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Etiqueta: ciudadanía

CONTROLAR LA JUDICATURA

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

Hacia el primer domingo de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

Algo hay que decir

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Callaci

El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.

Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.

Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.

Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.

Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.

Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

El abaratamiento partidario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando la oferta es mayor que la demanda, según las leyes del mercado, los precios bajan. Aunque con los oligopolios transnacionales ese principio no se sostiene, en el caso de la actual sobreoferta partidaria sí hay evidencias que estamos ante el abaratamiento de los partidos.

En este sentido, se trata de un fenómeno que, aunque no es nuevo, viene en ascenso, y no es, precisamente, un indicador de un fortalecimiento del régimen democrático, todo lo contrario: con el abaratamiento partidario estaríamos asistiendo a una mayor devaluación de nuestra democracia.

Y esto obedece, como argumentan algunos politólogos, a que la política viene cada vez más cediendo espacio a los poderes fácticos empresariales y financieros, o sea, la economía domina a la política. Tal es el caso, del comportamiento de las nuevas propuestas partidarias, entre otras, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos de corte confesional “evangélico” (PRN y PNR), que se convirtieron en más -mucho más- de lo mismo, haciendo causa común con el bipartidismo neoliberal, vía los consensos legislativos dirigidos a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y secundados, por una campaña inquisitorial, impulsada por los medios de comunicación dominantes contra el sector público. Es decir, la agenda política ha estado en manos de esos poderes fácticos.

Por otra parte, el fenómeno del pluripartidismo en ascenso se ha convertido en una vía para acceder a la Asamblea Legislativa, ante un sistema que ha supeditado las candidaturas a diputados a la vía partidaria. Solo en este aspecto, es que podría estar contribuyendo a la democratización en la elección de diputados. Una muestra de que el país requiere nuevas alternativas para la elección de diputados, así como la apuesta por un régimen más parlamentario. Para ello, es fundamental que accedan a este primer poder de la república personas con trayectoria en el movimiento social, verdadero liderazgo comunitario, así como quienes han probado, desde diversos frentes, tener vocación y capacidad para servir al bien común. Evitar, así, el abaratamiento también de ese primer poder de la república, cada vez más decadente.

Las ofertas partidarias de hoy no muestran evidencias contundentes de estar marcando la diferencia. No se avizora una propuesta coherente y consistente para encarar los álgidos problemas que vive el país. Podría aducirse que la campaña todavía no arranca. Sin embargo, quienes lideran las múltiples ofertas partidarias ya se han lanzado al ruedo y resultan más ruidosos que propositivos. A estas alturas, y debido a la crítica situación que vive el país, es de que ya se hubiesen levantado las voces de la denuncia de tanta injusticia que colma el vaso y de la propuesta seria y visionaria que haga renacer la esperanza para reconstruir esta maltrecha “finquita”.

Para tiempos críticos como los actuales, se requieren liderazgos valientes, atrevidos y disruptivos, decididos a propiciar cambios estructurales, mostrando independencia frente a los poderes fácticos y los intereses particulares. Liderazgo político que genere confianza, trascendiendo el gremialismo partidista, y mostrando voluntad para conjuntar a las mejores personas, que se conviertan en garantes de una propuesta con visión de un país inclusivo, equitativo y solidario. Un liderazgo decidido a relanzar el país por los caminos de la paz y la justicia social requiere entereza, para poner a toda la ciudadanía a contribuir con generosidad -sin exclusiones, como se hace ahora con los que más tienen-, y a aportar lo mejor de sus recursos y capacidades, para proyectar la Costa Rica digna, justa y soberana en que habrán de vivir las próximas generaciones.

Quizá todavía estemos a tiempo para cambiar de rumbo, y no continuar abaratando la política, pilar esencial para una convivencia humana con justicia y paz social.

La disolución de los colores

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

“Los mexicanos nacemos donde nos de la gana”, habría dicho alguna vez una exhultante Chavela Vargas al preguntársele por su origen costarricense, tan atravesado y complejo como el que más en su hoja de vida.

Como una sanción premonitoria, a la vuelta de los años, otras figuras públicas habrían de mostrar que no necesariamente el acto de nacer es realmente el que te permite hacerte con una ciudadanía, una legitimidad, una identidad.

Lo hizo el futbolista de origen nicaragüense Óscar Duarte que, luego de su destacada participación en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014, fue recibido con honores en su pueblo de origen.

También el surfista Carlos “Cali” Muñoz nacido en Granada, Nicaragua, que será recordado no solo por su desempeño de alto nivel en el deporte, sino por haber protagonizado uno de los viajes de última hora más intensos que se recuerden para un atleta invitado al filo de la hora a participar en las justas olímpicas. Al final no logró su objetivo de representar a Costa Rica en la competencia, pero en la retina y memoria colectiva quedará ese periplo contra el tiempo, contra la inclemencia de un temporal devastador en el Atlántico del país que bloqueó por horas su intención de llegar al aeropuerto, los vuelos y conexiones perdidas. No tuvo la posibilidad de competir en uno de los “heats” eliminatorios de su disciplina. Pero la gente le aplaudió su gesto.

Años antes, sin embargo, no eran aplausos lo que el deportista recibía. En una entrevista para el medio digital delfino.cr, Muñoz dijo haber experimentado discriminación por su nacionalidad en el ámbito escolar, un desafío que permanece hasta el día hoy en los centros del sistema educativo costarricense.

De madre hawaiana y padre estadounidense, la surfista Brisa Tomy Henessy Kobara representó al país con buen suceso, también en la disciplina del surf. Nacida en San José, casi toda su carrera profesional la ha desarrollado en el extranjero. Su tabla de surf fue prácticamente un lienzo que mostró una y otra vez al mundo los colores de la bandera costarricense, artísticamente diseñados. Su “pura vida” matizado con un claro acento extranjero revela la mezcla que presentamos como país, a pesar de las escencialidades impuestas, los marcajes identitarios puritanos y desfasados de la historia de un país compuesto por «arroz y frijoles», una mezcla finamente metaforizada en el documental «Si no es Dinga», producido en 2014 por La Traviesa Producciones en Costa Rica.

A finales de la década de los años ochenta y principios de los años noventa, el artista japonés Yukinori Yanagi exponía al mundo una acción performática consistente en colocar hormigas obreras en compartimentos de arena de colores representando varias banderas del mundo. El “acto” consistía en una lenta difuminación de las banderas como producto de la acción natural de las hormigas.

Era la época de anunciación de un sentido planetario: la globalización había llegado y se intuía, tal y como Yanagi proponía, que las fronteras desaparecerían y con ellas los rituales de piedra de las identidades monolíticas y nacionalistas. Estaba equivocado.

Ni las cajas de plástico, tubos, tuberías, arena coloreada y mucho menos las hormigas obreras utilizadas por Yanagi, fueron suficientes para advertir ese sentido pétreo con que hoy se defiende cierta identidad esencializada y los nacionalismos.

Es cierto, si, que las banderas han adquirido otro significado en medio de los procesos de globalización y planetarizacion constante. Tanto se han disuelto, que causan confusiones extremas como la que sucedió a un equipo periodístico costarricense que emitía en vivo la maratón olímpica masculina recién transcurrida. Al anunciarse al maratonista coreano OH J, los periodistas indicaron que claramente no era de ese país. “debe ser keniano” dijeron. Efectivamente, de origen africano, el deportista representó a Korea del Sur en la competencia.

Con algo de congoja e incertidumbre, celebramos las fechas de conmemoración del bicentenario “formal” de la independencia. Las narrativas hacia esa identidad tallada en piedra estarán a la orden del día. Pero también otras formas de nombrarla y cuestionarla. Seamos las hormigas de Yanagi. Disolvamos los colores y abrámonos hacia nuevas experiencias colectivas donde el reconocimiento de las diferencias colectivas sea la norma.

 

Imagen: http://xuku-va.blogspot.com/2011/08/yukinori-yanagi.html

Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales – Invitación a ser parte

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Formación.

Costa Rica se aboca a la elección de las personas y partidos que regirán el destino del país para iniciar el Tricentenario. Se trata de un proceso electoral con una participación récord de partidos políticos.

Los movimientos sociales, compuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía, no pueden permanecer inactivos o asumir una posición pasiva. Frente a la situación crítica del país, pueden hacer una valiosa contribución al presentar propuestas concretas sobre los aspectos más sustantivos. Su voz debe levantarse hasta hacerse oír y ser tan fuerte como para minimizar la parafernalia que montarán algunos partidos, con el respaldo de los grandes medios de difusión y que, por demás, debilitan el pensamiento crítico y racional de la población.

Para ello, el movimiento social, desde su diversidad, debe procurar orientar a las personas hacia lo realmente sustancial, las reivindicaciones y luchas más sentidas, urgentes y esenciales para formular las políticas que, efectivamente, atiendan las necesidades del pueblo.

Las organizaciones y personas firmantes de esta invitación queremos facilitar la conformación de una plataforma. En dicha plataforma se recogerán las propuestas que cada organización o grupo presente desee ofrecerle a la ciudadanía y a los grupos organizados, para confluir en un movimiento desde las bases mismas que centre la campaña electoral en los problemas fundamentales y se proyecte más allá de las elecciones.

Proponemos, -para construir esa plataforma-, que cada organización o grupo de la ciudadanía haga llegar al correo que se indica abajo, un máximo de cuatro propuestas relevantes sobre su temática principal de lucha. El conjunto de propuestas se incorporará por medio de un trabajo de síntesis y concordancia a realizarse por un grupo de Trabajo Comunal Universitario (TCU). Luego, ese documento será pulido y ampliado en lo necesario por las personas, movimientos y organizaciones participantes.

Sugerimos que las propuestas de cada persona, organización o movimiento estén compuestas por dos elementos:
a. Un enunciado a modo de titular de no más de 140 caracteres con espacios.
b. Un párrafo explicativo de no más de 1000 caracteres con espacios.

¡Nuestra voz debe escucharse! Le agradeceremos si comparte esta invitación.
Correo-e para el envío de las propuestas: foro@confluenciasolidaria.org
El equipo de TCU iniciará la sistematización de las propuestas para construir la plataforma a mediados de noviembre.

Gran manifestación contra la nefasta Reforma de Pensiones

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISS) convoca a los/as trabajadores/as de la CCSS, sector público y ciudadanía en general a manifestarse el próximo jueves 19 de agosto en el edificio Jorge Debravo a las 9:00 a.m.

“Hacemos un llamado a defender una pensión digna y justa en favor de la clase trabajadora; nos unimos al llamado que realizan organizaciones sindicales del país”.

Para más información en los teléfonos: 86747810 / 22551012.
Facebook: @sindicatosisss
Correo: sindicatosisss@gmail.com

Organizaciones sindicales y sociales emplazan a Poderes de la República ante la corrupción y exigen parar impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y el Movimiento Nacional Territorios Seguros emplazan a los Presidentes de los Supremos Poderes para que tomen acciones concretas y conjuntas con la ciudadanía para evitar que los actos de corrupción deterioren más nuestra democracia y la paz social y continúe la impunidad.

La solicitud la hacen en una nota enviada al Presidente Carlos Alvarado Quesada, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

La misiva suscrita por el Presidente y Secretario General de la CTRN Lenin Hernández Navas y Mario Rojas Vílchez en conjunto con Carlos Campos Rojas coordinador del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, emplaza a los representantes de los tres Poderes de la República a que públicamente firme un compromiso con el pueblo de Costa Rica para promover un proceso en conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública con el fin de que la impunidad no sea el denominador común en los actos de corrupción.

Urgen proyectos anticorrupción

Las organizaciones solicitan impulsar el proyecto de Ley 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.

Además, solicitan generar un proyecto de ley para que la elección de los diputados y los puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

Corrupción sale caro al país.

De acuerdo con el Presidente de la CTRN, Lenin Hernández el estado paga ₡.

1 billón 140 mil millones, que representa un 3% del Producto Interno Producto (PIB) en sobreprecios en las compras anuales que realiza porque los sistemas de vigilancia de costos son deficientes, y no hay mecanismos de comparación, entre las contrataciones que hace el estado y los precios que paga el sector privado.

“En la CTRN creemos que es necesario una lucha contra la corrupción que no se limite solo a la protesta, sino también, a la propuesta. Por eso es un honor compartir este llamado con el Movimiento Territorios Seguros coordinado por don Carlos Campos que en conjunto le pedimos a los tres poderes de la República un compromiso público de transparencia, así como la dotación de instrumentos de control ciudadano y rendición de cuentas, porque es la única forma, de luchar contra la corrupción”, señaló Lenin Hernández Navas Presidente de la CTRN.

Por su parte Carlos Campos Rojas de Territorios Seguros declaró que firmó el documento porque es consecuente con la necesidad de que los costarricenses establezcan un proceso de diálogo como parte de su responsabilidad ciudadana y cumplan con el mandato constitucional de garantizar la paz y la transparencia en la función pública y así enfrentar los casos de corrupción que se quieren establecer como una cultura normal.

“Firmar este documento es parte de nuestra responsabilidad ciudadana de sumarnos a otros grupos de personas de la función pública que están comprometidos con sacar adelante a Costa Rica. Con esta firma queremos promover el encuentro, el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas para detener la corrupción y la impunidad”, destacó el representante de Territorios Seguros.