Comunicado Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI
Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
Apoyemos las Recuperaciones de Tierra / Territorio de los Pueblos Indígenas
Hoy en Térraba, como parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), un grupo de familias Brörán, recuperaron la Finca Potomax, 500 metros antes de llegar al Puente Paso Real, Zona Sur.
La finca estaba usurpada ilegalmente desde marzo de 1990 por los NO indígenas José H y Edgar Ramírez González (hermanos) que viven en Cartago. Las leyes, los convenios internacionales y las resoluciones judiciales (nacionales e internacionales) amparan estas recuperaciones. Los/ las no indígenas no pueden tener tierra dentro de un territorio indígena, ni pueden alegar «prescripción» (sea posesión por paso del tiempo).
Los territorios indígenas por ley y por fallos judiciales reiterados, son intocables (inalienables ), imprescriptibles, inembargables, intransferibles, sea no negociables con NO indígenas. El/la No indígena que posea tierras dentro de un territorio indígena, comete el delito de usurpación y el abogado que «legalice» un acto así comete delito porque la Ley dice que «son absolutamente nulos los negocios- traspasos – cesiones – préstamos de tierras – entre indígenas y NO indígenas» (Ley Indígena de 1977); igual el funcionario que lo ampare, comete varios delitos por esa misma prohibición y otra normas relacionadas.
Al Gobierno del Presidente Solís le solicitamos intervenir para proteger los derechos del pueblo indígena Bröran, así cumplir la Ley, ante las amenazas y agresiones de los No indígenas, quienes apoyados por algunos funcionarios y Policía, han sufrido en el pasado, la quema de sus viviendas, heridas de bala y con arma blanca y otras múltiples violaciones de sus derechos, denunciados pero nunca se investigan o se declara su impunidad por «falta de mérito» en los Tribunales.
Térraba es uno de los dos territorios que la CIDH (Comisión Interamericana DDHH) declaró bajo protección especial con medidas cautelares, por la violencia que se ejerce y vive ahí por su lucha por DDHH, el Gobierno debe honrar ESA PROTECCION ESPECIAL en el nivel internacional.
Los/as brörán que recuperaron tierra/territorio en Potomax, esperan y merecen NUESTRO APOYO, con víveres – carpas- herramientas agrícolas, cartas y pronunciamientos y todo lo que se requiere en estas luchas No violentas, pero de firmeza y dignidad permanente.
Se les comunica a las instancias NACIONALES, GOBIERNO DE COSTA RICA E INTERNACIONALES, que el pueblo Broran preocupado por la pérdida de nuestro territorio y cultura y después de muchas acciones para recuperar nuestras tierras y para la conformación de nuestro propio Gobierno, hemos decidido hacer cumplir lo acordado por un gran grupo de líderes indígenas de diferentes territoriorios, el 10 de agosto 2010.
Ese día fuimos expulsados violentamente de la Asamblea Legislativa del salón de Beneméritos de la Patria, ya que estábamos solicitando se votara a favor o en contra del , precisamente este crea el mecanismo para recuperar nuestras tierras y gobernanza propia.
Afuera de este a las 2 a.m. acordamos accionar nuestras luchas en cada uno de nuestros territorios y en el transcurso de casi 8 años hemos afrontado diferentes situaciones que violentan nuestro derecho y territorio como el PH DIQUIS, daños a nuestros recursos naturales, sistema de educación, la imposición de la ADI, lo que ha generado mucha violencia.
Por lo que acudimos a la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS y se logró una medida cautelar para nuestro pueblo, el cual hasta el día de hoy no ha sido atendida por el gobierno. A pesar de esto, hemos buscado el diálogo para llegar acuerdos que solucione el problema en nuestros territorios sobre la tenencia de nuestras tierras sin encontrar solución alguna.
Un grupo de familias de descendientes Broran hemos decidido reivindicar parte de nuestro derecho a la tierra por lo que hemos decidido recuperar la finca llamada Potomac. Responsabilizamos al Gobierno por los hechos de violencia que se puedan suscitar ya que no estamos dispuestos a seguir sufriendo más violencia.
FINCA PASO REAL 19 DE MARZO 2018
Clan Broran de Térraba, Buenos Aires, Zona Sur
Declaración de habitante de Paso Real, territorio indígena Térraba:
Pueblo Bribri de Salitre denuncia que policías defienden a los agresores
Video demuestra que usurpadores y sus cómplices son los agresores y que el Diario Extra miente
Compartimos parte del comunicado que envió el Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa al viceministro de Seguridad.
«Buenos días, señor viceministro, le informo del malestar de los Bribris, dicen que como el Gobierno asigna oficiales de protección a unas personas no indígenas agresoras de los bribris y usurpadores de nuestra tierra, que tienen que ser desalojados ya que tiene orden de desalojo en firmes y no lo ejecutan hasta cuando van a cumplir con las leyes.
Por otro lado, las medidas cautelares N° 321_12 ordena al estado brindar protección física y territorial a los bribris; no se cumple… por lo que se está agrediendo a los bribris y puede generar más violencia»
La anterior denuncia se da después de la agresión que sufrieron Oscar Ortiz, familiares y amigos bribris, el pasado miércoles, en una tierra que están recuperando de acuerdo con su cultura y la legislación nacional e internacional.
En un video que compartimos, queda claro que el usurpador Rafael Salas Salazar y su turba son los que llegan a agredir a los bribris recuperantes; en el video se puede observar la actitud de matonismo e intimidación de Hania Torres Mayorga (involucrada en otros hechos violentos) y Manuel Calderón.
También participan en la agresión Alejandra Vidal Navarro y su hermano, ambos hermanos de Tais Vidal, abogada que fue condenada por usurpación de tierras en Salitre. Además, participó Doris Ortiz, quien fue funcionaria por muchos años de la CONAI y actualmente es candidata a diputada por el Partido Nueva Generación (PNG).
Durante el día de ayer jueves y hoy, las patrullas de la Fuerza Pública, permanecen cerca de la tierra recuperada, en compañía de los usurpadores no indígenas Ramiro Vega, Edwin Guevara, Rafael Salas y «Chito» Martínez.
El Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa y la Coordinadora de Lucha Sur Sur condenamos la nota difundida hoy por el «periodista» Alexander Méndez de Diario Extra, por ser absolutamente falsa, infundada y malintencionada.
Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca
Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.
La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.
«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».
Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.
Criminalización
A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.
«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.
La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.
Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.
¡No más criminalización a las defensoras de la vida!
Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:
ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).
Este 19 de octubre se realizará en el Auditorio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación, UCR el Conversatorio “Derecho Indígena: Tierra – Territorio y Autonomía”, en el que se analizarán los casos sobre:
Proceso de Recuperación de Tierras en el Territorio Bribri de Salitre
Recuperación finca San Andrés y el PH-Diquis en el Territorio de Térraba
Expositores:
Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sivar Sivar, representantes de la Coordinación del Frente Nacional de Pueblo Indígenas (FRENAPI)
Gustavo Cabrera, representante del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena
Invitan:
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
Cómite de Apoyo a la Autonomía Indígena
FECON
Asociación Proal
COECOCEIBA
Información enviada a SURCOS Digital por Alejandra Porras Rozas.
El Foro “Derechos de las mujeres del campo, a ser, a tener y a decidir”, organizado por la Red de Mujeres Rurales con el apoyo solidario de varias organizaciones, colectivos y proyectos universitarios, se va a realizar este jueves 15 de octubre de 2015, en el auditorio y aulas de la Ciudad de la Investigación en la Universidad de Costa Rica en Montes de Oca de San José.
En la actividad participarán cerca de 100 delegadas de la Red de Mujeres Rurales de distintas comunidades campesinas e indígenas, para dialogar y dar a conocer sus problemáticas y luchas como mujeres del campo a todas las personas y organizaciones que deseen participar.
La actividad dará inicio a las 8 de la mañana con la inscripción de las personas en el auditorio de la ciudad de la investigación. Posteriormente, se contará con la participación de la señora María Laura Stephen, representante del grupo organizador; de la compañera Fanny Reyes Ortiz, representante de la Red de Mujeres Rurales del Territorio Indígena de Térraba y de la señora Francisca Inés Wilson Santana, representante de la Red de Mujeres Rurales de la comunidad Valle Bonito de Upala.
Luego de las palabras de inicio se continuará con mesas de trabajo, dónde se conversará y reflexionará sobre los distintos derechos que tienen las mujeres del campo, el cómo se violenta estos derechos y cómo pueden defenderse.
Terminadas las mesas, se realizará una plenaria en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación donde se relatará las principales discusiones y temas que se desarrollaron en cada mesa. También como parte del cierre de la actividad, se realizarán distintas actividades artísticas.
A continuación los temas de cada mesa de trabajo
Derecho a ser mujeres campesinas e indígenas
Derecho de las mujeres del campo a la tierra
Derecho humano al agua
Derechos de los pueblos Indígenas al territorio
Derecho de las mujeres del campo a producir
“Como Red de Mujeres Rurales de Costa Rica creemos que es muy importante dar a conocer nuestros problemas, nuestras luchas y alegrías, nuestras formas de ser, de sembrar y de proteger la tierra, el agua, la biodiversidad y las semillas. Por lo que les esperamos en este Foro” se anunció en el comunicado enviado a SURCOS Digital.
Programa del Foro
8:00am: Inscripción
8:30am: Inauguración del Foro. Palabras de María Laura Stephen, representante del grupo organizador; Fanny Reyes Ortiz, representante de la Red de Mujeres Rurales, del Territorio Indígena de Térraba y Francisca Inés Wilson Santana, representante de la Red de Mujeres Rurales, de Valle Bonito de Upala.
9:30am: Distribución e instalación de las mesas de trabajo.
9:40am: Refrigerio
10:00am: Mesas de trabajo por temáticas.
Derecho a ser mujeres campesinas e indígenas: aula 1
Derecho de las mujeres del campo a la tierra: aula 2
Derecho humano al agua: espacio abierto, lado izquierdo.
Derechos de los pueblos Indígenas al territorio: espacio abierto, lado derecho.
Derecho de las mujeres del campo a producir: aula CIMAR
12:30md: Receso para almuerzo
1:30 pm: Segunda ronda de mesas de trabajo.
3:30pm: café.
4:00pm: Plenaria de cierre.
5:00 a 7:00 p.m. Actividad artístico-cultural.
Organizan
Red de Mujeres Rurales, Tinamaste, Proyecto interuniversitario Mujeres del Campo, Tierra, Derechos y Expresión, OP Carmen Lyra.
Con el apoyo de: Asociación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, UNA. Asociación de Estudiantes de Género y Desarrollo, UNA; Asociación de Estudiantes de Filosofía, UNA. Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional; Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
La comunidad indígena Bribri de Salitre comunica y denuncia:
Gobierno incumple acuerdos firmados en julio
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
Costa Rica. Miércoles 3 de diciembre de 2014.
Representantes de la comunidad indígena Bribri de Salitre denunciaron públicamente en conferencia de prensa que el Gobierno de Luis Guillermo Solís no ha cumplido con los acuerdos alcanzados con esta comunidad indígena en el mes de julio con ocasión de los hechos de violencia perpetrados en el territorio indígena por un grupo de terratenientes usurpadores y agresores.
Dentro de los acuerdos y con el fin de garantizar la integridad territorial y física de las y los habitantes indígenas de Salitre, el Gobierno se comprometió a establecer un puesto policial en la comunidad; compromiso que no ha sido cumplido hasta el día de hoy y que ha permitido nuevas agresiones a la comunidad, entrada de armas a la misma y nuevas invasiones por parte de estos terratenientes.
También se había acordado que no habría más recuperaciones por parte de los indígenas, compromiso que la comunidad Bribri ha cumplido; además los no indígenas tampoco realizarían más actos de intimidación en el territorio y que las fincas recuperadas debían mantenerse en manos de los beneficiarios indígenas recuperadores.
La comunidad denuncia que debido a la inacción e incumplimiento del gobierno; en estos 5 meses se han dado varios actos de intimidación, amenazas e invasiones en el territorio por parte de agresores y usurpadores no indígenas; como es el caso de las agresiones del 9 de setiembre en la comunidad de Rio Azul, donde William Arias, su hermano y otros intimidaron, dispararon armas de fuego y quemaron el rancho que la familia de Adelita Delgado había construido en la finca recuperada desde julio.
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Representantes de la comunidad Bribri de Salitre denuncian que debido al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de julio se han dado tres nuevas invasiones en el territorio, acompañadas de actos de violencia, agresión, quema de ranchos y amenazas.
El miércoles 19 de noviembre de 2014 al ser las 8 a.m. el no indígena Carlos Humberto Gómez Villanueva y tres sujetos más invadieron la finca de la indígena Camelia Morales Ortiz sacando a su familia bajo una lluvia de balas obligándolos a refugiarse en la montaña y posteriormente quemando su rancho.
El día domingo 23 de noviembre al ser las 5 p.m. un grupo de 9 personas no indígenas invadieron la finca del indígena Santos Figueroa Vidal, amedrentándolo con armas de fuego y amenazas de muerte. El mismo domingo, un no indígena de nombre Oscar Solís Ruiz y tres hombres más invadieron la finca de la señora indígena María de los Ángeles Morales Figueroa, expulsando y obligando a la familia a dormir en la calle luego de verse amenazados de muerte con armas blancas.
Ante estas agresiones e invasiones debidamente denunciadas y comunicadas al Gobierno, hasta el día de hoy el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha dicho, ni hecho absolutamente nada, incumpliendo una vez más los acuerdos del mes de julio.
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
De acuerdo a un documento comunal de fecha 23 de noviembre de los corrientes dirigido a la Viceministra de presidencia Ana Gabriel Zúñiga, la comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:
– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras
– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.
– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre
– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.
Comunidad considera que encarcelación de Sergio Rojas es un abuso
La forma en el proceso que le siguen al compañero Sergio Rojas es totalmente contraria a los principios de aplicación de la justicia, es inconcebible que tanto la Fiscalía de Asuntos Indígenas como la Jueza se hayan ensañado con nuestro compañero admitiendo las acusaciones sin haber investigado lo suficiente como para dictarle tales medidas. Si hay una investigación estamos de acuerdo que investiguen, pero no logramos entender cómo la Fiscalía de Asuntos Indígenas autoriza y encabeza un operativo de tal magnitud, donde humillaron y maltrataron a nuestros hermanos, tengamos hoy un preso político y no cualquiera, sino un líder indígena que ha estado luchando por los derechos territoriales del pueblo indígena Bribri de Salitre.
Por otra parte según el convenio 169 en su artículo 10.2 “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” razón por la cual ni Sergio ni otro compañero indígena debe mantenerse encarcelado pues dichas medidas son violatorias a nuestros derechos.
Comunidad y organizaciones sociales lanzarán campaña nacional e internacional de presión contra Gobierno
Además, la comunidad anunció que en coordinación con diversas organizaciones sociales estarán realizando una campaña nacional e internacional informativa y de presión contra el Gobierno de la república por violación a los derechos humanos del pueblo Bribrí de Salitre, al no cumplir esta administración con diversos acuerdos con la comunidad.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
Felipe Figueroa
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8409-9129
Marino Delgado Rojas
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8581-9307
Comunidad Bribri de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur-Sur
Ditsö
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Juzgado Agrario de Corredores fija nueva fecha para remate de finca Térraba
Finca Térraba, conocida como Fincas 2, 3 y 4 de Palmar Sur del cantón de Osa; consta de 277 hectáreas que desde hace 14 años han sido trabajadas por 80 familias campesinas, familias que hoy estamos asociadas en COOTRAOSA R.L y que defendemos nuestro derecho a la tierra y al trabajo digno.
Esta finca reclamada para sí por el empresario Oscar Echeverría; se encuentra en litigio en sede agraria y el Banco Nacional solicitó se sacara a remate la misma; el Juzgado Agrario de Corredores estableció como nueva fecha para el remate el 16 de enero del 2015.
Exigimos que el Banco Nacional se adjudique la finca, para que luego y según lo establece la ley, el Banco ofrezca esta finca al INDER y este ente posteriormente entregue estas tierras a las 80 familias que habitamos y trabajamos en ellas desde hace 14 años.
Procuraduría General de la República y el Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública actúan de forma complaciente con el empresario Oscar Echeverría
En estos momentos las familias que habitamos y trabajamos finca Térraba y finca Chánguena, corremos el peligro de ser expulsados de nuestras tierras; ya que el empresario Echeverría Heigold promovió orden de desalojo contra nosotros, ante la cual interpusimos recurso de amparo, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional.
Hacemos del conocimiento público que dentro de los procesos judiciales respectivos, la Procuraduría General de la República, en la persona de Luis Diego Flores, ante la intención del empresario Oscar Echeverría de demandar al Estado por no ejecutar diversas órdenes de desalojo; convino con el empresario Echeverría que la ejecución del desalojo se realice entre el 20 de octubre y el 14 de noviembre de 2014.
Denunciamos esta actuación de la Procuraduría ya que el empresario Echeverría Heigold no es propietario registral de nuestras tierras y que los contratos de arrendamiento que tuvo en las mismas vencieron desde el 2011; o sea, no está legitimado para pedir ningún desalojo y el ente procurador no tenía por qué negociar con él. De igual manera el Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública ha hecho caso omiso de esta situación.
Organizaciones de la Zona Sur exigimos la libertad para Sergio Rojas Ortiz
El jueves 06 de noviembre en horas de la mañana, el Poder Judicial, junto con la Policía del Gobierno (Poder Ejecutivo), en un operativo desproporcionado con una caravana de casi 40 vehículos, más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, ingresan al Territorio Bribri de Salitre( Sur de Costa Rica ) para allanar las casas de los miembros del gobierno local capturar y “llevar” a declarar como delincuentes peligrosos, a pacíficos líderes indígenas.
Además, se realizaron unos 10 allanamientos en casas de los miembros de gobierno local Bribri de Salitre, llevándose documentos y efectos personales. El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Del operativo de allanamientos y detenciones, realizado por el Poder Judicial, apoyado por el Poder Ejecutivo, queda detenido Sergio Rojas Ortíz, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre, lo que le fue concedido, excepto el rebajo de la fianza a 30 millones de colones (60 mil dólares USA). Actualmente Sergio está detenido en la Prisión de Regional de San Isidro de Pérez Zeledón, por cuanto evidentemente no puede pagar la fianza.
Esta actuación del poder Judicial y Ejecutivo, es parte de una campaña de violencia, terror y racismo que han venido desarrollando contra el pueblo Bribri de Salitre y en especial contra el compañero Sergio Rojas; distintos sectores políticos, empresariales y mafiosos.
Recordemos que la municipalidad de Buenos Aires había declarado no grato al señor Rojas, esto con la venia de todos los partidos políticos tradicionales; además el exdiputado del PAC (partido oficialista)Jorge Gamboa participó en dos reuniones donde se habló de asesinar a Sergio Rojas; el cual también fue víctima de un atentado con arma de fuego.
Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.
Toda esta cadena de violencia ha sido incentivada también por algunas empresas de comunicación como el diario Extra, Telenoticias de Canal 7 entre otros y por las voces racistas de políticos como Otón Solís, que la semana tras anterior público un artículo en el diario la Nación; el cual es un manojo de racismo, desconocimiento total de la legislación internacional y nacional indígena y una visión absolutamente corta, por no decir nula sobre lo que significa la autonomía indígena.
¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio.
Lunes 10 de noviembre de 2014
Para mayor información:
Daniel Villalobos. Tel: 83171588
Renier Canales. Tel: 87928794
Gustavo Oreamuno. Tel: 85270039
Jornada de Lucha. Marcha por la Tierra en el Sur
y la Libertad para Sergio Rojas Ortiz
Miércoles 12 de noviembre de 2014
8:30 a.m. entrada de Palmar Sur
COOTRAOSA R. L
OLCASUR
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.
El líder bribri Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Costa Rica, fue encarcelado al dictarle medidas cautelares de prisión preventiva o una fianza desproporcionada para la capacidad de cualquier dirigente indígena, por una supuesta administración indebida de recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales (PSA), a través de la institución gubernamental Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). La denuncia fue presentada por indígenas que tienen una estrecha relación con personas no indígenas ocupantes de tierras en Salitre, quienes de acuerdo al gobierno territorial no han demostrado la legalidad de dicha ocupación.
La detención se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires,después que la Fiscalía de Asuntos Indígenas, acompañada de un fuerte contingente de varios cuerpos de seguridad del gobierno, realizó diez allanamientos en Salitre.
Asunto de fondo: Despojo de las tierras y sus recursos indígenas
El despojo de la tierra y recursos indígenas viene desde hace décadas debido a las acciones promovidas por instituciones gubernamentales, las transacciones de tierras por diversas formas inmorales e ilegales de indígenas a no indígenas minifundistas y latifundistas ocupantes ilegales, con la complicidad de abogados y notarios; situación que la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) ha desatendido y debió haber evitado de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, por lo tanto se convierte en cómplice.
En los últimos años la presión sobre las tierras indígenas se ha incrementado considerablemente por parte de poderes del Estado,privados, y políticos, por intereses particulares en la construcción de hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones mineras,petroleras y de gas natural, situación que la cual personas no indígenas ocupantes ilegales de tierras, aliados con indígenas que han perdido su identidad y relación cosmogónica con la tierra, ven una oportunidad de oro para obtener exorbitantes indemnizaciones del Estado por las tierras propiedad de los pueblos indígenas.
La situación de la tierra en territorios indígenas es bastante grave, en el Territorio de China Kichá, de la extensión de tierra que les corresponde, únicamente está en sus manos el 2% (equivalente a 3 hectáreas para toda la comunidad) y en el de Altos de San Antonio, solo el 3%. El resto de la tierra es ocupada ilegalmente por no indígenas.
El proceso de recuperación de la tierra, los indígenas lo llevan a cabo utilizando los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional. En Salitre la recuperación está a cargo de la autoridad que el mismo estado estableció para la administración del territorio,por lo que se encuentra dentro del marco legal, no es una acción individual. En los pueblos indígenas quienes ejerzan el gobierno territorial tienen la obligación de continuar con el propósito de recuperación de la tierra.
Los ocupantes ilegales en Salitre han reaccionado de múltiples formar incluyendo violentas, como: el intento de asesinato contra Sergio Rojas(setiembre 2012), actualmente Presidente del la ADI; lesiones con arma de fuego y blanca a Wilbert Ortiz Delgado; amputación con arma blanca dedos dedos de una mano a Marcos Obando Delgado, y heridas con arma blanca a Mainor Ortiz Delgado, a quien además *LO MARCARON CON UN HIERRO CALIENTE EN EL PECHO*, como se marca el ganado (enero del 2013).
Campaña de desinformación
Los no indígenas ocupantes ilegales de tierras, ante el hecho inminente de tener que devolver las tierras, han montado una estrategia para desinformar a la comunidad nacional, con la finalidad de quedarse con las tierras que no les corresponde o bien que el Estado los indemnice por un derecho que aún no han demostrado tener, y más bien deberían de ser castigados penalmente por talar la montaña y convertir esas áreas en potreros. En esta campaña están utilizando a personas no indígenas para que ofendan, difamen, discriminen y criminalicen a los indígenas en las redes sociales, especialmente Facebook, quienes es sabido, tienen fuertes intereses personales en las tierras indígenas y en el beneficios que les representan ser voceros de los ocupantes ilegales; así como a algunos indígenas funcionarios públicos. La prensa comercial,especialmente el diario La Extra, tiene una campaña sistemática,un show mediático, favoreciendo evidentemente a las personas ocupantes ilegales de tierras indígenas y sus recursos, mezclando hechos puntuales de supuestos delitos atribuidos a indígenas, con la situación de los ocupantes ilegales; la Extra en sus /“investigaciones”/entrevista religiosamente a un circulo de personas que están al servicio de los invasores, y las presenta como voceras de la realidad histórica del Territorio de Salitre, con lo que pretende posicionar como verdad hechos que son totalmente falsos.
Caso del bribri Sergio Rojas Ortiz y la responsabilidad del Estado
El caso de una supuesta administración indebida de recursos económicos provenientes del PSA que está siendo atribuida al bribri Sergio Rojas,es un hecho que tiene que ser resuelto en los tribunales de justicia, donde Sergio puede demostrar su inocencia. En el fondo, estas denuncias son un claro mensaje de criminalización de la lucha indígena,para amedrentar los pueblos indígenas y su dirigencia que en forma creciente y sostenida autónomamente avanzan en la recuperación de la tierra que les ha sido usurpada de múltiples formas.
El modelo de PSA no reconoce que los territorios indígenas son sistemas colectivos, el sistema de conservación que impulsan no establece una sintonía con el sistema cultural de conservación de los pueblos indígenas, por lo tanto no establece mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el manejo transparente de los recursos. Para FONAFIFO, los territorios indígenas son una finca más, visto así, FONAFIFO tiene una altísima responsabilidad en lo que sucede en Salitre y pueda suceder en otros territorios indígenas.
Si las actuales reglas administrativas para el manejo de los PSA y los contratos han sido elaboradas y definidos por FONAFIFO, entonces preguntamos ¿Cuál es el dolo en la forma que los territorios manejan los recursos del PSA? Si en el caso del bribri Sergio Rojas, existiera dolo, entonces las personas responsables de FONAFIFO también deberían estar siendo investigadas administrativas y penalmente, hasta imponerles medidas cautelares.
Los pueblos indígenas históricamente no han sido del interés de los poderes del Estado y sus instituciones, excepto para apoderar de sus tierras y recursos naturales y de la biodiversidad. Algunos menciones,
*Los casos de tierras presentados por los indígenas son resueltos varios lustros después por los tribunales de justicia.
*Los casos de violencia contra los indígenas no son atendidos diligentemente por tribunales de justicia.
*Las medidas cautelares impuesta por un tribunal de justicia al bribri Sergio Rojas, son desproporcionadas.
*La Fiscalía de Asuntos Indígenas, moviliza fuerte contingentes de distintos cuerpos de seguridad del estado, pide medidas cautelares desproporcionadas cuando un indígena es acusado de un supuesto delito. Caso de Sergio Rojas. Sin embargo, actúa pasivamente cuando son los indígenas los denunciantes.
*Las fuerzan de seguridad no se movilizan con fuertes contingentes en los casos donde los indígenas son víctimas; pero no ha sucedido lo mismo en el cierre de calles manifestaciones realizadas por los no indígenas ocupantes ilegales de tierras indígenas.
*FONAFIFO no ha sido transparente en la información de información a los territorios, especialmente con los indígenas que son poseedores de los bosques sometidos al PSA.
*Bajo el supuesto de respeto a la Autonomía Indígena, FONAFIFO actúa irresponsablemente ante hechos anómalos en el PSA de lo que son informados por indígenas, por lo tanto esta institución es la primera responsable de estos sucesos.
*La falta de transparencia en la información de FONAFIFO se agrava actualmente en el caso del manejo del proyecto REDD+. Las comunidades están siendo desinformadas cuando los promotores asalariados únicamente les dicen que si participan en REDD+ van a recibir mucho dinero.
*El Ejecutivo conoce muy bien la actuación histórica de CONAI en contra de los indígenas, pero no hace nada para corregir la situación.
CONAI cuenta con promotores (funcionariospúblicos) en todos los territorios del país.
*La Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad política de actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, el 22 de este mes, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cumple 20 años de trámite legislativo y no se aprueba o rechaza.
*El agua potable de la ciudad de Buenos Aires, viene del Territorio Indígena de Ujarrás. En el territorio no tiene agua potable.
*Los poderes del estado deben tomar de inmediato las medidas preventivas y correctivas expeditas para resolver de una vez por todas, la situación de las tierras indígenas, con lo cual demostrarían que no están avalando la ocupación ilegal de las tierras indígenas.*
*El Poder Ejecutivo debe de:
-Analizar los procedimientos legales y de forma expedida.
-Expulsar de todos los territorios indígenas a todas las personas no indígenas que son ocupantes ilegales de las tierras.
-Abrir inmediatamente una investigación a fondo sobre el funcionamiento de CONAI. El trabajo que deben realizar en base a su reglamento versus el trabajo que realmente desempeña, así como el impacto en los pueblos indígenas. Laexistencia de procedimientos administrativos contra algunos funcionarios y si los mismos están siendo tramitados a derecho y en su debido tiempo, o están engavetados.
*Intervenir en forma urgente FONAFIFO para determinar:
1) El grado de responsabilidad de esta institución en la forma y fondo del manejo de los PSA, en territorios indígenas, y 2)Revisar si existe o no una política clara y con pertinencia cultural de los PSA. De lo contrario se corre el riesgo, que por la irresponsabilidad de FONAFIFO todos los dirigentes indígenas tengan que enfrentar juicios en los tribunales de justicia.
* Abrir inmediatamente una investigación contra toda aquella persona que esté involucrada en el comercio, traspaso y cobro de indemnizaciones ilegales de tierra en los territorios indígenas.
* Agilizar los procesos de delimitación, amojonamiento y saneamiento de la tierra en los todos los Territorios Indígenas. Proceso que está avanzado en el Territorio de Salitre.
*El Poder Judicial –Fiscalía y Tribunales– debe de:
-Actuar con la misma celeridad y dimensión en los casos denunciados por los indígenas, tal como lo hacen cuando los indígenas son los denunciados.
-Abrir una investigación a toda persona involucrada en el comercio ilegal de tierras indígenas, así como en los casos donde se han pagado indemnizaciones desproporcionas por supuestas mejoras. Se debe tomar en cuenta cuál era el estado de la tierra y sus recursos cuando fue ocupada por no indígenas y cuál es el estado de mejoría por el que están cobrando.
*La Asamblea Legislativa debe de:
-Aprobar de inmediato el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14.352.
-Ejercer control político sobre las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades directas con los pueblos indígenas y que históricamente actúan en contra de ellos.
*Los poderes del estado, aplicando los derechos de los pueblos indígenas, tienen la oportunidad de demostrar que Costa Rica es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de justicia social y el más feliz, tal como lo predican al mundo.
