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Personas usuarias de la ruta 30703 en Cartago denuncian el abandono de la vía y exigen al MOPT y al CONAVI una fecha de intervención

El Frente Ecologista de Cipreses dio a conocer, mediante un comunicado de prensa del 13 de octubre, la denuncia formal que 227 personas vecinas, usuarias y trabajadoras de Cartago han suscrito sobre el estado de la ruta de travesía 30703, conocida como la ruta de La Puente, en el sector La Puente-Cipreses de Oreamuno. La campaña de recolección de firmas sigue activa.

La denuncia está dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios del MOPT y el CONAVI, con copia a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Oreamuno. La iniciativa se ampara en el derecho de petición y de rendición de cuentas que establece la Constitución Política. Busca poner fin a lo que las personas firmantes califican como un “abandono sistemático” de una vía clave para la conectividad y el desarrollo de la zona alta de Cartago.

En la carta describen el estado de la ruta como “deplorable, ruinoso y sumamente peligroso”. Señalan que durante años las promesas de bacheo no se han concretado y que el asfalto se sigue deteriorando “hasta transformar una carretera vital en un campo de cráteres intransitable”.

Un impacto directo en la economía trabajadora

Las personas firmantes explican que la ruta dejó de ser un camino vecinal secundario y hoy es una vía de alto tránsito que conecta comunidades de la zona alta de Cartago y sirve de desahogo vial para miles de personas. El costo de su deterioro, señalan, recae sobre la clase trabajadora:

“Los ciudadanos de a pie, agricultores, comerciantes y trabajadores que a diario viajamos para ganarnos el sustento, estamos pagando facturas altísimas en reparaciones de suspensiones, llantas estalladas, aros rotos y dirección. Esto representa un golpe devastador para la economía de nuestras familias, en especial cuando ya pagamos puntualmente nuestros impuestos”, indica el documento.

Las preguntas a las autoridades

La comunidad pide respuestas concretas a dos preguntas:

  • ¿Cuál es la razón técnica, administrativa o política para mantener en el abandono una ruta de tanta importancia para la conectividad de la zona alta de Cartago?

  • ¿En qué fecha exacta (mes y año) está prevista una intervención integral y definitiva de la ruta 30703? Aclaran que no buscan “más parches temporales que se lavan con la primera lluvia”, sino una rehabilitación real de la estructura vial y de sus drenajes.

La carta advierte que “la paciencia de la clase trabajadora de Cartago llegó a su límite” y que no pueden seguir asumiendo “el costo de la inacción y del limbo competencial entre instituciones”. Las personas firmantes se reservan el derecho de tomar medidas de presión pacíficas si no reciben respuesta en los plazos de ley.

Respuesta del MOPT

El viernes 9 de octubre, el Despacho del Viceministerio de Infraestructura del MOPT acusó recibo de la denuncia y la trasladó, mediante el oficio MOPT-DVI-TC-1060-2026, a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. El traslado se dirigió al Ing. Luis Alvarado Arce, director de la Región Central, y al Ing. Braulio Fonseca Ramírez, ingeniero de zona, para que atiendan la solicitud según sus competencias y respondan directamente al Frente Ecologista de Cipreses.

La recolección de firmas continúa

Las personas organizadoras hacen un llamado a más personas usuarias, vecinas y sectores afectados a sumarse en los próximos días. La campaña se difunde con la etiqueta #ReparacionRuta30703 y el lema “Cartago no se calla”. El comunicado concluye que “el desarrollo y la seguridad vial no son un favor, sino un derecho fundamental para quienes transitan y sostienen la economía de Cartago”.

La petición puede firmarse en este enlace: https://forms.gle/vfuHgF2V9oHuA1MA8

Relanzamiento Fundación Keme – Entrevista con Santiago Buitrón Chávez

Ernesto Araya Vargas
Antropólogo e investigador, Fundación Keme

La fundación Keme está de fiesta y la memoria de Julio Acuña Agüero, poeta alajueliteño más viva que nunca. Queremos compartir nuestra alegría con la ciudadanía y las familias del cantón y de todas las municipalidades del país e invitamos a profesionales, expertos gestores de todo género involucrados en el trabajo de gestión cultural y que desde el extranjero y a nivel local han acompañado a Keme durante: posgrados, talleres, congresos, conversatorios y la generación de contrapesos para la incidencia política; a que nos acompañen. Una cariñosa mención a Tania Álvarez Chavarría directora de Keme por mostrarnos en su transitar un horizonte de trabajo.

Keme, nace en lo privado del terruño cantonal y a lo largo de los años se ha convertido en referente institucional e internacional de trabajo comunitario por la educación y el arte. Sus representantes han dejado huella en México, Colombia, Chile, Guatemala, y ahora vamos para Argentina con mucha ilusión ¿cómo sintetizar semejante trayectoria en unos pocos párrafos?

Somos testigos del relanzamiento de Fundación Keme como organización enfocada en el trabajo comunitario local e internacional y un invitado y colaborador muy importante se reunió conmigo para hablar un poco de este proceso de internacionalización en el trabajo comunitario costarricense. Su nombre es Santiago Buitrón Chávez, Doctor en Patrimonio, Máster en Educación e Ingeniero en Comunicación y Producción de Artes Audiovisuales. Él mismo nos invita a participar de este proceso.

Solo presentaré las ideas más importantes producto de la entrevista del pasado 10 de septiembre, a modo de boletín o reporte informativo. Primeramente, nos indica: “Keme fue creada como un centro de gestión artística y posee una trayectoria larga marcada por el esfuerzo y el trabajo…”; por la juventud de Alajuelita a través del fomento de las artes, la literatura y la injerencia política de la comunidad. “…nace como un centro de gestión artística y colaboración social para la creación de redes”.

Es a través de estas redes colaborativas que se tejen alianzas y se gestionan las ideas que aportan a la calidad de vida de los barrios. Proyectos como: C.A.O.S. (Comunidades Artísticas – Organización Social), el teatro infantil o el Taller Carebarro; son instrumentos de base sociocultural comunitaria diseñados para estimular la creatividad, fomentar la participación de los jóvenes y promover el arte y la literatura para el cambio social por la paz.

Keme, siempre ha apuntado al fortalecimiento de la familia y a su empoderamiento a través del ejercicio de sus derechos culturales. Santiago Buitrón Chávez, también nos señala como Tania, ha tenido un rol fundamental al ser la principal gestora de Keme que marca la pauta de entrega total y que con mucho esfuerzo ha logrado que la fundación se consolide como promotora de los derechos culturales de base comunitaria a nivel nacional e internacional.

Keme está tan sintonizada con las poblaciones más vulnerables y con los gestores culturales, actores y colaboradores que trabajan por una convivencia pacífica en los territorios y por una verdadera representación política que llega a construir una sombrilla de empatía y solidaridad comunitaria para todos los habitantes del cantón.

En segundo lugar, conversamos sobre sus primeros acercamientos con Keme y nos cuenta que fue en 2019 cuando coincide con Tania en Perú durante el posgrado en políticas públicas de FLACSO, luego durante ejercicios de gestión cultural en Costa Rica. Actualmente colabora con Keme en la organización de los “Encuentros desde El Barro con el Barrio» que se realizaron en Alajuelita, San José, Costa Rica del 19 al 30 de septiembre 2026 según cada distrito del cantón.

También en 2024 participó en el “II Encuentro de Cultura Ancestral Comunitaria Costa Rica – Ecuador” durante el cual tuvimos oportunidad de compartir con miembros del pueblo panzaleo de Ecuador. En esa ocasión yo pude conocerlo. El grupo ecuatoriano visitó: Alajuelita, San José, nuestro Caribe y Pacífico Sur intercambiando saberes y cultura.

Santiago Buitrón Chávez, considera que su relación con Keme se consolida gracias al espíritu que vibra intensamente en ella y que con buen eco en las personas involucradas permite la articulación. “Ahora queremos amplificar ese espíritu”; nos dice. Para esto se han planteado ejercicios de gestión a nivel internacional con proyectos colaborativos como “La Caravana Quetzalcóatl”; un recorrido cultural comunitario vinculado al “VI Congreso Latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias”, durante el cual se celebraron jornadas de fiesta, arte y reflexión en México y Costa Rica entre el 9 de marzo y el 10 de abril de 2025.

Respecto a los proyectos nos señala: “Se arman 20 proyectos pero sale uno; ¡esta es la carta de presentación del equipo!”. Y continúa:

“…aunque se ha trabajado bastante los otros 19 proyectos se van acumulando en un banco de proyectos hechos que no han salido porque falta el apoyo o se han negado los fondos necesarios.”

Por esto es importante el trabajo con entidades u organizaciones de otros países que generan fuertes vínculos en todo el continente. “Existe ese capital latente en la gestión cultural y lo podemos utilizar gracias al trabajo colaborativo”. En esto coincido plenamente pues es falso que la gestión social no genere ganancias a través de las experiencias de vida.

Indica que fue el año pasado durante el encuentro presencial de La Red de Ciudades y Gobiernos Locales de IberCultura Viva en diciembre 2025 en la ciudad de Niterói, Brasil, que se hizo visible la necesidad de una “estrategia” u “ejercicio de gestión” con un fuerte componente internacional que generará vínculos con quienes han pasado la “semillita” de los proyectos para nuevas iniciativas.

Desde ese momento el equipo de asesoría internacional de Keme se puso en acción. Tania, formuló la creación del grupo de trabajo abocado a la búsqueda de fondos. Existen consideraciones importantes como que el acceso a estos varía según el país tomando en cuenta procesos burocráticos que tienden a entorpecer la prontitud de los resultados y a limitar el acceso al apoyo.

Por esto las asesorías y colaboraciones internacionales junto a los círculos de trabajo, diálogo y acompañamiento desde otros territorios tienen como referente a Keme y sus reivindicaciones políticas que hablan desde el territorio del cantón y son de base comunitaria, además de que pueden transmitirse y adaptarse a las circunstancias locales. Nos dice Santiago Buitrón Chávez: “… cuando hablamos de Alajuelita hablamos desde un territorio político que integra las visiones de los otros territorios.”

Cada vez que él regresa a Costa Rica se siente cerca de casa y nos ve como su “tierrita” ya que comparte ese sentimiento que muchos sienten al llegar a un país relativamente fácil a proponer, crear y generar ideas para trabajar con esas ideas. Reiteró que se generan muchísimas propuestas y si una de 20 funciona podemos seguir creciendo y creando, cultivando nuestra sensibilidad que es tan importante.

Nos dice:

“En la fundación Keme existe esa sensibilización del equipo hacia un objetivo común y el componente multidisciplinario nos hace fuertes a la hora de plantear los proyectos.”

Apunta a la importancia de la contextualización en la conformación del nuevo equipo de trabajo de Keme para conseguir nuestros objetivos. Sus miembros vienen de distintos contextos con realidades específicas, sin embargo, participan unidos por una realidad compartida que se fortalece. Otra fortaleza nos señala y es el hecho de que el nuevo equipo comparte una franja de edad similar entre los miembros haciendo notar que pertenecen a una generación que trasciende de lo análogo a lo digital y no se deja anular.

Dice Santiago:

“Si bien es cierto que en la época digital algunas herramientas nos ayudan a hacer el trabajo y que ahora todo parece ser más práctico en realidad nuestro bagaje análogo nos ayuda a estar más despiertos ya que pasamos del casete al mp3 y ser testigos de este cambio mejora la adaptabilidad del equipo a nuevas circunstancias.”

Continúa: “El relanzamiento es estar mejor adaptados para mostrar nuestro trabajo y subir un escalón más de madurez y compromiso.” Confirmando que el trabajo rinde frutos y ahora queremos mostrar lo que hay en ese escalón más arriba donde todo el equipo de Keme se ha montado para “planificar y avanzar”. “Hemos logrado una Keme más estructurada y con un compromiso simbólico inquebrantable de más de 10 años.”

El relanzamiento de Keme será este 13 de octubre y además en agenda tenemos el cierre de “Encuentros del barro con el barrio», resultado del trabajo conjunto del artista colombiano Cristian Cely con la fundación Keme utilizando recursos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD). Nuestra motivación es siempre llevar el arte a la comunidad con talleres y mesas de conversación mientras en el evento podremos ser testigos de un ejercicio de gestión en tiempo real y en plena ejecución mientras acuerpamos a la nueva junta directiva.

Se llevará a cabo en el Lobo Mestizo ubicado en la ciudad de San José. Un espacio para el ocio, la cultura, el arte y la literatura; donde contaremos con presencia nutrida de quienes han caminado con Keme desde sus inicios en múltiples procesos y durante más de una década. Estamos fortalecidos en el ejercicio de la gestión social a nivel local e internacional. Participar en el cierre de los talleres durante el evento nos ayuda a generar experiencias que serán replicadas en las comunidades. Se cierra un ciclo, pero continúa otro no en la repetición sino en la transformación y mejora, dejando atrás los bagajes innecesarios.

Mostrar nuevas fortalezas es importante para posicionarnos frente a instituciones locales y para fortalecer nuestros vínculos con aliados internacionales. Santiago Buitrón Chávez, confirma que las actividades tendrán cobertura mediática internacional. Nos dice:

“Las actividades se dan gracias a un proceso de gestión intenso pues alcanzar cada vez más personas no fue fácil … Si bien la vinculación permite revisar muchísimas propuestas se desarrollan aquellas que contaron con el mayor esfuerzo y apoyo.”

Y continúa: “Keme, tiene el compromiso de trabajar con todos los gestores y gestoras que generan las iniciativas.” Así como los miembros de la comunidad moldean el barro en los talleres también Keme seguirá moldeando la percepción para motivar a quienes estamos comprometidos con la juventud y la vida. Ha logrado sanar el tejido comunitario dañado por violencias sistémicas en la comunidad de Alajuelita y se ha hecho fuerte pero aún falta mucho por hacer.

En el evento la agenda es simple y ejecutiva. Se proyectará un video documental sobre el recorrido de la fundación, se presentará a la directiva para pasar a un foro conversatorio sobre el trabajo de Keme, su gestión cultural local e internacional y los procesos de consolidación con su presencia Costa Rica y el mundo. Nos dice el experto:

“Vamos construyendo para mostrar al mundo nuestro trabajo de planificación a corto y mediano plazo. Para que integre otras visiones. En la actividad tendremos un cierre artístico y convivio. Por el momento continuaremos con las agendas y comunicaciones para que se cumpla lo planeado para el próximo 13 de octubre, 2026.”

Le pregunto a grandes rasgos cómo profundizar el trabajo internacional de Keme en la incidencia política y comunitaria y me responde:

“Se ha procurado… habría que buscar nominaciones para que funcionen las representaciones de forma independiente pero siempre trabajando de manera conjunta con la figura de los aliados. En Ecuador se han hecho eventos y se ha acompañado con presencia de Keme. Existe participación en la imagen y no existe tampoco una necesidad proyectarse más directamente. A nivel administrativo, por no tener un giro comercial o empresarial, se evita la necesidad de declarar impuestos, aunque el compromiso está marcado en el acompañamiento así mismo como el voluntariado que es sin fines de lucro y busca generar una sostenibilidad.

Finalmente nos invita: “Trabajemos por lo que tenemos. La palabra es uno de los mayores capitales y nos movemos por nuestros territorios y salimos a buscar recursos y apoyo siempre.”

Cultura Kare exige acción binacional ante la crisis humanitaria de las familias ngäbe-buglé que migran para la cosecha de café

La organización Cultura Kare, con sede en el territorio indígena ngäbe de Conte Burica, emitió un comunicado público el 2 de octubre de 2026. Dirigido a las autoridades de Costa Rica y Panamá, a los medios de comunicación, a las agencias de derechos humanos y a la opinión pública, exige una acción binacional ante lo que califica como una crisis humanitaria transfronteriza del pueblo ngäbe-buglé. Según la organización, las familias recolectoras de café de este pueblo enfrentan condiciones inhumanas y una vulnerabilidad extrema durante cada temporada de cosecha.

Una exclusión con raíces históricas

El comunicado recuerda que durante milenios el pueblo ngäbe-buglé basó su subsistencia en una movilidad cíclica dentro de la selva para cazar, alimentarse y obtener medicina natural, en una relación de protección del entorno. Sin embargo, la colonización y el posterior despojo territorial por parte de transnacionales dedicadas a monocultivos como la palma aceitera y el banano confinaron a esta población en zonas montañosas reducidas, aisladas y fracturadas por las fronteras estatales. Hoy, para subsistir, centenares de personas ngäbe-buglé se ven obligadas a migrar temporalmente a Costa Rica.

Muertes de niñas y niños en las zonas cafetaleras

Cultura Kare cita una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), divulgada por el Semanario Universidad, según la cual entre 2016 y 2026 murieron 37 niñas, niños y adolescentes indígenas en la región cafetalera de Los Santos por enfermedades prevenibles, como la bronconeumonía. De ellos, 24 eran bebés menores de un año. Según el comunicado, académicos de la Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad de Costa Rica (UCR) confirmaron que al menos 19 de esas muertes ocurrieron entre 2020 y 2026, lo que evidencia la persistencia de fallas en la protección institucional.

El flujo migratorio, compuesto por familias con niñas y niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, ingresa por puntos como Paso Canoas, Río Sereno (San Vito) y Sixaola. Según la organización, durante el trayecto las familias sufren violencia verbal, discriminación y trabas para obtener los salvoconductos, por lo que deben esperar y dormir a la intemperie, en lugares insalubres y sin alimentos. Al llegar a las zonas cafetaleras de San Vito, Tarrazú, Cartago, Heredia y Alajuela, varias familias han denunciado trato degradante, acoso laboral y alojamiento en albergues o viviendas precarias, sin servicios básicos ni seguridad social.

Lo que documentó el monitoreo en Río Sereno

El comunicado se respalda en un informe de monitoreo de campo de SEPROJOVEN, coordinado por su director, Roy Arias Cruz. Durante agosto y setiembre de 2026, el equipo de trabajo social de esa organización documentó la situación en el puesto fronterizo de Río Sereno, en Coto Brus, mediante fichas de observación, entrevistas, fotografías y video.

Según el informe, en esos dos meses ingresaron por ese puesto entre 100 y 300 personas por día, en su mayoría familias extensas de seis a diez integrantes, entre ellas mujeres embarazadas con tres o cuatro hijas e hijos de entre dos y seis años. Las personas llegan agotadas después de varios días de viaje desde las zonas montañosas de la comarca o desde Bocas del Toro, por caminos que muchas veces solo pueden recorrerse a pie o a caballo. El trámite migratorio en ambos países puede tardar entre dos y tres días. Después, algunos grupos se dirigen a Los Santos y otros a fincas de Sabalito, San Vito y Pérez Zeledón, ya sea en buses gestionados por las personas propietarias de las fincas o en transporte público, que supone un gasto considerable para familias de escasos recursos.

Mientras esperan, las familias permanecen en la calle o en las afueras de las aduanas, sin un lugar para descansar ni alimentarse y con servicios sanitarios escasos y deteriorados. Muchas duermen sobre cartones o en el suelo, con bebés recién nacidos. Según testimonios recogidos en la zona, en años anteriores han muerto personas que enfermaron durante la espera sin recibir atención médica.

El informe identifica cinco necesidades principales:

  • Agua potable: los puntos de abastecimiento son insuficientes y no hay información sobre ellos.

  • Alimentación: no existe ningún mecanismo general; solo algunas fincas proveen comida.

  • Albergue: no hay un espacio seguro para descansar o pernoctar.

  • Servicios sanitarios: las personas deben pagar por usar un baño o recurrir a lugares inadecuados.

  • Vestimenta: se observó a madres que cubrían a sus hijas e hijos con bolsas plásticas, y a muchas personas sin calzado.

Entre los grupos más vulnerables señala a las mujeres embarazadas, las madres con bebés recién nacidos, la niñez, las familias numerosas y los hombres que viajan solos. El informe concluye que no se identificó asistencia ni protección de las instituciones públicas de Costa Rica o de Panamá, ni de organizaciones de la sociedad civil que brinden de forma general alojamiento, alimentación o apoyo económico durante la espera.

Las demandas

Cultura Kare denuncia que la indiferencia estatal vulnera los derechos más fundamentales de esta población. Exige a los ministerios de Salud, Trabajo y Migración de ambos países coordinar de inmediato la atención médica en las zonas fronterizas, inspecciones laborales rigurosas en las fincas cafetaleras y la entrega expedita de salvoconductos humanitarios. Además, insta a los mecanismos internacionales de derechos humanos a intervenir para garantizar el derecho a la salud, el trabajo digno y, sobre todo, la vida de las familias y la niñez ngäbe-buglé.

«El contraste es éticamente insostenible: mientras los países celebran la calidad del grano y el éxito de sus exportaciones, quienes lo recolectan con sus propias manos sufren una travesía marcada por el desamparo», señala la organización. «Reconocerles una estadía digna y segura no es un acto de caridad ni una concesión política; es una obligación humana, jurídica y moral de los Estados».

El comunicado completo, con el informe de SEPROJOVEN, puede descargarse desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Ngabe-bugle-vulnerabilidad-migratoria-y-laboral-CR.pdf

Frente Ecologista de Cipreses pide al alcalde de Oreamuno enviar representación municipal al foro de la UCR sobre el caso SIGMA

SURCOS comparte la carta enviada por el Colectivo Ecologista Frente Eco Cipreses:

Solicitud pública de representación municipal en el foro de la UCR sobre el caso SIGMA

Carta pública

Fecha: 6 de octubre de 2026

Para: Señor Erick Jiménez, alcalde de la Municipalidad de Oreamuno

De: Colectivo Ecologista Frente Eco Cipreses

Asunto: Solicitud pública de representación municipal en el foro de la UCR sobre el caso SIGMA

Estimado señor alcalde:

El Frente Ecologista de Cipreses se dirige a usted de manera pública en relación con el foro “Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago”, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, programado para este próximo jueves 8 de octubre.

Hemos sido informados de que ha declinado la invitación a participar en este importante evento argumentando compromisos previos en su agenda. Si bien somos conscientes y podemos comprender que como jerarca municipal usted maneja una agenda compleja y ocupada, nos resulta profundamente indignante que no haya procurado delegar esta responsabilidad y garantizar la participación de un representante de la Municipalidad para dar la cara ante la ciudadanía.

El bienestar ambiental de nuestro cantón y la protección de nuestros recursos hídricos, como el río Chinchilla, exigen un gobierno local presente, transparente y dispuesto a escuchar. La misma carta de invitación de la Universidad de Costa Rica le abría expresamente la posibilidad de delegar en una persona del área técnica si su agenda se lo impedía.

Por lo tanto, le solicitamos públicamente y con carácter de urgencia que asigne al gestor ambiental de la Municipalidad —o en su defecto, al personal técnico debidamente capacitado— para que asista a este foro. Este es un espacio de diálogo ambiental, respetuoso y académico, donde convergerán comunidades, instituciones del Estado (MINAE, Ministerio de Salud) y la academia. La ausencia total de la Municipalidad de Oreamuno en una discusión tan crítica para nuestro territorio es inaceptable.

Esperamos que reconsidere su postura y demuestre el compromiso de su administración con la salud ambiental de Oreamuno garantizando que la Municipalidad esté debidamente representada y rinda las cuentas correspondientes a la comunidad.

Atentamente,

Frente Ecologista de Cipreses (Frente Eco Cipreses)

Nota de SURCOS: El foro «Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago» se realizará el jueves 8 de octubre de 2026, de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., en el Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales (sexto piso, aula 609) de la Universidad de Costa Rica. Lo convocan el curso Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica, de las escuelas de Ciencias Políticas y Psicología, junto con la Escuela de Geografía, Geografía, el proyecto Diálogo de Saberes y el Programa Kioscos Socioambientales.

¡Triunfo comunitario! Sala Constitucional falla a favor de gestión por desobediencia por contaminación del agua con clorotalonil

  • Por segunda vez el Frente Ecologista de Cipreses gana una gestión de desobediencia en el famoso caso de contaminación con degradados de clorotalonil en la zona norte de Cartago
  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.
  • El Frente EcoCipreses califica de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear los metabolitos del clorotalonil.

La Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia presentada por el agrobiólogo y ecologista Fabián Pacheco Rodríguez y la ecologista Ana María Montenegro Portuguez, relacionada con el incumplimiento de las órdenes emitidas en 2023 para atender la contaminación de fuentes de agua para consumo humano con productos de degradación del fungicida clorotalonil en comunidades de la zona norte de Cartago.

Mediante la resolución N.° 20260360007, correspondiente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala Constitucional determinó que, pese a las distintas acciones realizadas por las instituciones involucradas, la problemática de contaminación de las fuentes de agua persiste y no se ha alcanzado una solución definitiva. La resolución fue dictada a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiséis.

El nuevo fallo tiene como antecedente la sentencia N.° 2023-013384, del 6 de junio de 2023, mediante la cual la Sala había ordenado establecer mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de adoptar y ejecutar las recomendaciones contenidas en el denominado “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por instituciones públicas para abordar los riesgos asociados a este plaguicida y sus metabolitos.

La sentencia señala que las autoridades han realizado diversas gestiones, entre ellas la emisión de órdenes sanitarias, la elaboración del Informe Técnico Clorotalonil y la prohibición del uso del clorotalonil. Sin embargo, la Sala concluye que “aún persiste la problemática objeto del recurso de amparo, sea la contaminación en las fuentes de agua que abastece a la comunidad, pese a la prohibición del uso del agroquímico”, y relaciona esta situación con una deficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes.

Por ello, la Sala acoge la gestión de desobediencia y reitera al ministro de Salud, al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, a la gerente general del AyA y al presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno, o a quienes ocupen esos cargos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la sentencia de 2023. Esto implica adoptar y ejecutar las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil y darles el seguimiento necesario para garantizar su cumplimiento.

La resolución también reitera que debe garantizarse el suministro de agua potable para consumo humano sin utilizar las fuentes contaminadas, y que esta medida debe mantenerse hasta que el servicio pueda restablecerse por los medios habituales sin comprometer la seguridad y la salud de la población, previa autorización del Ministerio de Salud.

El fallo establece además un nuevo apercibimiento para las autoridades responsables. De acreditarse nuevamente la desobediencia, la Sala podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario que incumpla lo resuelto y testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia. La propia resolución recuerda que, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este delito puede sancionarse con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.

Para Fabián Pacheco, uno de los recurrentes, la resolución representa también una reivindicación de la importancia de los mecanismos constitucionales para la defensa del agua y del ambiente:

“Vale resaltar la importancia de la separación de poderes cuando estamos defendiendo el agua de consumo humano de la desidia institucional y pareciera que es a punta de recursos de amparo que se logra de que el Estado Social de Derecho funcione en favor del ambiente y la gente”.

La ecologista y activista del Frente Ecologista de Cipreses, Ana María Montenegro, advierte además sobre la situación actual del abastecimiento mediante cisternas. Según explica, hace unas semanas el conductor del camión del AyA que distribuye agua en Cipreses le manifestó que había recibido instrucciones de suspender el servicio:

“que le habían dado la orden de que ya no repartiera más agua porque no estaba contaminada y que ya no volverían con el camión a repartir agua”.

Ante esta situación, Montenegro señala que el Frente Ecologista de Cipreses solicitó formalmente a las autoridades del AyA que se indique por escrito si se pretende suspender el suministro de agua mediante cisternas.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot considera que la nueva resolución evidencia las dificultades que han caracterizado la respuesta institucional frente al problema:

“… volvemos a presentar un recurso de desobediencia del voto de la Sala Constitucional y nuevamente nos han notificado que tenemos la razón, se demuestra que las acciones de las instituciones han sido sumamente limitadas y estamos ante un déficit en materia de protección al derecho humano al agua. La Sala les dice de nuevo que se ha incurrido en una desobediencia. También el voto dice que el agua se debe llevar en camiones cisterna hasta que no se demuestre que el agua no está contaminada con clorotalonil y esto es un logro de los ecologistas y en buena hora que nos han dado la razón una vez más”.

Entre las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización y el control, la promoción de plaguicidas más seguros y buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, la vigilancia de residuos en fuentes de agua, la protección de las áreas circundantes a los cuerpos de agua y la adopción de medidas urgentes para prevenir y mitigar los impactos asociados al plaguicida. El informe técnico también recomendó la cancelación de registros vigentes y la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica.

Desde el Frente Ecologista de Cipreses consideramos que esta resolución constituye un paso importante en la defensa del derecho humano al agua y en la exigencia de que las instituciones públicas cumplan efectivamente las órdenes de la justicia constitucional. La existencia de una prohibición del clorotalonil no resuelve por sí misma la contaminación ya existente ni sustituye la obligación de vigilar, proteger las fuentes de agua, garantizar el abastecimiento seguro y ejecutar las medidas necesarias para enfrentar la presencia de sus metabolitos.

El agua sigue con presencia de degradados de clorotalonil, el agua sigue contaminada y exigimos a las instituciones del Estado no solo mantener el monitoreo, sino trabajar en la restauración de las nacientes de agua captadas para consumo humano que siguen estando invadidas y fumigadas.

Por ello, el Frente Ecologista de Cipreses reitera que continuará utilizando las vías legales y las acciones sociales necesarias hasta que las comunidades afectadas puedan contar con agua potable segura, limpia y libre de contaminación por productos de degradación del clorotalonil.

Le invitamos a escuchar el breve video con la explicación que da el abogado especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/20220007026910-35081052-1-1.pdf

Condena a la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre

Comunicado del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago

Cartago, 30 de setiembre – El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago manifiesta su profunda indignación y condena ante las acciones orquestadas por el Gobierno durante las recientes celebraciones patrias, que habrían incluido la vigilancia de opositores al Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de nuestra histórica ciudad.

Según información difundida por los medios de comunicación y corroborada por testigos presenciales, en cuenta muchos de nosotros, la Fuerza Pública, incluyendo la Unidad Especial de Intervención, la escolta presidencial y la Policía Municipal de Cartago, habría recibido instrucciones específicas el pasado 14 de setiembre para vigilar la iniciativa ciudadana «Faroleadas por la Democracia», una manifestación pacífica. Este hecho constituye una grave violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política.

La evidencia sugiere, y así lo constatamos quienes fuimos testigos de la Faroleada por la Democracia en Cartago, que la Fuerza Pública recibió órdenes similares a las de regímenes dictatoriales, dirigidas contra ciudadanos que nos manifestamos pacíficamente en todo momento.

Además, denunciamos que se facilitó la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor, espacio público, y se permitió el estacionamiento de autobuses en áreas restringidas para seguidores del partido Pueblo Soberano (PPSO), acciones que obstaculizaron el acceso y la libre expresión de los manifestantes. Estas acciones son una grave violación del derecho a la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por opinión política, así como la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación.

La jornada del día de fiesta patria, lejos de ser un espacio de celebración cívica, dejó una imagen que «indigna», pues la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, llamados a proteger derechos y garantizar un trato igualitario, quedaron cuestionados por actuaciones selectivas y decisiones que lesionaron derechos.

También denunciamos directamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acostumbrado a buscar legitimidad a través de discursos vacíos, violentos, irrespetuosos en actos oficiales y conferencias de prensa.

Reprochamos haber ofendido en su aparición pública en la Plaza Mayor donde se burló de los cartagineses, arropado por la seguridad de gobierno, rompiendo con la solemnidad, la convivencia de la niñez, jóvenes en crecimiento y el carácter cívico que corresponde.

Ante esta situación, el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago exige la apertura de una investigación, imposición de sanciones administrativas a los involucrados y la renuncia de los responsables en el Ministerio de Seguridad.

Asimismo, reiteramos la declaración de “persona non grata” en el cantón de Cartago, al señor Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, por haber faltado el respeto a la ciudad de Cartago y a sus habitantes y nuevamente a los regidores del cantón central de Cartago les llamamos a reivindicar el honor de la provincia, si no quedarán como traidores.

Foro: Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago

📅 Jueves 8 de octubre de 2026

🕓 4:00 p. m. a 6:30 p. m.

📍 Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, sexto piso, aula 609
Universidad de Costa Rica

Un espacio para conocer y contrastar las distintas perspectivas sobre la situación socioambiental relacionada con las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago, a partir de las voces de instituciones, empresa y comunidades.

Instancias invitadas: Municipalidad de Oreamuno, SINAC, Área de Salud, empresa, vecinas y vecinos afectados y Frente Ecocipreses

🎙️ Un espacio de diálogo sobre las preocupaciones, denuncias, gestiones institucionales y respuestas en torno a la situación del río Chinchilla y su entorno.

Organizaciones e instancias cuestionan proyecto que crea una “concesión especial” en la Zona Marítimo-Terrestre

  • Advierten sobre riesgos para el carácter público de la ZMT y piden un diagnóstico antes de aprobar nuevas figuras de regularización

Organizaciones ambientales, comunitarias, académicas, personas defensoras de los territorios costeros y otras personas firmantes expresan su oposición al Expediente N.° 25.157, que propone crear una nueva figura denominada “concesión especial” para determinadas construcciones existentes en la zona restringida de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).

El texto sustitutivo plantea esta figura para personas físicas o jurídicas que adquirieron fincas bajo la publicidad registral y cuyos títulos posteriormente fueron afectados por actos administrativos o anulados judicialmente por encontrarse sobre la zona restringida de la ZMT.

Las organizaciones y personas firmantes reconocen que debe existir una respuesta justa para quienes hayan sido afectados por errores, actuaciones estatales o situaciones de buena fe. Sin embargo, consideran que esa respuesta no debe comprometer el carácter público de la ZMT, la protección ambiental, la planificación territorial ni los derechos de la colectividad.

Uno de los principales cuestionamientos es que no se ha demostrado suficientemente la necesidad de crear una nueva figura jurídica. Antes de incorporar otra modalidad de concesión, consideran necesario realizar un diagnóstico que permita identificar las situaciones existentes, los instrumentos legales disponibles, sus limitaciones y los obstáculos administrativos o institucionales que han impedido resolver adecuadamente los casos. A su criterio, una nueva categoría podría generar duplicidades, conflictos normativos y mayor complejidad administrativa sin atender necesariamente las causas del problema.

El análisis también debe considerar que la ZMT constituye un bien de dominio público. La protección de quienes adquirieron propiedades bajo determinadas condiciones registrales debe ser considerada, pero también debe contemplarse el interés de la colectividad costarricense, actual y futura, sobre estos bienes.

Las organizaciones plantean que una solución para situaciones particulares no debería traducirse automáticamente en el reconocimiento de derechos privados sobre terrenos cuya condición de dominio público haya sido determinada mediante decisiones administrativas o judiciales.

Riesgos para el carácter público de la ZMT

Las organizaciones advierten además sobre los efectos que podría tener una concesión de larga duración y susceptible de prórroga. Señalan que una figura concebida para atender situaciones excepcionales podría terminar consolidando ocupaciones privadas durante períodos extensos, aun cuando los terrenos mantengan su condición de bienes de dominio público.

Por ello, consideran necesario analizar no solo quiénes podrían beneficiarse directamente de la reforma, sino también sus efectos sobre la capacidad futura del Estado para ordenar, proteger y administrar la ZMT.

El pronunciamiento también llama la atención sobre los casos en que los títulos de propiedad fueron anulados mediante resoluciones judiciales o actos administrativos. Las organizaciones reconocen la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos de reparación cuando una persona haya sufrido las consecuencias de un error estatal, pero consideran necesario diferenciar entre reparar una situación y crear una nueva figura legal que pueda debilitar los efectos jurídicos de decisiones que determinaron el carácter público de determinados terrenos.

¿A quiénes beneficia la propuesta?

Otro aspecto señalado es que la población que podría beneficiarse directamente de la nueva figura no representa necesariamente a todas las personas que históricamente han habitado las costas.

Existen comunidades y pobladores históricos de la ZMT que nunca tuvieron un título de propiedad, debido a las características de su ocupación, a la falta de acceso a mecanismos de titulación u otras circunstancias jurídicas y sociales. Estas personas pueden enfrentar condiciones de vulnerabilidad y problemas de seguridad jurídica, pero no necesariamente están contempladas dentro de la solución propuesta.

Por ello, las organizaciones consideran necesario que cualquier reforma incorpore las distintas realidades sociales de las comunidades costeras y evite establecer soluciones diferenciadas que terminen beneficiando principalmente a quienes tuvieron acceso previo a un título registral.

También consideran necesario conocer cuántas personas podrían acogerse a la nueva figura, dónde se encuentran las propiedades, cuáles fueron las razones por las que sus títulos fueron afectados o anulados, qué tipo de construcciones existen y qué actividades se desarrollan actualmente en ellas, así como las condiciones ambientales de los sitios y las posibles implicaciones de la reforma para la planificación territorial y costera.

No todas las situaciones son iguales. Una vivienda familiar, una actividad turística, una construcción comercial o una infraestructura ubicada en un ecosistema ambientalmente sensible requieren análisis diferenciados.

Planificación territorial y protección ambiental

Las organizaciones consideran que la discusión sobre las construcciones existentes no puede separarse de la planificación territorial de las costas. La permanencia de construcciones y actividades en la ZMT debe analizarse en relación con los planes reguladores costeros, las condiciones ambientales de cada territorio y las capacidades institucionales para fiscalizar y ordenar los usos.

También plantean que cualquier nueva responsabilidad para las municipalidades debe estar acompañada de las capacidades técnicas, financieras y administrativas necesarias para ejercerla adecuadamente.

Un llamado a cambiar el rumbo del debate

Ante estas preocupaciones, las organizaciones, comunidades y personas firmantes solicitan que el debate legislativo sobre el Expediente N.° 25.157 se enfoque primero en conocer y diagnosticar las situaciones existentes, evaluar los instrumentos jurídicos actualmente disponibles y determinar cuáles son los obstáculos que han impedido su aplicación.

Por estas razones, expresan su oposición al Expediente N.° 25.157 en su formulación actual y solicitan que, en lugar de aprobar una nueva figura de regularización, se abra un proceso serio, transparente y participativo para construir soluciones diferenciadas que respeten los derechos de las personas, la protección ambiental, la planificación territorial y el carácter público de la Zona Marítimo-Terrestre.

“La seguridad jurídica no puede construirse sobre la inseguridad del patrimonio público”, señala el pronunciamiento.

El análisis del Expediente N.° 25.157 fue elaborado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, coordinador del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) y de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA. El documento toma como referencia el proyecto de ley y criterios de IDESPO/PIC, la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el dictamen de minoría. Estos documentos plantean, desde distintas perspectivas, cuestionamientos sobre la necesidad, conveniencia y posibles efectos jurídicos de crear una nueva figura para atender esta problemática.

Firman

Organizaciones, colectivos y programas

Asociación Civil Pro Natura; Asociación Ecologista Desamparadeña, Ecologistas Urbanos y la Escuelita Ecológica; Asociación Proyectos Alternativos (PROAL) / FECON; Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE); Causa Sur; Colectivo Ecologista Liberiano; Costa Rica por el Océano; Covirena Cabo Blanco-Ario; Defensores de la Casa Común; Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON); Greenwolf; Mar y Comercio; Movimiento Ríos Vivos; Movimiento Salvemos la Loma Salitral; Programa Interdisciplinario Costero (PIC-UNA), proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes, Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica y Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA

Personas

Alejandro Augusto García Valerio; Ana Grouls; Andrea Arrieta; Andrés Schcolnik; Angélica Alvarado Barrantes; Carimel Gené Cruickshank; Catalina Carrillo Vargas; Damaris Rodríguez Lara; Dayana Rojas Venegas; Diana Avellán Troz; Eduardo Gardela Ramírez; Eugenia Delgado; Fátima Peraza Orellana; Frida Any Madrigal Jirón; Gabriela García Calderón; Jefferson Jiménez Gutiérrez; Jorge Enrique Corrales Alpízar; Jorge Leiva Alpízar; José Pablo Vega Arroyo; Juanita Castillo Jirón; Laura Carolina Garrigues Herrera; María C. Vanoli B.; María Camacho Soto; María José Hernández Johannesen; Marilyn Stephanie Valverde Salas; Martín Ortega; Natalia Zeledón Fontana; Óscar Beita Quesada; Osvaldo Durán-Castro; Patricia Sánchez Lurueña; Stefano Silvestri Colombini; Stephanie Rojas M.; Wilber Cortés Rodríguez; Wilma Eras de la O

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Bloque Verde denuncia grave depredación ambiental en catarata de Montezuma

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Debilitamiento de los controles ambientales en Costa Rica favoreció la deforestación. Este caso está en investigación judicial.

El Bloque Verde expresa su profunda preocupación y reafirma su condena a los graves hechos documentados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en las inmediaciones del río y la catarata de Montezuma, en Cóbano, Puntarenas, donde informes técnicos oficiales acreditan la existencia de intervenciones sobre cobertura vegetal, áreas de protección hídrica y sectores pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado.

De acuerdo con el informe técnico ACT-OSRC-358-2026-firmado, funcionarios del SINAC verificaron la eliminación de sotobosque y regeneración natural, afectación de árboles, movimientos de tierra, construcción de terrazas, rellenos y otras intervenciones realizadas en un entorno de alta sensibilidad ecológica, incluyendo aproximadamente 827,3 metros cuadrados de área de protección del río y alrededor de 554 metros cuadrados de Patrimonio Natural del Estado afectados.

Asimismo, el propio SINAC confirmó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales y actualmente se tramita bajo la causa penal N.° 26-000414-0832-PE, evidencia de la seriedad de los hechos investigados.

Para el Bloque Verde, este caso representa mucho más que una infracción aislada. Se trata de una manifestación alarmante de un modelo de desarrollo inmobiliario desmedido que está transformando aceleradamente numerosos territorios costeros del país, desplazando ecosistemas estratégicos, aumentando la presión sobre las fuentes de agua y alterando paisajes naturales que constituyen patrimonio de todas las personas costarricenses.

La situación de Montezuma evidencia cómo la expansión inmobiliaria y los procesos de gentrificación están generando conflictos cada vez más severos entre los intereses económicos privados y la protección del patrimonio natural. La creciente valorización de zonas costeras ha impulsado una intensa presión sobre bosques, áreas de protección y corredores biológicos, muchas veces en territorios donde las comunidades locales observan con preocupación la pérdida progresiva de sus recursos naturales y el deterioro de su calidad de vida.

Resulta particularmente preocupante que las intervenciones documentadas se hayan producido en terrenos colindantes con uno de los atractivos naturales más emblemáticos del país. Las cataratas y el río Montezuma constituyen ecosistemas de enorme importancia ecológica, paisajística y turística, cuya protección debe ser una prioridad nacional.

El Bloque Verde advierte además sobre una problemática de alcance nacional: el progresivo debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control ambiental. En distintos puntos del país se multiplican las denuncias por tala, movimientos de tierra, afectación de áreas de protección, presiones sobre humedales y fragmentación de bosques, mientras las instituciones responsables operan con limitaciones presupuestarias, insuficiencia de personal y una creciente complejidad de los conflictos socioambientales.

La documentación oficial remitida a partir de la gestión legislativa realizada mediante el oficio AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC CATARATA MONTEZUMA confirma la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia, prevención y sanción ambiental para evitar que daños de esta naturaleza se sigan produciendo. Mientras el Poder Ejecutivo recorta los presupuestos de cultura, educación, salud y ambiente, la riqueza natural de Costa Rica se encuentra bajo ataque con una institucionalidad cada vez más debilitada por la administración de Laura Fernández Delgado.

Costa Rica ha construido su prestigio internacional sobre la protección de la naturaleza, los bosques y las fuentes de agua. Permitir la degradación de estos ecosistemas para favorecer intereses inmobiliarios de corto plazo representa una amenaza directa a ese legado y compromete el bienestar de las futuras generaciones.

Como respaldo, el Bloque Verde comparte los siguientes documentos:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC-CATARATA-MONTEZUMA-1.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/1655-2026-2.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/ACT-OSRC-358-2026-firmado-3.pdf

Conferencia en San Rafael de Heredia sobre la importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente

CONCEVERDE invita a la conferencia «Importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente», que se realizará el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en la Casa del Pensionado de San Rafael de Heredia, frente al Estadio Yuba Paniagua (coordenadas: 10°00’40.3″N 84°06’07.7″W).

La conferencia estará a cargo de Jessica Martínez, experta en desarrollo urbano, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La actividad se da en un momento clave para el cantón, ya que la Municipalidad de San Rafael de Heredia está elaborando el plan de ordenamiento territorial o plan regulador. Según CONCEVERDE, este instrumento definirá si el cantón será ordenado y respetará lo que aún queda de naturaleza, o si se llenará de cemento. Por eso considera importante que la comunidad conozca en qué consiste el instrumento y cómo puede incidir en la regulación que se aprobará.

El plan regulador es la herramienta que define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse y cómo se organiza el crecimiento de un cantón. Afecta directamente la vida cotidiana de sus habitantes: el acceso al agua, el tránsito, la seguridad, los espacios verdes e incluso el valor de las propiedades.

En la conferencia se abordará:

  • qué regula y qué protege este instrumento,
  • cómo influye en los barrios, las viviendas y el entorno,
  • por qué es fundamental que la comunidad participe en su elaboración.

«No se trata de tecnicismos lejanos: se trata de la calidad de vida», señala la organización, que invita a la población a asistir, escuchar y plantear sus preguntas. «Entender el plan regulador es entender cómo se construye el futuro del cantón».