Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.
Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.
Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.
Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.
Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.
Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), hace llamado a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro acoger las recomendaciones del noveno Informe del Estado de la Educación 2023 como base científica y académica para priorizar acciones que atiendan la crisis educativa que padece el país de forma estructural.
Los resultados del noveno Informe Estado de la Educación 2023, evidencian la grave crisis de la educación que el país atraviesa colocándose frente a un desastre intergeneracional de grandes dimensiones.
Tal y como se desprende del Informe, este debacle es resultado de un estudiantado que avanza en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos y que ponen en riesgo sus trayectorias educativas; las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, y el financiamiento de la educación que en lugar de avanzar hacia el 8% del PIB ha venido disminuyendo durante los últimos años, esto a pesar de lo establecido constitucionalmente.
Ante este aterrador escenario, el Consejo Universitario se suma al llamado del Estado de la Educación para actuar con extrema celeridad y realizar una declaratoria de un “estado de necesidad y urgenciadentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política».
El informe plantea recomendaciones puntuales que otorgan responsabilidades a actores claves para el cumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos, entre ellas revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes, su evaluación, dignificar a las personas docentes, mejorar las condiciones de contratación, desarrollo laboral y profesional.
Por lo anterior, la Universidad Nacional continúa consciente y atenta de su misión de formar profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyan con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad. Lo anterior implica dirigirnos hacia planos superiores de bienestar para contribuir a la sustentabilidad ecosocial y a una convivencia pacífica derivada de acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión.
La sociedad requiere de acciones inmediatas en beneficio de la educación. Para ello es menester que los entes gubernamentales y todos los artífices del proceso educativo asuman sus responsabilidades para seguir en la loable labor de asegurar una enseñanza de calidad a partir de lo dispuesto en la Constitución Política.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República y de forma específica a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro, acoger las recomendaciones derivadas del noveno Informe del Estado de la Educación 2023, como una base científica y académica que conlleve a priorizar las acciones inmediatas que debe de abocarse el Ministerio de Educación Pública con el propósito de atender la crisis educativa que en estos momentos nuestro país padece ya de forma estructural.
Reiteramos nuestro compromiso como Universidad Nacional con la educación como derecho humano y bien social. Así mismo, la institución se pone al servicio de las autoridades del país con su equipo para contribuir en la formación de profesionales.
Atentamente, Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:
1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.
2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.
3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.
4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.
5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.
6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.
7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.
Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.
Si tiene planeado estudiar una carrera del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, la cual es conocida en sus siglas en inglés como STEM, anote este dato porque son las Universidades públicas las que tienen la mayor oferta del país, con un total de 467 carreras.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
Cuando Clarita fue a conocer la escuela donde tendría su primer nombramiento, llevaba miles de ilusiones a cuestas, un día antes de iniciar fue a conocer el lugar y el ánimo se le vino abajo: sintió tristeza, porque encontró una escuela descuidada, sucia, libros y mesas tiradas por todas partes, las mallas estaban llenas de bejucos, “era como si hubiera pasado un huracán”.
El reto no ha sido fácil, luego de seis meses de nombramiento en la escuela unidocente de Copalchí en Cureña de Sarapiquí, aún lucha con el planeamiento y las funciones administrativas pero siempre busca lo mejor para los chicos.
“Es complicado ser docente y administrativo. Yo vivo en Los Arbolitos (Puerto Viejo, Sarapiquí) viajo en panga la tengo al otro lado del río para poder llegar. Si viajo los lunes me levanto a las cuatro de la mañana para poder llegar pero es una experiencia muy bonita.
Lo hago por los chicos, por hacer la diferencia en ellos, trabajar por ellos, están muy contentos, eso es lo que me motiva a mí, y mi familia por supuesto”, dijo Clara Idalia García Víctor.
Clarita, como le dicen sus docentes, es bachiller en Educación Rural de I y II ciclos, y actualmente cursa la licenciatura y maestría correspondientes a su carrera.
La División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (DER-Cide-UNA), trabaja desde hace más de 35 años en la formación de docentes de I y II ciclo que conozcan las tendencias de la vida rural y los desafíos que esa realidad presenta a la educación a fin de concretar una formación comunitaria-ciudadana anclada en la filosofía que caracteriza la esencia de la vida rural.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-265-2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual reprochan el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y brindan su total apoyo a la educación como derecho humano fundamental.
En relación con los hechos suscitados, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia que se haya violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros.
Asimismo, se solidariza con los estudiantes, docentes e investigadores, así como con el personal administrativo de la UCA.
ACUERDO COMPLETO
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-SCU-ACUE-265-2023
25 de agosto de 2023
Señores Comunidad Universitaria
M.ag. Maribelle Quirós Jara Directora de la Oficina de Comunicación
M.ag. Sara González Bonilla Directora de la Oficina de Relaciones Públicas
Estimadas señoras y estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo cuarto, inciso primero de la sesión ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2023, acta no 42-2023, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA) EN NICARAGUA
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reprocha los actos acontecidos en contra de la Universidad Centroamericana UCA en donde no sólo se ha violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros, sino que como justificación de lo sucedido se ha utilizado la expropiación de bienes privados para motivar la dominación ideológica hacia el pueblo nicaragüense.
Tal y como lo establece la Unesco; la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, y un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales.
La Universidad Nacional como institución de educación y promotora de la conciencia crítica en la sociedad en general y el Consejo Universitario en particular hace un llamado para que se respete la democracia, la libertad, el pensamiento crítico, el derecho a la educación del estudiantado de esta institución hermana, con la cual nos solidarizamos ante el ataque directo a su prestigio y sus aportes al pueblo nicaragüense.
Manifestamos nuestra solidaridad con los más de 5000 estudiantes, y 546 docentes e investigadores, así como con el personal administrativo, de la UCA; que, junto a sus familias se les ha violentado su dignidad y proyecto de vida.
Exhortamos a las demás instituciones de educación superior del país y de la región a denunciar y pronunciarse ante este ataque directo y deliberado hacia una institución educativa, motor del desarrollo social.
Instamos a la defensa de la educación, al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico sin acallar las voces críticas en detrimento del bien común.
Atentamente, Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Desde hace una semana el Colegio Técnico Profesional de Pavas, CTP, se encuentra cerrado por problemas en la Junta de Educación de la institución.
Los estudiantes pusieron candados y cadenas para impedir el ingreso al colegio en protesta y exigen soluciones inmediatas.
Entre los problemas denunciados está el manejo irresponsable de los fondos y que no está cumpliendo con las necesidades básicas de la institución.
Representantes de la Junta llegaron esta semana a hablar con los estudiantes, sin embargo, no presentaron soluciones concretas, por tal razón todavía sigue el movimiento de protesta estudiantil.
Autoridades del Ministerio de Educación Pública, en lugar de intervenir para investigar las anomalías en el manejo de dineros de la Junta, trata de que no trascienda la noticia del movimiento de los estudiantes.
En todo esto, la Junta de Educación se ha confabulado con los intereses de ciertas personas en el sector de pavas.
UNDECA y BUSSCO respaldan a los estudiantes que exigen la intervención inmediata de la Junta. Y se proceda de inmediato a investigar por el medio más idóneo y con la mayor trasparencia las denuncias de presuntos malos manejos de fondos públicos.
Mesa de negocación de la comisión de enlace, este 22 de agosto del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores.
Financiamiento de la educación superior pública tendrá un aumento del 2 % para el 2024
Las autoridades universitarias y la representación estudiantil logran la defensa de la Autonomía Universitaria y evitan interferencia del Ejecutivo en la gestión y planificación universitaria
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
Miembros de la Comisión de Enlace previo a conferencia de prensa ofrecida en la noche de este 22 de agosto.
Sólida postura de Conare: Es 8 %
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
Acuerdo FEES 2024 reconoce la inflación
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
