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Comunidades de Osa logran que la Contraloría ordene protección ambiental en permisos de construcción

Comisión Alianza Comunal*

  • Estudio sobre permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta

  • La Contraloría confirma graves debilidades institucionales en la protección ambiental y el ordenamiento territorial

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la orden n.° DFOE-SOS-ORD-00002-2026, tras una investigación preliminar sobre permisos de construcción otorgados en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La investigación surge a partir del proceso de incidencia ciudadana conducido por nuestra Comisión, el cual fue apoyado y gestionado a través de la denuncia presentada, el 30 de setiembre de 2025 por el exdiputado Ariel Robles, ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en terrenos con mucha fragilidad ambiental dentro del cantón de Osa.

El estudio fue desarrollado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, cuyos resultados fueron notificados el 21 de mayo de 2026. Como resultado, el órgano contralor emitió órdenes vinculantes dirigidas a seis municipalidades: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú, así como al SINAC y la Dirección de Aguas del MINAE.

La Contraloría concluye que estas municipalidades han venido otorgando permisos de construcción basándose únicamente en la revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental ni mecanismos preventivos de consulta técnica con instituciones como SETENA, SINAC o Dirección de Aguas. Esto ocurre incluso dentro de territorios estratégicos para la conectividad ecológica y la conservación de ecosistemas.

Según el informe: “Los gobiernos locales de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú han visto debilitada su correcta administración y planificación territorial, por cuanto otorgan permisos de construcción sin incorporar formalmente la variable ambiental (…) comprometiéndose así el desarrollo sostenible del cantón y el equilibrio entre expansión urbana, protección ambiental y bienestar de la población”.

La CGR también señala la ausencia de planes reguladores integrales, la falta de controles mediante coordenadas geográficas, la inexistencia de zonificaciones ambientales y la débil coordinación interinstitucional para la tutela del ambiente.

Un precedente histórico para el Corredor Biológico Paso de la Danta

La importancia de este proceso trasciende el cantón de Osa. El Corredor Biológico Paso de la Danta atraviesa parcial o totalmente seis cantones: Osa, Quepos, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y Buenos Aires.

La Contraloría reconoce oficialmente que el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta constituye un instrumento relevante de gestión territorial y protección ambiental, el cual había sido ignorado o minimizado en los procesos municipales de permisos de construcción.

El informe además señala los Elementos Focales de Manejo (EFM) identificados, que pueden integrar Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), fundamentales para la conectividad ecológica entre la Cordillera de Talamanca, el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, incluyendo: grandes parches de bosque tropical; rutas de conectividad para grandes mamíferos; cuencas hidrográficas que impactan arrecifes y ecosistemas marino-costeros y corredores costeros vinculados con sitios de anidación de tortugas marinas.

La conclusión es contundente: las áreas ambientalmente frágiles y sitios de importancia ambiental del CBPD sí deben ser consideradas de manera vinculante en los permisos de construcción.

Este proceso también representa una experiencia pionera de articulación entre organización comunitaria, investigación ciudadana y fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, que permitió escalar una denuncia territorial hacia la Contraloría General de la República. Se trata de una vía poco utilizada históricamente por las comunidades en conflictos socioambientales relacionados con omisiones municipales y ordenamiento territorial. La experiencia abre un camino importante para otros territorios del país, demostrando que las comunidades organizadas pueden activar mecanismos institucionales de fiscalización del Estado cuando existen vacíos regulatorios, falta de controles ambientales o decisiones municipales que comprometen ecosistemas y bienes comunes. En ese sentido, este caso podría sentar un precedente importante para futuras luchas ambientales y territoriales en Costa Rica.

Órdenes obligatorias y cambios institucionales

La Contraloría ordenó medidas correctivas obligatorias para municipalidades, SINAC y Dirección de Aguas.

Entre las medidas ordenadas por la Contraloría destacan la incorporación formal de la variable ambiental en los procesos de otorgamiento de permisos de construcción, la creación de mecanismos obligatorios de coordinación entre las municipalidades, el SINAC, SETENA y la Dirección de Aguas, así como la actualización del Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta. Además, se establece la necesidad de delimitar sitios de importancia ambiental y áreas ambientalmente frágiles, fortalecer los sistemas de información y control territorial e implementar procesos de capacitación ambiental para el personal técnico y administrativo de los gobiernos locales.

El incumplimiento de estas órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.

Una lucha comunitaria sostenida durante años

Como Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, queremos compartir con las comunidades que este proceso no surgió de la nada.

Durante años hemos impulsado procesos de educación popular, investigación-acción y participación ciudadana para documentar y visibilizar los impactos del modelo constructivo intensivo y del turismo inmobiliario desregulado sobre la Fila Costeña.

Hemos investigado afectaciones sobre fuentes de agua, bosques, biodiversidad y ecosistemas vinculados al Parque Nacional Marino Ballena. También tuvimos que recurrir a recursos legales para acceder a información pública sobre permisos de construcción y evidenciar las debilidades institucionales en el ordenamiento territorial.

Todo este trabajo colectivo permitió construir acuerdos comunales y elevar las denuncias hasta instancias nacionales.

Hoy, el informe de la Contraloría confirma oficialmente muchas de las preocupaciones y denuncias que las comunidades venimos señalando desde hace años.

Volvamos a encontrarnos

Queremos contarles a nuestras vecinas y vecinos que, durante este tiempo en que no nos hemos encontrado en el espacio del Festival del Día Mundial del Océano, la defensa de la Fila Costeña no se ha detenido.

Al contrario: se ha abierto un precedente histórico que podría transformar la manera en que se gestionan los permisos de construcción y la protección ambiental no solo en Osa, sino en todos los territorios del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Por eso queremos volver a encontrarnos este próximo domingo 7 de junio en el Festival del Día Mundial del Océano, en El Mercado de Bahía Ballena.

Queremos compartir los avances, los desafíos, las tensiones y las esperanzas de este proceso colectivo que lleva muchos años caminándose y que también se ha sostenido gracias a ustedes: con su presencia, sus firmas, sus conversaciones, su apoyo y su compromiso con la defensa del territorio.

La Fila Costeña sigue siendo una primera línea de protección del Parque Nacional Marino Ballena. Un territorio clave para el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de toda la región.

Pero también se ha convertido en un laboratorio vivo de organización comunitaria y defensa territorial cuyos aprendizajes podrían servir de ejemplo para muchas otras comunidades, corredores biológicos y territorios del país.

Informe: https://drive.google.com/file/d/1XTcwTK7KmRndxe2w8SanqGwaC6ocayqW/view?usp=sharing

*Adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

La raíz indígena poco mencionada en el café con tintes transfronterizos: Costa Rica y Panamá

Alejandro Machado García
Consultor

Gestor de desarrollo, migraciones y género

Alejandro Machado García

Al pensar en Los Santos —Tarrazú, Dota, León Cortés— la imagen suele ser fincas cafetaleras, cooperativas y montañas de café. Esa narrativa, sin embargo, es más compleja. Antes del café ya existía movilidad transfronteriza y ancestral entre lo que hoy son Costa Rica y Panamá, impulsada por pueblos indígenas que se relacionaban en un ámbito cultural amplio, mucho antes de las fronteras, colonias, países y el café.

Como investigador, he señalado que la actividad del café en Los Santos es una de las labores más desafiantes e innovadoras para miles de campesinos y caficultores. La organización de pequeños productores, cooperativas y microbeneficios ha sido clave para distribuir riqueza y bienestar en el territorio. Esos ingresos permitieron que productores enviaran a sus hijos a estudiar, hicieran mejoras en sus hogares y regeneraran el tejido empresarial familiar, incorporando nuevas técnicas e innovación.

No obstante, la movilidad indígena entre el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá no está vinculada únicamente a la recolección. El hallazgo de elementos culturales en cementerios indígenas en fincas locales hace unas décadas atrás, demuestra movimientos indígenas preexistentes. Estudios de lingüística, arqueología y genética confirman que los pueblos originarios de la región compartían la familia lingüística chibcha, que abarcaba desde Nicaragua hasta Colombia, por lo que fácilmente se pueden encontrar dispersos en varias regiones.

Investigaciones muestran una correlación genética entre los Ngäbe-Buglé, las borucas, los Bribris, los Cabécares, los Teribes y los Maluku. Se ha aportado también evidencia arqueológica de la «Gran Chiriquí», un horizonte cultural que vincula la región fronteriza del Pacífico de Costa Rica y Panamá, lo que permite establecer vínculos entre pueblos hoy divididos por la frontera.

Con la llegada del colonialismo español cambió la percepción de estas poblaciones, que fueron vistas como «salvajes» y despojadas de su tierra y cosmovisión. Las notas coloniales del siglo XVI describían a los Ngäbe como pobladores de áreas densas y boscosas, con agricultura de subsistencia.

Tras la independencia, los pueblos indígenas fueron gradualmente despojados y convertidos en jornaleros; la propiedad comunal pasó a manos privadas y la población indígena disminuyó drásticamente entre los siglos XVIII y XIX. Para el siglo XIX la dinámica costarricense se centró en la caficultura del Valle Central, mientras las poblaciones indígenas fueron desplazadas y relegadas a oficios jornaleros.

Los Santos se conformó inicialmente con migración interna, no con el café desde el inicio. Entre 1865 y 1894 llegaron más familias, principalmente desde Desamparados, Guadalupe y Alajuelita. En la zona se cultivaban productos de subsistencia y se practicaban otras actividades como ganadería y aprovechamiento forestal.

A veces considero si realmente los Ngäbe y Buglé regresaron al sur y a los Santos como reactivación de una movilidad histórica que desconocemos pero bueno, lo cierto del caso es que su presencia para la población local, se nota en los noventa cuando Costa Rica tiene el resultado de la crisis del modelo agroexportador, deudas y caída de precios del café, que encarecieron los insumos y empujaron a familias endeudadas a emigrar a los Estados para evitar perder fincas. No todos eran pequeños productores; muchos carecían de medios de producción. Estados Unidos terminó siendo una opción para mejorar la posición social mediante ahorro y remesas, similar a lo que muchos indígenas llegan a la zona, con ese anhelo de sacar adelante a sus familias.

Los Santos tiene la oportunidad de integrar turismo cultural con la producción cafetalera, dejando de ver a las comunidades indígenas solo como mano de obra y reconociéndolas como parte de un encuentro cultural anual que puede generar proyectos y valor agregado.

Reconocer esto no es solo académico; es reparar la invisibilización histórica de los pueblos originarios y entender que la frontera entre Costa Rica y Panamá es una construcción reciente sobre un territorio que siempre fue compartido. Los 10,000–12,000 migrantes Ngäbe-Buglé que vienen a cosechar café no son necesariamente «extranjeros»: podrían representar una reactivación de una movilidad histórica que trasciende Los Santos y merece reconocimiento simbólico y económico.

ADI Cabagra y comisiones de implementación del PAFT entregan proyectos de vital importancia para las comunidades de Las Delicias y San Juan

Por Uriel Rojas

✅Proyectos son financiados con fondos CREF a través de los PAFT

Este domingo 24 de mayo de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (ADICABAGRA), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, realizaron la entrega de dos proyectos de infraestructura que son fundamentales para las comunidades de Las Delicias y San Juan.

Estas obras beneficiarán de manera directa a estudiantes, productores locales y a más de 150 familias del territorio.

Dichos proyectos fueron financiados mediante la distribución de beneficios derivados de los fondos CREF en Costa Rica y forman parte de la ejecución estratégica del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT).

En la comunidad de Las Delicias de Cabagra, se inauguró el puente sobre la quebrada Yö̀lkuö Diköl, ubicado en el acceso principal de la localidad.

Esta estructura viene a solucionar parte de los históricos problemas que se generaban cada vez que se crecía esta quebrada tanto para los estudiantes, agricultores y población en general.

El otro proyecto fue la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua potable, al menos para las siguientes cinco décadas.

Esta obra destaca por haber sido construida y dirigida en su totalidad por obreros y mano de obra local, fortaleciendo las capacidades técnicas de la propia comunidad.

Más de 150 familias de la comunidad de San Juan serán beneficiadas con este proyecto de agua, lo que, sin duda, ayudará a mejorar sus condiciones de vida.

El cambio sociopolítico más trascendental del último siglo

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore

Costa Rica vive hoy, de manera silenciosa pero profunda, una de las transformaciones sociopolíticas más trascendentales de los últimos cien años.

Su carácter irreversible constituye, precisamente, la base de su fuerza presente y de su legado para las generaciones futuras.

La consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocostarricenses frente a decisiones, políticas o proyectos que afecten sus territorios y derechos colectivos NO constituye una promesa política ni una concesión circunstancial.

Es un derecho reconocido por la República, con jerarquía constitucional, integrado al régimen de Derechos Fundamentales que protege no solo a los pueblos indígenas como se creía por mucho tiempo, sino, también, a los Pueblos Tribales Afrocostarricenses; frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios, identidad cultural y derechos colectivos.

Algo que gran parte de la ciudadanía jamás imaginó presenciar en vida.

Y precisamente allí radica el mayor desafío: Lograr la plena comprensión, implementación y disfrute de este profundo cambio sociopolítico dentro de nuestra República.

Nosara genera USD 2.130 millones al año, pero recibe menos de 1 céntimo por cada colón que le genera al municipio

Un estudio independiente, contrastado con datos de la Municipalidad de Nicoya, calculó por primera vez cuánto produce, cuánto tributa y cuánto recibe de vuelta un distrito costarricense. El resultado: una fuga fiscal de USD 55 millones al año.

Este es el primer balance fiscal territorial distrital de Costa Rica

Lo esencial

¿Qué es este estudio?

Es el primer Balance Fiscal Territorial hecho a nivel de distrito en Costa Rica. Hasta ahora, el país no tenía forma de saber cuánta riqueza produce un territorio específico, cuánto de esa riqueza se convierte en impuestos y cuánto regresa a la comunidad como inversión pública. Este estudio lo calculó para el distrito de Nosara, en Nicoya, Guanacaste.

Lo elaboró la Alianza para el Desarrollo Comunitario (ADC), organización local que ya coordinó el Censo Nosara 2024 (el primer censo comunitario distrital del país, con asesoría técnica del INEC), con apoyo de la Asociación ConoSer. El balance busca aportar datos verificables al debate público sobre crecimiento urbano, turismo y distribución de recursos.

¿Qué encontró?

Que Nosara produce mucho y recibe muy poco de vuelta. El distrito genera, en un solo año, una actividad económica estimada en USD 2.130 millones (equivalente a cerca del 2% del PIB nacional en apenas 135 km²): una cifra que se compara a más de dos veces y media lo que cuesta el tren eléctrico de pasajeros que el país acaba de aprobar. Pero de cada colón que el distrito le genera a la Municipalidad, regresan al distrito 0,62 céntimos en inversión directa: menos de un céntimo.

La diferencia entre lo que el sistema fiscal podría recaudar y lo que efectivamente recauda es lo que el estudio llama fuga fiscal: unos USD 55 millones al año. Para el distrito de Nosara esa fuga equivale a ₡1,76 millones (USD 3.909) cada hora, cerca de USD 34 millones al año que se podrían recaudar y quedar en Nosara y hoy no llega a la comunidad. En perspectiva, esta fuga anual es comparable al valor del oro extraído de Crucitas (USD 60 millones) anualmente según información del Organismo de Investigación Judicial.

¿Por qué importa para Nosara?

Porque esa fuga refleja una clara desigualdad. Nosara es el distrito con el metro cuadrado más caro de Costa Rica (triplica el precio de Escazú, 2023), su alojamiento Airbnb/Vrbo (no hotelero) con ingresos más altos generó USD $530 mil dólares en 2025 y la propiedad a la venta con el precio más alto se listó en USD $27 millones de dólares, sin embargo, no tiene clínica, ni estación propia de Cruz Roja o Bomberos de Costa Rica, ni colegio técnico, ni plan regulador, ni un sistema hídrico que garantice abastecimiento sostenible. En temporada alta convergen más de 35.000 personas: cuatro veces su población permanente de 8.716 habitantes, sobre una infraestructura que no da abasto.

¿A quién le corresponde ese dinero?

No todo es de la Municipalidad, y el estudio lo distingue con claridad. La fuga fiscal tiene dos destinos distintos:

  • Recursos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles, patentes comerciales, permisos de construcción. Estos le corresponden directamente a la Municipalidad de Nicoya y deberían traducirse en mayor inversión para el distrito.

  • Recursos nacionales: IVA, impuesto sobre la renta y cargas asociadas a la actividad turística. Estos van al Estado central y se distribuyen según las reglas presupuestarias nacionales.

El punto del estudio no es que todo deba volver a Nosara, sino que hoy parte considerable de esos recursos (de ambos tipos) simplemente no se está recaudando. La discusión sobre cómo se reparte la inversión pública primero empieza por recaudar lo correspondiente y luego invertir en la comunidad.

¿Qué se puede hacer?

En paralelo a la recién aprobada ley para patentes de Nicoya, la cual amplía las actividades sujetas al impuesto y su tarifa; el informe de este balance identifica cuatro puntos de acción sobre normativa ya vigente: actualizar el catastro municipal (congelado desde 2017), cruzar los datos del ICT, Hacienda y las plataformas digitales para fiscalizar los alojamientos temporales, controlar las construcciones sin permiso, dotar a Nosara de un plan regulador y actualizar reglamentación fiscal. Bajo la estructura tributaria actual, la pérdida fiscal acumulada para el distrito entre 2019–2030 podría alcanzar los USD 349,6 millones; USD 132 millones ya se perdieron y el resto todavía es recuperable.

Cuando se ponen los números sobre la mesa, no estamos hablando de algo que solo pasa en Nosara: estamos hablando de un patrón de fuga fiscal. La metodología que usamos aquí es aplicable a Tamarindo, Manuel Antonio, Santa Teresa, Uvita o el Caribe Sur con los datos que ya existen en ICE, CFIA, Hacienda, las municipalidades y la Contraloría. Lo que falta es la decisión interinstitucional de medirlo y transformar esas fugas en inversión que retorne a las comunidades.”

– Emmanuel Gutiérrez Pizarro, investigador y analista de datos territoriales, director de la ADC.



El respaldo

¿Qué tan confiables son estas cifras?

El estudio es un informe técnico de 123 páginas que integra datos de trece fuentes institucionales independientes y compartido con académicos para revisión de pares. La verificación más contundente llegó de la propia Municipalidad: el 7 de abril de 2026, su Dirección Financiera emitió el Oficio DF-0023-2026 con los registros de su sistema contable sobre la generación tributaria de Nosara en 2025. La comparación con esos datos respalda el modelo.

Verificación cruzada con la Municipalidad de Nicoya (Nosara 2025)

El estudio estimó ₡1.930 millones de generación tributaria municipal usando solo fuentes públicas. El Oficio DF-0023-2026 reportó un monto de ₡2.191 millones desde el sistema contable de la Municipalidad: una diferencia del 11,7 %. En patentes, la estimación quedó dentro del 5 % del registro municipal. Estos datos municipales permiten ahora contrastar los resultados del estudio.

Cifras clave de un vistazo

INDICADOR

MAGNITUD

PIB distrital estimado (anual)

USD 2.130 M / ₡958.500 M

Fuga fiscal anual

USD 55 M / ₡24.750 M

Retorno municipal por cada colón

0,62 céntimos

Pérdida fiscal para Nosara por hora

USD 3.909 / ₡1,76 M

Pérdida fiscal para Nosara anual

USD 34 M / ₡15.300 M

Pérdida fiscal acumulada 2019–2030

USD 349,6 M / ₡157.320 M

Factor de subvaluación catastral

12,1x (picos de 31x en Delicias)

Alojamientos temporales fuera del registro ICT

96,6 % de ~1.500

Construcciones sin permiso municipal

6 de cada 10

Población permanente vs. temporada alta

8.716 vs. 35.000+

Fuente: Balance Fiscal Territorial del Distrito de Nosara (ADC / ConoSer, marzo 2026) y Oficio DF-0023-2026, Dirección Financiera, Municipalidad de Nicoya. Integra 13 fuentes institucionales. Una ficha técnica con la metodología completa está disponible para medios. El estudio aplica un tipo de cambio de ₡470 por USD en sus cálculos internos; las cifras en colones de este comunicado se expresan a ₡450 por USD, para mantener consistencia con la información publicada.

Financiamiento y transparencia. El estudio se financió con aporte profesional del autor y de familias residentes solidarias del distrito. Los financiadores son independientes de los sectores que abordan los hallazgos, y la metodología y las conclusiones se contrastaron con datos de la Municipalidad de Nicoya (Oficio DF-0023-2026).

Información compartida con SURCOS por Bloque Verde.

La nueva realidad jurídica de las costas del Caribe: un cambio de paradigma

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica han provocado un giro sísmico en el ordenamiento jurídico del Caribe.

Lo que históricamente se gestionó como un trámite administrativo de concesiones y planes reguladores, hoy se ha transformado en una cuestión de derechos humanos fundamentales y obligaciones internacionales ineludibles.

Esta metamorfosis legal no solo afecta a las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo o Manzanillo; es una advertencia crítica para inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, municipalidades y actores políticos; en colisión frontal, con el prejuicio histórico nacional de menosprecio a las comunidades afrodescendientes del país.

El mensaje es claro: La seguridad jurídica en el Caribe ahora depende del respeto a los derechos colectivos del pueblo tribal afrocostarricense.

El reconocimiento del pueblo tribal y el convenio 169

La columna vertebral de este cambio es la consolidación del Convenio 169 de la OIT.

La Sala ha ratificado que las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur poseen estatus tribal, lo que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada ante cualquier decisión que afecte sus territorios, cultura o formas de vida.

Un hito fundamental es el Voto N.° 2026-010993, que declaró vencido el «Foro Tribal Afrocostarricense».

Al expirar la legitimidad de este interlocutor, se ha generado un vacío jurídico que invalida cualquier intento estatal de consulta improvisada.

Sin una representación válida y legítima, los procesos de toma de decisiones quedan paralizados o bajo riesgo de nulidad absoluta.

Hitos jurisprudenciales claves

Planes Reguladores Costeros bajo la Lupa (Voto 2025-029985):

– La Sala ordenó detener la implementación del Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), hasta que se realice una consulta efectiva al Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita.

Esto sienta un precedente: Ningún plan de ordenamiento territorial en el Caribe es válido si se impone verticalmente (Impuesta por las autoridades. (El Estado, sus Instituciones o Municipalidad).

– El Freno al Plan Maestro del ICT (Voto 2025-035746):

En una resolución histórica, se declaró con lugar un amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo.

La Sala determinó que su megaproyecto de infraestructura —que incluía aeródromos y marinas— impacto directamente la identidad y economía local sin haber consultado a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC).

Las reglas del juego han cambiado

La jurisprudencia actual es tajante al diferenciar la participación ciudadana del derecho a la consulta. Las reuniones informativas, talleres o exposiciones técnicas no constituyen una consulta previa.

El proceso debe garantizar un diálogo intercultural real donde la comunidad tenga incidencia efectiva en el resultado final.

Implicaciones para el Sector Privado y Público:

Riesgos de inversión: Concesiones, permisos de construcción y proyectos inmobiliarios otorgados sin consulta previa son legalmente vulnerables y podrían ser revertidos.

Responsabilidad estatal:

Las municipalidades y el gobierno central enfrentan responsabilidades internacionales si ignoran estos procesos.

Nuevos estándares:

La viabilidad de cualquier proyecto ahora requiere una validación cultural y territorial previa.

Conclusión:

Costa Rica entra en una etapa donde el desarrollo económico ya no puede ignorar la herencia histórica del Caribe.

La seguridad jurídica ya no emana únicamente de un título o una concesión, sino del respeto a los derechos territoriales y culturales.

En el Caribe costarricense, sin consulta previa, no hay proyecto legítimo.

Comunidad de Cabagra lamenta el fallecimiento de Jesús Ureña Morales

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento de Jesús Ureña Morales, quien fue un destacado líder cantonal y miembro activo de nuestra asociación.

La ADI Cabagra se une al dolor que embarga a su estimada familia y desea paz y resignación en estos momentos tan difíciles.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

Un nuevo capítulo en el «manual»

Por: Bernardo Archer Moore
Adulto mayor

Cahuita

Bernardo Archer Moore

Actualmente se está redactando un nuevo capítulo del Manual para la Autodestrucción de Instituciones y Organizaciones Locales Creadas para el Desarrollo Autónomo del Caribe.

Hoy se analiza la gestión compartida (ADIC/SINAC) del Parque Nacional Cahuita.

Análisis preliminar de los hechos

  1. Despido de personal local de la cogestión:

Este análisis no puede realizarse sin considerar la falta de oportunidades de empleo en la ciudad de Cahuita, y que el despido constituye la sanción más severa en la relación empleador-empleado.

Desde una perspectiva legal, laboral y administrativa en Costa Rica, la representación del empleador del personal contratado bajo el esquema derivado del Acuerdo Marco ADIC-SINAC de 2017 depende de quién realizó la contratación, bajo qué marco legal y utilizando qué recursos.

El acuerdo establece que las autoridades responsables eran:

El director ejecutivo del SINAC y el presidente de la ADIC.

Sin embargo, el acuerdo por sí solo no creó una nueva entidad jurídica independiente denominada “Consejo Local” con capacidad autónoma de empleador.

Por lo tanto, legalmente, como parece haber ocurrido:

El personal fue contratado directamente por la ADIC.

En ese caso:

La ADIC sería el empleador real, aunque el trabajo se realice dentro del Parque Nacional Cahuita.

Esto implica que:

  • Los salarios.
  • Las contribuciones a la seguridad social (CCSS).
  • La rescisión de contratos (despidos), y
  • Las responsabilidades laborales recaen sobre la Asociación de Desarrollo Integral Cahuita (ADIC).

NOTA:

¿Están conscientes mis compañeros afiliados de la ADIC sobre esa realidad oculta y silenciosa?

Esta responsabilidad institucional se consolida particularmente si:

■ La ADIC firmó los contratos.

■ Realiza los pagos de salarios.

■ Administra las donaciones o registra a los trabajadores ante el Fondo Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

  1. El problema jurídico tras el vencimiento del acuerdo de cogestión en 2019:

Aquí reside el punto más delicado.

Si el acuerdo:

Venció en 2019 y no se renovó formalmente, cualquier relación laboral posterior podría entrar en un terreno de incertidumbre jurídica respecto a:

○ La condición de empleador.

○ La gestión de los recursos económicos y materiales.

○ La capacidad de contratación. Y…

○ El derecho a despedir empleados.

Especialmente porque el “Consejo Local” continuó operando de facto, pero sin un instrumento legal válido que le delegara funciones específicas.

  1. El Consejo Local: una entidad sin personalidad jurídica propia.

El Decreto 40110-MINAE creó un mecanismo de gobernanza participativa, pero no creó:

  • Una entidad autónoma con personalidad jurídica propia
  • Poseedora de bienes propios, ni la capacidad de actuar como empleador independiente.

Por lo tanto, en principio, el “Consejo Local” no sería el empleador legal en sí mismo, a menos que existiera:

Otro instrumento legal, un fideicomiso, una asociación paralela, o una entidad administrativa específica; lo cual se desconoce su existencia.

  1. En un posible conflicto laboral, los jueces suelen analizar:

■ ¿Quién pagó el salario?

■ ¿Quién dio las órdenes?

■ ¿Quién firmó los contratos?

■ ¿Quién ocupó un puesto subordinado?

■ ¿Quién reportó al CCSS (Fondo Costarricense de Seguridad Social)?

■ ¿Quién ejerció la autoridad disciplinaria?

En la legislación laboral costarricense prevalece el principio de “primacía de la realidad”.

Es decir, quien actuó efectivamente como empleador tiene más peso que su designación oficial.

Por lo tanto, debe quedar claro que el despido de un empleado no es algo que deba tomarse a la ligera. Se trata de una decisión de último recurso que afecta a la familia del empleado.

En este caso particular, existe una demanda pendiente sobre la titularidad legal de la fuente de ingresos: las donaciones de los visitantes.

Desde una perspectiva general, como comunidad, nuestra situación es definitivamente peor hoy que hace una semana.

Mientras tanto, el Gobierno ha avanzado hacia su objetivo de tomar el control total del Parque Nacional de Cahuita.

Sabores de la memoria en Finca 5

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 18 de abril, la comunidad de Finca 5 se reunió para reconstruir su historia a partir de fotografías… pero también para preguntarse qué queda fuera de ellas.

Porque la memoria no solo está en lo que se ve, también vive en lo que se siente, se recuerda… y en lo que nunca se fotografió.

En este proceso aparecen:

▪️ Historias del tren y el puente como parte de la vida cotidiana

▪️ Sabores que cruzaban el puente: tortillas, cajetas, café, pan y más

▪️ Recuerdos de trabajo, encuentro y comunidad

▪️ Preguntas sobre lo que no muestran las fotos

▪️ Reflexiones sobre quién cuenta la historia y desde dónde

Una experiencia que no se queda en la nostalgia, sino que abre camino para pensar el presente y construir futuro desde la comunidad.

👉 Leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sabores-de-la-memoria-finca-5-reconstruye-su-historia-desde-las-fotos-y-mas-alla-de-ellas/