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Etiqueta: autonomía universitaria

Autonomía universitaria en la investigación

Escrito en . Publicado en Derechos.

El viernes 30 de abril se desarrolló la mesa redonda: Rol de la autonomía universitaria en el ejercicio de la investigación como áreas de acción sustantiva. Se abarcaron temas generales relacionados a la autonomía.

La mesa contó con la participación del doctor José María Gutiérrez quien abordó los orígenes de la autonomía desde el Manifiesto de Córdoba. También destacó la importancia de la autonomía para promover el pensamiento crítico e independiente para la democracia.

Esta mesa redonda es parte de un ciclo de foros gestionados por la Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías de la Universidad Nacional de Costa Rica sobre Autonomía Universitaria.

Para escuchar la exposición de José María Gutiérrez le invitamos a ver el siguiente video:

https://youtu.be/X5klXi5KqT4

Ciclo de foros sobre Autonomía Universitaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías de la Universidad Nacional de Costa Rica organizan un ciclo de foros sobre Autonomía Universitaria.

Este ciclo tiene cuatro fechas y abarcarán distintos temas que se comparten a continuación:

  • Autonomía como concepto vivo apuntes para la reflexión estudiantil. Miércoles 28 de abril 2021 a las 5:30 p.m. Puede acceder en el siguiente enlace: https://una-cr.zoom.us/j/84556360526
  • Rol de la autonomía universitaria en el ejercicio de la investigación como áreas de acción sustantiva. El próximo viernes 30 de abril a las 10am. https://una-cr.zoom.us/j/82986747544
  • Libertad de cátedra y Autonomía Universitaria. Esta charla será el 6 de mayo a las 3pm. Para participar puede unirse al siguiente enlace https://una-cr.zoom.us/j/81326721242
  • Autonomía universitaria desde la perspectiva de la extensión interdisciplinaria. La actividad será el martes 11 de mayo a las 10am https://una-cr.zoom.us/j/81149553694

Réquiem por la Costa Rica democrática, culta y solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El espectáculo legislativo de este infausto mes de abril de 2021 tiene que continuar cueste lo que cueste, no importa si sus protagonistas estén destrozando, o desmontando paso a paso, mecanismo a mecanismo, pieza a pieza, los componentes esenciales de la institucionalidad del país y los fundamentos jurídicos e incluso filosóficos que le dieron fundamento a lo largo de las siete décadas transcurridas desde el fin de la la guerra civil de 1948 y la aprobación de la Constitución Política de 1949. Para eso es que el diario La Nación y sus propietarios necesitan tener a los diputados encerrados en el horroroso búnker de Cuesta de Moras, además de que cuentan con el beneficio adicional de la gran cantidad de tontos que piensan que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes, sin darse cuenta de que afilan el cuchillo que pondrán en sus pescuezos.

La constitución de aquel año, que ahora nos parece tan lejano, y su espíritu han muerto después de agonizar durante al menos las dos primeras décadas del nuevo siglo, aunque todavía nosotros todavía no terminamos de tomar nota de las consecuencias de tan infausto suceso: la separación de los poderes del estado, la autonomía universitaria y la municipal han quedado reducidas a cenizas, pero también las instancias administrativas y judiciales en materia de gobierno y empleo público, las que pasarán a estar controladas por un cada vez más poderoso y jacobino gobierno central.

El estado social de derecho que se empeñaron en plasmar en los artículos 50 y 74 del nuevo texto los constituyentes reformistas del Partido Social Demócrata, tales como Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, entre otros y los del Partido Constitucional Demócrata como Celso Gamboa y un numeroso grupo de ilustres constitucionalistas de entonces, que contaron con el decisivo apoyo de la mayoría más bien “conservadora” de los diputados ulatistas de entonces, es algo que ha terminado por desvanecerse en medio de la oleada cortesana, mediocre y neoliberal-neoconservadora-neopentecostal que domina a la mal llamada clase política costarricense, la que ha venido a dar al traste con la brillante defensa de la autonomía universitaria, dotándola de recursos financieros que la garanticen, plasmada plenamente en aquella constitución por Rodrigo Facio, Fernando Baudrit y otros destacados constitucionalistas de grata memoria, durante largos debates que merecen recordados, sobre todo por su perenne vigencia (Ver Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO en la constituyente de 1949 EUNED San José CR 2003). Han quedado en olvido y reducidos casi a nada los aportes de Luis Alberto Monge, como diputado constituyente encargado por su pequeña fracción socialdemócrata, de redactar y defender el capítulo de las garantías sociales, como un capítulo de la constitución que estaban por aprobar. La obra demoledora de las yorlenis león y otros personajes de poca monta terminó por ser más corrosiva y persistente, tanto como para dar al traste con los valiosos aportes de aquellas generaciones.

Estamos en manos de las gentes de una clase política, donde predominan la ignorancia y la mediocridad, dentro de la que se mezclan las expresiones integristas de una vieja religión revelada (como en el caso neopentecostalismo con su elaborada teología conservadora del éxito y la “salvación personal”, unidos al oportunismo e ignorancia supina de sus voceros políticos) con aquellas otras, de orden secular, propias de la religión del mercado, convertido en el gran desiderátum en todos los órdenes de la vida económica, política y social al que obedecen el PLN PAC PUSC RN NR y otras franquicias electorales, también listas para cazar incautos en la próxima “campaña electoral”, hoy convertidas en el “partido único neoliberal” que desgobierna a Costa Rica.

El delirante odio populista de cierta derecha hacia los intelectuales y el pensamiento libre ha marcado el tono de la ofensiva totalitaria contra la universidad pública costarricense, a la que ven como subversiva por ser un espacio libre para una profesión de fe democrática de amplio espectro y otorgadora de “privilegios” hacia sus académicos, investigadores y funcionarios a los que desearían ver reducidos a la condición de precariedad salarial y laboral de sus pares de las universidades privadas.

Son el pensamiento auténtico y el trabajo académico libre de las manipulaciones de los poderes fácticos, como también la investigación científica seria, con sus innumerables aportes de gran calidad en beneficio del conjunto de los costarricenses, junto con una sostenida acción social dirigida hacia muchas comunidades de todo el país los componentes de lo que en su conjunto irritan a los dueños de este país: a lo sumo, para estas gentes de corta mirada y gruesos bolsillos, las universidades deben ser fábricas de graduados, donde como en el caso de la gran mayoría de las privadas (en todo hay excepciones) brillan por su ausencia las bibliotecas, los laboratorios y los institutos de investigación. Por desgracia los poderosos dueños de los grandes medios de (in)comunicación social han tenido éxito en convencer a muchas gentes incautas ocultando, detrás de supuestas preocupaciones de orden fiscal, mientras se dedican a saquear de verdad los recursos públicos, sus verdaderas intenciones totalitarias y su insaciable rapiña, como en el caso de las trochas, la ruta 27 y otros inconfesables negociados, además de la colosal evasión tributaria.

Es por eso que no nos queda, por ahora, sino exteriorizar este réquiem por la la ruina de la institucionalidad democrática de un país como este en el que hemos nacido, al que consideramos digno de mejor suerte. Las nuevas generaciones tendrán que emprender de nuevo, casi de cero, una lucha que los reformadores sociales de los años cuarenta supieron materializar en hechos y resultados positivos, al construir de esa manera un país más solidario, culto y justo que los del resto de la región, ¿vamos entonces hacia una “centroamericanización” de Costa Rica, entendida en el peor sentido del término?

Las falacias de una supuesta leyenda urbana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Ex magistrado y profesor catedrático UCR

Pese a las semanas transcurridas, y dada la autoridad que le reconozco al Dr. Rubén Hernández Valle en el foro nacional, me referiré a su reflexión sobre la autonomía universitaria como “leyenda urbana” (La Nación, 22 de febrero 2021), pues estimo pertinente hacer un ejercicio de crítica razonada de las múltiples falacias -explícitas e implícitas- que su texto contiene.

  1. De entrada, el título del artículo referido, es en sí mimo cuestionable. Se afirma que la autonomía es una especie de falsedad instalada en el pensamiento colectivo, con unos alcances que no tiene y con aviesas intenciones que sólo buscan defender privilegios. He aquí una manera habilidosa, pero falaz, de procurar descalificar determinada posición sobre el tema de la autonomía, simplemente sosteniendo que el alcance de este instituto jurídico es el que don Rubén dice, y punto. Esto le permite eludir el tema de fondo acerca de las justificaciones de su afirmación y profundizar en el contenido de la autonomía administrativa, política y organizativa que la Constitución vigente proclama y, de paso, aprovechar para soltar una falacia ad hominen (“cualquiera que no esté de acuerdo con mi interpretación está motivado en intereses egoístas y privilegios inaceptables”)
  2. Es llamativo ya en el cuerpo de su artículo, que el autor empiece por hacernos aclaraciones y justificaciones que no vienen directamente al caso. Sin embargo, una atenta lectura nos permite seguir descubriendo falacias de diferente tipo y calado. ¿Quién puede afirmar que, por haber estudiado y recibido una excelente educación en la Universidad de Costa Rica, está libre de prejuicios ideológicos, o lo autoriza a opinar con mayor propiedad?
  3. Es más, la aclaración que se nos brinda en el sentido de que ejerció como profesor y se jubiló “sin pensión de lujo”, reproduce el prejuicio –falacia de no atinencia-, de que cualquiera que tenga un determinado monto de pensión también está descalificado para opinar sobre el tema de las autonomías. Espero dejar claro que, de lo primero, no puede deducirse razonablemente lo segundo. Desconocemos, por otra parte, si el monto de la pensión del Profesor Hernández está por debajo de los parámetros arbitrarios que algunos medios de comunicación han ido fijando, y que consideran “de lujo” incluso dos millones de colones. Tampoco sabemos si esa pensión corresponde a una jornada de tiempo completo, o sólo a una fracción, lo que explicaría su modesto monto. Es público y notorio que don Rubén se ha dedicado, aparte de las actividades académicas, al litigio y la asesoría jurídica de alto nivel, y no con exclusividad a la docencia, la investigación y la acción social.
  4. La cuestión central está, no obstante, en el tema de la interpretación jurídica como técnica de razonamiento compleja. La Constitución Política es un organismo vivo y dinámico, ciertamente un producto histórico-cultural, pero a la vez, evolutivo y adaptable en sus justos alcances al devenir de los tiempos. Su correcta interpretación es un arte difícil de alcanzar. NUNCA puede pretenderse una interpretación única e inequívoca en el campo del derecho. En la argumentación jurídica y su aplicación no hay premisas absolutas (verdaderas o falsas), no se impone una lógica simplemente formal; prevalece, por el contrario, la lógica de lo razonable, donde debemos atenernos a las mejores razones expuestas y no a la mera letra de las normas y mucho menos conformarnos con criterios de autoridad (falacia ad baculum).
  5. Incluso, para una sola norma caben diversas interpretaciones. Esto se confirma cotidianamente en todos los tribunales de la República y particularmente en la Sala Constitucional, plagados de votos salvados y anotaciones aclaratorias de los integrantes que se apartan del criterio de mayoría en determinado asunto. Pretender que “yo, el especialista”, puedo mandar a un curso introductorio de derecho constitucional al cuerpo de rectores del país, o a cualquiera que se atreva a tener una interpretación distinta “a la mía”, es no sólo un acto de soberbia intelectual, un gesto profundamente autoritario, sino también constituye una falacia rotunda que ignora la naturaleza dinámica y relativa de toda constructo jurídico, y de la interpretación constitucional en particular, dado el carácter general y abstracto de sus enunciados normativos, constantemente confrontados con los casos concretos que la realidad obliga a resolver. Por supuesto que la interpretación constitucional puede bien servir para ampliar y consolidar derechos, o bien para restringirlos y debilitarlos, según sea la ideología y visión de mundo que tenga el intérprete. De ahí la importancia de que los tribunales constitucionales estén integrados por la gente más preparada, que tenga diferentes formaciones y puntos de vista, ideológicamente diversos y ojalá portadores de una vasta cultura general, única vía de contar con representatividad legítima y democrática en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Este es sólo un ideal, más o menos realizado.
  6. La Constitución no sólo nos rige, sino que nos pertenece, a todas y todos, al menos como otro ideal democrático. No es propiedad de nadie en particular, aunque algunos ejemplos de nuestra jurisprudencia constitucional, como el de la reelección presidencial, les haya hecho creer a algunos que, construyendo las mayorías indicadas, se pueden lograr las interpretaciones “convenientes”, aunque de paso se sacrifiquen principios fundamentales. Pero dejemos al juicio de la historia el caso de esta “intervención-interpretación” con consecuencias negativas, en mi opinión, no sólo para Costa Rica, sino para toda América Latina donde cualquier mandatario que ha querido perpetuarse en el poder, al margen de su tendencia ideológica, ha echado mano al precedente costarricense.
  7. Se equivoca el Dr. Hernández cuando interpreta literalmente el mandato contenido en el artículo 191 C.P. Si bien es cierta la decisión del constituyente del 49 al crear una Dirección de Servicio Civil para regir las relaciones entre los empleados públicos y el Estado, el propósito esencial era evitar que el Poder Ejecutivo, directamente, pudiera festinar y manipular, como había venido ocurriendo por décadas, la elección y estabilidad de los empleados públicos. La evolución histórica de esta cuestión hizo que en lugar de un único estatuto se implementaran varios, legalmente previstos y confirmados por jurisprudencia de la Sala Constitucional, cosa que no contradice la intención del constituyente, sino que la ha venido desarrollando y fortaleciendo. Por tanto, volver a una entidad única, controlada de manera exclusiva por el ejecutivo en ejercicio, es una regresión inadmisible a esta altura del desarrollo de la institucionalidad nacional. Esto no tiene nada que ver con la necesidad de realizar los correctivos en abusos y asimetrías que ha habido en regímenes salariales o de jubilaciones. Ese movimiento de enmendar errores ha venido ocurriendo ya, y hay expresa manifestación, por ejemplo, de las autoridades universitarias y judiciales, para avanzar en esa dirección.
  8. Por último, la mención que el Dr. Hernández hace al Convenio sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva de la O.I.T. (No. 98, artículo 6), afirmando que “prohíbe” las convenciones colectivas para el sector público, sobrepasa todo problema de argumentación para incursionar en lo que simplemente no es cierto. Pongo en manos del lector la literalidad de esa norma: “Artículo 6. El Presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.” Ya el numeral 5 anterior había mandado respetar los estatutos militar y de policía pre-existentes al momento de entrar en vigencia este Convenio y, con el artículo 6, es claro que no hay prohibición alguna, Todo lo contrario, señala que la relación entre empleo público y el Estado no es materia que se desarrolle en este tratado, pero quedan eso sí a salvo, los derechos y los estatutos previamente reconocidos para los empleados públicos frente al Estado. Es el caso constitucionalmente reconocido en Costa Rica. Es además de sentido común entender que la Organización Internacional del Trabajo no existe para restringir, sino para ampliar, consolidar y respetar todo tipo de derechos adquiridos entre trabajadores y patronos, independientemente de quién sea el empleador.

El gato al que hay que poner el cascabel es otro, y para lograr esto no es necesario pasar por encima de la complejidad, diversidad y especialidad de las instituciones autónomas del país.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.

Salarios como excusa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Felipe Arauz

Antes que quien lea esto me descalifique porque soy profesor de la Universidad de Costa Rica, debo decir que no estoy defendiendo ningún privilegio. Ya en varias facultades hemos solicitado cambios en el sistema salarial de la UCR, dándole mucho más peso al régimen de méritos que a la antigüedad. Las autoridades han dado pasos concretos en esa línea, disminuyendo sustancialmente las anualidades y trabajando aceleradamente en el diseño de un nuevo sistema salarial.

La Ley de Empleo Público va mucho más allá del tema salarial, y toca temas como política de contratación, mecanismos de evaluación y políticas de sanciones dentro de las universidades públicas, las cuales afectan el quehacer universitario en el ámbito académico. Pero, malintencionadamente, se ha querido reducir la discusión del impacto de la Ley de Empleo Público en la educación superior pública al tema salarial. So pretexto del salario, tema que se ha manipulado con mentiras o verdades a medias para influir en la opinión pública y atizar el odio hacia las universidades estatales, lo que en realidad quieren algunos es limitar la libertad de cátedra garantizada en la Constitución, por la vía del debilitamiento de la autonomía universitaria tal como la define el Artículo 84 de la Constitución Política, la misma que quienes ejercen el Poder Ejecutivo y el Legislativo juraron defender.

¿Por qué la autonomía universitaria les estorba a ciertos representantes del poder económico, dentro y fuera del gobierno, y a sus voceros? El papel de la UCR está dado en el Artículo 5 de su Estatuto Orgánico: Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que integran la comunidad costarricense; buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia;  formar profesionales en todos los campos del saber, que integren una cultura humanística con su formación especial o profesional; contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías; elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción universitaria; estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país.

Todo lo anterior requiere que la acción universitaria esté libre de la influencia de las tendencias ideológicas predominantes y de los gobiernos de turno. Por ejemplo, algunos quisieran que la educación superior se circunscriba a materias tecnológicas o administrativas y minimice o elimine lo demás. Esa visión estrecha quedó plasmada en el informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Con la Ley de Empleo Público, el gobierno va a influir sobre los mecanismos de contratación y evaluación del personal universitario, lo cual claramente resta la necesaria libertad de la acción académica, garantizada por la autonomía universitaria. Podríamos llegar a una situación lamentable en que los rectores y otras autoridades universitarias se nombren por color político, o, como sucede en el gobierno, que a quienes ocupan jefaturas haya que indemnizarlos para que dejen el puesto.

Por otra parte, los mecanismos de evaluación profesional del Servicio Civil no promueven la excelencia (no hay evaluación por los usuarios) ni la productividad, como sí lo hace el régimen académico de las universidades públicas, en el cual la enseñanza es evaluada por los estudiantes y la productividad y calidad de la investigación por “pares académicos” anónimos, con frecuencia internacionales, que revisan y dictaminan sobre el mérito de los trabajos científicos. Cambiar este riguroso sistema de méritos de las universidades por la “amistosa” evaluación del Servicio Civil va en detrimento de la calidad universitaria.

La moción aprobada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, para que el sistema de empleo público de las universidades públicas esté compuesto de la normativa interna aprobada por sus propios órganos de autogobierno, es salomónica: reivindica la autonomía universitaria dada por la Constitución, pero no excluye el tema salarial universitario de la Ley de Empleo Público. La reacción visceral y mendaz de algunos sectores de la prensa y grupos de interés contra esta moción demuestra claramente que el interés de estos sectores y grupos no es el salario sino la autonomía, y reafirma que el salario es el pretexto. Lo que priva en esos sectores es la visión mercantilista del quehacer universitario, para la cual la autonomía es un estorbo.

Imagen ilustrativa.

Los diviesos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.

En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.

En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:

1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.

La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.

2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.

El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.

La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.

3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.

El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).

Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.

Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.

No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. 

23/03/2021

Por una universidad pública para la vida y al servicio del pueblo

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Información de UNED-PRO:

Las organizaciones laborales de la Universidad Estatal a Distancia, como UNED-PRO, se mantienen en lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria que protege la libertad de producir conocimiento y aportar a la sociedad sin influencias externas, y contra la amenaza a esos valores que representa el Proyecto de Ley de Empleo Público.

¿Cómo que no lo dice La Nación?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Yamileth González García , Exrectora UCR

Acudo, una vez más, a este medio de comunicación en procura de imparcialidad y seriedad para aclarar las informaciones que hace un conocido periódico, de manera tendenciosa y hasta falaz, empeñado en desacreditar a una de las instituciones más respetables del país por su contribución al desarrollo y desempeño científico, cultural, artístico y tecnológico, en su ya no disimulada intención privatizante de la educación superior.

¿Cómo que no lo dice La Nación? Claro que sí lo dice, solo que lo hace de manera parcializada e interesada, pues menciona únicamente circunstancias negativas en su intento destructivo por atacar a la Universidad de Costa Rica (UCR) y su autonomía y, también, enfila sus ataques, sorprendentemente, hacia mi persona, como si yo fuera candidata a algún cargo de carácter nacional o institucional, ya que como es típico de ese periódico, cuando alguien está por postularse y no es de su agrado, lo atacan.

Los argumentos expresados en el editorial (La Nación, 23 marzo), como ya es su costumbre, son, en este caso, inexactos por parciales:

1- Comenzando porque se refiere a una medida tomada en una sesión del Consejo Universitario, en la que yo no participé. Dice el diario, textualmente, que: “el 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo Universitario aumentaron las anualidades del 3% al 5.5%”. Eso es inexacto, yo no estuve presente en la sesión del Consejo del 29 de setiembre, la cual aprobó ese incremento y tampoco firmé, en ese momento, el acuerdo señalado.

2- Señala el citado editorial que, como consecuencia de esa acción, la Universidad de Costa Rica vive una situación insostenible financieramente, que esa medida atenta “contra la sostenibilidad financiera de la institución” y que “a corto plazo” “es una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa”. Tremenda responsabilidad la que se me endosa; sin embargo, a pesar de que ese desequilibrio se viene pregonando desde el año de 2009, se reitera en 2013, 2014, 2015, 2018 y hoy de nuevo, la falsa alarma, de torcidas intenciones, como se sabe, no se ha concretado. Estamos ya en el 2021 y, contrariamente a la fatídica premonición, la UCR mantiene su equilibrio en las finanzas y no existe ningún déficit institucional. Aquí podemos citar, con un poco de ironía, el conocido texto de Zorrilla: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

El día 22 de marzo, la UCR, le responde a ese diario y al país, lo siguiente:

“La anualidad que reciben los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tiene tendencia a la baja y en el 2018 fue de 1,94% para personas profesionales y de 2,54% para personas no profesionales. En la actualidad este monto es de 0%”.

Si el diario La Nación, utilizara de forma correcta los datos, podría ver, o a lo mejor eso no es posible, que “… para los últimos ocho años la proporción del gasto en salarios se ha reducido pasando de representar un 72%, en el 2012 a un 67,79% en el 2019, y para el 2020 el gasto corriente en salarios se redujo en más de ₡800 millones de colones. Para este año la proporción del gasto en salarios fue de un 71%, debido a la baja general en los recursos que financian a la educación superior. El año pasado el presupuesto de la UCR se redujo en más de ₡34 000 millones”. (La UCR aclara publicación del diario La Nación, 22 de marzo). Una tendencia que se venía dando desde los años de 1990 y que no se detuvo en la última década; al contrario, como se deduce de la afirmación anterior llegó a estar más abajo del 70%. Esta proporción de equilibrio, como lo he señalado en otros momentos, es garantía generalizada de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. A pesar de las diatribas de este periódico, la UCR continúa con su quehacer académico sustantivo de indiscutible impacto en nuestro país.

Reitero lo dicho hace un par de semanas: “Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base, y también que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior”.

En todo caso, por su madurez y por la misma autonomía que la Constitución le da, la UCR ha puesto autos en el propósito de enmendar y corregir cualquier situación que perjudique su cabal funcionamiento, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, consecuente con una Ley de empleo público. Para ello, creó una Comisión encargada de estudiar el esquema salarial de la Institución.

3- También se me acusa de no haber escuchado la voz de la Oficina de Contraloría Universitaria ( OCU), la cual alertó sobre las consecuencias que la medida podría traer; pero lo que no menciona ese diario es que los dos estudios actuariales realizados, el primero, por el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, el Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica (2010) y, el segundo estudio, basado en el mismo modelo, pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, se hicieron para responder a las observaciones y dudas que habían sido señaladas por la OCU. Esos señalamientos si fueron atendidos y la Oficina de Contraloría participa del debate y la aprobación de la propuesta, en la Comisión de Administración y Presupuesto, como consta en el Acta de la sesión 5390 del CU, cuando se señala lo siguiente:

“Para el análisis del presupuesto institucional y el Plan Anual Operativo del año 2010, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Administración y Presupuesto (28 de septiembre de 2009), donde los miembros del Consejo Universitario analizaron cada uno de los documentos presentados por la Rectoría, con la participación de funcionarios y funcionarias de la Oficina de Planificación Universitaria (Licda. Maritza Monge Murillo, jefa de la Oficina; Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Sección de Presupuesto; Licda. Anabelle Mora Bonilla, jefa de Sección de Planeamiento, y Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación); de la Oficina de Contraloría Universitaria (Lic. Mario Zamora, Lic. Donato Gutiérrez Fallas, y M.A. Jorge Padilla, Contralor) y el Lic. Ramón Bonilla, Director Ejecutivo de la Rectoría. En esta reunión se discutió ampliamente el Plan-Presupuesto para el año 2010, donde surgieron inquietudes que fueron atendidas por la Administración y que complementa la información que anteriormente había sido presentada”. Como se desprende de los estudios y el análisis realizado, los cuales evidenciaron que el incremento era sostenible, contrariamente a la afirmación del citado editorial.

4- Por otra parte, quiero resaltar que lo que dice el editorial, en el sentido de que el incremento del año 2009 es una feliz iniciativa de quienes estábamos, en ese momento al mando de la administración superior de la Universidad, no es cierto. El diario omite que durante 30 años todas las autoridades universitarias nos opusimos al incremento del incentivo médico para el área de la salud , lo peleamos en los tribunales y, no fue sino por la resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), que se nos obligó a subir la anualidad al 5.5% para el personal, en principio de la Facultad de Odontología, y que tuvo que ser reconocida de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. En aquel momento, ya toda el área de la salud se preparaba para solicitar ese mismo incentivo, vía judicial y si lo ganaban (tenían un claro precedente) incluyendo el pago obligatorio retroactivo desde el año 1982, habría constituido una verdadera ruina para la institución.

La sentencia 655 del 12 de agosto de 2011, de la Sala Segunda, que según el editorialista viene a explicar lo obvio, señala: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».

Al contrario, la sentencia viene a ratificar el argumento de la UCR durante los 30 años que dura ese pleito: la UCR no es un centro hospitalario, por lo que la Ley de Incentivos Médicos no debía ser aplicada en la Institución. Eso es así, tanto para los odontólogos, médicos, nutricionistas, farmaceuticos etc, etc, como para cualquier profesional de otras disciplinas ajenas a la salud, ya que todas las personas que laboran en la Universidad lo hacen como docentes. Incluidos los funcionarios de la salud, quienes ejercen la docencia médica, pues las clínicas ubicadas en esa área son centros de enseñanza y no centros hospitalarios.

La Sala comete un error en 2007 al fallar en contra de la Universidad, como lo viene a corroborar la sentencia del año 2011. Lo que la administración universitaria hizo en 2009 tiene que ver con un asunto de justicia laboral, remunerado de la misma manera a todo los que ejercían la misma función, es decir, la docencia.

5- Ha insistido este periódico en su agresión al mandato constitucional de la autonomía universitaria y en influir en la Asamblea Legislativa en su propósito, en este embate que ya tiene vieja data, que lo vienen orquestando diversos poderes nacionales, sobre todo, desde el momento en que el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial suscribieron, en junio del año de 2009, un documento llamado Competitividad en Costa Rica, cuyo entramado ideológico ha venido sustentando los diferentes gobiernos nacionales y que, en relación con las universidades, señala que “Los mecanismos de financiamiento tradicionalmente usados en Costa Rica, combinados con la autonomía universitaria, limitan la capacidad del Gobierno para influir enormemente en el sistema”. Y fue a partir de ese momento que se empieza a actuar con mucha más prepotencia, buscando romper la autonomía universitaria y debilitar su financiamiento. Pareciera que ese es el propósito final de este periódico y de otras fuerzas políticas y económicas empeñadas en desacreditar a la UCR.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Las élites del poder de Costa Rica en toda su miseria moral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.

¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.

Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.

Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)

Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.

Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.

Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.

Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?

La Metamorfosis. Cuando la Constitución deviene «leyenda urbana»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí al artículo de Rubén Hernández Valle, titulado “La burguesía salarial y la autonomía universitaria” (La Nación, 5 de marzo de 2021).

El escrito transmite claramente la impresión de que el distinguido jurista da por bueno que a las universidades se les aplique una versión parcialmente modificada de la ley del empleo público. Ello podría incomodar a La Nación, medio que, con infinita largueza y generosidad, le concede a Hernández Valle, tarima y altavoces para difundir sus ideas. Es que, como es público y notorio, ese medio se ha dedicado a satanizar cualquier posible trato diferenciado a las universidades.

O sea, pareciera que Hernández Valle contradice la ortodoxia establecida, puesto que admite que para el personal académico de las universidades rija una especie de sistema paralelo de remuneración o premio, que se entregaría de forma casuística. Ilustremos el punto. Dígase que este año Paquita publicó un par de artículos científicos y Remigio un libro. Entonces les dan un bono (o varios bonos, no lo sé), como recompensa. Claro, ello no se incorpora a sus salarios, pero sí aporta un “plus” para el año o temporada en que les fue concedido, con la posibilidad de que esos “pluses” se repitan cada vez que Paquita y Remigio publican algo.

Lo de “plus”, bien lo sabemos, es palabra maldita, ominosa, peligrosísima. Ninguna persona que no desee caer en desgracia con los grandes poderes que rigen a nuestro país, debiera jamás pronunciarla. Y, claro está, Hernández Valle no la menciona. Su heterodoxia no da para tanto. Lo de “plus” lo digo yo, que de todos modos soy parte del grupo de forajidos, que aquellos poderes ha declarado culpables de todos los males que aquejan a Costa Rica. Pero, en fin, es rigurosamente cierto que Hernández Valle mete por la ventana de atrás, este otro tipo de “plus”, acaso confiado a que La Nación no se entere. No vaya a salir regañado.

Eso sí, ni Paquita ni Remigio tendrán una trayectoria académica que exhibir y de la cual ufanarse, para al cabo de los años decir: “soy catedrática”, “soy catedrático”. A los 60 serán el mismo profesor y profesora que eran a los 22 ¿O será que en la versión de Hernández Valle es posible conceder este tipo de estímulos morales a modo de pluses simbólicos? No lo sé, y el famoso jurista no lo aclara.

Por otra parte, nos alecciona Hernández Valle en el sentido de que las universidades, dotadas de “autonomía administrativa”, pueden “administrar su personal (nombrarlo, sancionarlo, despedirlo, etc.)”. Y, sin embargo, el proyecto de empleo público dice que es un órgano externo a las universidades el que reglamentará todo eso ¿Realmente las universidades estarían “administrando su personal” cuando es una instancia externa la que formula y aprueba los reglamentos que regulan esos menesteres? No creo que Hernández Valle sea tan ingenuo como para tomarse en serio tal cosa, aunque sí pareciera lo suficientemente arrogante como para creer que los demás somos tan idiotas como para admitir tamaño desatino. Lo más que podríamos decir es que las universidades aplicarán las reglas que alguien más formuló, con un agravante: ese ente externo posiblemente no tiene ni idea de cómo funcionan las universidades públicas costarricenses.

Podemos ilustrar el punto así: supóngase que Hernández Valle tiene un muy exclusivo bufete de abogados (es solo un decir, ignoro si lo tiene). Pues resulta que una empresa que se dedica a la fabricación de inodoros se encarga de formular los reglamentos en materia de personal del bufete de nuestro distinguido jurista ¿podemos confiar que lo harán bien y a satisfacción de tan reputado abogado?

Hernández Valle nos habla asimismo de la “autonomía académica” y de la “autonomía financiera”. En relación con esta última menciona el “numeral 85 de la carta política”, y, en gesto de inusitada magnanimidad, reconoce que depender en materia de financiamiento “de los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, impediría ejercer “a cabalidad” la autonomía académica. Aquí de nuevo, el señor jurista arriesga ganarse una reprimenda por parte de los mandamases. Baste recordar que La Nación misma ha presionado reiteradamente para que los “humores del Ejecutivo o del Legislativo” metan mano en los presupuestos universitarios, y cuando lo han hecho -porque recientemente lo han hecho- lo han aplaudido de pie y a rabiar.

En relación con esto último, y como para apaciguar la ira que sus heterodoxias y veleidades pudiesen provocar, Hernández Valle enfatiza que las universidades están obligadas a observar una “sujeción estricta a la regla fiscal”. Cae entonces la pregunta: y si la regla fiscal de alguna manera entrase en conflicto con el “numeral 85 de la carta política” ¿cuál prevalecería? Se supone -entiendo que todavía el orden institucional de Costa Rica funciona de esa forma- que una norma constitucional es superior a una ley. Y la regla fiscal -no lo olvidemos- nace de la ley 9635.

Pero hay algo más que, no obstante la infinitud de su sapiencia, Hernández Valle deja pasar desapercibido: el artículo 78 de la Constitución. Este ordena que a la educación (incluidas las universidades) se destinará un financiamiento total, no inferior al 8% del PIB. Supuesta una “sujeción estricta a la regla fiscal” ¿sabe usted que ocurriría con los presupuestos para educación (la totalidad de éstos, no solo los de las universidades)? Sencillo: el porcentaje con respecto al PIB irá disminuyendo con el paso del tiempo. Es un resultado inexorable que deriva del diseño de la regla fiscal y de la aritmética que le es propia. Mientras la deuda pública exceda del 30% como porcentaje del PIB, el gasto en educación estará forzado a crecer menos que el PIB, y, por lo tanto, el porcentaje entre ese gasto en educación y el propio PIB, irá en descenso año con año. Y si hoy la deuda ronda el 70% del PIB ¡haga usted cálculos para cuándo se logrará que descienda por debajo del 30%! De aquí a ese momento -acaso yo no vea la aurora de tan venturoso día- el porcentaje que los presupuestos de la educación representen en el PIB, habrán caído lejos, muy lejos del 8%.

Ya para entonces, el artículo 78 constitucional habrá pasado a ser, por mérito propio, una “leyenda urbana”, muy de acuerdo, por cierto, con la estética literaria tan del gusto de nuestro afamado jurisconsulto. Y, entonces, ¿mantenemos apego al mandato de “sujeción estricta a la regla fiscal”?

Y en cuanto a la “autonomía académica”, hay hilos que el señor abogado no enhebra. Dejarlos sueltos es peligroso. Esa autonomía no solo requiere, para hacerse efectiva, de la autonomía financiera, de forma que, en materia de dineros, las universidades no queden sometidas a “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”. Es que la autonomía académica se concreta en la libertad de cátedra, y ésta última es mucho más que un principio abstracto que flota en el éter de las ideas. La libertad de cátedra se hace efectiva, se encarna y materializa, cuando los académicos y las académicas la ejercitan: en la docencia, la investigación o la extensión o acción social. La cosa se enturbia cuando el nombramiento, evaluación, despido, etc. de ese personal queda sujeto a reglamentaciones influidas por “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, que es, exactamente, lo que ocurre en este caso.

También nos habla Hernández Valle de las convenciones o negociones colectivas. Se abstiene de repetir su tan entrañable pero vulgar falacia en relación con el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, pero igual insiste en la prohibición. Ello convierte en “leyenda urbana”, no solo el artículo 62 de nuestra Constitución, sino también el propio Convenio 98, como también el Convenio 154 de la OIT.

Pero, en fin, creo que de eso se trata justamente. Es decir, las realidades políticas en Costa Rica han evolucionado hacia el imperio incontestable de ciertos intereses y, respectivamente, de la ideología propicia a esos intereses. Esa hegemonía es a tal punto asfixiante, que inclusive están reescribiendo la Constitución y reescribiendo las obligaciones internacionales del país. Todo aquello que no se ajuste a esos intereses y esa ideología va metamorfoseándose en “leyenda urbana”.

En el cierre de su artículo, tal y como ya lo había hecho en el título de éste, Hernández Valle opta por curarse en salud, recurriendo a la descalificación a priori en contra de quienes opinen diferente a él. Sé que mucha gente que lea esto, recurrirá al mismo sucio y vil procedimiento. Me tiene sin cuidado. A mis 63 años, con mi derecho jubilación mediante el sistema IVM de la Caja debidamente consolidado, y habiendo renunciado a cualquier figuración política, puesto que Costa Rica jamás me consideró merecedor de alcanzar ninguna, no tengo ya ningún interés personal que defender. Lo dejo dicho, pero sin esperar que haya ninguna comprensión sobre mi decir.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/