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SINDEU pide a la Sala Primera rechazar la casación de la PGR sobre la exclusión de las universidades de la Ley 9635

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El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) solicitó a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazar de plano el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sentencia que excluye a las universidades públicas de la aplicación de la Ley n.º 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La gestión se presentó el 30 de octubre mediante el oficio SINDEU-AL-172-2026, dentro del expediente 19-000375-1028-CA.

La sentencia impugnada por la PGR es la resolución n.º 2026-006923 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ella, el Tribunal dio la razón a las universidades y a los sindicatos al determinar que la Ley 9635 no se aplica a las universidades públicas estatales, y anuló los artículos e incisos del Reglamento al Título III de esa ley que las incluían.

Según SINDEU, la gestión “representa una acción firme en defensa del régimen universitario, la autonomía constitucional y las condiciones que permiten a las universidades públicas cumplir su misión en beneficio del país”. El sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y la educación pública: “¡La educación pública no se negocia, se defiende!”.

SIUNED cumple tres años y señala quién paga la crisis presupuestaria en la UNED

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El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) cumplió tres años el 16 de octubre. Con ese motivo publicó un pronunciamiento en el que hace un balance de su trayectoria y fija su posición sobre los salarios, la estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y la crisis presupuestaria de la universidad.

El sindicato se fundó el 16 de octubre de 2023. Según el documento, nació de la organización de las personas trabajadoras frente a varios problemas:

  • las reformas que afectaron los componentes salariales;

  • la imposición de un salario global transitorio que califica de “paupérrimo”;

  • el deterioro histórico de las condiciones laborales en la UNED frente a otras universidades públicas.

Hoy tiene 950 personas afiliadas, entre personal administrativo, profesional y docente de todos los ámbitos institucionales.

En el texto, el SIUNED sostiene que su crecimiento demuestra la necesidad de mantener la organización sindical “incluso en un período marcado por medidas contra la clase trabajadora y por discursos que presentan la acción colectiva como innecesaria”. Recuerda que las garantías laborales no nacieron de la generosidad de quienes concentran el poder, sino de movilizaciones, conflictos y resistencias. Para sustentarlo cita a Abramovich y Courtis y a Grau-Crespo (2024), quien describe cuatro décadas de deterioro del empleo público, flexibilización laboral y antisindicalismo en el país.

Un sindicato independiente, clasista y combativo

La organización se define como independiente, clasista y combativa. Aclara que la independencia “jamás significa aislamiento ni rechazo al diálogo”: quiere decir que sus decisiones responden solo a los intereses de las personas trabajadoras y no a una administración, un gobierno, un partido o un grupo de poder. El pronunciamiento afirma que la Administración de la UNED, en algunos momentos, “ha pretendido señalar esta independencia sindical, con el objeto de frenar el pensamiento alternativo”.

El carácter clasista, explica, parte de reconocer que el personal académico, el administrativo, el profesional y el no profesional comparten una condición común: dependen de su trabajo para sostener su vida. Desde ahí, el sindicato entiende como problemas colectivos y no individuales:

  • el interinazgo histórico;

  • el desconocimiento de horas extra;

  • el congelamiento salarial;

  • la sobrecarga de trabajo.

Con base en Sepúlveda Malbrán y Frías Fernández (2007) y en Barretto Ghione (2017), el SIUNED plantea que la combatividad debe combinar movilización, formación, investigación, negociación y propuesta. Señala que el diálogo social solo es democrático cuando existen organizaciones con capacidad real de participar: “Dialogar desde la debilidad o sin fundamentación suficiente puede convertirse en mera consulta, o aún peor, conducir a la derrota”.

Salarios, estabilidad y presupuesto

Entre sus logros, el sindicato destaca la lucha por el reconocimiento del costo de vida de 2020 y 2026, con la que se obtuvo un ajuste del 3,5% en las bases salariales. También sigue luchando por recuperar la anualidad del 5%, “de conformidad con lo que indican las últimas resoluciones de los tribunales de justicia”. El documento afirma que, ante las demandas del sindicato mayoritario, la Administración y el Consejo Universitario “han utilizado la estrategia del avestruz”.

Otros puntos del balance:

  • Estabilidad laboral. En 2025 el SIUNED presentó al Consejo Universitario una propuesta para dar continuidad a los nombramientos de las personas interinas.

  • Petitoria de 2026. Une demandas laborales, financieras, institucionales y democráticas. Denuncia que persisten atrasos en los pagos al personal a tiempo parcial, mientras se reduce el tiempo reconocido para las tareas, se limitan sustituciones, se congelan plazas o se reparten las mismas responsabilidades entre menos personas.

  • Otras gestiones:

    • impulsó una normativa interna para prevenir y sancionar el acoso laboral;

    • tiene presencia en todas las comisiones institucionales con representación del sector laboral;

    • ofrece asesoría legal y atiende consultas diarias.

Sobre el financiamiento universitario, el sindicato dice que desde su fundación ha defendido el FEES “de forma decisiva” y ha denunciado “la errática estrategia seguida por CONARE en sus negociaciones”. Agrega que esa defensa no puede ser acrítica: exige transparencia, prioridades claras y rendición de cuentas. Para el SIUNED, el FEES pasa por exigir que se cumpla el 8% del PIB para la educación pública, “no por negociaciones parciales y sometiéndose a la agenda del gobierno”.

En cuanto a la crisis presupuestaria de la UNED, el pronunciamiento reconoce que existen restricciones financieras. Explica que la universidad ha aplicado medidas de contención que afectan plazas, contrataciones, jornadas, giras y presencialidad, y plantea la pregunta de fondo: “¿quién termina pagando el costo?”. Con base en Baylos (2020) y la experiencia española posterior a la crisis financiera, advierte que las políticas de austeridad pueden modificar de manera duradera las relaciones de poder en el trabajo. “Defender presupuesto y defender derechos laborales son partes de una misma lucha cuando el objetivo es preservar la educación pública como derecho”, concluye.

El tiempo de trabajo y la digitalización

Otro eje del documento es el Sistema de Tiempos para la Actividad Académica (SITA). En 2026, el sindicato rechazó la propuesta de lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia por dos razones: desconocía el trabajo previo hecho con distintos actores institucionales y, sobre todo, podría causar afectaciones regresivas en las condiciones laborales. “El tiempo también es salario y el tiempo también es vida”, afirma el texto. Si una actividad mantiene su complejidad pero se reducen las horas reconocidas, el trabajo no desaparece: se convierte en trabajo no reconocido, en jornadas extendidas o en presión para producir más en menos tiempo.

El SIUNED vincula ese debate con la digitalización del trabajo. Hoy el control puede ejercerse mediante indicadores, plataformas, formularios y tiempos estandarizados. Citando a Baylos (2022), plantea que, si un sistema distribuye cargas, mide productividad o condiciona evaluaciones, las personas trabajadoras y sus organizaciones deben conocer sus criterios y participar en su definición, algo aún más relevante con la expansión de la inteligencia artificial. Sobre el teletrabajo, con base en Romagnoli, advierte que la virtualidad puede producir disponibilidad permanente y extender el trabajo hacia el tiempo personal. El documento lo llama “colonización de la vida cotidiana”.

El pronunciamiento sostiene que las autoridades del Consejo Universitario y la Rectoría no han cuestionado esas dinámicas y que, por el contrario, siguen pidiendo sacrificios. Lo resume así: “En cuanto a temas de condiciones laborales, la UNED es candil en la calle y oscuridad en la casa”. Por eso el sindicato incluye en su agenda:

  • el derecho a la desconexión;

  • el respeto a las jornadas declaradas;

  • el pago del tiempo efectivo de trabajo;

  • la salud ocupacional en entornos digitales;

  • la transparencia de los sistemas automatizados.

“No basta con defender derechos del siglo XX frente a problemas del siglo XXI: es necesario conquistar nuevos derechos”, señala.

Organización y movilización

El SIUNED cierra con una agenda que incluye la defensa salarial, la reducción del interinazgo, el reconocimiento integral del tiempo de trabajo y la participación real en las reformas institucionales. Afirma que la defensa de la universidad pública está ligada al financiamiento educativo, la seguridad social, los servicios públicos y el empleo digno, y llama a la unidad sindical, popular y estudiantil para enfrentar “el modelo neoliberal capitalista”. También advierte que “los criterios jurídicos e informes no alteran las relaciones de poder por sí solos. Exigen organización, respaldo colectivo y movilización unitaria”.

“Las conquistas del pasado parecieron en su momento demandas imposibles”, concluye el documento, que termina con las consignas “¡Tres años de lucha! ¡Ahora sí hay sindicato en la UNED! ¡Unidad de la clase trabajadora!”.

Un faro para el camino: la lucha por la educación es una obligación histórica

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José Joaquín Meléndez G.

Hay momentos en que un gremio debe detenerse, mirarse al espejo y preguntarse con honestidad: ¿seguimos siendo fieles a lo que nos dio origen? Esta es una de esas horas. Y la pregunta no es incómoda para quien tiene la conciencia tranquila, sino necesaria para quien ama de verdad su causa.

Lo que somos

Somos trabajadores de la educación de Costa Rica, herederos de una tradición que decidió, hace mucho, que este pequeño país no tendría ejércitos sino escuelas. Esa decisión nos dio identidad, paz y dignidad. Cada trabajador de la educación que hoy entra a un aula continúa esa historia. Frente a nosotros están niños y niñas, jóvenes llenos de ilusiones: no son una estadística ni una carga presupuestaria, son el país que viene. Y nosotros somos, en gran medida, quienes lo formamos.

El faro que hace falta

Toda organización humana, por noble que sea su origen, corre el riesgo de desviarse: de que el interés personal se disfrace de interés colectivo, de que el cargo sea privilegio y no servicio, de que la defensa legítima se vuelva costumbre vacía, de que el silencio cómodo reemplace a la crítica honesta. Nombrar esas desviaciones no es debilitar al magisterio; es protegerlo. La luz del FARO incomoda a quien se esconde, pero libera a quien actúa con rectitud. Un sindicato fuerte no teme a la transparencia, la practica. No teme a las cuentas claras, las presenta. No teme a la crítica interna, la convierte en rumbo.

Combatir, sí, pero con principios

Nuestra lucha es firme y no pide permiso para serlo. Lucharemos por escuelas dignas, por programas de estudio pertinentes y de calidad, por condiciones justas para quien enseña, por inversión seria y sostenida en educación, y por el derecho de cada niño, viva donde viva, a aprender. Pero la fuerza de esta lucha depende de su autoridad moral. Un combate sin valores se convierte en ruido; un combate guiado por la justicia, la honestidad y la solidaridad se convierte en historia. Combatimos contra el abandono, la indiferencia y la mediocridad, y también contra todo vicio que nos habite por dentro.

Lo individual y lo colectivo

Desde el aula, el docente construye con su ejemplo diario. Desde el sindicato, la dirigencia construye con su coherencia. Son dos trincheras de una misma causa. Ninguna sustituye a la otra: sin trabajadores de la educación comprometidos, el sindicato pierde su razón de ser; sin un sindicato ético y valiente, el trabajador de la educación queda solo ante los desafíos. Cuando ambos se rigen por principios y valores, la profesión se eleva y la escuela se transforma.

Una obligación histórica

Las generaciones que nos antecedieron lucharon para que hoy exista una educación pública que es orgullo nacional. No la recibimos para administrarla con comodidad, sino para defenderla, renovarla y entregarla mejor. Esa es nuestra deuda y nuestra responsabilidad. Dentro de cincuenta años, alguien juzgará si estuvimos a la altura. Que pueda decir que, cuando hubo que corregir el rumbo, tuvimos el valor de hacerlo; que cuando hubo que defender la escuela, no dimos un paso atrás; y que cuando se trató de elegir entre el interés propio y el de los niños, elegimos siempre a los niños.

Convicción para seguir

Nuestra lucha es por la educación, por la niñez y la juventud, por las escuelas y los programas, y, en definitiva, por una Costa Rica mejor para todos. Es una causa que no se agota en un período ni en una dirigencia, porque no nos pertenece: es un legado que nos fue confiado.

Hoy lo reafirmamos con serenidad y con firmeza: el FARO por delante, la rectitud como brújula y los niños como razón. Ese es el camino.

San José, octubre de 2026

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

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El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

De jornadas extenuantes a jornadas esclavistas

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Lic. Raúl Blanco Chavarría*

Esta semana se presentó a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto de Ley N.º 24.290 para el establecimiento de jornadas laborales excepcionales; bonito título para no decir reforma laboral para el establecimiento de jornadas extenuantes y explotadoras.

El pueblo de Costa Rica no ha dimensionado aún el enorme retroceso que este proyecto podría provocar con su aprobación. Ha pasado ya por dos gobiernos (el de Alvarado Quesada, 2018-2022, y el de Chaves Robles, 2022-2026) que han intentado sin éxito aprobar esta nociva reforma, la cual busca impulsar la normalización de una jornada de 12 horas con la promesa de contar con tres días libres. ¡Menudo caballo de troya que intenta ocultar una evidente violentación a los derechos laborales de todo el pueblo costarricense!

Esta reforma, heredera del PAC, legado del cual reniegan hoy en día los autodenominados “jaguares” y bendecida por las grandes cámaras empresariales, tiene la clara intención de regular la forma en la que se remunerará el salario a los trabajadores. El debate aquí no es si se trabaja o no más de doce horas en la jornada laboral; es más, la ley y nuestra Constitución ya regulan el trabajo más allá de las doce horas. Estamos hablando de que esta reforma eliminaría el 50% del recargo estipulado constitucionalmente para sustituirlo por un mínimo del 17% en las jornadas diurna y mixta y 25,5% en la nocturna sobre el horario correspondiente.

Para la juventud que forma parte de la inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que sostienen este país día con día, la entrada en vigor de esta reforma constituirá una enorme barrera para estudiar. El traslado de nuestros centros de trabajo a la universidad o a nuestros hogares no es tomado en cuenta por nuestros legisladores a la hora de pensar qué repercusiones puede tener en la juventud. Miles de jóvenes tendrían cada vez mayores dificultades para ingresar o mantenerse en universidades, colegios nocturnos o procesos de formación profesional, tomando en cuenta también que el 55% de los jóvenes que hoy cuentan con una jornada laboral ganan un salario inferior al mínimo, según un reciente informe del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR). Entonces, ¿qué garantía legal tiene la juventud ante este proyecto que pueda asegurar nuestro futuro con el estudio?

¿Qué garantía tendrán las mujeres jefas de hogar con el cuido de sus hijos?

¿Qué garantía tiene la clase trabajadora de que con esta reforma no se abrirá un portillo para que los derechos laborales se vean violentados e irrespetados por la relación de poder entre el patrono y el trabajador?

La actual jornada ordinaria de 8 horas constituye una conquista del pueblo de Costa Rica; el desconocer esta historia de lucha iniciada por los sindicatos en las huelgas bananeras como la de 1934 y posteriores y del liderazgo del Partido Comunista (hoy Partido Vanguardia Popular) en el pacto con la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia para la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, es casi un crimen de traición a la memoria histórica de esta patria.

Pretender normalizar jornadas ordinarias de hasta 12 horas (que ya son legales y con pago justo) significa trasladar las necesidades de rentabilidad empresarial sobre la salud, el tiempo y las condiciones de vida de quienes trabajan.

Nuestra Constitución Política contempla en su Artículo 58 un recargo justo al exceder las ocho horas laborales; hoy el pueblo de Costa Rica se encuentra vigilante de la Sala Constitucional, la cual hoy tiene el deber patriótico y constitucional de frenar este retroceso en materia de derechos laborales.

El pueblo los respaldó en un plantón hace dos meses ante los ataques del oficialismo; hoy tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo. Su juramento es con la patria y por el bienestar del pueblo de Costa Rica. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él, el pueblo y la patria os lo demanden.

*Abogado, sindicalista, secretario general de la Juventud Vanguardista Costarricense y coordinador del movimiento Trabajo Digno.

Sala Constitucional admite acción de inconstitucionalidad de AJA por falta de ajustes por costo de vida en pensiones del Magisterio Nacional

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La Sala Constitucional admitió para su estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA). La acción cuestiona que un grupo de personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) no haya recibido ajustes por costo de vida en sus pensiones. La organización solicita que estas personas reciban la misma revalorización que se aplica a otras pensiones del mismo régimen.

Según informó AJA, la acción superó la fase de admisibilidad y el tribunal le dio el curso correspondiente para analizar el fondo del asunto. Como paso siguiente, se solicitarán los informes a las autoridades recurridas y se abrirá el espacio para las audiencias y consultas respectivas, antes de que se dicte la sentencia final. La Asociación considera la admisión “un paso fundamental para reivindicar un derecho jubilatorio”.

Pensiones congeladas y pérdida de poder adquisitivo

La acción se refiere a las personas pensionadas del RTR amparadas en las leyes 2248 y 7268. Según la argumentación de AJA, el congelamiento de estas pensiones provocó una pérdida de poder adquisitivo del 9,04 % entre 2021 y 2025.

AJA impugna los artículos 2 y 79 de la Ley n.º 7531, Reforma del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, por lo que denomina una “omisión relativa”. Según la organización, esa normativa contempla un mecanismo de actualización que no alcanza a todas las personas pensionadas del RTR, pese a que pertenecen al mismo régimen. La revalorización se ha aplicado a las personas jubiladas del RTR amparadas en la Ley 7531, pero no a quienes se jubilaron por las leyes 2248 y 7268. Para AJA, eso genera “una clara discriminación”.

La Asociación sostiene que la doctrina jurídica sobre los derechos jubilatorios establece que la revalorización por costo de vida es un derecho consustancial a la jubilación. Esa doctrina la incorpora como parte del núcleo de esos derechos.

Los fundamentos de la acción

La demanda plantea cuatro fundamentos centrales:

  • igualdad y no discriminación;
  • protección del derecho a la pensión;
  • cumplimiento de las obligaciones del Estado costarricense en materia de seguridad social, establecidas en convenios y otros instrumentos de derecho internacional que ha ratificado;
  • progresividad de los derechos económicos y sociales.

En materia de igualdad, AJA cuestiona que personas pertenecientes al mismo régimen reciban un trato distinto en la actualización de sus pensiones. Para ello invoca el artículo 33 de la Constitución Política y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, sostiene que el reajuste por costo de vida forma parte de la protección del derecho a la pensión que reconoce el artículo 73 constitucional, porque permite que la pensión conserve su capacidad para atender las necesidades de las personas jubiladas.

Un avance procesal, no una resolución de fondo

La organización aclara que la admisión de la acción es un avance procesal, pero no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucionales las disposiciones cuestionadas ni que haya ordenado ajustes en las pensiones. Su pretensión queda sometida al análisis del tribunal.

Jornadas 4×3: la limitación de la jornada como frontera ética del trabajo asalariado y la civilización

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“… el derecho al descanso no es un lujo, sino la condición misma de la libertad. Allí donde el trabajo se extiende sin medida, la vida se convierte en servidumbre.” — Paul Lafargue, El Derecho a la Pereza

Por: Frank Ulloa Royo

La democracia y la justicia social se sostienen en la defensa cotidiana de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo. Costa Rica lo entendió hace más de un siglo, cuando en 1920 se estableció la jornada máxima de 8 horas, una conquista que colocó al país a la vanguardia en América Latina y que se convirtió en símbolo de dignidad y progreso (Rodríguez, 2019). Esta conquista se logra después de una huelga prolongada. No fue una concesión graciosa de quienes detentaban el poder. ¿Acaso será en las calles donde haya que recuperar estos derechos si continúa la miopía histórica?

Hoy, esa conquista histórica se ve amenazada por el proyecto de jornadas 4×3, que pretende instaurar turnos de 12 horas durante cuatro días, con tres de descanso. Aunque aprobado en primer debate, el proyecto fue enviado a consulta constitucional, lo que suspende su avance y abre un espacio de reflexión sobre lo que realmente está en juego.

Este intento legislativo se asemeja a un leviatán moderno, una criatura desmesurada que avanza con la fuerza de los intereses económicos y busca devorar los avances humanos conquistados con sangre y sufrimiento histórico. Como en los relatos mitológicos, el Leviatán representa el poder descontrolado que amenaza con arrasar los límites civilizatorios, en este caso la jornada de ocho horas, símbolo de dignidad y justicia social. Frente a esa figura descomunal, la consulta constitucional se convierte en un dique de contención: un espacio donde la razón jurídica y los principios de derechos humanos deben frenar la voracidad de quienes pretenden normalizar la explotación laboral.

La doctrina francesa: un camino histórico sin retrocesos

En Francia, la jornada de 8 horas fue consagrada en 1919 como respuesta a las luchas obreras y a la devastación de la Primera Guerra Mundial. La doctrina laboral francesa ha insistido en que la limitación del tiempo de trabajo no es solo un mecanismo de protección física, sino un principio de civilización: el derecho al ocio, a la vida familiar y a la participación democrática. Juristas como Gérard Lyon-Caen y Antoine Jeammaud han subrayado que el tiempo de trabajo es el núcleo de la relación laboral, y que su regulación expresa el equilibrio entre la economía y la dignidad humana.

La jurisprudencia francesa, además, ha defendido que la reducción del tiempo de trabajo es parte de la progresividad de los derechos sociales. La instauración de las 35 horas semanales en 2000 fue presentada como un avance hacia la humanización del trabajo, reafirmando que el tiempo no puede ser confiscado por el mercado. En palabras de la doctrina francesa, “la limitación de la jornada es el límite civilizatorio frente a la mercantilización del ser humano”.

Un principio universal

El derecho a una jornada limitada y al descanso no es un simple beneficio laboral: es un derecho humano reconocido internacionalmente. El Protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, incluyendo la limitación razonable de las horas de trabajo y el derecho al descanso (OEA, 1988). Los Convenios de la OIT fijan como máximo 8 horas diarias y 48 semanales en industria, comercio y oficinas (OIT, 1919). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados deben garantizar que la regulación laboral respete la salud, la vida familiar y la participación democrática de los trabajadores (Corte IDH, 2017).

El principio de no retroactividad en materia de derechos humanos constituye una garantía esencial frente a intentos de regresión normativa. La Corte Interamericana ha sostenido que los Estados están obligados a asegurar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que implica que una vez alcanzado un estándar de protección, no puede ser reducido ni debilitado (Corte IDH, 2003).

Costa Rica en el espejo de la OCDE y Europa

Costa Rica ha querido mirarse en el espejo de la OCDE y de los derechos humanos, pero ese reflejo exige coherencia: no basta con autoproclamarse como una sociedad civilizada si se retrocede en las conquistas sociales que dieron forma a nuestra democracia. Más aún cuando algunos diputados de gobierno han llegado a afirmar, con ligereza vergonzosa, que las jornadas de 12 horas representan “modernización” y “competitividad”, como si la fatiga y la erosión de la vida familiar fueran simples variables económicas. Tales declaraciones revelan un desprecio por la memoria obrera y por los compromisos internacionales del país, y muestran hasta qué punto la retórica oficial puede convertirse en un disfraz para la regresión social.

La discusión no es exclusiva de nuestro país. En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Corte Europea de Derechos Humanos han blindado el derecho al descanso como núcleo de la democracia social. En Francia, la doctrina laboral ha sido categórica: la jornada limitada es un patrimonio colectivo, y cualquier intento de ampliarla constituye una regresión inadmisible, un atentado contra la frontera ética que separa la civilización de la explotación.

Después de 106 años de jornada de 8 horas, siquiera plantear la extensión a 12 horas es un despropósito histórico. Significa abrir la puerta a la normalización de la fatiga, a la erosión de la vida familiar y a la mercantilización del tiempo humano. La democracia se mide también en su capacidad de proteger esas conquistas frente a intereses económicos que buscan perpetuidad a cualquier costo.

La jornada 4×3 no es un simple proyecto legislativo: es un pulso entre la memoria de las luchas obreras, la jurisprudencia internacional y la presión por flexibilizar derechos. La Sala Constitucional tiene en sus manos un precedente histórico. No se trata de un expediente más, sino de la defensa de un principio que Costa Rica adoptó hace más de un siglo y que ha sido reafirmado por instrumentos internacionales y por la doctrina francesa: la limitación de la jornada como frontera ética de la civilización.

Por ello, la Sala IV tiene la obligación de rechazar estas pretensiones regresivas y reafirmar que la dignidad laboral no se negocia, que los intereses económicos no pueden sobreponerse a la vida. De no hacerlo, sería una sentencia digna de ser colgada en el museo de la tortura, como advertencia de lo que ocurre cuando la justicia abdica frente al poder.

Referencias bibliográficas

  1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. San José, Costa Rica.

  2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos. San José, Costa Rica.

  3. Organización de Estados Americanos (OEA). (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). San Salvador.

  4. Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1919). Convenio sobre las horas de trabajo (industria), N.º 1. Ginebra.

  5. Rodríguez, M. (2019). Historia de la jornada laboral en Costa Rica: de la lucha obrera a la legislación social. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

  6. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (2019). Sentencia C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) vs. Deutsche Bank. Luxemburgo.

  7. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (2023). Sentencia C-477/21, IH vs. MÁV-START. Luxemburgo.

  8. Lyon-Caen, G. & Jeammaud, A. (2002). Droit du travail: relations individuelles. Dalloz, París.

  9. Supiot, A. (1999). Au-delà de l’emploi: transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe. Flammarion, París.

Democracia sindical devorada

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Frank Ulloa Royo

La democracia sindical debería ser un río que alimenta a todos, pero algunos dirigentes la han convertido en telaraña. Se instalan en el centro como arañas viejas, tejiendo hilos de poder y devorando poco a poco a sus propios hijos: las organizaciones que dicen proteger.

No admiten oposición: son monarcas de bolsillo, pequeños dictadores rodeados de aduladores y subvencionados que repiten letanías como si fueran coro de iglesia. El sindicato, mientras tanto, pierde su naturaleza, su capacidad de lucha y sus objetivos, hasta convertirse en un cascarón vacío.

Lo que ocurre en algunas organizaciones es un espejo grotesco para el sindicalismo: allí donde la perpetuación se ha llevado a extremos que recuerdan a la República Dominicana en los años ochenta, cuando los dirigentes llegaban armados a las asambleas, como si la democracia sindical fuera un campo de batalla y no un espacio de solidaridad.

Pero no es un caso aislado. En Honduras, hubo sindicatos convertidos en feudos familiares, donde el apellido pesaba más que la memoria obrera. En Guatemala, algunos dirigentes se atrincheraron en sus cargos como si fueran fortines, mientras las bases quedaban reducidas a espectadores mudos. En México, la “dictadura sindical” se volvió caricatura: líderes eternos que negociaban más con los gobiernos que con sus propios trabajadores, transformando la lucha en un negocio de cuotas y favores. Y en Perú, las federaciones se fragmentaron en pequeños reinos, cada cual con su caudillo, incapaces de levantar una voz común.

La ironía es brutal: quienes se aferran al poder en nombre de la memoria obrera terminan siendo los sepultureros de esa memoria. La organización se convierte en medio de vida, en corte de favores, en teatro de gestos solemnes que ya nadie cree. Y así, la telaraña se cierra sobre sí misma, hasta que lo único que queda es la araña, sola, devorando lo que alguna vez fue sindicato.

Día Mundial del Trabajo Decente 7 de octubre

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Joaquín Meléndez
Presidente, Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, ISFODE reafirma su compromiso con la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, entendemos por trabajo decente aquel que es productivo para mujeres y hombres, que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Además, implica oportunidades de empleo que generen ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las personas trabajadoras y sus familias, la recreación y la libertad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Es crucial que tengamos siempre presente este concepto de Trabajo Decente como brújula y meta a alcanzar pues resume nuestras aspiraciones y establece el estándar mínimo que debe regir toda relación laboral.

Sin embargo, la realidad frecuentemente contradice estos principios.

Ante ello, ISFODE reitera que seguiremos luchando por el respeto y la aplicabilidad plena del Trabajo Decente, ahora más que nunca.