Información del Boletín Legislativo de la Rectoría de la UCR
De no llegarse a un acuerdo en la Comisión de Enlace para el FEES 2024, el presidente legislativo Rodrigo Arias podría convertirse, eventualmente, en un buen interlocutor entre CONARE y el gobierno, dijo el rector Gustavo Gutiérrez.
Este lunes 17 de julio, el presidente del Congreso recibió a los rectores y rectora de universidades públicas en su despacho en Cuesta de Moras.
Tal como lo expresó el rector, tras la sesión de la Comisión de Enlace la semana anterior, los rectores, la rectora y la representante estudiantil de las universidades públicas consideran insuficiente la propuesta de financiamiento presentada por el gobierno, ante la disminución en el presupuesto que ha sufrido la educación superior pública en años pasados.
«Seguiremos insistiendo en utilizar las vías institucionales necesarias para que las universidades tengan un presupuesto justo que permita responder a las grandes necesidades de Costa Rica», informó.
Arias Sánchez dijo por su lado que da seguimiento al tema por el interés que representa para el país y porque la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa podría tener participación en este diferendo, «espero que eso no suceda, espero que prevalezca la cordura y que el dialogo fructifique».
Las sesiones de la Comisión de Enlace se retoman el 1 de agosto, debido a que el gobierno desarrolla una agenda especial para el 25 de julio que celebrará en la provincia de Guanacaste.
Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).
Consejo Nacional de Rectores
Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.
Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “seevidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense”
Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.
Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.
Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.
Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)
También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.
“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)
Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.
Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:
Esto fue lo que afirmó el ministro de Hacienda Nogui Acosta, al responder una pregunta de Onda UNED “sobre el mandato constitucional de que la negociación del FEES se realice cada cinco años”. Semanario Universidad.
El texto completo de la respuesta es: “la realidad está por encima de las disposiciones, tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable en este momento y hemos convenido en la necesidad de analizar la realidad económica del país para tener acuerdos”. Idem.
Al respecto de la pregunta, se impone aclarar que en “el mandato constitucional” no se menciona la palabra “negociación”. Y vale la aclaración para decir de nuevo que, a fuerza de no cumplir, por parte del gobierno, con lo que la Constitución manda, a algunos les ha quedado ya en su entendimiento y han aceptado que hay que “negociar” el FEES.
Lo que la Constitución manda, en su artículo 85 es: “…cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”.
Por otro lado, el texto de la respuesta del ministro Acosta dice: “…tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable… y hemos convenido…”. Hay que poner la atención debida en eso.
Por otro lado, la ministra de Planificación, Laura Fernández: “…manifesté a los señores rectores abiertamente la molestia de mi ministerio … el plan de la educación superior está alineado con el actual Plan Nacional de Desarrollo … cuando hoy … a pesar de que lo han puesto por escrito y en videos … el ejercicio de alineamiento con el actual no se ha realizado”. Idem
Entonces, debemos entender y atender que, la señora ministra está molesta porque no se le ha hecho caso.
Pero volvamos a la afirmación del ministro Acosta, “La realidad está por encima de las disposiciones”.
¿De verdad cree eso? La respuesta es obvia.
Entonces, por lo visto él está hablando de una “disposición” más, como cualquiera otra.
Pero de nuevo, hay que hacer otra pregunta: ¿La realidad de quién? No puede ser que alguien y cada persona o unos pocos, vayan imponiendo su realidad al mundo, ignorando marcos jurídicos ordenadores de convivencia para toda una comunidad de país.
Debe quedar claro: Esa es la posición del ministro, pero el ministro no está solo ni esta afirmación es a título personal: él es parte de un equipo de gobierno, ergo.
Debe valorarse si estas afirmaciones del ministro pueden constituir un acto que implica la subversión del orden público y estar en disposición con el devenir de esto.
Señor presidente usted se equivoca, empobrecer y despreciar la educación pública es ajeno a la tradición costarricense, incluso en las mayores crisis la educación de excelencia sigue siendo la respuesta y la educación superior la mejor apuesta de futuro para el país. En Costa Rica existe un hilo, un hilo democrático que atraviesa buena parte de nuestra historia republicana: la educación pública.
Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación. Por presión de la ciudadanía se expandieron las escuelas a todo el territorio, la ciudadanía fue la que pidió la gratuidad y la obligatoriedad de educación. Los y las costarricenses hemos reconocido que la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos, porque primero hay una base que es la fortaleza de un sistema educativo público, eficiente y de calidad en el que estamos llamados a seguir trabajando tanto usted como yo.
En 1998 la educación se fortaleció en el artículo 78 de la Constitución Política que fijó un piso presupuestario correspondiente al 6% del Producto Interno Bruto y, en 2011 se volvió a reformar para fijarlo en el 8%. Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna para que, por más compleja que fuera la situación, se garantizara los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho.
Esas asambleas legislativas visionarias sabían que, en el momento en el que fuera amenazada la educación, estaban amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como su gobierno lo está haciendo.
Presidente, cuando quiera hablar sobre el tema de fondo, aquí vamos a estar. Cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros.
Este fue el mensaje del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica para el presidente Rodrigo Chaves.
Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.
Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.
Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.
Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.
También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.
Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.
“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.
Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.
Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.
Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.
Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”
Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.
Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.
Entre los puntos planteados contiene:
Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
Lanegociación del FEES en la Comisión de Enlace
Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.
De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?
El gobierno por su parte, en el documento titulado:
“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:
En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).
Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).
Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:
“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:
“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).
Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
13 de junio del 2023.Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”
Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:
El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:
En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de “Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.
Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.
Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.
La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.
Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?
Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.
La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza
Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.
Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.
La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.
En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.
En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.
No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.
Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.
Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.
De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.
Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:
“Artículo 167.- Principios generales tributarios
Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”
Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.
Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)
Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.
Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.
La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.
Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.
Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.
El CONARE, la rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica, la FEUNA y el SITUN convocan a la comunidad universitaria y nacional a participar el próximo martes 20 de junio a las 9:00 a.m. de la marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores, saliendo del Parque de la Merced
Habrá transporte a partir de las 7:00 a.m. saliendo de la Plaza 11 de abril, Campus Omar Dengo.
• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.
13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.
Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.
Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.
Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.
En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.
Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.
Los estudiantes mantienen la posición de que “¡La educación no es un negocio, es un derecho!” y es importante respetar el presupuesto asignado que establece la Constitución Política en el artículo 78.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.
Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.
En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.
También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.
Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.
“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.
Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.
Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:
Exclusión de las Universidades Públicas y a toda la educación pública de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635.
Generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos tres años, un porcentaje escalonado lo más cercano al 8% según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar los mecanismos para alcanzarla para que consecuentemente no haya un detrimento en el porcentaje de inversión en educación, como ha sucedido en los últimos siete años.
Eliminación de los indicadores impuestos a las Universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores pueden violentar la autonomía de las universidades. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
Construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Públicas para la atención de la crisis educativa a partir del diálogo y acuerdos multisectoriales.
Respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la primera de reducir las cargas laborales, un aumento real al salario que responda al costo de vida, y que se elimine el “salario global transitorio”.
Establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FEES 2024 que sea del FEES 2023 + 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2022.
Un crecimiento en términos reales del presupuesto del FEES que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo dicta el artículo 85 constitucional.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Este viernes 14 Alternativas ofrece un panel con las siguientes personas: Clareth Calderón Monge, secretaria general de la FEUNA; Manuel Zumbado, exdirigente de FEITEC; y Karen Marín Arguello, presidenta de la FEUCR. La transmisión iniciará a las 6 de la tarde.
