Ir al contenido principal

Reiteramos nuestras razones para oponernos a la jornada laboral 4/3

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Ante la aprobación por la vía rápida del Proyecto de Ley Número 24.290 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3), el Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesa nuevamente a la ciudadanía su rotunda oposición porque consideramos que representa un retroceso grave en los derechos laborales y en la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La sólida democracia costarricense se ha construido sobre el respeto a los derechos de las personas y el bienestar colectivo; este proyecto va en dirección contraria a esos principios.

Quienes defienden el proyecto, a pesar del rechazo de múltiples organizaciones y de una inmensa mayoría de la ciudadanía, lo hacen exclusivamente en nombre de la productividad y los requerimientos del desarrollo empresarial. Pero desconocen que los derechos laborales están tutelados por la Constitución Política de 1949, la cual garantizó avances importantes en el desarrollo económico y social costarricense y por lo tanto en su estabilidad política.

Defender esta ley en nombre de la productividad empresarial, niega las discusiones dadas en países europeos donde se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR.

Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.

Varias son las razones que nos hacen oponernos a esta ley:

1.⁠ ⁠Impacto en la salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”. Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad. El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.

2.⁠ ⁠Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.

3.⁠ ⁠Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: La pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc. Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.

4.⁠ ⁠El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.

5.⁠ ⁠Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: Pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las empresas y las organizaciones sociales y religiosas a oponerse a la aprobación de esta ley, ya que los cambios al proyecto original fueron cosméticos y no han subsanado los impactos negativos ya señalados. Tal como fue aprobado por la vía rápida, riñe con las garantías laborales tuteladas por nuestra Constitución Política. Este proyecto no resuelve el problema de la creación de nuevas fuentes de empleo ni tampoco el aumento de la productividad. Por el contrario, recarga en el Estado la factura en salud, transporte y cuido, consecuencia de una ley que no tiene ni a las personas trabajadoras ni al bien común como objetivo.

San José, 28 de junio de 2025

Nora Garita Bonilla – 13820064

Sandra Cartín Herrera – 203430634

Yamileth González García – 202460555

Elizabeth Fonseca Corrales – 400970783

Yolanda Rojas Rodríguez – 900120762

Alicia E. Vargas Porras – 103620899

Eugenia Solís Umaña – 104420132

Virginia Ramírez Cascante – 105430030

Vera Sancho Mora – 104111454

Josefina Pujol Mesalles – 900690096

Arabella Salaverry Pardo – 900290602

Margarita Bolaños Arquín – 104070764

Ligia Martín Salazar – 104090849

María Pérez Iglesias – 103690624

Rita Meoño Molina – 1-0673-0389

Helvetia Cárdenas Leitón – 203790551

Sara Salazar Badilla – 104590574

Carmen Camacho Rodríguez – 4-0110-0275

Rosa Alvarado A. – 104031030

Melania Monge Rodríguez – 105370482

Luz María Chacón León – 203360097

Karla Salguero Moya – 107480133

Isabel Avendaño Flores – 106020245

Ana María Botey Sobrado – 104730692

María Antonieta Camacho Soto – 400980744

Ana Lupita Chaves Salas – 104550585

Yadira Matarrita Brenes – 302270778

Rubieth Jaén Angulo – 501480959

Dulce Umanzor Alvarado – 600990608

Melania Agüero Echeverría – 302380297

Ibelís Velasco Fuentes – 2275139

Ana Lucía Gutiérrez Espeleta – 105610866

Maritza Rodríguez Soto – 105080437

Izadora Scorza Agüero – 109530966

Yolanda Bertozzi – 103990589

Natalia Solano Meza – 110830736

Erika Henchoz Castro – 105700927

Ligia Mayela Arce Quesada – 105220971

Yanina Soto Vargas – 104770775

Sonia Hernández Sánchez – 600990330

Isabel Ducca Durán – 105640060

Ana Helena Chacón Echeverría – 105670359

Norah Catania Pérez – 107110937

Saray Córdoba González – 104380311

Emilia Macaya T. – 103790971

Eugenia Chaverri Fonseca – 103160272

Maritza Marín Herrera – 107590200

Valeria Sancho Quirós – 114230749

Ana Lorena González Valverde – 105130159

Claudia Catania Pérez – 108060638

Teodora Tsijli – 800350318

Marinela Córdoba Zamora – 302970351

Tania Camacho Azofeifa – 107840136

Henriette Raventós Vorst – 105820312

Luis Paulino Vargas Solís – 203270373

Silvia Duarte Vargas – 1-1199-0401

María Bolaños Aguilar – 106140507

Johanna Arias Duarte – 107790496

Alesandra María Altamar Arias – 118310497

Yamilette Jenkins Alvarado – 104220190

Macarena Barahona Riera – 105260207

Lena Mora Ordóñez – 603490381

Marlene Ramírez Berrocal – 1057 40139

Ana María Jurado Solórzano – 109490933

Marielos Aguilar Hernández – 301920768

Sylvia Marchena Villalobos – 114320713

Samaria Montenegro Guzmán – 112090158

Montserrat Sagot – 203410034

Marcela Román Forastelli – 900740581

Ivannia Solano Ramírez – 303400027

Lidieth Garro Rojas – 602270142

María Álvarez Fernández – 104030977

Priscilla Echeverría Alvarado – 900640150

Asdrúbal Duarte Esquivel – 103800881

María del Rocío Chamorro Tasies – 111240216

Andrea Mejía Chaves – 113720500

Ana Lorena González Valverde – 105130159

Silvia Lira Sancho – 111110640

Sergio Chaves Salas – 202751141

Jackeline Hio Ramírez – 603530377

Maytee Martínez Cerna – 603690869

Rosaura Chinchilla Calderón – 107260142

Ivannia Solano – 303400027

María Lorena Molina M – 202940461

Xenia Pacheco Soto – 202800249

Oscar Aguilar Bulgarelli – 103100065

Ana Lupita Chaves Salas – 104550585

Isela Rodríguez Araya – 110670786

Gilberto Alfaro Varela – 501490053

Ma. Del Rosario Alfaro González – 202770648

Jeannette Campos Salas – 105890202

Georgina Hidalgo Rojas – 203250498

Magaly Caballero Castillo – 104710164

Marcela Guerrero Campos – 108460152

Marietta Villalobos – 106670594

Gloriana Salazar Moreno – 114340641

Sonia Navarro Solano – 104220671

Heidy Murillo Quesada – 205220758

Mercedes Peraza Delgado – 110910359

Ericka Álvarez Ramírez – 205320025

María Cecilia Dobles Yzaguirre – 103270166

Yamileth Astorga Espeleta – 105400192

Marta Castro – 107120419

Lucia Garita Bonilla. – 104400874

Tatiana Hernández Gaubil – 107380227

Eleonora Badilla Saxe – 104670076

Ericka Arrieta Matarrita – 108020564

Ana Alvarado Rojas – 204990671

Clemencia Rodríguez Alpizar – 601180393

Fiorella Navarro – 118790150

Yalile Chan Jiménez – 105670078

Roxana Salazar Bonilla – 104940776

Giselle Boza Solano – 302420648

Ana Isabel Ruiz Rojas – 401031163

Anacristina Rossi – 104070914

Vilma Susana Chinchilla Cole – 601230822

Alejandro Muñoz – 104970373

William Castillo Elizondo – 103660393

Alexandra Mora – 105430287

Lorena Salazar Solórzano – 502110265

Sonia Aguilar Cortés – 103991247

Marielos Mora Moya – 104500782

María Ester Aguilar Mora – 104160923

Yanderel Méndez Carvajal – 113680419

Pamela Vargas Alfaro – 111080513

Teresita Vargas mora – 1 0342 0983

Carmen Murillo Chaverri – 104840625

Eurídice Gómez Laurent – 203060550

Leda Zamora Chaves – 204330362

Karla Loria – 108320917

Xinia Abarca Zamora – 202500047

Carmen Lía Meoño Soto – 203730473

Luis Guillermo Vargas Solís – 112440917

Ana Chacón Mora – 105480839

Karol Méndez Cerdas – 110920423

Marianela Lobo Cabezas – 107560169

Argentina Artavia Medrano – 107090127

Gabriela Mayorga López – 108720799

Julia Ardón Morera – 203860415

Rita María Méndez Villalobos – 202660146

Fabiola Alfonso – 900900895

Jorge Poltronieri – 104051422

Jane Segleau Earle – 800610877

Silvia Vargas Farrier – 603370391

Liliana Ureña Cascante – 1 0521 0115

Seidy Salas Víquez – 108640094

Priscila Scott Zúñiga – 113520446

Ana Xochitl Alarcón Zamora – 109470526

Eladio Retana Fallas – 104830574

Luis Fernando Barrantes Cortés – 401290859

Laura León – 107230489

Alberto Campos Rojas – 203550347

Marianela Zeledón Torres – 105640198

Pamela Villalobos Vilanova – 113280909

Olman Murillo Gamboa – 401210896

Mylenne León Vargas – 104990242

Margarita Murillo – 401260285

Paolo Duarte Sancho – 109540889

Claudia Palma Campos – 108720240

Lilliana León Zúñiga – 105410928

Carolina Álvarez Fuentes – 603050177

Luis Diego González Valverde – 104660134

Guillermo Vargas L. – 203520730

María Teresa Vargas Leitón – 601420862

María Cristina Solís Cordero – 106270405

Paolo Duarte Sancho – 109540889

Claudia Palma Campos – 108720240

Lilliana León Zúñiga – 105410928

Carolina Álvarez Fuentes – 603050177

Luis Diego González Valverde – 104660134

Guillermo Vargas L. – 203520730

María Teresa Vargas Leitón – 601420862

Evelyn Rockwell Solano – 603130821

Ana Lucia Sánchez Vargas – 203550789

Yanira Solís Montero – 105200927

María Griselda Ugalde Salazar – 900790925

Ana Isabel Ávila Artavia – 202540929

Casta Arana – 104191225

Sandra Soto Ferreira – 800790990

Jessica MacDonald Quiceno – 801250915

Marina Rivera Vargas – 110110277

María José Badilla Marín – 115830555

Erick Sojo – 303510353

María Laura Sánchez Rojas – 1-0764-0264

Joaquín Meléndez González – 2 234 194

Rosibel Villalobos Navarro – 602000342

Beatriz Rivera Vargas – 111490333

María Amanda Urcuyo Rivas – 111320483

Fabián García Silva – 112800511

Ivannia Briceño Hernández – 5 0242 0875

Sandra Lizano Abarca – 113350534

Melina Solano Cubero – 3-0380-0945

Doris Mariana Ramírez Sandi – 401730076

Alfredo Montero Fonseca – 108200643

Hilda María Alfaro Picado – 109280217

Karol Madriz Morales – 110610675

Elisa Prendas Garro – 1 0828 0668

Marcela Jager Contreras – 800500101

Neddy Zamora Chacón – 104001406

Léa Audibert – 115490335

Fedra Brenes Sánchez – 401780209

María José De la Mata Mora – 113110257

Verónica Sancho Solís – 107610103

Ana Luz Alfaro Mancía – 8 0071 0645

Marcela Echandi – 104630172

Carmen María Cubero Venegas – 104080423

María del Rocío Murillo Valverde – 106530859

Evelyn Rockwell Solano – 603130821

Ana Lucia Sánchez Vargas – 203550789

Yanira Solís Montero – 105200927

Elidianey Flores Mora – 106130406

Ana Isabel Ávila Artavia – 202540929

Casta Arana – 104191225

Sandra Soto Ferreira – 800790990

Teresita Ramellini Centella – 800870026

Jessica MacDonald Quiceno – 801250915

Sandra Umaña Solano – 107620140

Marina Rivera Vargas – 110110277

María José Badilla Marín – 115830555

Erick Sojo – 303510353

María Laura Sánchez Rojas – 1-0764-0264

Joaquín Meléndez González – 2 234 194

Rosibel Villalobos Navarro – 602000342

Beatriz Rivera Vargas – 111490333

María Amanda Urcuyo Rivas – 111320483

Fabián García Silva – 112800511

Ivannia Briceño Hernández – 5 0242 0875

Sandra Lizano Abarca – 113350534

Melina Solano Cubero – 3-0380-0945

Doris Mariana Ramírez Sandi – 401730076

Alfredo Montero Fonseca – 108200643

Nancy Piedra Guillén – 105860455

Gisele Rivera Chacón – 105230164

Hilda María Alfaro Picado – 109280217

Karol Madriz Morales – 110610675

Diona Solís Salazar – 204370839

Elisa Prendas Garro – 1 0828 0668

Marcela Jager Contreras – 800500101

Neddy Zamora Chacón – 104001406

Léa Audibert – 115490335

Fedra Brenes Sánchez – 401780209

Ana Luz Alfaro Mancía – 8 0071 0645

Marcela Echandi – 104630172

Carmen María Cubero Venegas – 104080423

María del Rocío Murillo Valverde – 106530859

May Brenes Marín – 1 0 377 0540

¿Dónde está la voz del INAMU ante el proyecto de jornadas 4×3?

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Por Enid Cruz Ramírez
Trabajadora social, activista por los derechos de las mujeres

En medio de una discusión nacional crucial sobre el futuro de las condiciones laborales en Costa Rica, llama profundamente la atención el silencio de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del INAMU Yerlyn Zúñiga Céspedes, respecto al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4×3, es decir, 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, sin pago de horas extra.

El debate no es menor. Las implicaciones de este proyecto van mucho más allá de lo laboral: afectan la vida cotidiana, los derechos sociales, los tiempos de cuidado, el acceso a la educación y la salud integral de miles de personas, en especial de mujeres que viven en condiciones de desigualdad estructural, madres solas, mujeres trabajadoras informales, jefas de hogar, cuidadoras no remuneradas y mujeres de zonas rurales.

Desde una perspectiva interseccional, resulta urgente señalar que las condiciones laborales injustas no se distribuyen por igual: sus impactos se intensifican en las mujeres atravesadas por múltiples opresiones; género, clase, territorio, raza, edad, condición migratoria o discapacidad.

¿Qué ha dicho el INAMU?

El Foro Nacional de Mujeres del INAMU, instancia participativa y consultiva, sí se ha pronunciado en contra de la jornada 4×3. Sus argumentos son consistentes y reflejan una lectura feminista de las desigualdades sociales:

  • Afecta desproporcionadamente a las mujeres que realizan trabajo de cuido no remunerado.
  • Reduce el tiempo disponible para educación, participación social, autocuidado y vida familiar.
  • Viola derechos constitucionales relacionados con la salud, la protección a la familia y el trabajo digno.
  • Contraviene convenios internacionales que protegen a las personas trabajadoras, como los de la OIT.

Sin embargo, las actuales jerarcas del INAMU, no han emitido una postura clara y pública sobre el tema. Esta ausencia de voz institucional desde el INAMU genera confusión, resta legitimidad a la labor del Instituto y profundiza el desencanto social frente a la aparente desconexión entre las instituciones públicas y las realidades urgentes de las mujeres trabajadoras.

¿Por qué importa su postura?

El INAMU no es un actor cualquiera. Como ente rector en materia de igualdad de género, su papel es incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas. En un contexto como el actual, donde la violencia patriarcal se expresa no solo en el ámbito doméstico, sino también en el mercado laboral, guardar silencio es políticamente grave.

La falta de posicionamiento ante una medida que representa un retroceso en materia de derechos laborales y justicia social es una forma de violencia institucional por omisión. El silencio no es neutral; es una forma de consentimiento pasivo ante políticas que reproducen la desigualdad.

¿A qué responde este vacío institucional? ¿Presiones políticas? ¿Falta de voluntad? ¿Un enfoque tecnocrático desconectado de la vida real de las mujeres?

Lo que está en juego

La eventual aprobación de la jornada 4×3 no es solo un tema técnico. Es una disputa ideológica sobre el tipo de país que queremos construir: uno que reconozca el valor del tiempo de vida, del descanso, del cuido, de la corresponsabilidad, o uno que normalice la explotación laboral como sinónimo de “eficiencia”.

Sabemos que las mujeres ya viven jornadas dobles y triples. ¿Cómo se supone que vamos a sostener familias, educarnos, cuidar, participar social y políticamente, si el Estado legaliza turnos de 12 horas sin pago adicional?

Urgimos una voz clara y comprometida

En tiempos donde lo estructural golpea la vida cotidiana de las mujeres, el silencio institucional es inaceptable. Se requiere con urgencia que la jerarca del INAMU, así como el propio gobierno, se posicionen de forma clara, crítica y con enfoque de derechos humanos y justicia de género ante este proyecto.

El cuido no puede seguir siendo invisible. El tiempo no es una mercancía. Y los derechos laborales no se pueden negociar como si fueran privilegios.

Costa Rica necesita un INAMU activo, no decorativo. Necesitamos una institucionalidad que se atreva a alzar la voz, aunque incomode.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.
#JornadaDigna #TiempoParaLaVida #4x3NoVa #INAMUHable

Las mujeres en la lucha por vivienda digna en Costa Rica – 50 aniversario MLM / CEFEMINA

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

«En el marco del 50 aniversario del Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Centro Feminista de Información y Acción se realizará el conversatorio Las mujeres en la lucha por vivienda digna en Costa Rica. La actividad tendrá lugar el jueves 19 de junio a las 5 pm en la Sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica y forma parte del Ciclo de actividades Memorias para la RESISTENCIA.

En el conversatorio participarán mujeres lideresas de la lucha por vivienda, el Dr. Rosendo Pujo Mesalles, ingeniero civil y planificador urbano y la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, profesora catedrática de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio es organizado por el Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Centro Feminista de Información y Acción y se invita a todas las personas interesadas a sumarse y participar en el evento.

El abandono del campo tiene rostro de mujer: desigualdad, agroindustria y luchas agroecológicas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.

Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.

Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.

El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.

Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo

Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.

Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.

Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal. 

El Estado que no llega… o llega tarde

Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.

A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.

Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:

  • Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).

  • Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).

  • Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).

Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.

Una contradicción estructural

Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.

En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.

Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.

¿Qué está en juego?

Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.

La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.

Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.

Referencias

Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave

  • Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.

  • Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.

  • Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.

  • Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.

  • Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

Concepto Definición / Explicación
Justicia de género Proceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporal Derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechos Conjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato social Acuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien público Reconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule) Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economics Enfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI) Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunes Recursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
Interseccionalidad Enfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.

¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

  • La pobreza de las mujeres

  • El acceso a la educación y la salud

  • La violencia de género

  • La participación política y económica

  • Los derechos sexuales y reproductivos

  • La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

  • Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.

  • Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.

  • Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.

  • Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

PDF – Imagen

Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

Mujeres solicitan a la CGR y a la Fiscalía General investigar hechos irregulares en el INAMU

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Carta abierta a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad) remitieron una carta abierta a la Contralora General de la República y al Fiscal General denunciando hechos de posible incumplimiento de deberes, mal uso y falta de supervisión de recursos públicos en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Lo anterior según los hallazgos de un Informe de Auditoría Interna del INAMU dado a conocer recientemente, a saber: Informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001) sobre el proyecto Puntos Violeta.

Denuncias

Las organizaciones de mujeres denuncian, entre otras cosas, que:

La violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica. Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%. En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

Mientras esto sucede, la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención de la VCM, el INAMU, desarrolló una “estrategia” (denominada Puntos Violeta) onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención. Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública.

Petitoria

Algunas de las peticiones hechas por las organizaciones de mujeres son las siguientes:

  • Apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe de AI del INAMU en relación con los procesos de contratación, las faltas de supervisión y seguimiento al buen uso de los recursos públicos vinculados con el proyecto de Puntos Violeta, incluyendo la renovación reiterada de las contrataciones sin evaluación de resultados, entre otros aspectos.

  • Llevar a cabo una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV.

  • Realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados, así como otros elementos asociados a la administración de estos recursos incluyendo la pauta publicitaria.

  • Valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos.

  • Estudiar la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa PSICOMED SA al amparo de estos contratos, así como la responsabilidad del INAMU como ente contratante.

  • Valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.

Puede leer la carta completa en este enlace.

Actividad académica abordará el exilio de mujeres en México y Costa Rica – conferencia sobre Carmen Lyra

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Una conferencia recordará a la escritora y activista costarricense a 76 años de su fallecimiento en México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), organiza la conferencia «Mujeres en el exilio en México y Costa Rica» que se realizará el próximo 20 de mayo en el Auditorio Leopoldo Zea.

La actividad académica forma parte del proyecto de investigación «Dinámica de los exilios en Iberoamérica» (PAPIIT 400323) y estará dedicada a recordar la vida, obra y exilio de Carmen Lyra, reconocida escritora y luchadora costarricense, al cumplirse 76 años de su fallecimiento ocurrido en el exilio en México el 14 de mayo de 1949.

La Dra. Macarena Barahona Riera, del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica presentará la conferencia principal sobre la obra y lucha política de Carmen Lyra. El Dr. Adalberto Santana, del CIALC-UNAM, moderará y comentará durante la actividad.

El evento se realizará el lunes 20 de mayo a las 12:00 horas en la Torre II de Humanidades, 3er. piso, Ciudad Universitaria. Las personas interesadas podrán seguir la transmisión por Facebook y YouTube del CIALC UNAM.

Para información adicional, pueden escribir al correo electrónico difusion.cialc@unam.mx o comunicarse al número telefónico 5556230228.

Próximamente: Coloquio Internacional sobre Mujeres en la Filosofía

Relacionado con la temática de mujeres destacadas, la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizará el «XII Coloquio Internacional de ética y política: Historia de mujeres en la Filosofía: Homenaje a Rosario Castellanos» los días 21 y 22 de mayo.

Este evento académico, en modalidad híbrida, se llevará a cabo en el Auditorio Elena Garro, Edificio Gabino Barreda, 3 Oriente 210. Quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la transmisión por el canal de YouTube «Coloquio Intl de Ética y Filosofía Política».

En esta actividad, la doctora Macarena Barahona Riera estará presente con una conferencia sobre la obra y lucha política de Carmen Lyra.

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres convoca para el 1º de mayo

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado

Les compartimos el formulario de participación a la movilización del 1 de mayo, esto porque queremos conformar una columna convocada desde la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres.

También dentro del formulario pueden añadir los logos de sus organizaciones para acuerpar la convocatoria y realizar una publicación en redes sociales:

https://forms.gle/m5WppYuqgMx1JoXb9

Conversatorio Resignificación del feminismo, del sufragismo a CEFEMINA

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer, Portada.

CEFEMINA, Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle al conversatorio Resignificación del feminismo, del sufragismo a CEFEMINA con la participación de Patricia Alvarenga Venutolo, Alexia Ugalde Quesada, Ana Carcedo Cabañas. Presentación musical por Guadalupe Urbina.

La actividad será presencial el martes 1 de abril a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/