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Latinas en Poder se solidariza con MIMPAW y el pueblo miskitu frente a la extracción petrolera

Las organizaciones que integran Latinas en Poder emitieron una declaración de solidaridad con el Movimiento de Mujeres Indígenas Autóctonas y Afrodescendientes (MIMPAW) y con el pueblo miskitu, “quienes se encuentran en la primera línea de resistencia frente a la amenaza de la extracción petrolera en sus suelos y mares”.

En el texto, las organizaciones saludan también a la Comisión sobre Medio Ambiente de la Iglesia Católica en la Mosquitia y reconocen su labor en defensa de la soberanía territorial, los bienes comunes y la Madre Tierra frente a los modelos extractivistas. “La biodiversidad, las costas y las tierras del territorio miskito no son bienes negociables ni zonas de sacrificio para la industria petrolera”, afirman.

Como mujeres de origen latinoamericano y caribeño, las firmantes denuncian que:

  • La extracción de hidrocarburos es violencia territorial, porque atenta contra la soberanía alimentaria, la salud comunitaria, el equilibrio ecológico y la autonomía del pueblo miskitu.
  • Las mujeres sufren un impacto desproporcionado. Las mujeres indígenas y afrodescendientes sostienen la vida, la cultura y la economía comunitaria, y toda agresión al territorio repercute en sus vidas, sus cuerpos y la seguridad de sus familias.
  • El consentimiento libre, previo e informado es innegociable. Exigen el respeto absoluto a los derechos territoriales y a las decisiones de las comunidades y de las mujeres que cuidan sus tierras y mares.

Por ello, Latinas en Poder:

  • declara su total apoyo a MIMPAW y a la Comisión de Ambiente;
  • exige el cese inmediato y definitivo de cualquier proyecto, concesión o exploración petrolera en los suelos, bosques, ríos y áreas marinas del territorio miskito;
  • llama a la comunidad internacional, a las redes feministas y a los movimientos ambientales a amplificar las demandas de MIMPAW.

“Las aguas y los suelos de la Muskitia son de su gente y para su vida, no para la explotación comercial ni para la contaminación corporativa”, señalan.

La declaración cierra con las consignas: “¡Si tocan a una, respondemos todas! ¡La tierra y el mar miskito no se venden, se cuidan y se defienden! ¡Vivas, libres y en territorios soberanos nos queremos!”.

Concejo Municipal de San José rechaza excluir la anticoncepción de emergencia en la atención a víctimas de violación

El Concejo Municipal de San José aprobó por unanimidad una moción en la que rechaza la exclusión de la anticoncepción de emergencia del expediente 23.633, conocido como Protocolo de las 72 horas, que busca garantizar la atención integral de las víctimas de delitos sexuales. La moción fue presentada por la fracción del partido Juntos San José.

La iniciativa surge luego de que, el 21 de octubre, la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobara, con seis votos a favor y uno en contra, un texto sustitutivo que eliminó la anticoncepción de emergencia de las prestaciones garantizadas expresamente a las víctimas de violación sexual.

Durante su intervención en el Concejo, la regidora Mariana Zúñiga Pérez, de Juntos San José, defendió la necesidad de que las autoridades se pronuncien ante decisiones que pueden representar un retroceso en los derechos de las mujeres. “Los derechos de las víctimas no pueden quedar sujetos a prejuicios ni estereotipos de género. Costa Rica debe avanzar en la protección de las mujeres, su dignidad y su derecho a recibir atención oportuna”, expresó.

La moción plantea que la atención de las víctimas de violencia sexual debe fundamentarse en criterios médicos, evidencia científica y estándares internacionales de derechos humanos, evitando cualquier requisito que retrase la atención o genere nuevas situaciones de revictimización. Además, solicita a la Comisión de la Mujer observar las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica mediante la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Zúñiga destacó la urgencia de atender estas situaciones y recordó que la violencia sexual afecta diariamente a mujeres en el país, incluso dentro de sus propios entornos familiares.

Según un comunicado enviado a SURCOS, para Juntos San José, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres debe trascender las diferencias políticas y las posiciones personales, y colocar siempre en primer lugar la protección de las víctimas.

La moción fue suscrita por las regidoras Mariana Zúñiga Pérez y Andrea Rudín Montes de Oca, de Juntos San José, y por el regidor independiente Rafael González Ovares.

Colegio de Psicología pide incluir la anticoncepción de emergencia sin requisitos en el expediente 23.633

Pronunciamiento:

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), a través de sus comisiones institucionales: Género y Sexualidad, Derechos Humanos y Psicología Perinatal, expresa su profunda preocupación ante las modificaciones realizadas al expediente legislativo N. 23.633, que busca dar rango de ley al Protocolo de las 72 horas y a los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales.

El pasado miércoles 21 de octubre, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo que excluyó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos contemplados en el proyecto. Posteriormente, el jueves 22 de octubre, se anunció la intención de reincorporar esta medida, pero condicionando su acceso a la realización previa de una prueba de embarazo.

Si bien reconocemos la importancia de reconsiderar su exclusión, advertimos que establecer requisitos que no respondan a una justificación clínica podría generar nuevas barreras en una ruta de atención que debe caracterizarse por la oportunidad, la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana.

Desde la Psicología, enfatizamos que la atención a las víctimas de violación sexual debe contribuir a su recuperación y no convertirse en una nueva fuente de sufrimiento.

La violencia sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y puede generar profundas consecuencias en la salud mental, entre ellas ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afectaciones emocionales. Ante esta realidad, una respuesta institucional oportuna, integral y respetuosa resulta fundamental para favorecer la seguridad, la autonomía y los procesos de recuperación de las personas sobrevivientes.

En este contexto, preocupa especialmente el riesgo de revictimización. Esta no se produce únicamente mediante el cuestionamiento de los testimonios o el trato inadecuado, sino también cuando los procedimientos institucionales imponen obstáculos innecesarios, retrasan la atención o limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

La protección de las víctimas exige evitar que las instituciones, mediante sus decisiones o procedimientos, profundicen el daño ocasionado por la violencia sexual.

Asimismo, consideramos indispensable que la discusión legislativa se sustente en evidencia científica y criterios técnicos especializados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido. Por tanto, es fundamental evitar interpretaciones que confundan la anticoncepción de emergencia con la interrupción del embarazo y que puedan traducirse en restricciones injustificadas para las víctimas.

Debe recordarse, además, que el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual de 2022 ya contempla la anticoncepción de emergencia como parte de la atención sanitaria, bajo criterios clínicos, información clara y consentimiento informado. En consecuencia, su incorporación expresa en la legislación representa una oportunidad para fortalecer las garantías de protección existentes.

Desde los enfoques de género, derechos humanos, Psicología Clínica y Perinatal, destacamos que las necesidades de las personas sobrevivientes deben abordarse de manera integral, considerando tanto su salud física como su bienestar psicológico, su autonomía y sus circunstancias particulares. Esta protección adquiere especial relevancia cuando se trata de niñas y adolescentes, cuya atención debe orientarse por el interés superior de la persona menor de edad y la prevención de daños adicionales.

Por estas razones, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que:

  1. Garantice la inclusión expresa de la anticoncepción de emergencia entre los servicios mínimos establecidos en el expediente N.º 23.633, sin incorporar requisitos carentes de justificación científica o clínica que puedan retrasar su acceso.
  2. Asegure que la atención a víctimas de violación sexual se desarrolle bajo principios de oportunidad, confidencialidad, consentimiento informado, autonomía y prevención de la revictimización.
  3. Incorpore criterios técnicos de profesionales en salud sexual y reproductiva, Psicología, trauma, violencia y derechos humanos en la revisión de las disposiciones legislativas.
  4. Fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice el acceso oportuno a la atención psicológica, así como la continuidad del acompañamiento durante los procesos de recuperación.

Reiteramos que la responsabilidad del Estado no se limita a reconocer y atender una agresión sexual, sino que comprende también el deber de prevenir daños adicionales derivados de sus propias actuaciones.

El CPPCR reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, la promoción de la salud mental y el desarrollo de respuestas institucionales fundamentadas en la evidencia científica, la ética profesional y el respeto a la dignidad de todas las personas.

Proteger a las víctimas también significa garantizar que encuentren en las instituciones una respuesta segura, humana y libre de revictimización.

Junta Directiva.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Por una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que garantice su independencia, la democracia y el Estado Social de Derecho

Ante la pronta elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los movimientos de mujeres, feministas y aliadas solicitamos que se nombre una mujer en dicho cargo.

En toda la historia de la Corte Suprema, de 11 presidencias, solo una mujer ha presidido este órgano (Zarela Villanueva). Tal panorama no es acorde con el principio de igualdad y no discriminación que está presente en la Constitución Política y en los numerosos tratados internacionales vinculantes para Costa Rica.

Recordamos que es obligación de las autoridades remover las barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en los espacios de máxima autoridad pública. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad histórica de dar el ejemplo en el cumplimiento de esta obligación jurídica.

La Presidencia del Poder Judicial no puede seguir siendo un espacio vedado a las mujeres. Es tiempo de romper esa barrera histórica. Es tiempo de una mujer al frente del Poder Judicial.

Las abajo firmantes reconocemos que la defensa de la independencia judicial, la supremacía constitucional, la separación de poderes, la garantía y protección efectiva de los derechos humanos requieren un liderazgo con solvencia moral y jurídica, integridad, experiencia y compromiso inequívoco con la democracia y el Estado de Derecho. En el contexto actual, es indispensable que se elija a una persona que dé garantía de autonomía e independencia frente a las presiones políticas e injerencias indebidas.

Creemos firmemente que existen mujeres magistradas que reúnen estas condiciones y que podrán ejercer dicho cargo con responsabilidad y dignidad.

Por estas razones, demandamos a todos los y las magistradas que asuman su deber democrático y elijan una mujer mediante un proceso transparente, basado en méritos, idoneidad, ética, integridad, independencia y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

¡Por una justicia independiente, democrática y comprometida con la igualdad!

¡Por una mujer en la Presidencia del Poder Judicial!

Organizaciones, colectivos y personas firmantes:

  1. Asociación Ciudadana Acceder

  2. Asociación Feminista La Corriente

  3. Asociación IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena

  4. Colectiva Acción Feminista

  5. Colectiva por el Derecho a Decidir

  6. Colectiva Profesionales para Ciudadanía

  7. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  8. Costa Rica Solidaria

  9. FECON

  10. Feministas en Resistencia

  11. Fundación Justicia y Género

  12. Junta de Salud de Hospital Nacional de Geriatría

  13. MMUCR

  14. Movimiento de Mujeres y Feministas

  15. Movimiento de Mujeres Universitarias

  16. Mujeres Por Costa Rica

  17. Observatorio de medios de comunicación y género GEMA

  18. Picos Rojos

  19. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  20. Taller de Lectura Crítica de Curridabat

Personas:

  1. Ana Elena Obando

  2. María Flor Abarca Alpízar

  3. Ligia Martin Salazar

  4. Johanna Alfaro

  5. Adam Álvarez Calderón

  6. Sandra Araya Umaña

  7. Amalia Arce

  8. Paula Arias Artavia

  9. Lilliana Arrieta

  10. Roxana Arroyo Vargas

  11. Katia Ávalos

  12. Alicia Avendaño

  13. Ana Elena Badilla

  14. Grettel Balmaceda García

  15. Macarena Barahona Riera

  16. Syndell Bedoya Rivera

  17. Margarita Bolaños Arquín

  18. Giselle Boza

  19. Esther Camacho Ramírez

  20. Ana Lorena Camacho De la O

  21. Zaida Camacho Aguilar

  22. Ana Gabriela Campos

  23. Ivette Carranza

  24. Ana Carter

  25. Sandra Cartin Herrera

  26. Bianca Carolina Castaño Sandoval

  27. Kattia Isabel Castro Flores

  28. José Manuel Cerdas

  29. Ana Helena Chacón

  30. Carmen Ma. Chacón Mora

  31. Rocío Chaves

  32. Ana Lupita Chaves Salas

  33. Marcos Chinchilla Montes

  34. Saray Córdoba González

  35. Amable Corrales

  36. Cecilia Cortés Quirós

  37. Carmen Cubero Venegas

  38. Gabriela Delgado

  39. Vínyela Devandas Brenes

  40. Natalia Dobles Trejos

  41. Sonia Duran

  42. Janekeith Orliden Durán Barberena

  43. Luz María Elizondo Fallas

  44. Alda Facio Montejo

  45. Marco Feoli

  46. Flora Fernández Amón

  47. Alejandra Fernández Bonilla

  48. Lili Fernández González

  49. Mabel Figueroa

  50. Guisella Flores

  51. Ana Lucía Fonseca

  52. Jacqueline García Fallas

  53. Nora Garita Bonilla

  54. Yamileth González García

  55. Alejandro Guevara Arroyo

  56. Elda Gutiérrez Gutiérrez

  57. Ester María Herrera Fonseca

  58. Rubieth Jaén

  59. Florencia Jiménez

  60. Xiomara León Saborío

  61. Gabriela Lobo

  62. María Elena López

  63. Sonia Madrigal

  64. Aramis Márquez Vásquez

  65. Ana Teresa Martínez Martínez

  66. Leda Ma Martínez Quesada

  67. Gabriela Mayorga

  68. Sylvia Mesa Peluffo

  69. María Mesén Fallas

  70. Flory Isabel Meza Calvo

  71. Melania Monge

  72. Ivannia Monge Naranjo

  73. Sary Montero

  74. Haydee Rebeca Montero Pineda

  75. Karol Montero Rony

  76. Sharon Montoya Azofeifa

  77. Edwin Mora

  78. Sylvia Muñoz

  79. Laura Murillo Mora

  80. Sara Núñez

  81. Carolina Ovares

  82. Marta Quesada

  83. Ana Quirós Víquez

  84. Teresita Ramellini Centella

  85. Paola Ramírez

  86. Virginia Ramírez Cascante

  87. M. Cecilia Ramírez Sánchez

  88. José Gabriel Rivas Ducca

  89. Yolanda Rojas

  90. Gloriana Rojas

  91. Ana Patricia Ruiz Cambronero

  92. Yamileth Ruiz Vargas

  93. Nia Salas

  94. Ana Marcia Aguiluz Soto

  95. Arabella Salaverry

  96. Marta E. Sánchez Salazar

  97. Vera Victoria Sancho Mora

  98. Sonia Sandi

  99. María Antonieta Sequeira Lepiz

  100. Zarelly Sibaja Trejos

  101. Marta Solano

  102. Guiselle Solera

  103. Eugenia Solis

  104. Wilson Solis

  105. Luvia Soto Cabrera

  106. Christel Steinvorth

  107. Mario José Suazo Palma

  108. Ana Felicia Torres Redondo

  109. Isabel Trejos

  110. Ana María Trejos Trejos

  111. Teodora Tsijli

  112. Helena Ulloa Ramírez

  113. Roxana Vaglio Rivas

  114. Alicia Eugenia Vargas Porras

  115. Ibelís Velasco Fuentes

  116. Leidy Villalobos

  117. Margarita Villalobos

  118. Valeria Villalobos Ramírez

  119. Heidy Villalobos-Barrantes

  120. Esperanza Zúñiga

  121. Enriqueta Zúñiga

  122. Lizeth Ramírez Camacho

  123. Adrián Monge Aguiluz

  124. Isabel Monge Aguiluz

  125. Nikole Jirón Beirute

  126. Marcela Martino Aguilar

Cuando la intolerancia ensucia las paredes, pero no silencia las voces

MUSADE: 40 años de resistencia, autonomía y defensa de los derechos humanos

Por Enid Cruz Ramírez

El pasado 26 de agosto de 2026, personas vecinas que transitaban frente a la sede de MUSADE, en San Ramón, nos informaron que una de las paredes exteriores había sido ensuciada con lo que se identificó como excremento humano.

Este hecho, además de provocar indignación, nos invita a reflexionar sobre el contexto que vive Costa Rica, marcado por preocupantes señales de retroceso en los derechos humanos, particularmente de las mujeres y las personas sexualmente diversas, así como por la creciente normalización de discursos de odio y expresiones de intolerancia.

Desconocemos quién realizó este acto y cuáles fueron sus motivaciones. Sin embargo, consideramos importante documentarlo, porque nuestra historia nos ha enseñado que las manifestaciones de hostilidad hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos no deben pasar inadvertidas.

Una historia de resistencia y autonomía

Durante sus 40 años, MUSADE ha enfrentado situaciones que han puesto a prueba su independencia y continuidad.

En 1998, después de funcionar durante varios años en instalaciones prestadas por otra organización, enfrentamos situaciones de hostigamiento e intentos de control, en un contexto de relaciones de poder y liderazgos político-partidarios. Nuestra decisión de mantener la autonomía institucional tuvo consecuencias: se cambiaron los llavines del espacio donde se reunía el grupo de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia y se produjeron situaciones de persecución y acoso contra compañeras que colaboraban con la organización, incluida su coordinadora. Finalmente, tuvimos que abandonar aquellas instalaciones.

En mayo de ese mismo año encontramos un nuevo espacio, facilitado por el gobierno municipal de San Ramón. Sin embargo, en 2004 enfrentamos otra situación crítica. Después de recibir una solicitud de apoyo de una mujer cuya situación involucraba a un alto funcionario municipal, comenzaron presiones administrativas que culminaron con una notificación de desalojo, acciones que interpretamos como una represalia por ejercer nuestra labor de defensa de los derechos de las mujeres.

Intentamos detener aquella decisión, argumentando que la Municipalidad no contaba con una Oficina de la Mujer y que MUSADE había asumido durante años importantes funciones de atención y acompañamiento a las mujeres del cantón. A pesar de nuestras gestiones y del apoyo comunitario, la decisión se mantuvo.

Fueron momentos de profunda incertidumbre. Buscamos otros locales prestados y llegamos incluso a considerar la disolución de la organización.

Pero en medio de aquella crisis tomamos una de las decisiones más trascendentales de nuestra historia: no desaparecer.

Decidimos adquirir una propiedad mediante un préstamo, estableciendo así nuestra propia sede, el edificio que nos ha albergado hasta hoy. Aquella decisión significó mucho más que comprar una casa: fue una afirmación de nuestra autonomía y del derecho a existir sin subordinarnos a intereses políticos o institucionales.

La memoria también es resistencia

Hoy, en el marco de nuestro 40 aniversario, este nuevo acontecimiento nos recuerda la importancia de documentar las manifestaciones de hostilidad. No afirmamos que exista relación entre los hechos del pasado y el incidente reciente, pero nuestra trayectoria nos ha enseñado que la violencia también puede expresarse mediante intimidaciones, humillaciones y presiones destinadas a debilitar el trabajo de las organizaciones sociales.

Durante cuatro décadas, MUSADE ha mantenido abiertas sus puertas para acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia, defender los derechos humanos y construir comunidades más justas y solidarias.

Hoy, mientras impulsamos la construcción de una nueva Casa de MUSADE para responder a los desafíos del siglo XXI, recordamos que nuestra primera casa propia también nació de una decisión de resistencia y esperanza.

No sabemos quién ensució nuestra pared, pero sí sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos caminar.

Las paredes se limpian. Las casas se reconstruyen. Pero la dignidad, la memoria y las convicciones no se negocian.

Seguiremos documentando, denunciando y construyendo memoria, porque el silencio nunca ha sido nuestro camino.

MUSADE – Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo

Desde la comunidad construyendo justicia e igualdad.

San Ramón, Costa Rica, octubre de 2026.

Defensoría investiga brecha salarial de género en profesionales de enfermería del sector público

  • Instituciones carecen de una metodología oficializada y unificada para medir desigualdades salariales por razón de género en el empleo público costarricense.

La Defensoría de los Habitantes dio a conocer los resultados preliminares de una investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual alertó una brecha salarial que afecta a profesiones históricamente feminizadas dentro de la nueva escala de salario global transitorio, establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Según la denuncia, la Directriz N° 001-2023-MIDEPLAN fijó salarios globales transitorios significativamente inferiores para enfermería en comparación con otras profesiones de Ciencias de la Salud:

Enfermería 1: ₡997.355, odontología 1: ₡1.394.249, medicina asistente general y veterinaria 1: ₡1.459.068, auxiliar de enfermería: ₡407.805, lo que motivó la denuncia por presunta discriminación salarial de género, en contravención de la Ley para la Protección de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres y de convenios internacionales en materia de igualdad.

En el marco de la investigación, la Defensoría de los Habitantes solicitó informes a MIDEPLAN, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Entre los principales hallazgos, la Defensoría constató que:

-Costa Rica no cuenta con una metodología oficial y unificada para medir la brecha salarial de género en el sector público.

-El INAMU no fue convocado por MIDEPLAN para emitir criterio técnico especializado en discriminación salarial de género durante el diseño de la escala salarial global.

-La rectoría en materia de empleo público se trasladó del MTSS a MIDEPLAN mediante la Ley Marco de Empleo Público (N° 10159), lo que redujo el peso de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

-Persiste una diferencia salarial significativa entre enfermería y otras profesiones afines, incluso después de la publicación de las escalas salariales globales definitivas, siendo más severa la situación del personal auxiliar de enfermería.

-MIDEPLAN y la DGSC defendieron su metodología de valoración por puntos, señalando que se basa en criterios objetivos —responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos del puesto— y no en el género de quien ocupa el cargo, citando como referencia técnica la guía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre evaluación no sexista de empleos.

«La ausencia de una metodología país para medir brechas salariales de género, sumada a la falta de participación técnica del INAMU en procesos que definen escalas salariales del sector público, constituye un vacío institucional que debe ser subsanado con urgencia para garantizar el derecho constitucional a la igualdad salarial», señaló la Defensoría de los Habitantes.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría recomendó a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y al director general de Servicio Civil a. i., realizar una revisión de los salarios globales correspondientes a las personas profesionales en enfermería, incorporando un enfoque de género y de derechos humanos, a la luz de la normativa nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos, así mismo, siguiendo cada uno de los pasos señalados en la guía de la OIT titulada “Promoción de la igualdad salarial por medio de la evaluación no sexista de los empleos: guía detallada”.

Además, que se garantice la participación y asesoría técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en su condición de ente rector en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, así como de cualquier otra persona u organización experta en materia de igualdad y brechas salariales de género.

En el caso de determinarse la existencia de brechas salariales injustificadas en los salarios globales establecidos, emitir una nueva escala salarial para los puestos de enfermería, con el fin de garantizar una remuneración equitativa por trabajo de igual valor, evitando que el nuevo régimen salarial reproduzca desigualdades históricas en comparación con otros puestos de la familia de Ciencias de la Salud.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Acoso sexual en la política: una herida que no cicatriza

Instituto Sindical de Formación Democrática

La noticia que circula en redes sociales y medios señala que el diputado Fernando Obaldía, electo por la provincia de Alajuela, ha sido acusado por su secretaria de acoso y abuso sexual. El origen de la información proviene de medios digitales y testimonios difundidos en plataformas sociales, y su evolución ha mostrado un proceso de denuncia pública que aún está en curso, con la expectativa de que las autoridades competentes investiguen y determinen responsabilidades.

Lo lamentable es que no es la primera vez que un representante popular enfrenta acusaciones de esta naturaleza. La política costarricense ya ha visto casos similares, y cada nuevo episodio erosiona la confianza ciudadana y deja en evidencia liderazgos como el de Fabricio Alvarado, que se presentan como guardianes de valores religiosos y familiares, pero que terminan expuestos ante la contradicción entre discurso y práctica.

La pregunta que debemos hacernos es si se trata de un caso aislado o de un patrón que se generaliza en el comportamiento de los llamados “Padres de la Patria”. Porque detrás de cada denuncia hay una trabajadora, una mujer que enfrenta la disparidad de poder, el miedo a las represalias y la dificultad de probar lo ocurrido en un entorno institucional que muchas veces protege al agresor.

La sociedad también debe mirarse en este espejo: ¿valoramos realmente la gravedad de estos delitos, o hemos banalizado la agresión sexual al punto de tolerarla en quienes elegimos como representantes? No olvidemos que todos ellos llegaron al poder con votos de alajuelenses, religiosos y hasta con aspiraciones presidenciales.

El Instituto Sindical de Formación Democrática reafirma que el acoso y el abuso sexual no son simples faltas morales, sino delitos que vulneran la dignidad humana y la igualdad en el trabajo. Reconocemos el valor de las mujeres que denuncian, porque su voz rompe el silencio y abre la posibilidad de transformar estructuras de impunidad.

La política debe ser un espacio de servicio y dignidad, no de violencia y sometimiento. Cada denuncia nos recuerda que la lucha por la justicia social también pasa por erradicar el acoso en todas sus formas.

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y Niñas Indígenas: resarcir una deuda histórica

Sisa Pacari Bacacela

“Hemos sido atacadas constantemente por ser mujeres, por ser indígenas y por ser rurales” (Dilia MargaritaCo-coy/Guatemala).  Siempre hemos demostrado fuerza, memoria y liderazgo. Hay mujeres que han liderado revoluciones, marchas, han impulsado el compromiso global de defensa de sus territorios y de la vida.

El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha se estableció en 1983 durante el II Encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanacu, Bolivia, en honor a Bartolina Sisa, una valiente lideresa aymara que luchó contra la opresión y esclavitud colonial, liderando un ejército de hombres y mujeres; por su lucha por la liberación fue asesinada el 5 de septiembre de 1782. 

Posteriormente la ONU la oficializó.  Reconocer el 5 de septiembre día de la mujer indígena es un acto de justicia histórica para visibilizar el papel fundamental de las mujeres de los pueblos originarios. Es reconocer sus luchas por décadas y siglos de organización, incidencia y trabajo colectivo en la búsqueda de liberación, en la defensa de la cultura, del territorio y la construcción de la identidad nacional.  Resarcir una deuda histórica implicaría reconocer como crimen del Estado, el cese de violencias, racismo y discriminación, la comprensión y aceptación de otras formas de vida y la aplicación de políticas públicas.

El asesinato de Bartolina Sisa fue un crimen del poder colonial. Estos crímenes hasta hoy no han sido resarcidos por ningún estado de los Andes. Fueron crímenes contra pueblos nativos para imponer un sistema de dominio y saqueo de tierras, territorios y las riquezas. Ese sistema colonial y crímenes, hoy en día han retornado con más fuerza con los gobiernos de ultraderecha instalados en el Abya Yala. Recordemos la masacre del 2025 a los pueblos de Otavalo y Saraguro.

Estos estados para mantenerse en el poder tienen que destruir las redes comunitarias para continuar fomentando una sociedad racista, más individualista, la cual no ofrece condiciones de vida digna a las personas, sino que favorece las desigualdades estructurales de la sociedad y la riqueza de grandes poderes. Los grandes capitales utilizan la estrategia de destruir los cuerpos de las mujeres quebrando así el tejido social, en el cual la mujer tiene un papel fundamental (Rita Segato, 2016).

Las mujeres son depositarias de conocimientos, defensoras de la vida, son cuidadoras y guardianas de la Madre Tierra, de las semillas, de las tierras, territorios, el Agua, la salud y la alimentación y la biodiversidad mundial. En reconocimiento de estas acciones, La Asamblea General de la ONU mediante Resolución A/RES/80/10 el 26 de noviembre de 2025 decidió que el 5 de septiembre de cada año se conmemore el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas del mundo.

Esta resolución permite visibilizar el liderazgo, las contribuciones y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas indígenas. Por cuanto las mujeres y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades están en primera línea cuidando la vida, la biodiversidad y los territorios; desempeñan un rol importante en la transmisión de los conocimientos, las lenguas y la medicina de generación en generación; luchan por una vida digna.

No obstante, en la actualidad nos enfrentamos a profundas desigualdades, pobreza e injusticia. Afectadas por las arraigadas desigualdades estructurales coloniales que han ocasionado la pobreza, el analfabetismo, el acceso precario y limitado a las tierras y territorios, la falta de acceso a la justicia, son víctimas de la trata y otras formas de violencia. Reconocer el aporte de las mujeres indígenas y apoyarlas es fundamental para la construcción de un mundo sostenible, inclusivo de toda la humanidad en armonía con el planeta. Y eso implica que los estados coloniales delineen políticas públicas y presupuesto para el ejercicio y fortalecimiento de sus derechos, porque el racismo, la discriminación, la pobreza y el saqueo siguen vigentes.

Por eso, este día es para alzar nuestras voces. No nos rendimos. El proceso es duro, pero cada paso que damos está cambiando la historia. A pesar de la hostilidad, la violencia y persecuciones estamos presentes. Necesitamos unidad para seguir trabajando y resistiendo en los espacios que nos toca. No es fácil, sin embargo, no perdemos de vista una vida digna.

Para continuar viviendo es importante reforzar y reconstruir el tejido social comunitario que ha sido desintegrado por la intervención colonial. Un tejido comunitario fuerte que fomente una economía recíproca y solidaria para combatir la destrucción de la vida.

Las mujeres indígenas estamos promoviendo cambios en la sociedad, con la defensa de la Madre Tierra, la defensa del Agua y de los páramos para la continuidad de las futuras generaciones, demostrando que es posible vivir en armonía y respetando a la Naturaleza. Hemos existido, existimos y seguirán existiendo mujeres aportando a la creación y apostando a la vida, la paz y la dignidad porque el conocimiento y la memoria es colectivo y trasciende solo si se enseña y se comparte.

Compartido con SURCOS por la autora.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Organizaciones de mujeres rinden homenaje a Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) convocaron a un reconocimiento a Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por sus aportes para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres costarricenses. La actividad se realizó este jueves 3 de septiembre en el Paraninfo de la UNED, Sede Central.

Según el texto de convocatoria compartido por las organizaciones, Eugenia Zamora no es solo la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que ha sido también una abanderada de los derechos humanos y electorales de toda la ciudadanía. Desde su ingreso como magistrada del TSE en 2005, ha codirigido diez procesos electorales, municipales y de referéndum. Fue además redactora de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), y desde entonces destaca por su labor teórica y sus aportes en la promoción, ampliación y defensa de los derechos políticos de las mujeres y la justicia electoral con enfoque de género.

En la convocatoria se expresó:
«Con este homenaje, las organizaciones de mujeres deseamos reconocer la trayectoria de una vida ligada a los derechos humanos y derechos electorales de toda la ciudadanía y su claro compromiso con nuestros derechos específicos».

Feministas en Resistencia pide a la Defensoría investigar el recorte de ¢40.000 millones a CEN-CINAI por su impacto en niñez, mujeres y familias

La colectiva Feministas en Resistencia presentó ante la Defensoría de los Habitantes de la República una solicitud formal de intervención y seguimiento ante la reducción presupuestaria aplicada a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) durante el ejercicio presupuestario 2026.

Según indica el documento, dirigido a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, la preocupación de la colectiva surge a partir de la aprobación del primer presupuesto extraordinario de la República correspondiente a 2026, mediante el cual se aplicó una reducción de ₡40.000 millones al presupuesto destinado a CEN-CINAI. La organización solicita que esta decisión sea analizada desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que permita determinar si la reducción puede afectar la continuidad, cobertura, calidad y accesibilidad de los servicios dirigidos a la primera infancia y a las familias que dependen de ellos.

Los CEN-CINAI como política de protección social

La carta señala que los CEN-CINAI constituyen una política pública fundamental para la protección integral de la primera infancia y la prevención de las desigualdades sociales, cuyos servicios no se limitan a la entrega de alimentos, sino que incluyen nutrición preventiva, atención y protección infantil, promoción del desarrollo integral, educación, acompañamiento a las familias y atención a mujeres embarazadas, madres adolescentes y mujeres en período de lactancia. Según el documento, la red cuenta con 647 establecimientos en el territorio nacional y brinda servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas, además de atender a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El impacto diferenciado sobre las mujeres

La colectiva sostiene que es indispensable incorporar la perspectiva de género al análisis de las decisiones presupuestarias relacionadas con los servicios de cuidado y atención de la primera infancia, señalando que, en Costa Rica, las responsabilidades de cuidado continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen de forma particularmente significativa sobre las mujeres. Advierte que cuando los servicios públicos de cuidado se reducen, existe el riesgo de que dichas responsabilidades sean trasladadas nuevamente a los hogares y, dentro de estos, principalmente a las mujeres.

Derechos de la niñez y principio del interés superior

El documento invoca el artículo 51 de la Constitución Política, que establece la obligación de brindar protección especial a la familia y particularmente a la madre y la persona menor de edad; el artículo 55, sobre la protección especial a cargo del Patronato Nacional de la Infancia; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley N.° 7184; y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.° 7739), que desarrolla el principio del interés superior de la persona menor de edad.

Impacto en mujeres jefas de hogar

La colectiva señala especial atención al impacto que una eventual reducción en la cobertura de los servicios de CEN-CINAI puede generar sobre las mujeres jefas de hogar, para quienes el acceso a estos servicios puede determinar sus posibilidades de trabajar, estudiar, buscar empleo o desarrollar actividades productivas.

Solicitud de intervención

La colectiva formula diez peticiones concretas a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas: abrir una investigación o expediente de seguimiento sobre los efectos de la reducción presupuestaria; solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Nacional de CEN-CINAI información detallada sobre el impacto de dicha reducción; determinar si se realizaron evaluaciones de impacto sobre los derechos de las personas menores de edad; valorar el impacto diferenciado sobre las mujeres; solicitar información sobre la situación específica de los CEN-CINAI en comunidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social; determinar si la decisión presupuestaria contó con mecanismos de planificación y mitigación de impactos; formular recomendaciones a las instituciones responsables en caso de identificarse afectaciones a derechos fundamentales; valorar recomendar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de CEN-CINAI; incorporar expresamente la perspectiva de género en el análisis; y ser informada sobre las actuaciones y recomendaciones que se adopten a partir de la gestión.

Petitoria final

La colectiva concluye que el presupuesto público expresa prioridades sociales, y que defender los CEN-CINAI significa defender el derecho de las niñas y los niños a recibir atención integral, el derecho de las familias a contar con servicios públicos de apoyo, y el derecho de las mujeres a no cargar individualmente con responsabilidades de cuidado que deben ser asumidas corresponsablemente por la sociedad y el Estado. Por ello, solicita a la Defensoría de los Habitantes que dé seguimiento a esta situación desde una perspectiva integral de derechos humanos, género, niñez, igualdad y corresponsabilidad social del cuidado.

Firmantes — Feministas en Resistencia

  1. Rocío Abarca Sánchez
  2. Yolanda Bertozzi Hernández
  3. Sylvia Ester Muñoz Mata
  4. Larissa Arroyo Navarrete
  5. Nora Gómez Mora
  6. Felicia Torres
  7. Rocío Abarca Sánchez
  8. Johanna Obando Bonilla
  9. Nia Salas Gómez
  10. Rosa H. Anca H.
  11. Vivian Solís Espinoza
  12. Ana Leonor Ramírez Montes
  13. Lorena Villalobos Varela
  14. María Amalia Matamoros Landazuri
  15. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

Con copia a: Ministerio de Salud, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Hacienda, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres y Asamblea Legislativa de la República.

Puede descargar la carta completa aquí: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-02-Solicitud-de-intervencion-sobre-el-presupuesto-de-CEN-CINAI.pdf