tierras, lavado narco, contrabandos, etc. Contrapesando estos detalles podríamos estimar el verdadero impacto en la economía social.
La Tendencia: Además del mercado negro elementos como la abundancia de dólares por el ingreso masivo de divisas a razón de: exportaciones, las zonas francas junto a la inversión extranjera directa, aunados a temporadas turísticas que superan la demanda local también justifican su caída. El diferencial de tasas de interés hace que las tasas en moneda nacional sean más atractivas para los inversionistas motivando una mayor conversión a colones.
Además, las Reservas Internacionales Netas de Costa Rica alcanzaron los $20.907 millones5 la última semana del gobierno anterior lo que funciona como “escudo financiero” que permite enfrentar crisis globales y fluctuaciones de mercados internacionales con una economía estable.
Todas las proyecciones de analistas financieros que vaticinaban que el tipo de cambio estaría bajo, pero en un rango de entre ₡480 y ₡490 para lo que queda del 20266 se desmoronaron. Tomemos en cuenta las advertencias de los bancos estatales: “aunque la tendencia es a la baja el tipo de cambio podría revertirse”. Los expertos en mercados financieros indican que el impacto de la inflación global en Costa Rica es moderado ya que existen regulaciones sobre los combustibles y el traslado del costo para la población consumidora es “parcial y gradual”7 añadiendo una barrera extra para sostenernos.
Crisis Planetaria: A nivel global el dólar y el crudo tienen una correlación invertida8. Si el valor del crudo aumenta el dólar baja. Con un dólar fuerte el costo aumenta para compradores en otras monedas ralentizando la demanda global. Esto refleja la disputa de las potencias globales por el control del mercado mundial y la hegemonía de unos sobre otros. A nivel local el impacto del aumento del crudo debido a la guerra (Estados Unidos/Israel vs Irán, Yemen y las resistencias libanesa y palestina) no hace más que incrementar la caída del dólar a nivel nacional.
Mucha cautela familia, especialmente las personas que perciben ingresos en colones, pero mantienen deudas en dólares. Las proyecciones fallan mientras los bancos te piden prudencia, es comprensible el escepticismo, ya que la caída del dólar en Costa Rica ha sido tan abrupta que sigue rompiendo récords contradiciendo las proyecciones.
Al 6 de mayo, 2026 el dólar no detuvo su caída agresiva reflejada en los ₡50 por dólar que se han esfumado al pasar de ₡497 en enero a los niveles de mayo – junio. A la fecha el exceso de dólares es tal que hay saturación de divisas por exportaciones e inversión. El BCCR ha comprado más de $575 millones entre febrero y abril solo para intentar frenar la tendencia o para sostener al hegemón y financiar el genocidio.
El año pasado compraron $5 billones9. No ha funcionado. Mejor hubieran invertido ese dinero en inversión social, bienestar, planificación y prevención climática frente a la amenaza del Súper Niño10. El dólar nunca llegó a ₡500 en Mayo11 profetas. Así los oprimidos pagan el costo de guerras genocidas y los expertos cuales voceros del positivismo económico keynesiano fallan de nuevo mientras las medidas estatistas solo retrasan el desplome imperial.
Dólar vs Colón: La presión sobre quienes ganan en dólares solo aumenta mientras el colón se mantiene fuerte y se debilita el dólar. Del lado de los “expats”12 la situación refleja otro tipo de preocupaciones que no son atendidas por las autoridades nacionales.
“…the debate is shifting from whether the exchange rate is falling to how much longer the slide will last and how much strain it will place on the parts of the economy that depend on dollar income”.13
La preocupación no es si el dólar cae o no sino más bien cuánto durará la caída debido a la fuerte presión que constriñe las partes de la economía que dependen de ingresos en dólares. ¿Se detendrá?
El dólar en la calle: Frente a proyecciones desconectadas que minimizan la caída diaria hay dos razones principales por las que los analistas siguen citando esos números. Primeramente, existe presión del sector productivo como las cámaras de exportadores y turismo ya que a la fecha 19 de mayo, 2026 se ha alcanzado el fondo por debajo de los ¢450 en que estos sectores advertían que dejarán de ser rentables. Las advertencias oficiales se interpretan como un intento de generar incertidumbre para que dejen de vender dólares masivamente, pero el mercado sigue empujando el precio hacia abajo14.
En el editorial gráfico del 20 de mayo Víctor presentador del canal independiente de YouTube “The Mexican Family” nos decía:
“Luego hay otro factor muy muy delicado que es por supuesto el petróleo. Cada vez que Trump tensa las cuerdas del riesgo geopolítico, pues lo que hace es aumentar la tensión en Medio Oriente y los mercados energéticos reaccionan. ¿Los inversionistas empiezan a calcular escenarios de interrupción de suministro y saben que es lo que hacen? Queman sus bonos del tesoro porque no lo ven como algo estable y eso termina perjudicando al dólar estadounidense … En un momento donde muchas economías tienen una inflación elevada, incluyendo a Estados Unidos; una desaceleración económica incluyendo también a Estados Unidos; una nueva crisis energética que también la tiene Estados Unidos …15”
Escenarios: Nadie tiene una bola de cristal, pero podemos inferir un poco de lo que puede pasar. Las proyecciones de entre ₡480 – ₡490 son «escenarios base» de consultoras asumiendo que el Banco Central intervendrá con más fuerza o que factores externos como el precio del petróleo eventualmente harán que salgan más dólares del país. Estuvo a ₡50016 a mediados de noviembre de 2025 justo antes de declinar aún más estrepitosamente.
En el mercado muchos sienten que el piso está lejos. Por ejemplo, un dólar a ₡350 representaría una apreciación del colón sin precedentes lo que sacudirá los cimientos de la economía. La gran duda para el cierre de año será qué tanto está dispuesto a dejar caer el Banco Central al dólar antes de que el sector turismo y los exportadores lleguen a un punto de quiebre total junto a quienes ganan en dólares.
Nadie hubiera creído que esto fuera posible hace apenas un par de años cuando rozaba los ¢700. Lo «increíble» es cómo Costa Rica pasó de preocuparse por las devaluaciones constantes a tener una de las monedas más apreciadas del mundo. Para el que gana en colones y compra dólares, es un alivio; pero para el que vive su día a día del turismo, la exportación o es asalariado de transnacional en una zona franca la situación es crítica.
Política Monetaria y Discurso: Existe un grado de manipulación mediática cuando los medios repiten constantemente un mensaje motivado por intereses meramente económicos y la política cambiaria. Desviar la atención del impacto al sector turístico y las exportaciones, e invisibilizar a las personas que trabajan en zonas francas y ganan en dólares al tiempo que se promueve el subempleo ha permitido sostener una idea de bonanza sin sacrificio social. La deshumanización política de la economía aún en tiempos de apreciación evidencia falencias organizativas y de gestión estatal generando inequidades reflejo de ineficiencia, corrupción, nepotismo, abuso y discursos de odio que se transforma en exclusión social.
La enorme brecha entre el discurso oficial de «estabilidad económica» y “bonanzas futuras” y la realidad del impacto en el bolsillo de miles de trabajadores no pasa desapercibida. El enfoque mediático suele centrarse en grandes cifras macroeconómicas, ignorando que detrás de esas estadísticas hay personas cuyo costo de vida ha subido mientras sus ingresos caen.
Lo que no quieren que sepas: Para validar mi punto me referiré a los efectos más obvios de la caída del dólar que no quieren que sepas. Estos son: el golpe en el bolsillo (pérdida de poder adquisitivo); el mito de las zonas francas y la deshumanización del análisis económico.
Para quienes trabajan en zonas francas, servicios compartidos o como freelancers y ganan en dólares, la realidad es brutal:
Pérdida del 30% al 32%: Se estima que, en los últimos dos años, quienes perciben su salario en dólares han perdido casi un tercio de su capacidad de compra.
Doble castigo: Mientras el valor del dólar cae (reciben menos colones), los precios de servicios básicos y alquileres en Costa Rica no han bajado en la misma proporción, creando un efecto tenaza sobre sus finanzas.
Mientras el gobierno destaca que las zonas francas aportan el 15% del PIB, los datos recientes muestran grietas importantes:
Desaceleración del empleo: El crecimiento del empleo en este régimen pasó de ser explosivo a desacelerarse significativamente entre 2024 y 2026.
Fuga de talento y despidos: Por primera vez en casi una década, el sector de servicios en multinacionales registró una caída en la cantidad total de empleados en 2025 (una contracción del -1,9%), en gran parte por la pérdida de competitividad que genera el tipo de cambio bajo.
Entonces el análisis económico trata a los trabajadores como «costos de producción» a pesar de ser estos quienes realizan las tareas que generan plusvalía ahora que el colón se aprecia tanto:
El trabajador es el «ajuste»: Las empresas multinacionales, al ver que sus costos de operación en colones suben (porque necesitan más dólares para pagar la misma planilla), frenan contrataciones o incluso cierran operaciones. Los procesos internos de capacitación desaparecen y no se trasmite valor al trabajo obrero se agota.
Invisibilidad: Se habla mucho del «beneficio para el país» al reducir el costo de la deuda pública, pero no se menciona que ese beneficio se está financiando, en parte, con el sacrificio del ingreso real de más de 200,000 familias que dependen directamente del régimen de zonas francas y muchas más del sector turismo y exportador.
La paradoja es dolorosa pues un país vendido al mundo como un éxito en atracción de inversión en la práctica está encareciendo tanto la vida que sus propios profesionales «exitosos» que están perdiendo calidad de vida.
El Abismo: Otra consecuencia de la caída del dólar es la fuga masiva de profesionales costarricenses al extranjero esperando en los próximos meses un incremento debido al estrangulamiento económico. Ya en el 2014 expertos de la UCR nos decían:
“… el poco desarrollo que tiene el sistema productivo del país en términos de incorporación de valor agregado viene a ser una limitante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y especialmente para darle una proyección internacional a Costa Rica, al mismo tiempo que se proyecte lo que hace el país en investigación científica, tanto en las universidades como en otras instituciones.”17
La fuga de mentes en Costa Rica seguirá incrementándose ya que la política económica y social implementada en realidad no ha variado en su inmediatez. Quienes controlan la economía carecen de visión o no tienen motivación. Los costarricenses debemos blindarnos ante la violencia social, las desigualdades y la ineficiencia estatal pero sobre todo mirar al futuro con respuestas para vivir nuestra soberanía. El aumento en los combustibles aunado a la inestabilidad política en USA generan un impacto extra a la política nacional.
La crisis en los centros hegemónicos se irradia a los países dominados con efecto rebote por ejemplo cuando el hegemón implementa políticas antimigrantes en un ambiente violento profundizando la crisis capitalista y al mismo tiempo genera mayor pobreza en la periferia lo que incentiva el fenómeno migrante.
La premisa de la dominación presupone que estrujar a la población con medidas económicas les obliga a seguir una ruta que beneficia siempre al opresor. Se crea el problema para luego ofrecer la solución. Al fallar el modelo no hay paso atrás hasta el colapso total. Es posible que el abismo económico obligue a muchos a establecerse en el extranjero tal como sucede actualmente, sin embargo, el costarricense es creativo y así como durante el COVID19 muchos van a reinventarse con el apoyo de redes familiares, comunitarias y colaborativas.
Macroeconomía del éxito y Microeconomía de la supervivencia: Los analistas siguen sin darle al clavo. El 5 de Febrero, 2026 se publicaba en nota de prensa:
“La experta sostuvo que los recortes de planilla realizados por empresas como el gigante tecnológico estadounidense Amazon Inc. y Viant, proveedor mundial de servicios de diseño y fabricación de dispositivos médicos, pueden verse como un problema coyuntural y no estructural.”18
Pero más allá de lo estructural refirámonos a la economía social y a lo nuclear, la del día a día. Aunque el costarricense históricamente ha preferido quedarse, los datos recientes muestran un cambio:
Intención de emigrar: Según estudios de opinión, el porcentaje de costarricenses que desean irse a trabajar al extranjero se ha duplicado en la última década21.
La Diáspora Científica: Un estudio de HIPATIA (2023) reveló que el 41% de los científicos e ingenieros ticos radicados en el exterior no tienen planes de regresar. El 93% de ellos ya ni siquiera mantiene vínculos laborales con el país22, lo que confirma un desprendimiento de esa «red de apoyo» nuclear por falta de oportunidades competitivas locales.
Mientras tanto para las familias que dependen de las zonas francas esa imagen «color de rosa» ya se desvaneció: Efecto en Zonas Francas: Para 2026, el FMI advierte que el cierre de varias empresas clave en zonas de libre comercio está frenando el crecimiento económico del país. No es solo que no contratan; es que la estructura de costos en colones las está volviendo inviables para competir globalmente. Por tanto, el caso de Amazon no es solo coyuntural. Al igual que en el sector turismo la realidad a la fecha muestra fisuras:
Contracción de empleo: El sector de hoteles y restaurantes (turismo) vio una caída del 9% en su población ocupada entre 2024 y 2025.
Crimen Económico: A través del velo de la desinformación la falta de profundidad en el análisis económico nos limita en nuestra comprensión del momento. Por esto no podemos obviar la violencia social que afecta nuestra sociedad y cómo ésta impacta distintas dimensiones de nuestras vidas. No necesitamos perder un inocente más para comprender la gravedad del asunto, sin embargo, su impacto no termina cuando se encarcela o cuando se judicializa. Las heridas sociales son más profundas y son difíciles de sanar.
En marzo, 10, 2026 un análisis reciente de la misión del IMF nos indica: “Domestically, worsening crime could weigh heavily on tourism, investment, and consumption demand. ”23 Es decir: “A nivel interno, el aumento de la delincuencia podría afectar gravemente al turismo, la inversión y la demanda de consumo.” Además, nos señala que la inflación se mantiene por debajo del objetivo del 3% del BCCR al caer a -2,7% (interanual) en febrero, 2026.
A la fecha 26/05/2026 llevamos 1 año dos meses en deflación y 38 meses por debajo del rango de tolerancia entre 2% y 4%. Esto se debe a la bajada de los precios de los alimentos, el combustible y la mayoría de los servicios, así como a la apreciación del colón, aunque existe un potencial aumento de precios en materias primas (petróleo) lo que impulsa la inflación al alza.
Es importante mencionar la importancia de blindarse ante la violencia ya que rompemos todos los récords en inseguridad. El 2025 cerró con 873 homicidios ganando la sombría mención de ser uno de los años más violentos de la historia reciente. Sin embargo, también existe la violencia económica que nos afecta a todos. Esto es reflejo de la desigualdad persistente ya que aunque la pobreza bajó ligeramente en 2024, el 60% de esa reducción no se debió a nuevos empleos, sino a transferencias familiares y ayudas temporales.
Con lo que se confirma la tesis de que la familia está actuando como el último colchón en la crisis. Mencionaré algunas desigualdades económicas que vienen a empeorar el panorama para la familia costarricense. Primeramente, la disparidad entre productividad y salarios, siendo que entre 2006 y 2022, los salarios reales apenas crecieron un 13% mientras la productividad laboral aumentó 20%. También el rubro alimentos sostiene aumentos superiores al promedio general de precios y justamente en él se concentra el 37% del gasto de las familias del estrato de ingreso bajo. En los estratos de ingreso medio y alto el gasto respectivamente es 28% y 18% reflejando cambios en sus hábitos de consumo. 24 Hoy día el oficialismo intenta sabotear la canasta básica excluyendo más productos básicos.
En estas circunstancias la creatividad del costarricense se convierte en estrategia de resistencia ante un sistema que prioriza indicadores de inflación y déficit sobre la estabilidad del ingreso real de su clase profesional. Una crisis diseñada para beneficiar a todos menos a las familias pues el opresor les intenta despojar de sus recursos.
Éxito a la Tica: Hemos observado superficialmente una estructura que bajo nombres modernos mantiene dinámicas de extracción casi coloniales. Nos encontramos en la trampa del ingreso medio combinada con un modelo de enclave tecnológico: la riqueza se genera aquí, pero no se queda aquí, y el trabajador especializado termina siendo un «obrero de cuello blanco» bilingüe que subsidia la rentabilidad de la transnacional con su pérdida de poder adquisitivo. El 27 de mayo observamos datos de la realidad sociopolítica sin encender alarmas.
Se está acabando el privilegio de Zona Franca ya que ser bilingüe o especializado no garantiza bienestar.
Salarios estancados: Mientras el costo de la vida en Costa Rica (medido en colones) sigue siendo uno de los más altos de la región, los salarios en dólares del sector servicios han perdido un 32% de valor real en los últimos 24 meses. Las transnacionales no sostienen el salario equivalente en dólares a colones y cada día sus empleados ganan menos. Las medidas para paliar el impacto en sus empleados suelen ser tardías o inexistentes.
Subempleo profesional: Profesionales con maestrías y certificaciones están aceptando puestos de nivel de entrada en centros de llamadas o soporte básico porque las empresas, ante el encarecimiento del colón, han congelado las bandas salariales superiores. (Subempleo)
Infraestructura para el Capital, no para la Familia: Existe una desconexión evidente:
Se priorizan inversiones en conectividad 5G y terminales de carga para el flujo de datos y mercancías de las corporaciones, mientras el bienestar y el sistema de salud pública (la CCSS) sufren recortes sistémicos.
El presupuesto público se utiliza para «formación a la medida» (programas cortos para necesidades específicas de una empresa) en lugar de fortalecer la educación técnica y universitaria integral que permitiría al tico innovar por su cuenta.
Erosión de la Seguridad Jurídica y Social: La estabilidad se está quebrando por dos frentes:
División Institucional: El conflicto constante entre el Ejecutivo y el Legislativo/Judicial genera una incertidumbre que, paradójicamente, también asusta a las multinacionales que antes veían en Costa Rica un «puerto seguro».
Violencia y deshumanización: Al no proteger el núcleo familiar y dejar que el narco-estado permee las zonas periféricas, la «paz social» —el activo más valioso para la inversión— se está evaporando. Las zonas francas se vuelven burbujas custodiadas en medio de barrios con cifras de criminalidad similares a las de países en conflicto.
Soberanía en Jaque: Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué hay más allá de las transnacionales? Las superpotencias ponen en jaque a la Humanidad con intervenciones militares y sanciones económicas que en geopolítica hacen manifiesto que Costa Rica, al alinearse estrictamente con la hegemonía occidental pierde margen de maniobra. La dependencia a las tarifas unilaterales y ciclos políticos de EE. UU. dejan al país sin un «Plan B» cuando el modelo de servicios terciarios entra en crisis.
El costo de aumentar las exportaciones ha sido la precarización de la clase media profesional. El país está exportando servicios de alto valor a precios de «maquila», mientras el trabajador tico absorbe el riesgo cambiario, la inflación y la inseguridad. ¿Soberanía económica? ¡Kapuff! No es fácil estimar si Costa Rica está a tiempo de pivotar hacia un modelo de desarrollo nacionalista y soberano, o si la dependencia al sistema de IED es ya tan profunda que el país no puede sobrevivir sin ese «oxígeno» transnacional.
Para sobrevivir esta debacle el Estado puede unir sus esfuerzos estabilizadores con otros países que sufren las mismas problemáticas de dependencia en la región y así evitar relaciones tóxicas aumentando sus posibilidades de navegar las crisis geopolítica, energética y climática agravadas por el vasallaje y la dependencia política y económica. La IED es un espejo hegemónico que difícilmente revierte su enfoque o la forma en que el hegemón instrumentaliza su dominación.
A nivel interno se instrumentalizan vocablos desde el ejecutivo que denigran el trabajo obrero y profesional especialmente de académicos e intelectuales en los campos del periodismo, ciencias sociales, cultura, educación y judicial; lo que llega a preocupar en círculos internacionales mientras la Nación involuciona hacia el totalitarismo.
Como antecedente tenemos la persecución política con la proscripción del partido comunista de 1949 a 1974 facilitando la intervención y el cipayismo; disminuyendo la capacidad organizativa de las comunidades.
En la retórica recalcitrante se utiliza el término “comunista” como componente del discurso de odio que desprestigia la obra social y justifica el desvío de fondos. A nivel de organización política termina por erosionar las bases del modelo democrático constitucional del Estado de Derecho abandonando el trabajo colectivo y con las comunidades para pasar a un modelo intervencionista sumamente arbitrario y politizado.
En geopolítica es característica de la insuficiencia del Estado-Nación pequeño frente a bloques hegemónicos y crisis globales interconectadas. La salida a la integración debe superar el latinoamericanismo como mecanismo de defensa ante una estructura que ha priorizado el extractivismo sobre el bienestar social.
Al 28 de mayo de 2026, la situación en Costa Rica y la región refleja precisamente estas tensiones sostenidas por el status quo global. La idea de consolidar relaciones con México, Centroamérica y Sudamérica no es solo una aspiración ideológica, sino una necesidad de supervivencia ante la crisis climática y energética:
Seguridad Energética: Costa Rica, a pesar de su matriz renovable, sigue dependiendo del mercado internacional de hidrocarburos. Una red regional permitiría mayor resiliencia frente a los choques de precios impuestos desde los centros de poder. Esto aunado a la transformación del modelo energético por la soberanía energética en armonía.
Poder de Negociación: La dependencia de la IED es una forma de dominación. Un bloque regional podría imponer condiciones mínimas de transferencia tecnológica real y salarios dignos, evitando que las transnacionales jueguen a «subastar» países para ver cuál ofrece la mano de obra más barata y menos protegida.
El sistema político actual parece incapaz de reformarse desde dentro debido a:
Persecución Ideológica: La estigmatización de cualquier visión política de oposición que priorice lo social o lo obrero es etiquetada de «comunismo» por el discurso de odio y ha servido para desmantelar el Estado Social de Derecho. Esto ha dejado a la familia costarricense sin defensa frente a las fluctuaciones del mercado.
Dependencia Unilateral: Costa Rica ha apostado tanto a la alineación con un solo eje que ha perdido la capacidad de diálogo con el Sur Global, donde se están gestando nuevas dinámicas económicas que no dependen exclusivamente del dólar.
Un cambio profundo requiere evitar el ruido mediático que hoy solo sirve para dividir a la población. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo obrero (incluyendo al «obrero tecnológico» de las zonas francas) es el gran ausente. Mientras se siga viendo al trabajador como un costo operativo y no como el motor de la soberanía, la calidad de vida seguirá en declive. La gran incógnita es si la sociedad civil logrará articular su resistencia creativa para forzar un cambio de rumbo, o si el peso de la hegemonía terminará por fracturar definitivamente el tejido social antes de que ocurra la integración.
El surgimiento de bloques económicos globales (como los BRICS+) podría ofrecerle a Costa Rica esa alternativa de diversificación que tanto se necesita para romper su dependencia unilateral heredada del paradigma económico colonial español; es decir que desde la colonia a Costa Rica se le imponen condiciones y limitaciones comerciales extremas al comerciar con el centro del imperio y no tanto con otras colonias o naciones del planeta.
También fortalecer nuestras relaciones de cooperación tecnológica e intercambio cultural con socios estratégicos como la República Popular China que representa alrededor del 30% de las exportaciones costarricenses debe ser prioridad.
Si Costa Rica es capaz de desarrollar sus propios programas de desarrollo tecnológico con la colaboración de otras naciones no solamente del bloque occidental entonces sin duda la calidad de vida de los núcleos familiares mejoraría para todos. La soberanía económica no existe sino como una ilusión cuando el margen de maniobra comercial está dictado por la geopolítica de bloques y el «Pacto Colonial» 2.0 del s. XXI.
Al 7 de junio, 2026, esta realidad se manifiesta en varios frentes críticos e intentar mirar hacia la «periferia» (China, Rusia o los BRICS+) conlleva costos que el Estado costarricense ha sido históricamente incapaz de asumir:
Veto Tecnológico: Ya lo hemos visto con la implementación de la red 5G. Las presiones para excluir a proveedores que no sean del bloque occidental (el viejo discurso de la «seguridad continental») obligan al país a adquirir tecnología más cara, lo que encarece el costo de vida y frena el desarrollo tecnológico nacional.
Sanciones y Riesgo País: El simple gesto de buscar mercados alternativos para insumos clave (como fertilizantes o energía) activa alarmas en los centros financieros, lo que podría traducirse en un aumento del costo de la deuda y más impuestos para las familias.
La colaboración científica y tecnológica con naciones fuera del eje hegemónico permitiría a Costa Rica dejar de ser un «ensamblador de servicios» para ser un creador de soluciones. Sin embargo:
Las patentes y los marcos legales actuales están diseñados para proteger la propiedad intelectual de las transnacionales, no para fomentar el desarrollo autóctono.
Sin esa transferencia de conocimiento real, el profesional costarricense especializado seguirá en el subempleo.
El destino del país depende más de una decisión global según una lectura realista de la asimetría del poder:
Costa Rica es un laboratorio perfecto para el modelo de «democracia liberal alineada», y cualquier intento de autonomía económica se interpreta como una amenaza al equilibrio hemisférico.
El miedo a las sanciones —que hoy se utilizan como armas de guerra económica— actúa como un muro invisible que mantiene al país dentro del paradigma colonial: vendiendo barato a los centros de poder y comprando caro su tecnología y protección.
Al final, la «creatividad» y la red de apoyo familiar parecen ser los únicos escudos reales que le quedan a la población mientras el escenario macroeconómico se decide en oficinas muy lejanas a San José. Los burócratas y políticos seguirán pudriendo la función pública con partidismo y clientelismo en función de la disputa por el poder como monos peleando la banana dentro de una jaula.
Para romper con esa lógica del beneficio propio que domina la política actual es necesario una postura poderosa fundamentada en una ética de servicio en esencia una revolución ética: un liderazgo que no puede ser chantajeado ni comprado porque no le debe nada a las estructuras de poder tradicionales («redes de clientelismo»).
Hoy en día esta visión de «cambio desde adentro hacia afuera» se enfrenta a un terreno sumamente fértil, pero también hostil:
La fuerza moral frente al bloqueo: La única forma de resistir presiones externas o sanciones es tener una cohesión social interna inquebrantable. Si el pueblo ve un liderazgo que vive el ejemplo de fraternidad y sacrificio (al estilo de la ética de Cristo), el costo social de un cambio de paradigma se vuelve soportable porque hay confianza y solidaridad real, no impuesta. Actualmente sucede en Irán con un pueblo que se manifiesta todos los días en las calles a favor de su causa.
El fin del «Hombre-Masa» político: Nuestro enfoque sugiere que el cambio no vendrá de una nueva sigla partidista, sino de individuos que, al margen de la política tradicional, construyen redes de apoyo mutuo. Esto es lo que hoy mantiene a flote a muchas comunidades en el país ante la ineficiencia del Estado.
La protección de la familia como acto de resistencia: Proteger el núcleo familiar no es un concepto conservador vacío, sino un acto de soberanía. Una familia fuerte y una comunidad solidaria son menos dependientes de las migajas del clientelismo estatal o transnacional.
Inspirados frente a un panorama de dominación hegemónica y colonialismo económico, la respuesta surge de la convicción personal de trabajar por el prójimo. Históricamente, los cambios más profundos en la humanidad no han venido de los centros de poder, sino de aquellos que actúan sin esperar nada a cambio y fuera del sistema de favores como Jesús en Palestina. Si esa semilla de liderazgo ético logra germinar en la juventud y en los sectores trabajadores, Costa Rica podría aspirar a una soberanía real, basada en la dignidad y no en la cotización del dólar.
1Banco Nacional (27/02/2026). Dólar bajo: ¿Qué hacer hoy?; Recuperado 05/2026:
4Brenes, E. (06/05/2026). Presidente del BCCR sobre subida en el precio del dólar: ‘Puede ocurrir en cualquier momento ; La Nación; Recuperado 05/2026:
5 Arrieta, E. (06/05/2026). Tipo de cambio del dólar puede subir en cualquier momento, según presidente del Banco Central ;La República; Recuperado 05/2026:
7 Delfino. CR (30/04/2026). Costa Rica mantiene proyección de crecimiento e inflación, con variaciones en el tipo de cambio; Delfino. CR ; Recuperado 04/2026:
12 Término común utilizado dentro de la comunidad migrante estadounidense en Costa Rica especialmente para referirse a quienes han decidido establecerse en el país.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Como bien se sabe, cada 17 de julio la comunidad internacional recuerda el día internacional de la justicia penal internacional: la cual se materializó jurídicamente con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» en el mes de julio de 1998 en la capital italiana, un instrumento internacional que establece la Corte Penal Internacional (CPI).
La creación de la CPI en 1998 fue consecuencia directa de lo observado por parte de la comunidad internacional en los años 90, con masacres de poblaciones civiles, violencia sexual a gran escala contra estas mismas poblaciones y contra combatientes, genocidios y crímenes de guerra en la Ex-Yugoslavia a partir de 1991 y en Ruanda a partir de 1994. Con, en ambos casos, la creación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de tribunales penales internacionales (TPI) ad hoc, el TPIY (1993) y el TPIR (1994): se consideraron respuestas adecuadas ante la extrema urgencia de aquel momento, pero sumamente insuficientes a mediano y largo plazo. De ahí la idea de establecer una jurisdicción internacional permanente, a vocación universal, y que no estuviese sujeta a las decisiones selectivas de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Resulta oportuno recordar que la CPI ejerce su jurisdicción en los Estados que son Estados Partes al Estatuto de Roma, cuando las justicias nacionales por alguna razón (usualmente política), se niegan a permitir que se inicien investigaciones y a que se puedan enjuiciar a los responsables políticos y militares de exacciones de todo tipo cometidas en el pasado, susceptibles de corresponder a las tres definiciones de crímenes particularmente graves que establece el Estatuto de Roma. El denominado principio de complementariedad permite en un primer momento que sea la justicia nacional la que lleve a cabo su labor en favor de las víctimas de estos crímenes (Nota 1).
La conmemoración en este 2026 de un nuevo aniversario del Estatuto de Roma, cobra una particular relevancia al observarse en Estados Unidos a un mandatario empecinado, como nunca visto antes, en ordenar sanciones contra el personal de la CPI (y ello desde que llegó a la Casa Blanca a inicios del 2025), y al vivirse un período en el que varios dirigentes en América Latina (así como en otras partes del mundo) la emprenden a nivel nacional contra el Poder Judicial, y más generalmente contra las entidades nacionales e internacionales a cargo de fiscalizar el aparato estatal y de proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Ello sin hablar de las órdenes de captura siempre vigentes emitidas por la CPI contra altos dirigentes de Israel (emitidas en el 2024) y de Rusia (2023) y que no siempre han sido debidamente acatadas por Estados Partes al Estatuto de Roma, como se detallará a continuación.
En las líneas que siguen intentaremos explicar el alcance de la labor de la CPI y de las decisiones de la justicia penal de La Haya, no sin antes referir a las conmemoraciones observadas en este 2026 y en años pasados, para luego explicar el contexto político adverso que fomentan Estados Unidos, Israel, Rusia, y unos Estados más en contra de la CPI y en favor de la impunidad, siendo Tayikistán el último Estado en haber sido objeto de una condena por parte de la CPI en marzo del 2026 por no capturar a una persona objeto de una orden de arresto emitida por la CPI (véase decisión). Cabe precisar que las diversas sanciones de Estados Unidos contra la CPI no cuentan con precedente alguno en la historia, y se asemejan a viejas técnicas mafiosas tendientes a intimidar a los jueces y a los fiscales para que no realicen sus labores. Al escribir estas líneas desde una Costa Rica cuya diplomacia ha sido omisa y ausente en los últimos años, dedicaremos unos párrafos a Costa Rica y al Estatuto de Roma (en el punto 9), tratándose del único Estado de América Latina que ha contado en dos ocasiones con jueces que han integrado la CPI (en el período 2003-2012 y desde el 2021 hasta la fecha).
1. De algunas manifestaciones oficiales en favor de la justicia penal internacional
En este 17 de julio del 2026, podemos referir al comunicado oficial de la Presidenta de la CPI, oriunda de Japón (véase texto), el de la actual Presidenta finlandesa de la Asamblea de Estados Partes (véase texto). O bien, desde la sociedad civil, al comunicado de una organización como Human Rights Watch (véase comunicado). También se puede hacer referencia a esta declaración conjunta de ONGs y de reconocidas personalidades y expertos (véase texto).
Con relación a manifestaciones oficiales de Estados, a modo de ejemplo, podemos también remitir a nuestros estimables lectores a este comunicado oficial de Eslovenia en este 2026 (véase comunicado) o a esta declaración oficial de Bélgica (véase texto) así como, en años pasados, a la de Suecia del 17 de julio del 2023 (véase texto) o a la de República Checa en el 2017 (véase texto).
En el caso más específico de Estados de América Latina, hay que recordar que el 17 de julio del 2023, el canciller de Chile realizó una larga intervención en Naciones Unidas al conmemorarse 25 años del Estatuto de Roma (véase texto cuya lectura se recomienda), o que en el 2018, el canciller de Argentina presenció los actos previstos en La Haya (véase discurso) o bien referir a este comunicado oficial de Uruguay del 17 de julio del 2017 y a este otro de Argentina en julio del 2014. En el 2015, Costa Rica suscribió una declaración conjunta con 12 otros Estados (véase texto) y en el 2008, su entonces canciller presidió en persona la Asamblea de Estados Partes para las celebraciones de los 10 años de la CPI (véase discurso).
Más allá de los recuerdos de años pasados, invitamos a nuestros estimables lectores, en particular en América Latina, a averiguar qué documento oficial se elaboró en su Estado de origen para conmemorar este nuevo aniversario de la CPI en este mes de julio del 2026: si no se difundió ningún comunicado oficial, ni tan siquiera un modesto «tweet» oficial, y si la fecha pasó totalmente desapercibida en los canales de información estatales, puede esta omisión plantear algunas interrogantes muy válidas sobre el grado de compromiso de sus actuales autoridades políticas con la lucha contra la impunidad y en favor de la justicia para las víctimas; a combinar (¿tal vez?) con el grado de temor que implican las amenazas de nuevas medidas comerciales por parte de Estados Unidos contra varias docenas de Estados y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca (véase nota de CNBC).
En el caso de Costa Rica, no se registró mayor manifestación oficial en este mes de julio del 2026 relacionada a la justicia penal internacional. Lo único que registra el sitio oficial de su aparato diplomático este 17 de julio (véase comunicado oficial) es la máxima condecoración otorgada a … la embajadora de Israel en Costa Rica, al parecer en el marco de una ceremonia privada (Nota 2).
No está de más recordar que el 22 de marzo del 2023, el mandatario de Costa Rica visitó en La Haya la sede de la justicia penal internacional (véase comunicado oficial de la CPI), ocasión en la cual externó que:
“In these times of great global challenges, it is essential to have an independent and impartial International Criminal Court to guarantee that the worst international crimes do not go unpunished. Costa Rica reaffirms its unwavering commitment to international criminal justice, the integrity of the Rome Statute and the protection of the judicial independence of the International Criminal Court”.
2. El Estatuto de Roma en muy breve
El texto completo del Estatuto de Roma de 1998 en español está disponible en este enlace.
Resulta oportuno recordar que la CPI es competente para juzgar penalmente únicamente a título individual a personas (y no a Estados) que, en el ejercicio de sus funciones, cometieron, ordenaron o instigaron a la comisión de tres crímenes: el genocidio (cuya definición se encuentra en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).
La lectura completa de este último artículo 8 es particularmente recomendada a la luz de las imágenes de destrucción masiva e injustificada y de la muerte diaria de civiles palestinos que provienen de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la lectura completa de este artículo 8 permite además entender mucho mejor las razones por las que el actual Primer Ministro de Israel y su ex Ministro de defensa son ambos objeto de una orden de captura emitida por la CPI desde el mes de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI). Al 15 de julio del 2026, se contabilizan 73.246 víctimas identificadas en Gaza, la mayoría siendo mujeres (10.983), niños (21.283) y personas de la tercera edad (5.100): véase último informe de Naciones Unidas al 15 de julio del 2026. Cabe precisar que las autoridades sanitarias palestinas únicamente registran cuerpos identificados de personas fallecidas en Gaza, y no contabilizan los cuerpos de personas sin identificar, por lo que se estima que son muchas más las personas fallecidas en Gaza y que muchos cuerpos aún permanecen bajo los escombros.
En este enlace figura el estado oficial de firmas y de ratificaciones, que registra 125 Estados Partes al Estatuto de Roma: cabe precisar que Senegal fue el primer Estado en ratificarlo en febrero de 1999, siendo Ucrania el último en haber ratificado el Estatuto de Roma, en octubre del 2024.
No resulta de más recordar que en América Latina, el primer Estado en ratificarlo fue Venezuela en junio del 2000, y que los tres últimos fueron Chile (2009), Guatemala (2012) y El Salvador (2016). Son tres los Estados que hasta la fecha, persisten en esta región del mundo en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma: Cuba, Haití y Nicaragua.
El último informe de labores de la Oficina del Fiscal de la CPI (diciembre del 2025) se puede leer en inglés y en francés.
Con relación a América Latina, en estos momentos la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018 (véase enlace), al tiempo que desestimó otra (siempre sobre Venezuela) iniciada a solicitud de las mismas autoridades venezolanas (véase enlace); y cerró una que tenía abierta sobre Colombia en el 2021 (véase enlace). Recientemente en El Salvador, varios expertos y organizaciones han solicitado que la CPI investigue las exacciones que sufren muchos salvadoreños, y el manto de impunidad campante que las acompaña, tratándose de exacciones que califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad (Nota 3).
Los principales contribuyentes a la CPI son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, así como Italia, Japón y Reino Unido. En el caso de Alemania esta nota del 2023 explica las diversas iniciativas que apoya, al tiempo que siempre en el 2023, Japón lideró con sus aportes a la CPI a los demás Estados con mayores contribuciones (véase nota).
Nótese que en la reciente confrontación entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el bombardeo de una escuela en la localidad de Minab en Irán y la muerte de 168 niñas han originado peticiones en Estados Unidos a sus autoridades militares (véanse carta de congresistas del 12 de marzo del 2026 así como este llamado hecho unos días antes por Human Rights Watch). El pasado 28 de marzo, en esta nota de la BBC sobre las 168 niñas que murieron al bombardear Estados Unidos su escuela en Minab, se hace ver que la administración norteamericana sigue sin querer dar explicaciones solicitadas por varias entidades internacionales así como norteamericanas. Si, en el caso de una niña palestina de cinco años, Hind Rajab, asesinada en Gaza con su familia, se ha podido remontar la cadena de mando militar israelí responsable de su muerte y enviar la correspondiente petición a la CPI contra 24 soldados israelíes claramente identificados (véase nota de la fundación que lleva su nombre), es muy factible intentar realizar una investigación similar en el caso de la escuela de Minab.
Han sido muchas las críticas hechas a la labor de la CPI, y como toda institución internacional, su funcionamiento es perfectible. La posibilidad (aún remota) que se establece, en los Estados Partes al Estatuto de Roma, para que algún día las víctimas de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o de un genocidio y sus familiares vean a sus responsables enjuiciados en La Haya, constituye una manera de mermar la sed de venganza y de revancha de muchos en el mundo: mientras que la impunidad genera ineludiblemente violencia, la existencia de una jurisdicción como la CPI puede contribuir a frenarla.
3. Estados Unidos y la justicia penal internacional
Desde este punto de vista, el Estatuto de Roma constituye un valioso instrumento internacional adoptado por la comunidad internacional en Roma en julio de 1998: su objetivo es poner fin a la impunidad campante que persiste cuando ocurren crímenes particularmente graves como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Este tratado multilateral a vocación universal logró entrar en vigor en abril del 2002, pese a una fuerte resistencia de algunos Estados, uno en particular empecinado en torpedear a como diera lugar los alcances del Estatuto de Roma: Estados Unidos. Tuvimos la ocasión de señalar en el 2012, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que:
“Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán” (Nota 4).
Parte de las hostilidades contra la CPI en el 2002 consistieron en dedicar intensos esfuerzos de todo el aparato diplomático de Estados Unidos para suscribir “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad” (ABI), tendientes a resguardar al personal militar y civil norteamericano de cualquier eventual captura y envío a La Haya a solicitud de la justicia penal internacional.
En el caso específico de Costa Rica, un muy completo artículo de su excanciller en el período (2006-2010) detalla de manera muy completa el tipo de presiones recibidas para que Costa Rica suscribiera a como diera lugar, bajo amenazas comerciales incluso, un ABI con Estados Unidos (Nota 5). Se recomienda la lectura del precitado artículo en su totalidad, tratándose además de un texto que merece una mención muy destacada: en efecto, salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un ejercicio similar de acceso público por parte de ex jefes de aparatos diplomáticos con relación a las presiones muy similares que sufrieron los demás Estados de América Latina en aquella época. Cabe además recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un ABI en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos en todo el mundo (véase el listado de los ABI suscritos por Estados Unidos). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1 , cable 2 y cable 3 ) que fueron dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables confidenciales (que ameritarían una investigación profundizada no solamente limitada a Costa Rica), se puede leer que: «After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«. El accento puesto de nuestra parte en el caso de Costa Rica y en el hecho de que no sucumbiera a las presiones norteamericanas para firmar un ABI responde al hecho que consideramos ejemplar que Costa Rica mantuviera intacta su fidelidad a los principios enunciados en el Estatuto de Roma (a diferencia, en el continente americano, de Belice, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios Estados anglófonos en el Caribe).
Con respeto al pasado 10 de abril del 2026, fecha en la que se recuerda ya no la adopción sino la entrada en vigor del Estatuto de Roma (en abril del 2002), remitimos a nuestra nota escrita con relación a lo que ocurre en el Líbano y que debería interesar a la CPI, siempre y cuando las autoridades libanesas accedieran a ello, y titulada: «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, disponible en este enlace.
4. Un presidente de Estados Unidos sumamente hacendoso combatiendo a la CPI
A penas instalado en la Casa Blanca a finales de enero del 2025, el actual ocupante de la Casa Blanca emitió sanciones contra el personal de la CPI: véase nota oficial de la Casa Blanca del 6 de febrero del 2025.
Se trata de un detalle en el tiempo que confirma la máxima prioridad dada por la actual administración norteamericana para intentar resguardar a las autoridades israelíes de la justicia penal de La Haya.
En aquella ocasión, la máxima autoridad norteamericana no tuvo reparo alguno en mencionar directamente a Israel como principal motivo de estas sanciones. Estas sanciones de febrero del 2025 dieron origen a una reacción de repudio de 79 Estados Partes al Estatuto de Roma (de 124): véase declaración colgada en el sitio de la diplomacia de Eslovenia. Por parte de América Latina no suscribieron el texto Argentina, El Salvador, Paraguay y Venezuela.
Como ya viene siendo costumbre con las «Executive Orders» del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, estas sanciones fueron declaradas ilegales. En efecto, el 18 de julio del 2025, a modo de mensaje nada subliminal de la justicia norteamericana a los jueces de la CPI, se anunció que una jueza en Estados Unidos suspendió la aplicación del Executive Order del Presidente de Estados Unidos contra el personal de la CPI y sus colaboradores (véase nota del New York Post): se trató de una nueva decisión de la justicia norteamericana, que vino a añadirse a varias otras anteriores, declarando ilegales las diversas ocurrencias de su mandatario desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025.
En su decisión del 18 de julio del 2025 (véase texto integral), se lee que la jueza no quedó mayormente convencida por las motivaciones brindadas por el Poder Ejecutivo norteamericano:
«The Government says that the Executive Order advances an “ ‘important’ and ‘compelling’ ” government interest in “protecting the personnel of the United States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without the consent of the United States or its allies.” Opp’n 20.5 Even assuming the importance of that government interest, the Executive Order appears to restrict substantially more speech than necessary to further that end. The Executive Order broadly prohibits any speech-based services that benefit the Prosecutor, regardless of whether those beneficial services relate to an ICC investigation of the United States, Israel, or another U.S. ally
/…/
Here too, the Executive Order appears to burden substantially more speech than necessary.
Accordingly, the Plaintiffs have established likely success on the merits of their First Amendment challenge to Section 3(a) of the Executive Order».
5. Israel: la filigrana que se esconde detrás de las sanciones de Estados Unidos contra la CPI
De manera a recordar a algunos lo que ocurrió en junio del 2020 al anunciar Estados Unidos sus primeras sanciones contra la CPI, cabe señalar lo siguiente.
Israel fue el único Estado en todo el mundo en haber oficialmente saludado estas sanciones norteamericanas contra la CPI: véase nota del Times of Israel titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against ‘corrupt’ ICC«).
Lo interesante es que al anunciarlas, el entonces Presidente de Estados Unidos, rodeado en aquel momento de asesores más conocedores de la vida internacional, omitió toda referencia expresa a Israel como motivo para tomarlas, pretendiendo que se debían a investigaciones contra el personal militar y civil norteamericano: el texto del comunicado oficial del 11 de junio del 2020 de la Casa Blanca puede ser revisado en este enlace.
La maniobra norteamericana merece una mención destacada, así como el gran entusiasmo del primer ministro israelí que la delató.
En realidad, estas sanciones de junio del 2020 fueron decididas en estrecha coordinación con las autoridades israelíes (tal y como lo sugiere por ejemplo el título de esta nota de prensa titulada «Israel coordinó las sanciones de EE.UU. a la CPI con la administración Trump«), al saberse en Israel del avance de las investigaciones dentro de la CPI, gracias a un sistema de escuchas que detallaremos más adelante (en el punto 10).
6. Las nuevas sanciones norteamericanas contra la CPI de julio del 2026
Como previsible, la actual administración de Estados Unidos no encontró nada mejor que iniciar esta segunda quincena del mes de julio del 2026 despotricando nuevamente contra la CPI, sosteniendo sus máximas autoridades diplomáticas que se trata de una jurisdicción que «amenaza la soberanía de Estados Unidos» (sic): véase al respecto esta nota oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos el que se precisa que el objetivo consiste en «desmantelar» (sic.) a la CPI.
La relectura de esta nota oficial del 13 de julio del 2026 del Departamento de Estado evidencia cuan creativos son sus actuales jerarcas, y de paso, un desconocimiento bastante extraño de los fundamentos del derecho internacional público: empezando por el hecho que si Estados Unidos no quiere ser Estado parte al Estatuto de Roma, la CPI no tiene cómo ejercer sus competencias en un territorio que no está sujeto a su jurisdicción.
Este artículo publicado en The Guardian este 16 de julio por un reconocido experto en Estados Unidos detalla la serie de inconsistencias de Estados Unidos con respecto a la idea de «desmantelar» a la CPI y la total pérdida de credibilidad de su actual Secretario de Estado, al sostener que Estados Unidos debe siempre estar en capacidad de «controlar» el derecho internacional. De ser necesario, nos ofrecemos a una pequeña sesión privada (tipo webinar) con los asesores legales del Secretario de Estado norteamericano desde la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, para explicarles en «petit comité«, algunas cosas muy básicas que conocen en Costa Rica todos nuestros estudiantes al aprobar nuestro curso de derecho internacional público, empezando por señalar que:
– la CPI no tiene como ejercer su jurisdicción en el territorio de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma y que no le ha solicitado a la CPI investigar actos cometidos en su territorio, así como el hecho que;
– los mandos políticos y militares de Estados Unidos y de Israel saben desde 1998 que si ordenan, instigan o cometen actos que califican como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o un genocidio en un territorio que sí está sujeto a la jurisdicción de la CPI, pueden ser investigados y eventualmente enjuiciados por la CPI. Dicho sea de paso, este punto lo aclaró la CPI en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021 con respecto a las exacciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado: una decisión que, por cierto, nada tiene que ver con el antisemitismo, pese a las ya habituales gesticulaciones observadas en Israel (Nota 6).
Más allá de la total pérdida de credibilidad de la actual administración norteamericana en este 2026, el no mencionar expresamente a Israel en la declaración del 13 de julio del 2026, claramente denota el grado de cinismo al que se puede llegar en aras de intentar resguardar a toda costa a los altos dirigentes israelíes de las acciones emprendidas en su contra por el Fiscal y por los jueces de la CPI.
Como ya viene siendo una costumbre con casi todas las «Executive Orders» del actual ocupante de la Casa Blanca y las de su administración, es muy probable que como muchas anteriores, esta nueva arremetida contra la CPI también sea declarada ilegal. El pasado 15 de julio, se informó que dos organizaciones de derechos humanos presentaron una acción legal para que sea declarada ilegal por la justicia norteamericana (véase nota de Reuters).
Con relación a Israel, en esta reciente conferencia de prensa, uno de los tres integrantes de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, le lanza públicamente tres preguntas al pueblo de Israel y a sus actuales dirigentes: se trata de video cuya visualización completa se recomienda, en particular para quiénes en Costa Rica siguen defendiendo la idea que no se cometen exacciones en el territorio palestino ocupado contra la población civil.
En junio del 2026, España y una veintena de Estados condenaron las trabas legales que Israel propicia para la ayuda humanitaria a destinación de una población civil en Gaza desprovista de agua, alimentos y medicamentos en cantidades suficientes (véase comunicado oficial colgado en el portal de la diplomacia española). En marzo, España como muchos otros Estados, condenó una ley discriminatoria sobre la pena de muerte adoptada en Israel (véase comunicado oficial).
7. Pilotos de aeronaves en las que viajan criminales de guerra buscados por la CPI
Resulta llamativo que los pilotos del Primer Ministro israelí han evitado cruzar el espacio aéreo de Estados en Europa cuando viajan desde Tel Aviv hacia Estados Unidos, por temor a ser su aeronave objeto de una operación aérea de captura o de sufrir algún desliz, como consecuencia de las órdenes de captura emitidas por la CPI desde el 2024 en su contra (y que obligan jurídicamente a los Estados Partes al Estatuto de Roma). Es de notar que desde que esta orden de captura ha sido emitida en su contra (noviembre del 2024), el único destino en el exterior del actual Primer Ministro se reduce a uno: Estados Unidos.
Sobre los itinerarios de vuelo y los destinos finales, la preocupación de estos pilotos israelíes posiblemente sea compartida con sus homólogos rusos que conducen la aeronave del actual Presidente de Rusia, objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde el mes de marzo del 2023 así como una alta funcionaria rusa (véase comunicado oficial de la CPI): podemos incluso adelantar que es probable que estos pilotos israelíes compartan con los pilotos rusos rutas de vuelos oficiales e itinerarios considerados como «seguros«…
Mapas extraídos de esta nota de prensa, titulada “Benjamin Netanyahu avoids French and Spanish airspace on flight to UN”, The National, edición del 25 de septiembre del 2025
Con relación al destino final del vuelo para el Primer Ministro de Israel del mes de septiembre del 2025, evitando sobrevolar a varios Estados europeos, no está de más recordar la verdadera humillación que sufrió el dirigente israelí al tomar la palabra y al ver cómo se vaciaba rápidamente el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (véanse al respecto este video y esta nota del medio digital costarricense Delfino.cr), en señal de profundo repudio por su presencia en Naciones Unidas. Por cierto, entre las delegaciones que no salieron de la sala, figuran las de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Hungría y Paraguay y unas pocas más.
Podríamos decir que el recinto en Nueva York dejó de ser el de las «Naciones Unidas» y se sustituyó por unos breves minutos por las «Naciones Netanyhadas«: es decir compuesto por delegaciones oficiales de Estados obligadas a permanecer sentadas y que, por alguna razón que sería de interés conocer, no fueron autorizadas por sus respectivas capitales a acompañar el movimiento generalizado de indignación y de rechazo a la presencia del Primer Ministro de Israel en Naciones Unidas: y es que nunca en la historia, un dirigente político objeto de una orden de captura por parte de la CPI se había atrevido a venir a tomar el micrófono ante la tribuna internacional que se reúne anualmente Nueva York, antes del actual Primer Ministro israelí.
Es de notar que en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por invitar al Primer Ministro israelí y no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023: la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto). Con relación a la no captura y entrega a la CPI del Presidente de Rusia, Tayikistán también ha sido objeto de una condena por parte de la CPI, en el mes de marzo del 2026 (véase decisión).
Estas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los demás Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior. Pese a la claridad meridiana de ambas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel) que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia, debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del Presidente de Rusia y del Primer Ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo, incluyendo la embajada de Israel en Costa Rica?
Nótese, volviendo por un breve momento a Estados Unidos, que el nuevo alcalde de Nueva York tiene la intención de capturar al Primer Ministro israelí si llegara a poner un pie en la ciudad (véase nota de The Guardian del 19 de julio del 2026): desde el punto de vista jurídico, su posición abre un interesante debate sobre las competencias que en materia policial poseen en Estados Unidos las autoridades locales, con respecto a las autoridades federales.
8. Las reacciones de repudio a la decisión de Estados Unidos en este mes de julio del 2026
Las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano del pasado 13 de julio han dado lugar a una reacción inmediata de repudio oficial por parte de la Unión Europea (UE) así como de Naciones Unidas: véanse este comunicado de prensa de Naciones Unidas y este reportaje en español de France24 del 14 de julio del 2026.
Este 16 de julio, se registró este comunicado oficial de la UE que reafirma su apoyo a la labor de la CPI (véase texto).
En agosto del 2025, a raíz de nuevas sanciones contra jueces de la CPI, Francia emitió un fuerte comunicado de repudio a estas sanciones (véase texto) que afectan directamente al juez francés de la CPI. Esta larga entrevista de la BBC a la juez peruana de la CPI, detalla las limitaciones de todo tipo que significa para un juez internacional ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Este otro artículo publicado por el sitio jurídico especializado JustInfo detalla a los destinatarios de estas insólitas sanciones tomadas contra el personal de la CPI por parte de Estados Unidos.
Resulta de gran interés observar si en América Latina (así como en otras partes del mundo), los aparatos diplomáticos nacionales elevaron la voz y manifestaron su apego a la justicia penal internacional y a la lucha contra la impunidad o…. como ya tuvimos la ocasión de señalarlo en julio del 2025, la amenaza de nuevas tarifas comerciales y sobre todo el no contrariar al actual e imprevisible ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del mismo año, les impidieron hacerlo: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, y disponible en este enlace.
9. Costa Rica y el Estatuto de Roma en muy breve
Resulta oportuno recordar el apoyo que siempre Costa Rica ha manifestado en favor de la justicia penal internacional, cuya primera integrante costarricense electa en el 2003 fue la única jurista en formar parte de esta jurisdicción en el 2003 y contar con una experiencia previa como jueza del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia en el período 1993-1998.
En el caso de la aplicación efectiva del Estatuto de Roma en Costa Rica, este documento oficial colgado en el sitio oficial de la CPI (y muy probablemente elaborado en el 2010 por el aparato diplomático costarricense, pero sin precisar fecha alguna, ni llevar firma, ni membrete oficial…) detalla los desafíos que supone la implementación del Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico costarricense.
Un proyecto de ley lleva más de 11 años en la corriente legislativa, sin lograr materializarse en una verdadera reforma al código penal (véase texto). En cuanto a la aplicación del principio de jurisdicción universal, no se registra proyecto de ley alguno: se sospecha que militares y altos mandos políticos responsables de exacciones en diversas partes del mundo perciben a Costa Rica como un posible «destino seguro» o casi.
En Costa Rica, en marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasaban de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas o días, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso, arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán en una sola frase por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación: «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.) y nota del Tico Times). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación entre Irán y Costa Rica hecha en la mente del actual Primer Ministro de Israel.
Con respecto a la labor de la CPI, en este comunicado oficial del 2022, la diplomacia de Costa Rica reafirmaba su firme compromiso con la justicia penal internacional.
Como indicado anteriormente, la CPI ha contado con una jueza de nacionalidad costarricense entre el 2003 y el 2012 (véase hoja de vida), que fue postulada por Panamá (y no por Costa Rica): véase nota de postulación (Nota 7). En el 2011, por alguna razón extraña Costa Rica consideró que podía nuevamente postular a uno de sus nacionales, en este caso al Embajador de Costa Rica en La Haya, debiendo desistir de la contienda luego de sufrir serios y notorios reveses (véase resultados de rondas de votación 6-8 de diciembre del 2011). Al parecer inspirado por el intento fracasado de su predecesor en el cargo, otro embajador de turno de Costa Rica en La Haya fue nuevamente postulado por Costa Rica (sin mediar concurso en Costa Rica o terna de candidatos), resultando esta vez electo en diciembre del 2020 y fungiendo como juez en la CPI desde el mes de marzo del 2021 hasta la fecha. Con ocasión de las elecciones de diciembre del 2020 y del perfil del candidato costarricense, nos permitimos señalar que:
«su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algún concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal» (Nota 8).
Ignoramos si el actual embajador de Costa Rica en La Haya, quien ocupa el puesto desde ya varias administraciones en la capital holandesa, también proyecta presentar su candidatura como sus dos antecesores, al liberarse alguna vacante en La Haya: de ser el caso, cual sea esta, sugerimos desde ya que se constituya una terna de candidatos costarricenses, a partir de una consulta previa que involucre al sector académico, al sector profesional y a especialistas en la materia. De tratarse de una vacante en alguna jurisdicción internacional, se considera de suma importancia asociar al Colegio de Abogados, a la Escuela Judicial, así como también a la Asociación de Jueces y a las Facultades de Derecho costarricenses.
10. Israel y la CPI: una vigilancia extrema
En el mes de mayo del 2024 un grupo de periodistas en Israel dio a conocer un programa específico de escuchas e intercepción de los servicios de inteligencia israelíes dedicado únicamente al personal de la CPI y al contenido de sus computadoras: el artículo titulado «Surveillance and interference: Israel covert war on the ICC exposed» publicado por el medio Magazine+972 el 28 de mayo del 2024 constituye un reportaje de lectura muy recomendada, en el que se puede saber cómo desde casi 10 años Israel ha estado vigilando constantemente a la CPI y a su personal.
Entre otros detalles, se lee que:
«The former prosecutor was far from the only target. Dozens of other international officials related to the probe were similarly surveilled. One of the sources said there was a large whiteboard with the names of around 60 people who were under surveillance — half of them Palestinians and half from other countries, including UN officials and ICC personnel in The Hague».
También se indica que por cada caso llevado a conocimiento de la CPI «interceptado«, Israel preparaba información detallada en aras de hacer valer sus propias investigaciones internas llevadas a cabo, todo ello en aras de poder invocar ante el Fiscal y los jueces de la CPI el principio de complementariedad:
«If materials were transferred to the ICC, it had to be understood exactly what they were, to ensure that the IDF investigated them independently and sufficiently so that they could claim complementarity,” one of the sources explained. “The claim of complementarity was very, very significant”.
Ante la reprobación general y la falta de transparencia de las mismas autoridades de los Países Bajos (véase nota de The Guardian del 31 de mayo del 2024 informando de una iniciativa de un legislador), finalmente, las autoridades de los Países Bajos convocaron a los representantes de Israel en la capital holandesa para solicitarles aclaraciones y manifestarles su profunda indignación ante semejante actuar (véase nota de The Guardian, del 24 de junio del 2024): este programa de escuchas e intercepciones israelí viola las reglas más elementales que protegen a las organizaciones internacionales y a sus funcionarios, vigentes en el ordenamiento jurídico internacional.
El pasado 24 de mayo del 2026, una larga entrevista con la ex Fiscal de la CPI fue difundida, detallando el nivel de intimidaciones que recibió por parte de Israel durante su mandato entre el 2012 y 2021: se recomienda su visualización, la cual plantea interrogantes sobre el hecho que únicamente una cadena de noticias como Al Jazeera desde Catar se interesara por estas presiones que recibió en La Haya. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido en todas las demás salas de redacción de grandes cadenas noticiosas para desinteresarse por este tema?
El sistema de monitoreo israelí sobre las computadoras y las comunicaciones del personal de la CPI así como las intimidaciones y presiones sufridas por la anterior Fiscal no parecieran haber tenido efecto alguno: precisamente el 17 de julio del 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI colocó en el portal de la CPI, a disposición del público, su decisión con fecha del 16 de julio, en la que rechazaba de manera contundente la enésima solicitud presentada por Israel de suspensión de la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la CPI contra dos altas autoridades israelíes (su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa).
En efecto, se lee en el párrafo 37 (véase texto completo) que:
» 37. In conclusion, the Chamber finds that the suspension of investigation pursuant to article 19(7) of the Statute can only result from a State challenging the admissibility of a case. Since Israel has not challenged admissibility, the Chamber rejects Israel’s request to declare that the Prosecution must suspend its investigation into the cases against Mr Netanyahu and Mr Gallant, let alone the Situation as a whole«.
Ya en noviembre del 2024, Israel había recibido, esta vez por parte de una instancia inferior, la Sala de lo Preliminar, un rechazo total a sus antojadizas pretensiones (véase comunicado oficial de la CPI).
Quienes se pueden sorprender por estas decisiones de la justicia penal internacional de La Haya tan, pero tan pocamente divulgadas (y es muy evidente la casi nula difusión hecha a la decisión de la Sala de Apelaciones del 16 de julio del 2025 en los grandes medios de prensa), tienen que tener en mente lo siguiente: una cosa es lo que podríamos denominar el «cerco informativo» al que estamos sometidos en diversas partes del mundo, pero otra muy distinta es el cerco de la justicia internacional que se va cerrando poco a poco sobre los dirigentes de Israel (y que los tiene tan nerviosos y tiene tan molesta a la actual administración norteamericana).
Los crímenes de guerra y la destrucción total de la infraestructura pública a la que ha procedido metódicamente Israel en Gaza han sido contabilizados: a modo de ejemplo, el pasado 20 de abril se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
En esta entrevista de Democracy Now a uno de los más renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, se detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido en los últimos años y que debiera interpelar a muchos, incluyendo a los integrantes de la comunidad judía en todo el mundo: al respecto, resulta de cierto interés observar que un sector de la comunidad judía ha desarrollado una campaña mundial denominada «Not in our Name» (véase enlace), al tiempo que otras organizaciones judías como la UJFP en Francia han condenado de manera inequívoca a Israel por sus exacciones en Gaza (véase sitio), así como la Jewish Voice for Peace (véase sitio), y que se ha observado una importante cantidad de personas de ascendencia judía en las multitudinarias marchas de protestas en favor de las víctimas palestinas en Gaza en las principales capitales europeas, en Canadá y en Estados Unidos. No obstante, en otras latitudes, no se ha registrado crítica alguna a Israel ni manifestaciones colectivas de repudio: una de las pocas voces judías críticas en Costa Rica es la de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR (véase su artículo titulado «No en nuestro nombre» publicado en septiembre del 2024 y uno anterior sobre el uso del «antisemitismo» en Costa Rica para intentar descalificar a quienes exigen a Israel respetar las normas del derecho internacional).
Finalmente, resulta menester que en febrero del 2010, una conversación entre diplomáticos israelíes y norteamericanos fue dada a conocer unos años después por el portal de WikiLeaks, evidenciando la profunda preocupación existente en Israel con relación a la justicia penal internacional: con relación a la mortífera ofensiva militar israelí en Gaza del verano del 2009, se leyó que, durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv), la siguiente confidencia fue externada por parte del Coronel Liron Libman:
“Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation«
El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y probablemente sigue siendo en este mes de julio del 2026) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
A modo de conclusión
Si bien en Estados Unidos se observa desde el mes de enero del 2025 a una administración empecinada en erosionar una tras una las bases del ordenamiento jurídico internacional, contando para ello con aliados como Israel, y en América Latina, Argentina y Paraguay (capaces de «saludar» el secuestro totalmente ilegal del Presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos observado en enero del 2026 y las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán unas semanas después, igualmente ilegales desde la perspectiva jurídica internacional), el resto de los integrantes de la comunidad internacional deberían poder estar en capacidad de enviar un mensaje de repudio y de defensa del derecho internacional y de la justicia internacional: quiérase o no, se trata de las únicas brújulas con las que cuenta nuestra convulsionada sociedad internacional.
Afiche de promoción para la presentación de la película «La Voz de Hind Rajab» este 17 de julio del 2026 en San José
Cabe indicar que este mes de julio del 2026 inició con la cancelación de una viaje previsto a Nueva York por parte de uno de los integrantes del actual gabinete israelí, que enfrenta cargos ante la justicia norteamericana por lo que está sucediendo con la población palestina en Gaza así como en Cisjordania: véase al respecto esta nota de la Fundación Hind Rajab, en la que se puede leer que:
«For decades, Israeli political and military leaders have traveled the world with the expectation of impunity. That era is coming to an end. The growing prospect of legal accountability is already impacting their freedom of movement. When an Israeli minister cancels an international trip because of the possibility of facing criminal investigation, it demonstrates that accountability efforts are producing tangible results».
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto en castellano DRNAS DE CLEMENT Z., «Principio de complementariedad en el Estatuto de Roma: incoherencias sistémicas«, Anuario Argentino de Derecho Internacional, 2001-2002, pp. 51-89. Texto integral disponible en este enlace; y VALDÉS RIVEROLL M., «Principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional«, UNAM, 2003, artículo disponible en este enlace; En el 2024, la Oficina del Fiscal de la misma CPI elaboró este extenso documento (84 páginas) en el que enfatiza la «doble vía» con la que ha orientado su labor con los sistemas nacionales de justicias: complementariedad y cooperación.
Nota 2: El comunicado y la foto de la condecoración del 17 de julio del 2026 pueden ser comparados al comunicado y a la foto del Salón Dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores con un nutrido público con ocasión de la misma condecoración otorgada a la embajadora de España en el 2025, que en lo personal consideramos como una de las mejores embajadoras que ha tenido España en Costa Rica: Eva Martínez Sánchez (véase comunicado oficial).
Nota 3: El Salvador ha desarrollado en estos últimos años una política represiva de «mano dura» que ha originado un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas, el cual recomienda realizar gestiones ante la CPI por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador: véanse al respecto esta nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y el texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SURCOS Digital). Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica, así como en algunas otras latitudes del continente americano.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., “A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana “ en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana. University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 1-16, p. 5. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008 “en BOEGLIN N., HOFFMANN J. y SAINZ-BORGO J.C. (Ed.). La Corte Penal Internacional: Una perspectiva latinoamericana, University for Peace Press / Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 2012, pp. 304-331. Obra completa con acceso al texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: En efecto, en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo (véase texto completo, en particular los párrafos conclusivos 130-131). Mientras que esta decisión fue celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemitismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021). De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24. En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. Cabe advertir que el tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente (salvo algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos que gravitan en algunas capitales alrededor de las embajadas de Israel, incluida la embajada de Israel en Costa Rica).
Nota 7: Debido a la firma de un permiso de explotación minera suscrita por la entonces Segunda Vice Presidenta con recargo como Ministra de Ambiente el 17 de diciembre del 2001 (una segunda quincena de diciembre que persistirá en el expediente «Crucitas» años después como «el» período para otorgar permisos y viabilidades en materia ambiental…) a favor de una empresa minera canadiense para su proyecto ubicado en la localidad de Las Crucitas, en la zona Norte de Costa Rica, el nuevo Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 consideró que Costa Rica no iba a postularla oficialmente a un puesto en las primeras elecciones de jueces de la CPI. La Sala Constitucional anuló el permiso de explotación minera otorgado en diciembre del 2001 en el 2004 (véase sentencia). En junio del 2002, el Presidente de Costa Rica y su Ministro de Ambiente decretaron una moratoria minera en Costa Rica (véase Decreto Ejecutivo30477-MINAE). En febrero del 2003, la candidatura de Panamá prosperó, causando molestia en algunos círculos políticos en Panamá (véase nota de prensa).
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI): de cara a la elección de jueces titulares«, 15 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí.
Una propuesta que hasta hace poco habría parecido confinada a los márgenes más excéntricos del fundamentalismo religioso ha comenzado a circular con inesperada naturalidad en Estados Unidos: sustituir el sufragio individual por un único “voto por hogar”. Según sus promotores, cada familia debería expresarse políticamente como una sola unidad, representada por quien ejerza su jefatura. Aunque el lenguaje utilizado evita algunas veces decir abiertamente que las mujeres deben perder el derecho al voto, la consecuencia material resulta difícil de ocultar: dentro del modelo tradicional defendido por estos sectores, la voz política del hogar sería ejercida normalmente por el esposo.
La controversia adquirió mayor visibilidad durante la Women’s Leadership Summit de Turning Point USA, celebrada en junio de 2026. La reunión, encabezada por Erika Kirk, directora ejecutiva de esa organización, presentó como oradora a Savanna Faith Stone, una joven influenciadora que cuestiona abiertamente el sufragio femenino y defiende la representación política por hogares. Algunas asistentes declararon incluso que estarían dispuestas a renunciar a su voto si ello contribuyera al triunfo de un proyecto político más conservador. El encuentro combinó activismo electoral, religiosidad cristiana, maternidad idealizada, rechazo del feminismo y exaltación de los papeles tradicionales de género.
No existe, hasta el momento, una declaración inequívoca de Erika Kirk solicitando formalmente la derogación de la Decimonovena Enmienda. Pero la responsabilidad política no se determina solamente mediante confesiones literales. También se infiere de las ideas a las que se concede tribuna, de los públicos que se organizan, de las sensibilidades que se educan y de los límites que deliberadamente se hacen retroceder. Dirigir una organización que legitima y amplifica una doctrina supone algo más que permanecer neutral ante ella.
La Decimonovena Enmienda prohíbe que el Gobierno federal o los estados nieguen o restrinjan el voto por razón del sexo. Una reforma directa de esa disposición enfrenta enormes obstáculos constitucionales. Sin embargo, reducir el problema a la improbabilidad inmediata de su derogación sería un grave error. La amenaza más profunda no consiste en que mañana desaparezca jurídicamente el sufragio femenino, sino en que la desigualdad política de las mujeres vuelva a ser presentada como una opción legítima, discutible y hasta moralmente virtuosa.
Las regresiones democráticas rara vez comienzan con la aprobación de su medida más extrema. Comienzan haciendo imaginable aquello que una sociedad había aprendido a considerar inadmisible.
La familia no habla: alguien habla en su nombre
La expresión “voto por hogar” puede parecer, a primera vista, una propuesta para fortalecer la familia. Su formulación contiene palabras afectivamente poderosas: unidad, compromiso, responsabilidad, tradición. Pero debajo de ellas se oculta una transformación radical del concepto moderno de ciudadanía.
La democracia reconoce, al menos normativamente, a cada persona adulta como sujeto autónomo de derechos políticos. El voto por hogar reemplazaría a la persona por una entidad colectiva llamada familia. Esa familia tendría una sola voluntad y una única voz. Pero la familia no habla. Alguien habla en su nombre.
Dentro de la antropología cristiana patriarcal que sostiene la propuesta, esa persona no sería escogida mediante una deliberación democrática entre sus integrantes. La autoridad vendría definida de antemano por una supuesta ley natural o divina: el marido representa, la esposa acompaña y los hijos obedecen.
La mujer no sería necesariamente expulsada de la comunidad política. Su personalidad política sería absorbida por la del esposo. Se recuperaría así, bajo formas contemporáneas, la antigua lógica jurídica de la coverture, según la cual la personalidad civil de la mujer casada quedaba subsumida en la de su marido.
La pregunta fundamental no es, entonces, si la familia debe tener reconocimiento social. Por supuesto que debe tenerlo. La pregunta es quiénes integran esa familia, cómo se distribuye el poder dentro de ella y qué ocurre con quienes no se ajustan al modelo declarado como natural.
¿Qué persona representaría a un hogar encabezado por una mujer? ¿Qué sucedería con las personas solteras, viudas o divorciadas? ¿Quién votaría en una vivienda compartida por varios adultos? ¿Qué posición ocuparían las parejas del mismo sexo? ¿Se reconocería como familia a un matrimonio igualitario? ¿Quién sería considerado su cabeza? ¿Tendría el mismo valor político una casa habitada por seis personas adultas que una persona que vive sola?
Estas preguntas muestran que el voto por hogar no es únicamente un ataque contra las mujeres. Es el borrador de un orden político en el que la ciudadanía dependería de la pertenencia a una familia heterosexual, reproductiva, jerarquizada y religiosamente legitimada.
Una vez aceptado ese principio, la distancia entre restringir la autonomía de las mujeres y negar el reconocimiento de las familias constituidas por personas del mismo sexo se vuelve muy corta. Si existe una única familia natural, todas las demás formas de convivencia quedan reducidas a excepciones toleradas, arreglos privados o desviaciones carentes de igual dignidad pública.
Reconocer una incomodidad sin convertirla en prohibición
En este punto debo admitir algo que puede resultar incómodo. Como hombre homosexual, no todas las expresiones contemporáneas del género me producen identificación o cercanía. Algunas representaciones que observo constantemente en las redes sociales, la televisión y el espacio público me generan distancia, desconcierto e incluso cansancio.
Negarlo para cumplir con una expectativa de corrección política sería intelectualmente deshonesto.
También sería deshonesto suponer que esa reacción existe únicamente entre personas conservadoras o religiosas. Dentro de las propias diversidades sexuales hay diferencias generacionales, culturales, estéticas y políticas. No todas las personas homosexuales se reconocen en las mismas expresiones, símbolos, lenguajes o formas de representar el género. La sigla LGBTIQ reúne experiencias distintas, pero no elimina sus tensiones.
Ahora bien, una incomodidad personal no constituye un argumento jurídico ni una autorización para excluir.
Es necesario distinguir entre tres planos. El primero corresponde al gusto, la afinidad o la identificación personal: nadie está obligado a sentirse representado por todas las manifestaciones de la diversidad. El segundo pertenece al debate político: los movimientos sociales pueden discutir críticamente sus estrategias, lenguajes, prioridades y formas de presentación pública. El tercero corresponde a la dignidad y los derechos: ninguna persona puede quedar desprotegida porque su apariencia, su identidad o su manera de habitar el cuerpo produzcan extrañeza en otras.
La igualdad democrática no exige que todas las formas de vida nos resulten familiares. Exige que la falta de familiaridad no se convierta en inferioridad jurídica.
Judith Butler ha mostrado que aquello que una sociedad reconoce como masculino o femenino no surge exclusivamente de una esencia inmutable, sino de normas, actos y repeticiones históricas. Esto no significa que todas las personas deban abandonar las categorías de hombre o mujer, ni que debamos sentirnos emocionalmente cercanos a cualquier expresión de género. Significa que las fronteras entre lo masculino y lo femenino han sido socialmente producidas y, por tanto, están sometidas a transformaciones, conflictos y resistencias.
También debemos considerar que las plataformas digitales no ofrecen una representación equilibrada de la realidad. Los algoritmos privilegian aquello que produce sorpresa, indignación, admiración o rechazo. Las expresiones más intensas, teatrales o polémicas obtienen mayor circulación y terminan presentándose como si fueran la totalidad de un colectivo enormemente diverso.
Por eso es legítimo analizar críticamente la espectacularización o mercantilización de ciertas identidades. Lo que no sería legítimo es trasladar esa crítica hacia la negación de derechos de las personas que las encarnan.
Mi incomodidad puede hablar de mis códigos generacionales, de mi historia y de mi propia socialización. También puede señalar problemas reales de comunicación y representación dentro de los movimientos. Pero no determina la dignidad de nadie.
El conservadurismo político opera precisamente sobre estas zonas de incomodidad. No necesita inventarlas: las recibe, las organiza y les proporciona una explicación. Stuart Hall mostró cómo el autoritarismo puede convertir ansiedades dispersas en un nuevo “sentido común”. El malestar deja de ser una experiencia abierta a la reflexión y se transforma en una certeza política: alguien está destruyendo nuestra familia, nuestra cultura o nuestra forma de vida.
Así, la persona trans, el hombre femenino, la mujer masculina, la feminista, el migrante o la pareja homosexual son convertidos en rostros visibles de una crisis que no produjeron.
El reconocimiento jurídico y sus límites
Las luchas feministas y de las diversidades sexuales han conseguido transformaciones jurídicas fundamentales. El matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la protección contra la discriminación y la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos no son concesiones superficiales. Modifican vidas concretas, protegen vínculos afectivos, permiten heredar, acceder a la seguridad social, tomar decisiones médicas, formar familias y vivir con mayor libertad.
Sería profundamente injusto minimizar esas conquistas.
Sin embargo, también es necesario reconocer los límites de una política centrada exclusivamente en el reconocimiento legal. Nancy Fraser advirtió hace décadas que la justicia requiere articular dos dimensiones inseparables: reconocimiento y redistribución. Una sociedad puede reconocer simbólicamente ciertas identidades y mantener intactas las estructuras económicas que producen explotación, pobreza y exclusión.
Lisa Duggan utilizó el concepto de homonormatividad para describir una política sexual compatible con el neoliberalismo: determinados gays y lesbianas pueden ser incorporados como parejas respetables, propietarios, consumidores y contribuyentes, sin que esa inclusión cuestione las relaciones dominantes de clase, raza, trabajo y propiedad.
El problema no radica en que las personas homosexuales puedan casarse. El problema aparece cuando el matrimonio se convierte en el horizonte máximo de la emancipación y se pierde de vista que muchas personas LGBTIQ continúan enfrentando desempleo, pobreza, expulsión familiar, violencia policial, falta de vivienda, precariedad laboral y dificultades para acceder a servicios públicos.
El reconocimiento jurídico puede integrar a algunas personas sin emancipar al conjunto.
Aquí adquiere importancia la interseccionalidad formulada por Kimberlé Crenshaw. No se trata de confeccionar una lista cada vez más extensa de identidades, sino de examinar cómo diferentes relaciones de poder actúan conjuntamente. Una mujer lesbiana, indígena y empobrecida no experimenta por separado el género, la orientación sexual, la etnia y la clase. Estas condiciones se entrecruzan y producen una posición social específica que no puede comprenderse atendiendo solamente a una de ellas.
Lo mismo ocurre dentro de las diversidades sexuales. No vive de igual manera su ciudadanía un empresario homosexual con acceso a vivienda, educación y servicios privados que una mujer trans migrante, racializada y excluida del mercado laboral formal. Ambos pueden experimentar discriminación, pero no poseen los mismos recursos para enfrentarla.
Una política verdaderamente interseccional no sustituye la clase por la identidad ni la identidad por la clase. Estudia cómo se construyen mutuamente dentro de relaciones históricas de poder.
La institucionalización de los movimientos
También debemos examinar críticamente el proceso mediante el cual numerosos movimientos sociales se han convertido en organizaciones profesionales dependientes de proyectos, consultorías, indicadores y financiamiento internacional.
Fundaciones como Open Society han apoyado litigios, organizaciones y programas que han resultado esenciales para comunidades perseguidas o abandonadas por sus Estados. Reconocerlo es necesario para evitar explicaciones conspirativas o simplificaciones alrededor de la figura de George Soros.
No obstante, el financiamiento institucional produce efectos políticos, aunque no exista una orden directa del donante. Sonia Álvarez y autoras vinculadas a la crítica de la “oenegización” de los movimientos sociales han mostrado que la profesionalización puede transformar las formas de militancia, las prioridades y los lenguajes.
Los proyectos financiados suelen exigir objetivos delimitados, resultados medibles, informes, productos jurídicos y poblaciones específicas. Esto puede favorecer campañas sobre una ley determinada, una sentencia, una capacitación o una política pública concreta. Resulta mucho más difícil traducir en indicadores un proceso político prolongado que cuestione la concentración de la riqueza, la explotación laboral, la propiedad, la deuda, la privatización de los cuidados o la subordinación económica de América Latina.
Además, cuando cada organización debe competir por fondos destinados a una población o problema específico, la fragmentación puede institucionalizarse:
unas organizaciones trabajan sobre matrimonio igualitario;
otras sobre identidad de género;
otras sobre violencia contra las mujeres;
otras sobre derechos reproductivos;
otras sobre racismo;
otras sobre pobreza o trabajo.
Cada una administra su expediente, su vocabulario y sus indicadores.
Mientras tanto, el conservadurismo articula todos estos asuntos dentro de una sola visión del mundo. Para la derecha religiosa, el feminismo, la identidad de género, el aborto, la educación sexual, el matrimonio igualitario, la secularización y la caída de la natalidad forman parte de una única crisis civilizatoria.
El adversario posee una teoría general de la sociedad. Los movimientos democráticos responden demasiadas veces con expedientes separados.
Esta asimetría ayuda a explicar por qué no se advierte todavía una respuesta pública articulada y proporcional de las principales organizaciones LGBTIQ frente al “voto por hogar”. No significa que estas organizaciones permanezcan inactivas. Muchas están enfrentando amenazas judiciales, administrativas y legislativas urgentes. Pero la especialización puede llevarlas a considerar la supresión del voto femenino como un asunto exclusivo de las mujeres, sin advertir que detrás de ella se encuentra el mismo concepto de familia que amenaza el matrimonio igualitario, la identidad de género y la ciudadanía sexual.
Neoliberalismo y restauración patriarcal
La ofensiva conservadora no puede explicarse solamente como una reacción cultural ante la visibilidad de las diversidades sexuales. Debe ser situada dentro de las transformaciones económicas de las últimas décadas.
Melinda Cooper ha mostrado que el neoliberalismo económico y el conservadurismo familiar no son necesariamente adversarios. Ambos pueden complementarse. Cuando el Estado reduce la protección social, privatiza servicios y traslada a las personas los riesgos del desempleo, la enfermedad, la vejez y el cuidado, la familia debe asumir las responsabilidades abandonadas por las instituciones públicas.
Pero no cualquier familia puede realizar ese trabajo. El modelo requiere una estructura doméstica en la que alguien —normalmente la mujer— realice gratuitamente las tareas de reproducción, crianza y cuidado.
El neoliberalismo debilita materialmente a las familias mientras el conservadurismo religioso exige que ellas resuelvan privadamente las consecuencias de ese debilitamiento.
El encarecimiento de la vivienda, la precarización del empleo, la deuda, la falta de servicios públicos de cuidado y la incertidumbre económica dificultan que millones de personas puedan sostener una vida familiar estable. Sin embargo, en lugar de cuestionar estas condiciones, la derecha traslada la responsabilidad hacia el feminismo, la autonomía de las mujeres, la diversidad sexual y la supuesta desaparición del varón proveedor.
Una crisis producida por relaciones económicas es reinterpretada como una crisis moral.
La solución propuesta no consiste en elevar salarios, garantizar vivienda, fortalecer la seguridad social, reducir las jornadas laborales o construir sistemas públicos de cuidados. Consiste en restaurar la autoridad masculina y la obediencia doméstica.
La estética que rodea encuentros como el de Turning Point USA resulta reveladora. Se presenta un universo aspiracional de bienestar, consumo, maternidad idealizada, matrimonio temprano, belleza cuidadosamente construida y religiosidad. No puede afirmarse que todas las asistentes pertenezcan a sectores económicamente privilegiados, pero el modelo ofrecido presupone condiciones materiales que millones de familias estadounidenses y latinoamericanas no poseen.
La mujer que puede abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente al hogar necesita que alguien genere ingresos suficientes para sostenerlo. La exaltación de la esposa dependiente oculta a las trabajadoras pobres, a las madres solas, a las migrantes, a las mujeres afrodescendientes e indígenas y a quienes realizan múltiples jornadas para sobrevivir.
La CEPAL ha identificado precisamente la desigualdad socioeconómica, los patrones patriarcales, la división sexual del trabajo, la injusta organización de los cuidados y la concentración del poder como desafíos estructurales que se refuerzan mutuamente en América Latina. Su Estrategia de Montevideo advierte, además, sobre el resurgimiento del conservadurismo y las restricciones contra el reconocimiento de la diversidad sexual, la identidad de género y las diferentes formas de familia.
Una ofensiva transnacional con actores locales
Sería equivocado considerar estas ideas como fenómenos exclusivamente estadounidenses. También sería simplista imaginar a América Latina como una región pasiva que obedece mecánicamente instrucciones procedentes de Washington.
Lo que existe es una circulación transnacional de discursos, recursos, métodos de movilización, estrategias jurídicas y modelos legislativos. Iglesias, centros de pensamiento, organizaciones conservadoras, partidos políticos, influenciadores digitales y sectores empresariales traducen esos repertorios a las condiciones de cada país.
Sonia Corrêa, Roman Kuhar, David Paternotte y Juan Marco Vaggione han estudiado la formación de campañas que utilizan la expresión “ideología de género” para reunir bajo un mismo enemigo al feminismo, la educación sexual, los derechos reproductivos, las personas trans y las diversidades sexuales. Estas campañas no se limitan a defender convicciones religiosas privadas. Buscan intervenir en la legislación, la educación, los tribunales, las políticas públicas y la definición misma de ciudadanía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la expansión de sectores contrarios a los derechos LGBTI dentro de los propios poderes estatales, así como sobre campañas de desinformación dirigidas a obstaculizar el reconocimiento de esos derechos.
El contexto actual de Estados Unidos aumenta la relevancia regional de esta ofensiva. Desde enero de 2025, su Gobierno ha adoptado una definición federal binaria e inmutable del sexo, eliminado políticas de diversidad y empleado oficialmente la expresión “ideología de género”. Estas disposiciones no se han limitado a la administración interna. El Departamento de Estado ha incorporado condiciones relacionadas con la denominada “ideología de género” en instrumentos y programas de asistencia exterior, mostrando que este marco forma parte de la política internacional estadounidense.
Esto no significa que toda regresión latinoamericana sea ordenada desde Estados Unidos. En nuestros países existen tradiciones patriarcales, élites conservadoras, iglesias políticamente organizadas y desigualdades históricas capaces de producir sus propias formas de autoritarismo.
La influencia externa encuentra aliados internos porque responde a intereses y conflictos ya presentes.
En América Latina, la “defensa de la familia” puede vincularse con el rechazo a la educación sexual, la oposición al Estado laico, la restricción de los derechos reproductivos, la persecución de las identidades trans y la impugnación del matrimonio igualitario. Pero también puede ser utilizada para desviar la atención de la desigualdad, la corrupción, la concentración económica y el deterioro de los servicios públicos.
La cruzada moral organiza políticamente frustraciones que tienen raíces materiales.
La fragmentación como derrota anticipada
Las divisiones entre feminismos, movimientos homosexuales, activismos trans y otras expresiones de la diversidad no son inventadas por la derecha. Existen desacuerdos auténticos sobre el cuerpo, el sexo, la identidad, el lenguaje, la representación y las estrategias políticas.
El conflicto con sectores identificados como TERF, el antifeminismo presente en algunos espacios trans, la misoginia dentro de comunidades homosexuales y la transfobia dentro de movimientos gays y lésbicos muestran que ninguna sigla garantiza por sí misma una política emancipadora.
Pero una cosa es reconocer los conflictos y otra permitir que estos destruyan toda posibilidad de alianza.
La interseccionalidad no exige negar las contradicciones. Exige comprender que ninguna de las poblaciones involucradas podrá defenderse aisladamente frente a una ofensiva que pretende reorganizar la sociedad entera.
Cuando se afirma que la familia heterosexual es la célula natural de la nación, no se amenaza solamente a las personas trans. Se amenaza a las mujeres que no desean someterse a un esposo, a las personas homosexuales que han construido sus propias familias, a quienes deciden no reproducirse, a las madres solas, a las parejas divorciadas, a las personas ateas, a las juventudes que cuestionan la autoridad religiosa y a todas aquellas vidas que no caben dentro de una única moral oficial.
La restauración patriarcal distribuye sus ataques por etapas, pero el proyecto que los articula es común.
Reconstruir una ciudadanía democrática común
La respuesta no puede consistir en abandonar las identidades ni en reducir todos los conflictos a la clase social. Tampoco puede limitarse a defender cada derecho cuando ya se encuentra ante los tribunales.
Hace falta reconstruir una ciudadanía democrática común.
Su punto de partida debe ser sencillo: “la persona, y no la familia, la iglesia, el marido, el mercado o una identidad aislada, es el sujeto originario de los derechos”.
La familia debe ser protegida porque está integrada por personas, no porque posea una voluntad superior a ellas. Su reconocimiento debe abarcar la pluralidad de vínculos afectivos y formas de convivencia existentes, siempre que se respeten la autonomía, la igualdad y la dignidad de sus integrantes.
Una respuesta interseccional tendría que reunir a movimientos feministas, organizaciones LGBTIQ, sindicatos, comunidades afrodescendientes e indígenas, movimientos campesinos, defensores del Estado laico, organizaciones juveniles y luchas por los servicios públicos.
No se trataría únicamente de formar una coalición electoral o emitir comunicados conjuntos. Sería necesario reconstruir procesos de formación política, recuperar la presencia en comunidades populares y vincular la defensa de la autonomía corporal con las condiciones materiales que permiten ejercerla.
La libertad de una mujer no depende solamente de que pueda votar, sino también de que cuente con ingresos propios, educación, vivienda, seguridad social y servicios de cuidado. La libertad de una persona homosexual no termina con el derecho a casarse si puede ser despedida, expulsada de su hogar o condenada a la pobreza. El reconocimiento de una persona trans permanece incompleto mientras la discriminación le cierre el acceso al trabajo, la salud y la educación.
La CEPAL ha insistido en que una perspectiva de género rigurosa debe reconocer los efectos diferenciados de la desigualdad sobre mujeres sexualmente diversas y sobre la población LGBTIQ en su conjunto. También ha señalado que la autonomía económica, física y política se encuentra estrechamente relacionada con el acceso a recursos, la participación pública, el trabajo, los cuidados y la posibilidad de vivir sin violencia.
El frente democrático que necesitamos debe defender simultáneamente el sufragio femenino, la diversidad familiar, los derechos laborales, la seguridad social, la autonomía corporal, la educación pública, la libertad religiosa, el Estado laico y la igualdad de las personas LGBTIQ.
No porque todas estas luchas sean idénticas, sino porque están amenazadas por una misma concentración del poder.
La distopía no empieza mañana
Quizás el “voto por hogar” no llegue a convertirse pronto en una reforma constitucional. Tal vez permanezca durante algún tiempo como una idea minoritaria. Pero su importancia política no debe medirse únicamente por sus posibilidades legislativas inmediatas.
Su avance demuestra que una parte de la derecha contemporánea ya no se limita a detener nuevas conquistas. Está dispuesta a revisar derechos que parecían definitivamente consolidados.
Hoy se discute si la mujer debería votar de manera autónoma. Mañana podrá discutirse si todas las familias merecen igual reconocimiento. Después, si la identidad, la orientación sexual o la religión deben condicionar el ejercicio de la ciudadanía.
La analogía con los fundamentalismos que Occidente solía atribuir exclusivamente a otras culturas no debe formularse como una equivalencia mecánica. Existen diferencias institucionales, históricas y coercitivas evidentes. Pero la gramática profunda resulta inquietantemente semejante: autoridad religiosa, subordinación femenina, heterosexualidad obligatoria, control de la sexualidad y negación de la autonomía individual.
El fundamentalismo occidental ha aprendido, sin embargo, a presentarse con una estética moderna. No siempre utiliza uniformes, prohibiciones explícitas o tribunales religiosos. Puede hablar mediante influenciadoras, productos de bienestar, campañas electorales, conferencias juveniles y mensajes sobre el amor, la maternidad y la unidad familiar.
La dominación no se anuncia necesariamente como dominación. Puede presentarse como protección.
Frente a ella, no basta con defender nuestras parcelas ni con exigir que nadie manifieste incomodidad. Debemos ser capaces de escuchar los malestares sociales, discutir nuestras propias contradicciones y evitar que la derecha los convierta en odio organizado.
No toda manifestación de la diversidad tiene que representarnos. Pero todas las personas deben ser representadas por sí mismas en la vida política.
Ese es el límite democrático que no podemos entregar.
Porque cuando la familia sustituye a la ciudadanía, alguien adquiere el poder de hablar por los demás. Y cuando aceptamos que una persona hable políticamente por otra, la democracia comienza a convertirse en obediencia.
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Crenshaw, Kimberlé W. (2021). «Desmarginalizar la intersección de raza y sexo: una crítica desde el feminismo negro a la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista y las políticas antirracistas». En Malena Costa y Romina Lerussi, comps., Feminismos jurídicos: interpelaciones y debates, pp. 43-68. Bogotá: Universidad de los Andes y Siglo del Hombre Editores.
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