Ir al contenido principal

Etiqueta: Chile

Programa Alternativas: Realidad Contemporánea Chile (Parte II)

Se extiende la invitación para este viernes 5 de agosto de 2022, al programa Alternativas, con el tema: “Chile Realidad Contemporánea Parte II”.

Esta segunda parte se dedicará a analizar la nueva Constitución Política chilena, elaborada por su pueblo y que se someterá a plebiscito el domingo 04/09/22.

Se contará con la participación de las personas panelistas Marcos Corona, Marcelo Valenzuela, Daniela Aceituno y Osvaldo Antilef.

Pueden sintonizar a partir de las 6:00 p.m. por Facebook Live Alternativas, la transmisión radial de Radio 16 Oficial (1590 AM) o mediante el siguiente enlace de YouTube: HTTPS://N9.CL/ALTERNATIVAS

UCR: Voz experta: Chile es oficialmente el Estado Parte número 13

Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13

Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.  

La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace). 

Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.

Un detalle de números que merece mención

Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:  

– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones; 

– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.  

Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener. 

A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica). 

Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de  Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).  

Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.  

Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación. 

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.  

En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú. 

Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad;  y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3). 

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.  

El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que: 

«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«. 

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina. 

En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio  (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:  

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.   

En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee. 

En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.  

Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).

Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales. 

Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.

Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.

Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.

Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).

Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas

Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.

En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).

Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación. 

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas. 

Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:

«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).

Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).

Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú». 

El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos. 

Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).

La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.  

En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.  

El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).  

En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

Algunos aportes realizados desde la UCR

A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.  

De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).

Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).

Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo). 

Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.  

Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.

Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.

Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:  

– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?  

– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?  

– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?  

– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)? 

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

Notas

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).   

Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.  

Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. 

Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.» 

Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.  

Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda. 

Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

 

Nicolas Boeglin,
Algunos breves apuntes

Programa Alternativas: Realidad contemporánea Chile

Se extiende la invitación para este 29 de julio de 2022, al programa Alternativas, con el tema: “Chile Realidad Contemporánea”.

Se contará con la participación de los panelistas Marcos Corona, Pastor Evangélico y Master en Educación Teológica; Marcelo Valenzuela, Pastor Evangélico y profesor de Lenguaje y Comunicación; Daniela Aceituno, trabajadora social y Osvaldo Antilef, abogado Magister con experiencia en pueblos indígenas.

Puede sintonizar el programa a partir de las 6:00 p.m. en Alternativas Radio 16 a través de Facebook o mediante el siguiente enlace de YouTube: https://n9.cl/alternativas

Chile y Acuerdo de Escazú: nuevos estándares de participación ciudadana

Desde la organización del Diario Financiero se realizará el próximo jueves 21 de julio a las 11:00 a.m. el conversatorio llamado “Chile y Acuerdo de Escazú: nuevos estándares de participación ciudadana”, en el que se abordará aspectos fundamentales del acuerdo ratificado por el Congreso chileno en los últimos días. 

Se contará con la participación de los y las panelistas: 

  • Alejandra Rivera como moderadora: Editora del Diario Financiero Lab. 
  • Nicolas Boeglin: profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
  • Andrea Sanhueza: directora Espacio Público, representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y el Caribe para el Convenio de Escazú. 
  • Constance Nalegach: jefa de oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente y negociadora del Acuerdo de Escazú. 

Este conversatorio será transmitido por medio de DF.CL, asimismo, si desea participar de la actividad regístrese en el siguiente enlace: https://t.co/vI1T7fVFIu

Registrarse: https://t.co/vI1T7fVFIu

Chile oficialmente Estado Parte número 13 al Acuerdo de Escazú: algunas reflexiones

Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

Nicolas Boeglin (*)

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.

Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.

Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.

En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).

No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.

Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).

Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).

Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.

El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

– -Notas- –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).

Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

La aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile: breves reflexiones

Nicolas Boeglin (*)

Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022.

«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022.

«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que “en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro”. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.

El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Monstrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas). Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación que se materializó el 31 de mayo, con 33 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado y nota de Emol).

Un generoso mes de mayo para Escazú

Estas dos votaciones en el Senado de Chile vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, el cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia.  Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.  

Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando a la Cámara alta (Senado): véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022. 

Las indiscutibles mayorías obtenidas en ambas cámaras del Poder Legislativo chileno evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan mayormente sino a muy pocos, y que forman parte del pasado. 

Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de adhesión correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como bien se sabe.

Una breve puesta en contexto

El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.

Este instrumento regional se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).

Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).

El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:

«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.

Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia  y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.

Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira

El largo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas  (más conocida como CEPAL): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).

Adoptado en marzo, en el mes  de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:

«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.

Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación  oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.

Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.

Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile

Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado este 31 de mayo constituyen importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo – de forma conjunta – en enero del 2021 siendo Argentina y México).

Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como lo explicaremos en algunas de las líneas que siguen.

Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente… ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente así como a mayor acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para un/a costarricense.

Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros estimables lectores a esta publicación de la CEPAL titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú«. En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la CEPAL difundido a raíz de una reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles«: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2).

Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo

El Acuerdo de Escazú es un  tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva  (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.

En relación a la afirmación anterior, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 (cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense). Recientemente el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre reservas de petróleo en Costa Rica hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).

Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada).

Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia.

Escazú y  la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.

Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.

Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 3): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.

No está de más señalar que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea)  «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.

La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina

Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban. 

Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación.  En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por sectores empresariales y sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 4). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria refirió a las complejas – e insondables – relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48)

No obstante,  a esta extraña coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza costarricense: se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado en Costa Rica (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar  al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de la justicia de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo creativo.

Es de notar que este extraño «descubrimiento» (Nota 5) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por  seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el Magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 6). 

Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada.  En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 7). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 8).

Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.

Este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omiso en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense  podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.

Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú a venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante vergonzosa –  del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares en América Latina.

Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo

Más allá del hecho que algunos influyentes sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la insólita mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe indicar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.

La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la CEPAL, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional. 

Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).

A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores  delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 9).  Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.

A modo de conclusión

El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.

Desde este momento,  el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina. 

Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , el primer paso en Chile que inició la senda en dirección de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo  reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales  reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta (Nota 10).

– – Notas – –

Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA  CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.

Nota 2:  Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la CEPAL ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.

Nota 3: La expresión «affaire» refiere al complejo entramado político-empresarial (y a un nutrido grupo de personeros  gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.

Nota 4: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre«, del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: “La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“ Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal.«

Nota 5: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.

Nota 6: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda  señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 7: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de  la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores  al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión». En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:  «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).

Nota 8:  Véase texto completo de la sentencia 11545-2016  en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia  para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar  una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

Nota 9: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarrollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.

Nota 10: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de Le Figaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Texto del foro Avances, obstáculos y enseñanzas de las alianzas entre movimientos sociales: Chile, Costa Rica y Uruguay

El pasado 09 de abril del 2022 la Alianza por una Vida Digna y el Foro Confluencia Solidaria realizaron el foro: “Avances, obstáculos y enseñanzas de las alianzas entre movimientos sociales: Chile, Costa Rica y Uruguay”. Se contó con la participación de:

Tomás Leighton, miembro del Frente Amplio y exdirigente estudiantil en Chile.

Ciska Raventós, socióloga, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, activista social.

Karin Nansen, fundadora y coordinadora de REDES Amigos de la Tierra Uruguay e integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe.

Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS como moderador.

A continuación se presenta la transcripción de lo expuesto en dicho foro que fue transmitido por SURCOS. La transcripción fue realizada por Tracey Masís Martínez, estudiante de Gestión Cultural de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Se registra el minuto de cada inicio de participación para quienes deseen escuchar las secciones en el video.

HF: Muy buenas, un saludo de parte de la Alianza por una Vida Digna, que es un espacio de debate y construcción de sentido crítico, lo que llamamos un espacio de lucha cultural, y del Foro Confluencia Solidaria que es un espacio de encuentro entre movimientos sociales para construir procesos ciudadanos en Costa Rica.

Hoy nos acompañan tres personas, vamos a escuchar sus aportes al tema Avances, obstáculos y enseñanzas de las alianzas entre movimientos sociales – Chile, Costa Rica y Uruguay. El propósito tanto de la Alianza por una Vida Digna y del Foro Confluencia Solidaria como de SURCOS Digital que hace la transmisión es compartir experiencias relativas a la posibilidad que tienen los movimientos sociales de ser actores claves de las vida política de un país, y contribuir a la construcción de democracia y vida digna.

Vamos a iniciar la presentación de hoy con Tomás Leighton, él es miembro del Frente Amplio y exdirigente estudiantil en ese país; también estará con nosotros y nosotras Ciska Raventós, ella es socióloga, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, activista social; y Karin Nansen, ella es fundadora y coordinadora de REDES Amigos de la Tierra Uruguay e integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe. Sin duda las experiencias que nos van a compartir las tres personas serán de gran provecho, y entramos directamente con Tomás Leighton, compañero de Chile; adelante Tomás.

  • Al 1 minuto con 54 segundos da inicio Tomás Leighton.

TL: Buenas tardes, Héctor, en primer lugar, quisiera saludar a quienes nos están viendo el día de hoy compañeros y compañeras de Costa Rica, por ahí quizás a la comunidad de chilenos y chilenas en Costa Rica, un abrazo gigante a ellos, también a las compañeras Ciska y Karin, es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y poder contarles mi perspectiva sobre los desafíos de los movimientos sociales en América Latina.

Pero también es un momento importante para la región, en un momento donde de alguna manera no solo los movimientos sociales progresistas, sino las fuerzas políticas en general están en un proceso de rearticulación; Y en donde me toca también de cerca como chileno estar viviendo la inauguración de un gobierno, de un nuevo gobierno a partir del triunfo de Gabriel Boric, que también, yo creo, habla muy directamente del modo en el que los movimientos sociales son capaces de organizarse, articularse y plantear sus demandas hacia el sistema político, hacia la sociedad en general, de modo de cambiar el rumbo de la amplia vida social de nuestros países.

Boric fue un dirigente estudiantil hace un corto periodo y hoy día están en el poder, y no es solo él, sino que yo diría que también es parte de una larga posta de luchadores y luchadoras sociales que en Chile han dado y han arriesgado su propia vida, en momentos oscuros pero también han aportado al país en otros momentos desde siempre y eso es parte de una tradición.

La verdad, que primero también quería saludar enérgicamente al diario SURCOS que cumple quince años en noviembre de este año, y la verdad, es que cuando Héctor me convocó a conversar y me contó de la existencia del Diario Digital SURCOS me interesó de inmediato por dos motivos: primero, porque el desafío que tienen los movimientos sociales progresista para comunicar y en definitiva para hacer visibles sus demandas es muy difícil. Yo me acuerdo haberlo vivido como dirigente estudiantil en el 2014 en mi país, con el movimiento estudiantil chileno, por la educación gratuita, por la educación garantizada, por la educación como derecho social garantizado por el Estado, este movimiento tuvo enormes desafíos a la hora de comunicar sus demandas. Sobre todo, en un país en donde la propiedad de los medios de comunicación está concentrada, y eso fue uno de los problemas, porque tuvimos que enfrentar la demonización que hicieron los medios cuyos intereses se oponían a los cambios que nosotros demandábamos desde las calles. Entonces obviamente es un problema estructural, pero vaya que ayuda ver las experiencias de otros países donde hay autogestión comunitaria para comunicar nuestras demandas hacia la sociedad sin el viento en contra.

Y segundo, porque según estuve indagando también SURCOS se define como un diario para la democracia participativa, que me pareció un concepto interesante, porque yo creo profundamente en la democracia participativa, creo que es el término adecuado para aquellos demócratas, para aquellos que nos identificamos como demócratas, pero que nos rehusamos a que la democracia esté hecha a la medida del capital, porque la verdad es que para que los procedimientos de la democracia funcionen es necesario que los valores que los inspiran se realicen: la igualdad, la libertad, la justicia social… por eso me parece que es bastante notable que tengan a la democracia participativa como definición.

Así que bueno, yendo a Chile, yo quisiera hablar también de cómo los movimientos sociales han visto de alguna manera un crecimiento en su posibilidad de ejercer una influencia política a lo largo del tiempo, hacer un poco de trabajo retrospectivo, porque hoy día uno ve a Boric de presidente y se podría pensar que eso fue fácil, que Chile tuvo una posición favorable, de la noche a la mañana, para tener un dirigente social hoy como presidente de la República y la verdad que no. La verdad es que ha sido un proceso de idas y venidas que ha sido bastante largo.

Así que voy a ir para atrás un poco.

Chile tuvo un proceso de industrialización y desarrollo que venía gestándose en la primera mitad del siglo XX y que culmina con la elección de Salvador Allende en el setenta, y así, como muchos países latinoamericanos ese proceso se interrumpió abruptamente por el golpe militar del 73, que estuvo financiado y apoyado por el departamento de Estado de los Estados Unidos y que puso a Pinochet en el poder por diecisiete años.

Y una de las particularidades de esa dictadura criminal, fue que a diferencia de otras dictaduras impulsó políticas neoliberales desde muy temprano, o sea, antes de que Margaret Thatcher y Milton Friedman implementaran políticas neoliberales en Inglaterra, en Estados Unidos, de, digamos, focalización del gasto público y otras polìticas, Chile ya tuvo un experimento al respecto muy temprano en los setenta. Y eso tiene que ver con los economistas chilenos que se fueron a estudiar a Chicago y volvieron e implementaron como ministros de Pinochet políticas económicas muy ortodoxas que no se remitían sólo al manejo de la política financiera, sino que se metían en todas las esferas de la vida: privatización de la educación, la salud, las pensiones y, sobre todo, atacar la sindicalización.

Y eso fue toda una revolución neoliberal, como le llamamos en Chile: una revolución de otro signo.

Pero lo más importante es que Pinochet de alguna manera escribió, o encargó de escribir una Constitución Política a un minúsculo grupo de abogados que redactara las ideas del régimen a su medida, sin sancionarla democráticamente, y esa Constitución fue la del 80, digo fue, porque ahora la estamos cambiando mediante un plebiscito; estamos en un proceso constituyente.

Pero esa Constitución del 80 tuvo dos ideas principales: la subsidiariedad del Estado, o sea, reducir el Estado a su mínima expresión, y solo va a prestar servicios que los privados no pueden proveer, y cuando lo hace, lo hace mediante transferencias monetarias a los grupos más segregados, con lo que reproduce las desigualdades económicas.

Y lo segundo es la idea, y aquí me quiero detener, y creo que esto es lo importante de esta presentación, la idea de la autonomía de los cuerpos intermedios, así decía la Constitución, y quiere decir que los problemas políticos que enfrenta la sociedad, no se dirimen mediante la democracia y los partidos políticos, sino que a través de otras instituciones intermedias como los gremios, los empresarios o las agrupaciones profesionales, para que negocien directamente sus intereses ante el gobierno. O sea, en el fondo es una especie de corporativismo, a lo franco, que cree en la necesidad de que se mantenga un orden que es siempre desigual y que no hay que transformar.

Por eso la Constitución del 80 no sólo restringe la actividad política, los partidos y “todo lo que huela a marxismo” decían ellos, sino que fundamentalmente desorganiza a los trabajadores y los priva de la posibilidad de organizarse políticamente. O sea, a la larga despolitiza la sociedad y crea una cultura anti política para legitimar las desigualdades, entonces una de las cosas más importantes que hizo la dictadura para despolitizar la sociedad fue atacar a los sindicatos.

Además de asesinar y torturar a cientos de dirigentes sindicales, prohibió la militancia política de los trabajadores, estableció el reemplazo de los trabajadores en huelga, eliminó la negociación ramal, por ejemplo, dejando una herencia terrible en donde hoy día tenemos una sindicalización menor al 15 % a nivel nacional, entonces cuando uno habla de movimientos sociales hoy en Chile uno se remite a los trabajadores sin duda.

Pero tampoco hay que olvidarse que las leyes contra la sindicalización de la dictadura fueron muy fuertes e hicieron que, de alguna manera, la mayor articulación de los movimientos sociales en Chile, en el Chile post Pinochet, en el Chile que despierta del año 2011 en adelante, está mucho más relacionada con los movimientos socioambientales, con los movimientos estudiantiles y con el movimiento feminista y no tanto con el movimiento de los trabajadores, desafortunadamente.

Eso no significa que la gente que trabaja no tenga una opinión favorable a los movimientos sociales. ¡Puede que sí! Ahora, la sindicalización per se es un problema y es una diferencia respecto a otras realidades del Cono Sur, por ejemplo, como Argentina, Uruguay o el caso brasileño también.

Luego, con la transición a la democracia, Chile obviamente cambió muchísimo y eso hay que decirlo, no es que no haya cambiado nada, pero obviamente se profundizaron también muchos de los pilares del Chile pinochetista, y Chile tuvo un gran periodo de un fuerte crecimiento económico durante los gobiernos de la concertación.

De la centro izquierda, yo diría más centro pues no se si centro izquierda sea como algo que nos diga muchas cosas a nivel comparado, -pero ciertamente no la derecha-, de alguna manera esas administraciones aumentaron muchísimo el crecimiento económico, pero engendraron también mucha desigualdad social a nivel comparado, y el modelo de la concertación si bien aumentó muchísimo la capacidad de consumo de las personas, cuando tú no tienes derechos sociales fuertes y consolidados y todo el acceso a los servicios está privatizado eso genera endeudamiento privado. O sea, endeudamiento de las personas, endeudamiento de los hogares, y finalmente eso termina haciendo crisis, porque los ciudadanos se van resistiendo y van bajando la tolerancia a la desigualdad con el tiempo, y de ahí que los movimientos sociales chilenos reaparezcan con fuerza del 2011 en adelante.

Y eso es lo que en Chile nosotros le llamamos la politización de la desigualdad, ahora, uno también le podría decir lucha de clase, eso depende de alguna manera del nivel de profundidad que uno le quiera poner, pero en los años 2000 nosotros obviamente teníamos un sistema de finanzas públicas sana, con poca deuda pública, pero las finanzas priva un desastre, o sea, la deuda, y eso es importante porque en Chile la deuda privada, la deuda de las personas no se usa para lo que normalmente se entiende por el uso del crédito. No es en los países desarrollados, donde el crédito se usa para pagar costos extraordinarios, viajar, hacer remodelaciones de una casa, invertir… En Chile la deuda significa usarla para gastos corrientes, pagar la salud, la vivienda, la ropa, la comida y sobre todo la educación.

Entonces el endeudamiento por educarse, tanto para darle educación a los hijos en escuelas privadas, con una pequeña subvención del Estado, como para acceder a la educación superior, es un símbolo de cómo el sistema en Chile hizo crisis. Y ante eso el movimiento estudiantil del 2011, del cual yo fui parte, unos años después como dirigente en la secundaria, ese que se reveló en dos mil once fue un símbolo, fue el, digamos, el primer grito fuerte contra el neoliberalismo que se continuó en los años de transición.

Y ahí aumentaron las protestas, se instaló la demanda de derechos sociales en la sociedad, se volvió popular, se volvió sentido común. Incluso me atrevería a decir que la idea de estar en contra del neoliberalismo fue haciéndose más hegemónica en el tiempo. Cuando el sistema, el modelo chileno termina de hacer crisis, hace un par de años atrás, en el 2019 cuando tuvimos un estallido social, la izquierda política, -que dicho sea de paso tenía una parte en él, somos parte de una larga posta que nos pasaron dirigentes que resistieron largos años en la marginalidad política excluidos del sistema, pero también otras generaciones nuevas que nos incorporamos-, esa izquierda política que resistía, que se había formado en el movimiento estudiantil, logramos capitalizar el estallido social y conducirlo hacia un cambio constitucional. Y, además, elegir a un ex dirigente estudiantil de nuestras filas como presidente de la República que es Gabriel Boric.

Por lo tanto, no es que los movimientos sociales siempre tengan deriva progresistas, no necesariamente. Pero de alguna manera la articulación entre la política y la sociedad en este caso nos permitió tener los resultados que tuvimos. Luego a mí me tocó ser parte, así como a muchos, de la idea de juntar la política con la sociedad, de hacer que los movimientos sociales se involucren en las discusiones públicas más allá de sus propios intereses. Y creo que eso colisiona directamente con la idea de separar a la política de la sociedad que la dictadura aplicó con su idea corporativista por excelencia. Es la idea donde los movimientos desde la sociedad civil resuelven sus problemas autónomamente, y esa idea de la autonomía es tremendamente peligrosa en la medida en que no se entienda como hacernos dueños de nuestras propias vidas, sino que se entienda como cada uno se arregla como puede.

Creo que el tema de cuáles son los desafíos de los movimientos sociales hoy en América Latina, tiene que ver mucho con la manera en que, como dice el título del foro, hacemos alianzas entre movimientos sociales en la medida en que politizamos y nos oponemos a esa idea gremialista de separarlos y de mantenerlos lejos de las instituciones, de la política.

  • A los 16 minutos con 46 segundos Tomás Leighton da por finalizada su intervención.

HF: Muchas gracias Tomás por tu aporte y aprovechamos para hacer una felicitación a lo que ha sido el proceso chileno, y la elección como lo has dicho de un ex dirigente social como presidente de la República después de haber tenido una larga participación en movimientos estudiantiles y de otro tipo.

Le damos la palabra ahora a Karin, compañera de Uruguay de REDES Amigos de la Tierra.

Bienvenida Karin.

  • A los 17 minutos con 26 segundos da inicio la invención de Karin Nansen.

KN: Hola, muchas gracias por la invitación y por poder participar en este rico debate que esperemos que se continúe en el futuro, también integrando otros movimientos de diversos países, porque nos parece que es sumamente importante.

Nosotras somos una organización de lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, y desde esa perspectiva de la justicia en todas sus dimensiones, es que consideramos que hoy es necesario y fundamental apostar a la construcción de alianzas entre los movimientos sociales, y es algo a lo que le estamos realmente dedicando mucho esfuerzo y en lo que creemos firmemente, tanto a nivel nacional de mi organización, como a nivel de América Latina Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe y también a nivel internacional.

Hoy es muy evidente que está en riesgo la sustentabilidad de la vida; las crisis socio ecológicas que enfrentamos, la crisis climática, del agua, de la biodiversidad, alimentaria, están interrelacionadas y son crisis que están amenazando los sistemas ecológicos que hacen posible la vida.

Pero también están destruyendo los medios de sustento de grandes mayorías de la población, están atentando contra los derechos de los pueblos. O sea, cuando hablamos de crisis, en realidad estamos hablando de que está en juego la vida y la realización de derechos.

Y en ese contexto es evidente que se necesita una transformación radical de nuestras sociedades y de los sistemas de producción y consumo, y además de la forma en que organizamos nuestras sociedades, nuestra economía y nuestra relación con la sociedad y la naturaleza.

También es evidente que asistimos a una profunda crisis de los cuidados que es el resultado de un sistema patriarcal que se basa en la explotación del trabajo del cuerpo de las mujeres mediante la división sexual del trabajo.

Entonces, lo que decimos es que es necesario ese cambio radical que haga posible la sustentabilidad de la vida, y que no es posible eso mientras continúe este sistema de acumulación que prioriza ante todo la concentración, la acumulación de capital y la toma de decisión en pocas manos, y en función de unos pocos, de los intereses de unos pocos.

Vemos cómo está muy relacionada la explotación de la clase trabajadora con la explotación de las mujeres, con la explotación de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y la explotación de la naturaleza.

Y lo mismo ocurre con los procesos de privatización, como decía Tomás, que se van produciendo con la imposición del neoliberalismo, un proceso de privatización de las distintas esferas, de las distintas dimensiones de la vida en sociedad y también de la naturaleza.

Por ello se plantea la necesidad de enfrentar un sistema que se sustenta en múltiples opresiones, y que se sustenta también en esa en esa lógica de explotación y de privatización de absolutamente todo. Por eso es que los movimientos sociales no pueden enfrentar esta dimensión de lo que tenemos por delante en forma aislada, en forma separada. Es necesario unir fuerzas como movimientos y entender en profundidad la raíz de las crisis que enfrentamos.

Porque si no entendemos las causas estructurales de las crisis que enfrentamos, las respuestas posiblemente no sean las adecuadas, o por lo menos, posiblemente, tenemos respuestas que son parciales.

Necesitamos una respuesta integral que realmente responda a las causas estructurales de las crisis, eso nos parece fundamental. Y en ese sentido las alianzas son necesarias también para avanzar en la construcción de paradigmas emancipatorios, de proyectos políticos emancipatorios que permitan fortalecer esos sujetos políticos populares. Debemos re-apropiarnos de la política y disputar la esfera política como decía Tomás.

Y es fundamental también que esos procesos de construcción política desde los movimientos se nutran de las luchas y las reivindicaciones históricas de nuestros pueblos y movimientos, pero que también sean capaces de tener una lectura en profundidad del contexto actual de la coyuntura, de la correlación de fuerzas y de lo que está en juego.

Por eso pensamos que tenemos muchos desafíos en términos de cómo vamos generando un análisis común, mediante un proceso participativo, democrático entre los movimientos sociales. Un análisis común que nos permita delinear una agenda también política común que parta de la diversidad. No estamos diciendo que queremos homogeneizar nada, sino, lo que queremos es que desde esa perspectiva de la diversidad podamos lograr la unidad de agendas.

Y en ese sentido también quiero enfatizar lo que decía Tomás de la importancia de la disputa de la esfera y la arena política, porque las políticas públicas son necesarias para que podamos cambiar este curso, para que podamos generar políticas en función del bienestar de nuestros pueblos, políticas que permitan revertir estas crisis estructurales, estas crisis socioambientales estructurales.

Entonces, frente a este proceso de des-legitimación de la política que se está dando, y de erosión de la democracia, -que es muy brutal-, la respuesta realmente es la participación activa de los pueblos y de sus movimientos sociales.

Es fundamental para nosotras entender que la política tiene que ver con la toma de decisiones que afectan a la organización de nuestras sociedades, su relación con la naturaleza: tiene que ver con disputar el Estado, tiene que ver con descolonizar el Estado y reorganizarlo en función del bien común y de los derechos de nuestros pueblos.

Otra dimensión fundamental, a la que no podemos escapar, es la disputa de la esfera económica. Necesitamos organizar nuevos sistemas de producción con nuevas relaciones sociales que nos permitan garantizar la producción y la reproducción de la vida, esto considera la centralidad del trabajo tanto productivo como reproductivo para nuestras sociedades, y la organización por lo tanto de nuestros pueblos en función de eso.

Pensamos que como movimiento ecologista no nos podemos quedar simplemente en una disputa en torno a qué pasa con los procesos de explotación de la naturaleza, que son muy brutales, sino que necesariamente tenemos que ver cómo eso se interrelaciona con otros procesos de explotación y cómo la privatización de la naturaleza está directamente vinculada también con la privatización de los servicios públicos, con el desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora y el desmantelamiento de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes.

En términos más concretos, un aprendizaje para nosotras que ha sido muy importante es el proceso de construcción de la soberanía alimentaria, que es un principio que fue político, que fue inicialmente impulsado por la Vía Campesina a la que luego nos sumamos muchos otros movimientos. Implica el reconociendo del derecho de nuestros pueblos de definir nuestras propias políticas, nuestras propias estrategias y sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos justos, que reconozcan el papel central de las mujeres en la producción de alimentos como sujeto político. La soberanía alimentaria reconoce el acumulado de nuestros pueblos en la construcción de sistemas alimentarios que realmente garanticen la alimentación a nuestros pueblos.

Ese proceso de construcción tiene que ver con el derecho a la tierra, al territorio, con disputar el sentido del territorio, y esto tiene que ver con la lucha por políticas públicas que permitan realmente garantizar el derecho al agua, a la salud, a la alimentación; es un proceso de construcción que tiene mucho que ver con lo local porque esos sistemas alimentarios que están en construcción se van construyendo a nivel territorial, a nivel local, pero tiene mucho que ver con el diálogo, con la organización social que es fundamental y tiene que ver también con el diálogo entre campo y ciudad.

Aprendimos que la soberanía alimentaria no es solo un tema del campesinado, sino que la construcción de la soberanía alimentaria es una tarea que nos debe convocar al conjunto de la sociedad, y por lo tanto, es fundamental el compromiso de la clase trabajadora con ese proceso de construcción de la soberanía alimentaria.

Y en Uruguay concretamente una experiencia que tenemos, que consideramos súper valiosa, es un proceso de construcción de un movimiento que se llama Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, de las que formamos parte y que ha sido un proceso de construcción con los productores y productoras familiares, campesinado, comunidades de nuestro país, pero también en diálogo con la universidad, y con esos compañeros y compañeras de la universidad comprometidas con estos procesos sociales y que nos ha posibilitado ese proceso, buscamos defender el derecho que tenemos como pueblos a organizar nuestro sistema alimentario en función de otras dinámicas y de otros parámetros, que son distintos a los que nos impone el agronegocio y a disputar el territorio y reivindicar el derecho al territorio desde esta perspectiva de construcción de soberanía alimentaria.

Otra experiencia que ha sido sumamente importante para nosotras fue la campaña por el derecho al agua, que fue una campaña que se llevó adelante en el año 2003-2004 y que llevó a la reforma de la Constitución para que hoy en día consagra el derecho humano al agua, y vamos adelante junto con el sindicato FOSE que se llama que es el sindicato de trabajadores y trabajadoras de del agua y con otras organizaciones sociales, esto llevó a la constitución de una comisión nacional en defensa del agua y de la vida, aprendiendo también de la lucha en Bolivia, por ejemplo, y nos permitió eso: que la Constitución realmente consagre ese derecho fundamental al agua y prohíba los procesos de privatización del agua.

Pero además, en esta alianza entre movimientos logramos entender conjuntamente que si queríamos realmente garantizar el derecho al agua era necesario cuidar el agua en el territorio, cuidar el ciclo hidrológico, cuidar la calidad, la cantidad del agua en el territorio y por lo tanto necesitamos territorios saludables, y por eso, en la Constitución también se incluyó lo que era necesario y obvio que es la gestión sustentable de las cuencas y la gestión participativa de las cuencas hidrográficas, y estamos en un proceso hoy de disputa porque si bien está el derecho garantizado en la Constitución, hoy vemos cómo con el avance del agronegocio en nuestro país se está poniendo en cuestión ese derecho y no se está cumpliendo con este mandato de gestión sustentable a nivel territorial de las cuencas hidrográficas y demás.

Otras luchas que llevamos adelante con el movimiento sindical tuvieron que ver con la resistencia contra los tratados de libre comercio, que ha sido un tema también que históricamente hemos compartido con el movimiento sindical, quizás la lucha más reciente fue en torno al tratado sobre el comercio de servicios el TISA, y logramos que Uruguay se retirara de ese proceso. Pero sabemos que es una lucha que se continúa porque la agenda neoliberal sigue.

Imponer tratados de libre comercio es algo que está en la agenda claramente del nuevo gobierno; y en términos más recientes la lucha contra una ley muy importante para el gobierno que hoy actualmente está en nuestro país, que es la Ley de Urgente Consideración, una legislación que incluye todo tipo de temas y que se aprobó mediante un proceso que consideramos totalmente anti democrático: en forma urgente, pero además, el contenido es sumamente terrible en términos de lo que significa por la pérdida de derechos y por la imposición de una lógica neoliberal nuevamente. Recientemente tuvimos un referéndum, y eso fue posible gracias a la organización de los movimientos sociales, claramente del movimiento sindical, del movimiento cooperativista, del movimiento estudiantil, pero también del movimiento feminista. Fuimos muchas organizaciones que nos sumamos en primer lugar a un proceso de recolección de firmas para habilitar el recurso de referéndum y para que realmente hubiera un debate democrático en nuestro país, finalmente no logramos ganar, lamentablemente no logramos derogar esos ciento treinta y cinco artículos de esta Ley de Urgente Consideración, pero de todos modos hubo un proceso que consideramos sumamente importante de acumulación política desde los movimientos, en términos de lo que decía también Tomás: de fortalecimiento de la democracia.

Cuando se tiene un gobierno como el que tenemos hoy en Uruguay que no apuesta a una radicalización de la democracia sino todo lo contrario, pues utiliza su poder para imponer normas que van en la línea del fortalecimiento de la perspectiva neoliberal, y también el fortalecimiento de un Estado más represivo.

Porque a veces hablamos mucho del desmantelamiento del Estado y cómo desde esa lógica neoliberal se impone una reducción del Estado, pero se impone una reducción del Estado en función de los derechos de la población, al mismo tiempo se va generando un fortalecimiento de un Estado más represivo. Entonces ahí tenemos una lucha en nuestro país, y que para la cual, es fundamental la alianza con movimientos sociales.

En se proceso estamos; pensamos que es sumamente importante entender que la construcción de alianzas tiene que ver con procesos, no se construyen alianzas de un día para otro, el proceso de construcción es tan importante como los resultados que podamos lograr gracias a esas alianzas, pues esto nos permite disputar el espacio político.

Como movimientos sabemos que es un aprendizaje, porque es verdad que venimos desde perspectivas distintas, desde historias de luchas muchas veces distintas, pero que necesitamos aunar algunos temas de la agenda política que realmente son trascendentales para todos los movimientos, y que necesitamos entonces como decía antes desde esa diversidad construir cada vez más la unidad, y para eso, hay que apostarle. Se necesita tiempo y se necesita también mucha humildad, se necesita mucha humildad y también reconocer esas luchas históricas y los movimientos históricos que en nuestro país han hecho posible los cambios sociales.

Por eso consideramos tan importante el momento actual. Por supuesto es importante la relación con el movimiento sindical, pero también con el movimiento feminista para cualquier proceso de transformación social en nuestro país.

Muchas gracias.

  • A los 34 minutos con 32 segundos Karin Nansen da por finalizada la intervención.

HF: Muchas gracias Karin por este aporte desde la experiencia uruguaya. Estuve pendiente del resultado del referéndum y vi que no se había ganado, que no lo habíamos ganado, pero como decís, fue una experiencia importante de acumulación política y eso también es válido en ese proceso que señalás de construir alianzas, lo cual, expusiste, no es algo de un día para otro, sino que es un proceso.

Muchas gracias, Karin.

Pasamos ahora con Ciska Raventós, ella es socióloga, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, y es una persona que ha estado muy activa en la lucha social en nuestro país, así que bienvenida también Ciska. Adelante.

  • A los 35 minutos con 16 segundos da inicio la intervención de Ciska.

CR: Muchísimas gracias por la invitación, saludos a Karin, a Tomás y a Héctor.

Probablemente yo voy a ser mucho más detallada con respecto a datos de Costa Rica porque son menos conocidos, y además, porque estamos en un momento en el cual necesitamos mucho más mirar a la historia reciente para colocarnos frente al presente y al futuro.

A diferencia de Chile y Uruguay, Costa Rica no tuvo período dictatorial, es decir, no tuvimos ruptura del orden constitucional, y eso hace que tanto las políticas de salud, las políticas de educación, a pesar de que se han degradado en el contexto neoliberal, todavía sigue habiendo un peso importante de la salud y de la educación pública, es decir, son todavía bastiones cada vez más débiles, pero importantes para la ciudadanía.

Actualmente tenemos un desolador panorama político, tenemos una profunda crisis social marcada por desempleo, pobreza, desigualdad, que ya venía agravándose y que las políticas frente a la pandemia terminaron de exacerbar muchísimo.

En segundo lugar, tenemos un debilitamiento y fragmentación de las organizaciones sociales, tras las movilizaciones sociales recientes.

En tercer lugar, un fuerte desplazamiento del espectro político institucional hacia las fuerzas neoliberales que se expresa en una enorme mayoría legislativa y por último el triunfo electoral de un candidato populista de derecha que movilizó en campaña el malestar social contra chivos expiatorios, sin ofrecer soluciones a los grandes problemas nacionales.

Tenemos entonces riesgo de que las fracturas sociales se sumen a la capitalización de la desconfianza entre las personas y degrade aún más el tejido social.

Y sin embargo hace quince años tuvimos un ciclo de movilización social que nos llenó de esperanza y de la idea de que íbamos a poder más bien avanzar en derrotar al neoliberalismo.

Entonces, por eso en esta breve participación quisiera hacer una rápida descripción de las movilizaciones sociales que van del 95 al 2007, y después, de las movilizaciones recientes del 2018 y 2019; un poco para colocarlas en perspectiva.

Y luego haré algunas reflexiones sobre los avances, límites y enseñanzas de estas alianzas.

El ciclo de movilización del 95 y 2007 tiene dos momentos: una huelga magisterial en el noventa y cinco contra la restricción de las pensiones, -que si bien fue derrotada-, dejó una huella de malestar y de conciencia en el magisterio, y los profesores y las profesoras están en todo el país. Quedó así un magisterio más crítico y menos apegado, digamos, a las autoridades formales.

En el dos mil se suma una movilización social muy importante en contra de la apertura de las telecomunicaciones. Teníamos un monopolio estatal de telecomunicaciones, antes de eso de electricidad también, en una compañía estatal, y que además había llevado electricidad y telefonía a todo el país. En este caso esta movilización llevó al gobierno a sacar de la agenda legislativa un proyecto de ley de apertura que ya había sido aprobado por una mayoría muy contundente, es decir, la movilización social forzó revertir un acuerdo legislativo.

Y en perspectiva histórica, esta movilización y este triunfo logró detener la legitimidad del discurso privatizador por dos décadas, es decir, en dos décadas en política ningún candidato se ha atrevido a hablar abiertamente de privatizaciones y tememos que esto pueda empezar ahora.

También se desarrolló un movimiento muy amplio y multisectorial contra el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Estuvieron en esa lucha los movimientos sindical, ambiental, estudiantil, feminista, las comunidades indígenas… básicamente, se fueron aglutinando todos los movimientos sociales en la protesta.

Hubo un par de años de movilización callejera del 2005 al 2007, y esto finalmente lleva a la convocatoria de un referéndum, por iniciativa presidencial, a pesar de que la demanda de referéndum surgía desde la sociedad, es el presidente, que en un golpe de timón muy rápido quien convoca y eso generó una enorme movilización social y organización en todo el país en la campaña para ganar el referéndum contra el TLC. Y bueno, lo perdimos, pero lo perdimos 48 a 52 a pesar de que enfrentamos al gobierno, a empresarios, y hasta el embajador de los Estados Unidos de América participó activamente en la campaña a favor del TLC.

Entonces este ciclo largo de capitalización de movilizaciones y organización, y como diría Tomás, de politización de la sociedad dejó un enorme aprendizaje en términos de formas de organización.

Las organizaciones locales que se crearon para enfrentar el referéndum juntaron en el territorio a sindicalistas, ecologistas, feministas, estudiantes, gente en general de los barrios, y eso generó un espacio de encuentro y de aprendizaje común, y aprender sobre lo que decía Karin, de las diferencias, de aprender a escuchar, no solo diferencias políticas de énfasis, de cómo esas se van sumando en proyectos populares alternativos, sino que también incluso de estilos de trabajo dentro de las organizaciones. Es decir, desde las jerarquías sindicales hasta la horizontalidad feminista o ecologista se logró generar un enorme laboratorio de aprendizaje y eso fue muy valioso. Y a la vez hubo una fuerte presencia de capas medias que desarrollaron pedagogías populares en barrios a lo largo de los cinco años que duró la lucha contra el TLC.

También hubo coordinaciones nacionales muy difíciles entre distintos movimientos sociales, coordinaciones siempre cargadas de tensión, pero el objetivo común de derrotar el TLC, de alguna forma iba permitiendo patear para adelante las diferencias.

A pesar de haber perdido el referéndum, el ciclo de movilización social contribuyó a romper el orden bipartidista y disminuyó el apoyo popular a los partidos que venían impulsando las reformas neoliberales, y va a desarrollar ese proceso dos partidos, uno mucho más fuerte, el partido Acción Ciudadana de centro y el partido Frente Amplio de izquierda.

En términos de esta politización de la sociedad, después de la derrota del referéndum hubo ruptura de las alianzas entre movimientos, mucho reclamo de unos a otros, de quien había dicho qué, entonces hay un proceso de fragmentación y de mucha amargura. Una situación muy problemática. Estamos hablando del 2007, y a pesar de que la oposición al TLC fue concertando perfiles de proyectos alternativos un poco en la línea de lo que señala Karin, es decir, de irse encontrando en las distintas dimensiones de lo que requeriría un proyecto alternativo, eso no se potenció, nos quedamos en el no, en habernos opuesto al TLC y no en toda la riqueza propositiva que había surgido en ese contexto. Entonces ese proceso de politización de alguna forma se estancó y pasó, de vuelta, hacia demandas más sectoriales de los movimientos.

En contraste con ese periodo tenemos las movilizaciones recientes. Producto de la ruptura del bipartidismo desde el 2014 hasta mayo 2022 hemos tenido en el gobierno al Partido Acción Ciudadana, uno de los partidos que surge al calor de este otro periodo de expansión y politización, gana en segunda ronda, es decir, con muchos votos prestados y con minorías parlamentarias.

En el 2014 también creció la izquierda, el Frente Amplio pasó de un diputado a nueve, pero aun así en conjunto Acción Ciudadana y Frente Amplio no generaban mayoría legislativa; en el 2018 inicia el segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio baja de 9 curules a solo un diputado, por su parte el Partido Acción Ciudadana pasa de 13 a 10, o sea, lo que podría eventualmente haber sido la herencia de ese otro periodo queda limitada a once diputados de una Asamblea de cincuenta y siete.

El gobierno 2018-2022 compensó su extrema debilidad aliándose con un sector del empresariado grande vinculado con el sector exportador y emprendió una reforma fiscal cuyos costos recayeron directamente sobre sus bases sociales, sobre todo en las capas medias, los trabajadores del Estado y los pequeños y medianos empresarios.

Y en oposición a la reforma fiscal se generó una enorme movilización sindical, probablemente la mayor de toda la historia del país, así como una huelga magisterial de un semestre sin que alcanzaran objetivo alguno. Ni siquiera se entablaron procesos serios de negociación, o sea, eso fue una derrota muy fuerte.

Y en medio de la pandemia surgió una segunda movilización en 2020, un estallido social, un poco como lo que vivieron ustedes en Chile, pero en magnitud mucho menor, pero finalmente paralizó a todo el país durante un mes en octubre del 2020.

Frente a la movilización esta del estallido, que era algo que no tenía demandas claras, que no era muy claro qué era lo que se planteaba, con distintos sectores tratando de capitalizar los apoyos, tanto de parte de la izquierda como de otros movimientos sociales y grupos empresariales.

Es decir, en general son movimientos los dos muy aislados, tanto el del dieciocho como el del veinte, aislamiento sindical en 2018 y el otro ni siquiera se puede llamar un movimiento, fue más un estallido.

Y paralelamente el presidente de la República desarrolló un proceso de diálogo social en el que no incluyó actores que vienen del estallido, sino otros movimientos sociales, tratando de montar un acuerdo frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tratando sobre todo de desmovilizar la protesta.

En este periodo reciente los únicos movimientos que han mantenido una capacidad de movilización creciente son los movimientos feministas seguidos por los LGTBIQ+.

El movimiento ecologista tuvo la dificultad de que frente a un discurso ambiental muy fuerte del gobierno se ha dividido, es decir, un sector se mueve en ámbitos internacionales y celebra el ecologismo de Costa Rica mientras que el movimiento sindical comunal y de base se encuentra aislado, entonces hay una especie de cooptación del discurso ambiental, más como una cuestión de relaciones exteriores y con poco peso hacia adentro, aislando al movimiento de base comunal, y por otra parte con, incluso, retrocesos a nivel ambiental. Es decir, mientras se tiene la campaña de divulgación, a la misma vez hay retrocesos ambientales.

Algunas reflexiones:

Lo primero es que hay una enorme diferencia entre el impacto político de las movilizaciones de fin y principios de siglo y este de los últimos años. Estas dos décadas y media nos han evidenciado las complejidades de la construcción de alternativas políticas incluyentes desde la sociedad. Por un lado, hemos tenido muchas dificultades con las divisiones dentro de los movimientos sociales, que generan competencias en vez de colaboraciones en muchos movimientos, especialmente en el sindical, que fue la base del movimiento expansivo. Tenemos una debilidad adicional porque en Costa Rica los sindicatos están casi solo en el sector público; Costa Rica no tiene libertad sindical en el sector privado, entonces eso también genera una decisión entre trabajadoras y trabajadores del sector privados, donde no existe el derecho de organización.

Los objetivos comunes, esos que decía antes, ayudan a articular la diversidad y reducir el impacto de las diferencias.

En tercer lugar, hemos podido ver a un gran costo lo difíciles que son las relaciones entre los movimientos sociales y la política institucional: partidos y movimientos operan con lógicas diferentes lo que habitualmente hace que para la dirigencia social sean procesos desconocidos y difíciles.

Me interesa destacar algunos puntos importantes:

– La total ausencia de traducción del nombre Partido Acción Ciudadana a una estrategia de construcción de poder político desde la sociedad. Es decir, el Partido Acción Ciudadana ha tratado de deconstruir las formas clientelares de los partidos tradicionales sin generar puentes alternativos. El segundo gobierno del PAC que termina en estos días ha sido uno de los que menos ha establecido puentes con la sociedad, especialmente en momentos de protesta. Tanto la huelga el 2018 como el estallido del 2020 fueron debilitados a base de ninguneo.

– En segundo lugar, el fracaso de la construcción de fracción entre los nueve diputados del Frente Amplio, 2014-2018, y esto me interesa en relación con lo que plantea Tomás y lo que es la diversidad de la Constituyente, es decir, estos nueve diputados venían en su enorme mayoría desde los movimientos sociales y no fueron capaces de construir una identidad de fracción y los contornos de un proyecto incluyente a pesar de la enorme homogeneidad política. Es decir, eran dirigentes sociales y por alguna razón no se logró; de hecho eso explica en buena medida por qué el Frente Amplio baja de nueve a un diputado en el periodo siguiente.

– Por otro lado, destaco los usos instrumentales y oportunistas que han hecho las élites gobernantes de las herramientas de referendo, diálogo y concertación social, es decir, siempre ha privado el interés de desmovilizar la protesta y no ha habido una convicción democrática de construir nuevos pactos sociales. Ha habido distintos momentos, tanto el referéndum, la concertación o el diálogo del 2020 en que básicamente el interés es desmovilizar y despolitizar y en eso han tenido bastante éxito.

– Y, por otro lado, la debilidad de los puentes entre movimientos sociales constituidos por activistas de capas medias. con las poblaciones desempleadas, empobrecidas y desorganizadas. Entonces hay un quiebre acá dentro del movimiento social, que es un fenómeno más de capa media, de personas con recursos de tiempo, cognitivos, materiales para organizarse, y esta otra masa social, que tiene muchas dificultades para organizarse porque fundamentalmente está luchando por la sobrevivencia.

– Otro punto es, -ya más allá de esta cuestión de los vínculos entre política y sociedad-, el enorme poder que tienen los poderes fácticos nacionales e internacionales, económicos y religiosos, especialmente en estos pequeños países centroamericanos que tienen un poder soberano en extremo limitados y elites políticas muy comprometidas con la propuesta neoliberal, con la globalización neoliberal, y poca atención al espacio social nacional. Es decir, como que pareciera ser que el país es simplemente un apéndice de lo que pueda jalar en inversión extranjera.

En el centro de la pregunta tenemos entonces cómo construir poder democrático de la sociedad, poder que permita orientar y posibilitar un gobierno democrático de izquierda.

El momento presente en Costa Rica es particularmente distópico, porque inicia un nuevo gobierno donde el candidato o el presidente electo hizo una campaña con un estilo populista de derecha, ya lo dije antes, que podría ser además una amenaza para la democracia liberal, incluso para esa y en ese sentido creo que estamos frente al riesgo de una repolitización conservadora de la sociedad.

Es decir, sí, politización, pero politización desde la desconfianza, desde los valores tradicionales, desde una mirada conservadora sobre las mujeres, una mirada pragmática sobre el ambiente. Entonces sí, estamos en un momento de alto riesgo.

  • A los 55 minutos con 44 segundos Ciska da por finalizada la intervención.

HF: Muchas gracias Ciska por este profundo y detallado análisis de lo que ha sido y de lo que es la situación en Costa Rica.

Queremos abrir una nueva ronda, para ir concluyendo y con los aportes adicionales que estimen.

Sabemos que Karin tiene una limitación de tiempo, no sé si ya tendrías que retirarte, o si tenés algún chance y querés ir de primera en esta nueva ronda.

KN: Gracias, y gracias a Tomás y a Ciska por sus aportes que han sido súper ricos.

Efectivamente son muchos los desafíos que enfrentamos los movimientos sociales y es necesario seguir trabajando en este sentido, porque para poder pensar nuestra acción política es importante entender cuál es el contexto en el que estamos operando, la correlación de fuerzas, y cuáles son realmente las amenazas y desafíos que enfrentamos.

A mí me parece que este proceso de deslegitimación de la política, que busca reafirmar los sistemas de opresión y desmantelar derechos, es un proceso que no va a parar en el futuro cercano en nuestro continente, y por lo tanto, realmente los movimientos necesitamos esto, de posicionarnos firmemente para disputar la política y para realmente reivindicar la política.

Me parece que ese es un elemento central y que ahí hay que tener mucho cuidado, porque pasa que muchas veces los movimientos de alguna manera nos retiramos de esa arena para cuestiones más territoriales, por ejemplo, sobre todo en el movimiento ambiental pasa, y es sumamente importante la defensa y la lucha territorial sin duda, pero si no logramos esa disputa de la arena política y reivindicar la política corremos cierto riesgo.

El otro tema es que claramente los derechos no están garantizados y a veces eso es difícil de transmitir en nuestras sociedades, porque se da por sentado que se cuenta con esos derechos. En sociedades como la nuestra, en Uruguay, donde a partir de la lucha, de los movimientos, el pueblo uruguayo a lo largo de los años, incluso durante la dictadura se ha logrado conquistar derechos que se dan por seguros.

Pero esos derechos no están garantizados de por vida, y muchas veces se asume como que sí, eso está, esa institucionalidad de los derechos es muy fuerte y es intocable… pues no están garantizados.

Hoy en Uruguay muchos derechos están profundamente amenazados, entonces no dormirnos nunca, todo es posible en términos del ataque contra los derechos fundamentales de nuestros pueblos.

Por otro lado se hablaba mucho de la persecución de las organizaciones sociales, eso está clarísimo en la agenda de la derecha, en la agenda neoliberal buscan deslegitimar, con la persecución constante incluso mediática buscan desprestigiar a las organizaciones sociales y ese es uno de los grandes desafíos. Y ahí el tema de la comunicación me parece fundamental, o sea, cómo transmitimos nuestros mensajes, -que lo planteaba Tomás antes-, cómo logramos transmitir nuestros mensajes, nuestro análisis, pero además reposicionarnos en medio de una situación en la cual es muy difícil pues hay mucha persecución de las organizaciones sociales.

Y por último me parece que hay una disputa que tenemos que reconocer como movimientos sociales, que es la disputa de imaginarios, hay una disputa del imaginario social que a nosotras nos preocupa profundamente, porque lo que está haciendo la derecha y la centro derecha neoliberal es tratar de borrar y cambiar la historia. Porque en Uruguay se está tratando de cambiar la historia, el relato de la historia, entonces, realmente es grave lo que está pasando. Pero por otro lado buscan borrar del imaginario de nuestro pueblo la importancia de la justicia, de la solidaridad, de la participación social.

Y esto va más profundo aún que la lucha por las políticas públicas concretas, o sea, la lucha por las políticas públicas es fundamental, pero tenemos que saber también que esto es una disputa de imaginarios y eso va en mucha profundidad, y para cualquier movimiento que luche por la justicia, cualquier movimiento progresista de izquierda, esa es una mucha que tenemos que entender y que tenemos que dar: la disputa de los imaginarios. Me parece que ahí tenemos un enorme desafío, porque está muy ligado al tema de la comunicación, y a quién define el relato y la narrativa y los términos ideológicos. Muchas veces quedamos con debilidad porque quienes marcan el tono del debate son otras fuerzas.

Nosotras también pensamos que es muy importante todo el proceso de formación política y retomar esa formación política de carácter popular, que realmente nos permita aprender entre los movimientos porque tenemos que aprender unos de otros, y como parte de eso, la disputa de los imaginarios que es tan importante.

Por ahí finalizo, gracias.

  • A la hora con 1 minuto y 37 segundos finaliza la intervención de Karin

HF: Muchas gracias Karin, muchas gracias por tu importante reflexión en este momento. Tomás, adelante con tu participación.

TL: Me había quedado pensando en lo que decía Karin al comienzo de su presentación, en relación con la siempre difícil dicotomía o desafío que enfrentan los progresismos sociales y políticos a la hora de articular las necesidades sociales que se vuelven hegemónicas, sobre todo en momentos de crisis que claman por supuesto los más pobres, con los objetivos de corto plazo de desarrollo productivo, de cambio de modelo productivo, de sustentabilidad ambiental.

O sea, yo diría que quizás esa es la pregunta o el fantasma que ronda a los nuevos gobiernos en Latinoamérica, pero también a los movimientos sociales y especialmente aquellos que se levantan en pos de la justicia ambiental. La articulación y finalmente el programa político de la izquierda democrática va a tener que conciliar cuestiones que, -y no me refiero solamente a donde se pone la plata o la cuestión presupuestaria-, importan muchísimo a la hora de qué priorizar. Sobre todo, cuando por ejemplo se encarece el costo de la vida producto de la inflación que van a experimentar en general los países en el mundo, y eso hace que, por ejemplo, el combustible sea más caro y por lo tanto el transporte público sea más caro para los ciudadanos, y entonces, los estados comienzan a responder con subsidios al combustible, ¿en qué medida eso puede dinamitar las posibilidades de llegar a los objetivos 2030 de Naciones Unidas de reducir las emisiones hacia ese momento? Uno podría buscar otro ejemplo en donde en momentos de crisis también nos vemos enfrentados a ese tipo de desafíos, de conciliar de alguna manera un programa político que no deje atrás la necesidad de la sustentabilidad ambiental y de la justicia ambiental.

Entonces me quedé un poco pegado con eso y me encantaría escuchar tu opinión. Bueno si no es ahora porque tienes que irte, en otro momento, pero creo que quizás es como la gran pregunta, y yo creo que por ejemplo el gobierno de Boric lo tiene como un gran problema político hoy, porque fue una promesa de campaña ser un gobierno ecologista y con todo lo que eso implica, entonces ahí va vamos a tener situaciones que resolver, o sea, hay mucha esperanza en Chile, pero ahora comienzan los problemas y eso es necesario decirlo así.

Respecto a la exposición de Ciska me interesó muchísimo también porque me confieso no tan conocedor de la historia política de Costa Rica, obviamente en líneas generales sí pero me pareció muy interesante la exposición sobre los ires y venires de los movimientos sociales.

Y también un poco hablando desde la experiencia chilena, yo creo que a la larga provocar grietas no sirve de nada, si es que esas grietas no son conducidas hacia objetivos que, como bien tú decías no se agoten en las propias demandas de un momento particular. O sea, de alguna manera lo importante no es solamente provocar estallidos sociales, sino que los estallidos sociales sean capitalizados a través de mensajes que vienen instalándose largo tiempo atrás y puedan encadenar luchas. ¿Por qué? Porque como lo decís los estallidos sociales son momentos destituyentes muchas veces, y los momentos destituyentes riman con la desconfianza. Y la desconfianza muchas veces puede ser capitalizada por populismos de derecha, por lo tanto, debe considerarse la necesidad de que los movimientos sociales vayan instalando su programa, pero además, que ese programa sea articulado y sea encadenado hacia algo que vaya más allá de, por ejemplo, si la lucha del magisterio por generar una nueva carrera docente tenga también un sentido integral con las luchas por fortalecer la educación pública, y que la lucha por fortalecer la educación pública de alguna manera abra la idea de los derechos sociales hacia más allá de la educación, digamos, que la idea de la universalidad, en el caso de la educación, se extienda también a todas las áreas y las esferas de la sociedad.

Yo creo que en eso hay asuntos interesantes, hay luces que pueden identificarse en la historia reciente de nuestro país, porque por ejemplo, el movimiento estudiantil del 2011 en Chile que fue por la educación pública gratuita y de calidad, a nivel de la educación superior, ese año, lo que partió la chispa que encendió la pradera no fueron las reivindicaciones del movimiento estudiantil, fue un movimiento que buscaba frenar la instalación de una termoeléctrica en la Patagonia chilena, que iba a impactar el medio ambiente de manera muy negativa para las comunidades y para el país y para el planeta en general. Por lo tanto eso fue lo que hizo que existiera una marca en donde fueron cien mil personas en la ciudad de Santiago que era algo inédito desde el retorno a la democracia, y de alguna manera se logró frenar el proyecto de termoeléctrica, y quedó un poco en el aire la sensación de que la cultura de haber ido a la calle por primera vez y así de masiva fue abriendo otros debates.

Incluso yo creo que hay algunas cuestiones más de orden subjetivo o inconsciente que van quedando y que lograron conectar con que un año o dos años atrás, ya las organizaciones, las federaciones estudiantiles estaban hablando de la posibilidad de ir a la calle a protestar por un programa de educación gratuita, entonces, de alguna manera hay una cuota al azar. Los estallidos van a ocurrir igual, la cuestión es cómo se canalizan. El trabajo hormiga, el trabajo territorial no basta, pero vaya que es importante en los momentos previos, durante, y luego.

Porque lo que va ahora es un trabajo territorial, que tiene que estar orientado hacia algo más allá de lo particular, de lo contrario no se avanza en lo político. Nosotros teníamos mucho temor cuando fue el estallido del 2019, de la violencia que tuvo el estallido, que fue real. Temíamos que la destrucción de inmobiliario público, etcétera, despertara no solamente una reacción fascista a partir de las fuerzas de orden, sino que también despertara la necesidad de seguridad, de querer volver al orden cotidiano que se conocía anteriormente, y eso, es algo que rima mucho con el fascismo, y los fascismos siempre se aprovechan de esos movimientos, de cuando el río está revuelto puede ocurrir cualquier cosa. Por lo tanto, ahí hay una complejidad que resolver, pero que también va dejando enseñanzas de cómo ir avanzando paso a paso, preparando quizás o acumulando de a poco.

Respecto a la Constituyente, efectivamente una de las gracias de la Constituyente es que no solamente se hizo un plebiscito para elegir una asamblea que redactara una constitución, el cual tuvo un 80 % del apoyo de los votantes, que es un resultado histórico de gente que dijo “bueno queremos cambiar la constitución de Pinochet, porque tiene el problema de que es la causa de un entramado anti derechos”, sino que también al momento de elegir las personas que van, que están hoy en día redactando lo que luego se va a sancionar en un nuevo plebiscito, tuvo condiciones de elegibilidad que fueron extremadamente positivas para la democracia. Porque fue un proceso que se eligió con una regla de paridad, lo que hace que sea la primera constitución en el mundo que se escribe con una asamblea 50/50 hombres y mujeres, tuvo cuotas reservadas, escaños reservados para los pueblos indígenas de nuestro país, y además contó con la posibilidad de que personas independientes, sin militancia política pudiesen armar listas para competir de igual a igual, y se tuvo la posibilidad de que esas listas de independientes muchas veces venían de articulaciones sociales, o sea de movimientos sociales, por ejemplo el movimiento por una vejez digna, en contra del sistema privatizado de pensiones.

Hubo otros espacios relacionados al movimiento socioambiental y por supuesto el movimiento feminista, que tiene varios representantes dentro, que fueron elegidas con amplias mayorías e incluso también por ejemplo cuenta con una representación de organizaciones que estuvieron muy activas en la revuelta social, o sea, que de alguna manera estuvieron en la calle.

Pero obviamente, y en esto yo quiero ser muy claro, paradójicamente hoy día tenemos otro riesgo, y es que muchas veces se empieza a santificar el tema de la independencia de los partidos como garantía de progresismo o de cambio. Y eso no necesariamente es así, y hoy día hay una disputa dentro de la Convención, porque por ejemplo, en uno de los artículos dentro del articulado del sistema político quisieran hacer como permanente, esta regla en donde los independientes pueden no solamente presentar listas, que es una cosa, sino que también operar como partidos políticos sin llamarse partidos políticos ante el rechazo generalizado de la sociedad y la desconfianza que tiene la sociedad hacia la política, y lo que eso hace en definitiva es deteriorar la ya baja legitimidad que tienen los partidos en una sociedad que está expuesta al neoliberalismo, y que por lo tanto puede, paradójicamente, parecerse muchísimo a la Constitución del ochenta, que lo que hacía era reducir la política a la mínima expresión, por lo tanto, obviamente por razones distintas, y eso hay que decirlo, no estamos hablando de gente que sea derecha, o más allá de eso que tenga una vocación autoritaria, o que sea corporativista, ni mucho menos, pero por razones diferentes se está llegando a conclusiones que no necesariamente son las más favorables en cuanto al rol de la política en la sociedad, entonces ese tipo de cuestiones están aún en debate.

Yo no creo que vaya a dirimirse necesariamente como yo lo estaba pintando, pero ahí no es tan fácil, y hoy día la Convención está en curso, y estamos redactando la nueva Constitución que vamos a votar el cuatro de septiembre, cuando ya esté el texto final escrito.

Hoy día la ciudadanía comienza a ver con un poco de desconfianza el texto que se está armando, por la campaña de los medios de comunicación en contra de la Convención, pero también, por una serie de errores no forzados que ha cometido el progresismo al interior, y que vale la pena reconocerlo también. Eso hace que hoy día todas las encuestas del país le dan una mayoría al rechazo, a la opción de rechazar la nueva Constitución al principio de salida, que es algo que vamos a tener que enmendar, y que va a requerir mucho trabajo, porque también, querámoslo o no, ese plebiscito del 04 de septiembre es también un plebiscito que va a afectar al gobierno de Boric, por supuesto, porque nosotros somos los principales defensores de la Convención.

Entonces ahí enfrentamos momentos turbulentos, pues Chile es esperanza, pero Chile también es incertidumbre, y hay que ponerle paños fríos también para ver cómo podemos seguir reproduciendo esa energía transformadora que surgió en el país y que no es inagotable, nunca es inagotable, siempre hay que estar constantemente preguntándonos cómo renovarla, así que en eso estamos, y la articulación entre los movimientos sociales que están dentro de la Constituyente y los partidos del oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista ha sido súper compleja, porque son formas diferentes. A pesar de que nosotros también venimos de los movimientos sociales, los movimientos sociales que están hoy representados son expresiones mucho más recientes de organizaciones menos institucionalistas, que tienen todo su derecho y es necesario que estén representadas, pero que obviamente es difícil que cuaje, es difícil que podamos llegar a acuerdo.

Ahí hay otro desafío, y con esto termino: quienes han logrado de alguna manera los momentos de mayor articulación entre esos dos mundos, el mundo más partidario y el mundo más social han sido los pueblos indígenas y sus representantes, entonces la primera presidenta de la Convención fue Elisa Loncon, que es del pueblo mapuche y es lingüista, y es una tremenda dirigenta que de alguna manera le permitió ser viables a ciertas mayorías para poder articularnos. Eso nos indica un poco el camino. Hay veces que la izquierda, cuando se desconecta de sus fuentes inspiradoras se pierde, y muchas veces los movimientos indigenistas nos enseñan a tener más humildad y a mirar las cosas de otra manera, así que eso ha sido una buena lección hasta el momento, pero esperemos que vaya bien.

HF: Muchas gracias Tomás. Realmente los aportes tanto de Tomás, como de Karin y los de Ciska dan una idea, una perspectiva del tema de las alianzas de los movimientos sociales y la importancia para algo que mencionó Tomás, que es la participación ciudadana y cómo logramos a partir de esa participación ciudadana ilustrada por las exposiciones, no solamente incidir sino transformar la realidad.

Antes de que Ciska haga su aporte, quiero darle las gracias a Karin, que tiene que retirarse porque tenía otros compromisos en esta tarde, así que Karin, si querés despedirte… y muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo allá con tus compañeras y compañeros de Uruguay. Como dijiste en tu participación esperamos que continuaremos en contacto para nuevas actividades como esta.

KN: Sí, muchísimas gracias realmente un placer estar; tenemos muchos temas para seguir discutiendo y trabajando como fue expresado, así que esperamos encontrarnos nuevamente, pero un gusto, un placer estar con Tomás y con Ciska y por supuesto contigo Héctor, así que seguimos.

Muchas gracias, hasta pronto.

HF: Muchas gracias, Karin, hasta pronto.

Ciska, adelante

  • A la hora 20 minutos da inicio la intervención de Ciska.

CR: Quiero destacar algunas ideas:

– Tenemos elementos en común, uno de ellos tiene que ver sobre todo con la participación de Karin, que fue la que más desarrolló la idea de que un proyecto alternativo al neoliberalismo hoy tiene que ser feminista, tiene que ser ecologista, tiene que ser incluyente, y debe tener como norte la justicia social, la solidaridad, es decir que en el trasfondo de lo que hemos hablado compartimos eso que no era tan obvio hace veinte, veinticinco años. Y creo que tiene enormes desafíos y retos, precisamente porque supone deconstruir y desarmar las ideas que mueven el proyecto neoliberal.

– Otro tiene que ver con lo que señalaba Tomás muy al principio: lo de la comunicación, y tiene que ver con la importancia del proyecto de SURCOS y del programa Alternativas en Costa Rica, en el sentido de desarrollar mecanismos de comunicación e información fiables entre los movimientos sociales, es decir, una de las amenazas más grandes del momento actual, es esta idea de que no hay nada que sea cierto, de que toda verdad puede ser disputada, entonces contar con medios fiables de comunicación que nos informen entre movimientos sociales es definitivamente una decisión muy importante.

– En segundo lugar, el énfasis que pusieron tanto Karin como Tomás en lo que es la disputa cultural, es decir, la disputa ideológica. Me gustó mucho esto que señalaba Tomás sobre el estallido, que el estallido pudo ser significado de muchísimas formas, y pudo haber tenido exactamente el desenlace contrario al que tuvo, pudo haber llevado hacia mano dura, hacia seguridad, entonces esa idea de la lucha ideológica, de pelear las trincheras por los significados en un sentido así como muy gramsciano es muy importante hoy… lo que decía Karin de las narrativas, es decir, no vamos a poder afianzar algo nuevo sin poder construir una forma diferente de ver el mundo. Y que esa forma de ver el mundo tenga vida en las personas y en la sociedad. Y creo que si vemos por ejemplo la no continuidad de la politización que se dio con respecto al TLC, esa probablemente sería la mayor crítica.

Es decir que simplemente se perdió… pero no necesariamente está perdido porque en las sociedades también quedan las reservas, en los movimientos también quedan los recuerdos, no es tan lejano y puede ser que sirvan hoy para la resistencia a lo que venga, pero que ciertamente se necesita hablar, pensar y construir esas narrativas para poder disputar.

– Y en relación con eso, tal vez lo último que quisiera decir es esto último que refería Tomás con respecto a lo de los partidos políticos y movimientos. Tengo la impresión de que los partidos de izquierda en Chile han aprendido mucho y han sido muy abiertos y flexibles con respecto a las energías y los movimientos que vienen de la sociedad. Y que ha habido un largo camino recorrido ahí, respecto de lo que fueron los partidos tradicionales. Pero es claro que necesitamos partidos, por lo menos como instancias que coloquen los proyectos globales de sociedad, y necesitamos movimientos, y necesitamos encontrar una forma en que sea menos disputada y más armónica la conjunción de energía entre uno y otro.

Eso serían básicamente mis reflexiones finales.

HF: Muchas gracias Ciska. Me parece que ha sido un conversatorio muy rico y así lo manifiestan otras personas también en el chat, en el Facebook Live de SURCOS, y creo que los aportes que se han dado son muy enriquecedores para tener una perspectiva más precisa de cómo poder avanzar, en eeste reto de que los movimientos sociales sean parte activa de la construcción de la democracia, de una democracia realmente de mayor profundidad como la pretendemos y cómo la necesitamos.

Quiero agradecer a Tomás, su participación me parece que ha sido muy enriquecedora, y también reiterar la felicitación al pueblo chileno por este proceso que ha vivido, doloroso en época de la dictadura, pero esperanzador en este momento, me parece que realmente ahí tiene que estar la energía y la fuerza de toda América Latina para que este proceso realmente avance.

Y quiero ofrecerle tanto a Tomás como a Ciska unos breves minutos finales para que puedan despedirse y hacer una reflexión final si lo desean.

CR: Solo quiero agregar algo, desearles muchísima suerte en Chile porque el pulso no está fácil, va a ser complejo y todos los deseos de suerte y de que les vaya bien, porque de alguna forma en lo que construyen ustedes nos va a servir a nosotros para aprender también.

TL: Muchas gracias, muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo creo que este tipo de instancia, de intercambio de experiencias sobre movimientos sociales, sobre política en el contexto de realidades muchas veces se ven distantes pero que sin embargo no son tan distantes, somos parte de Latinoamérica y compartimos horizontes.

Por lo tanto, creo que una de las claves de acumulación que tuvo el proceso chileno fue siempre mantenerse abierto al diálogo y a la solidaridad internacional, y es importante cuando nos va bien, pero sobre todo es importante cuando nos va mal, la comunidad internacional se construye a pulso y cuando en los momentos más oscuros de la historia ha sido la solidaridad internacional lo que ha permitido sobrevivir.

Por lo tanto, para nosotros, para Revolución Democrática, mi partido, para el Frente Amplio, pero también a mí como persona, y por mi historia familiar, en donde mi familia también sufrió los horrores de la dictadura cualquier espacio de diálogo internacional es doblemente importante, entendiendo la historia de los pueblos y de las luchas sociales, que muchas veces uno avanza un paso, pero retrocede dos, la esperanza es lo que nos puede mover y también la conciencia de que la necesidad de conectarnos apremia siempre.

Por lo tanto, muchas gracias, Héctor, muchas gracias Ciska también a los compañeros del diario SURCOS y de la Alianza por una Vida Digna. y ojalá que nos volvamos a encontrar, yo creo que este tipo de instancias ojalá que existan también de vuelta, y poder continuar este vínculo.

Así que de verdad me voy muy feliz. Y estamos en contacto. Un abrazo.

HF: Un abrazo.

Ciska, ¿Querías agregar algo?

CR: Tal vez una sola idea que se me quedó en el tintero y quizá es útil frente a nuestro pesimismo actual, es que también son procesos, algo que insistió mucho Karin, y que insistió Tomás, es decir, que a veces cuando las cosas se ven muy mal, también recordemos que son procesos, y que de ahí vamos construyendo nuestras fortalezas del pasado, y entonces sí una idea que se me quedó.

Y al igual que Tomás, agradezco muchísimo el espacio, creo que he aprendido mucho y me quedó mucho que pensar, salgo un poco más optimista de lo que estaba antes de empezar.

HF: Muy bien, muchas gracias, un abrazo a Tomás allá donde estás, un abrazo para Ciska, un abrazo a Karin también que se tuvo que retirar hace quince minutos por otros compromisos, y seguimos adelante como lo han dicho, lo hemos reiterado, ojalá nos sigamos encontrando y sigamos construyendo de manera conjunta, abrazos, muchas gracias.

Nota de edición:

Quienes deseen repasar el video de este foro pueden verlo aquí o bien seguir este enlace: https://youtu.be/xXi3EP30Qbo

Acuerdo de Escazú: Senado de Chile lo aprueba en primer debate

Nicolas Boeglin (*)

Según reportan varios medios de prensa (véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia),  el Senado de Chile aprobó este 12 de mayo en primer debate constitucional el Acuerdo de Escazú: lo hizo con una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.

Un segundo debate debería llevarse a cabo muy pronto en el seno de esta misma cámara alta del congreso chileno.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, hace 4 años, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo y arduo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días. Este proceso fue co-liderado por Chile y Costa Rica, quienes pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la CEPAL (un trabajoso proceso que requirió un total de 9 rondas de negociación).

Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica). El Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica un 4 de marzo, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato).

Adoptado en marzo, en el mes  de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:

«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.

Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación  oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal desde entonces.

Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile

Esta primera aprobación en el Senado chileno constituye un importante logro para el Poder Ejecutivo de Chile que permite vislumbrar una muy pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlos en enero del 2021 siendo Argentina y México).

Por parte de América Latina, Chile vendría así a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus economías desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, como escuchado en Colombia o en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos colegas (de manera bastante extraña, debemos precisar para el caso costarricense, como lo explicaremos en las líneas que siguen). 

Al haber firmado el texto (en setiembre del 2018) , pero no haberlo aún ratificado, Costa Rica comparte esta situación con además de Chile, en lo que atañe a América Latina los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿Costa Rica, que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente, … en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda

Tratándose de un  tratado internacional que establece el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban (al no permitirse ningún tipo de reserva – Artículo 23 – que pueda modular el alcance de algunas de sus disposiciones), se entiende cada vez mejor, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: un tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado (véase nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 la cual no ha dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense).

Al respecto, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente algunas preguntas a algunas cámaras empresariales costarricenses y a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (que, por alguna razón, no ha sido aún contestada).

Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia. Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años (1998). Así se indica en este valioso artículo del precitado jurista publicado en el medio digital Delfino.cr: este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos sectores que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un sólido «argumento» para oponerse al Acuerdo de Escazú.

Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo

Cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú: la localización de esta cumbre regional se debió a la ubicación geográfica de las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como CEPAL), ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.

Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).

A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores  delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, familiares de personas fallecidas y gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 2).

Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).

A modo de conclusión

El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó la administración 2018-2022 en Chile.

Desde este momento,  el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta que nunca debió abandonar, reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos.

El pasado 3 de mayo del 2022 , un primer paso se inició en esta dirección en el Senado de Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, el 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota)  y la francesa AFP (véanse esta nota de RFI y la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times) reportaron lo escuchado en Costa Rica: lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta.

– -Notas- –

Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y la academia han denunciado esta campaña de desinformación contra este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA  CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.

Nota 2:  El ahora diplomático Guillermo Botero con rango de embajador en Chile fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarrollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

La primera COP (Conferencia de Estados Parte) del Acuerdo de Escazú y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)

Nicolas Boeglin (*)

Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022

«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022

Del 20 al 22 de abril del 2022, se reunió en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o «COP1» por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).

Como se recordará, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación que duró 5 años, 7 meses y 7 días.

Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).

Una Mesa Directiva creada en el 2018 y que culminó su tarea en el 2022

En esta última acta, se precisa que la Mesa Directiva del Comité de Negociación permanecerá integrada hasta la realización de la primera Conferencia de las Partes: esta Mesa Directiva está compuesta por Chile y Costa Rica, como copresidentes, así como por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Adoptado en marzo, en el mes  de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto ) señalaron que:

«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.

¿Una Mesa Directica co-presidida por dos Estados que cuatro años después de su adopción, siguen sin haber ratificado el Acuerdo de Escazú (y uno de los dos no lo firmó sino hasta el 18 de marzo del 2022)? Así como se oye: es (lamentablemente) el espectáculo  – algo peculiar – que ofrecen a la región (y al mundo) Chile y Costa Rica. Con relación a la región Caribe, cabe añadir que Trinidad y Tobago, al igual que Chile – hasta el 18 de marzo pasado – tampoco ha firmado el texto.

Este instrumento regional innovador desde muchos aspectos (Nota 1) ha sido firmado, a la fecha por 24 Estados de América Latina y del Caribe, de los 33 que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL): de estos 24 Estados que lo han firmado, 12 ya lo han ratificado, siendo los últimos en hacerlo Argentina y México en enero del 2021. Chile recientemente (marzo del 2022) inició su proceso de adhesión a este tratado regional; Costa Rica en cambio, sigue planteando interrogantes muy válidas (Nota 2). Con lo cual, de la precitada Mesa Directiva existente hasta esta primera COP, únicamente tres Estados son Estados Parte: Argentina, México y San Vicente y las Granadinas.

Para completar el panorama sobre firmas, ratificaciones o futuras adhesiones, permanece sin registrarse tan siquiera la firma la de los siguientes Estados: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago así como Venezuela.

Esta cita en la capital chilena, a la que participaron los 12 Estados que ya son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincidió con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) y vino acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se vistió de verde y de esperanza, y ello después de muchos años.

Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).

Una celebración para entidades muy diversas

Como bien se sabe, el Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato).

En el marco de las celebraciones observadas en Chile los días 20-22 de abril del 2022, los «Legisladores por el Ambiente» circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no han logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy diversa índole que incluyen las de varias ONGs y coordinadoras de comunidades indígenas (véase documentos sobre las mismas que circularon en la sección Insumos del público).

Las delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual que las de Colombia y Perú, participaron a la cita en calidad de Estados observadores, invitados a presenciar el evento: sobre la participación de Colombia, a través de su embajador en Santiago de Chile – una persona muy conocida por manifestantes, organizaciones sociales y familiares de muertos y heridos en protestas en Colombia del 2019 así como ONG en favor de Escazú (Nota 3) –  remitimos a nuestros estimables lectores a esta interesante nota publicada en la prensa colombiana (El Tiempo, edición del 23/04/2022). Días después de publicada esta nota, el Comisario de la Unión Europea (UE) en Asuntos  Ambientales en persona, durante su visita a Colombia, indicó (véase nota de El Espectador del 28/04/2022) que:

«A escala continental, creo que el Acuerdo de Escazú es un gran paso adelante para América Latina y el Caribe en el ámbito de las políticas medioambientales y de derechos humanos. Prestaremos todo nuestro apoyo a los proyectos que faciliten su aplicación. Y por cierto, esperamos que el Congreso colombiano lo ratifique lo antes posible«.

Es muy factible que, de mantenerse el indignante nivel de violencia contra la integridad física y la vida de líderes comunitarios, campesinos, ecologistas e indígenas que alzan la voz en algunos Estados de América Latina (empezando por Colombia), la UE recurra en el futuro a condicionar algunas de sus acciones en el continente americano al grado de cumplimiento del Acuerdo de Escazú. No se sabe aún qué efecto podría incluso también llegar a tener sobre las importaciones de ciertos productos o frutas tropicales por parte de la UE, el hecho que sus principales cámaras productoras se opongan a un tratado regional que busca proteger los derechos de quienes defienden el ambiente.

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú de 2018 sigue de muy cerca en cuanto a su contenido y a su estructura interna la Convención de Aarhus, adoptada para el continente europeo en 1998 (y que dicho sea de paso nunca ahuyentó a la inversión extranjera ni afectó negativamente a las economías europeas), con tres pilares principales: el primer pilar  de Aarhus establece un conjunto de normas y requisitos para la divulgación por parte del Estado  de información ambiental; el segundo pilar busca establecer un marco legal para la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter ambiental; y un último pilar trata del derecho a recurrir a la justicia en materia ambiental, en particular cuando se observa el incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el primer y segundo pilar (Nota 4).

Como punto de detalle sobre Colombia, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, un primer avance fue registrado en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). La coincidencia de esta decisión con la presencia del alto emisario de la UE puede recordar para algunos observadores el hecho que durante la COP26 celebrada en Glasgow, el Presidente de Colombia «radicó» con carácter urgente el Acuerdo de Escazú al Congreso para luego desentenderse de su suerte (véase nota de prensa de ElTiempo, edición del 1/11/2021).

Los defensores del ambiente en el centro de la atención

Esta primera cita formal del Acuerdo de Escazú reafirmó la importancia de las disposiciones que buscan proteger a los defensores del ambiente en América Latina y en el Caribe: como se ha escrito y divulgado desde su adopción, el Acuerdo de Escazú es pionero en el mundo (y se distingue de Aarhus) al ser el primer instrumento internacional  en toda la historia del derecho internacional de los derechos humanos que contiene una disposición (Artículo 9) que busca proteger a los defensores del ambiente. Esta disposición específica se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aprobado en el 2018 (véase la nota oficial presentada por este grupo de Estados a las demás delegaciones durante el proceso de negociación).

Muy recientemente en el sitio del programa DLR del Departamento de Estado de Estados Unidos (véase enlace) que financia acciones diversas en materia de derechos humanos y gobernanza, se pudo leer que.

«In 2020, Global Witness and its partners documented 227 murders of land and environmental defenders around the world, making it the deadliest year on record for advocates seeking justice in environment matters. Nearly three quarters of these killings (165) took place in Latin America, with Colombia, Mexico, Brazil, and countries in Central America accounting for most of them. Available data also reveals the disproportionate number of attacks targeting indigenous peoples who often live in remote locations and have limited access to resources to seek justice and redress.  Additionally, women environmental defenders face intersecting and reinforcing forms of discrimination and violence rooted in misogynist gender norms and socioeconomic and political marginalization, which create additional barriers to participation in decisions impacting their communities«.

En esta COP celebrada en Santiago de Chile, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron de manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase comunicado conjunto, pocamente divulgado en medios de prensa) al señalar que:

«En ese contexto, cabe reafirmar que el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.

La titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó en la clausura del evento que:

«El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe» (véase comunicado final de la CEPAL)

La protección de los defensores del ambiente fue también objeto de un proyecto de decisión (véase texto integral de la Conferencia de las Partes, en el que se lee (punto resolutivo 4) que:

«Invita a las Partes y a todos los países de la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar y reforzar todas las medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«.

Desde ya esta invitación está hecha, y no solamente a los Estados Parte, sino a los demás que aún no lo son. Desde esta perspectiva, cabe destacar la adopción en Perú hace un año, el 22 de abril del 2021, del Decreto Supremo 004-2021 (véase texto) del Ministerio de Justicia que establece un mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los defensores ambientales (véase al respecto nota de Actualidad Ambiental): una primera iniciativa de un Estado que aún no es Estado Parte (Perú ha firmado el acuerdo, su aprobación en el congreso siendo archivada debido a presiones de varios sectores, incluyendo militares), y que ya instaura una política pública acorde con los objetivos de Escazú, que amerita ser afianzada y replicada en varias latitudes del continente americano.

Resulta también oportuno mencionar que un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú  como Nicaragua, registra una serie de asesinatos de líderes comunitarios e indígenas Mayagnas (véase nota de La Vanguardia del 19/03/2022, este informe de la FIDH del 2021 y este reportaje muy completo de diciembe del 2021 del medio digital Divergentes titulado «Viaje al infierno de los Mayagnas. «¡Aquí un cerdo vale más que uno de nosotros!» «) sin que a la fecha se conozca de una sola iniciativa estatal para frenarlos e investigarlos.

En setiembre del 2021, en un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú, el Senado de México decidió declarar como «Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales» el 17 de julio (véase nota de prensa de LaJornada del 30/09/2021 y Decreto reciente en este 2022).

Los demás denominados «proyectos de decisión» de esta primera COP organizada en Chile se encuentran todos disponibles desde ya en este enlace oficial de la CEPAL.

De algunos detalles de interés sobre los Estados Parte

La Conferencia de las Partes (o «COP») reunió a los delegados de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Grenadinas, Santa Lucía y Uruguay, siendo este último el Estado que presidió esta primera COP.

En esta entrevista realizada por el medio Diálogo Chino (y publicada en la edición del 27/04/022) se pueden conocer las primeras impresiones del diplomático uruguayo que fungió como Presidente de esta primera COP del Acuerdo de Escazú.

Cabe señalar que algunos Estados Parte iniciaron con propuestas bastante sorprendentes: las ONG bolivianas debieron hacer ver a sus autoridades que limitar la participación de la sociedad civil en el marco de esta cumbre era todo menos una idea oportuna y aceptable (véase comunicado reproducido en esta nota del medio digital Servindi).

Por el momento, el Acuerdo de Escazú adolece en la COP de la participación formal como Estados Parte de los dos Estados que lo promovieron durante la fase previa de la negociación que culminó en marzo del 2018 con la adopción del texto final del tratado: Chile y Costa Rica. Una ausencia que ya tuvimos ocasión de analizar (Nota 5) y que merece una actualización.

El caso de Chile: una muy pronta rectificación

Como se recordará,  el pasado  18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile. En su discurso (véase texto), el Presidente de Chile afirmó que:

«este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere un compromiso de todas y todos. Tenemos el desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos de manera sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras, adaptarnos al cambio climático, y construir un país en el cual nuestras niñas y niños puedan crecer seguros y felices«

En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena indicó también que «Nos hemos demorado más de la cuenta«, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.

Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos. En el caso del Acuerdo de Escazú, desde la academia y la sociedad civil intensos esfuerzo fueron llevados a cabo para intentar contrarrestar la campaña de desinformación promovida por sectores políticos y empresariales chilenos (Nota 6).

Como punto de detalle quedando por esclarecer en Chile, no está de más precisar el siguiente episodio: ante las fuertes críticas del sector social y académico en Chile contra las «razones» esgrimidas (de forma ligera y evasiva) por sus autoridades desde el 2018 para no firmar el Acuerdo de Escazú,  en septiembre del 2020 un «documento» (véase el texto completo) sin firma, ni indicación de los departamentos del que procede, ni tampoco número de consecutivo, ni mayores detalles que toda buena administración pública incluye en cualquiera de sus oficios, fue divulgado por las autoridades chilenas, enlistando las «razones» que impedían, según ellas, a Chile firmar el texto y añadiendo nuevas que nunca habían mencionado antes. En lugar de la firma, en la parte final, nuestros lectores observarán que aparece simplemente la mención «Ministerio del Medioambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores«. ¿Quién lo redactó? ¿Quién ideó y ordenó semejante originalidad para presentar argumentos insostenibles e impresentables ante la opinión pública? Es todo un misterio a la fecha en Chile.

El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones

Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: a un Poder Ejecutivo poco congruente y comprometido con el Acuerdo de Escazú, y a un Poder Judicial empecinado en complicar innecesariamente su aprobación, hay que añadir a un Poder Legislativo en el que sus actuales congresistas (que iniciaron labores en mayo del 2018 hasta el próximo mes de mayo) se han visto presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«.

Recientemente (25 de febrero del 2022) la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA)  y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase el texto de la carta) indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país«.

Al respecto, cabe destacar que diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» (en abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR, y en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica. Algunos juristas costarricenses se han abocado a descifrar y a explicar el alcance de estos verdaderos «mitos» y de lo que denominan «falacias» que han circulado en algunos sectores alrededor del Acuerdo de Escazú (Nota 7).

Tomando en consideración el antes mencionado programa del Departamento de Estado de Estados Unidos, sus directores podrían también incluir un rubro específico de capacitaciones sobre el Acuerdo de Escazú para los círculos económicos y políticos  que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Estados Unidos en América Latina: contribuyendo así útilmente a mejorar la protección de los defensores ambientales en la región. En Costa Rica, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) también se ha opuesto a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase esta nota de prensa de La República del 24 del abril del 2021).

Un documental de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2021 titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» retrata de manera bastante completa la posición de estas cámaras y de algunas de sus fichas políticas (véase video); este video fue completado por otro sobre los defensores del ambiente titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales» que también se recomienda (véase video) y que incluye una entrevista a un líder indígena asesinado en el 2020 en Costa Rica y a una lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en la región de Guácimo.  En el 2019, un muy completo reportaje publicado en el medio costarricense Delfino.cr, cuya lectura se recomienda, evidenció los alcances de los efectos negativos de la piña en Costa Rica (sobre los que las autoridades y muchos medios de prensa costarricences omiten convenientemente referirse). Por alguna razón que no nos queda muy clara, estos dos videos que fueron producidos en agosto del 2021 desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR – y que incluyen una entrevista al mismo Rector – siguen aguardando (aún) ser difundidos desde las redes institucionales de la UCR.

En cuanto al resultado electoral en Costa Rica del pasado mes de abril del 2022, este indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo publicado en el medio digital Divergentes (edición del 19/04/2022) sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hizo ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector, cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.

El 4 de marzo del 2022, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar  el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.

Un importante evento se realizó por parte de la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo del 2022 sobre el Acuerdo de Escazú: se asoció para la ocasión al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Sobre el Banco Mundial, referimos a su comunicado celebrando la entrada en vigor en el 2021 del Acuerdo de Escazú (véase texto). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista  ameritaría ser explicada y conocida – o al menos investigada -, tanto el comunicado de prensa de CEPAL  como el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión celebrada el 8 de marzo del 2022 pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.

Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas en Costa Rica

Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático costarricense, recientemente, desde el medio digital también costarricense de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar. Al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica. Se las volvimos a externar en ese mismo medio más recientemente (Nota 8).

Lo que llama la atención es que al no conocerse de ninguna cámara empresarial que haya desdicho o matizado públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por varias de sus influyentes homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica, y que ameritaría (también) ser investigado. No está de más señalar que las autoridades costarricenses a cargo del ambiente, del comercio exterior y de la economía tampoco han sentido desde el 2018 necesidad alguna de desdecirlas, en particular sobre los supuestos «efectos negativos» para la inversión extranjera y la economía que acaerría la aprobación del Acuerdo de Escazú.

En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalábamos que:

«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental  invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.

¿Primeros efectos de la COP?

Como indicado anteriormente, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, en Colombia se registró una decisión en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). ¿Efecto directo o simple maniobra política de cara a la visita en Colombia del funcionario de la UE en materia ambiental con mayor rango dentro de la estructura de la UE? Planteamos simplemente la duda.

En Costa Rica en cambio, no se ha observado ninguna iniciativa por parte de sus legisladores salientes (lo fueron hasta el 30 de abril del 2022) con relación al Acuerdo de Escazú. Las nuevas autoridades ambientales electas, cuya designación ha provocado fuertes reservas en el sector ecologista (véase nota del Semanario Universidad del 22/04/2022) al parecer, ya están tensando (innecesariamente) las relaciones con varias agrupaciones ecologistas por algunas de sus declaraciones (véase nota de SurcosDigital del 26/04/2022). Con relación a noticias de agencias internacionales, este cable de la agencia española EFE ilustra desde su mismo título la total inconsistencia que exhibe Costa Rica ante el resto de la comunidad internacional.

Más generalmente, con relación a Costa Rica pero también a los demás Estados en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), en Suramérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y en el Caribe (Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, República Dominicana así como Trinidad y Tobago) que mantienen aún sus distancias con el Acuerdo de Escazú, pese a observar en algunos de ellos cómo se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las reflexiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:

«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 9).

A modo de conclusión

Es muy probable que la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú haya influido en otras latitudes, al ofrecer a sus principales detractores un argumento tan inesperado como sorprendente para muchos.  Un falta de visión política en ambos Estados,  cuyos efectos trascienden las fronteras de sus respectivos territorios, dejando  en situación de total indefensión a muchos defensores del ambiente que viven una realidad mucho más dura y crítica que la que pueden vivir los defensores del ambiente en Costa Rica y en Chile.

No obstante, Chile en este 2022 parece estar a las puertas de enmendar este error y ello es de celebrar. No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria,  nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric, cuyo emotivo y comprometido discurso en esta primera COP (véase texto) no pasó desapercibido: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.

El pasado 3 de mayo del 2022 , el primer pasó se dió en esta dirección en Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, este 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota) reportó lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como previsible, va en la dirección exactamente opuesta.

– – Notas – –

Nota 1:  Sobre el Acuerdo de Escazú, dos muy recientes obras colectivas de universidades de Colombia y de Argentina merecen particular mención al lograr un análisis pormenorizado de su contenido y de algunas de sus principales disposiciones. La primera es: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L, TORRES V. (editoras)El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL /Universidad del Rosario de Colombia, 2021 (298 páginas), texto completo disponible aquí. La segunda es: NAPOLI A., PRIEUR M., SOZZO G. (editores), Acuerdo de Escazú : hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Universidad del Litoral (Argentina), Colección Ciencia y Tecnología, 2020, 330 páginas, texto completo disponible aquí. Una bibliografía sobre Escazú (tesis, artículos) en diversos idiomas preparada por GNHRE (a la fecha de octubre del 2021) está también disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Escazú sin Costa Rica? Así como lo oye, por más extraño suene«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 8 de mayo del 2021, disponible aquí.

Nota 3:  El ahora diplomático Guillermo Botero fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y los movimientos sociales negociaron con las autoridades colombianas las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles que se mantenían muy movilizadas a nivel nacional: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación. Entre muchos esfuerzos para contarrestarla, el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia realizó un video de gran calidad, que busca explicar y responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos y económicos colombianos opuestos al Acuerdo de Escazú, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacerse los congresistas»  (disponibleaquí).

Nota 4: Sobre las relaciones entre Aarhus (1998) y Escazú (2018), véase JIMENEZ GUANIPA H., «El Acuerdo de Escazú y el Convenio de Aarhus  en el marco de la democracia ambiental«, Ideas Verdes, Heinrich Böll Stiftung / Colombia, diciembre del 2020, texto disponible aquí. Sobre la probable interacción entre Aarhus y Escazú antes de la aprobación final en el 2018 del texto de Escazú, véase DELZANGLES H. «L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes : analyse comparée avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus», in BÉTAILLE J. (directeur), Le droit  d´accès a la justice en matière d´environnement», Toulouse, Presses de l´Université de Toulouse Capitole, 2018, pp.79-90, texto disponible aquí.

Nota 5: Véase BOEGLIN N.«Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita como los demás a… ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.

Nota 6: Véase en particular DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú«, Perspectivas, Cuadernos de Derecho Ambiental, Noviembre del 2020, texto disponible en este enlace de la Universidad de Chile, que concluyen señalando que: «Estimamos se produce un giro inédito que marca una incongruencia respecto de dos de los tres principios de la Política Exterior chilena, de la “promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos” así como el de la “responsabilidad de cooperar” ante las graves situaciones que como el cambio climático, las epidemias, y la degradación del medio ambiente, requieren una acción conjunta. A nivel interno, Chile pierde la oportunidad de trazar una agenda para mejorar en los derechos de acceso de manera progresiva y sin retrocesos, así como la oportunidad de aprender de los países vecinos y de las buenas experiencias. A nivel internacional, Chile pierde toda credibilidad con los países comprometidos con estos derechos y se torna aún más complejo al continuar su presidencia en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático«.

Nota 7: Véase en particular PEÑA  CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviebre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)«, Delfino.cr, edición del 20 de abril del 2022, disponible aquí.

Nota 9: Véase  ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.

 

Una versión en inglés de este mismo texto se encuentra disponible en este enlace. A version in English of this text is available here.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Video del foro Avances, obstáculos y enseñanzas de las alianzas entre movimientos sociales: Chile, Costa Rica y Uruguay

Compartimos el video del foro Avances, obstáculos y enseñanzas de las alianzas entre movimientos sociales: Chile, Costa Rica y Uruguay.

La actividad se realizó el sábado 9 de abril del 2022 y fue organizado por la Alianza por una Vida Digna y el Foro Confluencia Solidaria; se transmitió mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

Participantes:

Tomás Leighton, miembro del Frente Amplio y exdirigente estudiantil en Chile.

Ciska Raventós, socióloga, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, activista social.

Karin Nansen, fundadora y coordinadora de REDES Amigos de la Tierra Uruguay e integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe. Si prefiere ver el foro en Facebook este es el enlace: https://fb.watch/chIYNsV4Bo/