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Etiqueta: concentración de riqueza

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

La humanidad en los tiempos aciagos del Virus Corona

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El filósofo y escritor romano, Séneca, decía que la adversidad es ocasión para la virtud. Esta frase llena de sabiduría, calza perfectamente con esta época que experimenta el mundo y la humanidad entera, frente a la inédita y desafiante pandemia del virus corona.

Como es bien conocido, esta pandemia ha conllevado al aislamiento obligatorio de millones de personas y la imposición de cuarentenas para evitar un mayor contagio de la enfermedad. Estas medidas están generando un severo golpe para la economía de los países y, en el caso de Costa Rica, este golpe se está experimentando en todos los sectores pero, más aún, en el turismo, una de nuestras principales fuentes de divisas.

El coronavirus ha impuesto un necesario aislamiento social pero al mismo tiempo, gracias al vertiginoso desarrollo de las tele-comunicaciones, nunca nos ha tenido más juntos a amplios sectores de la humanidad. Es un momento muy propicio para la reflexión y la autocrítica, tanto para los países y las sociedades como para las personas.

La progresiva concentración de la riqueza, que ha experimentado el mundo en los decenios recientes, se refleja en que el «el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global» (Oxfam). Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres en una desequilibrada ecuación de desigualdad. Este fenómeno también lo ha venido experimentando Costa Rica; lo que se refleja en un preocupante debilitamiento del estado social de derecho.

El consumismo nos ha venido desbordando en sociedades marcadas por el individualismo, en las cuales los “contratos sociales” sustentados en la solidaridad y el bien común, son más la excepción que la norma. Hoy, el contraste es evidente: En la mayoría de los países industrializados ha habido una gran preocupación por la producción de artículos sanitarios mientras se anuncia la escasez de artículos de higiene para atender la urgente demanda que exige la atención a la pandemia.

Quienes siempre hemos defendido la medicina pública, como la que ha desarrollado el país, en este presente de crisis sanitaria, se muestra fehacientemente que la razón estaba y está de nuestro lado. La medicina privada impulsada, con gran fuerza, por el neo-liberalismo es incapaz de dar una respuesta adecuada al tamaño y las dimensiones de esta crisis. La mejor respuesta la puede dar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a partir de una filosofía y una práctica, basada en la solidaridad y la subsidiaridad. Quienes han buscado debilitar a la Caja con proyectos privatizadores, en estos momentos marcados por la amenazante pandemia, deben rectificar.

¿Qué tipo de sociedad debemos construir? Es la pregunta crucial que debemos responder. Una basada en la concentración de la riqueza, de la vida buena para minorías irritantemente concentradoras, de la medicina para las élites de la sociedad u, otra que valore el trabajo de la personas, de una mejor distribución de la riqueza, de una medicina al alcance a todas y todos, en las ciudades y en los campos y que no establezca diferencias arbitrarias entre requieren de sus servicios. Una sociedad basada en el egoísmo y la codicia de unos pocos, o de la solidaridad como propósito común y práctica cotidiana.

El día de hoy no debe ser de los políticos, como bien se ha dicho, debe ser de los profesionales de la salud y de los científicos, que están enfrentando al Covid-19 en todos los escenarios del planeta. Y cabe un reconocimiento enorme a la labor abnegada y heroica de los médicos, enfermeras y demás personal sanititario de Costa Rica, que se han estado preparando y ya están atendiendo a las y los pacientes infectados por el virus corona.

Sin embargo, cuando pase esta crisis (que esperamos sea lo antes posible), las y los políticos deben entrar a un proceso de correctiva reflexión sobre qué país estamos construyendo y nosotras y nosotros, como sociedad y personas, debemos ser protagonistas en ese proceso. Virtudes como la solidaridad, el apoyo recíproco, la bondad deben emerger con fuerza, como bien aconseja Séneca en este momento sombrío y difícil.

 

Enviado por el autor.

Plebiscito en Chile: ¿fin de su “laboratorio” neoliberal?

  • Chilenos tendrán nueva constitución en el 2022

  • ¿Posibles efectos en el resto del Continente?

Gerardo Zamora Bolaños

¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).

Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.

Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.

Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

Apuntes Patrióticos II

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN

20-10-2020

La inteligencia y la paciencia de los progresistas y hasta los que peyorativamente pueden ser calificados de comunistas en Bolivia y su jefe de campaña Evo Morales. Nos ponen de relieve que la inteligencia emocional, la malicia indígena, la prospección de García Linera y las enseñanzas de Mahatma Ghandi, Martín Luther King, dan sus resultados sino se cae en las provocaciones de los Sectores de la derecha, pero que esto implica e impone análisis de coyuntura profundos, disciplina y cohesión.

Esta enseñanza nos indica que lo actual en Costa Rica es una batalla que nos coloca de relieve la agenda inmediata que debemos definir como un paso hacia, pero que este es un contexto en el cual podríamos y parece que será así seguramente podemos salir más golpeados vistas las señales que se consolidan en la Asamblea Legislativa hoy día, donde la ultraderecha más rancia no para de dinamitar la institucionalidad y asumir posiciones y acciones fascistas que profundizarán el hambre, el desempleo, la exclusión social dada la sed ambiciosa de más concentración de la riqueza.

Por lo tanto, el tema está en que los movimientos sociales (incluidos los sindicatos), hagan una verdadera apuesta política de reconstrucción del MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL y aspire a ganar en un plazo de dos años (2022), un par de batallas relevantes, sin ser, ni pensar, en un partido político, sino consolidar un brazo social de una opción supra electoral que reconfigure el mapa político en el Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica.

Consolidados esos posibles triunfos de esas batallas, se debe pensar en un proceso que sea la alborada del desmontaje de un modelo de desarrollo que durante los últimos 45 años tiene al país con las deplorables cifras que ha indicado el INEC recientemente y que son reforzadas por estudios e informes de otras casas académicas y el mismo Programa del Estado de La Nación.

Sin lugar a dudas esto que soñamos es complejo ya que en la actualidad sabemos que está en desarrollo una agresiva campaña de la ultraderecha más conservadora del país que está dispuesta a jugar de manera solapada fuera de la institucionalidad para lograr sus más oscuros objetivos, por tal razón debemos dejar de lado el tablero y sacar las piezas del ajedrez ya que es en este escenario en el cual veremos la verdadera sapiencia e inteligencia emocional de las dirigencias de los distintos sectores sociales, pero en especial las dirigencias sindicales del diezmado sector público nacional.

Juan Carlos Duran Castro
Costarricense por el bien de la Patria
20-10-2020

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

Desigualdad social acerca a Costa Rica a escenarios peligrosos

Cuatro posibles escenarios esperan a Costa Rica en el futuro: uno catastrófico, dos de peligro y el escenario deseable o escenario apuesta.

De no rectificar el rumbo, el país se dirige hacia escenarios muy peligrosos según se desprende de la investigación “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, realizada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), mediante consulta a más de 200 representantes de distintos sectores sociales.

Al presentar los resultados de este estudio, Juan Carlos Mora, coordinador y especialista en prospectiva –análisis de futuro-, empezó con el escenario del “país del juego /sueño perdido”, considerado el catastrófico, por ser –dijo- el que más coincide con la situación que está viviendo el país y con la que podría experimentar una vez superada la pandemia.

En este escenario se da la mayor desigualdad social, mientras la producción nacional no crece para lograr un equilibrio en el desarrollo.

“No estamos tan lejos de tomar ese rumbo. Las tendencias del país caminan hacia ese escenario y por eso es que “un cisne negro” como la pandemia que estamos viviendo ha venido a acelerar la marcha”, advirtió el investigador.

Y es que el elemento más claro en el futuro del país, en términos tendenciales, es precisamente la desigualdad social, como lo muestra el comportamiento del coeficiente de Gini.

A esto se suma, una ralentización del crecimiento de la producción, medida por Producto Interno Bruto (PIB), que también contribuye a acercar al país al peor escenario.

No por casualidad, se han venido perdiendo aceleradamente posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que también da cuenta del rumbo poco deseable que lleva el país.

Escenarios de peligro

Entre los cuatro escenarios más posibles, destacan también dos de peligro, de alta inestabilidad.

A uno de ellos se le ha denominado “el país de unos pocos”, el cual está caracterizado por la concentración de la riqueza en un sector muy pequeño de la población, lo que provoca altos índices de desigualdad social, sin que el Estado logre implementar una política pública redistributiva para revertir el proceso.

Costa Rica tampoco está lejos de este escenario de peligro. “Hay una tendencia hacia la concentración del ingreso, que la pandemia va a acelerar”, dice Mora, quien considera preocupante que se esté tratando de contrarrestar esta tendencia con política pública cortoplacista, que no la revierte.

El otro escenario de peligro es “el país que reparte lo que no tiene”, donde se logra mejorar en temas de igualdad, pero a costa de endeudamiento, de un sistema de impuestos regresivo, de una política pública populista, que deja muy comprometidas las posibilidades de desarrollo.

Hacia “el país donde quiero vivir…”

“Es importante indicar que la ocurrencia o no de un escenario todavía está en manos nuestras; por eso, la investigación contempla como probabilidad el escenario apuesta, que es el país donde quiero vivir el resto de mi vida”, subrayó el académico de EPPS.

¿Podría Costa Rica alcanzar cambiar el rumbo y caminar hacia este escenario apuesta, en el que crece el PIB y disminuye la desigualdad?

Este escenario no está cerca, según reconoce el coordinador de “Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad”, para quien el empuje hacia “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” va a requerir esfuerzo, así como varios gobiernos; “no se va a lograr en cuatro años ni con el mejor gobierno del mundo”.

Aunque las tendencias se oponen, este escenario alcanzó en el estudio un 42% de probabilidad, lo cual es importante –afirma el investigador- porque refleja que se ven posibilidades de que Costa Rica rectifique el rumbo, de manera que pueda superar factores evidentes de desigualdad social, como baja conectividad, educación desigual, disparidad territorial, bajo acceso a tecnología, brecha en ingresos e impuestos regresivos, entre otros.

 “En este escenario vemos la Costa Rica del futuro como un país virtual en muchas de las cosas que hace, pero es una Costa Rica donde el Estado universaliza la conectividad y eso hace que la educación, por ejemplo, no sea un factor de exclusión social, sino que podamos llevar las oportunidades a todas las regiones del país”.

Mora fue enfático en que en “el país donde quiero vivir el resto de mi vida” no se podría aceptar que haya estudiantes que reciban clase en la casa con un teléfono celular, tal como se mostró en el reciente informe del Estado de la Educación.

“Tenemos que resolver el problema educativo. Nuestra principal razón de desigualdad social sigue siendo el tema educativo. La diferencia salarial entre una persona que estudió y una que no lo hizo, es abismal. Entonces, ahí está el verdadero problema de la desigualdad”, subrayó Mora.

El país donde quiero vivir el resto de mi vida es un escenario se logra un acuerdo en torno a las decisiones que debe tomar los gobiernos de los próximos 10 0 12 años en este y otros temas esenciales, como economía y en ambiente.

Para lograrlo es preciso poner atención en la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, así como contar con solidaridad, liderazgo, compromiso y disciplina.

El investigador de EPPS considera que ese acuerdo nacional es imprescindible. “No podemos atender el futuro, tan disruptivo que se nos presenta, con las mismas medidas y decisiones de siempre. Deberá venir un compromiso del Estado por hacer cosas diferentes. Solo de esa manera alcanzaremos ese escenario apuesta”, advirtió.

***Mayores detalles con Juan Carlos Mora, investigador EPPS al 8893-9950 o con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

  • Gobierno debe abrirse a la ciudadanía y dejar del secretismo en esas “negociaciones”

  • Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

El mundo unilateral de la UCCAEP

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

  1. lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
  2. mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
  3. amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
  4. reforzar las medidas de seguridad,
  5. readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
  6. un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
  7. reducir las tarifas eléctricas para la producción,
  8. mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
  9. permitir la exploración y explotación del gas natural,
  10. avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
  11. privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
  12. poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
  13. transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
  14. y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

  1. la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
  2. “medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
  3. la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
  4. aplicación “estricta” de la regla fiscal,
  5. reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
  6. mayores controles a las universidades públicas,
  7. reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
  8. erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
  9. una ley de empleo público,
  10. frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
  11. atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
  12. una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
  13. rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Crisis sistémica global, situación internacional y nacional

  • Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso

 

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado Político Nº 58

 

En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.

Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.

Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.

Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.

En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.

Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.

Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.

En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.

Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.

 

Comisión Nacional de Enlace

San José, Costa Rica

25 enero 2018

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Enviado por Ricardo Segura Ballar.

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¡Señor Presidente! ¿Recortar de dónde?

Comunicado de Prensa

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la “despedidera”, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto!

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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