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Sala Constitucional ordena hacer cumplir orden sanitaria contra SIGMA Alimentos por vertidos en Oreamuno

Nota

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por la contaminación de una quebrada en San Rafael de Oreamuno, Cartago. La contaminación proviene de las descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa SIGMA Alimentos Costa Rica S. A. En la resolución n.º 2026041773, el tribunal tuvo por acreditada una demora injustificada de las autoridades de salud en la atención del caso.

En el recurso participaron Fabián Pacheco, agrobiólogo e integrante del Frente Ecologista de Cipreses, y Helmuth Hasbum Fernández, vecino afectado. Lo hicieron después de presentar denuncias reiteradas por malos olores persistentes y descargas irregulares de aguas residuales desde la planta de la empresa.

Hallazgos técnicos

Según informes técnicos avalados por el Ministerio de Salud, la planta de tratamiento de la empresa no operaba adecuadamente. Un muestreo de laboratorio realizado en agosto de 2026 determinó que los vertidos superaban de forma significativa los límites máximos permitidos por la normativa ambiental. Se registraron 717 mg/L de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 1.042 mg/L de demanda química de oxígeno (DQO) y 79 mg/L de grasas y aceites. Estos resultados evidenciaron una remoción insuficiente de la carga orgánica y sustentaron la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 contra la compañía.

Lo que resolvió la Sala

La Sala Constitucional determinó que hubo una dilación indebida de ocho meses entre la presentación de la denuncia inicial (n.º 168-2025) y la notificación de resultados a las personas afectadas por parte del Área Rectora de Salud de Oreamuno. En consecuencia, resolvió:

  • declarar parcialmente con lugar el amparo por la lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida;
  • ordenar a la directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno girar las instrucciones necesarias para que la empresa acate a cabalidad la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 y se resuelva el problema en definitiva;
  • condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en la vía contencioso-administrativa.

Reacciones

Para Fabián Pacheco, la resolución es «una victoria más de la sociedad civil organizada en la defensa ambiental». Calificó como lamentable que las instituciones del Estado solo actúen a punta de recursos de amparo, y destacó que las comunidades tuvieron que aportar su propio dinero para demostrar los incumplimientos de la empresa en materia ambiental.

«Estaremos vigilantes para que la empresa SIGMA y el Ministerio de Salud ejecuten la orden sanitaria y vamos a seguir monitoreando sus vertidos. Desde el Frente Ecologista de Cipreses no vamos a bajar la guardia, ya que todavía se perciben malos olores por los vertidos de SIGMA. Nos merecemos un ambiente sano y es un derecho constitucional que vamos a defender», afirmó.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento a la lucha de las comunidades de Oreamuno por esta contaminación:

  • 5 de agosto de 2026. Un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026) confirmó la presencia de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento.
  • Peritaje del CICA-UCR. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA-UCR) hizo un peritaje, contratado por la Red de Coordinación en Biodiversidad, que encontró valores de DQO y DBO por encima de los límites del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
  • 5 y 6 de setiembre. Las comunidades documentaron episodios de vertidos durante la madrugada de un fin de semana.
  • 10 de setiembre. Las comunidades se manifestaron frente al Área Rectora de Salud de Oreamuno y anunciaron que protestarían ante cada nuevo vertido.

En ese contexto, el Frente Ecologista de Cipreses llamó a la población a denunciar los olores en el momento en que se perciben, mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) o la línea 911.

Concejo Municipal de Monteverde respalda moratoria a la extracción mecanizada en el río Guacimal impulsada por la comunidad

El Concejo Municipal de Monteverde aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la moratoria a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes. Esa moratoria es una iniciativa comunitaria que el Concejo Municipal de Puntarenas ya había aprobado. El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria n.º 163-2026 del 3 de noviembre y quedó en firme.

La moratoria ha sido una lucha de la comunidad, que forma parte de la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas. El Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas la declaró como «Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal» y la publicó en La Gaceta n.º 156 del 19 de agosto de 2026. La medida tiene carácter preventivo, con fines de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y protección ambiental. Suspende nuevos trámites y autorizaciones para esa actividad durante veinticuatro meses prorrogables, y su vigencia queda condicionada a un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

En sus considerandos, el Concejo de Monteverde señala que la cuenca del río Guacimal incluye una parte alta en ese cantón. Por eso, cualquier alteración podría afectar la integridad de la cuenca como unidad hidrológica y ecológica y poner en riesgo el Corredor Biológico Pájaro Campana. Añade que la extracción mecanizada impacta negativamente la morfología del cauce, la conectividad ecológica y los derechos de las comunidades locales sobre el recurso hídrico. Según el acuerdo, el Concejo de Monteverde, «en ejercicio de su autonomía y competencias, debe apoyar medidas que protejan el ambiente y la seguridad hídrica para beneficio de la región».

El Concejo acordó:

  • manifestar su «apoyo expreso y fundamentado» a la moratoria en todos sus términos;
  • solicitar que el informe técnico integral considere la cuenca como una unidad completa, incluida la parte alta en Monteverde, y que esto se tome en cuenta en los procesos de consulta pública;
  • remitir su postura al Concejo Municipal de Puntarenas, a su Comisión de Asuntos Ambientales y a la Alcaldía, para que se valore en la consulta pública;
  • comunicar el acuerdo al Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, e instarles a valorar la moratoria y el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca;
  • divulgar el acuerdo al Consejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y a las organizaciones comunales de la cuenca.

Concluyen talleres en Rey Curré para fortalecer capacidades administrativas, institucionales y de gobernanza

Por Uriel Rojas

Veinte representantes de distintas organizaciones del Territorio Indígena de Rey Curré concluyeron los talleres que se realizaron para fortalecer sus capacidades institucionales, administrativas y de gobernanza territorial.

Este proceso formativo inició en agosto y concluyó a finales de octubre, desarrollando los temas de gobernanza y derecho indígena, gestión y administración de organizaciones y gestión de proyectos socioproductivos y culturales.

Estos talleres se realizaron gracias al proyecto “Apoyo al Manejo Forestal Sostenible”, financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo, que ha estado colaborando con este territorio indígena en diversos ámbitos y en esta ocasión financiando estos espacios de capacitación organizativa.

La Asociación de Desarrollo Indígena de Curré junto a los participantes agradecen al Gran Ducado de Luxemburgo y a LuxDev, por contribuir en el fortalecimiento de sus capacidades en el buen manejo de estas temáticas que, sin duda, serán de buen uso y provecho para todos los habitantes del territorio.

Los participantes recibieron sus certificados el domingo 25 de octubre de 2026 otorgados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica en Costa Rica.

Comunidades de Santa Teresa y Malpaís piden frenar proyecto de gasolinera a 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco

La comunidad exige estudios técnicos independientes, garantías de protección ambiental y participación ciudadana antes de que se otorgue cualquier viabilidad ambiental al proyecto.

Organizaciones comunitarias y personas vecinas de Santa Teresa y Malpaís hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a una petición para cuestionar la construcción de una gasolinera a tan solo 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. El proyecto, denominado “Servicentro Los Ticos”, se tramita ante SETENA bajo el expediente D1-1205-2025.

La preocupación de la comunidad se relaciona principalmente con los riesgos de contaminación del mar y de los acuíferos. Las características del terreno, con un nivel freático elevado, es decir, con el agua subterránea a nivel superficial y suelos muy permeables, generan especial vulnerabilidad ante posibles fugas o derrames de hidrocarburos. Una contaminación podría tener consecuencias graves para los ecosistemas marinos, las playas, la pesca y el turismo, actividades fundamentales para la vida económica y social de la zona.

También preocupa la afectación de la cobertura arbórea y la biodiversidad. La propiedad se encuentra dentro del Corredor Biológico Peninsular y del Corredor Biológico Costero, y constituye un espacio de tránsito para fauna silvestre como el oso hormiguero, el mono congo y el mono cariblanco. El propio desarrollador reconoce en el expediente de SETENA que será necesario talar árboles. A esto se suma el posible impacto de la iluminación nocturna sobre las tortugas marinas que anidan en la playa y otras especies silvestres.

Las organizaciones también señalan una contradicción con los esfuerzos locales por proteger los ecosistemas de surf. La Moción 02-2026 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano propone reconocer el surf como actividad de alto interés para el distrito y proteger ecosistemas como los de Santa Teresa, Playa Carmen y Malpaís. La instalación de una gasolinera tan cerca de la costa genera cuestionamientos sobre la coherencia de las decisiones de planificación y protección territorial.

Existen, además, dudas sobre el cumplimiento de la normativa vial y las condiciones de seguridad. Se cuestiona el ancho de la vía de acceso, estimado en 10 metros frente a los 14 metros que podrían ser exigibles, así como el espacio disponible para las maniobras de los camiones cisterna. Esto resulta especialmente preocupante en una comunidad que cuenta con una única vía de acceso y carece de una ruta alternativa de evacuación. También se solicita aclarar la disponibilidad de agua, el manejo de las aguas residuales de la estación de servicio y la evaluación de riesgos de incendios, explosiones, inundaciones, erosión costera y emisiones contaminantes que podrían afectar la salud de las personas vecinas.

Otro cuestionamiento central es la falta de información y participación ciudadana. Organizaciones y personas vecinas indican que no conocieron oportunamente el proyecto y que no existió un proceso suficiente de socialización para discutir sus posibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de la comunidad.

Ante esta situación, la petición exige a las autoridades que soliciten estudios técnicos rigurosos e independientes sobre los riesgos señalados antes de otorgar cualquier viabilidad ambiental; que valoren los impactos directos y acumulativos sobre el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, las playas y sus ecosistemas; que verifiquen el cumplimiento de la normativa vial y que garanticen un proceso real de información y participación pública para las comunidades de Santa Teresa y Malpaís.

Amparada en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, la comunidad recuerda que tiene derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por eso llama a todas las personas a firmar, compartir e informarse para colaborar con esta petición.

Santa Teresa y Malpaís viven de su mar, de su naturaleza y de su gente. Proteger estos bienes comunes significa defender la biodiversidad, la salud, las actividades económicas locales y el futuro de las comunidades.

Sala Constitucional ordena al alcalde de San Rafael de Heredia responder a solicitud de información de CONCEVERDE

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El recurso se presentó porque la municipalidad no respondió una solicitud de información sobre construcciones denunciadas en calle Charquillo. Se trata de la resolución n.º 2026041828, del 29 de octubre de 2026, dictada en el expediente 26-032637-0007-CO.

Los recurrentes son Osvaldo Carvajal Cascante, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas. El 10 de agosto de 2026 enviaron al alcalde, por correo electrónico y desde la dirección de CONCEVERDE, la nota JFAC/CNV/079/A. En ella pidieron que se les informara:

  • qué acciones había tomado la municipalidad para detener las obras, más allá de inspecciones y sellos de clausura;
  • si se habían interpuesto denuncias penales por un posible desacato a las órdenes municipales de detener las construcciones;
  • si se habían otorgado usos de suelo o permisos de construcción en la finca, ubicada según indicaron dentro de la zona inalienable de la Ley 65;
  • por qué, después de más de cuatro años desde la primera denuncia, no se habían detenido y derribado las obras.

También solicitaron detener las construcciones en curso, proceder a su derribo y presentar las denuncias administrativas y judiciales que correspondieran.

En su informe, el alcalde Jorge Arias Santamaría señaló que los hechos se habían atendido mediante el oficio CARTA-MSRH-UGUT-181-2026, de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial. La Sala constató otras actuaciones municipales: traslados internos de la denuncia, inspecciones y clausuras. Sin embargo, determinó que no consta que la municipalidad hubiera emitido y comunicado a los recurrentes «una respuesta formal, suscrita y completa». Según la resolución, los oficios aportados «fueron dirigidos internamente o elaborados para atender el proceso constitucional», y las actuaciones administrativas «no sustituyen la contestación que debía remitirse al medio señalado». Por ello, el tribunal declaró lesionados los derechos de petición y de acceso a la información, protegidos por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

La Sala ordenó a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, o a quien ocupe el cargo, que en un plazo de diez días brinde a los recurrentes una respuesta formal, completa y congruente y les suministre la información solicitada. También condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de costas, daños y perjuicios. La resolución advierte que, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, incumplir una orden dictada en un recurso de amparo se sanciona con prisión de tres meses a dos años o con veinte a sesenta días multa.

En cuanto a la solicitud de detener y derribar las construcciones y de presentar denuncias, la Sala declaró sin lugar el recurso por considerarlo prematuro. Razonó que, cuando se presentó el amparo el 5 de setiembre, había transcurrido menos de un mes desde la gestión, un plazo que no consideró desproporcionado para que la municipalidad analizara y resolviera la denuncia.

Al compartir la resolución, CONCEVERDE expresó: «Ninguna administración municipal, hasta ahora, nos ha violentado ese derecho, como la del alcalde Jorge Arias Santamaría. Hasta en algo tan sencillo como dar respuesta a los ciudadanos en tiempo con respecto a información que solicitan, queda debiendo».

FETRAL convoca a vigilia y marcha en defensa de la educación superior y del TEC en Limón

La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) anunció su apoyo a la educación superior pública y se sumó a la lucha en defensa del Centro Académico de Limón del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Para ello convoca a dos actividades:

  • Miércoles 4 de noviembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vigilia por la educación frente a las instalaciones del TEC en Limón.
  • Viernes 6 de noviembre: gran marcha por la educación y la defensa del TEC, que saldrá de las instalaciones del TEC.

Bajo las consignas “No al recorte de recursos”, “Sí a la educación” y “Sí a la defensa de nuestro Estado social de derecho”, la organización afirma que “la defensa del TEC y de la educación pública es tarea de todos”.

En un mensaje adicional, FETRAL exige que se respeten las leyes 9131, 9635 y 9732. Según la organización, estas normas crearon el Centro Académico de Limón en 2014 y ordenaron que sus recursos se destinen de forma exclusiva a la juventud limonense.

Inician trabajos en la ruta 30703, pero vecinos de Cipreses exigen una intervención integral

El Frente Eco Cipreses y el Comité de Caminos de Calle Pavilla celebraron el inicio de los trabajos de nivelación en la ruta 30703, en Oreamuno de Cartago. La describen como una vía vital que, hasta hace pocos días, “parecía zona de bombardeo debido al reiterado abandono por parte del MOPT”.

Según las organizaciones, la llegada de la maquinaria “no es un regalo ni una casualidad: es fruto directo de la presión comunitaria” y de la campaña de recolección de firmas que impulsan, que ya alcanzó 600 firmas.

Sin embargo, advierten que no se conformarán con obras paliativas: “Un simple raspado o parcheo volverá a llenarse de baches con dos aguaceros”. Señalan que la clase trabajadora, campesina y productora de Cartago, que transita a diario por este camino y saca por él sus cosechas, “exige y merece una intervención integral, duradera y de calidad”.

Por eso llaman a la comunidad a mantener la movilización y a sumar más firmas “para que no puedan ignorarnos”. Además, piden al Concejo Municipal de Oreamuno que se sume públicamente a la causa y no se quede “mirando los toros desde la barrera”.

“¡Firme y comparta para exigir el camino digno que merecemos!”, concluye el comunicado.

La petición puede firmarse en este enlace.

En Panamá debatirán cómo construir un país desde y para las comunidades y los territorios

En la ciudad de Panamá se realizará el conversatorio “¿Cómo construir un país desde y para las comunidades y territorios?”, un espacio para pensar alternativas económicas y sociales a la minería y el extractivismo en las comunidades más excluidas, a partir de la organización comunitaria, la gobernanza y la solidaridad.

Según la convocatoria, el encuentro surge ante la crisis social, ambiental y económica que vive Panamá, “agravada por el reciente terremoto en nuestras zonas más vulnerables”. “Tras siglos de abandono, es más urgente que nunca hablar de futuro”, señalan sus organizadores.

Participarán:

  • Kevin Sánchez Saavedra, antropólogo;
  • Juan Jované, economista;
  • Juana Camargo, socióloga, quien abordará el ecofeminismo;
  • Annie Young, de la Mesa UICN, quien se referirá al turismo regenerativo.

La actividad es un diálogo del espacio Pintas y Datos, organizado por La RED con el apoyo de Red Flag Taproom.

Datos de la actividad

  • Fecha: jueves 29 de octubre
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Panamá)
  • Lugar: Red Flag Taproom, calle 72 Este, San Francisco, ciudad de Panamá

ADI Cabagra realiza mejoras en los alcantarillados de su territorio

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, situada en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, se encuentra desarrollando una serie de intervenciones en los alcantarillados de las rutas que comunican Bajo Brisas-Calderón, San Juan-Las Delicias, San Rafael-Las Palmas, así como la ruta que comunica a la última parada de autobús.

Esta iniciativa, financiada con fondos propios, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este territorio, garantizando el acceso del transporte para el acarreo de materiales para viviendas, productos agrícolas, transporte estudiantil y demás beneficios asociados.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia de mejoramiento de caminos vecinales implementada por la ADI Cabagra.

Hasta el momento, el esfuerzo de esta primera etapa se enfoca en la intervención de siete pasos de alcantarilla en caminos vecinales del territorio indígena de Cabagra.

Estos trabajos son fundamentales para evitar la destrucción de los caminos durante la época lluviosa y garantizar la buena conectividad entre las comunidades y los centros urbanos.

La ADI Cabagra ratifica su compromiso con las comunidades de su territorio para continuar trabajando por el bienestar integral de sus habitantes.

El legado ancestral de Cahuita: resistencia, dignidad y derechos territoriales

Por: Bernardo Archer Moore
Miembro del pueblo tribal de Cahuita

Bernardo Archer Moore.

La historia de Cahuita se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una comunidad mayormente afrodescendiente se estableció en Punta Cahuita, cultivó la tierra, construyó sus hogares y defendió su permanencia en el territorio.

Uno de los antecedentes menos conocidos es la Ley N.º 24 de 1862, Ley General de Colonización, que impuso una prohibición racista a la adquisición legal de tierras por parte de personas negras y chinas.

Estas políticas discriminatorias persisten en la legislación posterior hasta mediados del siglo pasado, reforzadas por la Ley N.º 13 de 1930, que calificó a las poblaciones de origen chino y afrodescendiente como «elementos indeseables» para el proyecto de colonización e integración nacional.

A pesar de eso, entre 1907 y 1908 los habitantes de Cahuita enfrentaron una solicitud de concesión de aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras costeras -desde la desembocadura del río Estrella hasta la del río Sixaola- promovida a favor de empresarios influyentes ante el Congreso Constitucional.

La resistencia comunitaria contribuyó a frenar aquella iniciativa y marcó un antecedente fundamental en las luchas territoriales afrodescendientes del Caribe costarricense y concluyó con la promulgación de la Ley N.º 35 de 1915.

Un acto de reconocimiento y compensación

La Ley N.º 35 de 1915 no fue un regalo ni un acto de benevolencia estatal.

Fue una respuesta compensatoria al desplazamiento forzoso de un asentamiento humano, motivado por los intereses económicos y las decisiones del Estado de aquella época. («petróleo«).

La comunidad ya existía

Sus habitantes habían construido hogares, cementerios, desarrollado sus medios de vida y establecido vínculos sociales y culturales.

La ley reconoció jurídicamente parte de esa realidad al desafectar de la milla marítima -patrimonio del Estado- un área de 17 hectáreas de la zona costera para el nuevo asentamiento urbano con el nombre de “Cahuita Bluff”.

Además, con la previsión de ampliar el asentamiento con otras 50 hectáreas en Playa Negra, según su artículo 9.

Asimismo, estableció una excepción a las restricciones legales que afectaban a estas poblaciones (Ley 24 de 1864).

Es así como en 1916 se registró un título de propiedad a favor de una persona de apellido León, conocida como «Lam», de origen chino; quizás el primero en la historia de Costa Rica.

Posteriormente, a partir de 1918 se asentaron títulos de propiedad a favor de personas afrodescendientes, destacándose como una de las primeras el de la familia de Mr. Gale.

Más de un siglo después, esta lucha ancestral sigue vigente.

La Sentencia N.º 2025-029985, del 19 de septiembre de 2025, de la Sala Constitucional, marca un hito contemporáneo al reconocer el derecho del Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita a la consulta previa, libre e informada sobre el Plan Regulador Costero, conforme al Convenio N.º 169 de la OIT.

En resumen

La tierra de Cahuita es territorio, memoria, identidad y herencia ancestral. La Ley N.º 35 debe comprenderse en el contexto de una comunidad que resistió, reclamó justicia y defendió su derecho a permanecer en el lugar que convirtió en hogar.

¡La memoria de nuestros antepasados sostiene la defensa de nuestros derechos territoriales!