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El puente tiene memoria… y la comunidad también

Observatorio de Bienes Comunes

En Finca 5, Sarapiquí, un antiguo puente ferroviario sigue vivo en las historias, en los encuentros y en el cuidado cotidiano del territorio.

Este video recoge voces de la comunidad que nos invitan a mirar el puente como un espacio de memoria, encuentro y construcción de lo común.

Algunas claves del proceso:

▪️ El puente como memoria viva del territorio

▪️ La huella del tren en la vida cotidiana

▪️ La resignificación del espacio desde la comunidad

▪️ El cuidado como práctica colectiva

▪️ La memoria como base para fortalecer lo común

Además, ya está disponible el boletín del proceso, con relatos, reflexiones y propuestas surgidas del encuentro comunitario.

Mirá el video, leé la nota y descargá el boletín aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-puente-tambien-recuerda-memoria-y-cuidado-comunitario-en-finca-5/

Alertan sobre transformaciones profundas en tres destinos costeros de Guanacaste

Johnny Núñez Z./Periodista-O.C-UNA

Un informe reciente del Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega (Obtur) señaló que, a diferencia de los procesos clásicos de gentrificación, caracterizados por el auge de alquileres temporales en plataformas como Airbnb y el desplazamiento directo de población local, en destinos como El Coco, Nosara y Tamarindo emerge una dinámica distinta: una sectorización claramente delimitada, con coexistencia —sin integración— entre barrios tradicionales y nuevos enclaves exclusivos, orientados más a reforzar la distancia y la separación de lo local, antes que fomentar la convivencia.

El impacto de este modelo resulta evidente en al menos tres sitios analizados por el Observatorio —El Coco, Tamarindo y Nosara—, donde las zonas con mayor desarrollo inmobiliario coinciden con aquellas que concentran la mayor cantidad de espacios destinados a rentar en la plataforma Airbnb. Esta correspondencia permite inferir que el alquiler temporal a través de esta aplicación constituye uno de los principales usos de estos inmuebles.

Este hallazgo, elaborado por los investigadores del Observatorio, Johan Mora, Sebastián Arce y Esteban Barboza -coordinador de Obtur- se derivó de un muestreo de la plataforma en cuestión, la cual, en su propio mapa, ubica lugares y espacios disponibles en las fechas solicitadas por los potenciales clientes. La muestra se tomó en la temporada baja de 2025, periodo cuando más opciones disponibles existen.

Barboza explicó que, en el caso de El Coco se localizaron aproximadamente 800 espacios, entre apartamentos, condominios, habitaciones, villas y hoteles listados en la plataforma. En Nosara fueron aproximadamente 600 espacios y en Tamarindo alrededor de 1000. En suma, existen aproximadamente 2400 inmuebles dedicados a alquileres temporales en estas tres localidades, solo en la plataforma Airbnb.

Análisis por sectores

En el caso de El Coco, el informe de Obtur destaca una marcada concentración de oferta en sectores como playa Ocotal, Las Palmas, las colinas circundantes y el centro, zona donde históricamente se ubicaban los principales servicios turísticos, como hoteles y restaurantes. Una proporción significativa de los alquileres temporales corresponde a construcciones recientes, desarrolladas en los alrededores de playa Ocotal y en el sector norte. Muchas de estas se levantan en colinas, destinadas tiempo atrás a actividades productivas o cubiertas por vegetación local. A esto se suma una clara separación territorial entre las áreas donde se concentran estos desarrollos y aquellas en las que reside la población local, espacios que además albergan viviendas destinadas a alquileres de largo plazo, por ejemplo, para trabajadores.

“Al contrario de la gentrificación, en donde clases más pudientes venidas de otro lugar sustituyen a los habitantes locales por medio de la compra y remodelación de sus propiedades, en El Coco lo que observamos es la construcción de espacios nuevos que no tienen como fin ser residencias permanentes para recién llegados, sino que buscan generar dividendos a partir de su alquiler temporal a turistas”, subrayó Barboza.

Esta forma de territorialización no provoca en sí el desplazamiento o la expulsión de la población local; más bien, genera mayores niveles de desigualdad y exclusión de ciertos grupos que permanecen en el sitio.

En el caso de Nosara, se observa una marcada concentración de alojamientos de alquiler temporal en los sectores de Playa Guiones y las colinas circundantes con vistas al mar frente a este sector, así como en Playa Pelada y en los alrededores del denominado Proyecto Americano. En estas dos últimas zonas se registra, además, una alta densidad de oferta turística en las cercanías de los límites del Refugio de Vida Silvestre Ostional, área que ha sido objeto de atención mediática en meses recientes debido a controversias relacionadas con procesos de desalojo de residentes locales que han habitado estos espacios por generaciones.

En Tamarindo, la mayor parte de la oferta de hospedaje se concentra en las inmediaciones de la playa y en las colinas circundantes, sectores donde históricamente se ha desarrollado la actividad turística. Si bien existen opciones de alojamiento en localidades como Villarreal, Santa Rosa y Huacas —comunidades habitadas principalmente por trabajadores locales—, su presencia es menor en comparación con la zona costera y sus alrededores.

Barboza aseveró que esta distribución responde a un patrón similar al observado en Nosara y El Coco, donde la expansión de nuevas construcciones y alojamientos temporales tiende a no integrarse con los espacios habitados por residentes permanentes. “Por el contrario, se privilegian ubicaciones cercanas al mar o en colinas con vistas al océano, en general alejadas de los centros de población, configurando un modelo orientado hacia la exclusividad”, afirmó el investigador.

Imagen de cabecera: Este modelo aporta poco valor a las comunidades donde se concentran estos enclaves inmobiliarios, con escasa reinversión en la economía local, alta dependencia del turismo internacional y un impacto socioambiental significativo.

Vídeo en: https://youtu.be/mRySRU_4Fps?si=834ZxGP3b4qOKrf_

Informe completo en: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/la-ecuacion-del-desarrollo-inmobiliario-y-los-alquileres-temporales-en-guanacaste

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.

Pueblo tribal afrocostarricense… ¿exclusión o reconocimiento?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore

En Cahuita ha surgido una polémica que merece ser aclarada con seriedad:

¿El término “Pueblo Tribal Afrocostarricense” excluye a quienes no son afrodescendientes?

La respuesta es no.

Pero hay que entender por qué.

Este término no es una etiqueta social ni una categoría racial. Es una figura jurídica, reconocida por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532 (2022), en aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Su propósito no es dividir, sino proteger derechos colectivos, especialmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.

Entonces, ¿De dónde nace la confusión?

Nace de la conveniencia —no siempre inocente— de interpretar el término como un filtro absoluto.

Esa distorsión interpretativa crea una narrativa, donde se asume que solo afrodescendientes pueden pertenecer o participar. Sembrando temores, resentimientos y divergencias donde debería prevalecer la unidad y el apoyo. Quizás, ese es el propósito.

Sin embargo, el derecho internacional es claro: La pertenencia a un pueblo tribal se basa en la autoidentificación y el reconocimiento comunitario.

Eso refleja la realidad de Cahuita: Una comunidad diversa, con raíces afrocaribeñas profundas, pero también con familias mixtas y personas que han aportado históricamente al desarrollo del territorio; de allí el calificativo de estar todos en el mismo bote.

Aquí está el meollo del asunto:

  • El fundamento jurídico del pueblo es afrodescendiente.

  • Pero su expresión social es diversa e inclusiva.

Confundir estos dos planos genera división. Y la división debilita el derecho.

Si el concepto se vuelve excluyente (decir que algunos son y otros no), se pierde legitimidad. Y si se vacía de contenido histórico, pierde sustento jurídico.

Por eso, la solución no es eliminar el término, sino entenderlo correctamente:
“Pueblo Tribal Afrocostarricense” no significa exclusión.
Significa reconocimiento histórico con derechos colectivos.

Al final, lo que está en juego no es una palabra, sino algo más profundo:
El derecho de un pueblo a definirse a sí mismo sin ser dividido.

Porque cuando hay confusión, alguien siempre se beneficia.

Y rara vez es el pueblo.

De ahí la urgencia de seguir avanzando juntos, en paz, en el mismo barco—como siempre lo hemos hecho.

Más que una limpieza: memoria y organización en Los Chorros

Observatorio de Bienes Comunes

¿Qué hay detrás de una jornada de limpieza en un río?

En esta entrevista, Hamer Salazar y Francis Suárez nos invitan a mirar más allá: Los Chorros y el río Prendas no son solo un paisaje, son el resultado de años de lucha, organización y defensa comunitaria.

Esta experiencia nos deja claves importantes:

Los ríos no son “naturales” sin historia: están marcados por procesos sociales y luchas.

La comunidad de Tacares ha sido clave en la defensa del parque ante múltiples amenazas.

Existe una brecha entre lo que dice la ley y lo que realmente se gestiona.

El agua es un bien común que genera tanto conflictos como solidaridad entre comunidades.

Las jornadas de limpieza también son espacios de memoria, encuentro y educación popular.

Conocer la historia del territorio transforma la forma en que lo cuidamos.

Cuidar el río también es reconocer a quienes lo han defendido.

Leé y escuchá la entrevista completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mas-que-una-limpieza-memoria-y-organizacion-en-los-chorros/

Campaña personas gestoras locales en acción: Isaura Umaña Ramos

Cápsula #3

Isaura Umaña Ramos es graduada del Técnico en Gestión Local, versión Pacífico Central, del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Vecina de Coyolar de Orotina, Isaura representa un claro ejemplo de cómo la formación universitaria puede traducirse en liderazgo comunitario y acciones concretas de transformación social.

Además de ser ama de casa, Isaura desarrolla un emprendimiento de artesanías en madera y continúa su vínculo con la UNED como estudiante de cursos libres. Su compromiso social se manifiesta especialmente en su rol como presidenta y fundadora de la Agrupación de Familias de Personas con el Espectro del Autismo Ágape, una organización sin fines de lucro que nació a partir de una necesidad sentida en su comunidad.

Agrupación Ágape

La Agrupación Ágape está orientada a brindar apoyo integral a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el cantón de Orotina. En este espacio, las familias encuentran acompañamiento emocional, asesoría legal y oportunidades para compartir experiencias, estrategias prácticas y herramientas para el manejo del estrés, la ansiedad y el proceso de duelo que muchas veces acompaña el diagnóstico.

Ágape se concibe como un espacio seguro, donde las personas pueden expresar sus sentimientos con confianza y construir redes de apoyo mutuo, contribuyendo a disminuir el aislamiento social que enfrentan muchas familias. Según su fundadora, este tipo de agrupación es pionera en el cantón de Orotina.

El nombre Ágape proviene del término griego agápē, que hace referencia al amor altruista, incondicional y desinteresado, orientado al bienestar del prójimo. Este principio guía el quehacer de la organización y da sentido a sus acciones colectivas.

Entre las iniciativas impulsadas por la agrupación se encuentran capacitaciones, actividades comunitarias y la organización de marchas con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2007. Estas acciones buscan sensibilizar a la población, promover la inclusión, el respeto a los derechos y la aceptación de las personas con TEA, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

Desde su creación, Ágape ha generado cambios positivos en la comunidad de Orotina, fortaleciendo la conciencia social sobre el autismo y articulándose con diversas instituciones que han brindado apoyo mediante procesos de formación y acompañamiento. Actualmente, la agrupación cuenta con una página en Facebook bajo el nombre Ágape Autismo Orotina, desde donde comparte información y actividades con la comunidad.

La experiencia de Isaura Umaña Ramos evidencia cómo la formación en Gestión Local de la UNED potencia el liderazgo comunitario y favorece la construcción de respuestas colectivas ante realidades sociales complejas, reafirmando el compromiso de la universidad con la extensión, el desarrollo territorial y la transformación social.

Para poder conectarse con la organización Ágape Autismo Orotina, por medio de la página en Facebook a través del enlace https://www.facebook.com/?ref=homescreenpwa

Elaborada por Michelle P. Castro Marchena

Calle Álvarez: donde el territorio tiene voz propia

Observatorio de Bienes Comunes

No es solo un lugar en el mapa. Es historia viva, memoria que se transmite y lucha cotidiana por sostener la vida.

Este testimonio nos invita a mirar más profundo y reconocer lo que muchas veces no se ve.

Ideas clave:

* El territorio se construye desde la experiencia de quienes lo habitan

* La memoria comunitaria fortalece identidad y organización

* El abandono no es casual: tiene historia y responsables

* El vínculo con la tierra se cuida, se defiende y se hereda

* Contar la historia también es una forma de lucha

Hacer memoria es sembrar futuro.

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/bienes-comunes-en-corto-calle-alvarez-memoria-y-territorio-desde-la-voz-de-un-vecino/

UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.

Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.

Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.

El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.

Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Posición histórica de la Universidad de Costa Rica

Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).

En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.

Sin consulta a la UCR

Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.

Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.

Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.

Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg

Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

Pronunciamiento público

Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.

Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.

Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.

En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.

Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.

Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.

A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.

También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.

A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.

Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.

El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.

Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.

Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.

Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.

La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.

Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.

Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.

Firman:

Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL

Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA

Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón

Delroy Lewis Jones
Sector Turismo

Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica

Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia

La tribalidad afrocostarricense: una nueva realidad en el escenario político nacional

Bernardo Archer Moore
Presidente – ACUDHECA

Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Preámbulo

Esta información no es solo relevante para comunidades como Cahuita. Su importancia alcanza a todo el país, porque se relaciona directamente con el respeto al Estado de Derecho y a compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Cuando estos principios no se cumplen, no solo se afecta a un grupo específico:
– Se debilita la legalidad de las decisiones públicas.
– Se compromete la institucionalidad del Estado.

En juego está algo mayor: el respeto a las reglas que protegen a todos los costarricenses.

¿Qué es el Foro Tribal Afrocostarricense?

El Foro Tribal Afrocostarricense es un espacio de representación y diálogo, creado a partir del Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconoce a la población afrodescendiente como pueblo tribal bajo el Convenio 169 de la OIT.

Objetivo del foro

Su función principal es:

Defender los derechos del pueblo tribal afrocostarricense, especialmente:

  • Derecho a consulta previa, libre e informada.
  • Protección de territorios ancestrales.
  • Preservación de la cultura e identidad. Y,
  • Derecho a la autodeterminación.

¿Cómo funciona?

Está integrado por representantes de comunidades afrodescendientes:
Líderes y lideresas de las 8 comunidades que participaron en los diálogos: Tortuguero, Siquirres, Estrada, Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola, Limón y Guácimo.

Actúa como interlocutor ante el Estado
Participa en procesos donde se discuten proyectos o decisiones que afectan al pueblo tribal.

Ejemplo: turismo, uso de tierras, parques nacionales, carreteras.

¿Cuándo se activa?

Cuando el Estado quiere hacer algo que pueda afectar al pueblo tribal:

Debe consultar primero. La consulta debe ser: antes de decidir (previa)
Sin presión (libre)
Con información clara (informada)
Con intención real de acuerdo (buena fe).

Relación clave: Foro vs pueblos tribales (como Cahuita)

Los pueblos tribales (como Cahuita) son el sujeto de derechos.

El Foro es solo el mecanismo de representación y coordinación.

En palabras simples:

El Pueblo Tribal = el dueño del derecho

El Foro = el canal para ejercer ese derecho.

Importante: El Foro no sustituye al pueblo, ni decide por sí solo.

Debe responder a las comunidades y bajar la consulta a las bases.

¿Por qué es importante?

Porque permite que comunidades como Cahuita:
No sean excluidas de decisiones sobre su territorio.
Puedan detener proyectos ilegales sin consulta.
Defiendan su cultura frente al desarraigo.

Resumen final en una frase

Sin pueblo tribal organizado, no hay Foro legítimo;
y sin Foro operativo, no hay consulta real.

Compatriotas: Lo hecho, hecho está. El camino no es hacia atrás, sino hacia adelante.

Los derechos conquistados no son negociables ni reversibles.

Quienes intenten retroceder, se encontrarán con un límite claro:
El principio de no regresión en derechos humanos, que protege lo ya alcanzado.

El mensaje es simple y firme: Avanzar no es una opción, es una obligación histórica.