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Organizaciones de mujeres rinden homenaje a Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) convocaron a un reconocimiento a Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por sus aportes para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres costarricenses. La actividad se realizó este jueves 3 de septiembre en el Paraninfo de la UNED, Sede Central.

Según el texto de convocatoria compartido por las organizaciones, Eugenia Zamora no es solo la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que ha sido también una abanderada de los derechos humanos y electorales de toda la ciudadanía. Desde su ingreso como magistrada del TSE en 2005, ha codirigido diez procesos electorales, municipales y de referéndum. Fue además redactora de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), y desde entonces destaca por su labor teórica y sus aportes en la promoción, ampliación y defensa de los derechos políticos de las mujeres y la justicia electoral con enfoque de género.

En la convocatoria se expresó:
«Con este homenaje, las organizaciones de mujeres deseamos reconocer la trayectoria de una vida ligada a los derechos humanos y derechos electorales de toda la ciudadanía y su claro compromiso con nuestros derechos específicos».

Feministas en Resistencia pide a la Defensoría investigar el recorte de ¢40.000 millones a CEN-CINAI por su impacto en niñez, mujeres y familias

La colectiva Feministas en Resistencia presentó ante la Defensoría de los Habitantes de la República una solicitud formal de intervención y seguimiento ante la reducción presupuestaria aplicada a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) durante el ejercicio presupuestario 2026.

Según indica el documento, dirigido a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, la preocupación de la colectiva surge a partir de la aprobación del primer presupuesto extraordinario de la República correspondiente a 2026, mediante el cual se aplicó una reducción de ₡40.000 millones al presupuesto destinado a CEN-CINAI. La organización solicita que esta decisión sea analizada desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que permita determinar si la reducción puede afectar la continuidad, cobertura, calidad y accesibilidad de los servicios dirigidos a la primera infancia y a las familias que dependen de ellos.

Los CEN-CINAI como política de protección social

La carta señala que los CEN-CINAI constituyen una política pública fundamental para la protección integral de la primera infancia y la prevención de las desigualdades sociales, cuyos servicios no se limitan a la entrega de alimentos, sino que incluyen nutrición preventiva, atención y protección infantil, promoción del desarrollo integral, educación, acompañamiento a las familias y atención a mujeres embarazadas, madres adolescentes y mujeres en período de lactancia. Según el documento, la red cuenta con 647 establecimientos en el territorio nacional y brinda servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas, además de atender a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El impacto diferenciado sobre las mujeres

La colectiva sostiene que es indispensable incorporar la perspectiva de género al análisis de las decisiones presupuestarias relacionadas con los servicios de cuidado y atención de la primera infancia, señalando que, en Costa Rica, las responsabilidades de cuidado continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen de forma particularmente significativa sobre las mujeres. Advierte que cuando los servicios públicos de cuidado se reducen, existe el riesgo de que dichas responsabilidades sean trasladadas nuevamente a los hogares y, dentro de estos, principalmente a las mujeres.

Derechos de la niñez y principio del interés superior

El documento invoca el artículo 51 de la Constitución Política, que establece la obligación de brindar protección especial a la familia y particularmente a la madre y la persona menor de edad; el artículo 55, sobre la protección especial a cargo del Patronato Nacional de la Infancia; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley N.° 7184; y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.° 7739), que desarrolla el principio del interés superior de la persona menor de edad.

Impacto en mujeres jefas de hogar

La colectiva señala especial atención al impacto que una eventual reducción en la cobertura de los servicios de CEN-CINAI puede generar sobre las mujeres jefas de hogar, para quienes el acceso a estos servicios puede determinar sus posibilidades de trabajar, estudiar, buscar empleo o desarrollar actividades productivas.

Solicitud de intervención

La colectiva formula diez peticiones concretas a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas: abrir una investigación o expediente de seguimiento sobre los efectos de la reducción presupuestaria; solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Nacional de CEN-CINAI información detallada sobre el impacto de dicha reducción; determinar si se realizaron evaluaciones de impacto sobre los derechos de las personas menores de edad; valorar el impacto diferenciado sobre las mujeres; solicitar información sobre la situación específica de los CEN-CINAI en comunidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social; determinar si la decisión presupuestaria contó con mecanismos de planificación y mitigación de impactos; formular recomendaciones a las instituciones responsables en caso de identificarse afectaciones a derechos fundamentales; valorar recomendar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de CEN-CINAI; incorporar expresamente la perspectiva de género en el análisis; y ser informada sobre las actuaciones y recomendaciones que se adopten a partir de la gestión.

Petitoria final

La colectiva concluye que el presupuesto público expresa prioridades sociales, y que defender los CEN-CINAI significa defender el derecho de las niñas y los niños a recibir atención integral, el derecho de las familias a contar con servicios públicos de apoyo, y el derecho de las mujeres a no cargar individualmente con responsabilidades de cuidado que deben ser asumidas corresponsablemente por la sociedad y el Estado. Por ello, solicita a la Defensoría de los Habitantes que dé seguimiento a esta situación desde una perspectiva integral de derechos humanos, género, niñez, igualdad y corresponsabilidad social del cuidado.

Firmantes — Feministas en Resistencia

  1. Rocío Abarca Sánchez
  2. Yolanda Bertozzi Hernández
  3. Sylvia Ester Muñoz Mata
  4. Larissa Arroyo Navarrete
  5. Nora Gómez Mora
  6. Felicia Torres
  7. Rocío Abarca Sánchez
  8. Johanna Obando Bonilla
  9. Nia Salas Gómez
  10. Rosa H. Anca H.
  11. Vivian Solís Espinoza
  12. Ana Leonor Ramírez Montes
  13. Lorena Villalobos Varela
  14. María Amalia Matamoros Landazuri
  15. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

Con copia a: Ministerio de Salud, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Hacienda, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres y Asamblea Legislativa de la República.

Puede descargar la carta completa aquí: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-02-Solicitud-de-intervencion-sobre-el-presupuesto-de-CEN-CINAI.pdf

Sala IV admite acción de inconstitucionalidad de la Defensoría sobre debilitamiento de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito municipal

La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes, contra el artículo 17 de la Ley número 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, por considerar que la reforma introducida a la legislación municipal podría significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.

La acción, tramitada bajo el expediente número 26-030461-0007-CO, plantea que la modificación legal eliminó un nivel de protección normativa previamente reconocido, al suprimir la obligación de las municipalidades de garantizar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como la potestad expresa de crear Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) con presupuesto propio.

Desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, estos cambios podrían debilitar los avances institucionales alcanzados en materia de igualdad sustantiva y participación de las mujeres en el ámbito municipal, al dejar la permanencia, el presupuesto y el personal de las OFIM sujetos a las decisiones de cada gobierno local.

La acción constitucional se sustenta, entre otros instrumentos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como en el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Un elemento relevante señalado en al momento de la interposición de la acción, es que la Procuraduría General de la República, al pronunciarse previamente sobre la norma cuestionada, consideró que esta supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local y que coloca al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, por lo que estimó que la norma resulta inconstitucional.

Como parte del trámite, la Sala confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

La Defensoría fundamentó su acción, además, en las preocupaciones expresadas por el CEDAW en sus observaciones de 2017 y 2023, particularmente respecto de la autoridad, mandato y capacidad de las OFIM.

Para la Defensoría, la discusión constitucional representa una oportunidad para examinar si el marco jurídico vigente garantiza adecuadamente la continuidad de los mecanismos institucionales destinados a promover la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en los gobiernos locales.

Importante destacar que, la admisión de la acción de inconstitucionalidad no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucional la norma cuestionada. El proceso continuará conforme al procedimiento establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Podcast 12 de la Defensoría: Lo que aprendimos al alzar la voz para la prevenir la violencia hacia las mujeres

Este martes 25 de agosto de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el último episodio del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

En este nuevo capítulo se realiza una reflexión sobre lo importante que es conversar, alzar la voz y actuar ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Debido a la situación que está sucediendo en el país ante este tipo de violencia, nos llama a todas las personas a la acción.

Lo importante del podcast “Calladita No es tan bonita” no solo va en el camino de brindar información y conocimiento sino también que identifiquemos las señales, sobre todo que represente una prevención para que no se repitan estos episodios de violencia. Hay que determinar aquellas conductas que se deben cambiar como sociedad.

Durante estos 12 episodios se habló de manifestaciones de violencia, de justicia, de dolor, de resiliencia, de esperanza, testimonios, personas que decidieron actuar, aprendimos que la violencia no siempre es evidente, que denunciar es importante, que acompañar salva, que educar previene, y que la comunidad puede sostener.

En este episodio participaron Kathya Rodríguez Araica, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, y Melissa Alvarado Barrantes, periodista deportiva.

▶️ El episodio completo aquí.

🔗 YouTube:

Spotify: https://open.spotify.com/show/25mhaAPzOrk8aQz4sJ714i

Esta producción estuvo conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales fueron difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega fue concebida y abrió un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancias frente a cualquier forma de violencia; además invitó a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Educación que libera: nuevo episodio del Podcast de la Defensoría

Este martes 11 de agosto de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el episodio once del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

En este capítulo se habla de educación que libera, de enseñar la igualdad desde la infancia. Se aborda el testimonio de una mujer sobreviviente de violencia de género, quien da cuenta cómo la educación y la información son mecanismos para la prevención y la denuncia efectiva.

En este episodio se reflexiona cómo la educación emocional, la confianza familiar y la formación en la igualdad desde la infancia pueden convertirse en herramientas fundamentales para prevenir la violencia de género, fortalecer la autonomía de as personas y reducir la vulnerabilidad ante relaciones abusivas y de poder. Se hace cada ve más necesario cómo el conocimiento y el acompañamiento en la denuncia permiten transformar experiencias que han sido de violencia en procesos de empoderamiento y de protección para otras personas.

Para la edición del podcast participan Milena Grillo Rivera, de la Fundación Paniamor y Melissa Castillo Chavarría, una mujer sobreviviente de la violencia de género.

▶️ El episodio completo aquí.

🔗 Youtube: https://youtu.be/96ICNOzcgPY

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4PDRrWYkQBN4jwL0PcbSTI?si=WtuugS4XSYKuVzyBxbhYtA

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

A 40 años de su fundación, MUSADE convoca a un diálogo nacional sobre democracia, derechos humanos y el futuro del movimiento de mujeres

Asamblea constitutiva de MUSADE.

En el marco de la celebración de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el Encuentro Nacional «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica», un espacio de diálogo y reflexión que reunirá a mujeres lideresas de distintas generaciones para analizar los principales aportes del movimiento de mujeres y los desafíos que enfrenta hoy la democracia, la igualdad y los derechos humanos en el país

El encuentro se realizará el próximo 28 de agosto, en el Mini Auditorio de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en San Ramón, y contará con la participación de representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y movimientos de mujeres de diferentes regiones del país.

A lo largo de la jornada se reflexionará sobre la evolución del movimiento de mujeres en Costa Rica, los retos actuales para la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la participación política de las mujeres y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos del presente.

Uno de los momentos más significativos será la participación de Carmen Soto, integrante de la primera Junta Directiva de MUSADE en 1986, quien compartirá una mirada histórica sobre los primeros años de la organización y recordará cómo, hace cuatro décadas, organizar mujeres en las comunidades rurales era un verdadero acto de valentía.

Según Enid Cruz Ramírez, coordinadora general de MUSADE:

«Celebrar cuarenta años no significa únicamente mirar el pasado. Significa preguntarnos qué país queremos construir para las próximas generaciones. Este encuentro busca renovar nuestro compromiso con la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos de las mujeres.»

Como parte de los resultados del encuentro, MUSADE elaborará la publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica», que reunirá las principales ponencias, reflexiones y propuestas surgidas durante la jornada. Asimismo, estos aportes servirán de base para la Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, documento que será presentado el 6 de diciembre de 2026 como una contribución al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Costa Rica.

El Encuentro Nacional forma parte de la Ruta hacia el 40 aniversario de MUSADE, bajo el lema: «Ni retrocesos ni silencios: historia, lucha y futuro.»

A cuarenta años de su fundación, MUSADE reafirma que la defensa de los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea vigente. Este encuentro será una oportunidad para hacer memoria, dialogar entre generaciones y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la igualdad y la justicia social en Costa Rica.

Legados del Encuentro Nacional

  • Publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica».

  • Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, que será presentada el 6 de diciembre de 2026.

  • Fortalecimiento del diálogo y la articulación entre mujeres de distintas generaciones, territorios y sectores sociales.

Información del evento

Encuentro Nacional
Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica

📅 Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
🕤 Hora: 9:30 a. m. – 3:00 p. m.
📍 Lugar: Mini Auditorio, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Alajuela.
Organiza: Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE).

Sobre MUSADE

La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) es una organización feminista fundada en San Ramón en 1986. Durante cuarenta años ha promovido los derechos humanos de las mujeres mediante procesos de organización comunitaria, atención integral, prevención de la violencia, liderazgo, educación popular e incidencia en políticas públicas.

Las redes de apoyo hacia mujeres en situaciones de peligro y riesgo -Podcast de la Defensoría

Este martes 14 de julio de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el noveno capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

Este nuevo capítulo se enfoca en información de utilidad respecto a la importancia de las redes de apoyo, de la organización comunitaria, la sororidad que acompaña a las mujeres en situaciones de riesgo, peligro y vulnerabilidad.

Para esta edición del Podcast participan la presidenta del Centro de Mujeres Afro, Ann McKinley y, Maricela Hinkelammert, colaboradora de la Fundación Cenderos, quienes desde sus organizaciones atienden y acompañan directamente a otras mujeres expuestas a situaciones de violencia o vulnerabilidad de sus derechos por sus condiciones sociales, económicas, migratorias, territoriales, o étnicas. En este episodio se visualiza también cómo la prevención, la protección y la recuperación nacen también de la comunidad, del acompañamiento cercano y de la decisión colectiva de no dejar sola a ninguna mujer. Conocé cómo una amiga, una vecina o una organización pueden convertirse en un círculo que acompaña, protege y ayuda a sanar.

Invitamos a compartir este nuevo capítulo que está disponible en las cuentas sociales de Youtube y Spotify de la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de Educación en Derechos Humanos.

YouTube
https://youtu.be/QCGo2bijFFQ

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4euSmxTT5wNCUTkKIrHBIL?si=S6se78QtSL6f3mu0Y3qYFQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Colectivo feminista denuncia retrocesos en políticas de protección a las mujeres y alerta sobre crisis de violencia en Costa Rica

Feministas Picos Rojos Costa Rica advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia de género, al señalar la eliminación del Departamento de Violencia de Género del INAMU, la ineficacia de los «Puntos Violeta» y el aumento de los femicidios.

13 de julio de 2026. El colectivo Feministas Picos Rojos Costa Rica denuncia “con profunda preocupación” el deterioro sistemático del Estado Social y Democrático de Derecho en el país, el cual afecta de manera directa y desproporcionada la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

A través de un manifiesto público, la organización señala que las decisiones políticas actuales están desmantelando las capacidades institucionales históricas de Costa Rica. Entre los retrocesos más graves destacan la eliminación del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la ineficacia de alternativas recientes como los «Puntos Violeta», mecanismos que han dejado desprotegidas a cientos de víctimas en un contexto nacional crítico.

La organización resalta que estas medidas ocurren en medio de una crisis de violencia extrema. Las cifras registradas muestran un preocupante incremento en los delitos de odio contra las mujeres, contabilizando 36 femicidios y 78 muertes violentas en investigación al cierre del periodo anual 2025, lo que equivale al asesinato por razones de género de una mujer aproximadamente cada cinco días.

Asimismo, el colectivo alerta sobre el impacto a largo plazo de la eliminación de los programas de educación para la afectividad y sexualidad en el sistema educativo, así como el alarmante auge de discursos misóginos y de violencia política emitidos desde las más altas esferas del poder público.

«Defender las políticas de igualdad significa proteger la democracia. Una sociedad que tolera la violencia hacia las mujeres y debilita su red de protección deja de garantizar derechos para todas las personas», puntualiza el manifiesto. Feministas Picos Rojos Costa Rica exige al Estado costarricense el cumplimiento inmediato de sus obligaciones jurídicas internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, para frenar la impunidad y asegurar la vida de las ciudadanas.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Cuando-retroceden-los-derechos-de-las-mujeres.pdf

Delitos sexuales contra menores crecen mientras la institucionalidad se debilita

El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial citadas, en un estudio que lleva por nombre La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país. La investigación fue elaborada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA) y por el programa Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y la Adolescencias (PRIDENA-UCR). El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó la investigación al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para analizar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.

El informe advierte que estos datos judiciales no permiten vincular directamente los casos con explotación sexual comercial, pero sí evidencian un aumento sostenido de la violencia sexual contra personas menores de edad en el país. En contraste, los registros especializados del PANI reportan cifras mucho menores: 13 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Puntarenas entre 2023 y 2024, cinco en Garabito y dos por año en Corredores durante 2019 y 2020.

El documento incluye un relato de una mujer que fue víctima de explotación durante su niñez y adolescencia. Según el testimonio, el abuso comenzó dentro de su propio hogar y, años más tarde, su pareja la trasladó de Nicaragua a Costa Rica bajo el engaño, la sometió a trabajo forzoso sin remuneración en labores domésticas y agrícolas en Puntarenas, y le impidió salir del país mediante amenazas. Su hermana, que vivía en Costa Rica, le brindó ayuda para escapar; posteriormente, el PANI y una organización no gubernamental le dieron estadía hasta que cumplió 18 años.

Los investigadores atribuyen esta brecha a fallas en la clasificación de las denuncias. Una funcionaria del PANI consultada para el estudio señaló: “por lo que hemos visto, sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito”. Según el informe, muchos casos de explotación sexual comercial ingresan bajo otras categorías, como negligencia de cuido o relaciones impropias, y la clasificación inicial no se corrige, aunque la investigación posterior confirme explotación sexual.

El estudio también documentó un debilitamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), principal ente de coordinación interinstitucional sobre el tema. Su membresía bajó de 66 a entre 20 y 30 integrantes, debido a la falta de poder de convocatoria y al desinterés institucional, según una fuente entrevistada.

Los expertos identificaron pobreza, flujos migratorios, informalidad laboral y presencia de crimen organizado como principales factores estructurales de riesgo en los tres cantones analizados. En Garabito predomina el turismo sexual asociado con la actividad hotelera de Jacó; en Puntarenas influye el ingreso de cruceros por la actividad portuaria; y en Corredores contribuye el tránsito migratorio por la frontera sur.

Rolando Barrantes Pereira, investigador de la UNA, resumió los hallazgos del estudio. “Dentro de los principales hallazgos de esta investigación destaca que existen grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales que pueden contribuir a exacerbar este flagelo”.

El informe recomienda crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, amparado en la ley de protección de datos, y dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES. Los autores sugieren además que el PANI revise sus mecanismos de clasificación de denuncias para reflejar con exactitud los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes detectados durante las investigaciones administrativas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Organizaciones y personas demandan proceso participativo en la reorganización del INAMU

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

COMUNICADO SOBRE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INAMU

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INAMU, A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS Y A LAS MUJERES DE COSTA RICA

CONSIDERANDO:

Que el INAMU fue creado como el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, con el mandato de ejercer la rectoría de las políticas públicas de igualdad, promover la incorporación del enfoque de género en la institucionalidad pública y velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Que Costa Rica ha asumido obligaciones nacionales e internacionales que exigen contar con una institucionalidad sólida, especializada y con capacidad de rectoría para avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, conforme a la Constitución Política, la Ley de Creación del INAMU, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que durante 2024 y 2025 se desarrolló un amplio proceso de Auditoría Social sobre el INAMU, impulsado por el Equipo Central de Auditoras Sociales, con el acompañamiento de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, en el que participaron aproximadamente quinientas mujeres provenientes de todas las regiones del país y de los territorios indígenas, mediante un ejercicio democrático, participativo y transparente.

Que dicho proceso de auditoría social generó conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional del INAMU, sustentadas en la experiencia y conocimiento de mujeres diversas, organizaciones y liderazgos territoriales.

Que, pese a ello, la propuesta de reorganización institucional nunca fue presentada oficialmente a las participantes en el proceso de Auditoría Social antes de su implementación, desconociendo este proceso legítimo de participación ciudadana y contraloría social.

Que las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y activistas feministas hemos sido informadas de las múltiples irregularidades que rodean el proceso de reorganización institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se encuentra en marcha.

CONSTATAMOS:

Que la propuesta de reorganización institucional que ya se está ejecutando, nunca fue socializada ampliamente con el personal de la institución ni con las organizaciones de mujeres. Y que tampoco fue entregada al Equipo Central de Auditoras Sociales ni a las mujeres participantes en el proceso de auditoría social realizado durante 2024-2025, y se hizo caso omiso de las reflexiones, conclusiones y propuestas de ésta.

Que la reorganización institucional actualmente en marcha deteriora la función rectora del INAMU como ente responsable de conducir las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, y que se desconoce la información que demuestre que su aplicación fortalecerá la rectoría política y técnica del INAMU, incluyendo una regionalización que efectivamente lleve a las regiones servicios integrales, especializados y suficientes para la atención de las necesidades y demandas de las mujeres en su diversidad.

Que de acuerdo con el marco normativo que regula los procesos de reorganización institucional destaca de manera prioritaria que los mismos deben estar técnicamente justificados y que su ejecución implique una mejora medible en cuanto al cumplimiento de la misión y visión institucionales y, en este caso también, en la prestación de servicios institucionales.

Que en este caso ninguno de estos objetivos se cumple. Por el contrario, observamos que esta reorganización implica:

– Un proceso de des-especialización y despolitización institucional del mecanismo especifico, creado por ley y amparado en el derecho convencional y supraconstitucional, para el adelanto de las mujeres.

– Un proceso de burocratización interna que lentifica los procesos internos concentra poder de decisión y provoca una pérdida de capital humano y técnico.

Que durante los últimos años la institución ha experimentado una deslegitimación progresiva a nivel de la opinión pública, lo que contribuye a profundizar la desprotección que vivimos las mujeres.

DEMANDAMOS:

  1. La suspensión de la implementación de la reorganización institucional en el INAMU hasta que exista un proceso amplio, transparente y participativo de diálogo con las organizaciones de mujeres y con el personal de la institución liderado por un agente externo e imparcial.
  2. La publicación íntegra del estudio técnico que fundamenta la reorganización institucional del INAMU.
  3. La habilitación de un espacio de diálogo e interlocución con las nuevas autoridades del INAMU en torno al proceso de reorganización institucional ya en marcha.
  4. La garantía plena del respeto de los derechos laborales de todas las personas funcionarias del INAMU.
  5. La instalación de una comisión de vigilancia social de este proceso de reorganización institucional, en el que participen mujeres de todas las regiones del país y que hayan participado en la auditoría social realizada en 2024-2025.
  6. El acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes a este proceso.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con el fortalecimiento del INAMU como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres y como institución rectora de las políticas públicas de igualdad de género.

Las organizaciones sociales, de mujeres y feministas, de derechos humanos y activistas independientes abajo firmantes permaneceremos vigilantes sobre el rumbo de este proceso de reorganización institucional, defenderemos y velaremos por una institucionalidad pública fortalecida de cara a la defensa de nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas.

Siguen las firmas de personas y organizaciones, las cuales pueden consultarse descargando el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/COMUNICADO-SOBRE-REORGANIZACION-INSTITUCIONAL-DEL-INAMU.pdf