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A 40 años de su fundación, MUSADE convoca a un diálogo nacional sobre democracia, derechos humanos y el futuro del movimiento de mujeres

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Asamblea constitutiva de MUSADE.

En el marco de la celebración de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el Encuentro Nacional «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica», un espacio de diálogo y reflexión que reunirá a mujeres lideresas de distintas generaciones para analizar los principales aportes del movimiento de mujeres y los desafíos que enfrenta hoy la democracia, la igualdad y los derechos humanos en el país

El encuentro se realizará el próximo 28 de agosto, en el Mini Auditorio de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en San Ramón, y contará con la participación de representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y movimientos de mujeres de diferentes regiones del país.

A lo largo de la jornada se reflexionará sobre la evolución del movimiento de mujeres en Costa Rica, los retos actuales para la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la participación política de las mujeres y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos del presente.

Uno de los momentos más significativos será la participación de Carmen Soto, integrante de la primera Junta Directiva de MUSADE en 1986, quien compartirá una mirada histórica sobre los primeros años de la organización y recordará cómo, hace cuatro décadas, organizar mujeres en las comunidades rurales era un verdadero acto de valentía.

Según Enid Cruz Ramírez, coordinadora general de MUSADE:

«Celebrar cuarenta años no significa únicamente mirar el pasado. Significa preguntarnos qué país queremos construir para las próximas generaciones. Este encuentro busca renovar nuestro compromiso con la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos de las mujeres.»

Como parte de los resultados del encuentro, MUSADE elaborará la publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica», que reunirá las principales ponencias, reflexiones y propuestas surgidas durante la jornada. Asimismo, estos aportes servirán de base para la Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, documento que será presentado el 6 de diciembre de 2026 como una contribución al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Costa Rica.

El Encuentro Nacional forma parte de la Ruta hacia el 40 aniversario de MUSADE, bajo el lema: «Ni retrocesos ni silencios: historia, lucha y futuro.»

A cuarenta años de su fundación, MUSADE reafirma que la defensa de los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea vigente. Este encuentro será una oportunidad para hacer memoria, dialogar entre generaciones y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la igualdad y la justicia social en Costa Rica.

Legados del Encuentro Nacional

  • Publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica».

  • Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, que será presentada el 6 de diciembre de 2026.

  • Fortalecimiento del diálogo y la articulación entre mujeres de distintas generaciones, territorios y sectores sociales.

Información del evento

Encuentro Nacional
Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica

📅 Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
🕤 Hora: 9:30 a. m. – 3:00 p. m.
📍 Lugar: Mini Auditorio, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Alajuela.
Organiza: Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE).

Sobre MUSADE

La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) es una organización feminista fundada en San Ramón en 1986. Durante cuarenta años ha promovido los derechos humanos de las mujeres mediante procesos de organización comunitaria, atención integral, prevención de la violencia, liderazgo, educación popular e incidencia en políticas públicas.

Las redes de apoyo hacia mujeres en situaciones de peligro y riesgo -Podcast de la Defensoría

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Este martes 14 de julio de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el noveno capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

Este nuevo capítulo se enfoca en información de utilidad respecto a la importancia de las redes de apoyo, de la organización comunitaria, la sororidad que acompaña a las mujeres en situaciones de riesgo, peligro y vulnerabilidad.

Para esta edición del Podcast participan la presidenta del Centro de Mujeres Afro, Ann McKinley y, Maricela Hinkelammert, colaboradora de la Fundación Cenderos, quienes desde sus organizaciones atienden y acompañan directamente a otras mujeres expuestas a situaciones de violencia o vulnerabilidad de sus derechos por sus condiciones sociales, económicas, migratorias, territoriales, o étnicas. En este episodio se visualiza también cómo la prevención, la protección y la recuperación nacen también de la comunidad, del acompañamiento cercano y de la decisión colectiva de no dejar sola a ninguna mujer. Conocé cómo una amiga, una vecina o una organización pueden convertirse en un círculo que acompaña, protege y ayuda a sanar.

Invitamos a compartir este nuevo capítulo que está disponible en las cuentas sociales de Youtube y Spotify de la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de Educación en Derechos Humanos.

YouTube
https://youtu.be/QCGo2bijFFQ

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4euSmxTT5wNCUTkKIrHBIL?si=S6se78QtSL6f3mu0Y3qYFQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Colectivo feminista denuncia retrocesos en políticas de protección a las mujeres y alerta sobre crisis de violencia en Costa Rica

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Feministas Picos Rojos Costa Rica advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia de género, al señalar la eliminación del Departamento de Violencia de Género del INAMU, la ineficacia de los «Puntos Violeta» y el aumento de los femicidios.

13 de julio de 2026. El colectivo Feministas Picos Rojos Costa Rica denuncia “con profunda preocupación” el deterioro sistemático del Estado Social y Democrático de Derecho en el país, el cual afecta de manera directa y desproporcionada la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

A través de un manifiesto público, la organización señala que las decisiones políticas actuales están desmantelando las capacidades institucionales históricas de Costa Rica. Entre los retrocesos más graves destacan la eliminación del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la ineficacia de alternativas recientes como los «Puntos Violeta», mecanismos que han dejado desprotegidas a cientos de víctimas en un contexto nacional crítico.

La organización resalta que estas medidas ocurren en medio de una crisis de violencia extrema. Las cifras registradas muestran un preocupante incremento en los delitos de odio contra las mujeres, contabilizando 36 femicidios y 78 muertes violentas en investigación al cierre del periodo anual 2025, lo que equivale al asesinato por razones de género de una mujer aproximadamente cada cinco días.

Asimismo, el colectivo alerta sobre el impacto a largo plazo de la eliminación de los programas de educación para la afectividad y sexualidad en el sistema educativo, así como el alarmante auge de discursos misóginos y de violencia política emitidos desde las más altas esferas del poder público.

«Defender las políticas de igualdad significa proteger la democracia. Una sociedad que tolera la violencia hacia las mujeres y debilita su red de protección deja de garantizar derechos para todas las personas», puntualiza el manifiesto. Feministas Picos Rojos Costa Rica exige al Estado costarricense el cumplimiento inmediato de sus obligaciones jurídicas internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, para frenar la impunidad y asegurar la vida de las ciudadanas.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Cuando-retroceden-los-derechos-de-las-mujeres.pdf

Delitos sexuales contra menores crecen mientras la institucionalidad se debilita

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El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial citadas, en un estudio que lleva por nombre La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país. La investigación fue elaborada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA) y por el programa Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y la Adolescencias (PRIDENA-UCR). El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó la investigación al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para analizar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.

El informe advierte que estos datos judiciales no permiten vincular directamente los casos con explotación sexual comercial, pero sí evidencian un aumento sostenido de la violencia sexual contra personas menores de edad en el país. En contraste, los registros especializados del PANI reportan cifras mucho menores: 13 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Puntarenas entre 2023 y 2024, cinco en Garabito y dos por año en Corredores durante 2019 y 2020.

El documento incluye un relato de una mujer que fue víctima de explotación durante su niñez y adolescencia. Según el testimonio, el abuso comenzó dentro de su propio hogar y, años más tarde, su pareja la trasladó de Nicaragua a Costa Rica bajo el engaño, la sometió a trabajo forzoso sin remuneración en labores domésticas y agrícolas en Puntarenas, y le impidió salir del país mediante amenazas. Su hermana, que vivía en Costa Rica, le brindó ayuda para escapar; posteriormente, el PANI y una organización no gubernamental le dieron estadía hasta que cumplió 18 años.

Los investigadores atribuyen esta brecha a fallas en la clasificación de las denuncias. Una funcionaria del PANI consultada para el estudio señaló: “por lo que hemos visto, sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito”. Según el informe, muchos casos de explotación sexual comercial ingresan bajo otras categorías, como negligencia de cuido o relaciones impropias, y la clasificación inicial no se corrige, aunque la investigación posterior confirme explotación sexual.

El estudio también documentó un debilitamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), principal ente de coordinación interinstitucional sobre el tema. Su membresía bajó de 66 a entre 20 y 30 integrantes, debido a la falta de poder de convocatoria y al desinterés institucional, según una fuente entrevistada.

Los expertos identificaron pobreza, flujos migratorios, informalidad laboral y presencia de crimen organizado como principales factores estructurales de riesgo en los tres cantones analizados. En Garabito predomina el turismo sexual asociado con la actividad hotelera de Jacó; en Puntarenas influye el ingreso de cruceros por la actividad portuaria; y en Corredores contribuye el tránsito migratorio por la frontera sur.

Rolando Barrantes Pereira, investigador de la UNA, resumió los hallazgos del estudio. “Dentro de los principales hallazgos de esta investigación destaca que existen grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales que pueden contribuir a exacerbar este flagelo”.

El informe recomienda crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, amparado en la ley de protección de datos, y dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES. Los autores sugieren además que el PANI revise sus mecanismos de clasificación de denuncias para reflejar con exactitud los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes detectados durante las investigaciones administrativas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Organizaciones y personas demandan proceso participativo en la reorganización del INAMU

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

COMUNICADO SOBRE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INAMU

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INAMU, A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS Y A LAS MUJERES DE COSTA RICA

CONSIDERANDO:

Que el INAMU fue creado como el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, con el mandato de ejercer la rectoría de las políticas públicas de igualdad, promover la incorporación del enfoque de género en la institucionalidad pública y velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Que Costa Rica ha asumido obligaciones nacionales e internacionales que exigen contar con una institucionalidad sólida, especializada y con capacidad de rectoría para avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, conforme a la Constitución Política, la Ley de Creación del INAMU, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que durante 2024 y 2025 se desarrolló un amplio proceso de Auditoría Social sobre el INAMU, impulsado por el Equipo Central de Auditoras Sociales, con el acompañamiento de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, en el que participaron aproximadamente quinientas mujeres provenientes de todas las regiones del país y de los territorios indígenas, mediante un ejercicio democrático, participativo y transparente.

Que dicho proceso de auditoría social generó conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional del INAMU, sustentadas en la experiencia y conocimiento de mujeres diversas, organizaciones y liderazgos territoriales.

Que, pese a ello, la propuesta de reorganización institucional nunca fue presentada oficialmente a las participantes en el proceso de Auditoría Social antes de su implementación, desconociendo este proceso legítimo de participación ciudadana y contraloría social.

Que las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y activistas feministas hemos sido informadas de las múltiples irregularidades que rodean el proceso de reorganización institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se encuentra en marcha.

CONSTATAMOS:

Que la propuesta de reorganización institucional que ya se está ejecutando, nunca fue socializada ampliamente con el personal de la institución ni con las organizaciones de mujeres. Y que tampoco fue entregada al Equipo Central de Auditoras Sociales ni a las mujeres participantes en el proceso de auditoría social realizado durante 2024-2025, y se hizo caso omiso de las reflexiones, conclusiones y propuestas de ésta.

Que la reorganización institucional actualmente en marcha deteriora la función rectora del INAMU como ente responsable de conducir las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, y que se desconoce la información que demuestre que su aplicación fortalecerá la rectoría política y técnica del INAMU, incluyendo una regionalización que efectivamente lleve a las regiones servicios integrales, especializados y suficientes para la atención de las necesidades y demandas de las mujeres en su diversidad.

Que de acuerdo con el marco normativo que regula los procesos de reorganización institucional destaca de manera prioritaria que los mismos deben estar técnicamente justificados y que su ejecución implique una mejora medible en cuanto al cumplimiento de la misión y visión institucionales y, en este caso también, en la prestación de servicios institucionales.

Que en este caso ninguno de estos objetivos se cumple. Por el contrario, observamos que esta reorganización implica:

– Un proceso de des-especialización y despolitización institucional del mecanismo especifico, creado por ley y amparado en el derecho convencional y supraconstitucional, para el adelanto de las mujeres.

– Un proceso de burocratización interna que lentifica los procesos internos concentra poder de decisión y provoca una pérdida de capital humano y técnico.

Que durante los últimos años la institución ha experimentado una deslegitimación progresiva a nivel de la opinión pública, lo que contribuye a profundizar la desprotección que vivimos las mujeres.

DEMANDAMOS:

  1. La suspensión de la implementación de la reorganización institucional en el INAMU hasta que exista un proceso amplio, transparente y participativo de diálogo con las organizaciones de mujeres y con el personal de la institución liderado por un agente externo e imparcial.
  2. La publicación íntegra del estudio técnico que fundamenta la reorganización institucional del INAMU.
  3. La habilitación de un espacio de diálogo e interlocución con las nuevas autoridades del INAMU en torno al proceso de reorganización institucional ya en marcha.
  4. La garantía plena del respeto de los derechos laborales de todas las personas funcionarias del INAMU.
  5. La instalación de una comisión de vigilancia social de este proceso de reorganización institucional, en el que participen mujeres de todas las regiones del país y que hayan participado en la auditoría social realizada en 2024-2025.
  6. El acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes a este proceso.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con el fortalecimiento del INAMU como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres y como institución rectora de las políticas públicas de igualdad de género.

Las organizaciones sociales, de mujeres y feministas, de derechos humanos y activistas independientes abajo firmantes permaneceremos vigilantes sobre el rumbo de este proceso de reorganización institucional, defenderemos y velaremos por una institucionalidad pública fortalecida de cara a la defensa de nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas.

Siguen las firmas de personas y organizaciones, las cuales pueden consultarse descargando el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/COMUNICADO-SOBRE-REORGANIZACION-INSTITUCIONAL-DEL-INAMU.pdf

Podcast de la Defensoría da voz a las víctimas de femicidio

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La Defensoría de los Habitantes lanzó el octavo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

Este nuevo capítulo se enfoca el trabajo de las 31 Fiscalías con personal especializado que conocen materia de violencia de género, los retos en materia presupuestaria para su funcionamiento, las plazas requeridas para el fortalecimiento del trabajo de estas unidades, analizar los retos en materia de acceso a la justicia y el trabajo de la prevención de la violencia.

En el nuevo episodio se aborda el testimonio de un familiar de una víctima de femicidio, el acompañamiento recibido, cómo enfrentar el proceso y la solicitud de justicia.

Para la edición del podcast participan la fiscal adjunta de género del Poder Judicial, Debby Garay Boza y Laura Tacsan Ulate, hermana de una víctima de femicidio.

▶️ El episodio completo aquí.

Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6AFl0YB0BU62X4XQ5fNbNy?si=rsky87XzQJStSqHNT2Fbgg

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

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El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

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Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

Suscriben:

  1. Adilia Solis

  2. Adriana Solís Fajardo

  3. Albena Muñoz Taya

  4. Albertina Alfaro

  5. Alexander Rodriguez Guevara

  6. Alonso Mora Barquero

  7. Amanda Alfaro Córdoba

  8. Ana Felicia Torres Redondo

  9. Ana Heitman Ardón

  10. Ana Hernandez Bolaños

  11. Ana Isabel Portuguez Bolaños

  12. Ana Leonor Ramírez Montes

  13. Ana Patricia Ruiz Cambronero

  14. Ana Patricia Valverde Chavarría

  15. Andrea Cordero Vargas

  16. Antonella Franchesqui Varela

  17. Ariana Solís González

  18. Carmen Carro Barrantes

  19. Carmen Elena Muñoz Durán

  20. Carmen Rojas G

  21. Casilda Sancho Barrantes

  22. Cristina E Diaz

  23. Diana Masís Porras

  24. Edgar Mora Guerrero

  25. Erika Sevilla Zepeda

  26. Eugenia Salazar

  27. Fresia Camacho

  28. Gabriela Cerdas González

  29. Gabriela Madrigal Delgado

  30. Génesis Rojas Cruz

  31. Gioconda Castro

  32. Gloria Valerín Rodríguez

  33. Gloriana Carmona Seravalli

  34. Guisella Flores Montes

  35. Héctor Vega Torres

  36. Hillary Obando Herrera

  37. Ileana Chavarría Marín

  38. Inés Revuelta Sánchez

  39. Inmaculada Tomas Aran

  40. Irina Coronado López

  41. Isabel Rivera Navas

  42. Jeannette Cordero Gamboa

  43. José Solano Solano

  44. José Solano-Saborío

  45. Jota Vargas Alvarado

  46. Keyra Martínez Meneses

  47. Laura Gómez Vasquez

  48. Laura Rodríguez Rodríguez

  49. Laura Ureña Naranjo

  50. Lauren Josefa Agüero Umaña

  51. Lidiette Cruz Sibaja

  52. Lidiette Sequeira

  53. Lorena Camacho

  54. Lorena Villalobos Varela

  55. Lucia Sansonetti

  56. Luis Alberto Incer Arias

  57. Luis Ángel Céspedes Rodríguez

  58. Lynn Jacob Segev

  59. Macarena Barahona Riera

  60. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

  61. Marcela Zamora Cruz

  62. Marco Antonio Hidalgo Molina

  63. Marco Vinicio Fournier Facio

  64. Margarita Salas Guzmán

  65. María Bolaños Aguilar

  66. María del Carmen Cruz

  67. María José Gavilan Echeverria

  68. Mariana Ramírez Sandí

  69. Marta Arroyo Bonilla

  70. Marta Jiron Manzanares

  71. Marta Solano Arias

  72. Maureen Esquivel Camacho

  73. Melissa Cruz Cordero

  74. Meylin Vargas Varela

  75. Milagro Leitón Vega

  76. Miranda Lynette Budny Sequeira

  77. Nadya Blanco Guzmán

  78. Natalia Solís Rojas

  79. Nia Salas

  80. Noemy Serrano Corrales

  81. Nuby Ordóñez Ugalde

  82. Oscar Valverde Cerros

  83. Pamela Bojorge Ortega

  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Desigualdades afectan más a las mujeres en su etapa adulta mayor

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Llegar a la tercera edad está lejos de ser un escenario de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, la vida de ellas queda marcada por brechas significativas que las exponen a la pobreza, la marginación, el poco acceso a servicios y hasta a una pensión digna.

La investigación Personas mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos analizó la situación de la población de 65 años del país en diversas áreas. Se llevó a cabo en el marco del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

La correlación de factores tomó como base la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2024, sobre características sociodemográficas de la población costarricense.

Con respecto a la conformación de los hogares, se determinó que aquellos unipersonales (quienes viven solos), son habitados en su mayoría por mujeres, con un 67.3%, que duplica el porcentaje de hombres (32.7%).

Aunque se ha documentado que la expectativa de las mujeres es más alta que la de los hombres (83,5 años versus 78,6 años), la investigación detalla que “una vida más prolongada no implica que lo hagan en mejores condiciones, sino que muchas veces se enfrentan a situaciones de viudez, desamparo, soledad no deseada y abandono”.

Ser jefe o jefa de hogar es un rol que en el caso de adultos mayores lo ejercen en su mayoría hombres (29.1%) con respecto a las mujeres (18.6%). Esto se debe a que, tradicionalmente, a ellos se les vincula con las actividades productivas, el trabajo remunerado y la toma de decisiones, mientras que a ellas se les delega más en función del espacio privado del hogar, las labores domésticas y los cuidados.

En concordancia con lo anterior, el informe destaca que la labor de cuido, ya sea de niños, otras personas adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, la realizan, en su mayoría, las mujeres (61%) con respecto a los hombres (38.9%).

Para Rebeca Espinoza, académica y coautora de la investigación, los datos reflejan el vínculo existente entre la sociedad del cuidado y la discriminación de género, en la etapa adulta mayor. Por ello, considera fundamental que la “socialización de género” empiece desde etapas tempranas de la educación. “A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”.

Otros factores

La condición de viudez en personas mayores de 65 años, la viven en su mayoría la población femenina, con un 80.65%.

De la interpretación de este aspecto, también se esconden manifestaciones de desigualdad, que van más allá de la expectativa de vida por género. “La mayor viudez se relaciona en las mujeres con patrones que fomentan el matrimonio con hombres de mayor edad”.

En el ámbito económico existe un elemento a resaltar: los adultos mayores en condiciones de pobreza se incrementaron de 109.746 personas, en el 2015, a 189.373, en el 2022. Es decir, pasaron de un 24.1% a un 26.9% del total de la población mayor.

Al desmenuzar los datos, se confirma que son las mujeres quienes más sufren de pobreza. Por ejemplo, en números absolutos, en la clasificación de “pobreza no extrema”, esta afecta a 64.745 hombres frente a 76.104 mujeres, mientras que en la categoría de “pobreza extrema”, es la población femenina la que lidera con 14.119 casos frente a 11.901 casos entre la población masculina.

De nuevo, este indicador socioeconómico se relaciona con factores como la discriminación, la violencia y la exclusión de trabajos no remunerados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados para que los países reduzcan los niveles de pobreza en la población adulta mayor bajo una perspectiva de género, como una prioridad de política pública.

Lo anterior está vinculado con el hecho de que un 75% de las personas adultas mayores dependientes de una institución del Estado para mantener un hogar, son mujeres. Incluso, más de la mitad de ellas (57.7%) proviene de hogares unipersonales.

La fragilidad socioeconómica sobresale también en aspectos como el acceso a una pensión. Mientras que un 14.3% de los hombres carecen de esa fuente de ingreso, el porcentaje aumenta a un 17.8% en las mujeres.

En cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación, los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de adultos mayores no disfrutan de los avances de la era digital. Del total de la población, por ejemplo, solo un 3.8% utilizó tabletas en los últimos tres meses.

De ese porcentaje que sí tuvo acceso, son las mujeres las que menos oportunidades recibieron. En el uso de Internet, ellas no lo utilizaron en el 57% de los casos, dato que se incrementa a un 59.6% si se trata de la telefonía celular.

¿Estas desigualdades responden a estructuras heredadas desde años anteriores o se radicalizan en esta etapa de sus vidas? Para Rebeca Espinoza, las investigaciones alrededor de la “feminización de la vejez” sugieren que las discriminaciones por género se van acumulando con el paso del tiempo.

A pesar de ello, la perspectiva de incremento de la población adulta mayor a mediano plazo, incorpora un elemento de presión adicional a este fenómeno. Al respecto Fernando Méndez, coautor del estudio, indicó que “se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”.

Además del género, los autores también valoraron aspectos como la etnicidad, las orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad y de salud, territorialidades, entre otros. Espinoza complementó al respecto, al afirmar que “si bien tenemos una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y una Política Nacional de Cuidados, hay una carencia de un enfoque de género diferenciado que permita cubrir necesidades específicas”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

«Calladita No es más bonita»… podcast de la Defensoría

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El hostigamiento sexual en el empleo

La Defensoría de los Habitantes lanzó un nuevo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, el cual se crea desde la convicción que el silencio no puede seguir siendo cómplice de la violencia contra la mujer.

En esta nueva edición se aborda la temática del hostigamiento sexual en el empleo y entornos seguros, con la participación de las expertas Lilliana Castro López e Ivania Solano Jiménez, funcionarias de la Dirección de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual en enero, lo que equivale a un reporte cada 24 horas, lo que enciende las alertas a nivel institucional para acelerar las acciones en materia de prevención y atención de esta manifestación de violencia, donde la mayoría de las denunciantes son mujeres.

El nuevo capítulo está disponible en:

Youtube: https://youtu.be/HeSBBhJY7xs

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3peXEm4wZa1DOog8DkB4bd?si=Gao8dQ-yTpGeG7g0qB41MQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

El Podcast contará con la participación de mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas de femicidio, así como mujeres expertas y técnicas en la materia, quienes aportarán no sólo sus conocimientos, sino también sus testimonios, experiencias y propuestas para la prevención y erradicación de este flagelo.