Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.
(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.
Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).
En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.
Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).
Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.
Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.
Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.
Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.
Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.
Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.
Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)
FECON denuncia carencia de criterio ambiental y regresiones en el planteamiento de los grupos de presión
FECON (19/05/2020). La Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (FECON) se encuentra participando como miembro pleno en el análisis que realiza la Comisión Asesora Técnica Mixta de SETENA, sobre una propuesta de cambio del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en nuestro país.
Previo a este proceso, representantes de organizaciones afines al tema desarrollamos el año pasado un proceso de análisis de la pretendida reforma de SETENA, donde coincidimos en la necesidad de mejorar los procesos de EIA vigentes, dado las negligencias sistemáticas en la gestión de los procesos por parte de SETENA, o por portillos que habían identificado las organizaciones comunales que participaron para defender su derecho al ambiente sano.
Desde la representación de FECON hemos adoptado la misión de participar de forma propositiva, crítica y vigilante en la discusión sobre esta normativa, para que haya sentido de progresividad en los planteos, sin vicios de letra menuda y sin escatimar en hacer denuncia pública de las irregularidades y retrocesos que se susciten a lo interno de la Comisión, pues el tema es de interés público. Consideramos, por ejemplo, que es tiempo de impulsar mejoras sustanciales en la participación social en estos procesos históricamente excluyentes o viciados al mediar grandes intereses y presiones del desarrollismo económico.
En las evaluaciones de impacto ambiental es donde el Estado debe ser certero en garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente a las propuestas de actividades productivas en los territorios. Costa Rica avanza ya en el reconocimiento del derecho a participación ciudadana efectiva con el Acuerdo de Escazú (Expediente N° 21.245), ratificado en primer debate legislativo en febrero de este año. Las condiciones para una reforma reglamentara deben estar dadas por la progresividad en materia de protección ambiental y participación.
Una reforma bajo presiones e intereses
Si bien hablamos de que es necesario revisar la normativa para impulsar mejoras en los procesos de EIA, en el proceso previo al espacio actual de análisis en la Comisión Mixta ha habido varias irregularidades. Por ejemplo, en el año 2017, FECON fue excluida de esta Comisión, de la que formó parte desde el 2005 cuando se discutió el reglamento vigente de SETENA. Esto dio signos de querer excluir la visión crítica en un tema de total incumbencia de nuestra representación.
Formalmente la propuesta de reforma se conoció a inicios del 2018, cuando el ministro de Ambiente saliente Edgar Gutiérrez, intentó aprobar el denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), diseñado por el sector construcción. El jerarca dejó firmado el Decreto con esta Reglamentación para publicar directamente a la salida de su gestión, violentando el principio de participación con esta atribución imperiosa.
Los reclamos por parte de FECON no se hicieron esperar, ante la exclusión de la discusión en este tema, directamente relacionado con el ambiente y los procesos socioambientales que acompaña nuestra organización. La paralización inmediata de esta reglamentación sectaria fue solicitada al actual ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien correspondió nuestra demanda, y en abril de 2019 publicó el Decreto 41500-MINAE, reactivando la Comisión Mixta, cuyo función era precisamente la de emitir la recomendación con participación multisectorial, y en la que se volvió incluir a la FECON como miembro pleno.
Sin embargo, en julio del 2019 el ministro de Ambiente creó una nueva comisión Público-Privada mediante el Decreto 41817, donde las mismas Cámaras Constructivas “colaborarían” en la revisión del nuevo Reglamento para Evaluación, Control, y Seguimiento Ambiental, con plazo de entrega de resultados en noviembre del año pasado. Esto volvió a evidenciar la presión e intereses del sector de la construcción detrás de la propuesta de reformar los procedimientos de SETENA.
La activación de Comisión Mixta en 2020
Sobre esta base documental que son el RECSA y el MECSA, la Comisión Mixta realiza sus sesiones virtuales de análisis y discusión. Hasta ahora el balance es más que obvio y se reconoce abiertamente: la propuesta es impulsada por un grupo de interés particular como es el de la construcción e inmobiliario. No responde a una visión de consenso, y agregamos, no se fundamenta en criterios ambientales reales.
La redacción evidencia el sesgo conceptual de una visión limitada del ambiente. Se desconocen términos fundamentales como los efectos acumulativos en el territorio y por ende eliminan sus métodos de evaluación. También se presenta un concepto más limitado de participación ciudadana. Se elimina también la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación.
Pero lo central de la propuesta es que se pretende reducir el número de actividades a evaluarse ambientalmente, al establecerse una serie de umbrales para categorizarlas como de muy bajo y bajo impacto y solicitarles apenas una inscripción bajo declaraciones juradas de los desarrolladores. Umbrales carentes de criterio ambiental como se reconoce en el anexo que los establece y que fueron ajustados para múltiples actividades a criterio de su grupo redactor.
Sin duda alguna, las carencias de esta propuesta y los intereses que la impulsan nos obligan a hacer un llamado a la opinión pública en general. Comunidades, organizaciones sociales, instituciones y profesionales en ambiente, a activar todas las alarmas para que la Comisión Mixta trabaje con responsabilidad y rechace este tipo de propuestas regresivas.
Es responsabilidad de los sectores representados, garantizar una reglamentación segura y coherente con la misión de las evaluaciones de impacto ambiental. El campo ambiental no es ajustable a intereses económicos particulares. Tenemos que responder con credibilidad a todo un país y ser coherentes con los principios que rigen la Ley Orgánica del Ambiente. No podemos retroceder ampliando los portillos para que el impacto de grandes proyectos se salga de los radares y se lesione todavía más la protección del ambiente en Costa Rica.
*Imagen: Protesta de comunidades puntarenenses ante SETENA en 2016. Imagen Fecon.
Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)
Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.
En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.
Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.
La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.
Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.
De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”
Dany Villalobos, Presidente FECON
En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).
Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.
El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.
Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.
Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.
Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.
En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.
En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.
De la agricultura familiar a los oligopolios
En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.
Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.
La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].
Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.
[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.
[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.
[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).
Con atención hemos seguido el tema de la condición agrícola actual en el país. Desde siempre y especialmente desde el último censo agrícola en 2014 nos preocupa el balance que expresaban los datos sobre la producción de granos básicos en nuestro país. Fue una medición concreta del impacto del proceso de ajuste neoliberal y el libre comercio en la estructura productiva primaria del país.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) tiene cercanía y está integrada por grupos de base comunitaria en los que defendemos valores ecologistas, muy importantes en la sostenibilidad de los modelos de agricultura. Defendemos la idea de soberanía alimentaria, en la que consideramos, deben participar desde la base amplia y articuladamente las pequeñas producciones comunitarias.
Con este preámbulo, procederemos en este momento histórico de crisis laboral y económica, a realizar una propuesta para la recuperación económica del campo costarricense desde la economía agroecológica y de unidades productivas de pequeña escala, usando como modelo el cultivo de arroz.
Una revolución agraria en el arroz
La producción de arroz ha sido una de las más complejas de sostener en el país, especialmente por el desmantelamiento campesino que significaron las políticas de ajuste estructural y la entrada del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, que con su superestructura productiva acaparó rápidamente el mercado arrocero con sus precios de importación subsidiados.
Sin embargo, hay posibilidades de imaginar, plantear y justificar una recuperación agrícola con fundamento agroecológico en nuestro país. Para ello, las fuentes demuestran la viabilidad de producir altos rendimientos con solamente insumos orgánicos. El Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) ya ha demostrado altos rendimientos en modalidad de cultivo agroecológico. Con base en estos resultados, proponemos un cambio en el sistema de producción actual como política de Estado, bajo la siguiente argumentación:
Cuota de producción y alcance de la participación social
Si en Costa Rica se necesitaran 75 mil hectáreas[1] más de siembra de arroz para cumplir la cuota de más de 350 mil toneladas anuales que se consumen en el país[2], con pequeñas unidades productivas articuladas se podría alcanzar progresivamente esa meta y generar así ingresos para decenas de miles de familias campesinas con rentabilidad en pocas hectáreas de cultivo.
El beneficio social por participación económica podría alcanzar a futuro hasta las 40 mil familias campesinas (suponiendo una distribución homogénea de dos hectáreas por cada una en sistema de cultivo intensivo de arroz), con ganancias netas de hasta 1.5 millones por hectárea según el rendimiento anual.[3]
Si se produce con abonos orgánicos que utilizan desechos de animales y biomasa vegetal, tenemos la gran ventaja de reducir el impacto ambiental, la dependencia de insumos químicos, e incentivar un encadenamiento productivo generando el establecimiento de centros especializados en producción y distribución de abonos a gran escala para mayor acceso de los productores. Estos centros beneficiarían a otro grupo más de trabajadores por localidad, que obtendrán más ingresos por cada hectárea de cultivo orgánico local.
Rendimiento del cultivo agroecológico
Según expone el agrónomo Jorge Orlando Acosta (2011), en Colombia se documentaron rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea con el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA)[4], superior a los demás tipos de cultivos convencionales, superando así por mucho las 3,5 toneladas que son el promedio de rendimiento por hectárea en el sistema arrocero de Costa Rica[5]. El citado sistema no depende de que haya inundación permanente y utiliza solo insumos orgánicos. Es hacia estos sistemas debemos apuntar como país.
También es importante señalar que muchas fuentes agronómicas reconocen que los agrosistemas arroceros orgánicos probados en China han sido exitosos, por ejemplo, en Ecuador, donde se han logrado rendimientos de 3.68 toneladas por hectárea con inundación, con abonos orgánicos y control biológico de plaga con patos. También se han estimado que se pueden producir 5.5 T/ha con un costo de $1000/ha (2013)[6], por lo que se pueden desarrollar entonces sistemas de producción con renta neta de hasta 750 mil por cada millón comercializado.
Si en otros países se ha demostrado el potencial de este tipo de agrosistemas, acá es cuestión de apuntar con una política de Estado contundente a un sistema productivo eficiente con el uso de recursos. Ningún otro mejor que el orgánico, que puede hacer aprovechamiento circular de insumos del mismo arroz y utilizar los desechos de producción animal. Al fin de cuentas, el mundo requiere una transición tecnológica.
Necesidad y oportunidades
La gran ventaja de nuestra desventaja productiva actual, es que para llenar el vacío se puede innovar y propiciar esa transición a modelos productivos que no dependen de insumos de importación, mientras los sistemas ya existentes también apuntan a adaptarse.
Es un hecho que el país cuenta con riquezas de tierra y agua suficientes para generar autosuficiencia alimentaria. Solamente debemos ser capaces de generar sistemas de aprovechamiento distribuido del recurso hídrico en unidades de producción de pequeña y mediana escala en los territorios en lugar de grandes e impactantes embalses para exportadores de azúcar o desastrosos proyectos de riego para pastos ganaderos en los que el SENARA invierte cuestionablemente millones de dólares desde hace años. [7]
La cosecha de lluvias es posible con sistemas de aprovechamiento de escorrentías en pequeños reservorios, para propiciar el riego permanente y la inundación temporal requerida por el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) que permite alto rendimiento. Por ejemplo, en un clima tropical seco como el de Liberia, por kilómetro cuadrado se pueden cosechar 100 millones de litros de agua con los datos de precipitación promedio registrados para el mes de mayo.
También sería posible autorizar sistemas de almacenamiento de los volúmenes de escorrentía de los caudales máximos en afluentes, incentivando la inscripción de aprovechamientos con tarifa diferenciada en los meses de mayor precipitación, de forma que se permita disponer artificialmente de humedad en el suelo tempranamente, para mitigar el efecto de meses muy secos.
Incluso en zonas alejadas de cuerpos de agua, se pueden alimentar estos sistemas de almacenamiento de agua cosechada en época de lluvias desde cauces para fines de producción alimentaria, mediante uso de cisternas como mecanismo de subvención del Estado.
Es importante garantizar que los sistemas productivos respeten los límites ecológicos de los regímenes de humedal y no haya un crecimiento insostenible de la demanda en los meses más secos para proteger también la biodiversidad y el uso múltiple del agua en los territorios. También la política pública debe apuntar a priorizar el acceso a fuentes de agua para seguridad alimentaria y en lugar de la agroexportación, incentivando el cambio productivo.
Beneficios al consumo
Los beneficios obtenidos mediante estos sistemas de producción para el consumidor también son un hecho. Primero que todo, en la salud, pues se asegura una calidad e inocuidad del producto básico con su producción orgánica, bajando el riesgo de desarrollar cáncer por consumo sostenido de agrotóxicos usados actualmente.
En término de precios, si existen centros de procesamiento semi-industrial distribuido en las unidades de producción, además de disponer fuentes de trabajo, se logra bajar los costos de transporte, tanto para el pilado como para la distribución comercial final. Se pueden ofrecer así precios competitivos que incentiven el consumo local y lo consoliden, hasta superar la dependencia de importaciones y desarrollar la capacidad de sostener un nuevo sistema de precios autónomo y soberano.
Producciones colectivas de arroz agroecológico en Brasil. Fuente: mst.org.br
Al incentivar la participación de la pequeña propiedad rural en este modelo económico de autosuficiencia, se erradicará el control centralizado de las decisiones económicas en una sola corporación privada, donde concertan sólo grandes productores y accionistas. Además se genera resiliencia adaptativa por el uso de semillas locales y se puede a mediano plazo desarrollar una capacidad de aprovechamiento de las bonanzas para compensar los años de menor producción.
Extrapolar la propuesta arrocera a otros cultivos básicos
Es urgente la recuperación pública de la producción de granos básicos y la pluralización productiva mediante la ampliación de la base productiva en pequeñas producciones locales con mercado garantizado. Los frijoles y el maíz son granos de producción precolombina con inmejorable adaptación a nuestros suelos orgánicos y altos rendimientos históricos para sustentar los pueblos de nuestra región. Además, estos mercados también están acaparados por importaciones.
En estas circunstancias en que se vislumbra una recesión económica, las posibilidades de ingreso por cultivo a pequeña escala toman más importancia. Es tiempo de apostar por la recuperación de la economía basada en la producción alimentaria soberana de granos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo costarricense y erradicar de una vez por todas, el hambre, que es una de las más intolerables formas de violación a los derechos humanos más básicos en el mundo.
Desde FECON, hacemos un llamado al ministro de agricultura para atender nuestras propuestas para la implementación de agricultura ecológica en el país como política de Estado.
[1] Un cálculo desde 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales para granos básicos. De maíz blanco (16.000) y amarillo (150.000), fríjol (41.000) y arroz (76.000) si se quiere abastecer la demanda nacional. https://bit.ly/3c8rDAS
[3] Al precio actual del arroz en recibidor estimado con un dato modelar de costo/rendimiento registrado en un cultivo orgánico en Ecuador. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd
[4] Evaluación del Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero SICA en en Municipio de Purificación de Tolima. Fuente: https://bit.ly/2z7QF4s
[5] Estimación con base en datos. Solo el 35% de lo que se consume se produce en el país (Indarroz), Son 36.000 hectáreas sembradas entre 2017 y 2019 (Conarroz). Fuente: https://bit.ly/3flGqdq
[7] Véanse los conflictos PAACUME con la Reserva Lomas Barbudal y los conflictos comunales con proyectos de riego del SENARA para sociedades de usuarios privadas en Puntarenas
Imagen de cabecera: Cultivo agroecológico de arroz en Brasil. Fuente: mst.org.br
Luego de justificar nuestra propuesta agroecológica, para una transición hacia la agricultura ecológica comunitaria, hacemos formal solicitud al Ministerio de Agricultura (MAG) de lo siguiente:
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; (…)
2- Que estamos enfrentando la primera etapa de una emergencia que va a dejar repercusiones económicas globales. El sistema agrario nacional en cuando a producción de granos básicos presenta deficiencias graves que provocan una bajísima participación en la economía global de Estado, por enfatizar en la visión de libre mercado y desventajas comparativas. Es tiempo de plantear acciones con criterio científico que se proyecten en el corto, mediano y largo plazo.
Señalamos y proponemos a la rectoría de la administración agraria, representada por el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG)
1- No es tiempo de flexibilizar el registro de agrotóxicos. Se ha demostrado que la producción orgánica aumenta rendimiento por encima de los métodos convencionales y con uso de químicos, como lo demostró con datos comparativos Acosta (2011) Citamos:
“Mediante el uso de fertilizantes orgánicos los productores que han adoptado el SICA han podido comprobar como mediante la eliminación del fertilizante sintético y la abolición del uso reiterativo y toxico de herbicidas, los cultivos producen más arroz debido a que se mejoran paulatinamente las condiciones biológicas de los suelos y el incremento de poblaciones de macro y micro fauna (Uphoff, 2007).”
La valoración de esa política de flexibilización debe ser detenida y descartada inmediatamente.
2 -Promover políticas que desincentiven el consumo de fertilizantes químicos e insumos agrotóxicos como plaguicidas, para bajar progresivamente la dependencia de esas tecnologías nocivas.
3 -Incentivar la producción agroecológica de granos básicos mediante políticas de apoyo para el acceso sostenible a aguas mediante coordinación con SENARA y el MINAE, a tierras cultivables a través INDER y apoyo del CNP para la sostenibilidad productiva fortaleciendo y ampliando las redes de comercialización y consumo de los sistemas de comercialización.
4- Integrar a la Universidades Públicas a las redes de apoyo del sistema de producción agroecológica de pequeñas unidades productivas, de forma que también colaboren activamente en la formación y asesoría en el campo, así como de la innovación tecnológica necesaria para potenciar el campo agrario en el país.
5 – Limitar la frontera agrícola para monocultivos de exportación mediante moratoria a nuevos permisos y priorizar el trámite de acceso a recursos para proyectos de autosuficiencia alimentaria de granos básicos, de forma que se garantice el acceso a suficientes tierras cultivables óptimas para estos fines.
6 – Priorizar financiamiento a pequeña producción agrícola de granos básicos y desarrollar un sistema de subsidios públicos para aumentar la incorporación progresiva y sostenible de pequeños productores a la participación en la producción global de alimentos.
7 – Garantizar la protección a los ciclos de reproducción de la semilla criolla y a la producción campesina tradicional descartando toda iniciativa que imponga los modelos de patentes sobre los sistemas tradicionales.
05 de mayo de 2020
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?
Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.
Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.
Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.
También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.
Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.
La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.
¿Cómo se van reorganizando y generando propuestas desde el movimiento social costarricense para hacer frente a la crisis estructural que ha evidenciado la alerta de pandemia por cornoavirus?
La comunicadora Valeria Morales Núñez desde la Asociación Voces Nuestras nos trae el reporte con entrevistas a representantes de la Alianza por una Vida Digna y de la FECON -Federación Ecologista-.
La Federación Ecologista (FECON) se encuentra articulando con diferentes organizaciones sociales para impulsar propuestas justas y combativas ante la crisis del Covid-19. Desde el 2 de abril publicamos un comunicado de FECON exponiendo 12 propuestas basadas en nuestros valores organizativos y en rechazo directo a propuestas neoliberales presentadas por la UCCAEP al Gobierno de Carlos Alvarado.
Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas.
Esto significa que se deben establecer mecanismos de gestión público-comunitaria para la recuperación de la soberanía alimentaria del país. Los tratados de libre comercio ahogaron la producción local de alimentos y ahora nos ponen en indefensión ante el impacto internacional de la crisis de la salud.
La atención económica de la emergencia
El Estado tiene el desafío de hacer sostenible económicamente la atención de cientos de miles de personas afectadas por reducción de ingresos, recortes de jornadas laborales, paralización económica total, como por la pobreza estructural del país que supera el millón de habitantes. Sin las necesidades económicas cubiertas las medidas de aislamiento social son inviables.
Carlos Alvarado expresó que “en este momento el gobierno cuenta con recursos económicos suficientes para manejar los primeros tres meses de la emergencia”. Indicó además que “el Ejecutivo maneja actualmente cuatro alternativas para extender la atención luego de esos tres meses, que son: 1) Reducción o redistribución del gasto, 2) más ingresos con impuestos, 3) recurrir a más endeudamiento con el FMI, 4) generar política monetaria.”
Llamado de las organizaciones
Desde siempre y ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Casi cuarenta años y esta nueva crisis sanitaria internacional demuestran que es un modelo absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos.
Consideramos que el Gobierno debe analizar otros planteamientos creativos, con criterio de realidad y sin condicionamientos especulativos del capitalismo financiero. El modelo neoliberal requiere salidas urgentes y la participación ciudadana organizada es vital para construir las nuevas alternativas. Hay que combatir las desigualdades con propuestas que apunten a la justicia social, ambiental y de género, para incidir en las acciones del gobierno ante la crisis.
El Primer Congreso Ecologista 2019 será un espacio de análisis y reflexión interno del movimiento ambiental costarricense, enmarcado en los 30 años de la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON).
