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Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

Un nuevo capítulo en el «manual»

Por: Bernardo Archer Moore
Adulto mayor

Cahuita

Bernardo Archer Moore

Actualmente se está redactando un nuevo capítulo del Manual para la Autodestrucción de Instituciones y Organizaciones Locales Creadas para el Desarrollo Autónomo del Caribe.

Hoy se analiza la gestión compartida (ADIC/SINAC) del Parque Nacional Cahuita.

Análisis preliminar de los hechos

  1. Despido de personal local de la cogestión:

Este análisis no puede realizarse sin considerar la falta de oportunidades de empleo en la ciudad de Cahuita, y que el despido constituye la sanción más severa en la relación empleador-empleado.

Desde una perspectiva legal, laboral y administrativa en Costa Rica, la representación del empleador del personal contratado bajo el esquema derivado del Acuerdo Marco ADIC-SINAC de 2017 depende de quién realizó la contratación, bajo qué marco legal y utilizando qué recursos.

El acuerdo establece que las autoridades responsables eran:

El director ejecutivo del SINAC y el presidente de la ADIC.

Sin embargo, el acuerdo por sí solo no creó una nueva entidad jurídica independiente denominada “Consejo Local” con capacidad autónoma de empleador.

Por lo tanto, legalmente, como parece haber ocurrido:

El personal fue contratado directamente por la ADIC.

En ese caso:

La ADIC sería el empleador real, aunque el trabajo se realice dentro del Parque Nacional Cahuita.

Esto implica que:

  • Los salarios.
  • Las contribuciones a la seguridad social (CCSS).
  • La rescisión de contratos (despidos), y
  • Las responsabilidades laborales recaen sobre la Asociación de Desarrollo Integral Cahuita (ADIC).

NOTA:

¿Están conscientes mis compañeros afiliados de la ADIC sobre esa realidad oculta y silenciosa?

Esta responsabilidad institucional se consolida particularmente si:

■ La ADIC firmó los contratos.

■ Realiza los pagos de salarios.

■ Administra las donaciones o registra a los trabajadores ante el Fondo Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

  1. El problema jurídico tras el vencimiento del acuerdo de cogestión en 2019:

Aquí reside el punto más delicado.

Si el acuerdo:

Venció en 2019 y no se renovó formalmente, cualquier relación laboral posterior podría entrar en un terreno de incertidumbre jurídica respecto a:

○ La condición de empleador.

○ La gestión de los recursos económicos y materiales.

○ La capacidad de contratación. Y…

○ El derecho a despedir empleados.

Especialmente porque el “Consejo Local” continuó operando de facto, pero sin un instrumento legal válido que le delegara funciones específicas.

  1. El Consejo Local: una entidad sin personalidad jurídica propia.

El Decreto 40110-MINAE creó un mecanismo de gobernanza participativa, pero no creó:

  • Una entidad autónoma con personalidad jurídica propia
  • Poseedora de bienes propios, ni la capacidad de actuar como empleador independiente.

Por lo tanto, en principio, el “Consejo Local” no sería el empleador legal en sí mismo, a menos que existiera:

Otro instrumento legal, un fideicomiso, una asociación paralela, o una entidad administrativa específica; lo cual se desconoce su existencia.

  1. En un posible conflicto laboral, los jueces suelen analizar:

■ ¿Quién pagó el salario?

■ ¿Quién dio las órdenes?

■ ¿Quién firmó los contratos?

■ ¿Quién ocupó un puesto subordinado?

■ ¿Quién reportó al CCSS (Fondo Costarricense de Seguridad Social)?

■ ¿Quién ejerció la autoridad disciplinaria?

En la legislación laboral costarricense prevalece el principio de “primacía de la realidad”.

Es decir, quien actuó efectivamente como empleador tiene más peso que su designación oficial.

Por lo tanto, debe quedar claro que el despido de un empleado no es algo que deba tomarse a la ligera. Se trata de una decisión de último recurso que afecta a la familia del empleado.

En este caso particular, existe una demanda pendiente sobre la titularidad legal de la fuente de ingresos: las donaciones de los visitantes.

Desde una perspectiva general, como comunidad, nuestra situación es definitivamente peor hoy que hace una semana.

Mientras tanto, el Gobierno ha avanzado hacia su objetivo de tomar el control total del Parque Nacional de Cahuita.

Sabores de la memoria en Finca 5

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 18 de abril, la comunidad de Finca 5 se reunió para reconstruir su historia a partir de fotografías… pero también para preguntarse qué queda fuera de ellas.

Porque la memoria no solo está en lo que se ve, también vive en lo que se siente, se recuerda… y en lo que nunca se fotografió.

En este proceso aparecen:

▪️ Historias del tren y el puente como parte de la vida cotidiana

▪️ Sabores que cruzaban el puente: tortillas, cajetas, café, pan y más

▪️ Recuerdos de trabajo, encuentro y comunidad

▪️ Preguntas sobre lo que no muestran las fotos

▪️ Reflexiones sobre quién cuenta la historia y desde dónde

Una experiencia que no se queda en la nostalgia, sino que abre camino para pensar el presente y construir futuro desde la comunidad.

👉 Leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sabores-de-la-memoria-finca-5-reconstruye-su-historia-desde-las-fotos-y-mas-alla-de-ellas/

Festival Contorno Escénico en Barrio Fátima de Cartago ofrecerá arte y actividades gratuitas

La Asociación Vergel Cultural realizará el próximo domingo 10 de mayo de 2026, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., el Festival Contorno Escénico Barrio Fátima 2026, una iniciativa que busca fortalecer el encuentro comunitario y el acceso gratuito a expresiones artísticas y culturales para personas de todas las edades.

La actividad, se desarrollará en el salón comunal de Barrio Fátima, contiguo a la Iglesia Católica de la comunidad, en el cantón central de Cartago.

El festival ofrecerá una programación diversa que incluirá música, danza, circo, cuentacuentos y un pasacalles por las calles de la comunidad acompañado de cimarrona y artistas invitados.

La programación contará con la participación de Bryan Chavarría y Catalina Zeledón en danza; Big Bang Circo en artes circenses; Kat Marchena en cuentacuentos; Romanza Música Trío en música; y la presentación especial de la artista local Maricer Picado, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil del concurso de canto Nace una Estrella.

“Invitamos a toda la comunidad cartaginesa a participar de este evento producido con muchísimo cariño desde la Asociación Vergel Cultural. Estamos seguros de que será una experiencia de mucho disfrute para personas de todas las edades y, especialmente, un espacio de encuentro para la comunidad”, afirmó Lucía González Paniagua, presidenta Asociación Vergel

El Festival Contorno Escénico busca llevar propuestas de música, danza, circo y narración oral a barrios y comunidades cartaginesas, promoviendo activaciones culturales y urbanas que reconozcan el acceso al arte y la cultura como un derecho humano.

La organización Vergel Cultural nació en 2008 y cuenta con una trayectoria de 18 años dedicada a la gestión sociocultural. Durante este tiempo ha desarrollado proyectos comunitarios como La Papeña y Cinearte, además de participar en redes nacionales de cultura y movimientos ciudadanos latinoamericanos vinculados al fortalecimiento cultural de las comunidades y la dignificación del trabajo cultural. En 2024 fue reconocida con el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del Fondo Puntos de Cultura 2026 para iniciativas socioculturales.

Cronograma

Programa de la actividad

Actividad Artista

Horario

Pasacalles Cimarronas y diversos artistas

1:00 p. m.

Cuentacuentos La Principita-Kat Marchena

1:30 p. m.

Circo El oscurecer de la razón – Bryan Chavarría y Catalina Zeledón

2:00 p. m.

Danza Burbujas Gigantes-Big Band Circo

2:30pm

Música Romanza Música Trío

3:15pm

Música Mariser Picado

4:00pm

Cierre

4:30pm

Visite Boruca y conozca el Tour del Chocolate

Uriel Rojas

Para los pueblos indígenas, el cacao tiene un simbolismo cosmogónico y espiritual muy importante, asociado al intercambio de los dioses vinculados al proceso de la creación del universo.

Es una bebida que los antepasados han usado para sus rituales en nacimientos, muertes o matrimonios.

Simboliza también la unión, hermandad y respeto comunitario en donde por lo general, son las mujeres quienes se encargan de sembrar la semilla y cuidar la planta hasta su producción.

En la comunidad indígena de Boruca, situado en el cantón de Buenos Aires, existe un proyecto llamado Caúshás, que en idioma bruncájc significa “raíz del cacao”, liderado por Johanna Lázaro, quien desde sus orígenes tiene claro la importancia de conservar la semilla del cacao, y reproducirla con respeto y según las costumbres antiguas de sus antepasados.

Ella dirige “el tour del chocolate”, el cual es un recorrido que explica las distintas fases y simbolismo espiritual que tiene esta bebida sagrada desde la cosmovisión boruca.

Es una experiencia única en donde el visitante conoce y aprende sobre el proceso que requiere el cacao desde la semilla, siembra, cuido, reproducción y preparación de la bebida.

También realiza diversos productos a base del caco tradicional.

Doña Johana se ha esforzado por mejorar constantemente y en la actualidad ya adquirió el sello pymes y se encuentra debidamente registrada en el MEIC ofreciendo al visitante un servicio y atención de primera calidad que incluye las pólizas de seguro INS y factura electrónica.

Cáushás es también un referente de la gastronomía local, es arte indígena y ofrece alojamiento en sus cabañas rústicas que poseen todo el confort que el cliente necesita.

Agende su visita a la comunidad indígena Boruca al 85357320 y conozca Cáushás Farm & Art, un emprendimiento indígena con identidad cultural.

Nos puede escribir al correo: caushasboruca@gmail.com

El Caribe blindado por la Corte Suprema de Justicia

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Para comprender con mayor claridad el alcance de este blindaje jurídico, resulta necesario analizar la caducidad del Foro Tribal Afrocostarricense y la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios públicos frente al cumplimiento de la consulta previa obligatoria.

La caducidad operativa del Foro Tribal Afrocostarricense, producto del vencimiento del plazo de nombramiento de sus integrantes por tres años (2022-2025), y reconocida por el Voto N.° 2026-010993, genera consecuencias inmediatas y de alta gravedad en la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Ley N.° 7316).

Esta situación impacta directamente la gobernanza territorial y el desarrollo en la región costera del Caribe.

En primer lugar, se produce una ruptura en la articulación institucional, al desaparecer la instancia legítima de interlocución entre el Estado y el pueblo tribal afrocostarricense. Así confirmado por la Sala Constitucional (Voto N.° 2026-010993).

En segundo lugar, se configura un vacío operativo en la consulta previa ordenada por el Voto N.° 2025-029985, al carecer de un mecanismo válido para su ejecución, en contravención del artículo 6 del Convenio 169.

Este escenario deriva en una ilegalidad sobreviniente de actos administrativos y municipales adoptados con posterioridad a la caducidad, los cuales resultan impugnables por ausencia de consulta previa, libre e informada.

Asimismo, se genera una paralización de proyectos en la Zona Marítimo-Terrestre, incluyendo Planes Reguladores Costeros, el Plan Maestro Costero del ICT, permisos de construcción, desalojos y modificaciones en áreas protegidas (Humedales, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, etc.).

Paralelamente, se produce la pérdida de legitimidad de los representantes del citado Foro Tribal, cuyas actuaciones posteriores carecen de validez jurídica.

Todo ello evidencia la necesidad urgente de reconstruir un mecanismo legítimo de consulta, conforme a la autonomía de los Pueblos Tribales reconocidos u constatados por el Estado (Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP).

En este contexto, el vacío institucional NO EXIME del cumplimiento de la obligación de consulta.

Por el contrario, cualquier actuación estatal o municipal adoptada al margen de dicha obligación puede generar responsabilidad penal personal de los funcionarios públicos involucrados, conforme a los artículos 357, 339, 338 y 314 del Código Penal (Prevaricato; Incumplimiento de deberes; Abuso de autoridad y Desobediencia a la Autoridad, respectivamente).

Adicionalmente, se configura un riesgo elevado de judicialización, mediante recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, con alta probabilidad de prosperar ante la jurisdicción constitucional.

En síntesis, la caducidad del Foro Tribal extingue en la práctica la posibilidad jurídica de adoptar decisiones válidas sobre territorio, cultura y desarrollo que afecten al pueblo tribal afrocostarricense.

Se configura además una situación paradójica para el Estado y la Municipalidad:

Por un lado, sus proyectos quedan materialmente paralizados por la imposibilidad de cumplir con la consulta previa; y por otro, carecen de competencia para intervenir directa o indirectamente en la reconstitución del Foro, pues ello implicaría una injerencia indebida en la autonomía de los pueblos tribales.

Este doble límite profundiza la inseguridad jurídica y, en esta ocasión, expone al Estado a responsabilidades, mientras somete los derechos colectivos —protegidos por el ordenamiento constitucional e internacional— a una situación de vulnerabilidad y retraso en su garantía efectiva.

Mientras los políticos desvelan su mente
enredados en este “tornique legal”,
el pueblo de Cahuita —silencioso y firme—
duerme hoy más feliz que ayer.

El puente tiene memoria… y la comunidad también

Observatorio de Bienes Comunes

En Finca 5, Sarapiquí, un antiguo puente ferroviario sigue vivo en las historias, en los encuentros y en el cuidado cotidiano del territorio.

Este video recoge voces de la comunidad que nos invitan a mirar el puente como un espacio de memoria, encuentro y construcción de lo común.

Algunas claves del proceso:

▪️ El puente como memoria viva del territorio

▪️ La huella del tren en la vida cotidiana

▪️ La resignificación del espacio desde la comunidad

▪️ El cuidado como práctica colectiva

▪️ La memoria como base para fortalecer lo común

Además, ya está disponible el boletín del proceso, con relatos, reflexiones y propuestas surgidas del encuentro comunitario.

Mirá el video, leé la nota y descargá el boletín aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-puente-tambien-recuerda-memoria-y-cuidado-comunitario-en-finca-5/

Alertan sobre transformaciones profundas en tres destinos costeros de Guanacaste

Johnny Núñez Z./Periodista-O.C-UNA

Un informe reciente del Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega (Obtur) señaló que, a diferencia de los procesos clásicos de gentrificación, caracterizados por el auge de alquileres temporales en plataformas como Airbnb y el desplazamiento directo de población local, en destinos como El Coco, Nosara y Tamarindo emerge una dinámica distinta: una sectorización claramente delimitada, con coexistencia —sin integración— entre barrios tradicionales y nuevos enclaves exclusivos, orientados más a reforzar la distancia y la separación de lo local, antes que fomentar la convivencia.

El impacto de este modelo resulta evidente en al menos tres sitios analizados por el Observatorio —El Coco, Tamarindo y Nosara—, donde las zonas con mayor desarrollo inmobiliario coinciden con aquellas que concentran la mayor cantidad de espacios destinados a rentar en la plataforma Airbnb. Esta correspondencia permite inferir que el alquiler temporal a través de esta aplicación constituye uno de los principales usos de estos inmuebles.

Este hallazgo, elaborado por los investigadores del Observatorio, Johan Mora, Sebastián Arce y Esteban Barboza -coordinador de Obtur- se derivó de un muestreo de la plataforma en cuestión, la cual, en su propio mapa, ubica lugares y espacios disponibles en las fechas solicitadas por los potenciales clientes. La muestra se tomó en la temporada baja de 2025, periodo cuando más opciones disponibles existen.

Barboza explicó que, en el caso de El Coco se localizaron aproximadamente 800 espacios, entre apartamentos, condominios, habitaciones, villas y hoteles listados en la plataforma. En Nosara fueron aproximadamente 600 espacios y en Tamarindo alrededor de 1000. En suma, existen aproximadamente 2400 inmuebles dedicados a alquileres temporales en estas tres localidades, solo en la plataforma Airbnb.

Análisis por sectores

En el caso de El Coco, el informe de Obtur destaca una marcada concentración de oferta en sectores como playa Ocotal, Las Palmas, las colinas circundantes y el centro, zona donde históricamente se ubicaban los principales servicios turísticos, como hoteles y restaurantes. Una proporción significativa de los alquileres temporales corresponde a construcciones recientes, desarrolladas en los alrededores de playa Ocotal y en el sector norte. Muchas de estas se levantan en colinas, destinadas tiempo atrás a actividades productivas o cubiertas por vegetación local. A esto se suma una clara separación territorial entre las áreas donde se concentran estos desarrollos y aquellas en las que reside la población local, espacios que además albergan viviendas destinadas a alquileres de largo plazo, por ejemplo, para trabajadores.

“Al contrario de la gentrificación, en donde clases más pudientes venidas de otro lugar sustituyen a los habitantes locales por medio de la compra y remodelación de sus propiedades, en El Coco lo que observamos es la construcción de espacios nuevos que no tienen como fin ser residencias permanentes para recién llegados, sino que buscan generar dividendos a partir de su alquiler temporal a turistas”, subrayó Barboza.

Esta forma de territorialización no provoca en sí el desplazamiento o la expulsión de la población local; más bien, genera mayores niveles de desigualdad y exclusión de ciertos grupos que permanecen en el sitio.

En el caso de Nosara, se observa una marcada concentración de alojamientos de alquiler temporal en los sectores de Playa Guiones y las colinas circundantes con vistas al mar frente a este sector, así como en Playa Pelada y en los alrededores del denominado Proyecto Americano. En estas dos últimas zonas se registra, además, una alta densidad de oferta turística en las cercanías de los límites del Refugio de Vida Silvestre Ostional, área que ha sido objeto de atención mediática en meses recientes debido a controversias relacionadas con procesos de desalojo de residentes locales que han habitado estos espacios por generaciones.

En Tamarindo, la mayor parte de la oferta de hospedaje se concentra en las inmediaciones de la playa y en las colinas circundantes, sectores donde históricamente se ha desarrollado la actividad turística. Si bien existen opciones de alojamiento en localidades como Villarreal, Santa Rosa y Huacas —comunidades habitadas principalmente por trabajadores locales—, su presencia es menor en comparación con la zona costera y sus alrededores.

Barboza aseveró que esta distribución responde a un patrón similar al observado en Nosara y El Coco, donde la expansión de nuevas construcciones y alojamientos temporales tiende a no integrarse con los espacios habitados por residentes permanentes. “Por el contrario, se privilegian ubicaciones cercanas al mar o en colinas con vistas al océano, en general alejadas de los centros de población, configurando un modelo orientado hacia la exclusividad”, afirmó el investigador.

Imagen de cabecera: Este modelo aporta poco valor a las comunidades donde se concentran estos enclaves inmobiliarios, con escasa reinversión en la economía local, alta dependencia del turismo internacional y un impacto socioambiental significativo.

Vídeo en: https://youtu.be/mRySRU_4Fps?si=834ZxGP3b4qOKrf_

Informe completo en: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/la-ecuacion-del-desarrollo-inmobiliario-y-los-alquileres-temporales-en-guanacaste

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Foro analizará futuro de la zona marítimo-terrestre y riesgos de una nueva ola de privatización

Diversas voces académicas, sociales y comunitarias participarán en el foro en vivo “Zona marítimo-terrestre: ¿hacia una nueva ola de privatización?”, espacio que abordará los desafíos actuales en torno al acceso, uso y defensa de las costas costarricenses.

La actividad reunirá a personas especialistas vinculadas con investigación universitaria, organización comunitaria, asesoría legislativa y movimientos sociales, con el objetivo de reflexionar sobre posibles cambios en la gestión de la zona marítimo-terrestre y sus impactos sociales, ambientales y territoriales.

El foro se realizará el lunes 20 de abril a las 6:00 p. m., con transmisión mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Personas panelistas

  • Silvia Rojas, Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y Escuela de Sociología, Universidad Nacional.

  • Pamela Bojorge, politóloga e integrante del equipo coordinador de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica.

  • Jessica Ramírez, politóloga y asesora legislativa.

  • Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación Rescate de la Zona Marítimo-Terrestre.

La actividad ha sido organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y SURCOS Digital.

El encuentro busca abrir el debate público sobre el futuro de los territorios costeros, los derechos de las comunidades y las amenazas de privatización en espacios de alto valor social y ambiental.

Pueblo tribal afrocostarricense… ¿exclusión o reconocimiento?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore

En Cahuita ha surgido una polémica que merece ser aclarada con seriedad:

¿El término “Pueblo Tribal Afrocostarricense” excluye a quienes no son afrodescendientes?

La respuesta es no.

Pero hay que entender por qué.

Este término no es una etiqueta social ni una categoría racial. Es una figura jurídica, reconocida por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532 (2022), en aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Su propósito no es dividir, sino proteger derechos colectivos, especialmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.

Entonces, ¿De dónde nace la confusión?

Nace de la conveniencia —no siempre inocente— de interpretar el término como un filtro absoluto.

Esa distorsión interpretativa crea una narrativa, donde se asume que solo afrodescendientes pueden pertenecer o participar. Sembrando temores, resentimientos y divergencias donde debería prevalecer la unidad y el apoyo. Quizás, ese es el propósito.

Sin embargo, el derecho internacional es claro: La pertenencia a un pueblo tribal se basa en la autoidentificación y el reconocimiento comunitario.

Eso refleja la realidad de Cahuita: Una comunidad diversa, con raíces afrocaribeñas profundas, pero también con familias mixtas y personas que han aportado históricamente al desarrollo del territorio; de allí el calificativo de estar todos en el mismo bote.

Aquí está el meollo del asunto:

  • El fundamento jurídico del pueblo es afrodescendiente.

  • Pero su expresión social es diversa e inclusiva.

Confundir estos dos planos genera división. Y la división debilita el derecho.

Si el concepto se vuelve excluyente (decir que algunos son y otros no), se pierde legitimidad. Y si se vacía de contenido histórico, pierde sustento jurídico.

Por eso, la solución no es eliminar el término, sino entenderlo correctamente:
“Pueblo Tribal Afrocostarricense” no significa exclusión.
Significa reconocimiento histórico con derechos colectivos.

Al final, lo que está en juego no es una palabra, sino algo más profundo:
El derecho de un pueblo a definirse a sí mismo sin ser dividido.

Porque cuando hay confusión, alguien siempre se beneficia.

Y rara vez es el pueblo.

De ahí la urgencia de seguir avanzando juntos, en paz, en el mismo barco—como siempre lo hemos hecho.