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Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

Suscriben:

  1. Adilia Solis

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  43. José Solano Solano

  44. José Solano-Saborío

  45. Jota Vargas Alvarado

  46. Keyra Martínez Meneses

  47. Laura Gómez Vasquez

  48. Laura Rodríguez Rodríguez

  49. Laura Ureña Naranjo

  50. Lauren Josefa Agüero Umaña

  51. Lidiette Cruz Sibaja

  52. Lidiette Sequeira

  53. Lorena Camacho

  54. Lorena Villalobos Varela

  55. Lucia Sansonetti

  56. Luis Alberto Incer Arias

  57. Luis Ángel Céspedes Rodríguez

  58. Lynn Jacob Segev

  59. Macarena Barahona Riera

  60. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

  61. Marcela Zamora Cruz

  62. Marco Antonio Hidalgo Molina

  63. Marco Vinicio Fournier Facio

  64. Margarita Salas Guzmán

  65. María Bolaños Aguilar

  66. María del Carmen Cruz

  67. María José Gavilan Echeverria

  68. Mariana Ramírez Sandí

  69. Marta Arroyo Bonilla

  70. Marta Jiron Manzanares

  71. Marta Solano Arias

  72. Maureen Esquivel Camacho

  73. Melissa Cruz Cordero

  74. Meylin Vargas Varela

  75. Milagro Leitón Vega

  76. Miranda Lynette Budny Sequeira

  77. Nadya Blanco Guzmán

  78. Natalia Solís Rojas

  79. Nia Salas

  80. Noemy Serrano Corrales

  81. Nuby Ordóñez Ugalde

  82. Oscar Valverde Cerros

  83. Pamela Bojorge Ortega

  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Desigualdades afectan más a las mujeres en su etapa adulta mayor

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Llegar a la tercera edad está lejos de ser un escenario de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, la vida de ellas queda marcada por brechas significativas que las exponen a la pobreza, la marginación, el poco acceso a servicios y hasta a una pensión digna.

La investigación Personas mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos analizó la situación de la población de 65 años del país en diversas áreas. Se llevó a cabo en el marco del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

La correlación de factores tomó como base la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2024, sobre características sociodemográficas de la población costarricense.

Con respecto a la conformación de los hogares, se determinó que aquellos unipersonales (quienes viven solos), son habitados en su mayoría por mujeres, con un 67.3%, que duplica el porcentaje de hombres (32.7%).

Aunque se ha documentado que la expectativa de las mujeres es más alta que la de los hombres (83,5 años versus 78,6 años), la investigación detalla que “una vida más prolongada no implica que lo hagan en mejores condiciones, sino que muchas veces se enfrentan a situaciones de viudez, desamparo, soledad no deseada y abandono”.

Ser jefe o jefa de hogar es un rol que en el caso de adultos mayores lo ejercen en su mayoría hombres (29.1%) con respecto a las mujeres (18.6%). Esto se debe a que, tradicionalmente, a ellos se les vincula con las actividades productivas, el trabajo remunerado y la toma de decisiones, mientras que a ellas se les delega más en función del espacio privado del hogar, las labores domésticas y los cuidados.

En concordancia con lo anterior, el informe destaca que la labor de cuido, ya sea de niños, otras personas adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, la realizan, en su mayoría, las mujeres (61%) con respecto a los hombres (38.9%).

Para Rebeca Espinoza, académica y coautora de la investigación, los datos reflejan el vínculo existente entre la sociedad del cuidado y la discriminación de género, en la etapa adulta mayor. Por ello, considera fundamental que la “socialización de género” empiece desde etapas tempranas de la educación. “A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”.

Otros factores

La condición de viudez en personas mayores de 65 años, la viven en su mayoría la población femenina, con un 80.65%.

De la interpretación de este aspecto, también se esconden manifestaciones de desigualdad, que van más allá de la expectativa de vida por género. “La mayor viudez se relaciona en las mujeres con patrones que fomentan el matrimonio con hombres de mayor edad”.

En el ámbito económico existe un elemento a resaltar: los adultos mayores en condiciones de pobreza se incrementaron de 109.746 personas, en el 2015, a 189.373, en el 2022. Es decir, pasaron de un 24.1% a un 26.9% del total de la población mayor.

Al desmenuzar los datos, se confirma que son las mujeres quienes más sufren de pobreza. Por ejemplo, en números absolutos, en la clasificación de “pobreza no extrema”, esta afecta a 64.745 hombres frente a 76.104 mujeres, mientras que en la categoría de “pobreza extrema”, es la población femenina la que lidera con 14.119 casos frente a 11.901 casos entre la población masculina.

De nuevo, este indicador socioeconómico se relaciona con factores como la discriminación, la violencia y la exclusión de trabajos no remunerados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados para que los países reduzcan los niveles de pobreza en la población adulta mayor bajo una perspectiva de género, como una prioridad de política pública.

Lo anterior está vinculado con el hecho de que un 75% de las personas adultas mayores dependientes de una institución del Estado para mantener un hogar, son mujeres. Incluso, más de la mitad de ellas (57.7%) proviene de hogares unipersonales.

La fragilidad socioeconómica sobresale también en aspectos como el acceso a una pensión. Mientras que un 14.3% de los hombres carecen de esa fuente de ingreso, el porcentaje aumenta a un 17.8% en las mujeres.

En cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación, los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de adultos mayores no disfrutan de los avances de la era digital. Del total de la población, por ejemplo, solo un 3.8% utilizó tabletas en los últimos tres meses.

De ese porcentaje que sí tuvo acceso, son las mujeres las que menos oportunidades recibieron. En el uso de Internet, ellas no lo utilizaron en el 57% de los casos, dato que se incrementa a un 59.6% si se trata de la telefonía celular.

¿Estas desigualdades responden a estructuras heredadas desde años anteriores o se radicalizan en esta etapa de sus vidas? Para Rebeca Espinoza, las investigaciones alrededor de la “feminización de la vejez” sugieren que las discriminaciones por género se van acumulando con el paso del tiempo.

A pesar de ello, la perspectiva de incremento de la población adulta mayor a mediano plazo, incorpora un elemento de presión adicional a este fenómeno. Al respecto Fernando Méndez, coautor del estudio, indicó que “se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”.

Además del género, los autores también valoraron aspectos como la etnicidad, las orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad y de salud, territorialidades, entre otros. Espinoza complementó al respecto, al afirmar que “si bien tenemos una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y una Política Nacional de Cuidados, hay una carencia de un enfoque de género diferenciado que permita cubrir necesidades específicas”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

«Calladita No es más bonita»… podcast de la Defensoría

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El hostigamiento sexual en el empleo

La Defensoría de los Habitantes lanzó un nuevo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, el cual se crea desde la convicción que el silencio no puede seguir siendo cómplice de la violencia contra la mujer.

En esta nueva edición se aborda la temática del hostigamiento sexual en el empleo y entornos seguros, con la participación de las expertas Lilliana Castro López e Ivania Solano Jiménez, funcionarias de la Dirección de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual en enero, lo que equivale a un reporte cada 24 horas, lo que enciende las alertas a nivel institucional para acelerar las acciones en materia de prevención y atención de esta manifestación de violencia, donde la mayoría de las denunciantes son mujeres.

El nuevo capítulo está disponible en:

Youtube: https://youtu.be/HeSBBhJY7xs

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3peXEm4wZa1DOog8DkB4bd?si=Gao8dQ-yTpGeG7g0qB41MQ

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

El Podcast contará con la participación de mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas de femicidio, así como mujeres expertas y técnicas en la materia, quienes aportarán no sólo sus conocimientos, sino también sus testimonios, experiencias y propuestas para la prevención y erradicación de este flagelo.

Retroceso en la representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica

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En los últimos 5 años cae estrepitosamente la representación mediática de las mujeres en las noticias en Costa Rica.

La representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica ha sufrido una caída significativa. Tras haber alcanzado un 32% en 2020, la presencia femenina en las noticias descendió a un 23% en 2025, confirmando una tendencia regresiva en su visibilización dentro de los medios de comunicación.

Así lo revela el más reciente informe del Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2025, que evidencia además importantes diferencias según el tipo de medio. La brecha es más profunda en la prensa escrita, donde las mujeres representan apenas el 19% de las personas mencionadas o consultadas. En radio alcanzan un 24.5%, en televisión un 31.7% y en plataformas digitales un 38.2%. Aunque internet muestra mayores niveles de inclusión, persisten sesgos en la forma en que se construyen las narrativas.

El análisis del día de monitoreo refleja que la agenda informativa nacional continúa concentrándose en tres grandes ejes: política y gestión pública, temas sociales y legales con énfasis en seguridad, y deportes. En estos ámbitos, la desigualdad de género está especialmente marcada.

En política, los hombres que figuran en las noticias duplican la presencia de las mujeres (70% frente a 30%). Además, el 50% de las mujeres mencionadas en noticias de gobierno aparecen sin que se consigne su ocupación, en contraste con solo un 9% de los hombres es esta situación. Esta diferencia no es menor: mientras a los hombres se les reconoce con cargos, profesiones o especialidades que legitiman su voz, las mujeres son presentadas sin credenciales, debilitando su autoridad como actoras en la esfera pública.

La brecha se amplía en otros temas. En economía, los hombres triplican la presencia femenina (76% frente a 24%), y en deportes la desigualdad es extrema: los hombres aparecen 32 veces más que las mujeres (97% frente a 3%).

En televisión, los noticieros de horario estelar mantienen un fuerte énfasis en sucesos policiales. En este tipo de coberturas, las mujeres aparecen mayoritariamente como víctimas o en relación con otras personas, rara vez como portavoces o analistas. Por su parte, la prensa escrita continúa mostrando titulares centrados en figuras masculinas, baja presencia de mujeres expertas y una tendencia al sensacionalismo, especialmente en medios populares.

Esta jerarquización temática no es neutral. Al priorizar política, economía y deportes, los medios relegan otros temas clave como cultura, ambiente, gestión del agua, comunidad y violencia de género, posicionándolos como secundarios. Esto limita la pluralidad informativa y deja fuera del debate público a múltiples actores y problemáticas, invisibilizando desigualdades estructurales, particularmente las de género.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia del enfoque de derechos humanos en la cobertura mediática. Según el informe, este enfoque está ausente en 9 de cada 10 noticias. En el caso de la violencia de género, las coberturas tienden a presentar los hechos de manera aislada, sin conexión entre sí, evitando el análisis estructural y reforzando la imagen de las mujeres como víctimas o personas dependientes.

Esta forma de narrar limita la comprensión del problema y desaprovecha oportunidades clave para informar desde una perspectiva que contribuya a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la transformación social.

Ante este panorama, el informe plantea la urgencia de fortalecer políticas editoriales con enfoque de género, impulsar procesos de alfabetización mediática, promover alianzas interinstitucionales para el seguimiento de estas brechas y garantizar un respaldo estatal que asegure la seguridad, libertad y reconocimiento de las mujeres en el espacio público.

“En tiempos marcados por la violencia, la incertidumbre y el dolor social, ejercer el periodismo con conciencia y compromiso es también un acto de resistencia y de esperanza. Comunicar puede ser una forma de cuidado, de reparación y de transformación colectiva”. Afirmó Sharo Rosales Investigadora del Observatorio de medios de comunicación y género (GEMA)

El informe completo del GMMP Costa Rica 2025 está disponible para consulta pública en:
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2026/04/GMMP2025-InformeNacional-Costa-Rica.pdf

Nota: El Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación más amplia a nivel mundial sobre género y medios de comunicación, realizada cada cinco años en más de 100 países.

Costa Rica participa desde 2010, dando seguimiento a la evolución (hoy en retroceso) de la representación de las mujeres en las noticias.

IEM-UNA: Impunidad y omisión institucional también representan violencia contra las mujeres

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Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en el caso de la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado

UNA Comunica. OC-116-2026. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda indignación y preocupación ante los hechos recientes relacionados con el caso de denuncia por hostigamiento sexual presentado por la exdiputada Marulin Azofeifa, particularmente, la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética correspondiente, producto de ausencias deliberadas que impidieron el cuórum requerido.

Este hecho no constituye un simple trámite no realizado. Por el contrario, representa una omisión institucional gravísima que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.

Tal como señalamos en nuestro pronunciamiento anterior, la violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder.

El hecho de que no se haya tomado una decisión, independientemente de su resultado, ya causó un daño institucional y social profundo. El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente.

Este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.

Asimismo, resulta necesario advertir que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados: la puesta en duda del relato de la denunciante, la politización de la denuncia y el desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante, generando procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.

El argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia.

El Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.

La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual.

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.

Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres.

El IEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a cumplir la normativa vigente y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que ninguna denuncia de violencia sexual quede sin respuesta.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría resuelve caso a favor de mujer a partir del derecho al cuidado

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Defensoría de los Habitantes aplicó los estándares contenidos en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho al cuidado, luego de conocer el caso de una mujer quien fue excluida, de manera automática de un beneficio social, a pesar que acreditó verse obligada a ausentarse de un proceso de formación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por situaciones médicas propias y de su hija menor de edad.

Para la Defensoría, ese rechazo del beneficio sin considerar la condición de mujer cuidadora exclusiva, en contexto de pobreza y con una persona menor de edad enferma a su cargo, que depende de ella para su cuidado, evidencia una aplicación formalista del principio de igualdad que, lejos de garantizar derechos, reproduce una discriminación indirecta por omisión de trato diferenciado.

“La Corte IDH ha establecido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y fundamental para la sostenibilidad de la vida, por lo cual el IMAS debió haber realizado una valoración material, integral y contextualizada de dichas justificaciones; así como ponderar la existencia de una causa de fuerza mayor que permitiera una excepción razonable y proporcional a la regla de asistencia. La falta de dichas valoraciones evidencia una aplicación meramente formal de la normativa, carente de análisis del caso concreto y de consideración de los derechos involucrados”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

La Corte IDH ha señalado que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para una existencia digna, y que su tratamiento fragmentado o secundario dentro de las políticas públicas resulta incompatible con la protección efectiva de los derechos humanos. En consecuencia, los Estados están obligados a adoptar medidas administrativas y de política pública que eviten que las responsabilidades de cuido se traduzcan en sanciones, exclusiones o pérdida de derechos, particularmente para las mujeres.

Para la Defensoría la omisión de valoración del cuido como factor determinante en la conducta de la usuaria implica un desconocimiento directo del derecho a cuidar, así como del derecho a ser cuidado de la persona menor de edad, cuyo bienestar también se ve afectado por la suspensión del subsidio. Además, resulta incompatible con los principios de igualdad sustantiva, razonabilidad y proporcionalidad, así como con los estándares interamericanos vigentes.

Debe recordarse que los programas del IMAS no tienen naturaleza sancionatoria, sino protectora. Su finalidad es garantizar condiciones mínimas de subsistencia, autonomía y desarrollo a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, mediante políticas públicas orientadas a corregir desigualdades estructurales.

“En este caso, la exclusión automática del beneficio, sin acompañamiento institucional, sin valoración del contexto y sin medidas de mitigación, constituye una forma de violencia institucional por omisión, que revictimiza a la persona usuaria y profundiza su situación de vulnerabilidad, en lugar de garantizarle una protección efectiva. Por tal motivo hemos recomendado al IMAS valorar a la mayor brevedad posible, la restitución del beneficio económico a la usuaria”, agregó la Defensora.

Asimismo, se le indicó al IMAS la necesidad que incorpore de manera explícita el derecho al cuidado como criterio relevante en la toma de decisiones administrativas, en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-31/25, particularmente en los casos en que las personas usuarias asumen responsabilidades de cuido exclusivas o intensificadas, entre otras recomendaciones.

Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público

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Este es un momento de trascendencia en la historia de Costa Rica. El próximo 8 de mayo no representa, simplemente, un cambio de mando político, sino la culminación de años de resistencia, lucha y valentía de miles de mujeres que desafiaron un sistema diseñado para silenciarlas.

Hoy, el panorama político del país se transforma: por primera vez, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa estarán en manos de mujeres. Esto se suma a una conformación parlamentaria con el mayor número de diputadas en nuestra historia -31 diputadas y 26 diputados- y a instituciones clave lideradas por la visión femenina en la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, este hito no debe leerse como un trofeo individual ni como una meta alcanzada para el regocijo personal.

Ocupar estos puestos es un acto de justicia histórica, pero, sobre todo, es un compromiso ineludible.

A las mujeres que hoy asumen estas altísimas responsabilidades les recordamos: ustedes se apoyan sobre los hombros de muchas mujeres. Están ahí porque otras antes fueron perseguidas, ignoradas y subestimadas mientras exigían el derecho al voto y a la representación. Su presencia en el poder las obliga a honrar esa lucha. No es solo un tiempo de celebración; es un llamado al compromiso absoluto. Su gestión debe ser el reflejo de una política más humana, equitativa y valiente. Tienen en sus manos la oportunidad —y el deber— de legislar y gobernar para todas las personas que habitamos este país, tomando en consideración las particulares situaciones de las mujeres. Deben garantizar que las puertas que hoy se abren de par en par, jamás vuelvan a cerrarse para ninguna mujer en Costa Rica. El honor de ocupar el puesto sea equivalente al valor de su servicio al país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica
Por el honor, la responsabilidad y el compromiso público
Mayo del 2026.

La señal desvanecida: El borrado histórico de las voces de las mujeres en los medios

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La disminución de la presencia de mujeres en las noticias de Costa Rica será el eje de la actividad “La señal desvanecida: El borrado histórico de las voces de las Mujeres en los medios de Costa Rica”, organizada para presentar los resultados del Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2025 Costa Rica. El encuentro busca abrir una conversación pública sobre las brechas persistentes en representación mediática y las acciones necesarias para revertirlas.

Según los datos compartidos por la organización, la presencia de mujeres en las noticias del país cayó de 32% a 23% en apenas cinco años, una tendencia que las entidades convocantes consideran preocupante y que no debe normalizarse.

La actividad es impulsada por el Observatorio de Género y Medios Centroamericano (GEMA), junto con diversas organizaciones aliadas, y pondrá sobre la mesa los hallazgos del monitoreo internacional sobre representación de género en medios informativos.

Espacio para debatir el papel de los medios

La presentación de resultados pretende generar reflexión sobre cómo se construyen las agendas mediáticas, quiénes aparecen como fuentes informativas, qué voces son invisibilizadas y de qué manera estas dinámicas afectan la democracia comunicativa y la igualdad de género.

También se espera discutir propuestas para fortalecer una comunicación más inclusiva y equitativa en radio, prensa, televisión y plataformas digitales.

Fecha, lugar y participación virtual

  • Fecha: Martes 28 de abril de 2026
  • Hora: 10:30 a.m.
  • Lugar: Auditorio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Sabana Este, 100 metros al sur de la Soda Tapia.

Inscripción

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse en el siguiente formulario:

https://forms.gle/1Dkz8efrRfo8ndtn7

Transmisión en vivo

También habrá transmisión por redes sociales de:

  • COLPER
  • ONDA UNED
  • Voces Nuestras
  • GEMA

Organizaciones participantes

En la convocatoria aparecen como entidades vinculadas:

  • GEMA
  • Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica
  • RosArce
  • Voces Nuestras
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • GMMP+30
  • WACC

Carta de apoyo a la Jueza de Ejecución de la Pena – para firmar

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20 abril, 2025

Kattia Carballo Chacón

Jueza de Ejecución de la pena

Primer Circuito Judicial Alajuela

Estimada señora Jueza:

Reciba este mensaje como un abrazo colectivo, firme y solidario, de mujeres y organizaciones que reconocemos la gravedad de lo ocurrido y el momento que atraviesa el país.

La agresión que sufrió no puede entenderse como un hecho aislado. Ocurre en un contexto de creciente violencia, de polarización política y de discursos que han ido debilitando el respeto hacia quienes ejercen funciones públicas, especialmente cuando se trata de decisiones que incomodan o que defienden derechos fundamentales.

Sabemos que su labor no es sencilla. Implica sostener criterios jurídicos en medio de presiones, incomprensión y, cada vez más, exposición pública. Cumplir con el deber en esas condiciones requiere no solo conocimiento, sino también una enorme fortaleza personal.

Por eso hoy queremos expresarle respaldo, reconocimiento y sororidad. Ninguna mujer debería enfrentar agresiones por ejercer su trabajo. Ninguna funcionaria judicial debería ser convertida en blanco de ataques por cumplir con la ley.

Nos preocupa profundamente que las denuncias previas de hostigamiento no hayan sido atendidas con la urgencia necesaria. Nos preocupa el clima que permite que la violencia escale. Y nos preocupa, sobre todo, que se normalice.

Este no es solo un asunto individual. Es un llamado a la sociedad.

A no guardar silencio frente a la violencia.

A no justificar el odio cuando se disfraza de opinión.

A defender la institucionalidad, incluso cuando no compartimos todas sus decisiones.

La independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia. Es una garantía para toda la ciudadanía.

Hoy más que nunca se requiere una reacción colectiva, clara y firme. No solo para acompañar a quien ha sido agredida, sino para evitar que estos hechos se repitan.

Cuenta con nuestra solidaridad.

Firmado,

Colectivas feministas, organizaciones de mujeres y personas que no aceptan la violencia como forma de convivencia.

Le invitamos a unir tu firma: https://forms.gle/WBRJnqqiTJK2k7S66

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

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Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.