En el marco de la marcha contra la expansión piñera de este lunes 15 de mayo de 2017 se interpondrán dos acciones legales contra dos decretos que para personas ecologistas, agricultoras, apicultoras, pueblos indígenas y demás firmantes lesionan la agricultura indígena y campesina en beneficio de grandes compañías y empresarios de la agroindustria.
Los decretos en cuestión son el N°40300 para registro de variedades de semillas y el otro es el decreto N° 40059-MAG-MINAE-S para el registro de agroquímicos.
Sobre las semillas. Al respecto del primero las personas demandantes lo consideran inconstitucional por cuanto entra en contradicción con el Convenio N° 169 de la OIT que vela por los derechos de los pueblos indígenas, ya que existiría una afectación directa sobre los mismos en el tanto se podría estar exigiendo la inscripción de sus variedades locales, tradicionales y criollas en un registro de variedades comerciales como requisito para el ejercicio del intercambio de semillas que por siglos han venido realizando de forma libre. A pesar de esta afectación directa, el Decreto no fue consultado a los pueblos indígenas.
Además, el decreto N°40300 abriría un portillo para que las semillas criollas sean inscritas a nombre de la Oficina Nacional de Semillas, lo que implica perder o violar el derecho de propiedad intelectual colectivo “sui generis” para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
Sobre los agroquímicos. En cuanto al decreto N° 40059-MAG-MINAE-S lo demandantes lo consideran inconstitucional porque permite el registro de agroquímicos sin que se realice una evaluación previa en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud. Además, elimina el mecanismo de participación ciudadana que hoy se aplica antes de otorgar un permiso y admite que se presente información sobre la toxicidad de los agroquímicos en inglés, cuando el idioma oficial de nuestro país es el español.
El decreto N° 40059-MAG-MINAE-S es parte de un paquete de tres decretos que el gobierno aprobó en menos de un año para flexibilizar sus registros disminuyendo los controles ambientales y de salud (FECON, 17-1-2017). El primer decreto en ser firmado y publicado fue el Nº 39461-MAG “Registro de Ingrediente activo grado técnico importados al país para la formulación de plaguicidas químicos en formuladoras nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o similares con fines de exportación”.
El segundo es el Decreto N°39995 que legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud. Este reglamento es para los agroquímicos que se registraron en el pasado cuando no habían suficientes estudios científicos disponibles que demostraran que esas sustancias no terminarían en nuestros platos, agua, aire y el ambiente en general. Este fue impugnado en la Sala Constitucional en febrero pasado (FECON, 13-2-2017).
Este lunes 15 de mayo a las 10 a.m. se estará llevando a cabo la marcha en defensa del humedal Térraba Sierpe contra la expansión piñera frente al Museo Nacional.
3000 mil nuevas hectáreas de cultivo de piña afectarían patrimonio arqueológico y Humedal Térraba Sierpe
Sospechan que fincas se destinarían a la siembra de piña transgénica
Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas se manifestarán el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera, frente al Museo Nacional y llegando a MINAE donde se presentará una solicitud de nulidad a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la siembra de piña en Osa (FECON, 21-4-2017).
En la marcha participarán representantes de comunidades del Caribe, Zona Norte, Puntarenas y otras comunidades afectadas organizadas en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP).
El detonante para esta manifestación ha sido el Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco al cual SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.
La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.
Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.
Las organizaciones manifestantes presentarán ante la UNESCO una solicitud para que evalúe el impacto que este proyecto tendría en el sitio arqueológico. Además, personas ecologistas y campesinas aprovecharán la jornada presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos de reglamento de agroquímicos aprobado por el Gobierno a inicio de año.
Este proyecto está incluido dentro de la evaluación arqueológica realizada por PINDECO para otros dos proyectos en Potrero Grande de Buenos Aires, uno es la Finca Los Ángeles Superior de unas 1200 hectáreas donde PINDECO determinó la presencia al menos 12 yacimientos arqueológicos pero no se descarta la existencia de otros yacimientos. El otro proyecto es Finca Los Ángeles Inferior, de unas 1000 hectáreas y se determinó la presencia al menos de cinco yacimientos arqueológicos. (ver Licitación 02- 2017 GOP Servicios Profesionales Consultoría y Evaluación Arqueológica, Del Monte).
¿Piña transgénica? La Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado discute en este momento la aprobación de un protocolo para la exportación de piña genéticamente alterada (transgénica) llamada «Piña Rose»(Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011). Esta “investigación” fue aprobada por la CTNB para PINDECO en 2011 y ha implicado sembrar este tipo piña en Buenos Aires de Puntarenas bajo un permiso de “siembra semicomercial” y no para el consumo del producto, sin embargo ecologistas tienen fuertes sospechas que los proyectos en cuestión sean para el cultivo expansivo de este tipo de piña.
Quienes convocan a la marcha del 15 de mayo consideran que el MINAE y Museo Nacional deben accionar procesos legalmente establecidos para realizar una evaluación ambiental estratégica en la cuenca del Térraba-Sierpe y no facilitar la destrucción de sitios de importancia mundial, el cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas.
Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165
Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de noviembre del 2012, en defensa del Caja Costarricense de Seguro Social
Entre lunes 3 y jueves 6 de abril se realizará la audiencia de juicio del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en el que ocurrieron los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partico Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El 08 de noviembre de 2012 cientos de personas de distintas comunidades de Guanacaste y de Occidente del Valle Central en Costa Rica, junto con diversas organizaciones y activistas costarricenses preocupadas y preocupados por el futuro de la seguridad social en este país, se movilizaron para exigir que se detuviera los recortes en los servicios de salud en sus comunidades.
La democracia contemporánea se ha mostrado incapaz de resolver las demandas de la sociedad civil y particularmente de los sectores más vulnerables debido a la primicia de los intereses de las grandes corporaciones sobre los bienes comunes y los derechos sociales. Ante ello, el derecho a cuestionar el derecho se vuelve ineludible. Cuando el Estado ejerce represión entre actores y movimientos sociales que cuestionan el derecho, acomete dos actos de violencia: por un lado desatiende las problemáticas denunciadas por la protesta social y por otro lado criminaliza, encarcela, desaparece y enjuicia a las voces más críticas de la sociedad.
Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica
Luchadores sociales de Costa Rica a juicio penal en abril por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de NOVIEMBRE de 2012, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social
Denunciamos que se trata de un caso de persecución política y de criminalización de la protesta social; solicitamos solidaridad nacional e internacional
El Colectivo Derecho a la Protesta Social, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución política del Estado Costarricense, contra ciudadanos y luchadores sociales, que se manifestaron en defensa de la SEGURIDAD SOCIAL de este país, en el mes de noviembre del año 2012.
El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica organizada por varias comunidades del occidente del Valle Central, Puntarenas y Guanacaste; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social que se tradujo en un deterioro del servicio, la reducción del horario de atención de emergencias por ejemplo de 24 a 12 horas, que se traducía incluso en pérdida de vidas humanas que pudieron haberse evitado. La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades. Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como Presidente Ejecutiva de la CCSS. Sin embargo las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institución, por lo que se mantuvieron al costado norte del edificio central de la Caja esperando que permitieran que un comité entrara a entregar el pliego.
Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, dirigida en ese momento por el comandante Raúl Rivera y bajo las órdenes del hoy Magistrado, Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como viceministro de seguridad, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias. La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió mucho más de lo previsto. En horas de la tarde se apersonaron varios diputados del PAC, entre ellos Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Granados, también el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quienes, como consta en varios videos de la prensa televisiva, también fueron agredidos por la policía. Los últimos arrestos ocurrieron en medio de una brutal represión policial en contra de estudiantes universitarios y funcionarios públicos, a eso de las 6:00 p.m.
Las y los manifestantes no solamente fueron arrestados y arrestadas sino que muchas y muchos de ellos fueron enjuiciadas y enjuiciados en los tribunales de Flagrancia y Contravencional siendo absueltas y absueltos de toda pena y responsabilidad.
Entre el lunes 3 y el jueves 6 de abril se realizará la primera etapa del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El Colectivo por el Derecho a la Protesta hace un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando durante los días de juicio, a las campañas económicas de solidaridad y de recolección de firmas que ya se tienen programadas; también que se integren a las reuniones de coordinación del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social.
¿Qué haría usted si un familiar, un amigo o un conocido estuviera preso por un crimen que no cometió; que desde niño ha vivido preso, sólo conoce el duro y frío cemento de su prisión; el sol sólo lo puede ver unas horas al día y es el que pasa a través de los barrotes; la comida es poca y de mala calidad; la poca atención médica que ha recibido a través de su vida sólo hace empeorar la situación, entre muchas otras atrocidades que le hacen lo exponen al ruido, burlas de los explotadores, causándole gran estrés y desencadenando muchas enfermedades?
Esa es la historia de Kivú. Nosotros queremos ayudarlo pero necesitamos de su apoyo para exigir la liberación y dejarlo vivir libre lo que resta de vida.
Es por esto que el movimiento “Yo no voy al zoo” quiere invitar a la población a participar este domingo 13 de noviembre a las 10 a.m. en el Parque Central de San José, en los actos de solidaridad con Kivú y los demás animales que viven presos en el Zoocarcel Simón Bolívar.
Enviado a SURCOS Digital por Alejandro García Valerio.
Alumnos manifestaron que no se oponen a ser evaluados
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
La marcha estuvo encabezada por la Asociación de Estudiantes de Medicina de la UCR, en compañía de alumnos en otras disciplinas del área de la salud y universidades privadas.-Foto Karla Richmond.
Estudiantes de la carrera de medicina y cirugía de la Universidad de Costa Rica, así como de otras disciplinas del Área de la Salud y estudiantes de universidades privadas, se reunieron el día de hoy a las 9:00 a.m. en el Pretil Universitario para marchar hacia Casa Presidencial, con el propósito de defender una formación médica de calidad y la seguridad social del país.
Por casi tres horas, los estudiantes se mostraron en contra de los cambios propuestos en junio de 2016 por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), que dispuso de nuevas medidas en la selección de estudiantes para su ingreso al internado, la distribución de los campos docentes, y el programa de Internado Rotatorio Universitario Único.
Dentro de esas nuevas reformas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decretó que los estudiantes que deseen ingresar al internado deberán realizar un nuevo examen por un ente privado llamado International Foundations of Medicine (IFOM), por sus siglas en inglés.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido el día de hoy, los estudiantes dejaron claro que no se oponen a ser evaluados, pero están en desacuerdo en laforma en cómo está establecido el examen, pues atenta contra los derechos estudiantiles de todos aquellos que realicen la prueba.
Según manifestaron los alumnos en ese mismo documento, la prueba les niega el derecho a apelar, no posee nota de aprobación, el temario es impreciso, y no existe la certeza que el examen responda a la realidad epidemiológica del país. Además, quienes logren aprobar, participarán en una distribución aleatoria de cupos, sin respetar las plazas donde cada universidad tiene sus respectivos docentes.
Los estudiantes mostraron su compromiso con la salud pública nacional. – foto Karla Richmond.
El vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEEM), Miguel Matus Vargas, señaló que esta es una lucha conjunta que reúne a universidades públicas y a universidades privadas, a fin de evitar una amenaza al sistema de salud pública nacional.
“El interno universitario es la primera cara que el paciente ve cuando llega a un servicio de atención hospitalario. Por lo tanto, nosotros como costarricenses y ciudadanos, consideramos que la persona debe tener toda la capacidad y todos los conocimientos necesarios para poder cubrir la atención del paciente de manera satisfactoria. El temario del examen presenta faltas ortográficas, no trae bibliografía, no trae objetivos específicos, de manera que el parámetro de calidad se pierde” señaló.
Otro de los aspectos que motivaron a la movilización de la marcha fue el método de cobro no establecido aún por el CENDEISS a las universidades, una vez que se ejecute la compra de los servicios a la empresa privada, así como el desconocimiento de la partida presupuestaria para la contratación del IFOM, y la falta de comisionesque organicen y monitoreen la ejecución del examen.
La directora de la Escuela de Medicina, la Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, indicó esta lucha es un tema país, destinada a formar un médico general con la capacidad suficiente para atender a la población en el futuro, bajo estándares de calidad y excelencia académica.
“Estamos hablando de la salud de un país. Si un médico se forma mal, no hay buenos tutores, equipo, o las especialidades necesarias, lo único que los estudiantes van a aprender es a referir, no resolver. Y con esto solo se aumentan las listas de espera y, por lo tanto, se perjudica la salud pública del país” indicó.
La manifestación también contó con el apoyo de representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) – foto Karla Richmond.
Representación estudiantil e institucional
La presidenta de la AEEM, Natalia Pérez Céspedes, y la ex representante ante el Consejo Superior Estudiantil, Natalia Sánchez Villalobos, ingresaron a Casa Presidencial para solicitar que se intervenga en el accionar de la CCSS en relación con las disposiciones del internado rotatorio universitario.
En la conversación también participó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Luis Paulino Siles y el secretario de Derechos Humanos, Jesús Salas.
Además, contó con la presencia del rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington y la directora de la Escuela de Medicina, la Dra. Lizbeth Salazar.
Durante su intervención, los estudiantes pidieron abogar por la suspensión de la aplicación del examen IFOM programado para el próximo 5 de noviembre, hasta aclarar de manera satisfactoria los aspectos relativos a la contratación de ese ente internacional, y esclarecer los objetivos de la intervención, en materia de regulación de la formación médica en Costa Rica.
Los estudiantes mostraron las petitorias ante Casa Presidencial, en conjunto con nuevas propuestas que permitan fortalecer el sistema de seguridad social. – foto Karla Richmond.
De igual forma, solicitaron instar a las entidades de la CCSS a respetar el marco de cooperación y de asistencia interinstitucional recíproca estipulada en el Convenio Marco vigente entre la UCR y la CCSS, y velar por el fortalecimiento de la seguridad social del país mediante la vigilancia de una formación de médicos acordes a las necesidades de la salud costarricense.
Al concluir la reunión, la presidenta de la AEEM indicó que el encuentro no solo se basaba en exponer las peticiones, sino también en mostrar propuestas ante este problemática.
Parte de las propuestas presentadas es restablecer una versión mejorada del examen realizado por el CENDEISSS como mecanismo de selección para el ingreso de los Internos Universitarios para el 2017, con el fin ser un filtro que resguarde la integridad de los usuarios en las instituciones.
Asimismo, propusieron replantear la prueba reguladora de ingreso, mediante un proceso definido y diseñado de forma conjunta con entidades capacitadas en materia de salud y evaluación; y conformar una comisión interinstitucional en la cual participen docentes y administrativos de todas las universidades que forman médicos, para el diseño y aplicación del examen de ingreso al Internado.
El internado rotatorio es un programa de aprendizaje durante todo un año. En ese periodo, los alumnos, que ya cuentan con un título de bachillerato en ciencias médicas entrenan en un ambiente clínico bajo la supervisión de un docente universitario, a fin de concluir su formación académica, y al mismo tiempo le permite a los centros médicos obtener nuevas colaboraciones para la atención de los pacientes.
El siguiente paso será el envío de la información y del expediente que se remitió a Casa Presidencia a la CCSS, con el fin de gestionar una reunión en los próximos días que permita el diálogo y una pronta solución a la problemática.
Para este miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres CR, está organizando un plantón y una marcha para ponerle un alto a este tipo de violencia.
El plantón está programado para las 9:30 a.m. frente a Casa Presidencial, y la marcha dará inicio a las 10:30 a.m. hacia la Asamblea Legislativa.
¡Alto a la violencia contra las mujeres indígenas de salitre y otros territorios!
¿Pregunta? ¿Era necesaria la presencia de un contingente de antimotines armados con gases lacrimógenos para atender una marcha pacífica de campesinos e indígenas ayer martes 17 en Palmar Sur? Desde luego que no, con solo unos cuantos oficiales de la Fuerza Pública hubiera sido suficiente para mantener el orden y el libre tránsito.
Además, era una marcha pacífica, nadie representaba un peligro, campesinos e indígenas no son delincuentes, no son elementos subversivos que van a crear caos y conflictos. Ninguno estaba armado, las mantas y mensajes eran de tela y papel, ni siquiera eran sostenidos por palos.
Parece que la Fuerza Pública les tiene más miedo a humildes personas que defienden con ideas sus derechos de una manera pacífica que a otro tipo de manifestaciones más conflictivas que se han presentado en el país.
Aunque no fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública ni hubo violencia contra ellos, si deja en evidencia que así es como pretenden reprimir también la protesta social en la Zona Sur, especialmente contra familias campesinas, indígenas, niños, mujeres y adultos mayores.
En el álbum que publiqué ayer, pueden ver más fotos de esta Marcha por la Tierra y el Agua en la Zona Sur. ¡La protesta social es un derecho, reprimirla es un delito!
Información e imágenes tomadas para SURCOS Digital de la página de Facebook del autor.
ANDE, junto con organizaciones sociales que integran el Bloque Sindical Unitario y Social Costarricense, convocó a las y los educadores(as) y a los(as) trabajadores(as) en general, a marchar este viernes 16 de octubre, a partir de las 10 a.m. en la Fuente de la Hispanidad para salir rumbo a Casa Presidencial, en defensa de la clase trabajadora.
Se finalidad de la marcha fue:
En contra de los proyectos de Educación Dual, que se encuentran en la Asamblea Legislativa
La dignificación de los(as) funcionarios(as) del sector público
Contra los proyectos de Ley de Empleo Público (Salario Único)
En defensa de la educación pública, gratuita e integral y en contra de una educación dual al servicio de las transnacionales
Contra el congelamiento de los salarios y la política salarial
Por el derecho a negociar convenciones colectivas
Por un plan fiscal justo, que no responsabilice a la clase trabajadora de la crisis fiscal que enfrenta el país
“Marcharemos Contra Las Propuestas Que Buscan Eliminar Los Derechos De La Clase Trabajadora Y Que Atentan Contra La Educación Pública”.
Información tomada de la página de Facebook de la ANDE.
