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Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada y lanza petición ciudadana para exigir protección

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Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.

En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.

“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.

La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.

La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.

Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.

La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.

La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.

A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.

El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.

La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.

La ciudadanía también puede apoyar

La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.

La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.

Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:

Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.

La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?

Firmar la petición “Proteger el río Montezuma de daños ecológicos”

Comunidad de Montezuma denuncia daño ecológico en zona sensible del Río Montezuma; Bloque Verde exige justicia ambiental

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Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.

La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.

Los hechos denunciados

El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:

  1. Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.

  2. Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.

  3. Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.

Argumentos y peticiones

La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).

La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.

Resistencia y Verdad del Pueblo Brörán – Manifestación pública

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En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Territorio Indígena de Térraba – Comunidad de Crün Shürïn

Jeiner Flores Rodríguez
Miembro del Pueblo Brörán, miembro del Comité de la Comunidad de Crün Shürïn, en defensa de los derechos individuales y colectivos del Territorio Indígena de Térraba

Hoy, mientras se rinde homenaje a los pueblos originarios con discursos de respeto y reconocimiento, nosotros venimos a dejar plasmada la verdad de lo que vivimos en nuestra propia tierra. No venimos a pedir nada: venimos a contar lo que sucede, para que todos conozcan las violaciones y atropellos que estamos sufriendo.

Lo que está ocurriendo

La Asociación de Desarrollo Integral, que debería velar por todos nosotros, actúa de espaldas a nuestra ley, a nuestra costumbre, al pronunciamiento oficial que ella misma solicitó, y hasta a mandatos internacionales que el Estado de Costa Rica está obligado a cumplir:

  1. Nos borran y nos desconocen: En oficio del 16 de diciembre de 2024, la ADI manifiesta no reconocer al Pueblo Brörán, ni nuestra denominación, ni al Consejo de Mayores Brörán, nuestra autoridad ancestral. Pretenden decir que no existimos, cuando somos los descendientes originarios de estas tierras, reconocidos por tratados internacionales y por la propia ley costarricense. Esta misma imposición de desconocer nuestras instituciones tradicionales ha sido señalada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación estructural contra nuestro pueblo.

  2. Se arrogan toda la autoridad: Afirman ser la única representación válida, desconociendo que la Ley Indígena N.° 6172 y el Convenio 169 de la OIT nos otorgan plena capacidad jurídica a cada uno de nosotros, y respetan nuestras estructuras propias. El propio relator especial de las Naciones Unidas ha señalado que las ADI son instituciones impuestas desde el Estado, y no son idóneas para sustituir a las autoridades que nosotros mismos elegimos según nuestras costumbres.

  3. Nos exigen lo imposible: Para ejercer nuestros derechos, nos piden planos catastrales o documentos de compraventa. Pero nuestra ley dice claro: el territorio es propiedad colectiva, inalienable e imprescriptible. Pedirnos títulos privados es pedir algo que la propia ley prohíbe, solo para ponernos trabas.

  4. Desoyen hasta lo que ellos mismos pidieron: El 16 de junio de 2026, la propia ADI consultó a la CONAI sobre nuestra situación. El 2 de julio de 2026, la CONAI respondió con el criterio CONAI-DL-C-029-2026: la falta de documentos o saneamiento nunca puede ser excusa para negar nuestros derechos. Aun así, siguen ignorando esa respuesta oficial.

  5. Ignoran mandatos internacionales vigentes: Somos beneficiarios de las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH, emitidas el 30 de abril de 2015, y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial ordena garantizarnos protección, igualdad y acceso pleno a la justicia. Sin embargo, en la práctica se siguen vulnerando estas obligaciones, tal como ha sido reconocido en los informes internacionales que advierten sobre la imposición de estas estructuras ajenas a nuestra forma de vida.

  6. Los mismos de adentro nos marginan: Se nos trata como extraños, como invasores en nuestra propia tierra, cuando somos hijos de quienes siempre la cuidaron. Y mientras esto pasa, el Estado sigue en deuda con nosotros: no ha completado el saneamiento territorial, no ha garantizado nuestras condiciones dignas, y permite que se cometan estos atropellos sin poner orden ni hacer cumplir la ley. No olvidamos que en esta misma lucha cayeron nuestros líderes Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, defensores de este mismo territorio, y que su lucha sigue sin justicia.

  7. Nos califican mal por defender lo justo: Ahora se nos quiere etiquetar como «problemáticos» o «conflictivos» simplemente porque no nos quedamos callados y defendemos lo que nos pertenece por derecho y por historia. No estamos en contra de la Asociación ADI como institución, ni tenemos nada contra su fin legítimo: lo que rechazamos son las acciones, las omisiones y los abusos de quienes hoy la dirigen, que actúan por encima de la ley y de la voluntad de su propio pueblo. Defender nuestros derechos no es ser problemático: es ejercer la dignidad que nadie nos puede quitar.

Como señaló el relator especial de las Naciones Unidas: «El territorio es nuestra vida, nuestra identidad y nuestra cultura. Es injusto que se nos prive de derechos por una omisión que corresponde al Estado, y que además se nos discrimine desde las propias instancias que deberían protegernos, o se nos señale como enemigos por el simple hecho de exigir respeto.»

Lo que la ley dice y se viola

  • El Convenio N.° 169 de la OIT tiene rango superior a cualquier norma interna: ordena respetar nuestra identidad, nuestras instituciones y nuestra autodeterminación.

  • La Ley Indígena N.° 6172 reconoce nuestra capacidad jurídica y la propiedad colectiva de nuestras tierras.

  • Las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial son mandatos vigentes que nos protegen.

  • La CONAI confirma oficialmente que no se nos puede negar derechos por falta de documentos que la ley no permite que existan.

  • La jurisprudencia internacional ha sentenciado que la falta de títulos formales nunca justifica privar de derechos a los pueblos indígenas, y que no se puede imponer instituciones que desconocen nuestras autoridades tradicionales.

  • La Constitución Política prohíbe la discriminación y ordena que todos seamos tratados con igualdad.

Esto es lo que queremos que se sepa: mientras se habla de respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en el Territorio de Térraba ocurre lo contrario: los mismos que deberían cuidarnos nos marginan, se nos señala injustamente por defender nuestra dignidad, se ignoran acuerdos y mandatos internacionales que nos protegen, y el Estado sigue sin cumplir su deber. No pedimos favores: solo damos testimonio de la verdad, y reafirmamos que defenderemos nuestra identidad, nuestra ley y todo lo que por historia y por derecho nos pertenece como Pueblo Brörán.

Territorio Indígena de Térraba, 9 de agosto de 2026.

Jeiner Flores Rodríguez
Pueblo Brörán – Comunidad de Crün Shürïn

Presentan el primer gemelo digital 3D de un distrito costarricense

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Nosara tiene desde esta semana una réplica digital navegable de todo su territorio, con más de cuatrocientas capas de información, cartografía que arranca en 1944 y proyecciones climáticas hasta 2100. La herramienta se presentó este 5 de agosto ante universidades, instituciones y organizaciones comunales, y su punto de partida es un problema poco discutido: cuánto cuesta ir a observar, medir y gobernar un territorio lejano.

Emmanuel Gutiérrez Pizarro, director investigador de la Alianza para el Desarrollo Comunitario presentó el Gemelo Digital 3D del distrito de Nosara, en el cantón de Nicoya: una réplica tridimensional del territorio real, construida sobre relieve medido, imagen satelital de alta resolución, con base en investigación estadística y datos de fuentes públicas, que se puede recorrer, consultar y usar para simular escenarios.

En la sesión, realizada de forma virtual, participaron representantes de las universidades públicas del país, centros de investigación y organizaciones comunales y medios de comunicación.

El problema que lo origina

La presentación arrancó con la tecnología utilizada y con el costo de observar. Según el reglamento de gastos de viaje 2026 para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, un funcionario dispone de dieciséis mil cien colones para hospedarse una noche en Nosara, pero en un radio de cincuenta kilómetros no hay alojamientos a ese precio.

“Una gira cuesta un montón de dinero, y no siempre hay fondos. Cuando logramos entrar, recolectamos un poco de información, salimos casi a la carrera, y con eso tomamos las decisiones. Eso no nos pasa solo a nosotros: le pasa a una municipalidad, al poder judicial, al gobierno central y a las universidades.”

Emmanuel Gutiérrez, investigador territorial a cargo del proyecto

El resultado, señaló, es una observación que suele ignorar las realidades comunitarias. Se recorre lo que está sobre la ruta asfaltada y no lo que queda a media hora de lastre. Se visita en verano y no cuando los caminos están cortados. Se conversa con quien estaba disponible ese día. Y casi nunca se vuelve, de modo que no hay serie de tiempo con la cual medir tendencias.

A ese costo se suma la frecuencia con que se levanta la información oficial. Entre el censo nacional 2011 y el siguiente pueden pasar veinte años, mientras el territorio cambia mucho más rápido.

Qué se presentó

El gemelo integra más de cuatrocientas capas de información sobre un mismo mapa: relieve, más de ocho mil edificios detectados, vías, ríos, las cincuenta y seis localidades del distrito, datos del censo distrital de 2024, concesiones de agua, acuíferos, catastro, zona marítimo terrestre y proyecciones climáticas construidas con veintiocho modelos científicos.

Dos características lo distinguen de una maqueta tridimensional. La primera es el tiempo: la herramienta carga la hoja cartográfica levantada en 1944 a partir de fotografías aéreas, los mapas de cartografía censal dibujados a mano en 1973 y 1988, y la imagen satelital actual, y permite compararlos sobre el mismo terreno. La segunda es que sus datos se actualizan solos, conectados a servicios públicos de información sobre clima, sismos, sequía e incendios, sin que nadie los cargue a mano.

Sobre esa base, el sistema permite ensayar escenarios: subir el nivel del agua para ver qué casas quedan dentro de una zona inundable, ubicar un EBAIS o una escuela en un punto y calcular a cuánta población alcanza, o cruzar el valor fiscal declarado con el valor de mercado para identificar dónde se concentra la fuga fiscal de un municipio.

El territorio también se puede recorrer a pie, en vehículo o sobrevolándolo, y sobre él se construyó un videojuego, El Tesoro de Nosara, que ancla leyendas guanacastecas a lugares reales del distrito y es de acceso libre, así como aulas virtuales para estudiantes que desean reforzar bilingüismo y aprender inglés gratis (aulavirtualcr.org/nosara).

¿Por qué en Nosara?

El distrito reúne condiciones que lo vuelven un caso difícil de analizar con herramientas convencionales. Ubicado a 60 km de Nicoya, con rutas en mal estado, precios altos que limitan la presencia del Estado y de la investigación universitaria, y presencia de indicadores sociales comparables a las zonas de menor desarrollo del país, según evidenció el Censo de Población y Vivienda 2024 publicado el año pasado.

Sin financiamiento y con datos públicos

El proyecto no recibió fondos de cooperación, no fue contratado por ninguna institución y no se desarrolló en el marco de un convenio. Se construyó con datos abiertos de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el INEC, el MINAE, SENARA, el Sistema Nacional de Información Territorial, el ICT, el INVU, la Comisión Nacional de Emergencias, el SINAC y el Banco Mundial, además de plataformas colaborativas como OpenStreetMap.

La herramienta podrá incorporar sensores propios en el territorio y tiene la capacidad de servir un plan regulador actualizado anualmente. Su uso y publicación están sujetos a convenios con instituciones, universidades y centros de investigación interesados.

Qué sigue

Según la revisión de literatura y de casos publicados realizada por el proyecto, existen cerca de quinientos gemelos urbanos desplegados en el mundo, casi todos correspondientes a ciudades grandes con equipos y presupuestos institucionales. En territorios rurales los casos documentados son escasos. Este es el primero a escala distrital que el equipo ha podido encontrar en Costa Rica y Centroamérica.

El investigador a cargo del proyecto abrió la posibilidad de replicar el ejercicio en otros territorios a quienes lo soliciten, en escalas que van desde un barrio o una urbanización hasta un cantón, una línea costera completa o el país.

“Piensen en el barrio, en la calle, en la urbanización donde viven. Imaginen que la gente pueda ver eso y participar en las decisiones que le afectan, ver los riesgos que tienen e incluso que los jóvenes puedan desarrollar con tecnología e inteligencia artificial soluciones para su entorno: desde agricultura hasta turismo digital.”

Emmanuel Gutiérrez

Datos clave

Dato

Valor

Territorio

Distrito de Nosara, cantón de Nicoya, Guanacaste

Población

8.716 habitantes (censo distrital 2024) www.censonosara.com

Capas de información

Más de 400

Edificaciones en 3D

8.052

Resolución satelital

1,18 metros por píxel

Localidades cartografiadas

56

Rango temporal

De 1944 a 2100

Modelos climáticos integrados

28

Financiamiento

Ninguno

Uso de tecnología

Software libre, inteligencia artificial, investigación georreferenciada

Defensoría celebrará mes histórico de la Afrodescendencia

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Inicia con Festival gratuito este viernes 07 de agosto en sus instalaciones ubicadas en Barrio México

En el marco del Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley No.9526, la Defensoría de los Habitantes realizará una serie de actividades conmemorativas.

Entre los eventos a realizar en este mes de agosto están un festival gratuito en sus instalaciones ubicadas en Barrio México. El Festival “Afro Essence” convocará a diversos emprendimientos en gastronomía, moda, cultura y talentos para visibilizar y conmemorar la esencia afrocostarricense. La actividad, que es abierta al público, se llevará a cabo este viernes 07 de agosto a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 de la tarde.

“Afro Essence” será un espacio para reconocer los aportes, la creatividad y la riqueza de la cultura afrodescendiente, donde las personas visitantes podrán encontrar comidas, música y una serie de aspectos que resalta una herencia que forma parte esencial de la identidad costarricense.

La Defensoría de los Habitantes llevará a cabo un acto para izar la bandera panafricana como un símbolo de reivindicación y promoción de los derechos de esta población. La bandera panafricana, también conocida como bandera de la UNIA, representa a todas las personas afrodescendientes del mundo. Consta de tres franjas horizontales en rojo, negro y verde y, fue adoptada hace más de 100 años en la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo”, durante una convención realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York, liderada por Marcus Garvey.

Adicionalmente, el 31 de agosto un grupo de funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes estarán presentes en el Gran Gala Parade, como parte de las delegaciones de instituciones públicas presentes para la celebración oficial del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. El Gran Gala Parade de Limón fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica mediante la Ley No.10148.

La Defensoría culminará el Mes Histórico desarrollando el taller “Voces que resuenan: derechos, territorio y ancestralidad”, dirigido a liderazgos y representantes de organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente.

Caso de contaminación de SIGMA Alimentos en Cartago escala a nivel nacional: Ministerio de Salud ordena inspección urgente y la Defensoría abre investigación

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Oreamuno de Cartago, Costa Rica, 4 de agosto de 2026

  • La Dirección General de Salud ordenó una inspección urgente en las instalaciones de SIGMA Alimentos para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m. y solicitó el expediente administrativo completo de la empresa correspondiente a 2025 y 2026.

  • La Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud para rendir un informe detallado sobre la atención brindada a las denuncias.

  • La Presidencia de la República trasladó formalmente la denuncia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía para su atención y seguimiento.

Frente Ecologista Eco Cipreses. Las denuncias presentadas por el Frente Ecologista Eco Cipreses sobre la presunta contaminación de la quebrada ubicada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, han provocado una respuesta de distintas instituciones del Estado y han escalado a un proceso de fiscalización de alcance nacional.

Ministerio de Salud ordena inspección urgente. El director general de Salud, Dr. Christian Valverde Alpízar, instruyó con carácter de urgencia a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Área Rectora de Salud de Oreamuno realizar una inspección de campo programada para hoy, martes 4 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana (oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026).

Además, ordenó remitir el expediente administrativo completo de SIGMA Alimentos correspondiente a los años 2025 y 2026, incluyendo los reportes operacionales de aguas residuales, las actas de inspección, los informes derivados de denuncias por contaminación y toda la documentación técnica relacionada con el caso.

Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Salud. Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y, mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad de Vida y Derechos del Trabajo (oficio 09928-2026-DHR), otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que el Ministerio de Salud informe, entre otros aspectos:

  • Las inspecciones, análisis y actuaciones realizadas desde que el Frente Ecologista Eco Cipreses presentó la denuncia el 15 de julio de 2026.

  • Los criterios técnicos utilizados para concluir previamente que la empresa cumplía con la normativa ambiental.

  • La valoración realizada sobre los análisis efectuados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, los cuales detectaron incumplimientos en parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).

  • Las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas ante las denuncias por fuertes olores que afectan a las comunidades vecinas y al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.

Presidencia también trasladó la denuncia. A estas actuaciones se suma el traslado oficial de la denuncia presentada por el Frente Ecologista Eco Cipreses al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía, para que ambas instituciones atiendan los hechos denunciados e informen las acciones correspondientes. El documento señala que, por tratarse de una posible contaminación de cuerpos de agua en el distrito de San Rafael de Oreamuno, corresponde a dichas instituciones realizar la valoración técnica y las acciones pertinentes (oficio MP-DM-OF-0147-2026).

Vigilancia ciudadana. El Frente Ecologista Eco Cipreses recuerda que este caso también se encuentra bajo conocimiento del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE y de la Sala Constitucional, donde fue admitido para estudio un recurso de amparo relacionado con estos hechos.

La organización dará seguimiento a la inspección realizada este martes y a las respuestas que deberán emitir las distintas instituciones públicas. Asimismo, reitera que la existencia de un permiso de vertido no exime a ninguna empresa del cumplimiento de la legislación ambiental ni libera a las autoridades de su obligación de fiscalizar, prevenir y sancionar cualquier afectación a los cuerpos de agua y a la salud pública.

Se cancela reunión con SIGMA de vecinos y ecologistas de Oreamuno de Cartago

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Frente Eco Cipreses / Comunicado

Ante las denuncias públicas y evidencias técnicas recabadas por vecinos de Oreamuno Cartago sobre los malos olores relacionados a los vertidos del tubo de la empresa SIGMA en el río la Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, funcionarios de la empresa SIGMA convocaron vía telefónica a una reunión a vecinos y vecinas denunciantes y miembros de los diferentes frentes ecologistas que están trabajando activamente en la defensa del río.

Dado el llamado al diálogo por parte de la empresa SIGMA (lo cual vimos con buenos ojos) el Frente Eco Cipreses procedió a solicitar el salón de reuniones de la Asada de Boquerón y Paso Ancho para realizar la reunión el día de hoy 29-07-2026 a las 4 PM y posteriormente notificar del lugar a la empresa solicitante.

Para sorpresa de nuestros colectivos la empresa nos indicó que: «para ellos era muy lejos venir a Oreamuno de Cartago (lugar donde está su tubo de vertidos) y que ellos no iban a venir y que mejor hiciéramos la reunión en un centro comercial en San José o en Tres Ríos».

Sobre lo anteriormente descrito desde nuestras agrupaciones ecologistas y vecinales decimos:

1) Vemos como un acto ofensivo que los señores del tubo de vertidos que nos genera un paisaje maloliente nos digan: «Que les queda muy lejos venir a la comunidad donde vivimos» Les recordamos que es aquí donde sufrimos las consecuencias directas de sus vertidos

2) Un centro comercial no es para nada un lugar adecuado para tener una reunión seria en donde se pueda dialogar activamente para buscar acuerdos en pro del bienestar ambiental de la comunidad.

3) Los vecinos y vecinas denunciantes de Takiscú, así como el Frente Unido por el Agua de San Rafael de Oreamuno y el Frente Ecologista de Cipreses somos personas respetuosas del orden y la ley. A lo largo de muchos años de trabajar en la defensa ambiental hemos demostrado un diálogo respetuoso y ordenado con diferentes sectores de la sociedad. SIGMA no tiene nada que temer en sentarse en una mesa de una ASADA a dialogar con nosotros en la comunidad que contaminan con vertidos malolientes.

4) Estos días empezaron otra vez los malos olores. No estamos dispuestos ni dispuestas a resignarnos a vivir en un entorno contaminado de malos olores y vamos a intensificar nuestra campaña cada vez que ustedes nos llenen la comunidad de sus pestilentes vertidos. Somos gente profesional, respetuosa y educada y pedimos que nos traten como tales.

5) Esta es una excelente oportunidad para SIGMA de hacer las cosas bien y de convertirse en una empresa modelo de gestión de vertidos. Les pedimos que inviertan en el país que les hospeda y cuiden el cantón. De este conflicto socio ambiental les decimos que pueden salir muy bien parados si saben dialogar y sobre todo atender con profesionalismo nuestras demandas. Ustedes los de SIGMA bien saben que tenemos muchas razones para estar molestos y molestas y nuestras denuncias (papeles y evidencia técnica en mano) son consecuencia de su mala gestión ambiental. Ustedes pueden convertir esto en un ejemplo de proactividad y compromiso ambiental o todo lo contrario.

6) ¿Si quieren diálogo? las puertas están abiertas, pero aquí en la comunidad donde llevamos décadas enfrentando los malos olores. No pretendan hacernos ir a un centro comercial lejos de donde vivimos y de donde está el problema que ustedes originan.

7) Estamos amparados en el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Artículo 50 de la Constitución Política, amparados también en artículo 21 que garantiza nuestra calidad de vida y amparados también bajo el principio In dubio por aqua.

Agradecemos a la ASADA de Boquerón y Paso Ancho, no solo por prestarnos el salón sino por sus palabras dirigidas al Frente ECO Cipreses que copiamos textualmente: «Asimismo, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la valiosa labor que realizan en nuestra comunidad en favor de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. Reconocemos y valoramos el compromiso que mantienen con la gestión ambiental.»

Agradecemos a la diputada Joselyn Sáenz Núñez del Partido Frente Amplio, Cartago por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión.

Agradecemos a la Universidad de Costa Rica y en especial al programa Kioscos Ambientales por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión. La presencia de instituciones del estado en estos procesos de diálogo es muy importante y saludable.

Reiteramos nuestra apertura a dialogar, pero en nuestra comunidad, en lugares adecuados y con acompañamiento institucional.

Solicitamos esto se ponga en conocimiento del Concejo Municipal en Oreamuno Cartago.

Atentamente,
FRENTE ECO CIPRESES

Solicitan reunión con la Asociación de Desarrollo de Manzanillo para alertar sobre impactos del modelo de desarrollo en la comunidad

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El ambientalista Marco Vinicio Levy Virgo dirigió una carta a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, en la que solicita una reunión para exponer información técnica sobre los impactos del modelo de desarrollo que, según señala, se viene consolidando en esa comunidad del Caribe Sur.

En la comunicación, fechada el 26 de julio de 2026, Levy explica que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa del ambiente en Manzanillo y sus alrededores. Aclara que su posición no constituye una oposición al desarrollo, sino un llamado a que este respete los límites ecológicos indispensables para garantizar la supervivencia y el bienestar de la comunidad.

Uno de los principales planteamientos del documento es la importancia de proteger las lomas de Manzanillo como zonas de recarga acuífera. Según expone, de estas áreas depende buena parte del abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas, por lo que intervenirlas sin información técnica suficiente sobre su capacidad de carga incrementa el riesgo de escasez y deterioro del recurso hídrico.

La carta también analiza el crecimiento de viviendas y alojamientos destinados al alquiler de corta estancia mediante plataformas como Airbnb. Levy sostiene que este modelo genera una demanda creciente de servicios, especialmente agua potable, mientras una parte importante de los beneficios económicos no permanece en la comunidad, situación que considera crea una relación desigual entre el aprovechamiento del territorio y los beneficios locales.

Asimismo, señala que durante años algunos intereses inmobiliarios y turísticos han ejercido influencia en distintos espacios de decisión local y regional. En su criterio, ello no se ha traducido en una defensa prioritaria de la recarga acuífera ni de la capacidad de carga del territorio, provocando que la comunidad asuma las consecuencias sobre el acceso al agua y la calidad de vida.

El documento incorpora además un repaso de antecedentes relacionados con el ordenamiento territorial del Caribe Sur, entre ellos el enfoque conocido como «The Rich Coast», el Plan Regulador Costero y la Ley 9223, lo que indica que, a juicio del autor, algunos de estos procesos han sido utilizados para favorecer intereses empresariales vinculados al desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.

Levy manifiesta también su preocupación por un documento suscrito por un expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y remitido a la Sala Constitucional dentro del expediente relacionado con la Ley 9223. Considera que dicho escrito responde a una perspectiva ajena a los intereses colectivos de la comunidad y hace un llamado a evitar que la organización comunal sea utilizada para respaldar posiciones que puedan favorecer agendas particulares sobre el interés público.

En la parte final de la carta, el ambientalista reitera que no está en contra del turismo ni de la actividad empresarial. Afirma que el turismo es fundamental para Manzanillo, pero sostiene que debe desarrollarse con contrapesos comunitarios y respetando la capacidad ecológica del territorio para evitar que la población local termine relegada y que se comprometan recursos estratégicos como el agua.

Finalmente, solicita a la junta directiva de la Asociación la oportunidad de reunirse para compartir información técnica sobre la recarga acuífera, la capacidad de carga del territorio y los efectos del modelo de desarrollo vigente, con el propósito de que la comunidad cuente con mayores elementos para tomar decisiones con autonomía y visión de futuro. La carta concluye expresando su disposición para reunirse en el momento y lugar que la organización considere conveniente.

Información basada en el oficio MLV-00289-2026 remitido por Marco Vinicio Levy Virgo.

Comunidad de Guacimal rechaza proyecto de planta de cianuración minera

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  • En Abangares hay alerta sobre el avance de la minería subterránea o ilegal que pone en peligro calle pública.

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal acordó rechazar la propuesta para instalar una planta de procesamiento de oro mediante cianuración en el distrito, al considerar que este tipo de actividad no forma parte de la visión de desarrollo del territorio y que podría generar importantes riesgos ambientales, sociales y para la salud de la población.

El acuerdo fue adoptado durante la reunión ordinaria de julio de 2026, luego de conocerse la iniciativa presentada por una Cooperativa, la cual plantea construir una planta de beneficio de oro mediante el sistema de cianuración destinada a procesar según un prospecto publicitario:“ mineral (roca con oro) adquirido a mineros artesanales de las zonas cercanas de Abangares, Guacimal y Miramar, así como lamas previamente procesadas con ley mínima de 3 a 4 g/ton de oro”.

En el pronunciamiento, la ADI señala que Guacimal no posee tradición minera y advierte que la instalación de una planta de procesamiento podría incentivar nuevas actividades extractivas en el distrito, con impactos ecológicos derivados de las excavaciones e impactos sociales asociados a la llegada de nuevas actividades económicas vinculadas a la minería.

La organización comunal también manifiesta su oposición al establecimiento de cualquier planta de procesamiento basada en cianuración dentro del distrito, debido a los riesgos químicos, ambientales y sanitarios asociados a este tipo de procesos. Además, señala que desconoce si este modelo de procesamiento ya opera en Abangares y cuáles han sido sus resultados, por lo que considera indispensable conocer esa experiencia antes de promover iniciativas similares.

Como parte de su acuerdo, la Asociación solicita además que, en caso de existir un expediente administrativo sobre el proyecto, se haga público el número correspondiente para que la comunidad pueda consultarlo y participar de manera informada en el proceso.

Un contexto de creciente expansión minera

La preocupación de la comunidad de Guacimal ocurre en un momento en que diferentes sectores sociales observan un aumento en las iniciativas de minería metálica subterránea en la región de la Cordillera de Tilarán. A esto se le ha sumado mucha actividad ilegal que está generando mucha preocupación.

Una investigación desarrollada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica reveló en abril del 2024 la existencia de un verdadero enjambre de proyectos de minería subterránea de oro en el país. El estudio identificó 59 solicitudes de concesión minera que, en conjunto, abarcan 779,52 km², equivalentes al 1,52 % del territorio nacional. En el caso del cantón central de Puntarenas, donde se ubican los distritos de Guacimal y Monteverde (hoy cantón), la investigación identificó 12 solicitudes de concesión minera que cubren aproximadamente 174,6 km² (alrededor de 17 460 hectáreas) a estas se sumaron otros 4 expedientes nuevos. (UCR).

A esta situación se suma la preocupación generada por una denuncia realizada recientemente por vecinos de Pozo Azul de Abangares fronterizo con Guacimal (ver videos), quienes alertaron sobre trabajos de aparente exploración minera que estarían comprometiendo la estabilidad de la carretera utilizada por la comunidad. Según los videos divulgados por habitantes del lugar, las labores se desarrollan debajo de la vía pública, donde hay ya un hueco profundo, generando preocupación por la seguridad de las personas que transitan por el sitio.

Aunque en esa zona existe una solicitud de concesión minera subterránea de oro y plata (2023-EXP-PRI-009 solicitada por COOPE HUAITILAR ) actualmente no ha sido posible verificar el alcance o la naturaleza de esos trabajos, ya que como puede comprobar en el enlace los expedientes de la Dirección de Geología y Minas no se encuentran información en línea para consulta pública. Esta situación incrementa la incertidumbre de la población y refuerza la demanda por una mayor transparencia y fiscalización de las actividades mineras.

Expedientes del cantón central de Puntarenas para solicitud de concesión para minería subterránea de oro y plata, al 23-7-2026:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/EXPEDIENTES-DEL-CANTON-CENTRAL-DE-PUNTARENAS-PARA-SOLICITUD-DE-CONCESION-PARA-MINERIA-SUBTERRANEA-DE-ORO-Y-PLATA.pdf

Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal rechaza la propuesta de instalación de la planta pues “la minería metálica no está dentro de la visión para el desarrollo del distrito”:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Posicion-de-la-Asociacion-de-Desarrollo-Integral-de-Guacimal.pdf

Los alcances del Convenio 169 de la OIT en Costa Rica: la consolidación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y tribales afrocostarricenses

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SURCOS comparte la siguiente nota a partir de un texto educativo de Bernardo Archer Moore, adulto mayor de Cahuita.

En el escrito se expone que la aprobación de la Ley N.° 7316 de 1993, mediante la cual Costa Rica ratificó el Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), transformó profundamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos. A partir de ese momento, las disposiciones del Convenio pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad y, conforme a la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional, adquirieron jerarquía superior a la ley ordinaria, convirtiéndose en parámetro obligatorio para todas las autoridades del Estado.

No obstante, durante más de treinta años esa protección fue aplicada casi exclusivamente en favor de los pueblos indígenas, dejando en un segundo plano a los pueblos tribales afrocostarricenses, pese a que el propio Convenio reconoce expresamente ambas categorías como sujetos de especial protección. Según el autor, la intervención de la Sala Constitucional entre 2025 y 2026 vino a corregir esa omisión histórica, consolidando la aplicación efectiva del Convenio 169 a los pueblos tribales del Caribe costarricense.

¿Quiénes son los pueblos tribales protegidos por el Convenio 169?

El texto señala que una de las mayores confusiones existentes consiste en creer que cualquier persona afrodescendiente forma automáticamente parte del Pueblo Tribal Afrocostarricense para efectos del derecho de consulta previa. El Convenio 169 no establece ese criterio: su artículo 1 dispone que los pueblos tribales son aquellos que presentan condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la colectividad nacional, conservando total o parcialmente sus propias instituciones, costumbres, tradiciones e identidad colectiva.

El autor explica que la conciencia de la identidad tribal constituye un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio, es decir, el autorreconocimiento es un requisito indispensable, pero no suficiente. La pertenencia al Pueblo Tribal también debe respaldarse con elementos objetivos de carácter histórico, cultural y comunitario, entre ellos: descendencia histórica de las comunidades tribales del Caribe costarricense, conservación de una identidad cultural propia, vínculos históricos con el territorio tradicional, reconocimiento por parte de la propia comunidad, y conservación, aunque sea parcial, de instituciones, costumbres o formas propias de organización social. En consecuencia, sostiene el autor, el Convenio protege a un pueblo históricamente determinado, no simplemente a un grupo definido por el color de piel o la ascendencia africana.

La consulta previa no pertenece a organizaciones privadas

El texto subraya que el sujeto protegido por el Convenio 169 es el Pueblo Tribal como colectivo, nunca una asociación privada, fundación, ONG u otra persona jurídica. Los órganos de consulta creados por el Estado cumplen únicamente funciones de interlocución: no sustituyen la voluntad del Pueblo, no adquieren la titularidad de los derechos colectivos ni pueden apropiarse de su representación permanente. Según el autor, esta diferencia fue reafirmada por la Sala Constitucional en sus resoluciones de 2025 y 2026, al recordar que la consulta debe realizarse respecto del sujeto colectivo protegido por el Convenio y no mediante mecanismos formales que simulen su cumplimiento.

Los derechos colectivos reconocidos

El artículo enumera los principales derechos colectivos que, según el autor, protege el Convenio 169: identidad cultural, autoidentificación, conservación de instituciones propias, participación en decisiones estatales que les afecten, consulta previa, libre e informada, participación en políticas públicas, protección de la relación histórica con el territorio y del patrimonio cultural, espiritual e histórico, y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Estos derechos, señala, pertenecen al Pueblo como sujeto colectivo y no pueden ser apropiados por personas u organizaciones particulares.

La diferencia entre pueblos indígenas y pueblos tribales

El texto explica que, si bien el Convenio 169 protege por igual a ambos pueblos, respeta sus diferencias culturales. En Costa Rica, la cultura indígena ha estado históricamente vinculada a la propiedad colectiva del territorio, modelo desarrollado por la Ley Indígena N.° 6172 de 1977 mediante el reconocimiento de reservas administradas registralmente por las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII). Las comunidades afrocaribeñas, en cambio, desarrollaron desde finales del siglo XIX una tradición distinta: familias establecidas en el litoral Caribe ocuparon parcelas destinadas a vivienda, agricultura y comercio, manteniendo un sistema propio de reconocimiento de linderos, muchas veces delimitados con cercas naturales o flores rojas, costumbre de la que —según el autor— surgió la flor roja como símbolo de linderos en la región. Esta forma histórica de ocupación, sostiene, constituye una manifestación cultural propia que también merece protección bajo el Convenio 169, por lo que la igualdad constitucional no exige un régimen de propiedad idéntico para ambos pueblos, sino que el Estado respete las diferencias culturales de cada uno.

Las sentencias de la Sala Constitucional

Con la creación del Foro Tribal Afrocostarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), el Estado reconoció un mecanismo oficial de interlocución con los pueblos tribales, equivalente al desarrollado para los pueblos indígenas. Posteriormente, según relata el autor, la Sala Constitucional consolidó ese proceso mediante tres resoluciones: la Sentencia N.° 2025-029985 ordenó aplicar plenamente el Convenio 169 al Pueblo Tribal de Cahuita en relación con el Plan Regulador Costero; la Sentencia N.° 2025-035746 extendió esa obligación al proceso del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe; y la Sentencia N.° 2026-010993 estableció que ninguna institución ni organización privada puede simular el cumplimiento del deber de consulta sustituyendo al verdadero sujeto protegido por el Convenio.

Estas resoluciones, junto con la Ley N.° 7316 de 1993 y el Decreto Ejecutivo N.° 43532 de 2022, constituyen —según el autor— un blindaje jurídico para garantizar el cumplimiento efectivo del Convenio 169 respecto de los pueblos tribales afrocostarricenses.

Una nueva etapa constitucional

El texto concluye que Costa Rica ha ingresado en una nueva etapa del constitucionalismo de los derechos humanos, en la que ya no es jurídicamente sostenible interpretar el Convenio 169 únicamente desde la realidad indígena. La protección constitucional alcanza igualmente a los pueblos tribales afrocostarricenses, respetando sus propias instituciones, identidad histórica, cultura, formas tradicionales de organización y su particular relación con el territorio. Para el autor, la verdadera igualdad que consagra el Convenio 169 no consiste en tratar a todos los pueblos de la misma manera, sino en reconocer que cada uno tiene derecho a que el Estado respete aquello que lo hace diferente.