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Etiqueta: FECON

Agricultura ecológica comunitaria para la recuperación de la autosuficiencia productiva y soberanía alimentaria en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

FECON – 05 de mayo 2020.

Con atención hemos seguido el tema de la condición agrícola actual en el país. Desde siempre y especialmente desde el último censo agrícola en 2014 nos preocupa el balance que expresaban los datos sobre la producción de granos básicos en nuestro país. Fue una medición concreta del impacto del proceso de ajuste neoliberal y el libre comercio en la estructura productiva primaria del país.

La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) tiene cercanía y está integrada por grupos de base comunitaria en los que defendemos valores ecologistas,  muy importantes en la sostenibilidad de los modelos de agricultura. Defendemos la idea de soberanía alimentaria, en la que consideramos, deben participar desde la base amplia y articuladamente las pequeñas producciones comunitarias.

Con este preámbulo, procederemos en este momento histórico de crisis laboral y económica, a realizar una propuesta para la recuperación económica del campo costarricense desde la economía agroecológica y de unidades productivas de pequeña escala, usando como modelo el cultivo de arroz.

Una revolución agraria en el arroz

La producción de arroz ha sido una de las más complejas de sostener en el país, especialmente por el desmantelamiento campesino que significaron las políticas de ajuste estructural y la entrada del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, que con su superestructura productiva acaparó rápidamente el mercado arrocero con sus precios de importación subsidiados.

Sin embargo, hay posibilidades de imaginar, plantear y justificar una recuperación agrícola con fundamento agroecológico en nuestro país. Para ello, las fuentes demuestran la viabilidad de producir altos rendimientos con solamente insumos orgánicos. El Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) ya ha demostrado altos rendimientos en modalidad de cultivo agroecológico. Con base en estos resultados, proponemos un cambio en el sistema de producción actual como política de Estado, bajo la siguiente argumentación:

Cuota de producción y alcance de la participación social

Si en Costa Rica se necesitaran 75 mil hectáreas[1] más de siembra de arroz para cumplir la cuota de más de 350 mil toneladas anuales que se consumen en el país[2], con pequeñas unidades productivas articuladas se podría alcanzar progresivamente esa meta y generar así ingresos para decenas de miles de familias campesinas con rentabilidad en pocas hectáreas de cultivo.

El beneficio social por participación económica podría alcanzar a futuro hasta las 40 mil familias campesinas (suponiendo una distribución homogénea de dos hectáreas por cada una en sistema de cultivo intensivo de arroz), con ganancias netas de hasta 1.5 millones por hectárea según el rendimiento anual.[3]

Si se produce con abonos orgánicos que utilizan desechos de animales y biomasa vegetal, tenemos la gran ventaja de reducir el impacto ambiental, la dependencia de insumos químicos, e incentivar un encadenamiento productivo generando el establecimiento de centros especializados en producción y distribución de abonos a gran escala para mayor acceso de los productores. Estos centros beneficiarían a otro grupo más de trabajadores por localidad, que obtendrán más ingresos por cada hectárea de cultivo orgánico local.

Rendimiento del cultivo agroecológico

Según expone el agrónomo Jorge Orlando Acosta (2011), en Colombia se documentaron rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea con el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA)[4], superior a los demás tipos de cultivos convencionales, superando así por mucho las 3,5 toneladas que son el promedio de rendimiento por hectárea en el sistema arrocero de Costa Rica[5]. El citado sistema no depende de que haya inundación permanente y utiliza solo insumos orgánicos. Es hacia estos sistemas debemos apuntar como país.

También es importante señalar que muchas fuentes agronómicas reconocen que los agrosistemas arroceros orgánicos probados en China han sido exitosos, por ejemplo, en Ecuador, donde se han logrado rendimientos de 3.68 toneladas por hectárea con inundación, con abonos orgánicos y control biológico de plaga con patos. También se han estimado que se pueden producir 5.5 T/ha con un costo de $1000/ha (2013)[6], por lo que se pueden desarrollar entonces sistemas de producción con renta neta de hasta 750 mil por cada millón comercializado.

Modelo de agroecosistema ecuatoriano. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd

Si en otros países se ha demostrado el potencial de este tipo de agrosistemas, acá es cuestión de apuntar con una política de Estado contundente a un sistema productivo eficiente con el uso de recursos. Ningún otro mejor que el orgánico, que puede hacer aprovechamiento circular de insumos del mismo arroz y utilizar los desechos de producción  animal.  Al fin de cuentas, el mundo requiere una transición tecnológica.

Necesidad y oportunidades

La gran ventaja de nuestra desventaja productiva actual, es que para llenar el vacío se puede innovar y propiciar esa transición a modelos productivos que no dependen de insumos de importación, mientras los sistemas ya existentes también apuntan a adaptarse.

Es un hecho que el país cuenta con riquezas de tierra y agua suficientes para generar autosuficiencia alimentaria. Solamente debemos ser capaces de generar sistemas de aprovechamiento distribuido del recurso hídrico en unidades de producción de pequeña y mediana escala en los territorios en lugar de grandes e impactantes embalses para exportadores de azúcar o desastrosos proyectos de riego para pastos ganaderos en los que el SENARA invierte cuestionablemente millones de dólares desde hace años. [7]

La cosecha de lluvias es posible con sistemas de aprovechamiento de escorrentías en pequeños reservorios, para propiciar el riego permanente y la inundación temporal requerida por el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) que permite alto rendimiento. Por ejemplo, en un clima tropical seco como el de Liberia, por kilómetro cuadrado se pueden cosechar 100 millones de litros de agua con los datos de precipitación promedio registrados para el mes de mayo.

También sería posible autorizar sistemas de almacenamiento de los volúmenes de escorrentía de los caudales máximos en afluentes, incentivando la inscripción de aprovechamientos con tarifa diferenciada en los meses de mayor precipitación, de forma que se permita disponer artificialmente de humedad en el suelo tempranamente, para mitigar el efecto de meses muy secos.

Incluso en zonas alejadas de cuerpos de agua, se pueden alimentar estos sistemas de almacenamiento de agua cosechada en época de lluvias desde cauces para fines de producción alimentaria, mediante uso de cisternas como mecanismo de subvención del Estado.

Es importante garantizar que los sistemas productivos respeten los límites ecológicos de los regímenes de humedal y no haya un crecimiento insostenible de la demanda en los meses más secos para proteger también la biodiversidad y el uso múltiple del agua en los territorios. También la política pública debe apuntar a priorizar el acceso a fuentes de agua para seguridad alimentaria y en lugar de la agroexportación, incentivando el cambio productivo.

Beneficios al consumo    

Los beneficios obtenidos mediante estos sistemas de producción para el consumidor también son un hecho. Primero que todo, en la salud, pues se asegura una calidad e inocuidad del producto básico con su producción orgánica, bajando el riesgo de desarrollar cáncer por consumo sostenido de agrotóxicos usados actualmente.

En término de precios, si existen centros de procesamiento semi-industrial distribuido en las unidades de producción, además de disponer fuentes de trabajo, se logra bajar los costos de transporte, tanto para el pilado como para la distribución comercial final. Se pueden ofrecer así precios competitivos que incentiven el consumo local y lo consoliden, hasta superar la dependencia de importaciones y desarrollar la capacidad de sostener un nuevo sistema de precios autónomo y soberano.

Producciones colectivas de arroz agroecológico en Brasil. Fuente: mst.org.br

Al incentivar la participación de la pequeña propiedad rural en este modelo económico de autosuficiencia, se erradicará el control centralizado de las decisiones económicas en una sola corporación privada, donde concertan sólo grandes productores y accionistas. Además se genera resiliencia adaptativa por el uso de semillas locales y se puede a mediano plazo desarrollar una capacidad de aprovechamiento de las bonanzas para compensar los años de menor producción.

Extrapolar la propuesta arrocera a otros cultivos básicos

Es urgente la recuperación pública de la producción de granos básicos y la pluralización productiva mediante la ampliación de la base productiva en pequeñas producciones locales con mercado garantizado. Los frijoles y el maíz son granos de producción precolombina con inmejorable adaptación a nuestros suelos orgánicos y altos rendimientos históricos para sustentar los pueblos de nuestra región. Además, estos mercados también están acaparados por importaciones.

En estas circunstancias en que se vislumbra una recesión económica, las posibilidades de ingreso por cultivo a pequeña escala toman más importancia. Es tiempo de apostar por la recuperación de la economía basada en la producción alimentaria soberana de granos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo costarricense y erradicar de una vez por todas, el hambre, que es una de las más intolerables formas de violación a los derechos humanos más básicos en el mundo.

Desde FECON, hacemos un llamado al ministro de agricultura para atender nuestras propuestas para la implementación de agricultura ecológica en el país como política de Estado.

[1] Un cálculo desde 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales para granos básicos. De maíz blanco (16.000) y amarillo (150.000), fríjol (41.000) y arroz (76.000) si se quiere abastecer la demanda nacional. https://bit.ly/3c8rDAS

[2] Conarroz en Noticias Monumental. Fuente: https://bit.ly/2WtmSLE

[3] Al precio actual del arroz en recibidor estimado con un dato modelar de costo/rendimiento registrado en un cultivo orgánico en Ecuador. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd

[4] Evaluación del Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero SICA en en Municipio de Purificación de Tolima. Fuente: https://bit.ly/2z7QF4s

[5] Estimación con base en datos. Solo el 35% de lo que se consume se produce en el país (Indarroz), Son 36.000 hectáreas sembradas entre 2017 y  2019 (Conarroz). Fuente: https://bit.ly/3flGqdq

[6] Razón de rentabilidad esperada en un cultivo orgánico. Fuente: https://bit.ly/2SBJRms

[7] Véanse los conflictos PAACUME con la Reserva Lomas Barbudal y los conflictos comunales con proyectos de riego del SENARA para sociedades de usuarios privadas en Puntarenas

Imagen de cabecera: Cultivo agroecológico de arroz en Brasil. Fuente: mst.org.br

Al ministro de Agricultura: Es momento para la transición alimentaria hacia la agricultura ecológica en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

FECON

Luego de justificar nuestra propuesta agroecológica, para una transición hacia la agricultura ecológica comunitaria, hacemos formal solicitud al Ministerio de Agricultura (MAG) de lo siguiente:

Considerando:

1- Que, según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por Costa Rica y en vigor desde 1976, en su artículo 11, inciso 2, indica que:

Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

  1. a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; (…)

2- Que estamos enfrentando la primera etapa de una emergencia que va a dejar repercusiones económicas globales. El sistema agrario nacional en cuando a producción de granos básicos presenta deficiencias graves que provocan una bajísima participación en la economía global de Estado, por enfatizar en la visión de libre mercado y desventajas comparativas. Es tiempo de plantear acciones con criterio científico que se proyecten en el corto, mediano y largo plazo.

Señalamos y proponemos a la rectoría de la administración agraria, representada por el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG)

  • 1- No es tiempo de flexibilizar el registro de agrotóxicos. Se ha demostrado que la producción orgánica aumenta rendimiento por encima de los métodos convencionales y con uso de químicos, como lo demostró con datos comparativos Acosta (2011) Citamos:

“Mediante el uso de fertilizantes orgánicos los productores que han adoptado el SICA han podido comprobar como mediante la eliminación del fertilizante sintético y la abolición del uso reiterativo y toxico de herbicidas, los cultivos producen más arroz debido a que se mejoran paulatinamente las condiciones biológicas de los suelos y el incremento de poblaciones de macro y micro fauna (Uphoff, 2007).”

La valoración de esa política de flexibilización debe ser detenida y descartada inmediatamente.

  • 2 -Promover políticas que desincentiven el consumo de fertilizantes químicos e insumos agrotóxicos como plaguicidas, para bajar progresivamente la dependencia de esas tecnologías nocivas.
  • 3 -Incentivar la producción agroecológica de granos básicos mediante políticas de apoyo para el acceso sostenible a aguas mediante coordinación con SENARA y el MINAE, a tierras cultivables a través INDER y apoyo del CNP para la sostenibilidad productiva fortaleciendo y ampliando las redes de comercialización y consumo de los sistemas de comercialización.
  • 4- Integrar a la Universidades Públicas a las redes de apoyo del sistema de producción agroecológica de pequeñas unidades productivas, de forma que también colaboren activamente en la formación y asesoría en el campo, así como de la innovación tecnológica necesaria para potenciar el campo agrario en el país.
  • 5 – Limitar la frontera agrícola para monocultivos de exportación mediante moratoria a nuevos permisos y priorizar el trámite de acceso a recursos para proyectos de autosuficiencia alimentaria de granos básicos, de forma que se garantice el acceso a suficientes tierras cultivables óptimas para estos fines.
  • 6 – Priorizar financiamiento a pequeña producción agrícola de granos básicos y desarrollar un sistema de subsidios públicos para aumentar la incorporación progresiva y sostenible de pequeños productores a la participación en la producción global de alimentos.
  • 7 – Garantizar la protección a los ciclos de reproducción de la semilla criolla y a la producción campesina tradicional descartando toda iniciativa que imponga los modelos de patentes sobre los sistemas tradicionales.

05 de mayo de 2020

Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Imagen: SINART

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Las piñas de la ira

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas

(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?

Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.

Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.

Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.

También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.

Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.

La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.

Propuestas del movimiento social ante crisis del neoliberalismo potenciada por alerta de COVID-19

Escrito en . Publicado en Alianza, Derechos.

¿Cómo se van reorganizando y generando propuestas desde el movimiento social costarricense para hacer frente a la crisis estructural que ha evidenciado la alerta de pandemia por cornoavirus?

La comunicadora Valeria Morales Núñez desde la Asociación Voces Nuestras nos trae el reporte con entrevistas a representantes de la Alianza por una Vida Digna y de la FECON -Federación Ecologista-.

https://www.vocesnuestras.org/2020-05-01/costa-rica/costa-rica-reorganizacion-propuestas-movimiento-social-costarricense-crisis

Por una participación efectiva y justicia social para salir de la crisis

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Equidad y derechos de la mujer.

FECON

La Federación Ecologista (FECON) se encuentra articulando con diferentes organizaciones sociales para impulsar propuestas justas y combativas ante la crisis del Covid-19. Desde el 2 de abril publicamos un comunicado de FECON exponiendo 12 propuestas basadas en nuestros valores organizativos y en rechazo directo a propuestas neoliberales presentadas por la UCCAEP al Gobierno de Carlos Alvarado.

Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas.

Esto significa que se deben establecer mecanismos de gestión público-comunitaria para la recuperación de la soberanía alimentaria del país. Los tratados de libre comercio ahogaron la producción local de alimentos y ahora nos ponen en indefensión ante el impacto internacional de la crisis de la salud.

La atención económica de la emergencia

El Estado tiene el desafío de hacer sostenible económicamente la atención de cientos de miles de personas afectadas por reducción de ingresos, recortes de jornadas laborales, paralización económica total, como por la pobreza estructural del país que supera el millón de habitantes. Sin las necesidades económicas cubiertas las medidas de aislamiento social son inviables.

Carlos Alvarado expresó que “en este momento el gobierno cuenta con recursos económicos suficientes para manejar los primeros tres meses de la emergencia”. Indicó además que “el Ejecutivo maneja actualmente cuatro alternativas para extender la atención luego de esos tres meses, que son: 1) Reducción o redistribución del gasto, 2) más ingresos con impuestos, 3) recurrir a más endeudamiento con el FMI, 4) generar política monetaria.”

Llamado de las organizaciones

Desde siempre y ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Casi cuarenta años y esta nueva crisis sanitaria internacional demuestran que es un modelo absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos.

Consideramos que el Gobierno debe analizar otros planteamientos creativos, con criterio de realidad y sin condicionamientos especulativos del capitalismo financiero. El modelo neoliberal requiere salidas urgentes y la participación ciudadana organizada es vital para construir las nuevas alternativas. Hay que combatir las desigualdades con propuestas que apunten a la justicia social, ambiental y de género, para incidir en las acciones del gobierno ante la crisis.

Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

https://feconcr.com/noticias/por-una-participacion-efectiva-y-justicia-social-para-salir-de-la-crisis/

Distintas comunidades presentes contra mala gobernanza del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Tras la participación en el “Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica“, realizado el pasado 28 de julio en Punta Morales de Chomes, organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista (FECON), las comunidades unidas en dicho Encuentro decidieron lanzar un llamado a la acción colectiva para reunificar el movimiento por la defensa del agua, convocando a todos los sectores afectados por la Mala Gobernanza, este jueves 9 de agosto, a las 8:00 am, frente al CENAC, donde el Ministerio de Ambiente invitó a la sociedad a posicionar sus perspectivas en el primer Foro Nacional de Gobernanza del Agua. Se denunciaron todas las problemáticas que vivimos en el país por la negligencia institucional.

Fotos aportadas por Orlando Amaris y Dany Villalobos.

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Inicia campaña contra la Mala Gobernanza del Agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

  • Organizaciones comunales cuestionan el mecanismo de concesión del agua en Costa Rica
  • Ecologistas se oponen a que el 90% de caudal de un río pueda ser concesionado

 

FECON. Del encuentro a la acción por recuperar el agua. Así podemos resumir el paso al frente que varias organizaciones comunales hemos decidido dar, tras la participación en el «Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica«. El evento se realizó este sábado 28 de julio en Punta Morales de Chomes, y fue organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista (FECON).

Durante el Encuentro se compartió información sobre la normativa vigente, que es clave para entender algunos desastres ecológicos sucedidos en muchas cuencas del país y las desigualdades en acceso al agua. Se discutió sobre la ausencia de enfoque ecológico en la Ley de Aguas vigente, lo que ha permitido una reglamentación mediocre en términos de protección ambiental, contradictoria con los principios de la Ley Orgánica del Ambiente.

En el caso del canon de agua, se revisaron los precios establecidos por la Dirección de Aguas del MINAE según el tipo de uso, comparando los ingresos públicos con el lucro de algunas actividades económicas privadas. Se pudo evidenciar cómo las represas hidroeléctricas y la agroindustria disfrutan de exoneraciones de hasta en un 90% del costo originalmente establecido, por lo que el Estado incentiva actividades que amenazan y destruyen sistemáticamente los ríos del país.

El bajísimo costo de las concesiones de agua permite a las empresas privatizar las fuentes mediante el acaparamiento de sus caudales, para enriquecerse sin retribución económica justa hacia el bien público. Mientras menor recaudación obtiene el Estado por este recurso, menos mecanismos de fiscalización son posibles, perdiéndose el dominio público efectivo sobre el agua.

Las personas indígenas compartieron la visión de sus pueblos sobre el agua, que es sagrada, porque es la sangre de la madre tierra y como nuestra madre, defenderla debe ser un compromiso natural de todas las personas, sin importar diferencias. También los ríos y cascadas son el hogar de seres espirituales que cuidan la naturaleza y por eso no deben desaparecer.

En este Encuentro nos unimos 40 personas de distintas comunidades como Abangaritos, Orocú, Chomes, Malinche, Guacimal, Abangares, Palmar Sur, Longo Mai, Cristo Rey, Cajón, Fátima y San Rafael de Pérez Zeledón, Alajuelita, Turrialba, Heredia y San José; también de territorios indígenas como Boruca, Cabagra, Térraba y Talamanca. Además, nos acompañaron estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Una propuesta clara que surgió fue la de luchar para cambiar la normativa evidentemente dañina que permite explotar hasta el 90% del caudal de una fuente. También, desde el enfoque de transformación territorial se planteó la necesidad de impulsar planes de manejo de cuencas que den espacio a las comunidades para participar efectivamente en la administración del agua. También, se compartió la postura indígena de defender la autonomía ante los intereses estatales y privados sobre sus territorios.

En resumen, la alta conflictividad por sobreexplotaciones, ausencia de mecanismos de protección ambiental y negación de medios para la participación comunal efectiva, denotan que la prioridad gubernamental ha favorecido continuamente a los intereses empresariales, aún más después de la aprobación de los TLC´s.

Como conclusión, las comunidades unidas en el Encuentro decidimos lanzar un llamado a la acción colectiva para reunificar el movimiento por la defensa del agua, convocando a todos los sectores afectados por la Mala Gobernanza, el próximo jueves 9 de agosto, a las 8:00 am, frente al CENAC, donde el Ministerio de Ambiente ha invitado a la sociedad a posicionar sus perspectivas en el primer Foro Nacional de Gobernanza del Agua. Les motivamos a no dejar pasar esta oportunidad para denunciar todas las problemáticas que vivimos en el país por la negligencia institucional.

 

Más información:

Dany Villalobos (Alianza-Puntarenas): 8781-4512

Angélica Alvarado (Movimiento Ríos Vivos): 8583-0253

 

Enviado por FECON.

Dirigente indígena busca justicia y soberanía en el Territorio Indígena de Terraba: NO PH Diquís

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Acción de inconstitucionalidad

 

FECON, 10 de julio 2018. Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 18-005745-0007-CO el dirigente indígena Asdrubal Rivera Villanueva busca llevar justicia y soberanía al Territorio Indígena de Terraba.

Esta acción está planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 34312 que da conveniencia nacional e interés público a los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, así como a sus obras de transmisión, desprotegiendo de esta forma parte del territorio indígena que cuenta con una protección legal superior. Este decreto pretende igualar los terrenos indígenas con cualquier otro terreno forestal, a pesar de la diferenciación legal existente.

El espíritu de la Ley No. 6172, del 16 de noviembre de 1977, se basa en que los territorios indígenas únicamente habiten personas indígenas. Por eso en su artículo 2°, párrafo segundo, las declara de propiedad de las comunidades indígenas, y después, en su artículo 3°, además de decir que son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, claramente dispone que son exclusivas para aquellas comunidades indígenas. El artículo 3° prohíbe a no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios, y declara absolutamente nulo todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas. Confirmado por la Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administración se trata de propiedades inalienables (TCA Sección Previa sentencia 138-2013). En este mismo sentido el artículo 4° indica que los territorios serán regidos por los indígenas, “en sus estructuras comunitarias tradicionales”. Esto excluye la posibilidad de que personas no indígenas puedan hacerlo.

Por otro lado el artículo 7° de esta ley pone en evidencia que estamos frente a un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Así las cosas, resulta inaplicable al efecto la excepción establecida en el artículo 34 y 19.b, pues hay una ley especial que establece una categoría de protección más elevada. La intención de modificar el uso de suelo de estas zonas haciendo una represa hidroeléctrica, es incompatible con el mandato legal de mantener la vocación de bosque. Es evidente que sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales decretando de conveniencia nacional dicho proyecto (Voto 13100-2010 y Voto 13622). Esta declaratoria de conveniencia nacional y de interés público tiene como requisito justificar que el impacto ambiental se amortiguaría por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo Nº 6 le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de 5 meses para la determinación de la viabilidad ambiental.

Se lesiona puntualmente el Artículo 50 de la Constitución Política porque de él se deriva la aplicación del principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. En este caso el Decreto en su artículo 6 admite que no tiene conocimiento del impacto ambiental de proyecto Diquis y aun así le otorga conveniencia nacional, a pesar de que evidentemente, sin una evaluación ambiental, el impacto ambiental se desconoce.

Si la dimensión ambiental no se tiene clara ¿cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental y cultural.

Hace una semana vimos con alegría como se inauguraba un nuevo u-suré en el Territorio Indígena de Cabagra (VocesNuestas, 9-7-2018) después de que dos manos criminales habían quemado esta estructura años atrás. El u-suré representa para la cultura bribri el orden del universo y la conexión con Sibú. Una represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas vendría a significar otro ataque directo contra estos pueblos que luchan por que lo dejen vivir en paz.

 

Información 8760 9800.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por FECON.

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Embalse de Río Piedras y la politiquería de alto impacto ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Amenaza sísmica del embalse no ha sido estudiada
  • Compensación de biodiversidad no está garantizada
  • Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
  • Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste

 

Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.

Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.

Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.

Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”

Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.

El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.

Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.

Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”

Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.

Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.

El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.

Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.

Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.

 

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.

 

Información:

Henry Picado, teléfono 87609800

Jorge Lobo,teléfono 86868649

Gadi Amit: 88268216

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado por FECON.

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