Los Chiles, 22 de marzo de 2023. El día de hoy cuatro patrullas y un bus de la Fuerza Pública ejecutaron un desalojo administrativo a más de 30 familias del asentamiento Las Vegas, ubicado en Pavón de Los Chiles, Provincia de Alajuela.
Este grupo se organizó recientemente para poner a trabajar estos terrenos ante la crisis económica, la pobreza y el desempleo que azota la región. El gobierno, INDER y las fuerzas policiales optan por esta medida represiva, en lugar de encaminar una solución a la problemática de las familias que integran el asentamiento.
Por si esto no fuera poco, los cuerpos policiales detuvieron a ocho personas, incluso a una de ellas llegaron a perseguirla hasta otra finca, lo cual refuerza la ofensiva represora contra este grupo campesino.
De parte de la Alianza Campesina denunciamos este desalojo contra el grupo de Pavón, ya que para nada representa una salida satisfactoria en favor de los ocupantes.
Exigimos la inmediata liberación de las 8 personas detenidas y el retiro de todos los cargos en su contra.
Llamamos al movimiento social, sindical, campesino y popular solidarizarse con esta lucha y denunciar la persecución y encarcelamiento acá acontecido.
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
A mediados del mes de noviembre, como parte de la presentación de las inversiones que las instituciones del Sector agropecuario han realizado en los territorios rurales, el Presidente Ejecutivo del INDER informó que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.
Según el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyen apertura y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación, infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020, el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.(ElPais.cr,12-11-2021).
Entre la inversión efectuada por el INDER en las diferentes regiones, se encuentra la que los habitantes rurales de la Región Brunca han recibido en este año 2021, por un total de ₡2 042 millones en proyectos, inversiones que incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras instituciones u organizaciones.
Como parte de esa inversión en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar Norte), con una estructura vital y relevante, para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso, cuyo objetivo principal es fortalecer la producción de frijol en los territorios rurales del país, proporcionando instalaciones óptimas de almacenaje, que garanticen productos seguros, competitivos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de los productores y de la reactivación económica en esos territorios. (INDER,26-11-2021).
Igualmente, el INDER ha invertido, en la construcción de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas, a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Zeledón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto.
En esta iniciativa invirtió más de ₡124,6 millones, para el beneficio de 15 familias que integran la Asociación, en un proyecto que beneficiará a productoras de comunidades como Pejibaye, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arco Iris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo, entre otras.
En el mismo sentido, el INDER realizó la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos a productores del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. La inversión total fue cerca de ₡6 millones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de sus productos.
Los beneficiarios son 7 productores de las comunidades La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguas Zarcas y los asentamientos El Futuro, El Sahíno en Pital de San Carlos y La Españolita y Sevilla XXI de Río Cuarto.
En otra de las iniciativas de inversión, el INDER ha apoyado a Coopehorquetas en el territorio de Sarapiquí, con inversiones cercanas a los ₡149 millones, mediante la que se construyeron las instalaciones de la planta con una inversión de ₡75.8 millones de inversión en la infraestructura, además ha recibido ₡52,1 millones en equipos e insumos para mejorar la producción y se les ha entregado créditos hasta por ₡20 millones.
La organización está conformada por 40 asociados más otros 10 productores independientes. Actualmente, en la planta se procesan cerca de 10 mil palmitos por día que se comercializa con la empresa Nova International Company Foods dada la alianza entre ambas, además la cooperativa es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional del CNP. (Inder,17-11-21).
Otro de los proyectos que ha contado con la inversión del INDER es la infraestructura del microbeneficio para el procesamiento y comercialización del café, a cargo de las mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí. proyecto que consiste en la instalación de un micro beneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final.
En estas obras, el INDER invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros ₡30 millones, las beneficiadas directas son las 14 mujeres asociadas a la organización y sus familias, además de otros productores que puedan procesar su producto en el lugar. (INDER,23-11-2021).
Po su parte, el INDER ha contribuido también en la conectividad a internet de las comunidades rurales, ya que recientemente se llevó a cabo la entrega de ₡456 millones por parte de esta institución para el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios rurales de la Región Central del país.
Esta Iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L. y el INDER y la inversión total es de ₡1.139 millones, de los cuales Coopesantos R.L. aportará ₡683 millones y el INDER ₡456 millones. Los territorios rurales beneficiados son Los Santos; Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión; Acosta-Desamparados-Aserrí; y Puriscal-Mora-Santa Ana-Alajuelita-Escazú.
A este proyecto se une el que llevan a cabo el INDER y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, COOPELESCA R.L., para la colocación de 50 kilómetros de fibra óptica en cinco comunidades de la Zona Norte, para el beneficio de cerca de 5.200 habitantes de La Victoria, La Españolita, Ramón Brenes y Los Lagos en Río Cuarto, y la Unión de Monterrey en San Carlos. La inversión es de ₡529,5 millones, de los cuales el Inder aporta ₡370,7 millones y COOPELESCA ₡158,8 millones. (INDER,23-11-2021).
La información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la brindada a inicios de este año, en cuanto a que la institución trasladaría a los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más de 3.532 familias como parte del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.
Entre el 2019 y el 2020 la institución invirtió en este programa ₡4.400 millones, monto que aumenta de manera significativa para este año con la finalidad de fortalecer la reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.
Igualmente 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción, aporte que se brinda entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales a las economías rurales.
Del total de 6.300 mujeres beneficiadas, 4.850 fueron apoyadas con iniciativas del programa “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, adicionalmente, otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios, a través de los programas de “Crédito Rural”, parte de la Estrategia Motor Rural 2020.
El expresidente Ejecutivo del INDER había afirmado en ese momento que, “esta inversión nos permite impactar positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad que hemos asumido y que fortaleceremos durante este 2021 con el objetivo de apoyar la reactivación desde los territorios rurales”. (ElPaís.cr,1-4-2021).
La inversión productiva y el apoyo a los emprendimientos rurales es un esfuerzo que se ubica en el camino de la reactivación económica que el país requiere en este período post pandemia, especialmente en las áreas rurales, en las que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad suelen ser más altos.
También recientemente se presentó el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT).
como un instrumento que busca darle mayores herramientas a las instituciones públicas del país para evidenciar las brechas existentes entre las zonas rurales y las urbanas en las diferentes dimensiones de su desarrollo y con ello poder generar estrategias territorializadas para la reducción de las inequidades.
Con el IDRT se posibilita medir a nivel distrital las brechas del desarrollo existentes en cada uno de los 29 territorios y entre los territorios rurales y con ello, orientar la inversión pública, no solo del INDER sino del conjunto de actores del Estado costarricense. Dicho índice se constituye en una herramienta que, permita dar seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo rural y generar las estrategias de articulación y coordinación de los actores públicos con alianzas privadas, para una efectiva gestión e inversión que potencie el desarrollo y disminuya las brechas existentes.
Los indicadores que componen cada uno de los ejes estratégicos se enfocan en la medición del bienestar y la cobertura de la oferta pública que inciden en los hogares, evidenciando las desigualdades territoriales de las zonas rurales del país. (INDER,24-11-2021).
La inversión en el desarrollo de las comunidades rurales y el seguimiento de los indicadores de desarrollo rural por parte del INDER, podría ser uno de los eventuales logros en el balance final de la actual Administración, que los actores sociales debieran tratar de evaluar.
Después de 18 años de fundado el asentamiento campesino El Paraíso se presentan amenazas de desalojo, ya que recientemente patrullas policiales estuvieron rondando la comunidad rural para desalojar a las familias parceleras. Jurídicamente, esta expropiación de la Finca Frank Farah en Venecia de San Carlos está vigente según lo dispuesto por La Gaceta Nº 107 del jueves 5 de junio del 2014 y que está ratificado por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Es por ello que se remite una solicitud al señor Michael Soto Rojas, ministro de seguridad por parte de la Asociación de Productores del Paraíso, donde se expone todo el proceso legal que se ha llevado a cabo en conjunto con instituciones del gobierno y aparato estatal. Además, se reitera con entero fundamento el decreto N.1490-2020 sobre “disposiciones administrativas para la suspensión de desalojos solicitados por instancias judiciales durante la declaración de emergencia nacional por Covid-19”, esto, con el fin de evidenciar que en estos momentos de crisis sanitaria esta comunidad es doblemente vulnerable.
Adjuntamos la documentación formal anteriormente mencionada:
Dylanna Rodríguez Muñoz Docente de la Universidad de Costa Rica
“Vamos caminando, aquí se respira lucha” una frase que hierbe en carne viva cada vez que llego a Medio Queso, aquella comunidad en Los Chiles que el 8 de abril del 2011 se empezó a construir a partir de un proceso organizativo de personas campesinas que llenas de miedos y esperanzas, recuperaron una finca, que hoy es su hogar.
En cada rincón de El Triunfo -nombre actual del asentamiento-, la lucha huele a maíz, sopa de gallina, frijol tierno y yuca cocida, todos productos cosechados ahí, en esa tierra defendida y resistida frente a múltiples violencias que desde el día uno han estado presentes. Una comunidad en la que habitan las contradicciones, los dolores, las alegrías y los horizontes.
A manera de contextualización: el 8 de abril del 2011, aproximadamente 315 familias ingresaron a la finca Naranjales Holandeses S.A -arrendada por un empresario de la zona-, luego de una serie de reuniones organizativas en las que de forma colectiva se decidió recuperar tierra para vivir y trabajar, un derecho que les ha sido negado históricamente.
Con comida, ollas, animales y leña, la caravana penetró lo que parecía un sueño adrenalínico. Desde ese día y hasta noviembre del 2012, las familias fueron desalojadas en 6 ocasiones, de formas absolutamente violentas no sólo físicas sino también, emocionalmente. Las violencias no sólo las orquestó quien era el arrendatario, sino también, distintas instituciones estatales que para ese momento protegieron los intereses privados por encima de la vida misma de quienes con dignidad han construido formas de sobre vivencia, ante un estado incapaz de resolver la necesidad de tierra del sector campesino del país. Paradójicamente, instituciones que se supone defiende los derechos de poblaciones específicas (IMAS, PANI) se sirvieron de la situación para vulnerar su condición, lo cual es totalmente cuestionable e inaceptable, pues frente a cualquier escenario debe primar la garantía de los derechos fundamentales de las personas.
Los desalojos se detuvieron luego de que se filtrara un audio en el que un subteniente de la Fuerza Pública de apellido Sanabria, dictaba indicaciones a oficiales de seguridad privada, para que dispararan a la cabeza de las personas campesinas. Un hecho que quedo impune, demostrando que hay unas vidas que importan y otras que no y dejando al descubierto la criminalización hacia quienes defienden sus derechos.
Tras presiones de la comunidad, organizaciones, partidos y algunos sectores de las universidades públicas que acuerparon la defensa de la recuperación de tierra en El Triunfo, el Estado realizó la expropiación y comenzó el proceso de estudio a las familias para la asignación de parcelas a través del Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, camino que tampoco ha sido fácil: trabas institucionales al inicio, familias no clasificadas, el contexto transfronterizo y de extractivismos, las dinámicas laborales y comunitarias.
Sin querer profundizar, pero reconociendo que es un tema de suma importancia para comprender la dinámica del territorio en la que se inscribe esta lucha, resaltar que mientras las familias campesinas han tenido literalmente que jugarse la vida en esta lucha, el agronegocio campantemente y con políticas estatales que le favorecen, se expande por la zona dejando estragos y profundizando el empobrecimiento, que ya de por sí es la tónica de la región.
Dichosamente, para este momento el INDER se encuentra entregando insumos y semillas que permitirán a las familias campesinas del asentamiento mejorar las condiciones para la siembra.
Llegué a Medio Queso -como le digo por costumbre- hace 8 años para proponerles recuperar la historia de su lucha, su respuesta fue una sonrisa y un plato de elotes con mantequilla que saboreo en la memoria; desde ese día se sembró una semilla en crecimiento, que se abre en flor.
Medio Queso es un retrato de eso que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina y en el que la dignidad no conoce fronteras, es un pueblo con personas llenas de fe y esperanza que caminan hacia adelante, trazando un camino imperfecto en el que van creando, pintando, soñando un mundo más humano, solidario y justo… “sin piernas pero que camina”.
En estos 10 años celebro con admiración y cariño profundo, la resistencia de mujeres, niñas, niños, hombres, adultos mayores, migrantes y nacionales, la valentía y persistencia con la que asumen las complejidades internas y externas. Celebro su trabajo, sus saberes y la fuerza con la que todos los días forjan precedentes para las familias sin tierra frente a un sistema que despoja de todo aquello que da vida.
Celebro las noches cantadas, los conocimientos compartidos, los aprendizajes germinantes, el abrazo cómplice y la sonrisa desbordada, que son aliento y luz en medio de un contexto desafiante que no nos deja de sorprender.
Mi sentido homenaje a las compañeras y compañeros de Medio Queso por enseñarnos que la vida no se compra… se vive y se comparte.
La mañana del 20 de enero, 43 familias fueron desalojadas por las autoridades policiales en Las Orquídeas, Puerto Viejo, Sarapiquí. Estas tienen alrededor de 2 años cultivando plátano, yuca, malanga, palos frutales y pese a eso, les botaron los ranchos, lugar en el que estas personas habitaban. Las personas afectadas indicaron que el INDER, institución que debe velar por el desarrollo rural, desaloja a sus familias y les envía a la miseria.
A continuación puede dar click aquí para ver un video compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural. Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales.
Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:
Ruta al Desarrollo Rural, que incluyeun conjuntode proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.
Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.
Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros. El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.
Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.
Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias. Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.
Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)
La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019. Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.
Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria, p.1).
En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales. Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)
La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a estas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.
En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo. Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.
Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2. En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)
Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.
En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.
En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.
Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.
La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.
De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.
La problemática de las áreas rurales plantea una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente. (Porras, A. y Rivera, R.,2018)
A su vez, los factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, siguen siendo la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.
Consecuentemente es necesario ubicar las acciones institucionales propuestas por esta estrategia, en la perspectiva de la competitividad territorial y de los territorios innovadores y en la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social, a partir de que los territorios potencien los recursos naturales y humanos que poseen. (Alterdescr.com, oct,2019).
La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.
En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.
Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:
– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz. Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.
– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.
– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.
– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.
-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria
– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.
– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.
-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.
– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.
– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades. Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia. La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones
– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)
Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:
– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.
– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia. En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.
– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.
– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.
– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.
– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.
– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas. A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.
– el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.
– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.
– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.
– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.
– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.
– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.
– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).
Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.
No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).
En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.
Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.
No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.
La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.
La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.
El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.
El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.
La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura. El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.
Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).
Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.
La semana anterior tuvimos conocimiento de la firma del contrato de construcción de una nueva planta de procesamiento agroindustrial en la zona sur la cual promoverá el valor agregado de los productos de la región Brunca
La Planta de Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario de esta región se desarrollará con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que comprará la maquinaria; del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de la Municipalidad de Coto Brus y será administrada por el Consejo Nacional de Producción (CNP).
El proyecto, cuya inversión total es de ¢2.600 millones, estará ubicada en la localidad de Agua Buena, en Coto Brus contará con líneas de procesamiento para productos como hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.y con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo.
Además, desde allí se brindarán servicios de desarrollo de prototipos, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, y consulta técnica a productores de la zona.
Rogis Bermúdez, presidente del CNP, explicó que el objetivo del proyecto es incentivar la producción agroindustrial y que las asociaciones de productores puedan colocar sus bienes con un valor agregado en el país y según el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la iniciativa tiene el objetivo de atender a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región Brunca, zona en la que hay 15.651 agricultores.
“La idea es no solo que se entregue el producto, sino transformarlo. Por ejemplo, piña que no se compra en supermercados hacerla deshidratada, empaquetarla al vacío y venderla, o hacer pulpa para jugos”, destacó Bermúdez.
En tanto el presidente Alvarado afirmó que. “El propósito de construir esta moderna infraestructura es poder reactivar la economía de la región a partir de la innovación y aplicación de la tecnología en la agricultura”. (CNP, Comunicados,30-6-2020)
El jerarca del CNP comentó que la idea es replicar un proceso de desarrollo de valor agregado hecho en la zona norte, en donde hay 12 asociaciones que ya venden sus productos en el mercado. Esta iniciativa está ubicada en la región Huetar Norte y tendría un costo de 3.000 millones de colones.
Los Centros regionales de Valor agregado son mega proyectos para el procesamiento agroindustrial administrados por el CNP, que al igual que los mercados regionales para el comercio regional de productos agrícolas impulsados por el PIMA(ya se encuentra funcionando el primero en la región Chorotega con un costo cercano a los 28 mil millones de colones) son grandes inversiones estatales financiadas con recursos externos que pretenden integrar a los productores locales para ampliar la oferta de productos o realizar su procesamiento a gran escala, con el equipo y las condiciones tecnológicas más modernas.
El surgimiento de estos megaproyectos de comercialización o manejo postcosecha regional no son nuevos, tienen sus antecedentes en las plantas de procesamiento de hortalizas y tubérculos de Llano verde en la Fortuna de San Carlos, en la planta de acopio y manejo postcosecha de hortalizas en la Chinchilla en Oreamuno de Cartago y en la planta de acopio y comercialización de granos básicos en Cariari de Pococí, impulsadas por el CNP en la década de los años 80.
Estas plantas de acopio y de procesamiento de productos, con una fuerte inversión estatal y que pretendían involucrar a los agricultores de las regiones, funcionaron un período relativamente corto, fueron subutilizadas buena parte del mismo y terminaron abandonadas o trasladadas a alguna organización local.
Desde décadas anteriores, se ha debatido sobre la pertinencia y efectividad de la promoción y establecimiento de estas mega plantas en las regiones en manos de las instituciones, frente a la posibilidad de impulsar y apoyar pequeñas unidades de procesamiento agroindustrial en las comunidades rurales en manos de los productores y sus organizaciones con el apoyo de los centros de investigación y transferencia de tecnología de las Universidades públicas.
La agroindustria rural concebida como una opción de procesamiento de los productos agropecuarios en una escala pequeña, que favorece la reducción de las pérdidas postcosecha y la diversificación de los productos agroindustriales, generó en las décadas de los 80 y 90 una serie de experiencias asociativas y cooperativas ligadas a la agro industrialización de hortalizas, frutas, tubérculos, especies y lácteos.
La agroindustria rural resultó ser una alternativa de generación de ingresos, empleo y capacidades en las propias comunidades, que permite generar y retener valor agregado en la producción agrícola, fortalecer los sistemas agroalimentarios locales y convertirse en un elemento dinamizador del desarrollo rural (Masís, G.,2019)
En momentos de limitaciones en las finanzas gubernamentales, es importante sopesar la validez del modelo de los megaproyectos, que requiere una inversión millonaria, crea una infraestructura difícil de utilizar, incorporan a una reducida cantidad de agricultores y productos y son manejados por las mismas instituciones, frente al impulso de unidades agroindustriales y de comercio en pequeña escala, de bajo costo, para el procesamiento de productos con identidad territorial y con la participación directa de los agricultores en su gestión.
El propio Ministro de Agricultura había manifestado en una reunión previa a asumir el cargo, con respecto a los grandes proyectos como los mercados regionales, que estos proyectos estaban poco ligados a las necesidades de los agricultores y que había que promover pequeños proyectos de mayor impacto en las comunidades y regiones.
El Ministro de Agricultura y Ganadería ha anunciado una inversión de 2.800 millones de colones para apoyar al sector de granos básicos en el fomento de la producción y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el Consejo Nacional de Producción permitirá incrementar el área de producción en 3.400 has y la producción nacional de frijol en 1.900 TM adicionales a partir de la próxima cosecha 2020-21.
El plan incluye tres proyectos, el primero de los cuales consta de la inversión de 1.200 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, para la compra y distribución de semilla certificada de arroz y frijoles entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca.
Según el Presidente Ejecutivo del CNP la semilla se entregará a los productores con menos de 4 Has de tierra, que representan el 60% de la fuerza productiva nacional. Por su parte en el segundo proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural inyectará 800 millones adicionales para aumentar la compra de frijol nacional por medio del programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
El tercer proyecto con aporte de 250 millones del FODESAF, que serán invertidos en la compra de dos cámaras de refrigeración, una en la zona norte y otra en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos en condiciones adecuadas, que permitirá conservar cerca de 30 mil quintales de grano en espacios de almacenamiento climatizados con los que se garantice la calidad del producto.
Según manifestó el Ministro Alvarado, “estamos decididos a fortalecer la producción de granos básicos, mediante la transferencia de tecnología, el uso de semillas certificadas y mejoras en las condiciones de comercialización para beneficiar a las familias productoras y a los consumidores”. (mag.go.cr, Noticias,9-5-2020).
Este nuevo plan de las instituciones del sector agropecuario podría ser similar al Plan para la Producción Nacional de Alimentos Básicos, ejecutado durante la II Administración de Oscar Arias, originado en los problemas de escasez y altos precios de los alimentos provocado por la crisis económica mundial del 2007-08 que derivó en una crisis de abastecimiento de alimentos.
En esa oportunidad el Gobierno promovió el aumento de la producción y la productividad del arroz, el frijol y el maíz blanco en las regiones antes mencionadas, con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones y en donde el abastecimiento de semilla se consideró un requisito indispensable sobre todo si se parte del principio de elevar la productividad, pues no se puede pretender la ampliación de las áreas de siembra si no se cuenta con la semilla necesaria para ese fin (Sector Agropecuario,2008)
Respecto a la ejecución de aquel plan, se cuestionaba que la crisis de abastecimiento surgía del desestimulo a la producción de granos iniciada hace dos décadas, el cual redujo sustancialmente los programas de investigación y transferencia, disponibilidad de infraestructura y el acceso a los programas crediticios.
El Plan de Alimentos anterior logró un éxito relativo en el aumento de la producción y la productividad del arroz y del frijol en un período de dos años, cuando se suspendió su ejecución, pero demostró que se puede elevar la productividad y mejorar la producción de granos, actividad tradicionalmente relegada, con la introducción de tecnologías de producción y manejo postcosecha apropiadas a las unidades de producción familiar. (Masís, G. Revista Ambientico Nª178,208).
Con el anuncio del nuevo plan de granos básicos, el ministro está siendo consecuente con los comentarios vertidos en su red social personal sobre el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población, pero también es congruente con el pronunciamiento de la FAO sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, cuando afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).
