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SITRAPA defiende salud laboral ante uso de agrotóxicos

¡El SITRAPA una vez más se manifiesta a favor de la salud de los trabajadores de la Palma Africana!

La secretaria general del SITRAPA, Dannia Obando comunica sobre la salud del compañero Enrique Arguedas, quién recibió la atención necesaria debido a los daños causados por los agrotóxicos en su trabajo.

Desde el SITRAPA se manifiestan en contra de los agrotóxicos que han producido severos daños en la salud a muchos de los trabajadores de la palma africana, asimismo se pronuncian en contra de la empresa, la cual intenta intimidar a los y las trabajadores organizados que alzan la voz por sus derechos laborales y de salud.

El SITRAPA comunica que sigue en firme la lucha a favor de las personas trabajadoras, e invitan a los y las trabajadoras a afiliarse al sindicato.

La negociación colectiva en el caso del SUTECASA vs Perú – análisis de la ANEP

El licenciado Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizó un informe – comentario en el cual indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratifica que la negociación colectiva goza de la protección del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mediante el escrito, se explica que la ratificación se refiere a un tema tan importante,  para las personas trabajadoras, como es el derecho de negociación colectiva. Dado a que la ANEP toma como uno de sus objetivos principales poner a salvo la dignidad de miles de trabajadores y de trabajadoras, se considera un pronunciamiento importante. Esto porque en el punto n° 6 del informe se menciona que: En esta oportunidad, nuevamente, la Corte IDH hace una correcta lectura del derecho de negociación colectiva, al indicar que este derecho goza de la debida regulación en el sistema universal de protección a los derechos humanos de las personas trabajadoras; sobre todo en las normas, convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus órganos de control. Además se agrega la respuesta literal de la Corte IDH “Aunque se trata de un derecho autónomo, la Corte coincide con el Comité de Libertad Sindical de la OIT en que constituye un componente esencial de la libertad sindical, en la medida en que uno de los principales objetivos buscado por los trabajadores, al ejercer el derecho de sindicación, es el negociar colectivamente sus términos y condiciones de trabajo. En ese sentido, se establecerá el contenido y alcance de la negociación colectiva, en relación con el derecho a la libertad sindical”. Por lo que en el informe se resalta que ejercer el derecho de sindicalización es el negociar colectivamente los términos y condiciones de trabajo y esto concierne completamente el resguardo normativo de la ANEP. 

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

UNDECA denuncia manipulación y sesgo en reportes de huelga del 31 de octubre de 2024

La Unión Nacional de Empleados (UNDECA) ha denunciado que, tras la huelga convocada por la Unión Sindical de la CCSS el 31 de octubre de 2024, varios trabajadores que participaron han sido registrados en la plataforma SIPE bajo el concepto de Permiso Sin Goce de Salario (PSGS) sin solicitud ni autorización de sus jefaturas.

Según UNDECA, esta acción administrativa es ilegal, ya que el trámite requiere la solicitud del trabajador y la aprobación de la jefatura, lo cual no se ha cumplido, vulnerando los derechos de los empleados.

Debido a que estos reportes se hicieron violando normas y procedimientos, UNDECA solicita que se instruya a las unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social para dejar sin efecto de manera inmediata los reportes realizados como PSGS, que consideran violatorios del ordenamiento jurídico.

Pueden leer la denuncia completa en el siguiente enlace https://undeca.cr/2024/11/01/undeca-denuncia-manipulacion-y-sesgo-en-reportes-de-huelga-del-31-de-octubre-de-2024/ 

ACOJUPEMA lanza campaña en defensa de los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha iniciado una campaña para defender los fondos de pensiones, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores costarricenses. Esta acción surge ante la aparente intención de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y otras entidades privadas de apropiarse de los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

En el comunicado, ACOJUPEMA reafirma que los fondos de pensiones son propiedad privada de cada cotizante, activo, jubilado o pensionado, quien es el legítimo dueño de sus ahorros. La asociación denuncia los intereses oscuros y ajenos que buscan manipular o disponer de estos fondos en beneficio propio, asegurando que no representan a los ahorrantes y que estos actos son contrarios a los derechos de los trabajadores.

Con la etiqueta de «Alerta Roja», ACOJUPEMA busca concienciar a la población sobre la importancia de proteger estos fondos, enfatizando que nadie más que los ahorrantes deben tener control sobre el capital acumulado.

Esta campaña es respaldada y compartida por la vocera Marjorie Hernández, quien invita a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus ahorros para la jubilación.

Denuncia urgente: Finca Superamigos de Chiquita Brands

Screenshot

El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre SITRACOBAL, junto a Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines Costa Rica,  Centroamérica FENTRAGH, la Unidad en Acción Sindical UAS y Rel UITA Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, alzan la voz ante la alarmante situación en la finca Superamigos.

Los pasados días 8, 9 y 15 de octubre fueron divulgados unos videos en los cuales los trabajadores de la finca Superamigos mostraban como los agrotóxicos eran rociados por las avionetas al mismo tiempo que ellos se encontraban ahí realizando sus labores. De inmediato, se identifica su preocupación por encontrar en el momento una forma de protegerse y refugiarse de las dañinas consecuencias que conlleva la exposición directa de la piel y la ingesta de estos productos para el humano. 

De esta forma los trabajadores se ven acuerpados por las distintas unidades de acción sindical para que se busque una medida urgente que procure la seguridad que requieren estos trabajadores por el riesgo al que están siendo expuestos ellos y sus familias. Por lo que se busca respuesta urgente por parte del Ministerio de Trabajo para que investigue e interponga las acciones pertinentes y evitar el envenenamiento de los trabajadores.

Puede acceder a los videos completos en los siguientes enlaces:

Facebook:https://www.facebook.com/share/v/9pWsi8iUP5VaEsDc/?mibextid=WC7FNe 

Tiktok:https://vm.tiktok.com/ZMhxwTJyh/ 

Llamado del MTC: ¡Defendamos la Caja! Nos unimos al llamado del FNL a la concentración del 31 de octubre

Comunicado

El Frente Nacional de Lucha (FNL) ha convocado a una concentración para el jueves 31 de octubre 9:00 am en el Parque Central de San José. Los objetivos o demandas principales son las siguientes:

  1. Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS por cerca de 4 billones.

  2. Un plan para resolver las listas de espera.

  3. Mejoramiento de las condiciones laborales del personal de La Caja.

Para ese mismo día, la Unión de Sindicatos de La Caja hace un llamado a huelga para luchar contra el congelamiento salarial, así como por el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de la Caja.

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) considera que las reivindicaciones planteadas por el FNL y por la Unión de Sindicatos de La Caja son justas y les apoyamos firmemente.

Esta accionar social, sindical y popular en defensa de la CCSS, se da dentro de un contexto político caracterizado por una sistemática política del gobierno de Chaves tendiente al desmantelamiento de La Caja, violentando el Derecho Humano de toda la población a tener acceso a un sistema de salud y seguridad social digna.

Manifestamos nuestro rechazo a las constantes acciones por parte de este gobierno orientadas a quebrar La Caja. Además de no pagar dicha deuda billonaria, coloca en puestos claves a personajes nefastos que aplican al interior de La Caja las políticas chavistas.

Destacamos que otro elemento crítico es la manera que el gobierno destaca sin duda a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, pese a que ha sido recientemente suspendida de su cargo por seis meses. Aclaramos que la suspensión de Esquivel no implica que en forma automática se vaya a resolver la problemática que vivimos en el campo de la seguridad social. Además, tampoco hay certeza de que la respectiva medida cautelar de suspensión del cargo se mantenga. Dicha suspensión del cargo de Marta Esquivel y de otros directivos y funcionarios implicados en contratos inflados con varias cooperativas y asociaciones privadas, ha sido resultado de una acción mancomunada entre la Contraloría, Ministerio Público y Tribunales.

Reiteramos que estos hechos profundizan la crisis política del país, que se manifiesta en este momento especialmente como una crisis de enfrentamiento entre poderes.

Consideramos que un porcentaje considerable de las organizaciones populares y sociales apoyan al sector “democrático” de la institucionalidad, o sea, Contraloría y Fiscalía General. En este sentido, tomar partido por el lado de las “instituciones democráticas” y sus representantes no es una decisión acertada. Se requiere cuestionar el grado en que realmente son democráticas dichas instituciones, en tanto la justicia, lejos de estar a favor de los más pobres, se pliega a defender los intereses de los poderosos. Sumado a lo anterior, la Contraloría ha sido un baluarte de la aplicación de los planes hambreadores enmarcados en las políticas neoliberales.

El movimiento de la clase trabajadora y popular necesita posicionarse con voz propia sin alinearse a intereses nefastos. Urge defender a La Caja y otras instituciones de manera crítica, realizando acciones permanentes de denuncia y defensa frente a los múltiples ataques de Chaves, y a su vez, defender programas para que dichas instituciones garanticen estar al servicio del pueblo. También es imperativo que tanto La Caja como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otras instituciones como el ICE, AyA, Banca Pública, etc, sean sujetas de supervisión popular y ciudadana.

¡Defendamos críticamente a La Caja y otras instituciones estatales!

¡Nos unimos a concentración nacional en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social!

Movimiento de Trabajadores y Campesinos – MTC

29 de octubre del 2024

Estrés y recarga laboral causan las incapacidades en el MEP

Mensaje de Gilberth Díaz
Presidente del SEC

Las afirmaciones de Katharina Müller, Ministra de Educación, respecto a que el aumento en las incapacidades en el MEP se debe a que los funcionarios abusan de dicho derecho, son irresponsables, ofensivas y no son de recibo para el SEC y menos para el Magisterio Nacional.

En el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, tenemos claro que Müller solo evade su responsabilidad ante el deterioro del ambiente laboral educativo.

Nuestras encuestas con la afiliación revelan que las causas principales son: exceso de cargas laborales, falta de orientación pedagógica y de una ruta educativa clara, incertidumbre sobre pago completo y oportuno de salarios, aguinaldos y cuotas de jubilación (falta de presupuesto de remuneraciones), violencia y crimen organizado que afecta a la juventud y a la falta de programas de salud ocupacional.

Todo esto provoca que el personal del MEP sufra un enorme estrés laboral, ansiedad y otros padecimientos asociados.

Müller, en total desconocimiento de la labor educativa, ignora que el estrés crónico y la ansiedad, conocidos en psicología laboral como síndrome del quemado (burnout), constituyen la principal enfermedad profesional que sufren los trabajadores de la educación en todo el mundo. Por lo tanto, el MEP debe brindar atención psicológica especializada para cuidar la salud emocional de sus docentes, como parte de los programas permanentes de salud emocional.

En Costa Rica no hay psicólogos laborales atendiendo a la población docente, y las autoridades del MEP se interesan sólo por razones económicas, ya que en la misma proporción en que se incrementan las incapacidades, deben aumentar el presupuesto de remuneraciones por sustitución. Sin embargo, no muestran ninguna empatía o consideración humanitaria ante este problema de salud emocional propio de los centros educativos, donde laboran en su mayoría mujeres (en una relación de 3 mujeres por cada hombre), lo cual agrava la situación de cansancio, ya que muchas trabajadoras deben atender una jornada adicional en labores del hogar.

Para el SEC, es necesario reducir las cargas laborales generales del personal magisterial, apoyar con más recursos tecnológicos y disminuir los trámites burocráticos, además de reducir la cantidad de estudiantes por aula, así como asignar asistentes para la atención de estudiantes con necesidades especiales. Sumado a lo anterior, se suma definir una ruta pedagógica clara y un método de evaluación de aprendizaje único y homologable para todos los niveles educativos (falta de ruta educativa). Es fundamental atender los problemas de violencia, crimen organizado y narcotráfico con políticas coherentes de seguridad ciudadana, porque el personal docente ya no es suficiente para garantizar la seguridad en aulas.

El MEP debe asegurar el pago oportuno de todas las remuneraciones salariales y de las cuotas de jubilación, brindando así seguridad económica a su personal. Además, se deben implementar programas eficaces de salud ocupacional, atendidos por psicólogos laborales, para garantizar una buena salud emocional del personal.

Todas estas problemáticas deben ser resueltas por la Ministra Müller antes de acusar al personal de abusos, además de asesorarse para entender el impacto del burnout en el trabajo docente. De lo contrario, MEJOR RENUNCIE AL CARGO, siendo esta la primera medida para mejorar la salud emocional del personal del MEP y reducir las estadísticas de incapacidades

¡SEC JUNTO AL PUEBLO!

El SEC invita ver el video:

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, 2024

ANDE:  construye la Justicia Social

Mons. José Rafael Quirós Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José
San Antonio, Belén, 23 de octubre de 2024

Agradezco la atenta invitación para participar en el acto inaugural del septuagésimo noveno Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, en el marco celebrativo del octogésimo segundo aniversario de fundación de la Asociación.

El presente Congreso Nacional reviste suma importancia para estudiar, dialogar, discernir y actuar a favor de la justicia social en nuestro país. Se dice que no sabemos para dónde vamos, si olvidamos de dónde venimos. De ahí, la importancia que adquiere recordar los motivos e ilusiones que impulsaron a costarricenses amantes de la patria, por construir una sociedad más justa, equitativa y fraterna con los empobrecidos y vulnerables de nuestros campos y ciudades.

Muchas de las mentes y los corazones de aquellos costarricenses vibraron y se comprometieron con las palabras del Maestro por excelencia, vengan a mí benditos de mi Padre a heredar el Reino prometido, porque tuve hambre y me dieron de comer; fui forastero (migrante) y me hospedaron; estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron; desnudo y me vistieron; con sed y me dieron de beber, porque siempre que lo hicieron con uno de éstos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron (cfr. San Mateo 25,34-36).

Esos costarricenses construyeron un proyecto de vida personal y social, inspirados en los valores cristianos, y en el pensamiento social de la Iglesia, de justicia social, fraternidad, bien común y otros. Esos compatriotas habían integrado a su escala de valores la paz como fruto de la justicia, la verdad, el amor, la fe y la esperanza. Nunca tuvieron miedo ante corrientes contrarias.

Diseñaron y edificaron un Estado benefactor con los habitantes desfavorecidos de fortuna y empobrecidos. Un Estado Social de Derecho, para que fuera la ley el árbitro de toda controversia. Fortaleció el equilibrio de poderes en lo legislativo, judicial y ejecutivo descartando todo absolutismo.

Esos costarricenses visionarios diseñaron políticas públicas y forjaron instituciones de bienestar social para la distribución de la tierra, la vivienda popular y generar empleo. Destinaron un alto porcentaje del producto interno bruto en inversión educativa, para la alimentación de los escolares, impulsar la infraestructura educativa, estimular el pago profesional de los docentes y lo necesario para un futuro mejor. Las Universidades Públicas abrieron sus puertas al desarrollo de la cultura, la investigación, la tecnología, el cultivo de las artes y letras, al conocimiento en procesos humanísticos para la superación de las personas de escasos recursos económicos, que permitiera la movilidad social, la equidad e igualdad entre nosotros.

Esos compatriotas nos dejaron un sistema de seguridad social, atento a robustecer un seguro de salud y un seguro de invalidez, vejez y muerte, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que fuera universal y solidaria con los más pobres. Un sistema de salud que llegara a todos los rincones de nuestro país, donde se procuró agua potable, electricidad y caminos vecinales.

El establecimiento de los Estancos del Consejo Nacional de Producción fue un signo de la posibilidad de un comercio más justo y una economía solidaria, dejando de lado la voracidad del mercado. De ahí, el apoyo al productor nacional y las políticas públicas a favor del desarrollo agropecuario de esos tiempos y del futuro.

Estimados educadores, el presente Congreso Andino es una posibilidad de juzgar porqué esa Costa Rica ha perdido su ruta original, aventurándonos en un país donde crece la pobreza, las desigualdades e iniquidades. Se mermó la inversión social y se favoreció a los centros de poder económicos, financieros e intereses extranjeros; acrecentando la injusticia social.

Sigue siendo la riqueza insolidaria, la expresión del egoísmo y de la injusticia. Riqueza amasada muchas veces de medios no del todo éticos ni lícitos.

Los Obispos de Costa Rica, hemos manifestado nuestra preocupación y observaciones al texto base del Proyecto de Ley N° 24.290, (CECOR, 035-2024, 19 de junio de 2024) para el establecimiento de las jornadas laborales excepcionales, conocidas como proyecto de las jornadas 4 x 3, que no solo priva a los creyentes cristianos de consagrar el día domingo como expresión del derecho humano a la libertad religiosa y de culto, sino a las mujeres trabajadoras que además de la presunta jornada diaria de 12 horas, deben invertir tiempo en el traslado del puesto de trabajo a sus hogares y sumar más horas a las labores domésticas, cuido y educación de sus hijos; afectando gravemente la salud física, emocional y mental, de esas madres, esposas, muchas de ellas jefas de hogar. Asimismo, se privaría a muchos jóvenes de asistir a la educación nocturna y se afectaría gravemente el derecho al descanso y al ocio en familia de los trabajadores y otros asuntos de fondo. Entonces, habrá que preguntarse: ¿a quién beneficiará dicha jornada laboral?

Apreciados Andinos, es fundamental luchar contra el individualismo, el egoísmo y la división. No permitamos que se asiente “el sálvese el que pueda”. Preguntémonos ¿Qué nos ha pasado?; ¿qué nos hizo cambiar?; ¿hacia dónde vamos ahora?

Hay quiénes se han dejado manipular e invierten los valores. Para mi generación una mentira era una mentira, en cambio ahora se constata que hay mentiras a las que se les llama verdad. También, lo bueno ahora puede ser malo y lo malo ser bueno. Es así como se nos quiere convencer, respecto al aborto, que de manera evidente es el asesinato de un niño indefenso en el vientre de su madre, y lo proclaman como un derecho humano de la mujer. ¿Qué nos ha pasado?, ¿por qué hemos endurecido el corazón olvidando la dignidad de los hijos de Dios y la fragilidad de los hermanos?

Precisamente en este Congreso de ANDE/Sindicato se abre una ventana de oportunidades para que los educadores costarricenses, juzguen y ofrezcan aportes que reviertan el sendero por donde nos han conducido, cuya estrategia es la división y confrontación entre nosotros, en favor de los intereses de grupos de poder. A esos intereses ocultos les ha funcionado la estrategia política: divide y vencerás.

Que no sea así entre nosotros, todavía podemos salvar nuestro hermoso país. Dios nos ayudará. Echemos mano a nuestras raíces cristianas, a nuestra fe en Jesucristo, nuestro compromiso social desde la tarea educativa.

Andinos, hagan lo que está en sus manos, Dios les pedirá cuentas de lo que podían hacer y dejaron de hacer.

No se dejen llevar por el pesimismo, la indiferencia, las dificultades que les toca vivir, la crítica hiriente y malsana en sus centros educativos, sino antepongan el amor a sus estudiantes.

No se cansen de servir, no callen la verdad, superen el miedo y temores.

No se dejen conquistar por simples ideologías de momento.

Defiendan la vida en todas sus expresiones, desde la ternura de un niño por nacer, los bosques exuberantes de nuestro trópico hasta la grandeza y belleza del planeta tierra. Seamos custodios de la creación de Dios.

Así, bendito el docente que hace de su profesión una misión amorosa, construyendo la espiritualidad del educador cristiano y que confía que todo lo puede en Cristo que le fortalece (Cfr. Efesios, 4,13).

Que la herencia histórica de sus predecesores andinos, que fortalecieron el Estado Social de Derecho, y otras reivindicaciones para la construcción de la justicia social, marque los derroteros del porvenir.

Finalmente, deseo felicitarlos por los 82 años de fundación de ANDE, y encomendar a San José Obrero, las jornadas de trabajo que han programado, para que no falte la alegría en el desempeño profesional, y la esperanza en los años venideros en procura de una Asociación Nacional de Educadores, comprometida en continuar construyendo la paz social, como fruto de la justicia, la defensa de la vida y una educación pública a favor de los más pobres.

Que la dignidad humana presente en los educandos y educadores, ayuden a perfilar el futuro de ANDE/Sindicato de cara a los retos por venir.

Les deseo muy feliz Congreso.