Ante los lamentables hechos de violencia contra mujeres vinculados a sus parejas sentimentales, la Defensoría de los Habitantes pide respeto por las víctimas y sus familiares. Sin lugar a dudas, este tipo de violencia debe ser objeto de discusión e indignación a viva voz, como reproche ante conductas que reproducen patrones machistas en donde la mujer es una posesión del perpetrador y creen tener la potestad de su vida o de su muerte.
El año pasado, 82 mujeres murieron en forma violenta, delitos de los cuales 26 ya han sido reconocidos como femicidios y 40 faltan por clasificar, es decir, asesinatos por su condición de género en manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Según datos del Observatorio de Igualad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el año 2023 un total de 11 muertes violentas de mujeres por razón de género ocurren cada día en la región. Decimos que, por su condición de género, porque precisamente por el hecho de ser mujeres, sus parejas las consideran de su propiedad y ante diferentes circunstancias en sus relaciones, se atribuyen el poder de disponer de ellas a tal punto de quitarles la vida, incluso en frente de sus propios hijos e hijas. Esto no tiene otro nombre y, ocultarlo o disimularlo, no hace más que fortalecer tal modelo patriarcal que aún prevalece en nuestra sociedad.
A nivel del sistema institucional, Costa Rica cuenta con un importante conjunto de herramientas jurídicas para atender y prevenir la violencia de género; sin embargo, la cuestión preventiva está dejando que desear y esta labor no es solo del Estado, sino de toda la sociedad.
Se trata de una cuestión cultural. Una sociedad que normaliza la violencia en todas sus formas y ámbitos, fomenta el caldo de cultivo para someter aún más a los grupos vulnerabilizados, entre ellos, históricamente a las mujeres.
El femicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero previo a este, el maltrato verbal, la discriminación, la misoginia, los golpes, la violencia sexual, la violencia económica, la discriminación laboral, el acoso y el menosprecio, entre otras vejaciones, son violencia por razón de género, todas las cuales deben ser visibilizadas, atendidas y sancionadas.
La educación en el hogar, la comunidad y, por supuesto, el centro educativo, es la clave para que podamos revertir ese patrón, pero lamentablemente, tal factor de protección, cada día se reduce y debilita, para muestra, incluso las últimas decisiones gubernamentales, así como las muertes violentas cuya noticia escuchamos cada mañana.
Esta violencia se reafirma con manifestaciones de menosprecio a las víctimas y sus familiares, cualesquiera sean las circunstancias de las relaciones de éstas con el femicida. Si es joven, si es mayor, si tiene estudios, si no los tiene, si es o no de recursos económicos, todos estos son elementos que no justifican bajo ningún motivo el quitar una vida, o dos, cuando hay un embarazo de por medio.
Ya no es solo empatía y respeto, es posicionamiento claro en contra de la violencia hacia las mujeres, lo que debe ser nuestra reacción social ante estos hechos. Todas las personas y, con mayor razón quienes tienen canales de difusión de cualquier índole, debemos señalar, rechazar y reprochar la violencia en donde corresponde, sea en el perpetrador. Intentar trasladar culpas hacia las víctimas o sus familias, nos hace cómplices de una realidad que no puede ser tolerada más.
Comunicación
Defensoría de los Habitantes
