Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).
Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.
Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.
El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS
UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.
Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.
Entre los cambios más preocupantes destacan:
● La actualización de los considerandos I al V,que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo esrelativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.
● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.
● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.
● La introducción de un glosario normativo(nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.
● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.
Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.
Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.
Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.
UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.
Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).
La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.
Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.
“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.
Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.
Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.
Realidad nacional
Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.
Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.
La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.
Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.
Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.
Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.
Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.
“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.
Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.
Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
UNDECA denunció ante Contraloría graves riesgos en implementación del sistema ERP y riesgos ya materializados en la CCSS
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).
Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.
En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.
“Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.
Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.
Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.
Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.
Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.
“UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.
En mayo comenzó la primera acción digital coordinada del movimiento MTG. es una ola que va creciendo.
Porque se puede hacer algo: Una pausa digital diaria de 30 minutos, por la noche, de 21:00 a 21:30 (hora local de cada país).
Durante este «descanso», no nos conectamos a redes sociales, ni mensajes ni comentarios. Teléfonos y ordenadores apagados.
Este gesto colectivo creará una fuerte señal digital en los algoritmos y mostrará nuestra solidaridad con Gaza.
El concepto:
Todos los días, exactamente a la misma hora, millones de usuarios de todo el mundo se desconectan completamente de las redes sociales durante 30 minutos. Sin publicaciones, sin «me gusta», sin comentarios, sin abrir aplicaciones. Silencio digital total.
Es un acto de resistencia, una protesta digital planetaria.
La indignación de tantos ciudadanos ante una injusticia masiva. Porque se puede hacer algo: simple y efectivo.
Solo recordar a las 21 horas: silencio digital. (Programa el reloj de tu móvil: aviso a las 21hrs.)
Explicación técnica:
1– Impacto algorítmico
Las redes sociales funcionan gracias a la acción constante de los usuarios. Nosotros hacemos andar el sistema. Una caída repentina y sincronizada de la actividad, aunque sea breve, puede:
a) Interrumpir los algoritmos de visibilidad
b) Influir en las estadísticas de tráfico en tiempo real
c) Enviar una señal técnica al servidor sobre una anomalía de comportamiento. Este gesto visibiliza la resistencia ciudadana a una injusticia que hasta ahora se ha alimentado con nuestra pasividad.
2- Impacto simbólico
En un mundo hiperconectado, el silencio digital es un acto visible.
Crea un claro contraste entre el ruido de las redes sociales y el silencio impuesto en Gaza.
Es un momento de recogimiento colectivo.
3- Impacto social
Si la acción es masiva, los líderes verán que los ciudadanos rechazan el crimen de Gaza y solo entonces actuarán.
Pretendemos crear una “ola progresiva” que avance a través/alrededor del planeta.
Recuerda a las 21 horas: ¡Silencio digital! (programa tu reloj)
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) continúa monitoreando la problemática persistente del desabastecimiento de medicamentos en distintas farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta situación pone en evidencia una situación crítica que afecta tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema de salud.
En el marco de este seguimiento, en una reunión el pasado martes 27 de mayo, la organización sindical se dirigió a los jerarcas de la institución señalándoles una serie de advertencias y prevenciones. Los argumentos se centran en los riesgos inherentes a la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales y mantener las condiciones actuales. Se enfatizó que realizar este cambio sin ajustar los criterios técnicos y sin tomar en cuenta las condiciones específicas podría agravar aún más la situación.
Las advertencias fueron dirigidas principalmente a la gerencia médica y a la presidencia ejecutiva de la institución, demostrando que existe una preocupación generalizada que busca evitar la adopción de este sistema, al generar problemas adicionales en la cadena de suministro y en la gestión interna.
Además, se hizo un llamado al personal de las farmacias y a la ciudadanía en general, a mantenerse alerta ante los posibles problemas y afectaciones directas que podría causar la implementación del sistema, en tanto se desatienden los criterios técnicos y los riesgos señalados por los órganos especializados de la institución.
Por último, UNDECA reitera su compromiso de trabajar de manera constante para evitar que la crisis en el suministro de medicamentos impacte en los servicios de la institución y en la salud de la población usuaria, subrayando la importancia de una implementación cuidadosa y respaldada por análisis técnico riguroso que garantice la eficiencia y seguridad en la atención médica.
La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.
La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.
En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.
En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.
El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.
En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.
Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
La tecnología de punta se utiliza para la producción de radiofármacos y para el diagnóstico por imágenes moleculares de alta precisión.
Foto: Jenniffer Jiménez Córdoba.
Entrevista en profundidad
El Ciclotrón de la UCR permitirá reducir los costos de salud del país y agilizar el diagnóstico del cáncer. ¿Cómo? El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, lo explica
¡Estamos más cerca! El 28 de mayo del 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó, de manera oficial, que muy pronto cerca de 4 000 pacientes al año podrán ser referidos a la Universidad de Costa Rica (UCR) para acceder a los estudios avanzados en diagnóstico del cáncer.
En ese laboratorio se efectuarán análisis de imágenes mediante la tomografía por emisión de positrones (PET/CT), lo que permite detectar varios tipos de cáncer y tumores milimétricos y, así, que el médico oncólogo pueda iniciar un tratamiento oportuno para mejorar la expectativa de vida de las personas.
“La noticia de la adjudicación por parte de la CCSS a la UCR significa esperanza. El cáncer no discrimina edad, género o condición económica. Cualquier paciente oncológico tiene derecho a que se le brinde la mejor atención que se pueda, ya sea para decirle que hay una línea de tratamiento y luchar contra ese tumor —vencerlo y monitorearlo— o bien, para que esa persona fallezca con dignidad”, aseguró el Dr. Erick Mora Ramírez, quien es el actual responsable del Ciclotrón de la UCR.
De acuerdo con la Caja, la compra de servicios a la UCR se efectuará bajo la modalidad de entrega según demanda. El contrato tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de hasta tres prórrogas facultativas, el cual entrará en vigor una vez que finalicen los procesos de adjudicación y refrendo.
Con este proceso de compra, la Caja estima la realización anual de hasta 3 500 estudios diagnósticos PET/CT sin sedación, con un costo unitario de $1 000 y 350 estudios con sedación, con un costo unitario de $1 750. El monto total del contrato ronda los $4 112 500.
El hecho de que dichos análisis los realice la UCR generará un notable ahorro para Costa Rica. Por ejemplo, un estudio en el Reino Unido evaluó la rentabilidad del uso de PET/CT para guiar la decisión de realizar una disección de cuello en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado.
Los resultados mostraron que el PET/CT generaba un ahorro promedio por paciente de £1,485 (equivalente a $1 886 dólares estadounidenses) y una ganancia de 0.13 años de vida ajustados por calidad de vida. La probabilidad de que esta estrategia sea rentable, afirma el estudio británico, fue del 75 %. Por supuesto, hay más beneficios.
Para el Dr. José Pablo Villalobos Cascante, coordinador del Consejo Oncológico Institucional de la CCSS, la compra de servicios a la UCR trae ventajas adicionales. Primero, el estudio avanzado de imágenes. Segundo, la producción del radiofármaco que, por primera vez, gracias a la UCR se efectúa en suelo nacional y no requiere de importación.
“El hecho de que se produzca en el mismo lugar también garantiza una mayor cantidad de pacientes atendidos. Actualmente, si se tuviera que importar el radiofármaco, solo se podrían atender hasta ocho pacientes. Con esta solución local, se podrían atender entre 12 y 15 pacientes por jornada laboral. Muchas veces el producto importado alcanza su vida media y pierde actividad, lo que impide administrar la cantidad de milicuries necesaria para obtener resultados con la sensibilidad requerida”, explicó el Dr. Villalobos.
El Dr. Mora manipula el PET/CT (tomografía por emisión de positrones – tomografía computarizada) de la UCR.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Y por qué? Por el funcionamiento del PET/CT. El PET (tomografía por emisión de positrones) utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo llamado radiofármaco.
Ese radiofármaco se le suministra a la persona y, por la alta actividad metabólica, las células de cáncer van a absorber más radiofármaco que otras células. De esta forma, se detectan lesiones milimétricas en el PET.
Cuando eso pasa, y de manera secuencial, se genera una imagen CT (tomografía computarizada), la cual toma imágenes detalladas del interior del cuerpo, similares a una fotografía, que muestran la forma y la ubicación de los órganos y tejidos.
La combinación de ambas imágenes permite localizar con precisión las áreas donde podría existir cáncer y, de esta forma, que el personal médico pueda ver el tamaño, la forma y una ubicación más precisa de los tumores u otras lesiones.
“El hecho de que nosotros como universidad tengamos este servicio, es una oportunidad que tienen todos los pacientes oncológicos de Costa Rica que, de una u otra forma, están siendo discriminados por no poder acceder a procesos diagnósticos de primer mundo. Hoy, con este servicio de la UCR, la población costarricense puede completar su esquema de diagnóstico y tener la posibilidad de ampliar su expectativa de vida”, amplió el Dr. Mora
En efecto. Anualmente, el Observatorio Global del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cerca de 6 000 costarricenses mueren anualmente por esta enfermedad.
Asimismo, un reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que el cáncer es la principal causa de muerte prematura en Costa Rica —específicamente en personas menores de 75 años— y, para el año 2050, se prevé un aumento significativo, en el cual una de cada seis muertes prematuras sean por esta enfermedad.
De igual forma, para el 2050 se proyecta que Costa Rica será el segundo país de la OCDE con más casos de cáncer atribuidos al envejecimiento, lo que llevaría a que el país gaste cerca de 119 % más, a nivel per cápita, de lo que actualmente invierte hoy en cáncer, explica el mismo informe.
Por eso, ante un tema con tantas interrogantes, el Dr. Erick Mora Ramírez, coordinador del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, decidió dedicar algunos minutos de su tiempo para explicar con profundidad las implicaciones de la adjudicación de la CCSS que aún está en proceso.
También los beneficios que representa para el sistema de salud pública, cómo este avance impactará en el diagnóstico oportuno y preciso del cáncer en Costa Rica y los 2 000 pacientes de la Caja que ya han sido atendidos en la UCR en los últimos dos años mediante licitaciones.
El primer ciclotrón de Centroamérica
El contexto
—Hemos escuchado muchísimo sobre el ciclotrón y de los desafíos del proceso. Por eso, me parece importante que primero contextualicemos el panorama que da paso al proceso de adjudicación comunicado por la Caja.
—Dr. Erick Mora Ramírez (EMR): “La adjudicación fue un acto que otorgó la Caja Costarricense de Seguro Social debido a una motivación que la UCR hizo, por medio de este Laboratorio del Ciclotrón, para tratar de establecer un vínculo entre dos instituciones hermanas como lo son la Caja y la UCR.
El acercamiento inició en el año 2022, cuando estuvo don Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja. En ese momento pudimos comenzar a hablar con una persona delegada por parte de la Gerencia Médica de la Caja, junto con los asesores de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y nosotros, del Ciclotrón, para valorar una contratación entre entes de derecho público.
En ese momento se estaba por emitir la nueva Ley de Contratación Administrativa. Entonces, ya se tenían algunos indicios de que podían haber cambios en la ley y que debíamos dar un poco de tiempo mientras se comenzaban a establecer relaciones entre las dos instituciones para abordar temas específicos de la Ley.
Cuando la Ley de Contratación Administrativa salió publicada a inicios del año 2024, fuimos invitados por parte de la gerente general de la Caja. Ante aproximadamente unas 40 personas de la Caja, nosotros les mostramos los alcances y potencialidades que tenía el proyecto de la UCR. Así, en marzo del 2024 se tomó la decisión de comenzar a establecer las líneas que permitieran la contratación entre entes de derecho público, gracias a la intervención de la Gerencia General de la CCSS de ese momento.
Con esa ley se tenía claro qué elementos debíamos cumplir nosotros, como UCR, para lograr llevar a cabo esa contratación. La ley establece una serie de requisitos y contestamos a cada uno de ellos”.
—Ahora, con la reciente comunicación de la CCSS sobre la adjudicación que todavía está en proceso, ¿cómo cambia este panorama? Porque ustedes ya llevan casi 2 000 pacientes atendidos en los últimos dos años.
—EMR: “La adjudicación representa la confirmación de que cumplimos plenamente con todos los requisitos legales establecidos. Este logro transforma significativamente nuestro panorama, ya que nos exime de participar constantemente en procesos de licitación, lo que a su vez permite agilizar la atención a las y los pacientes.
En el 2023, nosotros comenzamos a participar en procesos licitatorios generados por cada hospital. El Hospital México, por ejemplo, generaba licitaciones de muy pocos pacientes, por ejemplo, elevaba a SICOP licitaciones con al menos cinco pacientes.
Al mes sacaba otra para diez pacientes y eran cantidades reducidas. Después el Hospital de Niños comenzó a sacar licitaciones, luego el Hospital Max Peralta hizo lo mismo, y así sucesivamente.
Entonces, nosotros fuimos participando de estas licitaciones durante el 2023. En el 2024 ganamos casi todas las licitaciones y este año íbamos ganando todas. Ahora bien, ¿cuál es el detalle?
El detalle es que, al ser acciones puntuales de cada hospital, se genera un trámite administrativo engorroso para cada uno. Con la adjudicación esto se agiliza”.
—¿De qué manera se agiliza?
—EMR: “Como usted comprenderá, cuando hablamos de cáncer el tiempo es clave y no debería perderse en trámites administrativos. Cada proceso licitatorio con cada hospital dura al menos un mes, esto, si no hay apelaciones. Si hay apelaciones, dura más.
Posteriormente, con la licitación aprobada, los hospitales envían una lista y pasaba que, cuando llamábamos para agendar la cita del paciente, nos decían que la persona ya había comenzado el tratamiento de quimioterapia o radioterapia; es decir, no se puede hacer el PET/CT dado que el paciente estaba en una terapia, o bien, los familares de los pacientes nos indicaba que ya el paciente había fallecido.
Todos los pacientes con cáncer tienen condiciones urgentes. Hay casos en los que el médico no debe esperar para empezar el tratamiento y, claramente, tener estos resultados del PET/CT es importante para la toma de mejores decisiones, rápidas y oportunas.
Otro aspecto importante que nos pasaba, era que llegaban pacientes mal preparados. Recuerdo un caso de una señora de Quepos que la traían en ambulancia y siempre venía con altos niveles de azúcar en sangre. Le tuvimos que reprogramar la cita cinco veces. ¿Sabe cuánto es el costo de esto a nivel de pérdida, no solo para la CCSS y para la paciente?
Nosotros planificamos, mínimo, 24 horas antes de que lleguen los pacientes para ver exactamente la cantidad de material radioactivo que hay para considerar pérdidas y otros aspectos logísticos.
Entonces, esta labor de coordinar con los pacientes en ocasiones es muy insatisfactoria, porque hay muchos que no entienden el costo asociado a todos los procesos que se desarrollan en nuestro laboratorio. Justo este es el beneficio del proceso de adjudicación de la CCSS, menos trámites, así como una mejor y mayor atención a los pacientes que lo necesitan.
Con la adjudicación se le delega a cada hospital una persona contacto para coordinar con ella la entrega de toda la documentación necesaria para poder realizar el estudio”.
—¿Qué diría usted sobre el apoyo de las diputaciones para avanzar en esta adjudicación?
—EMR: “Que fue clave. Muchas y muchos diputados nos han apoyado bastante. Al final, yo creo que los diputados son una muestra representativa de la población y cada uno se sintió motivado, desde su trinchera política, a dar un apoyo a esto.
El motivo es muy claro: el cáncer no espera. Cuando estaba en el San Juan de Dios vi a exdiputados y exdiputadas sentados en la silla de ruedas con una vía donde les pasaba el tratamiento de quimioterapia. Hacer esto en el sector privado es carísimo.
Entonces, motivar la adjudicación fue un apoyo que nos une como país y que nos ha unido a muchas otras organizaciones sin fines de lucro que procuran lo mejor para Costa Rica”.
Los alcances
—¿Cuáles hospitales se verán beneficiados, don Erick?
—EMR: “Son cinco hospitales. El Hospital de Niños, el Hospital Max Peralta, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y Hospital San Juan de Dios”.
—Y todo lo anterior, supongo, con un importante aporte a nivel de costos a favor de la CCSS y, por supuesto, del país.
—EMR: “Totalmente. Cuando la UCR no estaba presente, el sector privado cobraba cerca del triple de lo que se cobra hoy en día. Por lo tanto, es una matemática muy sencilla. Hoy es posible analizar a tres pacientes por el mismo costo que implicaba atender a uno hace tres años.
Eso, con los mismos insumos, los mismos equipos y, probablemente, hasta el mismo personal. La empresa privada cobraba casi el triple de lo que están cobrando hoy y esto se puede verificar en SICOP.
Cuando nosotros como UCR entramos al mercado, los precios disminuyeron porque la Universidad no tiene un afán de lucro. Para nosotros, y para don Ralph García (coordinador del proyecto), que venimos de orígenes muy humildes y somos oriundos de los barrios del sur, vemos la importancia de ofrecer un servicio al menor costo posible. Esto lo planteamos desde el primer momento.
Nosotros verificamos que los costos que estábamos planteando eran muy similares a los que plantean otros ciclotones y otros proyectos similares en América Latina. Además, vimos que con el apoyo de la Fundación UCR era completamente viable ofrecer los precios más accesibles.
Asimismo, si lo vemos en Estados Unidos, el PET/CT suele ser pagado por las aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que si una aseguradora reembolsa un PET/CT es porque genera un beneficio económico. En Estados Unidos se ha probado que esto funciona y genera un retorno importante.
Aparte de todo, mi padre murió de cáncer. Por eso, soy muy sensible a estos temas. Asimismo, trabajé en radioterapia del Hospital México y vi niños y a adultos fallecer por cáncer. Estas cosas me sensibilizan mucho y por eso todos juntos, como equipo, buscamos tener un proyecto que sea completamente funcional y sostenible en el tiempo para que la sociedad costarricense y eventualmente la centroamericana se pueda beneficiar de esto”.
—Qué bueno que menciona esto, don Erick, porque muchas personas se preguntan: ¿por qué la UCR le cobra a la Caja que también es una institución pública?
—EMR: “Esto es importantísimo aclararlo, gracias por la pregunta. Aunque la UCR y la CCSS son instituciones públicas, operamos bajo marcos legales y presupuestarios distintos.
La UCR, en este caso, brinda un servicio especializado a través de un equipo técnico, con personal capacitado, tecnología de punta y materiales costosos como los radiofármacos, que requieren una logística muy precisa (muchos productos deben ser importados desde países como Japón, China, Italia, Bélgica, Alemania, entre otros).
Nosotros no podemos asumir esos costos sin una retribución. Lo que hacemos es cobrar lo mínimo posible por un servicio que le permite a la Caja atender con mayor rapidez y precisión a pacientes con cáncer.
En este momento, la CCSS puede aprovechar la infraestructura instalada en la UCR y eso, al final, también representa un uso eficiente de los recursos públicos».
—¿Cuántos pacientes de la CCSS se podrán atender en la UCR por día y cuándo se inciará el proceso?
—EMR: “Le ofrecimos a la Caja atender al menos 13 pacientes por día. Esto es como 65 pacientes por semana, 260 por mes y más de 3 000 al año, que podría llegar a ser 4 000 anualmente, según la demanda. Si trabajáramos turnos dobles, podríamos atender a 600 personas por mes, que es una cifra viable.
Estos pacientes pueden venir una o varias veces. Hay pacientes a los que les damos cita de seguimiento y, un año después, vemos que muchos están completamente sanos.
En cuanto al inicio, según SICOP, deberíamos estar iniciando la atención, bajo este modelo de adjudicación, a mediados de junio del 2025 para terminar de consolidar todos los aspectos logísticos y de informática”.
—No sabía que también daban seguimiento.
—EMR: “Sí. En el Ciclotrón damos un servicio completo, porque tenemos la capacidad de hacer el medicamento (radiofármaco), inyectar este medicamento ajustado en función de la masa del paciente, hacerle las imágenes y, después, que un médico nuclear junto con un radiólogo generen un informe.
Ese informe, con las imágenes, se envía a la CCSS para que los médicos tratantes, principalmente oncólogos, vean las imágenes y sepan si el tratamiento que hacen está o no funcionando, porque con el PET/CT se identifica cómo está el tumor después de una serie de tratamientos.
Con esto, los médicos oncólogos, basados en guías de tratamiento oncológicas, deciden el mejor abordaje a efectuar con base en qué le hace un mejor efecto al paciente.
Esta tecnología del PET/CT sirve para el diagnóstico de casi el 80 % de los tumores en el cuerpo humano. Hay publicaciones científicas señalan que, en al menos un 30 % de los casos, el estudio PET/CT lleva a los médicos a cambiar la conducta terapéutica.
Eso implica, por ejemplo, que si en un paciente se tenía pensado realizar una quimioterapia, ahora se podría decantar por otra terapia como la cirugía o radioterapia, debido a que el estudio PET/CT demostró que era mejor hacer ese cambio y ahí es donde vienen los ahorros que mencionamos previamente”.
—Me parece muy acertado que usted resalte esta prueba PET/CT como una prueba diagnóstica porque, también, erróneamente se pensaba que era un tratamiento.
—EMR: “Correcto. Nosotros hacemos el diagnóstico, el tratamiento se hace en la CCSS o en centros del sector privado.
La prueba del PET/CT lo que permite es que el médico analice cuál es la mejor línea de tratamiento para el paciente. Incluso, recurrir a unas líneas menos costosas porque le sirve a la persona y no recurrir a unas más caras que no le darán un beneficio mayor. Una mejor selección de la terapia también es un ahorro para el país”.
—Al día de hoy, ¿cuáles han sido los tres primeros tipos de cáncer que ustedes más han diagnosticado con el Ciclotrón en los últimos dos años?
—EMR: “El primero son los linfomas de Hodgkin, tumores metastásicos, y melanomas (cáncer en la piel)”.
—¿Y el PET/CT ya permite dar pasos hacia terapias personalizadas contra el cáncer?
—EMR: “Sí. Con los hospitales privados hemos tenido experiencias de que ellos toman las imágenes del paciente que les enviamos y las colocan en los aceleradores lineales que permite definir un tratamiento específico para ese tumor, porque los médicos radioterapeutas pueden ubicar milimétricamente el tumor.
Así, si nosotros hacemos el PET/CT hoy y, mañana, al paciente le hacen radioterapia. Esto es casi un tratamiento en tiempo real”.
—¿En cuánto tiempo ustedes dan los resultados a la Caja?
—EMR: “La Caja nos pidió diez días hábiles. No obstante, nosotros normalmente duramos 72 horas como máximo para emitir el resultado.
Cuando un paciente llega a nuestro laboratorio, todo el proceso dura tres horas porque le damos un consentimiento informado, le hacemos una evaluación odontológica, le hacemos una entrevista, verificamos signos vitales, se les aclara las dudas, se les inyecta el radiofármaco y se les da soporte emocional. Puedo decir que el 97 % o el 98 % de los pacientes quedan muy conformes”.
Nuevas posibilidades
—Ahora bien, se sabe que el Ciclotrón se enfoca en el diagnóstico del cáncer, ¿pero podría colaborar con otros padecimientos?
—EMR: “Sí. Nosotros tenemos la visión de atender a pacientes oncológicos. No obstante, desde ya tenemos la posibilidad de atender a pacientes neurológicos.
Por lo tanto, tenemos un nicho de mercado muy grande. Por ejemplo, el parkinson u otros problemas neurológicos que ya podemos atender y colaborar con otras especialidades médicas.
El Ciclotrón también ha significado que hoy en día existan más estudios clínicos para hacer nuevos medicamentos. Solo en América Latina hay unos 70 ciclotrones, y en el mundo pueden haber 500. Muchísimos están en instituciones públicas y otros están en instituciones privadas. Los que estamos en instituciones públicas queremos hacer investigación e implementar cosas nuevas.
El cáncer está en aumento y, más bien, que hagamos 3 000 o 4 000 pacientes al año, nos estamos quedando cortos, debería ser más. De igual forma, nos faltan médicos nucleares.
Costa Rica tiene siete médicos nucleares y dos están en la UCR. Queremos un programa de especialidad médica en Medicina Nuclear en Costa Rica. Existe una anuencia de tres médicos nucleares para empezar a solventar esta necesidad que tiene el país y nos gustaría tener apoyo del Sistemas de Estudios de Posgrado, de Especialidades Médicas de la UCR y del CENDESISSS.
Por ejemplo, en el año 2000 la Universidad Autónoma de México (UNAM) puso el segundo ciclotrón en toda América Latina y hoy es uno de los mayores centros de formación de médicos nucleares”.
—Tal vez, doctor, es momento de enfatizar la importancia de un médico nuclear. ¿Por qué ninguna otra profesión o especialidad puede ocupar su lugar?
—EMR: “La medicina nuclear tiene una formación muy particular, dado que utiliza fuentes radiactivas unidas a medicamentos, a fin de realizar los diagnósticos y en otros casos, también para realizar terapias.
Por eso no podemos ocupar a otros profesionales, como los radiólogos, porque la formación de los radiólogos en Costa Rica, no utilizan los radiofármacos, es diferente a la formación que tienen los médicos nucleares. Es muy cierto que podemos contar con el apoyo de los radiólogos, pero una especialidad médica no sustituye a la otra, se complementan.
Con nuestro ciclotrón, los médicos nucleares, en un futuro, pueden hacer terapias, que es una parte moderna que en algunos países se está abordando. Nosotros estamos evaluando el posible mercado para poder implementarlas, pero se podría llegar a implementar más rápido cualquiera de estas terapias si tuviéramos la especialidad en Medicina Nuclear en el país, dado que estos profesionales se podrían hacer cargo de las terapias en conjunto con otros profesionales de apoyo”.
—¿Cuál es el siguiente paso, don Erick? Más allá de las pruebas diagnósticas, ¿qué otros trabajos se encuentran en proceso?
—EMR: “En el Ciclotrón de la UCR hay una serie de procesos de optimización para garantizar que la cantidad de dosis de radiación que reciba la persona sea la justa y la necesaria.
Estos procesos se llevan a cabo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, otros ciclotrones latinoamericanos y con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estamos valorando incluir otros medicamentos, ya tenemos el segundo aprobado (dedicado al cáncer de próstata) y esperamos tenerlo pronto a disposición de los pacientes. Estamos valorando incluir otros medicamentos para estudios neurológicos (como Alzheimer) y según la demanda podremos ver otros tipos de cáncer”.
—La investigación y la docencia son otros ejes, ¿cierto?
—EMR: “¡Claro! Muchísimas acciones se van a comenzar a desarrollar y en múltiples áreas como en las ciencias sociales. Hay pacientes que ocupan apoyo psicológico, de trabajo social o de comunicación.
Inclusive, la gente de artes plásticas porque dan color y vida a los espacios, lo cual influye en la salud mental de las personas. Y, así, muchas otras áreas más.
También la Escuela de Física ya envió a un estudiante solo para especializarse en ciclotrón. Cuando él venga de hacer su doctorado, vamos a tener una mayor rapidez en producir otros materiales radiactivos que puedan ser eventualmente usados en terapias o en el diagnóstico.
En cuanto a la docencia, hoy en día las y los estudiantes de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así como estudiantes de Farmacia, Física, Química y Enfermería, pasan por nuestras instalaciones realizando prácticas con nuestros equipos.
Algunos interactúan con los pacientes como parte de su formación, otros son parte de proyectos de investigación o realizan sus tesis de grado y posgrado. Recibimos estudiantes de otras universidades públicas y privadas e, inclusive, recibimos estudiantes de secundaria para motivarles a integrarse a un área de la medicina la cual es complementamente multidisciplinaria”.
—Ya para concluir, don Erick, ¿cuál es su mensaje de cierre?
—EMR: “La UCR es una institución que le ha dado muchísimo al país. A nivel centroamericano somos una institución de alto calibre y en América Latina somos de las mejores.
A quienes estamos aquí nos motiva retribuir a la sociedad y retribuir a la Universidad, porque de otra forma no hubiéramos logrado estudiar. Nos sentimos muy orgullosos de ser egresados de la UCR y de contribuir al país, especialmente, cuando ayudamos a salvar vidas”.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.
Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.
Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”
Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.
Algunos datos clave del informe:
En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.
Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.
Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.
El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.
La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.
Conceptos clave del informe
Concepto
Explicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)
Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonario
Acumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
Clientelismo
Enriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolístico
Capacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economía
Transformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?
Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.
Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?
El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?
En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.
¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?
Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.
La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.
Pensar el mundo como bien común
Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.
El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.
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