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Algunas reflexiones sobre la celebración del Día de la Emancipación en Puerto Limón

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore

Durante años, la discusión sobre el 31 de agosto estuvo marcada por cierta confusión acerca de qué se celebraba. Hoy existe mayor claridad: agosto, y particularmente el 31, está dedicado a conmemorar la emancipación de las personas negras de la esclavitud y la servidumbre en la diáspora africana.

Pero conocer el significado de la fecha no significa necesariamente conservar el espíritu con el que nació su celebración.

Hasta mediados de la década de 1970, el 31 de agosto era una actividad organizada fundamentalmente por organizaciones afrocostarricenses de Puerto Limón, financiadas por ellas mismas.

Aquella forma de organización representaba también una expresión de autonomía comunitaria frente al Estado. Era una celebración más íntima y solemne.

En ella se honraba la memoria, el sacrificio y la lucha de nuestros antepasados por la supervivencia de nuestra comunidad frente a un mundo marcado por la desigualdad.

En 1980, el 31 de agosto fue declarado oficialmente «Día de la Gente Negra» mediante el Decreto N.° 11928, durante la administración de Rodrigo Carazo Odio.

Posteriormente, en junio de 1999, se constituyó formalmente el Comité Cívico y Cultural Étnico Negro, que asumió un papel protagónico en la organización del Festival de la Cultura Negra y del emblemático Desfile de la Gran Gala.

A partir de entonces, la celebración experimentó una profunda transformación: pasó progresivamente de ser un acto solemne de memoria, identidad y unidad comunitaria a convertirse en un acontecimiento multitudinario, festivo y también comercial.

Hoy participan miles de personas afrodescendientes y no afrodescendientes. La cultura, la vestimenta, la música y el comercio ocupan un espacio cada vez más importante.

Sin embargo, existe una continuidad que debería hacernos reflexionar: ayer y hoy, las familias afrocostarricenses menos favorecidas continúan, física y simbólicamente, al otro lado de la acera.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto ha crecido la celebración, sino qué hemos perdido en el proceso.

Celebrar nuestra cultura es importante, pero celebrar la cultura y defenderla son dos cosas diferentes.

La emancipación no debería convertirse únicamente en una fiesta de identidad, vestimenta y comercio. Debe ser también una oportunidad para recordar la lucha de nuestros antepasados, evaluar las condiciones actuales de nuestra comunidad y defender su dignidad, sus derechos, su organización y su autonomía.

También debemos cuestionar la llamada «apoliticidad»: no parece coherente ser apolítico cuando se trata de escuchar las demandas del pueblo y, al mismo tiempo, político cuando se trata de gestionar recursos públicos.

El 31 de agosto debería ser, ante todo, un día para recordar de dónde venimos, reconocer cuánto hemos avanzado y preguntarnos cuánto nos falta todavía por alcanzar.

La verdadera emancipación no consiste solamente en recordar que nuestros antepasados dejaron de ser esclavos; consiste también en impedir que las nuevas generaciones tengan que luchar nuevamente por la dignidad, la identidad, la autonomía y los derechos que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar.

SoCagrú: un grupo de mujeres indígenas con espíritu de guerreras

Por Uriel Rojas

En Boruca de Buenos Aires hay un grupo integrado por 21 mujeres indígenas que una vez decidieron unir sus talentos, saberes e iniciativas para trabajar en beneficio de sus familias y la comunidad en general.

El espíritu luchador de esta agrupación femenina se alimenta de la naturaleza, del cual aseguran, obtienen todo lo que necesitan para ser felices.

SoCagrú en idioma boruca significa “señoras guerreras”, que practican un comercio solidario, donde el ingreso de una es para el beneficio de todas.

Ellas hacen textiles a base de algodón, máscaras, flechas, tambores, etc.

Es una asociación femenina que arrastran un linaje cuyos antecesores también fueron personas de gran presencia en la cultura indígena boruca.

Por su amor a la naturaleza, poseen un vasto conocimiento sobre los beneficios del buen uso de las plantas medicinales. Han construido unos viveros donde le enseñan a las nuevas generaciones sus saberes asociados a la tierra, al cuido de las fuentes de agua y a su seguridad alimentaria.

Ofrecen diversos tours que enseñan al visitante las bondades de la naturaleza, visitan cataratas, museos, talleres y el disfrute de una rica gastronomía.

SoCagrú es más que una asociación de turismo, son guardianas de la tierra, que conservan lo místico de su cultura ancestral.

Con frecuencia invierten en el mantenimiento de los recursos naturales y han sembrado más de 26,000 árboles en las cuencas de las nacientes de agua en la comunidad.

Poseen servicios de hospedaje para que la pases de manera confortable y con un entorno natural, disfrutando de una vivencia única, inmerso en el mundo de la cultura indígena boruca.

Para más detalles acerca de SoCagrú, sírvase comunicarse a los teléfonos 84121442 y 86502432.

La Asamblea Legislativa llegó a Limón, pero Tayní Cabécar no pudo llegar a la Asamblea

Observatorio de Bienes Comunes

Hugo Céspedes Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, quería llevar ante diputadas y diputados las necesidades de su territorio. Sin embargo, los ríos crecidos y la falta de puentes le impidieron el paso.

Y cuando los ríos crecen, las consecuencias van mucho más allá de la movilidad:

* Educación: docentes y estudiantes pueden quedar incomunicados.

* Salud: pacientes y personal médico enfrentan dificultades para trasladarse.

* Economía local: productores tienen problemas para sacar y comercializar banano, plátano, frijoles y cacao.

* Seguridad: muchas personas deben arriesgarse a cruzar ríos crecidos.

* Vida comunitaria: las comunidades pueden quedar aisladas y desconectadas de otros servicios y espacios institucionales.

Desde Tayní Cabécar hacen un llamado a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo: que visiten el territorio, conozcan directamente esta realidad y atiendan de manera urgente la necesidad de construir puentes.

📌 Puede leer la nota completa y conocer el llamado desde el territorio:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/territorio-tayni-cabecar-alza-la-voz-la-falta-de-puentes-mantiene-incomunicado-al-territorio-indigena

Organizaciones comunales de Rey Curré fortalecen sus capacidades de gobernanza institucional y territorial

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré junto con las organizaciones comunales de su territorio, se encuentran recibiendo una serie de talleres con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales, administrativas y de gobernanza.

Las capacitaciones comprenden tres módulos que abarcan temas como Gobernanza y Derecho Indígena, Gestión y Administración de Organizaciones y Gestión de Proyectos Socio productivos y Culturales.

Esta actividad se lleva a cabo en el marco del apoyo del proyecto “Apoyo al manejo forestal sostenible”, financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo, quienes han estado colaborando con este territorio indígena en diversos ámbitos y en esta ocasión financiando estos talleres de capacitación organizativa.

Los talleres se realizan los sábados y domingos de cada semana, son impartidos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Académica en Costa Rica, en el Salón Comunal de Rey Curré y se extenderán hasta finales de octubre de 2026.

¡Solidaridad con las comunidades caribeñas afectadas por las inundaciones!

Las inundaciones en el Caribe costarricense no dan tregua. Desde julio, varias ondas tropicales y temporales han venido afectando diferentes comunidades del Caribe. Como suele ocurrir el agua no inunda parejo. Desgraciadamente son las comunidades más pobres y vulnerables las que resultan más afectadas. Las comunidades que han debido construirse cercanas a ríos y quebradas o con sistemas de drenaje insuficientes; son las más afectadas. Las familias que viven en casas en terrenos vulnerables o que han sido levantadas con materiales y diseños que no corresponden con las necesidades de protección y abrigo, todas estas familias son las que más sufren.

Personas, viviendas, cultivos, animales han sido afectados de diferentes maneras: pérdida de viviendas, enseres y mobiliario, propagación de enfermedades, pérdida de cosechas, muerte y enfermedades de animales; entre otros.

El gobierno emitió la declaratoria de emergencia en 9 cantones, incluidos todos los cantones de la provincia de Limón. También la presidente Laura Fernández visitó algunas comunidades de Limón el pasado lunes 17 de agosto. Pero la ayuda no llega según las necesidades. Las comunidades siguen sufriendo. La emergencia no termina pues el tiempo no amaina.

Han empezado a llegar algunos paquetes de ayuda, pero en cantidad insuficiente. Los animalitos, mascotas y domésticos están sufriendo mucho porque la ayuda es completamente insuficiente.

El gobierno parece más enfrascado en echarle la culpa de lo que no hace a otros poderes y otras fuerzas políticas. La emergencia es ahora, no se puede ser indiferente a las urgencias de este momento. Las lentitudes burocráticas juegan con la vida de las personas.

Demandamos del gobierno que ejecute ya un plan de ayuda de corto, mediano y largo plazo para atender las comunidades afectadas. En el corto plazo urge que la ayuda de emergencia llegue ya. Se requiere ayudar a las personas campesinas a recuperar sus cosechas y o girarles subsidios de auxilio. En el mediano y largo plazo es urgente ejecutar planes de vivienda, infraestructura y empleo. (Temas pospuestos por todos los gobiernos, aunque estos sean de distinto signo).

El MTC insta a las autoridades nacionales y locales para que escuchen, como corresponde, a las comunidades organizadas, que son quienes conocen profundamente sus realidades.

Las Comisiones Municipales de emergencia deberían dejar de depender de las instrucciones que les giren desde casa presidencial (instrucciones que no parecen llegar). Deberían ir a las comunidades y empezar a atender en campo la emergencia.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS (MTC)

Cahuita y su Parque Nacional defienden el legado histórico del Modelo de Gobernanza Compartida

Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC)

Cahuita, agosto de 2026. La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) como representante jurídico del Parque Nacional Cahuita (PNC) hace del conocimiento público la historia, los logros y los retos del modelo de Gobernanza Compartida con el que ha funcionado desde sus inicios Cahuita y su Parque Nacional. La comunidad de Cahuita ha luchado para mantener su derecho a decidir sobre su territorio ancestral, sobre SU CASA, su fuente de ingresos, su historia. Esa lucha está ligada al momento sociopolítico, económico y ambiental en el que se desarrolla. Hoy, hablamos de Cahuita y su Parque Nacional.

A lo largo de su historia como modelo único y novedoso de participación ciudadana en el manejo de sus recursos naturales, ha sido necesario mejorar varios aspectos de funcionamiento tanto a nivel interno como en relación con las instituciones gubernamentales. El Parque Nacional Cahuita trabaja con personas con sus fortalezas ejemplares que nutren el modelo y otras que se han tenido que apartar del proceso, pero ello no cuestiona de manera general el Modelo de Gobernanza Compartida que tiene antecedentes históricos, territoriales y jurídicos propios, refleja más de 30 años de genuina participación de la comunidad tribal de Cahuita en su conservación y gestión, por todo ello es reconocido y galardonado a nivel internacional.

El año en curso la ADIC, detectó algunas irregularidades; en relación con supuestos faltantes de recibos y depósitos, así como un presunto incumplimiento del procedimiento interno con respecto a las contribuciones voluntarias recolectadas en el sector de playa Blanca por lo cual presentó una denuncia penal para que fueran investigadas por las autoridades competentes.

Como resultado de esa actuación se encuentra actualmente en trámite el expediente N.° 26-000447-0829-PE, originado en la denuncia presentada el 30 de abril de 2026 por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.

De manera paralela, la ADIC emitió directrices y adoptó medidas para fortalecer sus procedimientos de control, supervisión, trazabilidad y rendición de cuentas, con el propósito de atender las debilidades identificadas y reforzar los mecanismos internos de prevención.

Al encontrarse los hechos bajo investigación penal, corresponde al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades. Por respeto a esa investigación, al debido proceso y a las competencias de las autoridades judiciales y como indica la ley, la ADIC se abstiene de hacer más declaraciones.

Además, existe otra investigación por una denuncia interpuesta en el 2023 con la causa N.º 23-000397-1218-PE, tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el eventual delito de peculado, originada en las diferencias entre la Contraloría General de la República y el Modelo de Gobernanza gestionado por la ADIC.

La ADIC considera necesario aclarar que la causa del 2023 tiene antecedentes distintos a la investigación iniciada en 2026. El expediente de 2026 surge de las inconsistencias detectadas y denunciadas por la propia Asociación, mientras que la causa del año 2023 se relaciona, según la posición de ADIC, con una discusión anterior sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones voluntarias que dan los turistas en la entrada de Playa Blanca y el régimen bajo el cual se ha desarrollado su administración dentro del Modelo de Gobernanza Compartida.

La existencia de una investigación penal no constituye una determinación de responsabilidad ni permite anticipar una conclusión sobre la naturaleza jurídica de esos recursos. Corresponde a las autoridades judiciales resolver esos aspectos conforme al ordenamiento jurídico y para ello deben analizar la prevalencia de los Tratados internacionales de Derechos Humanos que otorgan Derechos a la comunidad afrodescendiente de Cahuita, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, para administrar los recursos que se generan en el área protegida, versus la normativa financiera del Estado.

El garante de este modelo, quien lucha para que se sostenga es la A.D.I.C., conformada por personas elegidas por la comunidad, que aman, luchan y defienden el derecho a participar en el bien que les pertenece. Además, en un inicio se contó con el apoyo del Comité de Manejo del Parque Nacional Cahuita que en 2016 por decreto ejecutivo 40110 quedó constituido como Consejo local de Manejo.

El modelo de gestión compartida del Parque es exitoso y se ha construido con esfuerzo, transparencia y eficiencia, lo cual no excluye retos y pendientes por resolver que el trabajo en conjunto entre la ADIC, la coordinación del Parque y el Consejo Local de Manejo permiten enfrentar.

Es importante señalar que la ADIC ostenta la responsabilidad jurídica, la Coordinación del Parque se encarga de la operatividad, así como de los programas del plan de manejo y al Consejo Local le corresponde la coadyuvancia y fiscalización en el desarrollo de ambas funciones.

El pueblo de Cahuita históricamente sabe defender su derecho, su territorio ancestral, su cultura, su ecosistema y por ello está trabajando arduamente en la elaboración y posterior aprobación de una ley específica que necesita para mantener y fortalecer el modelo de Gobernanza compartida.

Secretaría de REDD+ visitó Cabagra para supervisar proyectos realizados en este territorio

Por Uriel Rojas

Este lunes 17 de agosto, la Secretaría REDD+ Costa Rica, visitó el territorio indígena de Cabagra para conocer los proyectos que hasta el momento se han ejecutado con los fondos derivados del CREF.

Esta gira, permitió realizar la georreferenciación de proyectos, identificar desafíos y buenas prácticas, así como conocer de primera mano, los resultados del proceso de implementación de los PAFTs en Cabagra.

La representación de esta instancia técnica fue acompañada por la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra y las comisiones de implementación del PAFT, quienes visitaron 8 proyectos realizados en las comunidades de San Rafael, Tsané Diköl, San Juan, Las Delicias, Brazo de Oro y Las Palmas.

REDD+ es una iniciativa global que busca la mitigación del cambio climático incentivando a los países a reducir las emisiones de carbono por deforestación y degradación de los bosques.

Hacia una capital humana: Propuestas urgentes para la habitabilidad de calle en San José

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN 
www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social
,
Coordinador MENTES EN MOVIMIENTO UTN 2028 (Grupo de Pensamiento Universitario)

La crisis de las personas en situación de calle en el Cantón Central de San José ha dejado de ser un problema meramente de asistencia social para convertirse en una emergencia urbana, económica y de salud pública. En la última década, esta población creció un 150%, concentrándose principalmente en distritos clave como Merced, Hospital y Catedral. Frente a una inversión local que supera los ₡2.000 millones anuales sin soluciones definitivas, la alcaldía liderada por Diego Miranda y el Poder Ejecutivo han planteado una ruta de choque inmediata.

El diagnóstico de la crisis capitalina

De las aproximadamente 3.733 personas en situación de calle registradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el país, 7 de cada 10 habitan en San José. Los factores determinantes combinan la exclusión social, la farmacodependencia extrema, el desarraigo familiar y la falta de opciones de empleo. Zonas comerciales de la Avenida 7, Avenida 9 y las inmediaciones de la antigua Castellana sufren un impacto directo en la seguridad y las ventas, lo que evidencia la urgencia de cambiar el asistencialismo pasivo por una intervención activa.

Plan de acción a corto plazo: Intervenciones prioritarias

Para mitigar los efectos inmediatos y estabilizar la situación en las avenidas josefinas, las propuestas vigentes se agrupan en cinco ejes de ejecución rápida:

1. Despliegue de la Estrategia Nacional de Convivencia

  • Foco en el Distrito Merced: Lanzamiento prioritario del plan estatal de atención directa en los cuadrantes más críticos del casco central.

  • Alianzas operativas: Coordinación inmediata con ONG consolidadas, tales como la Asociación Misionera Club de Paz y Casa Hogar San José, para el suministro diario de alimentación, duchas y vestimenta básica.

2. Ampliación y apertura de albergues de emergencia

  • Optimización de recursos: Maximizar los 102 espacios de pernoctación del Centro Dormitorio Municipal, que además de una cama digna provee vinculación con servicios de salud.

  • Infraestructura en marcha: Agilizar el acondicionamiento del nuevo mega-albergue municipal (aprobado con fondos locales por ₡1.100 millones) diseñado para dar refugio a 300 personas en condición vulnerable.

3. Activación de la Mesa Interinstitucional de Choque

  • Articulación de presupuestos: Convocatoria impulsada ante la Presidencia para sentar en una misma mesa técnica al IMAS, el IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El objetivo es unificar fondos y evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos.

4. Soporte legal mediante el proyecto «Reintegra San José»

  • Ruta de desintoxicación obligatoria: Apoyo legislativo inmediato al proyecto de ley promovido por la vicealcaldía josefina. Esta propuesta jurídica busca dotar a la Policía Municipal y al sector salud de herramientas legales para guiar obligatoriamente a los habitantes con adicciones hacia procesos formales de desintoxicación, albergue y reinserción laboral.

5. Medida de descongestión territorial: Macro-complejo de reubicación fuera del GAM

  • Compra de finca periférica: Adquisición de un terreno de gran extensión en la provincia de Puntarenas para centralizar la atención integral de la población meta.

  • Traslado masivo y voluntario: Desarrollo de un modelo habitacional, productivo y de salud diseñado para albergar a los indigentes de San José, removiendo la presión demográfica de la capital.

  • Modelo integral: El complejo contará con áreas de desintoxicación, huertas comunitarias para talleres de reinserción laboral y módulos habitacionales permanentes alejados de los focos de distribución de drogas del casco central.

El desafío de la corresponsabilidad

La solución de corto plazo requiere de un compromiso directo entre el gobierno local y el nacional. San José no puede seguir asumiendo el costo operativo de una problemática migratoria y social que es de índole país. De la agilidad con la que se articulen los centros de desintoxicación, la viabilidad del traslado interprovincial y el apoyo de los comercios dependerá que la capital recupere su seguridad, orden urbano y, sobre todo, la dignidad de sus habitantes más vulnerables.

Anexo Técnico: Viabilidad del Macro-Complejo de Reubicación en Puntarenas

1. Mecanismo de financiamiento para la compra de la finca

Para adquirir el terreno y construir la infraestructura sin asfixiar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José, se proponen tres vías simultáneas:

  • Fideicomiso de Obra Pública: Constitución de un fideicomiso avalado por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR), respaldado por un porcentaje del impuesto de patentes comerciales de San José, garantizando ingresos estables para pagar la deuda a mediano plazo.

  • Fondos de Desarrollo Social (FODESAF): Negociación de una partida extraordinaria orientada a la erradicación de la pobreza extrema, justificando que el proyecto alivia la carga de servicios de salud centralizados en la capital.

  • Cooperación Internacional y Alianzas Público-Privadas (APP): Captación de recursos no reembolsables de agencias internacionales enfocadas en desarrollo urbano y derechos humanos, junto con donaciones de cámaras empresariales de San José interesadas en la recuperación económica del casco central.

2. Desafíos legales y de derechos humanos

El traslado de ciudadanos entre provincias presenta barreras constitucionales estrictas que deben resolverse formalmente:

  • Libertad de tránsito (Artículo 22 constitucional): Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a permanecer en una provincia específica si no existe una orden judicial o una declaratoria de interdicción legal. El traslado masivo debe ser estrictamente voluntario o vinculado a la aprobación del proyecto de ley «Reintegra San José», el cual debe tipificar la habitabilidad de calle con adicción severa como un problema de inimputabilidad o peligro para sí mismo.

  • Coordinación intermunicipal: El Cantón Central de Puntarenas debe otorgar los permisos de suelo y construcción. Esto requiere un convenio de mitigación de impacto social para evitar el rechazo de la comunidad puntarenense (efecto NIMBY: Not In My Backyard).

  • Supervisión de la Defensoría de los Habitantes: El complejo debe garantizar estándares internacionales de habitabilidad, alimentación y no confinamiento forzado para evitar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3. Servicios específicos del macro-albergue

Para que el complejo sea sostenible y no se convierta en un gueto aislado, debe operar como una micro-ciudad autosuficiente con los siguientes componentes:

  • Clínica de Desintoxicación y Salud Mental (IAFA – CCSS): Un pabellón hospitalario permanente con psiquiatras, enfermeros y terapeutas para el manejo del síndrome de abstinencia severo de sustancias como el crack y el fentanilo.

  • Granja Agrícola y Talleres Socioproductivos: Aprovechamiento del clima y extensión de Puntarenas para desarrollar proyectos de hidroponía, ganadería menor y panadería. Esto generará autoabastecimiento de alimentos y capacitará a los internos en oficios comerciales.

  • Módulos de Vivienda Progresiva: Dormitorios segregados por género y condición de salud, que evolucionan desde pabellones de emergencia hasta pequeñas cabañas compartidas como premio al avance en sus procesos de rehabilitación.

  • Destacamento de Seguridad Multidisciplinaria: Presencia interna de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José para garantizar el orden perimetral, el control de contrabando de drogas y la seguridad de los funcionarios civiles.


Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada y lanza petición ciudadana para exigir protección

Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.

En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.

“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.

La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.

La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.

Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.

La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.

La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.

A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.

El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.

La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.

La ciudadanía también puede apoyar

La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.

La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.

Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:

Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.

La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?

Firmar la petición “Proteger el río Montezuma de daños ecológicos”

Comunidad de Montezuma denuncia daño ecológico en zona sensible del Río Montezuma; Bloque Verde exige justicia ambiental

Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.

La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.

Los hechos denunciados

El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:

  1. Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.

  2. Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.

  3. Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.

Argumentos y peticiones

La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).

La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.