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Museo Indígena de Boruca presentará una charla sobre el libro del Indio Venancio

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Por Uriel Rojas

✅Será este jueves 11 de junio.

El Museo Comunitario Indígena de Boruca presentará este jueves 11 de junio, a partir de las 4 de la tarde, una charla con el antropólogo José Luis Amador, quien es el autor del libro “Venancio Mora y el Árbol Mágico de Palmar Sur”.

Será un espacio para conversar con los vecinos de la comunidad sobre la vida y legado de este personaje boruca, que emigró hacia las tierras de Palmar Sur a principios del siglo XX, vivió el impacto de la época bananera y murió en 1967 en Caña Blancal de Osa, junto a su familia.

La charla está orientada a develar aspectos históricos y simbólicos que se describen en el libro y busca también, devolver parte de la información de la obra a la comunidad.

El Museo Comunitario Indígena de Boruca se ubica en Boruca centro, 25 metros al norte del Salón Comunal de la comunidad.

Para más información pueden contactarse al 2730-1089 o al 8819-1281

Correo electrónico: laflordeboruca@gmail.com

El marco jurídico de Costa Rica está siendo desmantelado a la vista

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA
Cahuita, Talamanca, Costa Rica

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Resulta profundamente preocupante observar cómo el Estado de Derecho parece ceder terreno ante decisiones políticas que ignoran principios jurídicos elementales.

Cuando el Poder Legislativo aprueba proyectos de ley que contradicen normas previamente promulgadas por la propia Asamblea Legislativa, vulneran disposiciones constitucionales y desconocen sentencias firmes de la Sala Constitucional —órgano supremo en materia de interpretación constitucional—, no estamos ante una simple diferencia de criterio político.

Estamos sin lugar a duda, ante una erosión deliberada de la seguridad jurídica que sustenta nuestra democracia.

Aún no se ha secado la tinta de los votos constitucionales N° 2025-029985, N° 2025-035746 y el más reciente N° 2026-010993, mediante los cuales la Sala Constitucional reiteró obligaciones concretas del Estado costarricense.

Sin embargo, a solicitud de quienes precisamente están obligados a cumplir dichas resoluciones, se impulsan iniciativas legislativas que pretenden avanzar sin atender los requisitos expresamente señalados por el Tribunal Constitucional.

Lo más grave es que esta situación se intenta presentar ante la opinión pública mediante narrativas simplificadas y populistas, desplazando del debate el verdadero tema de fondo: El respeto al ordenamiento jurídico nacional.

Resulta difícil comprender cómo esto ocurre a plena vista de una comunidad jurídica que supera las treinta mil personas entre abogados y abogadas, en un país donde generaciones enteras dedicaron sus esfuerzos a construir instituciones sólidas precisamente para evitar que la voluntad política circunstancial prevaleciera sobre la ley.

Para ser aún más precisos sobre el tema de fondo, conviene recordar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7316, del 21 de noviembre de 1992, publicada en La Gaceta N° 235 del 3 de diciembre de ese mismo año.

Costa Rica depositó el instrumento de ratificación ante la OIT el 2 de abril de 1993, entrando el Convenio en vigor para nuestro país el 2 de abril de 1994.

Y se ganó el aplauso internacional, pero inconsecuente a nivel nacional.

Desde entonces, sus disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico costarricense y son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado.

Por ello, la discusión no debería centrarse en determinar si la Marina de Limón, o cualquier otro proyecto contemplado dentro del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe, es bueno o malo, conveniente o inconveniente.

Ese debate corresponde precisamente al proceso de consulta.

La cuestión fundamental es otra: cumplir la ley.

Y la ley exige que los pueblos tribales costeros reconocidos oficialmente por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MJP de 2022 sean consultados de manera previa, libre, informada y de buena fe antes de la adopción de medidas legislativas, administrativas o proyectos de desarrollo que puedan afectarles directamente.

Esta obligación no constituye una concesión política ni una formalidad administrativa: es un mandato jurídico derivado del Convenio 169 de la OIT, de la Constitución Política, de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por la República.

Solo dentro de ese marco de legalidad podrán las comunidades expresar su criterio respecto de la Marina de Limón y de los demás proyectos contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe. Ese derecho ya es caso juzgado y resuelto por la vía jurisprudencial (Voto: 2025-035746 de la Sala IV).

En consecuencia, no se trata de estar a favor o en contra del desarrollo. Tampoco se trata de determinar de antemano si una marina, un muelle, una carretera o cualquier otra inversión pública o privada beneficia o perjudica a la región.

Se trata de algo mucho más elemental: que el Estado costarricense respete sus propias leyes, sus propias sentencias y los derechos que ha reconocido a los pueblos tribales costeros.

Conclusión

Si la Asamblea Legislativa puede ignorar las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT y de las sentencias de la Sala Constitucional, ¿con qué autoridad moral o jurídica podrá exigirse mañana al Poder Ejecutivo, a las municipalidades o a los ciudadanos que respeten la ley?

El Estado de Derecho comienza precisamente por el respeto a la ley por parte de quienes tienen la responsabilidad de crearla.

Festival del Día del Ambiente en Puerto Potrero

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Puerto Potrero, Guanacaste. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la comunidad de Puerto Potrero realizará el próximo sábado 6 de junio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza de Deportes, el Festival Día del Ambiente bajo el lema “Comunidad y agua para sostener la vida”, un espacio de encuentro comunitario que reunirá actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la defensa del territorio, la protección de las fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización local.

La jornada incluirá limpieza de playa, actividades recreativas para niñas y niños, música, stands informativos, conversatorio y el mercadito comunitario “Saberes y Sabores”, una iniciativa que busca promover la economía local, los emprendimientos comunitarios y el intercambio de conocimientos vinculados con la identidad y la cultura del territorio.

Más allá de una celebración ambiental, el festival representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta Puerto Potrero y otras comunidades costeras de Guanacaste ante el acelerado crecimiento de modelos de desarrollo turístico de gran escala, cuyos impactos se manifiestan en la presión sobre las fuentes de agua, el aumento del costo de la vida, la transformación de los territorios y los procesos de desplazamiento y exclusión de las poblaciones locales.

En este contexto, los espacios comunitarios adquieren una importancia estratégica desde una perspectiva territorial, ambiental, social y política. Son escenarios donde se fortalecen los vínculos comunitarios, se construyen propuestas para la gestión sostenible de los bienes comunes y se generan capacidades para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades.

Uno de los actores fundamentales en este esfuerzo ha sido la ASADA de Puerto Potrero, organización que durante años ha desarrollado acciones para la protección de las fuentes de agua y la gestión comunitaria del recurso hídrico. Su trabajo ha sido clave para impulsar procesos de monitoreo, conservación y sensibilización ambiental, así como para visibilizar las tensiones que surgen cuando el crecimiento turístico supera la capacidad de los ecosistemas locales.

“Tendremos actividades de gestión ambiental y estaremos hablando de la afectación que se avecina, el impacto que vamos a tener otra vez por el fenómeno del niño. Alzaremos la voz con esta actividad para que el gobierno local tome en serio las cosas como se hizo en el 2016 que las comunidades ya estábamos informadas de lo que iba a pasar, se emitió la declaratoria de emergencia y se crearon planes de contingencia a nivel regional” indicó Leonel Duarte Caravacas, presidente de la ASADA.

El cuido del agua en Puerto Potrero no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un derecho fundamental para las actuales y futuras generaciones. Frente a un escenario marcado por sequías más frecuentes, aumento de la demanda hídrica y expansión inmobiliaria, la gestión comunitaria del agua se convierte en un pilar para la sostenibilidad y la justicia territorial.

El festival también es resultado de la articulación entre organizaciones locales y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, una alianza que ha permitido fortalecer procesos de formación, investigación participativa e incidencia comunitaria. Esta colaboración busca contribuir a que las comunidades cuenten con más herramientas para comprender las transformaciones que viven sus territorios, defender sus bienes comunes y participar activamente en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.

Para Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, “este festival es parte de un proceso socioeducativo que estamos realizando en la comunidad de Puerto Potrero ante un crecimiento voraz del desarrollo turístico que ha venido impactando la vida de la comunidad. En un contexto de enorme presión hídrica, es fundamental que se construyan estrategias locales para el cuido de las fuentes de agua y de la biodiversidad presente en la zona”.

La actividad es abierta a toda la población, las organizaciones convocantes invitan a vecinas, vecinos, visitantes y personas solidarias a sumarse a esta jornada de encuentro, aprendizaje y acción colectiva por la defensa del agua y del territorio.

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

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La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

ADI Cabagra y comités de implementación PAFT realizan mejoras a caminos en Alto de Brazo de Oro

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Uriel Rojas

Desde el pasado lunes 01 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra junto a los Comités de Implementación de los Programas de Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT), iniciaron una serie de trabajos en los caminos que comunican a los poblados de “Tubölwak” y Barrio “Los Figueroa” en el Alto de Brazo de Oro de Cabagra.

Estas mejoras comprenden un trayecto de aproximadamente 1659 metros, así como la colocación de material estabilizador en tres cuestas de muy difícil acceso, para facilitar el rodamiento y soporte al peso de los vehículos.

Estos trabajos comunitarios se concretan gracias a los fondos derivados del CREF, lo cual permitirá la ejecución exitosa del proyecto de alumbrado público que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad en Cabagra, pues las pésimas condiciones del camino impedían el acceso de equipo y maquinaria para la instalación de postes y cableado.

Estos proyectos de mejoramiento a la red vial territorial beneficiarán de manera directa a más de 28 familias indígenas de ambos poblados.

Comunidades de Osa logran que la Contraloría ordene protección ambiental en permisos de construcción

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Comisión Alianza Comunal*

  • Estudio sobre permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta

  • La Contraloría confirma graves debilidades institucionales en la protección ambiental y el ordenamiento territorial

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la orden n.° DFOE-SOS-ORD-00002-2026, tras una investigación preliminar sobre permisos de construcción otorgados en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La investigación surge a partir del proceso de incidencia ciudadana conducido por nuestra Comisión, el cual fue apoyado y gestionado a través de la denuncia presentada, el 30 de setiembre de 2025 por el exdiputado Ariel Robles, ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en terrenos con mucha fragilidad ambiental dentro del cantón de Osa.

El estudio fue desarrollado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, cuyos resultados fueron notificados el 21 de mayo de 2026. Como resultado, el órgano contralor emitió órdenes vinculantes dirigidas a seis municipalidades: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú, así como al SINAC y la Dirección de Aguas del MINAE.

La Contraloría concluye que estas municipalidades han venido otorgando permisos de construcción basándose únicamente en la revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental ni mecanismos preventivos de consulta técnica con instituciones como SETENA, SINAC o Dirección de Aguas. Esto ocurre incluso dentro de territorios estratégicos para la conectividad ecológica y la conservación de ecosistemas.

Según el informe: “Los gobiernos locales de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú han visto debilitada su correcta administración y planificación territorial, por cuanto otorgan permisos de construcción sin incorporar formalmente la variable ambiental (…) comprometiéndose así el desarrollo sostenible del cantón y el equilibrio entre expansión urbana, protección ambiental y bienestar de la población”.

La CGR también señala la ausencia de planes reguladores integrales, la falta de controles mediante coordenadas geográficas, la inexistencia de zonificaciones ambientales y la débil coordinación interinstitucional para la tutela del ambiente.

Un precedente histórico para el Corredor Biológico Paso de la Danta

La importancia de este proceso trasciende el cantón de Osa. El Corredor Biológico Paso de la Danta atraviesa parcial o totalmente seis cantones: Osa, Quepos, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y Buenos Aires.

La Contraloría reconoce oficialmente que el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta constituye un instrumento relevante de gestión territorial y protección ambiental, el cual había sido ignorado o minimizado en los procesos municipales de permisos de construcción.

El informe además señala los Elementos Focales de Manejo (EFM) identificados, que pueden integrar Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), fundamentales para la conectividad ecológica entre la Cordillera de Talamanca, el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, incluyendo: grandes parches de bosque tropical; rutas de conectividad para grandes mamíferos; cuencas hidrográficas que impactan arrecifes y ecosistemas marino-costeros y corredores costeros vinculados con sitios de anidación de tortugas marinas.

La conclusión es contundente: las áreas ambientalmente frágiles y sitios de importancia ambiental del CBPD sí deben ser consideradas de manera vinculante en los permisos de construcción.

Este proceso también representa una experiencia pionera de articulación entre organización comunitaria, investigación ciudadana y fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, que permitió escalar una denuncia territorial hacia la Contraloría General de la República. Se trata de una vía poco utilizada históricamente por las comunidades en conflictos socioambientales relacionados con omisiones municipales y ordenamiento territorial. La experiencia abre un camino importante para otros territorios del país, demostrando que las comunidades organizadas pueden activar mecanismos institucionales de fiscalización del Estado cuando existen vacíos regulatorios, falta de controles ambientales o decisiones municipales que comprometen ecosistemas y bienes comunes. En ese sentido, este caso podría sentar un precedente importante para futuras luchas ambientales y territoriales en Costa Rica.

Órdenes obligatorias y cambios institucionales

La Contraloría ordenó medidas correctivas obligatorias para municipalidades, SINAC y Dirección de Aguas.

Entre las medidas ordenadas por la Contraloría destacan la incorporación formal de la variable ambiental en los procesos de otorgamiento de permisos de construcción, la creación de mecanismos obligatorios de coordinación entre las municipalidades, el SINAC, SETENA y la Dirección de Aguas, así como la actualización del Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta. Además, se establece la necesidad de delimitar sitios de importancia ambiental y áreas ambientalmente frágiles, fortalecer los sistemas de información y control territorial e implementar procesos de capacitación ambiental para el personal técnico y administrativo de los gobiernos locales.

El incumplimiento de estas órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.

Una lucha comunitaria sostenida durante años

Como Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, queremos compartir con las comunidades que este proceso no surgió de la nada.

Durante años hemos impulsado procesos de educación popular, investigación-acción y participación ciudadana para documentar y visibilizar los impactos del modelo constructivo intensivo y del turismo inmobiliario desregulado sobre la Fila Costeña.

Hemos investigado afectaciones sobre fuentes de agua, bosques, biodiversidad y ecosistemas vinculados al Parque Nacional Marino Ballena. También tuvimos que recurrir a recursos legales para acceder a información pública sobre permisos de construcción y evidenciar las debilidades institucionales en el ordenamiento territorial.

Todo este trabajo colectivo permitió construir acuerdos comunales y elevar las denuncias hasta instancias nacionales.

Hoy, el informe de la Contraloría confirma oficialmente muchas de las preocupaciones y denuncias que las comunidades venimos señalando desde hace años.

Volvamos a encontrarnos

Queremos contarles a nuestras vecinas y vecinos que, durante este tiempo en que no nos hemos encontrado en el espacio del Festival del Día Mundial del Océano, la defensa de la Fila Costeña no se ha detenido.

Al contrario: se ha abierto un precedente histórico que podría transformar la manera en que se gestionan los permisos de construcción y la protección ambiental no solo en Osa, sino en todos los territorios del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Por eso queremos volver a encontrarnos este próximo domingo 7 de junio en el Festival del Día Mundial del Océano, en El Mercado de Bahía Ballena.

Queremos compartir los avances, los desafíos, las tensiones y las esperanzas de este proceso colectivo que lleva muchos años caminándose y que también se ha sostenido gracias a ustedes: con su presencia, sus firmas, sus conversaciones, su apoyo y su compromiso con la defensa del territorio.

La Fila Costeña sigue siendo una primera línea de protección del Parque Nacional Marino Ballena. Un territorio clave para el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de toda la región.

Pero también se ha convertido en un laboratorio vivo de organización comunitaria y defensa territorial cuyos aprendizajes podrían servir de ejemplo para muchas otras comunidades, corredores biológicos y territorios del país.

Informe: https://drive.google.com/file/d/1XTcwTK7KmRndxe2w8SanqGwaC6ocayqW/view?usp=sharing

*Adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

La raíz indígena poco mencionada en el café con tintes transfronterizos: Costa Rica y Panamá

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Alejandro Machado García
Consultor
Gestor de desarrollo, migraciones y género

Alejandro Machado García

Al pensar en Los Santos —Tarrazú, Dota, León Cortés— la imagen suele ser fincas cafetaleras, cooperativas y montañas de café. Esa narrativa, sin embargo, es más compleja. Antes del café ya existía movilidad transfronteriza y ancestral entre lo que hoy son Costa Rica y Panamá, impulsada por pueblos indígenas que se relacionaban en un ámbito cultural amplio, mucho antes de las fronteras, colonias, países y el café.

Como investigador, he señalado que la actividad del café en Los Santos es una de las labores más desafiantes e innovadoras para miles de campesinos y caficultores. La organización de pequeños productores, cooperativas y microbeneficios ha sido clave para distribuir riqueza y bienestar en el territorio. Esos ingresos permitieron que productores enviaran a sus hijos a estudiar, hicieran mejoras en sus hogares y regeneraran el tejido empresarial familiar, incorporando nuevas técnicas e innovación.

No obstante, la movilidad indígena entre el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá no está vinculada únicamente a la recolección. El hallazgo de elementos culturales en cementerios indígenas en fincas locales hace unas décadas atrás, demuestra movimientos indígenas preexistentes. Estudios de lingüística, arqueología y genética confirman que los pueblos originarios de la región compartían la familia lingüística chibcha, que abarcaba desde Nicaragua hasta Colombia, por lo que fácilmente se pueden encontrar dispersos en varias regiones.

Investigaciones muestran una correlación genética entre los Ngäbe-Buglé, las borucas, los Bribris, los Cabécares, los Teribes y los Maluku. Se ha aportado también evidencia arqueológica de la «Gran Chiriquí», un horizonte cultural que vincula la región fronteriza del Pacífico de Costa Rica y Panamá, lo que permite establecer vínculos entre pueblos hoy divididos por la frontera.

Con la llegada del colonialismo español cambió la percepción de estas poblaciones, que fueron vistas como «salvajes» y despojadas de su tierra y cosmovisión. Las notas coloniales del siglo XVI describían a los Ngäbe como pobladores de áreas densas y boscosas, con agricultura de subsistencia.

Tras la independencia, los pueblos indígenas fueron gradualmente despojados y convertidos en jornaleros; la propiedad comunal pasó a manos privadas y la población indígena disminuyó drásticamente entre los siglos XVIII y XIX. Para el siglo XIX la dinámica costarricense se centró en la caficultura del Valle Central, mientras las poblaciones indígenas fueron desplazadas y relegadas a oficios jornaleros.

Los Santos se conformó inicialmente con migración interna, no con el café desde el inicio. Entre 1865 y 1894 llegaron más familias, principalmente desde Desamparados, Guadalupe y Alajuelita. En la zona se cultivaban productos de subsistencia y se practicaban otras actividades como ganadería y aprovechamiento forestal.

A veces considero si realmente los Ngäbe y Buglé regresaron al sur y a los Santos como reactivación de una movilidad histórica que desconocemos pero bueno, lo cierto del caso es que su presencia para la población local, se nota en los noventa cuando Costa Rica tiene el resultado de la crisis del modelo agroexportador, deudas y caída de precios del café, que encarecieron los insumos y empujaron a familias endeudadas a emigrar a los Estados para evitar perder fincas. No todos eran pequeños productores; muchos carecían de medios de producción. Estados Unidos terminó siendo una opción para mejorar la posición social mediante ahorro y remesas, similar a lo que muchos indígenas llegan a la zona, con ese anhelo de sacar adelante a sus familias.

Los Santos tiene la oportunidad de integrar turismo cultural con la producción cafetalera, dejando de ver a las comunidades indígenas solo como mano de obra y reconociéndolas como parte de un encuentro cultural anual que puede generar proyectos y valor agregado.

Reconocer esto no es solo académico; es reparar la invisibilización histórica de los pueblos originarios y entender que la frontera entre Costa Rica y Panamá es una construcción reciente sobre un territorio que siempre fue compartido. Los 10,000–12,000 migrantes Ngäbe-Buglé que vienen a cosechar café no son necesariamente «extranjeros»: podrían representar una reactivación de una movilidad histórica que trasciende Los Santos y merece reconocimiento simbólico y económico.

ADI Cabagra y comisiones de implementación del PAFT entregan proyectos de vital importancia para las comunidades de Las Delicias y San Juan

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Por Uriel Rojas

✅Proyectos son financiados con fondos CREF a través de los PAFT

Este domingo 24 de mayo de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (ADICABAGRA), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, realizaron la entrega de dos proyectos de infraestructura que son fundamentales para las comunidades de Las Delicias y San Juan.

Estas obras beneficiarán de manera directa a estudiantes, productores locales y a más de 150 familias del territorio.

Dichos proyectos fueron financiados mediante la distribución de beneficios derivados de los fondos CREF en Costa Rica y forman parte de la ejecución estratégica del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT).

En la comunidad de Las Delicias de Cabagra, se inauguró el puente sobre la quebrada Yö̀lkuö Diköl, ubicado en el acceso principal de la localidad.

Esta estructura viene a solucionar parte de los históricos problemas que se generaban cada vez que se crecía esta quebrada tanto para los estudiantes, agricultores y población en general.

El otro proyecto fue la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua potable, al menos para las siguientes cinco décadas.

Esta obra destaca por haber sido construida y dirigida en su totalidad por obreros y mano de obra local, fortaleciendo las capacidades técnicas de la propia comunidad.

Más de 150 familias de la comunidad de San Juan serán beneficiadas con este proyecto de agua, lo que, sin duda, ayudará a mejorar sus condiciones de vida.

El cambio sociopolítico más trascendental del último siglo

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Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore

Costa Rica vive hoy, de manera silenciosa pero profunda, una de las transformaciones sociopolíticas más trascendentales de los últimos cien años.

Su carácter irreversible constituye, precisamente, la base de su fuerza presente y de su legado para las generaciones futuras.

La consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocostarricenses frente a decisiones, políticas o proyectos que afecten sus territorios y derechos colectivos NO constituye una promesa política ni una concesión circunstancial.

Es un derecho reconocido por la República, con jerarquía constitucional, integrado al régimen de Derechos Fundamentales que protege no solo a los pueblos indígenas como se creía por mucho tiempo, sino, también, a los Pueblos Tribales Afrocostarricenses; frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios, identidad cultural y derechos colectivos.

Algo que gran parte de la ciudadanía jamás imaginó presenciar en vida.

Y precisamente allí radica el mayor desafío: Lograr la plena comprensión, implementación y disfrute de este profundo cambio sociopolítico dentro de nuestra República.

Nosara genera USD 2.130 millones al año, pero recibe menos de 1 céntimo por cada colón que le genera al municipio

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Un estudio independiente, contrastado con datos de la Municipalidad de Nicoya, calculó por primera vez cuánto produce, cuánto tributa y cuánto recibe de vuelta un distrito costarricense. El resultado: una fuga fiscal de USD 55 millones al año.

Este es el primer balance fiscal territorial distrital de Costa Rica

Lo esencial

¿Qué es este estudio?

Es el primer Balance Fiscal Territorial hecho a nivel de distrito en Costa Rica. Hasta ahora, el país no tenía forma de saber cuánta riqueza produce un territorio específico, cuánto de esa riqueza se convierte en impuestos y cuánto regresa a la comunidad como inversión pública. Este estudio lo calculó para el distrito de Nosara, en Nicoya, Guanacaste.

Lo elaboró la Alianza para el Desarrollo Comunitario (ADC), organización local que ya coordinó el Censo Nosara 2024 (el primer censo comunitario distrital del país, con asesoría técnica del INEC), con apoyo de la Asociación ConoSer. El balance busca aportar datos verificables al debate público sobre crecimiento urbano, turismo y distribución de recursos.

¿Qué encontró?

Que Nosara produce mucho y recibe muy poco de vuelta. El distrito genera, en un solo año, una actividad económica estimada en USD 2.130 millones (equivalente a cerca del 2% del PIB nacional en apenas 135 km²): una cifra que se compara a más de dos veces y media lo que cuesta el tren eléctrico de pasajeros que el país acaba de aprobar. Pero de cada colón que el distrito le genera a la Municipalidad, regresan al distrito 0,62 céntimos en inversión directa: menos de un céntimo.

La diferencia entre lo que el sistema fiscal podría recaudar y lo que efectivamente recauda es lo que el estudio llama fuga fiscal: unos USD 55 millones al año. Para el distrito de Nosara esa fuga equivale a ₡1,76 millones (USD 3.909) cada hora, cerca de USD 34 millones al año que se podrían recaudar y quedar en Nosara y hoy no llega a la comunidad. En perspectiva, esta fuga anual es comparable al valor del oro extraído de Crucitas (USD 60 millones) anualmente según información del Organismo de Investigación Judicial.

¿Por qué importa para Nosara?

Porque esa fuga refleja una clara desigualdad. Nosara es el distrito con el metro cuadrado más caro de Costa Rica (triplica el precio de Escazú, 2023), su alojamiento Airbnb/Vrbo (no hotelero) con ingresos más altos generó USD $530 mil dólares en 2025 y la propiedad a la venta con el precio más alto se listó en USD $27 millones de dólares, sin embargo, no tiene clínica, ni estación propia de Cruz Roja o Bomberos de Costa Rica, ni colegio técnico, ni plan regulador, ni un sistema hídrico que garantice abastecimiento sostenible. En temporada alta convergen más de 35.000 personas: cuatro veces su población permanente de 8.716 habitantes, sobre una infraestructura que no da abasto.

¿A quién le corresponde ese dinero?

No todo es de la Municipalidad, y el estudio lo distingue con claridad. La fuga fiscal tiene dos destinos distintos:

  • Recursos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles, patentes comerciales, permisos de construcción. Estos le corresponden directamente a la Municipalidad de Nicoya y deberían traducirse en mayor inversión para el distrito.

  • Recursos nacionales: IVA, impuesto sobre la renta y cargas asociadas a la actividad turística. Estos van al Estado central y se distribuyen según las reglas presupuestarias nacionales.

El punto del estudio no es que todo deba volver a Nosara, sino que hoy parte considerable de esos recursos (de ambos tipos) simplemente no se está recaudando. La discusión sobre cómo se reparte la inversión pública primero empieza por recaudar lo correspondiente y luego invertir en la comunidad.

¿Qué se puede hacer?

En paralelo a la recién aprobada ley para patentes de Nicoya, la cual amplía las actividades sujetas al impuesto y su tarifa; el informe de este balance identifica cuatro puntos de acción sobre normativa ya vigente: actualizar el catastro municipal (congelado desde 2017), cruzar los datos del ICT, Hacienda y las plataformas digitales para fiscalizar los alojamientos temporales, controlar las construcciones sin permiso, dotar a Nosara de un plan regulador y actualizar reglamentación fiscal. Bajo la estructura tributaria actual, la pérdida fiscal acumulada para el distrito entre 2019–2030 podría alcanzar los USD 349,6 millones; USD 132 millones ya se perdieron y el resto todavía es recuperable.

“Cuando se ponen los números sobre la mesa, no estamos hablando de algo que solo pasa en Nosara: estamos hablando de un patrón de fuga fiscal. La metodología que usamos aquí es aplicable a Tamarindo, Manuel Antonio, Santa Teresa, Uvita o el Caribe Sur con los datos que ya existen en ICE, CFIA, Hacienda, las municipalidades y la Contraloría. Lo que falta es la decisión interinstitucional de medirlo y transformar esas fugas en inversión que retorne a las comunidades.”

– Emmanuel Gutiérrez Pizarro, investigador y analista de datos territoriales, director de la ADC.



El respaldo

¿Qué tan confiables son estas cifras?

El estudio es un informe técnico de 123 páginas que integra datos de trece fuentes institucionales independientes y compartido con académicos para revisión de pares. La verificación más contundente llegó de la propia Municipalidad: el 7 de abril de 2026, su Dirección Financiera emitió el Oficio DF-0023-2026 con los registros de su sistema contable sobre la generación tributaria de Nosara en 2025. La comparación con esos datos respalda el modelo.

Verificación cruzada con la Municipalidad de Nicoya (Nosara 2025)

El estudio estimó ₡1.930 millones de generación tributaria municipal usando solo fuentes públicas. El Oficio DF-0023-2026 reportó un monto de ₡2.191 millones desde el sistema contable de la Municipalidad: una diferencia del 11,7 %. En patentes, la estimación quedó dentro del 5 % del registro municipal. Estos datos municipales permiten ahora contrastar los resultados del estudio.

Cifras clave de un vistazo

INDICADOR

MAGNITUD

PIB distrital estimado (anual)

USD 2.130 M / ₡958.500 M

Fuga fiscal anual

USD 55 M / ₡24.750 M

Retorno municipal por cada colón

0,62 céntimos

Pérdida fiscal para Nosara por hora

USD 3.909 / ₡1,76 M

Pérdida fiscal para Nosara anual

USD 34 M / ₡15.300 M

Pérdida fiscal acumulada 2019–2030

USD 349,6 M / ₡157.320 M

Factor de subvaluación catastral

12,1x (picos de 31x en Delicias)

Alojamientos temporales fuera del registro ICT

96,6 % de ~1.500

Construcciones sin permiso municipal

6 de cada 10

Población permanente vs. temporada alta

8.716 vs. 35.000+

Fuente: Balance Fiscal Territorial del Distrito de Nosara (ADC / ConoSer, marzo 2026) y Oficio DF-0023-2026, Dirección Financiera, Municipalidad de Nicoya. Integra 13 fuentes institucionales. Una ficha técnica con la metodología completa está disponible para medios. El estudio aplica un tipo de cambio de ₡470 por USD en sus cálculos internos; las cifras en colones de este comunicado se expresan a ₡450 por USD, para mantener consistencia con la información publicada.

Financiamiento y transparencia. El estudio se financió con aporte profesional del autor y de familias residentes solidarias del distrito. Los financiadores son independientes de los sectores que abordan los hallazgos, y la metodología y las conclusiones se contrastaron con datos de la Municipalidad de Nicoya (Oficio DF-0023-2026).

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