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Etiqueta: comunidades

Desafíos ambientales en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

El 28 de noviembre de 2017, Juan Carlos Villegas Arguedas, jefe interino del Departamento de Prevención, Protección y Control SE-SINAC, emitió un informe detallando un análisis situacional sobre posibles ilícitos y otros aspectos en el tramo costero entre Punta Cocles y Punta Uva, en Talamanca de Limón, dirigido al señor Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad-Caribe del SINAC. Este análisis se basó en un recorrido efectuado los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la zona marítimo-terrestre, con el propósito de identificar potenciales infracciones contra los recursos naturales y el Patrimonio Natural del Estado en dicha área específica.

Durante el recorrido de aproximadamente 5 km de costa, se observaron caminos públicos que llevaban tanto a la zona restringida como a la pública. Es relevante destacar que ya en las hojas topográficas de 1984 del IGN se registraba ocupación antrópica en el sector, evidenciando una presencia humana previa en la zona.

El informe señala la necesidad de revisar detalladamente el mapeo y certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en los terrenos demaniales de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) entre Punta Cocles y Punta Uva, sugiriendo que podría estar incompleto. Se hace hincapié en polígonos de bosques certificados como PNE que solo se supeditaron a la zona pública, lo cual se considera incorrecto, además de la falta de atención a los ecosistemas boscosos en la zona restringida.

Asimismo, se menciona la presencia de humedales en el sector que no fueron certificados como PNE, así como ocupaciones irregulares y anómalas dentro de posibles bosques que se sugiere son PNE. Se plantea la necesidad de solicitar criterios a la Comisión Institucional de Inspecciones Generales (CIIG) presidida por SETENA sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) requeridos para el desarrollo hotelero en el sector evaluado.

La carta subraya la importancia de revisar y certificar adecuadamente el Patrimonio Natural del Estado en la ZMT entre Punta Cocles y Punta Uva, con el fin de prevenir posibles ilícitos, garantizar la conservación de los ecosistemas y asegurar la viabilidad ambiental de proyectos en la zona.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2024, Marco Levy Virgo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Para la Ecología, dirige una solicitud a Maylin Mora Arias, Directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), contenida en el documento AEL-0014-2024. Esta solicitud se fundamenta en el Derecho Ambiental y diversas normativas legales, invocando una serie de artículos constitucionales y leyes ambientales para respaldarla.

En la carta, se solicita la realización de una valoración ambiental en los bosques costeros adyacentes al Hotel Almendros y Corales, así como al proyecto urbanístico denominado Puket en la ZMT del litoral de Talamanca y la calle Paraíso. Se requiere específicamente la entrega de copias digitales de estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en dicha área, con el propósito de obtener información concluyente sobre posibles impactos ambientales, como el envenenamiento de árboles.

Además, se solicita un censo certificado de los ocupantes actuales de los territorios mencionados, en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional relacionada con la reducción arbitraria de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). También se pide acceso a estudios técnicos realizados por el SINAC en áreas de recarga acuífera, así como copias de acuerdos emitidos por el CORAC desde el año 2010 hasta la fecha.

La carta finaliza expresando la disposición a recibir la información solicitada dentro de los términos legales establecidos, advirtiendo que de no cumplirse con la entrega de la documentación requerida, se tomarán las acciones legales pertinentes para obtenerla. 

En la misma línea, Marco Levy Virgo interpone un recurso de amparo el 20 de junio de 2023, presentando varios argumentos ante la Sala Constitucional. Entre ellos, se cuestiona la omisión de humedales en el Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, considerando que esto transgrede el artículo 50 constitucional. Se expresa preocupación por la falta de protección de los humedales del litoral del Cantón de Talamanca y la necesidad de garantizar su conservación. Se hace referencia a informes técnicos y certificaciones relacionadas con la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la ZMT del cantón de Talamanca, así como a la viabilidad ambiental del Plan Regulador Costero. Se enfatiza en la importancia de cumplir con las normativas ambientales y de planificación urbana para asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la zona.

En la resolución emitida el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala Constitucional analizó el caso y tomó en consideración los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental. Estos principios implican que el Estado tiene la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La Sala Constitucional destacó que el principio de progresividad ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se encuentra respaldado por diversos instrumentos internacionales. Asimismo, se hizo hincapié en que el principio de no regresión impide que el Estado adopte medidas, políticas o normas que empeoren el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, a menos que exista una justificación razonable y proporcionada. 

En este contexto, la Sala resaltó la importancia de una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente, de acuerdo con el Derecho de la Constitución. Se estableció que no se puede permitir una regresión en perjuicio del ambiente y se mencionaron otras sentencias que respaldan esta postura.

El 19 de febrero de 2024, Maylin Mora Arias responde a Marco Levy Virgo mediante un comunicado, en referencia al correo electrónico identificado como AEL-0015-2024, el cual contiene la solicitud del oficio SINAC-ACLAC-PNE-019-2024. En este comunicado, la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe le traslada la información solicitada.

En otra correspondencia del 23 de febrero de 2024 y dirigida a David Chavarría Morales, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como al Auditor General, Marco Levy se hace referencia al oficio SINAC-ACLAC-DR-0142-2024 del 19 de febrero de 2024, emitido por Maylin Mora Arias. En dicho documento, se solicitan estudios técnicos que justifiquen el cambio de uso de suelo en los bosques costeros cercanos al Hotel Almendros y Corales, así como en el proyecto urbanístico Puket, ubicados en la zona marítimo terrestre del litoral de Talamanca y la calle Paraíso, omitiendo el artículo 13 de la Ley Forestal vigente.

En la carta se expresa preocupación por la actitud permisiva y complaciente del Área de Conservación Amistad Caribe ante las acciones ilícitas llevadas a cabo por empresarios inmobiliarios y terceros ajenos en los bosques del Caribe Sur, como drenajes, talas, rellenos y salinización de acuíferos, contraviniendo convenios internacionales y leyes nacionales. Se destaca el daño ambiental causado en propiedad demanial del Estado, con más de 100 lotes ilegalmente fraccionados en contra de la irreductibilidad del bosque y la normativa forestal.

Además, se hace referencia a la resolución No. 11-2017 del SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017, que trasladó de manera inconstitucional el Patrimonio Natural del Estado en la zona marítima del Cantón de Talamanca a la Municipalidad de Talamanca para un plan regulador costero, generando inconsistencias y desacato a la Constitución Política. Se resalta la importancia de los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de ecosistemas relevantes y no regresión, así como la necesidad de acciones concretas para evitar el daño ambiental evidenciado.

En este documento se exponen una serie de preocupaciones y solicitudes relacionadas con el respeto a la normativa ambiental, la defensa de los bosques y áreas de recarga acuífera, y la necesidad de acciones inmediatas para proteger el entorno natural en la región del Caribe Sur, haciendo hincapié en el cumplimiento de la ley y los convenios internacionales suscritos por el país.

La documentación para esta nota fue enviada a SURCOS por Marco Levy Virgo.

Comunidades puntarenenses buscan salir a flote a través del manglar

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Trabajo.

El manglar de Chacarita está en regeneración, ahí se aprecian cinco especies de mangle, hay presencia de al menos cuatro especies de bivalvos de interés comercial para el consumo humano, y más de 20 especies de aves. Fines turísticos podrían reactivar la economía de la zona.

¿Pueden comunidades caracterizadas por altos índices de violencia y bajos índices educativos salir a flote por medio de la protección de un manglar? Fray Casiano y 20 de noviembre son comunidades vulnerables ubicadas en Puntarenas, que han vuelto su mirada al manglar para conservarlo y convertirlo en su aliado.

Las actividades humanas son la principal causa de la destrucción de los manglares a nivel mundial, y Costa Rica no es la excepción. En el 2019, Milagro Carvajal Oses, investigadora de la Estación de Biología Marina, inició el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, y su objetivo se centró en crear un plan de educación ambiental para gestionar servicios ecosistémicos de provisión y opciones culturales en Chacarita de Puntarenas.

“En conjunto con la comunidad, se creó la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales con enfoque socio productivo de Chacarita, actualmente con 150 asociados. Su objetivo es hacer un cambio positivo centrado en la conservación de los recursos naturales (a través de educación y trabajo), sobre todo en el manglar y sus servicios ecosistémicos”.

José Alberto Sánchez Castillo, presidente de la Asociación, también tiene su perspectiva sobre la contaminación del estero. “Nos preocupamos porque los estudios que estaba haciendo doña Milagro arrojaban mucha contaminación que, sabemos, afecta la vida y fauna marina. Formamos este proyecto con la idea de tener una asociación socioproductiva para generar empleo y, gracias a ello, trajimos el Programa Nacional de Empleo para que las mujeres pudieran incorporarse en la recolección de residuos. Hoy nuestra mayor satisfacción es cuidar los esteros y vemos que donde hemos trabajado ha disminuido la contaminación”.

Revive

Este estudio determinó que las poblaciones analizadas de moluscos bivalvos están diezmadas a “niveles preocupantes”, y los moluscos, principalmente las pianguas (género Anadara), sufren la presión antropogénica. “Cerca del 70% de los individuos estuvieron por debajo de la longitud permitida para la extracción, de acuerdo con la legislación costarricense; además, los índices gonadales encontrados son menores de los que han reportado otros investigadores, lo que refleja que los organismos podrían estar madurando en etapas más juveniles” cita Carvajal.

A pesar de este panorama poco alentador, en este manglar hay áreas que benefician el crecimiento de moluscos, lo que facilita la iniciativa de establecer medidas de gestión para proteger el recurso, como programas de repoblación gestionados por la misma comunidad.

El plan de educación ambiental impulsado por Carvajal es un primer paso en el camino hacia la dotación y adquisición de competencias en contextos comunitarios específicos, que permiten la adopción de una mayor apertura al conocimiento y a la ejecución de acciones sensibles e informadas dentro de un marco de respeto y protección a los recursos naturales.

“El manglar es muy importante porque de ahí proviene el 90% de los peces que se consumen. La mayoría de los pobladores se dedican a la pesca, y las mujeres a la actividad pianguera. Una de las actividades que se podría desarrollar es el turismo de bajo impacto, para ello se debe mostrar las bellezas del manglar e invitar a las personas a que lo conozcan; eso podría mejorar las condiciones de vida de los pobladores. En ese sentido, hicimos un calendario con las aves de la zona y la creación de llaveros plastificados con las especies de mangle que se pueden observar, así como la creación de una guía de actividades centrada en la conservación del manglar”, precisó Carvajal.

La investigadora detalló algunas recomendaciones como fortalecer la organización comunitaria, que les permitan abordar, de manera conjunta, los desafíos que enfrentan al incentivar acciones de conservación y proyectos productivos. Destacó, además, otros esfuerzos como establecer alianzas estratégicas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para buscar recursos y dar capacitación técnica con la que los pobladores enfrenten sus problemáticas socioeconómicas y ambientales.

A las universidades también se plantearon recomendaciones, como proponer investigaciones y programas acuícolas orientadas al repoblamiento de las áreas del manglar que cuenten con las condiciones para lo cual se recurriría al uso de los recursos, capacidades y pobladores de la zona.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen Ejecutivo: Caso de la Asada Cipreses de Oreamuno 

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales. 

La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este. 

Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.

Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.

Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.

El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.

Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».

Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.

La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.

La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo

técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.

Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.

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UCR: La campaña “Compartí tus libros leídos” busca recolectar 100 000 libros para abrir centros de lectura en comunidades que no tienen acceso a estos recursos

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La campaña «Compartí tus libros» recolectará libros infantiles y juveniles para crear centros de lectura en escuelas donde no cuentan con estos recursos.

Para el 2024 se proyecta entregar al menos seis centros de lectura en escuelas de Upala, Bagaces, Liberia, La Cruz, Nicoya y Santa Cruz.

Los libros se están recolectando en todas las bibliotecas de la UCR

Según datos del Estado de la Nación, de 3 723 escuelas públicas, solo 593 cuentan con biblioteca, esto significa apenas el 16%. En esos 593 centros educativos, el 66% de sus bibliotecas solo tienen un libro por cada estudiante.

Estos números reflejan deficiencias en diversos aspectos, que afectan a la población escolar costarricense.  Por esta razón, la Editorial de la Universidad de Costa Rica desarrolló el proyecto de acción social, el Mundo de los libros, la lectoescritura y la literatura, que busca contribuir para estimular en los niños y las niñas la lectoescritura y fomentar el acceso a libros en formato impreso.

El proyecto tiene tres componentes, “la Caravana de la lectura y las artes”, el certamen “Mi U en 1000 palabras” y la campaña de donación de libros denominada “Compartí tus libros leídos”.

Según explicó Alexander Jiménez, director del Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación (Siedin) la iniciativa “Compartí tus libros leídos” pretende recolectar, entre la comunidad universitaria, al menos 100 000 libros de literatura infantil o juvenil, nuevos o ya leídos, en perfecto estado, como cuento, teatro, novela, poesía, para dibujar y juegos de mesa para esta población.

“La campaña consiste fundamentalmente, en una recolección de libros, ese es el primer momento. Le llamamos Compartí tus libros leídos, porque queremos que haya un componente afectivo. En un libro leído hay algo de uno, entonces queremos que haya una transmisión, por decirlo así, de familias o de individuos que quieren donar ese libro que han leído y que probablemente han atesorado y que forma parte importante de su vida”.

Los libros se están recolectando en todas las bibliotecas de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Con los libros recolectados, se pretende crear centros de lectura en escuelas que carecen de bibliotecas y que se encuentran en cantones con bajos índices de desarrollo humano, y en los que tampoco hay acceso a librerías o a actividades culturales que fomenten la lectura.

El primer centro de lectura se entregará el próximo 23 de abril a la Escuela Náhuatl del cantón de Upala, un centro educativo de atención prioritaria, que cuenta con aproximadamente 450 estudiantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Para el 2024 se proyecta entregar al menos seis centros de lectura en escuelas de Upala, Bagaces, Liberia, La Cruz, Nicoya y Santa Cruz.

Jiménez explicó que una vez que se tengan los libros, un equipo de trabajo de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informació (EBCI) se encargará de organizar, clasificar y empacar el material recibido y los dejará listos para su donación.

Además, los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, “Arte Público” y “Apropiación participativa del espacio público por medio del arte y la comunicación visual”, intervendrán el espacio físico donde se encontrará el centro de lectura, con pintura mural. Se pintarán diseños que estimulen la  imaginación y la lectura, y serán equipado scon mobiliario que también se pedirá en donación.

Las personas interesadas en compartir sus libros leídos pueden dejarlos en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad. La lista competa de lugares y los criterios para la donación pueden consultarse en el siguiente enlace.

Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

La nariz no engaña: Elecciones Municipales en Río Cuarto ¿Qué balance hacemos?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Carlos Rodríguez, Elena Trigueros y Héctor Dávila para conocer su balance en torno a las elecciones municipales en Río Cuarto, ¿En qué contexto se encuentra Río Cuarto? ¿Qué desafíos representa la continuidad del alcalde relecto? ¿Qué pasa con la dimensión ambiental? Son parte de las reflexiones con las que dialogamos en esta ocasión.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Minería no metálica en Costa Rica: impactos y propuestas para su regulación

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

La minería no metálica es una actividad que busca producir materiales para la construcción, la cual ha generado preocupación en Costa Rica debido a los posibles impactos ambientales y sociales. Es así como el Observatorio de Bienes Comunes, la Alianza por la Defensa del Agua y la activista e investigadora Dylanna Rodríguez Muñoz plantean que a falta de regulación efectiva en la explotación de canteras y cauces, se han dado situaciones como la disminución del caudal de los ríos, la sedimentación y la afectación de la biodiversidad.

Las regulaciones actuales se consideran insuficientes para proteger los ríos y las comunidades afectadas. Se señala la falta de prioridad en los estudios de impacto ambiental en relación con la calidad del agua y la biodiversidad. Además, se destaca la ausencia de consultas con las comunidades locales y la falta de beneficios directos para estas.

Asimismo, estás organizaciones proponen modificar la legislación para incluir consultas comunales directas en el proceso de concesiones, establecer límites técnicos basados en el caudal ecológico de los ríos, evitar otorgar concesiones a empresas con antecedentes de corrupción y violación de derechos, y tomar medidas concretas para proteger el ambiente y la vida en el país.

Se destaca la necesidad de una institucionalidad con criterios científicos para evaluar los impactos, realizar monitoreo y garantizar la protección ambiental en la actividad minera no metálica en Costa Rica.

Le invitamos a conocer más detalles de este enfoque en el archivo que adjuntamos a continuación:

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Drones de última tecnología beneficiarán a 3 mil productores de todo el país

Escrito en . Publicado en Derechos.

Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los pequeños y medianos productores de nuestro país contarán con 16 drones de última tecnología para impulsar sus actividades productivas, así como sus capacitaciones respectivas para un uso adecuado.

El proyecto se enmarca en los ejes de fomento a la competitividad, así como productividad y sostenibilidad de la Política para el Sector Agro Costarricense 2023-2032, e impactará positivamente en 7.775 hectáreas, las cuales corresponden a 23 cultivos principales y actividades como piña, arroz, frijoles, hortalizas y caña de azúcar.

«Como jerarca rector del Sector Agropecuario, he coordinado con las instituciones para asegurar que la tecnología respalde el crecimiento sostenible de nuestra agricultura y contribuya al bienestar de todos los actores. La incorporación de drones en la agricultura permite ampliar las perspectivas y optimizar todas las etapas de un cultivo haciéndolos más eficientes.”, indicó el ministro de Agricultura y Ganadería Víctor Carvajal.

Para desarrollar el proyecto, el MAG y el Inder firmaron un convenio de cooperación específico. En esta misma línea el INA, mediante su Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), estará becando a un primer grupo 41 personas productoras, bajo el Programa SBD, para que cuenten con el conocimiento necesario en el uso de estas aeronaves, y de esta manera puedan obtener la licencia que otorga Aviación Civil.

“Uno de los principales objetivos del Gobierno de la República es dotar de tecnología al sector agropecuario para mejorar su productividad. Por esta razón desde el INA, de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, iniciaremos desde febrero hasta junio, una serie de capacitaciones para más de 40 personas productoras de varias regiones del país. Una inversión de más de ₡30 millones, para que puedan adquirir conocimientos en el manejo de drones y mejorar su productividad”, enfatizó Juan Alfaro, Presidente Ejecutivo del INA.

La inversión por parte del Inder es de ₡319,1 millones, que estarán destinados a la compra de los drones, mientras el MAG aportará ₡237,7 millones en acompañamiento técnico a las organizaciones, por lo que la inversión total será de ₡556,8 millones.

“Este proyecto se realizará mediante el servicio del Inder denominado Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria que permite brindar de herramientas e insumos a los productores del país, mediante recursos no reembolsables.” indicó el Presidente Ejecutivo del Inder, Osvaldo Artavia.

-INA beca al primer grupo de 41 productores con capacitación en uso de drones.

-16 organizaciones recibirán aeronaves para apoyar las labores de micro, pequeños y medianos productores.

Las organizaciones beneficiadas serán:

-Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí

-Cooperativa de Comercio y Servicios Múltiples de Productores de Piña de Pital de -San Carlos R.L.

-Asociación Cámara de productores de caña de San Carlos

-Coopeparrita Tropical R.L

-Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores de Arroz del Pacifico Central R.L

-Centro Agrícola Cantonal de Alajuela

-Asociación Cámara Ganaderos del Caribe

-Asociación de Productores de Plátano ASOPLATAL

-Asociación de productores agrícolas El Águila de Pejibaye

-OSACOOP

-El Centro Agrícola Cantonal de Alvarado, con sede en Cervantes

-Asociación Cámara de Productores de Caña del Atlántico

-Centro Agrícola Cantonal El Guarco

-Asociación de Productores Agro luchadores

-Coopepilangosta.RL.

-Cámara de Productores de Caña de Guanacaste

Temporada de Tertulias 2023: «Sol Lucet Omnibus»

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El pasado sábado 18 de noviembre se llevó a cabo la vigésima novena tertulia: “Sistema de extensión universitaria de la UNED: constructo inclusivo con participación activa de las comunidades”. La actividad consta de una serie de tertulias temáticas sobre el constructo del sistema de investigación de la UNED; además de ello, es la primera acción afirmativa de inclusión de las comunidades en dicho constructo. 

Recordar que las tertulias se establecieron en el año 2005 como una estrategia de vinculación de universidad/comunidad en la sede de Guápiles y se rigen por tres grandes principios: disentir con respeto, consentir con responsabilidad y asentir con humildad.

La actividad se realizó en compañía de las contertulias y contertulios:

  • Roxana Villegas Castro – Gestora Local Río Claro
  • Juan Carlos Villalobos Umaña – Gestor Local La Purruja, Golfito
  • Franklin Barrantes Montero – PANI La Palma de Pto. Jiménez
  • Pamela Castro Hidalgo – Jefe Sede UNED Osa
  • Luis Miguel Delgado Madrigal – Proyectista UNED Ciudad Neilly
  • Javier Ureña Picado – Director Extensión UNED
  • Rafael López Alfaro – Programa de Gestión Local UNED

Para observar la retransmisión de las tertulias, ingresar a los siguientes enlaces:

YouTube: https://www.youtube.com/c/unedguapiles16/live

Facebook: https://www.facebook.com/unedguapiles/live

Exposición de fotografía Gente que aprende. Un viaje por diferentes comunidades de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y la Benemérita Biblioteca Nacional se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición de fotografía Gente que aprende. Un viaje por diferentes comunidades de Costa Rica.

La actividad se realizará el miércoles 22 de noviembre a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook

Biblioteca Nacional  https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 22 de noviembre al 6 de diciembre en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Interponen más acciones legales y presentan objeciones contra el Plan Regulador Costero de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos

  • Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.

  • Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.

  • El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.

Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.

El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.

Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:

en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.

Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.

Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,

sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.

Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.

A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.