En economía la liquidez tiene que ver con la disponibilidad de dinero en efectivo que tiene una persona, familia, empresa, institución o Estado, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Como bien es sabido, Costa Rica enfrenta problemas estructurales en sus finanzas públicas, donde lo que ingresa por concepto de impuestos (recaudación fiscal) es insuficiente para hacer frente a los gastos y, por tanto, se debe recurrir al endeudamiento (emisión de títulos de deuda interna o externa) para suplir ese faltante; esto es lo que se llama déficit fiscal. En el 2016 el déficit del Gobierno Central llegó al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que para el cierre de 2017 alcance el 6,1% (Revisión del Programa Macroeconómico, BCCR). En otras palabras, cada vez el problema se hace más grande y por ende la deuda del Gobierno Central crece: en el 2016 alcanzó el 45,09% del PIB; ocho años antes (en el 2008) fue del 24,12% del PIB.
Ahora bien, no es lo mismo enfrentar problemas de liquidez que una “crisis de liquidez”. Si bien el Gobierno Central, particularmente el Ministerio de Hacienda, ha tenido dificultad para obtener recursos de muy corto plazo, no es correcto señalar que exista una “crisis de liquidez”, tal como lo anunció el Presidente Luis Guillermo Solís en Cadena Nacional el pasado primero de agosto. Por lo general se habla de “crisis” cuando durante varios meses o períodos consecutivos se presenta una situación difícil sin que por sí solo se pueda salir de ella. Es decir, si hubiese una “crisis de liquidez”, sería porque se han agotado los instrumentos que tiene el Gobierno a su disposición para obtener los recursos que le permitan hacer frente a sus obligaciones de corto plazo; no obstante, esto no ha sucedido.
El problema de flujo de caja que enfrenta el Ministerio de Hacienda está más relacionado con el poco atractivo que están teniendo los títulos/bonos, que con una “crisis de liquidez”. Este poco atractivo se explica por varios acontecimientos recientes, entre ellos:
a) Expectativas: los inversionistas están prefiriendo mantener sus recursos en inversiones de muy corto plazo a la espera de mejores rendimientos, y el anuncio de la “crisis de liquidez” podría incentivar aún más a los inversionistas a invertir más a corto plazo, esperando mayores rendimientos a futuro, y además a invertir otros títulos no emitidos por el gobierno.
b) Fuerte incremento de la Tasa de Política Monetaria: en enero estaba en 1,75% y a partir de junio subió a 4,5% (tasa de interés que cobra el BCCR en sus operaciones activas/préstamos a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez). Esta decisión complicó el financiamiento del Ministerio de Hacienda ya que si este no sube las tasas de interés le costará más colocar los bonos. Esto es lo que podría haber provocado en mayor medida el problema de liquidez.
c) Entorno internacional: el periodo de “dinero fácil” se acabó, en el mercado internacional han empezado a subir las tasas de interés y por ello la disponibildad de recursos en el mercado interno también se ve afectada.
d) Intervenciones del BCCR en el mercado para estabilizar tipo de cambio: cuando el BCCR sale a vender dólares, recoge colones y por tanto se reduce la disponibilidad de dinero en la economía.
Adicionalmente, es preciso diferenciar el problema que enfrenta el país en sus finanzas públicas (problema estructural) del “problema de liquidez”. Si bien ambos hechos se relacionan, deben entenderse y analizarse de manera separada. A continuación se mencionan algunas medidas que podrían resolver el problema de liquidez pero no el de las finanzas del Estado, así como sus posibles efectos “colaterales”.
¿Cómo hacer frente al problema de liquidez? Y ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
a) Aumento en tasas de interés de los títulos ofrecidos por Hacienda: esto haría más atractivos los títulos del Gobierno pero presionaría hacia arriba las tasas de interés en el mercado interno y por ende terminaría afectando a los deudores y posiblemente la inversión, el crecimiento económico y el empleo. ¡Seguir pateando la bola hacia adelante!
b) Endeudamiento externo: requiere aprobación de la Asamblea Legislativa y en caso de lograrse, podría generar presiones para que el tipo de cambio baje (apreciación del colón por aumento de la oferta de dólares en el mercado interno) afectando al sector exportador y el dinamismo económico.
c) Más canje de deuda: continuar intercambiando los títulos actuales por otros de más largo plazo. ¡El problema no se corrige, sólo se traslada en el tiempo!
d) Contención del gasto público. Sus efectos dependerán de las áreas en las cuales se realicen estos recortes y podría tener efectos recesivos en la economía.
e) Letras del Tesoro: según la Ley Orgánica del BCCR, esta entidad podrá, mediante aprobación de al menos cinco de sus miembros de Junta Directiva, comprar letras del tesoro, a una tasa de interés superior a la tasa básica pasiva. Esta medida podría impactar la inflación.
f) Reducción del Encaje Mínimo Legal (EML): una reducción del EML podría aumentar la disponibilidad de recursos en la economía. “Artículo 63… La Junta Directiva del Banco Central fijará los encajes mínimos legales con respecto al saldo de los depósitos y las captaciones, con un límite máximo de un 15%” (Ley Orgánica, BCCR); sin embargo, de igual manera, es una medida con impacto en la inflación.
Finalmente, es preciso señalar que Costa Rica enfrenta una dura realidad, y es que si no se toman decisiones pronto para resolver el problema fiscal de manera estructural, el ajuste que se tenga que hacer cada vez será más doloroso y con mayores impactos sobre la economía y la sociedad en su conjunto. El problema de liquidez que ha enfrentado el Gobierno podría agudizarse si no se llega a acuerdos en materia fiscal pronto.
(*) Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.elescribaenpie.com
¿Entramos ya a transitar el doloroso sendero de países como Grecia y como Portugal?… ¿Cuál es la esencia fundamental de la dura situación fiscal en perspectiva de que se podría llegar a un punto de “no retorno”? ¿Cuál debe ser la posición de una concepción sindical de carácter sociopolítico y con perspectiva ciudadana?
Llamamos a la unidad sindical en la acción y a la movilización social
Comunicado Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Emitimos por esta vía las primeras impresiones oficiales emanadas desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al preocupante anuncio presidencial de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria; tratando el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera de “tranquilizarnos” en cuanto a que, ante la falta de plata contante y sonante que está enfrentando la Administración Central del Estado, las prioridades fundamentales para pagar “puntualmente”, mes a mes, serán:
Honrar la deuda pública y los intereses de la misma….
Salarios (ministerios, entes adscritos a los mismos, transferencias a universidades públicas y otros; ¿incluirá el aguinaldo?… ¿incluirá el salario escolar?).
Pensiones con cargo al presupuesto nacional (incluyen las de carácter lujoso-abusivo).
Transferencias pero según “urgencia” social (no todas en el ámbito de lo social).
El resto… si queda plata
EL RESTO: ¿El pago de los servicios de luz, de agua, de teléfonos que se ocupan en las oficinas públicas del Estado central? ¿El pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los seguros de enfermedad-maternidad y de IVM? ¿El pago del aporte estatal a los seguros sociales de la Caja? ¿Los recursos mínimos para funcionar en una serie de servicios públicos ya, de por sí, totalmente precarizados pero profundamente esenciales, como los policiales? ¿Se generará la paralización total de su prestación? ¿El pago puntual a proveedores que, a su vez, deben pagar salarios a sus propios trabajadores?… Etc., etc.
¡No podemos “tranquilizarnos”! ¡Nadie puede “tranquilizarse”! ¿Cómo es que llegamos a esto?
La esencia del problema radica en la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, caracterizada por una radicalmente injusta regresividad, según lo catalogan así cualquier cantidad de especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes vienen señalando este problema hace ya mucho tiempo.
En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando-tributando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).
En tal sentido, “hay que darle vuelta a la tortilla”: que paguen más los que, proporcionalmente hablando, ganan más, concentran más, acumulan más…; sancionando severísimamente, como se hace en los Estados Unidos, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Esto es transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP, una Transformación Tributaria Estructural, así en mayúsculas.
En palabras ticas, nadie ha resumido mejor esto, en toda nuestra historia republicana como nación independiente, que el ex Presidente de la República don Alfredo González Flores (1877-1962), el vigésimo presidente de la historia de nuestro país, declarado Benemérito de la Patria, con su famosa frase célebre: “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.
La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos. Fijémonos en estos dos:
En el 2012 se reportó que ochenta megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron ni un cinco de impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido. En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuesto de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.
Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que, también, resulta urgente.
Cuatro planteamentos desde la visión de sindicalismo sociopolítico
Hemos insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos, ahora con más vehemencia y potencia en estos momentos:
UNO: Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector Privado, son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes. El de ventas, al momento mismo de la compra; el de renta, cuando corresponde, es deducido, “implacablemente”, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos. Los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones, aunque los hay, son los menos, pueden ser corregidos; pero, aunque fuera así (y es necesario que sean corregidos), no impactarán nada en materia de déficit fiscal. Los ataques al empleo público han sido, fundamentalmente, de carácter ideológico.
DOS. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y si su pago y el de los intereses es prioridad fundamentalísima ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno según el anuncio presidencial, corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país?, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros?, ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo?, ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda?, ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones…?, ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y que no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit? Etc. Etc.
TRES: Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la “barrera psicológica” impuesta por los mercados financieros neoliberales, del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar estos dos aspectos centrales.
A: ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad y cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad, considerando que el país siempre ha vivido con déficit y seguirá viviendo con déficit y que el déficit cero no es posible? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %?
B: ¿Pueden los economistas que piensan primero en el ser humano antes que el mercado, diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma, que es la que revisa anualmente la Asamblea Legislativa al tramitarse eso que erróneamente se denomina presupuesto “nacional”?
CUATRO: Uno de los cambios tributarios más urgente es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que, por ejemplo, se instaure la renta global o universal. El más “cómodo” cambio tributario es que el transforma en impuesto al valor agregado (IVA), el actual impuesto sobre las ventas, el más injusto de todos los impuestos pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas y de las familias, por eso, treparlo del 13 al 15 % genera oposición rotunda de nuestra parte.
La clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado, ¡no da más!
Una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su enfermiza obsesividad por una quimérica e imposible “inflación cero”, mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina;
Una clase trabajadora altamente endeudada por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, financieros, hipotecarios: miles y miles de sus integrantes son víctimas de escasa o nula liquidez.
Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula político-tecnocrática del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.
Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para dizque darle sostenibilidad al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.
Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo, al margen de la Seguridad Social…
Finalmente, reiteramos que este panorama impone la construcción de una articulación de conciencias cívicas inspiradas en una visión de mundo nutrida con los mejores valores de la socialdemocracia real, de los mejores valores del humanismo cristiano (especialmente, los contenidos del mensaje social del papa Francisco), de los mejores valores de la izquierda progresista costarricense, para enfrentar tal gigantesco reto de la Transformación Tributaria Estructural; así como el accionar unitario de organizaciones sindicales que puedan combinar sus tareas corporativo-gremiales con su responsabilidad para con el bienestar general de la clase trabajadora, impulsando la movilización obrera, social y ciudadana que será necesario para enfrentar los poderosos sectores político-económicos que han venido frenando esa Transformación Tributaria Estructural en perjuicio de las grandes mayorías.
En lo inmediatísimo estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.
San José, miércoles 2 de agosto de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador PATRIA JUSTA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Este miércoles 31 de mayo del 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) auspició una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros para examinar la situación imperante en Venezuela. La reunión concluyó con una falta de acuerdo entre los presentes sobre el texto final a adoptar, posponiendo (por consenso) la reunión a una futura fecha sin mayor precisión, ello después de cuatro horas. Se trata de un esfuerzo diplomático para intentar encontrar una salida política a la crisis que se polariza con el paso del tiempo en Venezuela y que ya contabiliza 62 muertes.
El desafío era mayor que en ocasiones anteriores, al tratarse de la máxima instancia de la OEA, y al tener lugar pocas semanas después del anuncio por parte de Venezuela de retirarse definitivamente de la OEA (cuyo procedimiento se formalizó el pasado 27 de abril del 2017).
¿Cómo explicar lo ocurrido? Es lo que se intentará responder en las líneas que siguen, a partir de algunos datos sobre este tipo de reuniones al más alto nivel que generan usualmente una gran expectativa pero cuyo éxito depende de la habilidad política de quiénes las convocan. Premura y torpeza diplomática son usualmente hábilmente aprovechados por quiénes objetan este tipo de convocatoria, tal y como lo veremos a continuación. En este caso no obstante, otros elementos también deben ser considerados, ya que para muchos Estados, cualquier iniciativa debe necesariamente contar con la anuencia de Venezuela.
La Reunión de Consulta en el seno de la OEA
¿Qué es una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores? Los artículos 61 a 65 de la Carta de la OEA (véase texto) preven las reglas vigentes con relación a su funcionamiento. Toda decisión que se apruebe debe adoptarse sea por consenso, sea con un voto que reúna 23 votos necesarios (las dos terceras partes de los 34 Estados Miembros). Se lee en el mismo sitio de la OEA (véase enlace oficial) que:
«La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta. Cualquier Estado Miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión».
Como se puede leer, «urgencia» e «interés común» son nociones que responden a apreciaciones por parte de cada Estado con relación a una determinada situación. La facultad de solicitar la convocatoria recae en un Estado. En el caso de Venezuela, la convocatoria a esta reunión fue decidida, en aplicación del artículo 62 de la Carta, por un voto: 18 a favor, uno en contra (Nicaragua), 13 abstenciones (incluyendo la de Costa Rica) y 2 ausencias (véase nota de prensa con detalle del voto acaecido el pasado 15 de mayo). Costa Rica se abstuvo debido a que se pospuso la fecha inicial proyectada del 22 de mayo al 31 de mayo, según explicó su representante ante la OEA al externar su «profunda decepción» y las dificultades de su canciller para viajar a Estados Unidos en la fecha del 31 de mayo (véase nota de La Nación).
La encargada de negocios de Costa Rica en Venezuela (Costa Rica no cuenta con Embajador en Caracas desde mayo del 2014) fue llamada a consultas a San José al iniciar el mes de mayo del 2017 (véase nota de prensa), días después de anunciarse en Venezuela la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de su Presidente. No se tiene información sobre algún otro Estado de América Latina que carezca de un embajador en Caracas (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna información al respecto).
En este enlace oficial de la OEA se reseñan las diversas Reuniones de Consulta efectuadas desde 1939: nótese la mención «documento reservado» que acompaña los dígitos de algunas de las actas o memorias.
La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
Venezuela y la OEA en los últimos meses
Cabe recordar que el pasado 26 de abril del 2017, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido: véase texto del Documento CP/RES. 1079 (2111/17) reproducido al final de esta nota (Documento 1 en español). El 3 de abril, una memorable tarde vivida en el Consejo Permanente, con la presencia de la canciller de Argentina y del vice canciller de Costa Rica, concluyó con la adopción de una resolución, luego de la salida de la sala de los delegados de Venezuela y de Bolivia, ante una maniobra consistente en otorgar la dirección del debate a Honduras en vez de la Presidencia de turno del Consejo Permanente, a saber Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, el 23 de marzo del 2017, una declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Canadá y 12 Estados de América Latina sobre la situación en Venezuela circuló en la que se lee que los firmantes de la misma «reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas, a fin de considerar los próximos pasos necesarios» (véase texto reproducido por DIPúblico).
Ante lo ocurrido el 26 de abril en el Consejo Permanente de la OEA, el 27 de abril del 2017, Venezuela inició formalmente el trámite de denuncia de la Carta de la OEA suscrita en 1948, convirtiéndose en el primer Estado Miembro de la OEA en acudir a esta figura que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase nota de prensa). En este enlace se puede leer la nota oficial de Venezuela con fecha del 27 de abril del 2017 detallando las razones que fundamentan su decisión.
La Reunión de Consulta como instancia suprema
Los diversos documentos oficiales de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada este 31 de mayo están desde ya disponibles en este enlace. Es una pena que no estén en línea los diversos discursos pronunciados por los cancilleres presentes: salvo algunas excepciones, todos leyeron un texto que ameritaría poder ser revisado concluida la reunión. De particular interés resulta el punto de saber, entre otros, quiénes aludieron expresamente a la Carta Democrática de la OEA adoptada en el 2001, exigiendo aplicarla en el caso de Venezuela (y quiénes evitaron mencionarla esta vez). Recordemos que en junio del 2016, un proyecto de resolución sobre Venezuela refiriendo a la Carta Democrática concluyó con una resolución del Consejo Permanente de la OEA omitiendo toda mención a este instrumento interamerciano (véase nuestra breve nota al respecto con ambos textos reproducidos).
Una Reunión de Consulta puede analizarse desde diversas perspectivas. Para muchos, es la cita política de mayor importancia y relieve dentro de la OEA y la medición de fuerzas que en ella se da es seguida con mucha atención. Agotada esta vía, no queda ninguna de mayor alcance a la que se pueda acudir.
En una declaración dada por el portavoz del Secretario de Estado de Estados Unidos 24 horas antes de la cita, se lee que Estados Unidos «anticipaba» desde ya una participación «robusta«.
«As to the participation level, I think many countries are still accrediting representatives, so I think it’s too early to worry about the number you mentioned. And we’re anticipating quite robust participation. We’ve already got many or most of the leading foreign ministers in the region coming» (véase texto completo).
Políticamente, se trata en efecto de convocar a los cancilleres de todo el hemisferio americano, una meta raramente alcanzada en la historia reciente. Enviar a un canciller desde su capital no es igual a enviar a su subalterno (vice canciller) o a un embajador. En ese sentido, la presencia física de los ministros reflejó el apoyo a la iniciativa. Los cancilleres acreditados que se hicieron presentes fueron en total 19, a saber los de Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía (véase listado de jefes de delegación). Como previsto, Estados Unidos no envió a su Secretario de Estado: raramente recorre los pocos bloques que separan su oficina de la sede de la OEA en Washington.
Se ignoraba si Venezuela optaría por enviar a su canciller o si escogería no enviar delegación alguna en señal de protesta. A pocas horas de iniciar la cita, Venezuela anunció que sí acudiría (véase nota de El Mundo). Finalmente, la silla de la delegación venezolana permaneció vacía durante toda la reunión.
Luego de los discursos de rigor, en los que se pudo medir la percepción de cada Estado de la situación imperante en Venezuela (con un interés marcado por lo expresado por el representante de Brasil, recientemente objeto de un comunicado conjunto de dos órganos de derechos humanos rechazado vehementemente por el Palacio del Itamaraty- véase nota), la cita debió consensuar alguna decisión. En materia resolutiva, circularon dos borradores de resolución, tal como lo informó la prensa en estos días (véase nota El Universal): se trataba de un proyecto de resolución presentado conjuntamente por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá (véase texto al final de esta nota Documento 3 en inglés) y por otro lado, de un borrador de resolución presentado por Antigua y Barbuda. Un tercer borrador propuesto por el CARICOM el mismo día de la reunión fue presentado, al tiempo que Antigua y Barbuda anunció cuando tomó la palabra el retiro de su texto, inclinándose por la propuesta del CARICOM (Documento 2 en inglés). Al comparar a ambos documentos reproducidos al final (Documentos 2 y 3), el lector podrá apreciar que uno de ellos aún contiene citas no definitivas e indicaciones de Estados a consultar para ciertos párrafos, evidenciando la premura con la que se presentó.
Como bien se sabe, los 13 Estados anglófonos del Caribe suelen a veces tomar sus distancias con relación a iniciativas provenientes de los Estados de América Latina.
De última hora, también circuló la idea de establecer un «grupo de contacto» para mediar entre las autoridades venezolanas y la oposición (véase cable de EFE recogido en El Periódico). Al final, y luego de una larga suspensión en aras de encontrar un consenso, se debió reconocer falta de acuerdo y concluyó la cita.
Se ignora si el Departamento de Estado «anticipó» también la perfecta coordinación de los Estados del CARICOM en lo que pareciera ser una hábil estrategia diplomática previamente definida: una propuesta inicial de un solo de sus integrantes, permitiendo desviar la atención para luego presentar en bloque un solo texto el mismo día de la reunión. Diplomáticamente, la maniobra merece mención, y sorprende que haya sorprendido a algunos. Es probable que los recortes presupuestarios anunciados por parte del nuevo Presidente de Estados Unidos al Departamento de Estado estén empezando a surtir sus efectos.
Presencia de cancilleres en citas similares
En agosto del 2012, a raíz del tono y de la actitud de las autoridades del Reino Unido con relación al asilo diplomático concedido a Julian Assange en Londres, Ecuador había solicitado una urgente Reunión de Consulta (véase documentos oficiales aprobados): esta cita, objetada por Estados Unidos y Canadá, se realizó con la presencia de 12 cancilleres, un Vice canciller (Guatemala) y los demás 20 delegados. Los Estados que enviaron a su canciller a la cita fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (véase nota en este mismo sitio al respecto): un mensaje claro de solidaridad con Ecuador enviado al Reino Unido sobre la imperiosa necesidad de respetar una institución como el asilo diplomático, la cual encuentra sus orígenes en… América Latina.
Nótese que la última Reunión de Consulta convocada por Costa Rica (véase nota de La Nación) se realizó en diciembre del 2010, con relación a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua detectada en octubre del 2010: en aquella ocasión (véase documentos oficiales aprobados), de 34 posibles ministros asistiendo a la cita, solamente la presenciaron dos cancilleres (incluyendo en esta cifra al canciller René Castro Salazar de Costa Rica).
Mapa de Google Earth usado por Eden Pastora en octubre del 2010 para ubicarse en el extremo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y exacavar un caño artificial en Isla Portillos (izquierda). A la derecha, mapa corregido por Google Earth en noviembre del 2010. Figura extraída de esta breve nota nuestra.
En el caso de la Reunión de Consulta solicitada por Ecuador a raíz de la incursión de un comando militar colombiano en su territorio, celebrada en marzo del 2008 (véase documentos oficiales aprobados), asistieron a la cita 16 cancilleres y 3 vicecancilleres (Costa Rica, Estados Unidos y Perú) (véase información disponible aquí): en este enlace se encuentran disponibles los diversos informes realizados de previo a dicha cita, relacionados a la profunda crisis diplomática causada por la denominada «Operación Fénix» ordenada por las autoridades militares colombianas. Nótese que la información contenida en una de las computadoras incautada perteciente a Raúl Reyes fue trasladada por Colombia a las autoridades de Costa Rica con datos muy precisos sobre las relaciones de las FARC en Costa Rica. Ello llevaría, luego de algunas declaraciones anticipadas, a destituir al Ministro de Seguridad de Costa Rica pocos días antes de su esperada comparecencia ante una Comisión del Poder Legislativo (véase nota de prensa).
Últimos altercados de Venezuela con Estados de América Latina
Con respecto a las relaciones de Venezuela con los demás Estados de la región latinoamericana, al iniciar el mes de marzo del 2017, las diplomacias peruana y venezolana intercambiaron fuertes comunicados de prensa a raíz de declaraciones consideradas ofensivas por parte de Perú hechas por la jefa de la diplomacia venezolana (véase nota de este mismo sitio).
Hace pocos días, Venezuela reaccionó airadamente a un inédito comunicado de Honduras en el que se lee «es crucial mayor derramamiento de sangre» en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.
El último cruce de comunicados oficiales entre Venezuela y Costa Rica remonta a los primeros días del año 2016 (véase texto de ambos comunicados precedidos de nuestro breve análisis publicado en el sitio jurídico de Ius360).
A modo de conclusión
No cabe duda que la crisis política en Venezuela es objeto de una particular atención por parte de la comunidad internacional y de los medios internacionales desde varios años. En los últimos meses, los acontecimientos violentos y las muertes ocurridas durante las manifestaciones han recrudecido dicha atención: los diversos llamamientos a la cordura y a una actitud más conciliadora por parte de algunos sectores en Venezuela no han aún logrado encontrar eco alguno. Durante esta nueva cita en la OEA, los diplomáticos exhibieron en algunos casos un vocabulario muchos más acorde a los usos y a los protocolos vigentes, en aras de acordar algún mecanismo más efectivo de diálogo político en Venezuela y algún acompañamiento a este. Otros, por el contrario, aprovecharon el espacio para lanzar duras críticas a las autoridades de Venezuela, lo cual no fue objeto de ninguna reacción ante el vacio persistente de la silla de la delegación venezolana.
El desafío consistió para muchos en cambiar de tono en aras de intentar recobrar la confianza que Venezuela pareciera haber perdido por completo en esta entidad hemisférica. Como todo desafío, algunos lo lograron, otros no.
Es posible que lo escuchado por parte de varios delegados a la cita sea usado en Venezuela para confirmar el distanciamiento con la OEA, contribuyendo a reactivar los esfuerzos de otros foros regionales tales como la UNASUR, la misma CELAC, o inclusive, alguna iniciativa proveniente de los Estados del CARICOM.
DOCUMENTO 1
CP/RES. 1079 (2111/17)
CONVOCATORIA A UNA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSIDERAR LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2017)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONSIDERANDO la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA lo establecido en el Artículo 61 de la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre la posibilidad de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar problemas de carácter urgente y de interés común;
RESUELVE:
Convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
DOCUMENTO 2
PROPUESTA DE RESOLUCION PRESENTADA POR EL CARICOM, RC19/Doc.2917
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region.
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, including the principles of state sovereignty and independence, as enshrined in Article 3 of the Charter of the OAS
EXPRESSING:
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.
Its deep concern regarding the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition.
The urgent need to put in place a renewed process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith.
CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
The establishment of concrete plans for the restoration of peace and stability as soon as possible.
Absolute respect for human rights, the rule of law and the constitutional processes of Venezuela.
All parties to commit to engage in a renewed dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the wellbeing of the nation.
The Government of Venezuela to reconsider its decision to withdraw from the OAS.
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its willingness to remain seized of the situation with due regard to the principles earlier enunciated
DOCUMENTO 3
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
(Presented by the Permanent Missions of Peru, Canada, United States, Mexico, and Panama)
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS).
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it.
EXPRESSING:
Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.
(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible.
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement).
(AYB) CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
Absolute respect for human rights and the rule of law.
A halt to the convocation of a National Constituent Assembly as presently conceived.*
The cessation of arbitrary detention, respect for the due process of law, and the suspension of trials of civilians by military tribunals.*
The fulfilment of the commitments undertaken by the parties, made by the Working Groups during the previous process of national dialogue, with regard to the liberation of political prisoners, respect for the constitutional powers, and the establishment of an electoral calendar with the presence of international independent electoral observers.*
All parties to commit to a new process of dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the well being of the nation.
The government of Venezuela to seek international humanitarian assistance
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, including steps to provide humanitarian assistance, as may be requested, with support of organizations specialized in this area, and their readiness to establish a humanitarian support group for that purpose.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a new process of dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its intention to remain seized of the situation.
*In consultation by the delegation of TT
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Un mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña (CEP) ante las elecciones generales de noviembre próximo y la “nueva realidad” política frente a la creación de la junta de control fiscal federal en la isla advirtió de la “cruda condición colonial” del país.
La CEP, que encabeza el monseñor Roberto González Nieves, difundió una nota con 27 puntos en la que detalla su postura en víspera de los comicios del mes próximo.
Así, consigna que “Puerto Rico se enfrenta, en su realidad histórica actual, a su crisis socio-política y económica más profunda de los últimos 115 años. Toda la estructura del modelo político y económico en el que se ha basado nuestro desarrollo en las pasadas décadas ha perdido su legitimidad y su eficacia para atender las necesidades personales y colectivas del pueblo puertorriqueño”.
Ante este escenario, la entidad afirma que “también nos adentramos al periodo de discernimiento, propio de cada proceso electoral, para elegir candidatos y propuestas que nos guíen como pueblo ante estas circunstancias. Pero esta elección general cobra la peculiaridad de que el gobierno que constituirán los candidatos electos, estará bajo la autoridad de una junta de control fiscal establecida por el Congreso y nombrada por el presidente de los Estados Unidos, reflejo de nuestra cruda condición colonial”.
Al respecto, la CEP señaló que “esta situación exige un rechazo inequívoco y su superación es una tarea ineludible”.
Los obispos de Puerto Rico, ante la nueva situación política, pidieron al electorado actuar “con el grado de responsabilidad que reclaman los signos de los tiempos, reconociendo que Puerto Rico se encuentra hoy en uno de los momentos más críticos de su historia”.
“Por esto, denunciamos la situación colonial de Puerto Rico, que ha quedado crudamente manifiesta ante esta crisis fiscal, al no poder recurrir a un proceso de quiebra ordenado y sistemático, y ante la concesión del poder decisional a una junta fiscal externa, sin la participación democrática de los ciudadanos, pero con efectos en todos los ámbitos de nuestra convivencia social”.
Los religiosos recalcaron que “ha llegado la hora de decir no al colonialismo histórico que se ha acompañado de leyes injustas como las de cabotaje, la demagogia partidista, la mentira y el oportunismo de muchos líderes e inversionistas. También, advertimos de nuevos colonialismos a través de ideologías y poderes anónimos que esclavizan, globalizan la uniformidad con fines lucrativos y violentan las culturas y tradiciones de los pueblos”.
Para la CEP, las elecciones son “una oportunidad para elegir a un liderato político al que le duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres… con una nueva mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social”, como dijo el Papa Francisco.
En cuanto a la situación política de la isla, la organización urgió “a los líderes del país, y de Estados Unidos, a dar los pasos necesarios para terminar con esta situación colonial en forma seria y responsable, respetando el derecho internacional de los pueblos, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas”.
“La situación colonial, sumada a la crisis económica y fiscal que enfrentamos durante largos años y agudizada en las últimas dos décadas, amenaza en convertirse en una crisis mayor para nuestros niños, jóvenes, ancianos y personas vulnerables, tales como personas jubiladas, migrantes, los sin techo y adictos”, afirmaron los obispos.
Junto con recalcar que “en momentos como éste, se hace cada vez más urgente la toma de conciencia sobre la necesidad de una participación ciudadana activa”, la CEP alertó del poder político “sujeto a intereses electoralistas, financieros, de producción y consumo, que ha llevado a los partidos a ser, en ocasiones, grupos restringidos que usurpan el poder del Estado, sustituyendo la democracia por la llamada partidocracia”.
Asimismo, el organismo dijo “basta de políticas económicas basadas en contribuciones e impuestos que recaen, mayormente, en la clase media y en los menos afortunados. El efecto de estas políticas ha sido la ruina económica y la motivación de muchos para abandonar el país”.
A su vez, consideró que “es la hora de una revolución moral y una transformación radical de nuestro modelo económico y de la participación ciudadana. Este esfuerzo, aunque sacrificado, nos guiará a una nueva senda de progreso y desarrollo”.
Sobre este punto, los religiosos opinaron que “nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, estamos muy divididos y polarizados, no estamos unidos; estamos estancados. Nuestra unidad es necesaria si queremos progresar”.
El día de hoy fue realizado el conversatorio «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa», organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de Ciencia Política y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
En esta actividad se plantearon críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, desde un análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución. Además se presentaron algunos avances de la investigación realizada por Andrey Badilla Solano, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
La actividad fue gratuita y abierta al público.
Información enviada a SURCOS Digital por Andrey Badilla Solano.
Este lunes 16 de noviembre a las 5p.m. en el aula 206 del nuevo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el investigador y magister Andrej Badilla participará del conversatorio: «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa». Esta actividad es organizada por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
Este conversatorio pretende plantear críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, a partir de la experiencia personas que participaron en la lucha por defensa de la CCSS y del análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución.
¿Hemos vuelto a la situación que antecedió a la II Guerra Mundial? ¿Es Trump la versión actualizada del ascenso de Hitler a partir de la crisis financiera de 1929, que hizo colapsar el sistema capitalista mundial en momentos en que la joven URSS crecía a un ritmo de un 10% por mas de una década? ¿No es lo que ha hecho ahora China por tres décadas consecutivas logrando así convertirse en la segunda potencia política y económica mundial? Mientras tanto, la crisis financiera en Occidente se vuelve crónica. Las repercusiones en el campo político no se han hecho esperar. El Reino Unido podría tener los días contados si Escocia se independiza. Algo similar podría suceder en España. En cuanto a los Estados Unidos, dan la impresión de estar cada vez menos “unidos”. La violencia policíaca contra negros y latinos ha rebasado sus ancestrales raíces étnico-culturales; hoy es, ante todo, política. El jovenzuelo que masacró a los asistentes a una iglesia de negros lo dijo: hacía eso porque los afrodescendientes amenazaban con convertirse en mayoría.
Detrás de la escalofriante tragedia de los migrantes se esconde una causa similar. El mundo unipolar hegemonizado por Occidente, que proclamaron con bombos y platillos Reagan y Thatcher luego del derrumbe de la Unión Soviética, no pasó de ser un aborto. La oleada migratoria que hoy estremece a la geopolítica mundial recuerda lo acaecido en los dos últimos siglos del Imperio Romano, cuando sus fronteras fueron sobrepasadas por los pueblos circunvecinos hasta llegar a Roma y derogarla como poder imperial pero adoptando mucho de su cultura. En los tiempos que vivimos, Occidente da muestras inequívocas de decadencia. Prueba de ello es el descenso demográfico. Europa y los gringos rubios prefieren tener perros y gatos en vez de chiquitos. Yo vi en las zonas rurales de Francia el año pasado aldeas enteras deshabitadas. Lo mismo pasa en España. Eso se dio en la Roma imperial desde el siglo IV. Hoy las fronteras de Occidente se han convertido en cementerios: el Mediterráneo, la frontera Sur de los Estados Unidos, México, Ucrania, Medio Oriente.
Esta violencia generalizada es síntoma de ingobernabilidad y, como se trata de un fenómeno mundial en sus causas y repercusiones, podría convertirse en la antesala de un conflicto de dimensiones planetarias. Los gritos desgarradores de las víctimas de hoy podrían sonar como el canto de réquiem de una especie que ha demostrado tener muy poco de sapiens. Frente a esta apocalíptica alternativa considero que solo cabe una alternativa, inspirada en el principio epistemológico según el cual las soluciones solo son tales si son concordantes con la naturaleza y alcance de los problemas que las originan. Tratándose en este caso de un problema planetario, la solución no puede inspirarse en una concepción tendiente a una hegemonía nacional o regional. Solo puede ser llevada a cabo por un centro de poder con jurisdicción planetaria. Para eso se requiere un compromiso de todas las naciones en favor del respeto a los derechos humanos y a los principios fundamentales del derecho internacional. Ya el P. Vitoria y la Escuela jusnaturalista de Salamanca lo intuyeron en los albores mismos de la modernidad.
Cuando en diciembre 2004 empezaron los movimientos en el Cerro Bellavista con los tractores, se tumbaron miles de árboles, los cuales fueron enterrados, en la zona hídrica de mayor importancia para el acueducto municipal.
Veintiuna nacientes de agua fueron eliminadas en ese entonces, dos de ellas con infraestructura de valor cercano a los 100 millones de colones, la Montezuma I y Montezuma II de pequeño caudal pero constantes, fueron desconectadas para agradar a la empresa minera, sin tomar en cuenta que esas nacientes habían surtido de agua racionada en crisis del año 1995 provocadas por el Huracán Erin que produjo fuertes daños en otras nacientes del acueducto municipal.
En abril 2015 el acueducto municipal colapsó, pese a estar siendo administrado por el mismo alcalde desde el año 2003. Miles de hogares se han quedado sin el flujo de agua en su cañería a partir del Sábado Santo, cuando la Municipalidad tuvo que desconectar una agua captada provisionalmente en la Quebrada El Padre contaminada con boñigas y orines, al ser descubierta por vecinos de Miramar y Tajo Alto.
Las familias oromontanas no pueden dignamente solventar las necesidades fisiológicas, ni la atención de personas sanas y enfermas, de niños, de mujeres ni de trabajadores. En los centros educativos se pide a los estudiantes llevar su botellita de agua. Las sodas han cerrado, el mercado también. La falta de agua pone en riesgo la salud humana y el Gobierno Central, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud aún no intervienen.
La población de Miramar y sus alrededores aumentó y no se hicieron los ajustes para incrementar la cantidad de agua captada. Los proyectos urbanísticos proliferaron por doquier y el alcalde no vaciló ni una sola vez en asumir compromisos para dotar de agua a más de 1500 parcelas agrícolas, las que gracias a Dios no se han empezado a desarrollar, pero tienen el agua prometida.
Varios son los proyectos con infraestructura ya construida. Entre ellos, se menciona el Proyecto COLINAS DE MIRAMAR del ex diputado socialcristiano Gerardo Rudín, el que cuenta con disponibilidad de agua que ahora falta en las partes altas, no tanto por problemas de topografía sino por mala planificación de la red de distribución y construcción indebida de los tanques de almacenamiento de agua.
El último proyecto con infraestructura ya construida es el mejor conocido como «Leo Flores», propiedad de Desarrolladora Internacional Altas Cumbres, que incluye 13 parcelas agrícolas y 40 lotes de 500 metros cuadrados en promedio, cuya infraestructura permitió pasar por allí el agua que reclamó la comunidad de La Isla, a la que si se le secó la naciente de su acueducto local.
Mientras a los grandes desarrolladores se les garantiza el agua, a un grupo de 70 familias se les impide continuar con su sueño de vivienda digna apoyados por la Fundación Costa Rica – Canadá, por no contar con la disponibilidad de agua emitida por la Municipalidad de Montes de Oro.
Atrás quedaron los días de bonanza minera y con ellos se sepultaron las aguas por las que hoy reclaman muchos de los que ayer defendieron la empresa minera.
Sonia Torres, Comité Ambiental de Miramar, Tel. 26397735
Es seguramente cierto que la economía de Costa Rica ha perdido competitividad, lo cual tiene importancia en cuanto somos una economía capitalista y una parte mayoritaria del empleo y la producción depende de industrias y empresas que funcionan bajo reglas capitalistas, es decir, guiadas principalmente por criterios de ganancia, lo cual les exige cierto nivel mínimo de competitividad. En ese punto llevan razón las cámaras empresariales. Y, sin embargo, está claro que estos poderosos sectores no ofrecen un diagnóstico que merezca consideración alguna. Sus irrespetuosas estridencias, cargadas de cinismo, son un monumento a la charlatanería y la irresponsabilidad.
Han mentido de manera desvergonzada en relación con el precio de la electricidad y los niveles de tributación que afectan las ganancias empresariales. Y mientras mienten, al mismo tiempo promueven la irresponsabilidad tributaria y el ataque a los sistemas de seguridad social, todo lo cual adquiere el cariz de una imprudente y peligrosa guerra de clases promovida desde arriba.
Más allá de toda esa histeria empresarial, es cierto que hay un fondo económico problemático, que afecta no tanto a esas cúpulas empresariales poderosas, sino a la economía en su conjunto y, en especial, a la amplia base de empresas pequeñas y medianas. Haciendo de lado tanta superchería y destemplanza, propongo aquí un ejercicio de reflexión que, muy en síntesis, se esfuerza por aportar un punto de vista serio y fundamentado.
1) Estos problemas que tanto furor levantan hoy no son novedosos en absoluto: el bajo crecimiento de la economía y la pésima –más bien catastrófica- situación del empleo son problemas que se remontan a 2009. Es una especie de crisis económica larvada y silenciosa; un estado de depresión económica que no se manifiesta como un colapso repentino y violento, sino como un largo proceso de estancamiento y gradual retroceso. O sea, resulta verdaderamente grotesco que quieran hacer pasar por nuevo lo que para un millón de trabajadoras y trabajadores costarricenses ha sido motivo de angustia laboral por más de un quinquenio.
2) Como ya dije, la costarricense es predominantemente una economía capitalista. Por su parte, el capitalismo se orienta hacia la acumulación incesante de capitales –o sea hacia el crecimiento económico- pero ese movimiento expansivo está regulado por la ganancia, es decir, por la tasa de rentabilidad que se obtiene sobre las inversiones empresariales. Pero las inversiones, como las ganancias que puedan obtenerse, están siempre envueltas en una nebulosa de incertidumbres; las empresas saben cuánto ganaron (o perdieron) en el pasado pero no cuánto ganarán en el futuro, con el agravante de que sus inversiones son siempre una apuesta al futuro construida sobre el terreno inestable de las expectativas empresariales. A veces son certeras y exitosas y otras veces no. Para que una inversión realizada hoy pueda dar los frutos esperados, se requerirá que en los años venideros haya mercados en expansión donde colocar la producción que resulta de esas nuevas inversiones. Y, con seguridad, ahí empiezan los problemas que la economía costarricense viene padeciendo. Es muy factible que las anticipaciones optimistas que prevalecían en los años de auge de 2006-2007, y aún los momentáneos y no muy vigorosos rebrotes de entusiasmo que surgieron hacia 2012, luego se hayan topado con la realidad de mercados que se muestran poco propicios. Las expectativas empresariales han ido chocando con realidades poco halagüeñas lo que, progresivamente, profundiza el ambiente sombrío y, con ello, perpetúa la debilidad de la economía.
3) Inciden en todo esto varias tendencias negativas que confluyen y se refuerzan:
a) El comportamiento frágil y vacilante de la economía mundial durante el período posterior a la fase aguda (2008-2009) de la crisis mundial. Dada la amplitud y características de la apertura de la economía costarricense-en gran medida influida por los tratados comerciales-, ello perjudica el desempeño de las exportaciones y el turismo, en especial cuando se trata de empresas nacionales pequeñas y medianas.
b) Pero también impactan –incluso de forma más severa- varios factores internos. Primero, el agudo deterioro que el empleo registró en 2009 a raíz del impacto de la crisis mundial. Ello juega en contra de las empresas que producen para el mercado nacional, el cual pierde capacidad de demanda al deteriorarse el poder adquisitivo de quienes padecen situaciones laborales anómalas. En cuanto los problemas del empleo persisten y se agravan, con ello se favorece que los salarios se deterioren, puesto que a las empresas les sobran personas a quienes contratar pagándoles menos. Pero al hacerlo así el mercado interno se debilita aún más y, de nueva cuenta, ello incide negativamente sobre los problemas del empleo.
c) Desde finales de 2005, el tipo de cambio colón-dólar entra en un movimiento de mediano y largo plazo que tiende a ubicarlo en niveles artificiales. Ello es así puesto que los niveles de inflación en Costa Rica se mantienen sostenidamente por encima de los índices de inflación de la mayoría de los países con los que se comercia. Esto crea una situación de creciente estrés competitivo para las empresas exportadoras y turísticas –en especial las de capital nacional pequeñas y medianas- así como para las que compiten con productos importados. Tal es, posiblemente, el fardo más pesado que hoy frena la creación de empleos. Hay básicamente dos vías para tratar de compensar esa creciente desventaja: mediante reducción de los salarios reales o a través de ganancias sustanciales de productividad. Lo primero efectivamente se viene intentando, con dañinas consecuencias sociales y debilitando adicionalmente –como expliqué más arriba- el mercado interno con perjuicio para las empresas que producen para este último, lo cual lastra el desempeño general de la economía. Lo segundo encuentra limitaciones en factores generales de la propia economía costarricense –como las grandes falencias de la infraestructura de transportes y el conservadurismo del empresariado tico- y en la limitada capacidad inversora que, sobre todo en las actuales circunstancias, enfrentan muchas empresas, puesto que para mejorar la productividad se necesitan inversiones que incorporen tecnologías más avanzadas. Mas no olvidemos que tales tecnologías tienden a destruir empleos, cosa indeseable en nuestras actuales circunstancias.
d) Esa disminuida capacidad para la inversión que modernice los sistemas productivos de las empresas, encuentra una limitación adicional en el altísimo costo de financiamiento. Con tasas de interés superiores al 15%, solo empresas muy rentables podrían asumir tales créditos.
e) La combinación “tipo de cambio sobrevaluado + elevadas tasas de interés” –con todos sus nefastas consecuencias sobre la producción y el empleo- configura una juego rentístico-financiero, ampliamente favorable a la banca (pública y privada). Es una situación deplorable cuyo principal responsable es el Banco Central.
d) Esta combinación de factores objetivos interactúa con y refuerzan los factores sicológicos sombríos. Las pesimistas expectativas empresariales se refuerzan así en círculo vicioso. De ahí que el estancamiento tienda a perpetuarse. Se necesitará una muy significativa reorientación de la política económica, en ámbitos como la inversión pública, tasas de interés y crédito y, en particular, corrección del tipo de cambio, para que pueda haber a corto plazo una recuperación económica significativa, la cual, sin embargo, estará inevitablemente influida por lo que pase en la economía mundial.
Tomado del Blog Soñar con los pies en la tierra de Luis Paulino Vargas:
Las crisis que afectan al sistema financiero suelen tener terribles repercusiones en el campo político, pues engendran regímenes fascistas, como se dio en Europa en 1929. A esos regímenes y a sus ideologías se les califica de fascistas. El fascismo surge en Europa en la primera posguerra: Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, España con Franco y Portugal con Salazar. Con frecuencia, esos regímenes recurrieron a manipulaciones de inspiración religiosa; Hitler encabezaba en Nüremberg sus multitudinarios e histéricos desfiles con una gigantesca manta que decía: Gott mit Uns (Dios está con nosotros). Franco acuñó la moneda (peseta) con su efigie y a su alrededor decía: Caudillo por la gracia de Dios. Acabar con el fascismo le costó a la humanidad la más sangrienta conflagración de su historia: La II Guerra Mundial y sus 50 millones de muertos.
Frente a esa barbarie surgieron hombres y mujeres heroicos de todas las latitudes, tradiciones culturales y credos religiosos pero con convicciones antifascistas, que se organizaron en redes clandestinas de resistencia, arriesgaron sus vidas; muchos murieron o sufrieron vejaciones y torturas en campos de exterminio. Los testimonios de estos heroicos resistentes no cesan de aparecer. Un intelectual de origen belga radicado en nuestro país, el Dr. Víctor Valembois, acaba de publicar el diario de una compatriota suya anciana que vive en las faldas del Volcán Poás. En ese impactante libro, la autora muestra con dureza y lucidez, pero sin perder el amor a la vida, los horrores que vivió por dos años en campos de concentración nazis siendo una jovencita. El libro se titula: Esmerlada. Crónica de mi supervivencia. Su autora se llama Luisa Hermans (Esmeralda fue el de su clandestinidad), Editorial Promesa, San José, 2013.
Experiencias similares han sufrido innumerables víctimas de las tiranías de Nuestra América. Leer estos escalofriantes relatos debe servirnos para hacer que nunca olvidemos de lo que es capaz el ser humano (¿?), sobre todo ahora que no pocos compatriotas, desengañados con la corrupción imperante en los medios políticos tradicionales abogan por un gobierno “autoritario” (¡!). Estas lecciones, extraídas de la historia reciente, deben servir para reforzar nuestras convicciones democráticas.
