La Defensoría de los Habitantes manifestó su profunda preocupación por el severo desbalance financiero que están sufriendo miles de hogares costarricenses a raíz de la aplicación de la metodología tarifaria vigente para el servicio de acueducto y alcantarillado (resolución RE-0008-IA-2025). La solicitud planteada ante la Aresep se origina en casos de hogares clasificados como si fueran grandes consumidores.

Ante esta situación, se ha solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la suspensión inmediata de dichos instrumentos tarifarios. A través de una intervención técnica, la Defensoría documentó casos donde la facturación mensual por el servicio de agua potable de personas usuarias ha pasado de un promedio de 24.146 colones a montos que superan más del doble 51.071 colones, manteniendo niveles de consumo similares. Cabe destacar que esta situación no es generalizada, sino que afecta a una condición especial: propiedades donde el recibo indica la existencia de dos o más unidades habitacionales, pero que cuentan con un único medidor residencial.

Según lo investigado por esta Defensoría, en estos casos específicos que agrupan a más de 38 mil hogares a nivel nacional, el AyA los está clasificando como si fueran condominios, aplicándoles la tarifa correspondiente a grandes consumidores (macromedidor). Esta disyuntiva de clasificación entre las entidades, donde se cobra una tarifa comercial a usuarios que físicamente tienen un medidor de casa de habitación, está actuando como un mecanismo de extracción de rentas que penaliza de manera desproporcionada al usuario final.

A pesar de que desde octubre de 2025 la Intendencia de Agua indicó que iniciaría un proceso de revisión y mejora de esta estructura tarifaria mediante una Fuerza de Tarea, la entidad reguladora continúa posponiendo una solución definitiva. Recientemente, la Intendencia de Agua ha solicitado nuevos plazos de hasta dos meses para resolver la solicitud de suspensión argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.

En su más reciente comunicación enviada a la Intendencia de Agua el 27 de febrero, la Defensoría tomó nota de que la Intendencia de Agua remitirá una respuesta integral sobre la ruta y el cronograma de este análisis a más tardar el 26 de marzo de 2026. Si bien la Defensoría aceptó los tiempos de respuesta planteados (de hasta dos meses) para que la intendencia realice la debida valoración técnica y jurídica sobre la suspensión, fue enfática en reiterar su preocupación por la persistencia de los efectos de las tarifas actuales en los bolsillos de las familias.

Por ello, la Defensoría instó directamente a la Intendencia de Agua a ejercer su deber de impulso y diligencia para agilizar este proceso, en estricto resguardo de los derechos económicos de las personas usuarias. El tiempo que tome la Intendencia de Agua en realizar sus estudios no debe seguir corriendo en contra del presupuesto de las familias, quienes actualmente se ven forzadas a recortar gastos esenciales

con tal de evitar que se les corte el servicio.

La Defensoría se mantendrá vigilante a la información que se remitirá en marzo y al resultado final de la valoración técnica sobre la suspensión solicitada. La Defensoría

continuará utilizando todos los mecanismos a su disposición para asegurar que las tarifas respondan a criterios de eficiencia, equidad y bienestar social.

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Defensoría de los Habitantes