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Etiqueta: extractivismo

Despegando con el extractivismo: Caso del aeropuerto internacional del sur – Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes

A partir de la gira presidencial en las últimas semanas de febrero del 2023 a la zona sur del país, ha retornado con nuevos aires el megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, el cual se pretende construir en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur de Osa, Puntarenas.  Mismo territorio que según muchos de los promotores, son fincas donde lo que existe apenas son bananos y maleza.

A partir del interés gubernamental de reactivar la economía de la región sur del país, con un empuje al sector turístico con la llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios? ¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios?

Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, nos decimos responder ¿Qué lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos?

Maquengal: Extractivismos al descubierto

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 16 de noviembre compartimos en el programa de Voces y Política con Yadira Campos, Eddy Alberto López y con las intervenciones de Minor Atencio, Juan Castrillo y Eli Artavia del Comité de Vecinas y Vecinos de la comunidad de Maquencal de Guatuso en el programa titulado  “Extractivismos al descubierto: Maquencal y la minería no metálica”.

Maquencal, ¿cuanto sabemos de este lugar? A 15 kilómetros del Centro de Guatuso podemos encontrar esta comunidad en donde el  turismo, la lechería, la agricultura familiar compiten con el monocultivo y la minería no metálica.

Maquencal o Maquengal sigue dando que decir, cuál de las dos formas puede levantar revuelo si se les pregunta a una o otra persona, pero lo que si es seguro es el cariño entrañado que sienten muchas de las familias por el Río Frío, ese vecino que ha sido testigo de muchas de sus alegrías, han hecho fiestas, se han bañado y pescado, y hasta es motivo que desde otros lugares lleguen visitarlos para disfrutar de sus aguas.

Sin embargo, lo que fue el Río Frío hoy resulta lejano, desde finales de los noventa se conocen las concesiones para la extracción del material en este río. Situación que ha venido intensificándose cada vez más, al reconocer el buen negocio que puede significar para unos pocos amparados por la institucionalidad municipal.

Esta actividad extractiva no sólo cambia los cursos del río y la disminución de su caudal, sino que también genera procesos de erosión en las riberas y la sedimentación del mismo. La agudización de estos efectos nos lleva a diversos daños ambientales, como el rompimiento de los ciclos de reproducción de muchas especias o la agudizan de los efectos de los fenómenos naturales cuando vemos las crecidas del río y las inundaciones.

Además de esto, ¿Qué pasa con la vida comunitaria? Sucede algo, en el territorio se da la erosión de la calidad de vida, que ven como sus espacios de encuentro e intercambio empiezan a desaparecer, ¿a dónde quedaron las pozas? ¿dónde quedaron las corrientes del agua? ¿a dónde vamos después de la escuela? Es decir ¿a dónde van a ir a disfrutar?

¿Hasta cuánto y cuando se puede extraer material? ¿Qué lugar tienen nuestras comunidades en esos proyectos de supuesto desarrollo? ¿Qué relevancia tiene el disfrute de nuestros bienes comunes en esas iniciativas económicas? Estas son algunos de los cuestionamientos que llevaron a la comunidad de Maquengal a organizarse y empezar a evidenciar las afectaciones que este tipo de proyectos extractivos hacen a la espalda de la vida comunitaria, pero sus costes los pagan las comunidades.

Gracias a las intervenciones de Eddy, Yadira, Minor, Juan Castrillo y Eli contribuyeron a caracterizar la situación que atraviesa el Río Frío, por esta razón les compartimos las ideas principales que se presentaron:

Afectaciones evidenciadas por personas de la comunidad a raíz de la extracción:

  • Ganadería: Los finqueros que colindan con el río sufren pérdidas de terreno que provoca la erosión de las orillas cuando este crece. Debido a la erosión, se hacen recortes en el terreno, lo que dificulta que los animales bajen a tomar agua.
  • El río está dejando sin paso a los finqueros de la zona, porque se hace cada vez más ancho y profundo el cauce del río.
  • Erosión: Los suelos y los árboles han sufrido una erosión debido al daño que se hace al ingresar con las maquinarias al río. También, para realizar la extracción están destruyendo las isletas que hay dentro del río, donde hay muchos árboles grandes y fauna.
  • Recreación: Antes había un gran número de pozas que podían visitar en familia y muchas de ellas ya hoy no existen.
  • Parte turística: En el río se practicaba rafting y tubing y debido a la forma que ha tomado el río y al caudal tan bajo, no se puede realizar dicha actividad porque es peligroso.
  • Por muchos años en Guatuso se hizo el torneo de pesca que reunía a personas de todo el país, pero desde hace unos 10 años no se ve esa actividad.
  • El Refugio Silvestre Caño Negro se ve afectado por la sedimentación de los ríos, en especial Río Frío lo que afecta la actividad del turismo. Tememos que próximamente sea el humedal de los Chiles.
  • Navegación: Hace aproximadamente 15 años, Río Frío era un río navegable, muchas personas de Guatuso tenían pangas y las podían utilizar sin problema.
  • Peces: Río frío era río con mucha variedad de peces, entre ellos se podían ver el pez sierra, róbalo, roncadores, sábalo real y la famosa machaca que ahora es difícil de encontrar.
  • Ha bajado el caudal del río.
  • Sedimentación: Al extraer tanto material y al reforestar los árboles para esto, el río va perdiendo los retenes naturales como las piedras grandes. Las pangas se anclan en cualquier lado por la sedimentación.
  • Cuando llueve muy fuerte, las partes bajas del cantón de Guatuso se inundan con más frecuencia en los últimos años.

¿Qué ha pasado con esa extracción de materiales?

Este río ha tenido varias concesiones, en el año 1987 fue la primera concesión y desde entonces ha habido como unas 6 más.

Cuando sucedieron los desastres por el huracán Otto, se dieron más concesiones con la finalidad de arreglar todas las carreteras del cantón que se habían deteriorado, y desde entonces hemos visto a mayor escala el deterioro del río.

Están haciendo extracción de material sin ningún control, provocando terribles daños para el cauce del río y a su alrededor.

Ya se han puesto denuncias a las autoridades competentes, pero no se han tenido respuestas positivas y se ha ignorado la situación.

Desde la municipalidad, ellos señalan abiertamente que gracias al Río Frío cuentan con una concesión permanente para el desarrollo del cantón, entonces ellos están felices, nosotros somos los que no estamos felices porque podemos ver el daño. Para ellos la prioridad es extraer material, el problema es que no se sabe si se está haciendo con medida o no, porque cuando se pregunta si hay daño ambiental, las personas funcionarias de la municipalidad señalan que no hay prueba física que lo compruebe, pero nosotros como integrantes de la comunidad lo podemos ver.

Necesidades:

  1. Orientación sobre qué medidas podemos tomar, porque Río Frío es uno de nuestros tesoros. Como se ha visto el avance del daño, las personas temen que ese río se vaya a destruir totalmente y desaparezca.
  2. Necesitamos el apoyo y orientación a través de las experiencias de personas y comunidades que se hayan organizado para la defensa de sus ríos y humedales, para saber a dónde dirigirnos para asegurar la protección del río.
  3. Necesitamos dar a conocer lo que pasa, para poder hacer conciencia y así evitar este tipo de prácticas para conservar la vida de nuestro río y la nuestra. Que las personas comprendan qué estamos demandando, por qué y para qué lo estamos haciendo.
  4. Queremos concientizar que las acciones que están emprendiendo generan consecuencias que perjudican a las comunidades y a la fauna.
  5. Nosotros como comunidad que somos los afectados, no estamos en desacuerdo con que hagan las extracciones, menos con paralizar el progreso del cantón, como nos tachan. Reconocemos que es la única fuente que tiene el cantón para reparar los caminos, lo que solicitamos es que se regule la cantidad de material que se extrae, de manera que sea amigable con el río y la vida que depende de estos como los humedales y la fauna.
  6. Se supone que las extracciones son para el cantón, pero no vemos reflejado las extracciones con las reparaciones de caminos, la red vial no está asfaltada, los caminos no se ven arreglados, las extracciones no llegan a las comunidades. Lo que sí se ve reflejado es el daño ambiental que se le hace al río.
  7. No contamos con un geólogo que de forma desinteresada y neutral pueda comprobar que hay daño ambiental en el río. Tampoco contamos con el dinero para pagar un abogado que nos pueda orientar y defendernos.
  8. Necesitamos que esta situación se comprenda no sólo como un problema local, sino regional y más que esto nacional. El potencial turístico de Caño Negro es enorme, pero no recibe la protección que debería. Como se vende sobre su belleza, uno de los refugios más importantes de la zona norte, debemos así difundir su protección. Es ilógico pensar en mostrar este lugar como una zona turística si en unos años va a terminar desapareciendo.
  9. No estamos luchando para nosotros mismos, sino para nuestros hijos y nietos, para que puedan vivir en un lugar tranquilo y seguro.

Como cierre de sus participaciones, Yadira nos recordaba que

“Para Maquengal Río Frío es como un tesoro para nosotros, en él se desarrolla la ganadería, la recreación y el turismo. Podríamos decir que es lo más valioso para Maquengal”.

“Si el creador nos ha dado un planeta para cuidarlo, donde nos puso para vivir, debemos de cuidarlo, porque qué haremos en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos qué va a ser de ellos, por ejemplo en esta zona. Con quizás grandes carreteras pero sin agua. El mundo depende y la vida depende del agua”.

De esta manera, los y las vecinas de Maquengal nos llaman la atención sobre la difícil situación que a traviesa la comunidad, ante una institucionalidad pública que mira para otro lado, que prioriza el interés económico de unos cuantos, sobre el sentir de los ciudadanos.

Y a pensar de esto, la comunidad de Maquengal renuncia a darse por vencida, y siguen día a día recordándonos que nuestros ríos son más que recursos, son bienes comunes donde se reproduce la vida.

Repudiamos la militarización de territorios maya en Guatemala

(Al final puede agregar su firma en apoyo a esta declaración)

Ante la difícil situación que soportan los pueblos mayas Poqomchi y Q’eqchi de la Sierra de Las Minas de Purulha, Baja Verapaz, desde la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de CONVIDA 20, y con el apoyo de entidades y personas a nivel internacional, urgimos al gobierno de Alejandro Giammattei Falla de Guatemala, detenga la represión en contra de las comunidades que demandan el derecho histórico a sus tierras – territorios que les fueron arrebatadas desde hace más de 500 años.

En estos momentos dramáticos de permanente violación de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, que vive nuestra América Latina, no es admisible que siga imperando la fuerza de los poderosos y que prevalezca la muerte. Con cuánta razón manifestaba en su momento San Oscar Romero: “debe de prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR”. Con él decimos al gobierno de Guatemala: ya basta de provocar tanto sufrimiento y tanta desolación, únicamente para imponer un sistema que desde siempre ha producido muerte para los pueblos originarios y afrodescendientes.

El neoliberalismo y el extractivismo, se construyen sobre la represión, el despojo y la muerte de comunidades de pueblos originarios y por eso estos mismos pueblos, con justa razón se oponen a sus estrategias que son etnocidas y ecocidas.

Por todo esto nos solidarizamos con los pueblos Mayas de Guatemala que sufren los embates de este sistema criminal. Demandamos que la solidaridad internacional se pronuncie y que lo más pronto termine esta barbarie. Urgimos, al gobierno de Guatemala, detener la represión y los sistemáticos desalojos en los territorios ancestrales. La militarización nunca ha sido y no es la solución para resolver los problemas que llevan siglos en Guatemala y en toda América Latina.

Por último, llamamos a las fuerzas militares y policiales con las mismas palabras del Santo Monseñor Romero: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.

Abya Yala 25 de noviembre del 2022

Fabián Morales, COLOMBIA
Luis Carlos Marreno, CUBA
Darío Solano, REPÚBLICA DOMINICANA
Kajkoj Máximo Ba Tiul, GUATEMALA
Luis Javier Angulo, PERÚ
Héctor Martínez Fernández, Tarahumara – MÉXICO
Nidia Arrobo Rodas, ECUADOR
Frei Betto, teólogo de la liberación y escritor de BRASIL

Puede enviar su firma a Fundación Pueblo Indio al correo:
fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com
Obligatorio:
Nombre personal y/o la de su organización
Correo electrónico de contacto
País

 

Imagen: https://www.ipscuba.net/

¿Legalizar y ampliar la minería “artesanal”?

Por Mag. Daniel Fernández Vásquez y MSc. Mauricio Álvarez Mora, docentes e investigadores de la UCR

Actualmente se discute el proyecto de ley “para regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, bajo el expediente N° 22.934, que intenta regular la minería artesanal que se ha desarrollado en diferentes regiones del país de manera ilegal. Dicha ley, se ha planteado supuestamente, para corregir contradicciones dentro de la Ley N° 8904, las cuales impiden el ejercicio legal por parte de personas físicas y jurídicas que desde hace muchos años llevan a cabo la actividad de forma ilegal. Pero, además, plantea herramientas legales para la incorporación de nuevas concesiones.

Hay que recordar que la minería (aún desde la lógica de artesanal o “pequeña escala”) se trata de una actividad extractiva. Esto significa que busca explotar diferentes minerales en altas cantidades, generando graves afectaciones a nivel ambiental y cuyas ganancias son mayoritariamente obtenidas por exportaciones y en el extranjero.

Esta actividad se caracteriza por tener un escaso procesamiento y dejan pocos recursos y encadenamientos productivos a la escala local o regional. Es importante acotar que este tipo de extracción también está vinculada a la extracción de la fuerza de trabajo.

Este tipo de actividad es particularmente dañina e irreversible ya que se caracteriza por ser depredadora de la naturaleza, ya que no solo mercantilizan a la naturaleza, sino que también la agotan. Ya que la intensidad de estas actividades implica un uso desmedido del agua, de químicos (cianuro) que contaminan de forma permanente los cursos de agua y los mantos acuíferos.

Es importante poner evidencia que este discurso pro extractivista ha girado en torno a la promoción de la minería “científica” o la minería “responsable” suponiendo que esta es mejor que la ilegal. Sin embargo, no existe minería “responsable” o “sostenible” ya que todas estas prácticas mineras tienen un serio impacto en los ecosistemas y en las comunidades. En este marco es posible ubicar diferentes aspectos de este proyecto de ley que pueden considerarse portillos o incluso propuestas directas que plantean amenazas a la progresividad en materia de protección del ambiente. En primer lugar, al realizar una ley conjunta para lo que se considera minería artesanal y minería “a pequeña escala” se da una definición muy amplia, en la cual se plantea que dicha actividad se define de esta forma a partir de “un volumen de extracción anual de toneladas métricas”. Dicho volumen queda abierto a definición en un futuro reglamento, como la mayoría de aspectos técnicos de esta ley.

En esta misma línea la ley establece las áreas de concesión entre un kilómetro cuadrado (100 hectáreas) y diez kilómetros cuadrados (1000 hectáreas). Sumado a esto se avala el uso de la extracción mecanizada. Todo esto da miras a formas de extracción que no son ni “artesanales” ni “de pequeña escala”, sino minería a gran escala. Por otro lado, la propuesta de ley plantea la posibilidad de exploración, explotación de nuevos yacimientos siempre y cuando se cumpla con el permiso de SETENA. Esto preocupa sobremanera ya que implica la posibilidad de explotación de territorios más allá de las zonas donde, en inicio, se busca regularizar la actividad minera.

Además, no se establecen límites físicos y cantidades de concesiones por lo que puede acumular las mismas creando enjambres de proyectos que amplifican y acumulan impactos transformando la escala y dimensión del impacto socio ambiental.

Otro punto a considerar dentro del proyecto es la posibilidad de otorgar permisos para el uso de Cianuro. Sustancia que actualmente se utiliza de manera desmedida en la actividad minera y que provoca contaminación permanente de los mantos acuíferos.

Cabe señalar que para el establecimiento de diferentes evaluaciones se señala como responsables directos a la SETENA y a la DGM. Esto sin señalar nuevos recursos para el seguimiento de estas tareas y por lo tanto el control de la ley. Considerando que ambas instituciones se encuentran con altos volúmenes de expedientes y tareas para el seguimiento, el no asignar nuevos recursos implicaría una aprobación nominal de la ley sin los recursos necesarios para los controles requeridos.

Finalmente, se vuelve preocupante que muchos temas técnicos vitales para la comprensión del proyecto quedan sujetos a la elaboración posterior de un reglamento. Lo cual, partiendo de lo planteado dentro del proyecto de ley, genera preocupaciones sobre la posibilidad de incentivar y promover la actividad minera en el país. Actividad cuyas repercusiones ambientales y sociales se encuentran más que demostradas en la región.

Se considera que este proyecto, al igual que otros planteados recientemente en la materia, no se plantea como una solución o un avance en la temática social y ambiental alrededor de la minería en el país. Al contrario, el mismo se vislumbra como un retroceso a nivel ambiental con similitudes a otros proyectos sobre los cuales ya se han pronunciado la fiscalía y diversas organizaciones e instituciones.

 

Imagen ilustrativa.

El extractivismo en Costa Rica: diferentes análisis para un problema en común – video

Mesa redonda

El 7 de setiembre de este año se realizó una mesa redonda presencial en la Facultad de Ciencias Sociales.

Las personas participantes fueron: la Dra. Tania Rodríguez Echavarría, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Geografía, e investigadora del CIEP, UCR con su ponencia “Extractivismo agrícola y fronteras en Centroamérica: el caso de la piña en Costa Rica”; el Dr. Vladimir González Gamboa, investigador en Programa Estado de la Nación, Costa Rica, docente en Programa de Posgrado en Gestión Integral de Áreas Costeras Tropicales, UCR que presentó “El uso y el no uso sostenible de los recursos naturales: Una relación socio-ecológica”; y el Dr. Edgar Blanco Obando, docente en Maestría de Sociología, investigador en Centro de Investigación Históricas de América Central y Centro de Investigación, Observatorio del Desarrollo, UCR con su ponencia “Evolución del sistema agropecuario y surgimiento de conflictos ambientales: Costa Rica siglos XIX – XXI”.

La doctora Nancy Piedra Guillén, directora de la Maestría Centroamericana en Sociología fue la moderadora.

Compartimos el video de la mesa redonda en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/15PBbl8vU9u4P2hGgvIcJN-ZeNBZw5HvP/view?usp=sharing

Autoritarismo y crisis ecológica desde Costa Rica

Alexis Antonio Rodríguez Brenes

Con respecto al artículo publicado por el Semanario Universidad, el 6 de julio del 2022, titulado: “Reestructuración del MINAE excluiría a comunidades, indígenas y universidades de toma de decisiones ambientales” (https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/), quisiera comentar sobre esta postura del Gobierno de Costa Rica a pocos días de iniciado su mandato y de cómo estas acciones atentan directamente contra la vida.

La Tierra, el planeta en el que vivimos, sufre una crisis ecológica que se ha salido de las manos de las y los seres humanos. El capitalismo, ya no solo entendido meramente como un sistema económico, sino como un fenómeno cultural que no solo predomina en Occidente ya que se ha extendido a casi la totalidad de las poblaciones que habitan La Tierra, es la marca de esta debacle que enfrenta la humanidad. Sumado a la decadente sociabilidad del mundo, donde la empatía y la solidaridad son algo especial por su poca aparición en la vida cotidiana, surge el capitalismo con sus despiadados métodos extractivistas y explotadores, que, a modo de resumir la historia, está a un paso de acabar con la vida humana y ya ha consumado la vida de muchos otros seres vivos que habitaban el planeta Tierra.

A pesar de la magnitud de la emergencia planetaria, por la cual en los últimos años hemos visto emerger a la luz pública personas representantes de múltiples áreas, como la ciencia moderna, la sabiduría ancestral, la política, el arte, etcétera, que han alzado su voz con estrategias creativas, la indiferencia predomina. Y el problema no se queda ahí, se agrava, debido a que muchas de estas personas que con valentía asumen su responsabilidad de comunicarle al resto de la población la gravedad de la crisis ecológica que estamos viviendo y que además activamente trabajan en defensa de la naturaleza, son constantemente amenazadas y hasta asesinadas por personas que resguardan los intereses del capital. Estos actos violentos predominan en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción; como ejemplo están los asesinatos de Jairo Mora en 2013 y de los aborígenes Sergio Rojas en 2019 y Jehry Rivera en 2020. Cabe resaltar que en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se menciona que en las tierras que gestionan las comunidades indígenas alrededor del mundo se encuentra el 80% restante de la biodiversidad del planeta.

Enlazando con el artículo publicado en el Semanario Universidad que detalla las graves implicaciones que el Gobierno pretende imponer con el proyecto de ley que busca reestructurar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo dicho anteriormente refleja las profundidades de esta nefasta reforma. El autoritarismo del presidente Chaves es una característica clave de este proyecto, evidenciado en la intención de limitar la toma de decisiones a una sola persona, que sería quien encabece el MINAE, excluyendo la diversidad de criterios científicos, técnicos, económicos, políticos y a la voz del pueblo; esto para rendirle pleitesía a la clase alta de este país y a empresas transnacionales, que sin escrúpulos, con la única intención de alimentar su avaricia, están en total disposición de malgastar los recursos naturales, sin importarles las vidas que se acaben por estas acciones.

Para ocultar esto se utiliza el velo de que son decisiones necesarias para “reactivar la economía” o para “generar más empleos”, pero quienes realmente se benefician son la minoría que ostenta el poder económico y político, y quienes sufrimos somos las y los mismos de siempre, la clase trabajadora, aquellas y aquellos que aceptamos estas circunstancias inhumanas que nos limitan a sobrevivir la vida, no a vivirla. Además, ¿cuál economía se va a reactivar o cuáles empleos se van a generar cuando ni siquiera existan las condiciones para sostener la vida humana en el planeta?

El colapso planetario es inminente, las consecuencias las tenemos frente a nuestros ojos: tormentas cada vez más intensas, frecuentes incendios forestales, grandes extensiones de suelos degradados, océanos contaminados, olas de calor sin precedentes, escasez de alimentos por falta de polinización, migración impulsada por el cambio climático, y esta lista aún puede crecer. Esto se puede comprobar en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que con datos científicos recientes y detallados muestran como se agrava la crisis, los efectos cada vez son más severos y a pesar de esto los países ricos siguen siendo los mayores culpables, no muestran signos de querer revertir la situación y quienes sufren las peores consecuencias son los países colonizados y explotados por estos países ricos. En estos enlaces pueden leer un artículo que resume puntos importantes del reporte del IPCC y el reporte completo que lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Mitigar las consecuencias aún es posible, pero se necesitan cambios radicales, porque estamos viviendo tiempo radicales. Infórmese, lea, estudie, tome posición, responsabilícese, solidarícese, radicalícese.

Los supuestos beneficios del llamado “acuerdo” del gobierno PRD con Minera Panamá

La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

 

Imagen ilustrativa.

Agua y elites en Centroamérica

El cambio climático y la crisis civilizatoria han generado mayor presión sobre los recursos naturales, en especial el agua. Esta situación se torna tensa en regiones como Centroamérica donde la lógica extractivista ha sido el común denominador en las últimas décadas de la mano de las élites centroamericanas y la política pública de corte neoliberal.

Una publicación de académicos costarricenses con un enfoque sociológico, analiza la inserción de los Grupos Empresariales Diversificados en los mercados de agua. Esta investigación señala los peligros a los que se expone el líquido vital de la región centroamericana que corresponde al 1.5% del agua dulce del planeta, debido al constante interés de Grupos Económicamente Diversificados (GED) centroamericanos sobre las inversiones en mercados de agua, las prácticas de inserción de estos conglomerados en los llamados nichos económicos “verdes” que se amparan en una serie de políticas públicas de corte neoliberal y en los lineamientos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, mediante su brazo hídrico llamado Global Water Partnership (GWP).

En otras palabras, estas empresas aprovechan toda una serie de mecanismos que posibilitan la monetización de la naturaleza para operar bajo un modelo de libre mercado y amparado en una discursividad “verde”, a pesar que las proyecciones de dicho estudio revelaron que para 2050 el agua dulce potable estaría prácticamente agotada principalmente por los impactos de la industria cárnica (Retana, Arias, Torres; 2019)

Esta sugerente investigación aborda los diferentes mecanismos extractivistas desarrollados en la historia reciente de la región centroamericana, por ejemplo, aquellos que han permitido la monetización de los recursos naturales y por ende del acceso a estos como un derecho humano. Adicional estudia el proceso de inserción de las elites económicas en los mercados del agua en un contexto de transnacionalización, diversificación y competencia internacional.

Para una lectura completa:

Retana Céspedes, J. M., Arias Campos, L. D., & Torres Sandí, D. (2019). Las élites centroamericanas y la diversificación de inversiones: Los mercados de agua en Guatemala y Costa Rica. Anuario De Estudios Centroamericanos, 45, 345-371. https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.40698

Promesas electorales: ¿De quién es? ¿Para quién es? ¿Para qué?

Observatorio de Bienes Comunes

En el marco de la campaña electoral que vivimos, queremos compartirles algunas dimensiones para reflexionar sobre todas esas propuestas, promesas o planes de gobiernos que nos están compartiendo desde las redes sociales.

Les proponemos pensar dos enfoques, uno centrado en los extractivismo, es decir todas aquellos modos de despojo que procurar concentrar la riqueza y aprovecharse de nuestros territorios para el beneficio de unos pocos, y por otro lado desde los bienes comunes, es decir aquellas formas y modos mediante los cuales nos organizamos en comunidad para enfrentar las dificultades, pero también para compartir y trabajar en conjunto en beneficio de nuestro territorio.

Esta infografía pretende dejarnos algunas pistas de las tensiones que conllevan estos enfoques y nos ayude a poner en perspectiva toda esa «oferta electoral» que nos está llegando. 

Mas información en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/promesas-electorales-de-quienes-para-quienes-para-que/

 

Compartido con SURCOS por Luis Sanabria Zaniboni.