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FRENASS denuncia injerencia política indebida e inconstitucional en el nombramiento de la representación sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su rechazo a la actuación del Gobierno en relación con el nombramiento de la representación laboral-sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que constituye una injerencia política indebida e inconstitucional.

Mediante un pronunciamiento público, FRENASS sostiene que el Gobierno de Laura Fernández Delgado se extralimita en sus competencias al intervenir en un ámbito que corresponde a la autonomía de las organizaciones sindicales y al marco jurídico que regula la integración de la Junta Directiva de la institución.

La organización afirma que esa actuación violenta la Ley Constitutiva de la CCSS, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.

FRENASS enfatiza que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma por mandato constitucional y sostiene que esa condición debe ser respetada independientemente de la posición que asuma el Gobierno de turno.

En su comunicado, el Frente considera que la autonomía institucional y el respeto a la representación sindical constituyen elementos fundamentales para preservar el modelo de seguridad social costarricense y la institucionalidad democrática.

Finalmente, FRENASS hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa de la CCSS y concluye su pronunciamiento con la consigna «¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!»

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

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Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

¡No al veto político contra la representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS!

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UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.

No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.

La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.

Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.

Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.

Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.

Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.

La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.

¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!

San José, Costa Rica, 30 de junio de 2026

¡Aunque Ud. No Lo Crea!

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fue un gran engaño, un delito impune, un maltrato brutal, cometido por gobernantes contra decenas de miles de maestros y profesores que por muchos años cotizaron unas cuatro veces más para su fondo de pensiones, que lo que cotizan los trabajadores afiliados al fondo de pensiones de la Caja.

Se estima que, si el gobierno hubiera pagado su parte como patrono, ¡y hubiera respetado el dinero de ese fondo de los educadores!, lo capitalizado habría superado la cifra de cinco billones de colones. Pero como los ministros de Hacienda encontraron muy fácil, meter la mano en el bolsillo de los trabajadores del magisterio para gastarlo ¡en quién sabe qué!, cuando a los profesores que habían venido cotizando confiados en la honradez de los gobernantes, les llegó el momento de jubilarse, se encontraron con que ¡no había ni un colón disponible de lo aportado por 30 o 40 años de su vida laboral! Su fondo de pensiones había sido literalmente robado por autoridades hacendarias desde el momento en que se creó por ley. Así, al haber desaparecido las sumas altas que los educadores habían arrancado de sus salarios mensuales, con la esperanza de cubrir adecuadamente sus necesidades como adultos mayores, al Estado no le quedó más que apechugar con el delito cometido, forzándose a tomar del Presupuesto General de la República, los montos necesarios para cumplir con las pensiones de los profesores que se iban sumando al grupo de jubilados al final de muchos años de esfuerzo.

Lo que ha pasado luego es difícil de creer para los que, por años, han sido bombardeados por una infame campaña anti-magisterio nacional. A ellos les rogamos su atención. Resulta que lejos de admitir su responsabilidad con las acciones antijurídicas, ciertos gobernantes, paradójicamente, han desarrollado una campaña de insultos contra las víctimas del gran robo. En medio de ella, y con una opinión pública así desinformada, con el fin de disminuir los montos mensuales que el gobierno hubo de asumir, se aprobaron leyes populistas con el cuento de que eran pensiones «de lujo», usando como ejemplos a un grupito de funcionarios que (antes de eliminar ese abuso) sin ser profesores como actividad principal, se pensionaban con salarios del cuerpo diplomático, por ejemplo.

A consecuencia de tales leyes populistas, los montos de pensión sustentados en las cotizaciones legales, mediante artificios amañados, fueron rebajadas a la mitad, cual si los principios constitucionales de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos de buena fe, no existieran para el gremio de educadores. Atropello que deja de lado otra realidad desconocida: ¡Los pensionados del magisterio siguen cotizando para la CCSS y pagando impuesto de la renta, cual si fuesen asalariados y no pensionados!

Ahora bien, ¡Aunque Ud. No Lo Crea!, como exclamaría Robert Ripley, en este preciso instante se está tramitando otro proyecto de ley que, de aprobarse, disminuiría aún más las pensiones de los que, reiteramos, cotizaron unas cuatro veces más que los trabajadores afiliados a la Caja. Sus proponentes gubernamentales pretenden que las pensiones del magisterio sean similares a las del Seguro Social. Proyecto de ley indudablemente injusto, insensato, hasta cínico, pues desconoce el desfalco de más de cinco millones de millones de colones y otros incumplimientos legales avalados por tribunales de justicia, que, saliéndose de su ámbito de acción, han dicho «que no puede desconocerse la situación fiscal del Estado», mientras cierran ojos y mentes al panorama completo que no puede desdeñarse, que en el marco de los Derechos Humanos, está afectando emocional y financieramente al grupo casi indefenso de adultos mayores, que una vez creyeron…

Conozco la situación pues soy uno de ellos.

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas

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El secretario de Prensa de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, cuestionó la política económica impulsada por el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan nuevas medidas fiscales que afectarían a personas trabajadoras y pensionadas.

Según manifestó, durante los últimos años se presentó la gestión económica de la actual administración como un modelo exitoso; sin embargo, considera que las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencian una realidad distinta para amplios sectores de la población.

Durán afirmó que entre las medidas que podrían plantearse se encuentran cambios en las condiciones de los regímenes de pensiones, la aplicación de nuevos cobros a personas pensionadas, modificaciones relacionadas con la canasta básica y decisiones que, a su juicio, trasladarían mayores cargas económicas a la población trabajadora.

El dirigente sindical sostuvo que estas eventuales medidas tendrían repercusiones tanto para el sector público como para el sector privado y cuestionó a quienes respaldaron la continuidad de la política económica gubernamental.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad política del Gobierno para impulsar nuevas cargas tributarias o medidas de ajuste fiscal, señalando que la población podría exigir explicaciones ante posibles afectaciones económicas adicionales.

Durán concluyó que las recomendaciones recientes vinculadas a la situación fiscal y económica del país ponen en discusión la narrativa oficial sobre los resultados de la gestión económica y obligan a un debate público sobre quiénes asumirán el costo de las futuras decisiones fiscales.

“El destajo en los atracaderos: cargar más, más rápido y vivir menos”

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Frank Ulloa Royo

En los muelles del Pacífico costarricense, donde el mar debería ser símbolo de apertura y horizonte, persiste una forma de trabajo que parece salida de los tiempos feudales: el trabajo a destajo. Se paga por producir más, no por trabajar mejor ni más seguro. Es el salario del rendimiento, no de la dignidad. Y en los atracaderos donde la fuerza humana sustituye a la tecnología, esta modalidad se convierte en una trampa de auto explotación.

Los estudios internacionales sobre trabajo portuario coinciden en que los muelles son zonas de alto riesgo laboral. Allí confluyen sustancias tóxicas, cargas pesadas, maquinaria improvisada y jornadas extenuantes. Pero en Costa Rica, donde “los costarricenses no ven al mar”, como decía Constantino Láscaris, los riesgos se invisibilizan. No hay mapas de riesgo, ni inspecciones efectivas, ni prevención. Los atracaderos son tierra de nadie.

Las cooperativas que hoy operan en los muelles del Pacífico —creadas para sustituir a las empresas intermediarias entre armadores, agencias navieras y trabajadores— reproducen las mismas lógicas de explotación. Bajo el discurso de la “autogestión”, el trabajador se convierte en su propio capataz. El pago a destajo lo empuja a cargar más, a correr más, a arriesgar más. La productividad se mide en toneladas, no en vidas.

La doctrina iuslaboralista europea y latinoamericana ha advertido que el trabajo a destajo traslada el riesgo empresarial al trabajador y viola el principio de salario justo y digno. En los muelles costarricenses, esta violación es cotidiana y pública. Las autoridades de inspección laboral no saben qué inspeccionar, y los sindicatos carecen de poder crítico porque la libertad sindical está restringida. Las cooperativas, en teoría solidarias, se han convertido en estructuras de control y silencio.

El resultado es un sistema de trabajo precario, peligroso y moralmente insostenible, donde la explotación se disfraza de esfuerzo personal. El trabajador se autoexplota para sobrevivir, mientras las instituciones miran hacia otro lado. El mar, que debería ser fuente de vida y trabajo digno, se convierte en espejo de una sociedad que ha normalizado la injusticia.

El Estado costarricense hace décadas dejo de invertir en los muelles. Hoy tenemos vergonzosos atracaderos. Costa Rica necesita ver al mar. Necesita ver sus muelles y reconocer que allí se violan derechos laborales básicos, que la prevención es inexistente y que el trabajo a destajo perpetúa una forma de servidumbre moderna. La dignidad no se mide en toneladas descargadas, sino en el respeto a la vida y al trabajo humano.

Pago de pensiones del IVM revela desigualdades territoriales

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UNA. Un pensionado de Río Cuarto de Alajuela puede recibir, en promedio, una pensión de 159.597 colones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); mientras que un jubilado que resida en Montes de Oca obtiene, en promedio, 470.062 colones.

Lo anterior es reflejo de las desigualdades territoriales en las pensiones pagadas por el IVM, el régimen más grande del país, que cobija a 399 mil jubilados.

Este es parte del análisis que hace el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), como una extensión del informe Análisis territorial e importancia macroeconómica del IVM.

En una primera entrega de este informe, el estudio hizo una aproximación detallada sobre la población cotizante. Ahora, se hace un análisis que responde a la pregunta ¿dónde están los pensionados del IVM en Costa Rica?

Las desigualdades territoriales permiten establecer que diez cantones pagan las pensiones más altas en el país, con montos promedios que oscilan entre 478.417 colones (Curridabat) y 370.760 colones en San Isidro. Los otros cantones que conforman esta lista son Montes de Oca, Moravia, San Pablo, Escazú, Santa Ana, Belén, Tibás y Santo Domingo.

La otra cara de la moneda son los cantones con los montos promedio de pensión más bajos. Los montos van desde los 159.597 colones en Río Cuarto hasta los 191.647 colones en León Cortés. La lista la completan Guatuso, Guácimo, Talamanca, Sarapiquí, Tarrazú, Alvarado, Matina y Parrita.

Esta comparación permite determinar que los montos más elevados se concentran en cantones de la gran área metropolitana (GAM), mientras que los más bajos se ubican en la zona rural del país.

Leiner Vargas, economista y coautor del estudio, confirma la existencia de esta desigualdad, la cual atribuye al fenómeno de un mercado laboral que refleja distorsiones significativas entre regiones para optar por una posterior a futuro. Para el investigador del Cinpe-UNA, es claro que la distribución de oportunidades de empleo entre el campo y la ciudad muestran grandes diferencias salariales y, por ende, en los aportes.

“La pensión del IVM representa un 60% del último salario reportado. Entonces, si la persona está recibiendo 200 mil colones, como se refleja en algunos cantones rurales o costeros, quiere decir que esas personas ganaban entre 350 mil y 400 mil colones cuando estaban trabajando”, ejemplificó Vargas.

El dato no pasa desapercibido a la luz de las 20 propuestas que presentó la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la CCSS para darle sostenibilidad financiera al régimen del IVM y que incluye, entre otros aspectos, reducir la tasa de reemplazo (monto que reciben las personas jubiladas) de un 60% a un porcentaje que se ubique entre un 40% y un 43%.

Para Vargas, medidas como estas derivadas de los datos de pago promedio de pensiones, ocasionarían un castigo a las personas pensionadas, quienes deben lidiar con ingresos que muchas veces son insuficientes.

“Estamos hablando de miles de familias que dependen de esa pensión, personas que viven solas o que conformen unidades familiares más grandes, con un cónyuge o a veces que tienen a su cargo incluso a nietos. Si aceptáramos la propuesta de la Gerencia de Pensiones de la Caja, que esperamos discutir pronto, llevaríamos esos ingresos a niveles raquíticos de 100 mil o 150 mil colones”, manifestó Vargas.

Es entonces cuanto el tema de pensiones y su propuesta de sostenibilidad de largo plazo se puede convertir en una bomba de tiempo con perspectiva social y económica, sobre todo, en territorios de alta vulnerabilidad.

“Se afectaría la dinámica de muchos cantones porque dependen en gran medida del consumo que realicen estas personas. Estamos hablando que utilizan su pensión, por ejemplo, para ir a la pulpería, al mercado, tomar un taxi para ir a la clínica, asistir a la feria del agricultor. Es impactar todo un ecosistema económico local”, puntualizó.

¿Pensiones de lujo?

A partir del análisis desagregado de montos promedios de pensiones, Vargas también hizo énfasis en un mito que, considera, se ha posicionado a nivel mediático y que debe derribarse: en el IVM no hay pensionados de lujo, afirma.

“Es injusto catalogar a todos los sistemas como de lujo. En el régimen IVM, en el que cotizan la gran mayoría de costarricenses, no hay pensionados de lujo. Hoy la pensión máxima a la que pueden aspirar es de un 1.700.000 aproximadamente. Si vemos los rangos promedio de pensión por cantón tan bajos y nos vamos a zonas rurales a ver estas realidades es cuando más debemos quitarnos el chip que nos han querido insertar y más bien entender que muchas personas viven, como se dice popularmente, raspando la olla”, aclaró Leiner Vargas.

Por el contrario, estima que al ser un sistema de reparto, el IVM se convierte en un pilar de la solidaridad social del país, al establecer montos mínimos y máximos de pensión que una persona puede obtener, “de manera que al establecer una especie de piso, nos dice que ningún abuelito o abuelita que haya cotizado a la seguridad social lo vamos a condenar a ser pobre solo por no tener una pensión digna”.

Otro aspecto que resalta de la investigación, basada en datos oficiales proporcionados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, es que un 45.62% de las personas pensionadas se concentran en 10 cantones del país. San José lidera la lista con un 12.20% del total de jubilados, seguido de Alajuela (6.02%), Desamparados (5.47%), Goicoechea (4.30%), Cartago (4.02%), Heredia (3.65%), Pococí (2.60%), San Carlos (2.50%), La Unión (2.47%) y Puntarenas (2.38%).

A nivel comparativo, se concluye, además, que la población pensionada del IVM está más distribuida que la cotizante (un 55% de los cotizantes se concentran en 10 cantones).

En cuanto al gasto de las pensiones, los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Goicoechea, Heredia y Cartago lideran la lista.

Para Leiner Vargas, la dimensión territorial debe ser considerada en el análisis de propuesta de soluciones a largo plazo del IVM. “Debemos tener esa discusión sobre quién debe llevar el peso del ajuste en las pensiones. La cuota de los trabajadores que se ajustó desde el 2018 ha venido aumentando paulatinamente, mientras que la carga social de las empresas como patronos es significativa. Debe ponerse sobre la mesa la deuda millonaria del Estado y la forma de pago que debe definirse”, indicó.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ

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Movimiento Trabajo Digno CR

Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.

Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:

Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.

Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.

A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.

Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

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Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

“Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

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Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf