Ir al contenido principal

Etiqueta: movilización

Realidad nacional y pueblos indígenas – Panamá

Por: Kevin Sánchez Saavedra
Universidad de Panamá, Departamento de Historia
kevin.esanchez@up.ac.pa

Avivan el engendro minero en AGOSTO

Con gran preocupación nacional, críticas diversas y protestas de calle, se discutió en primer debate, en la comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional de diputados de Panamá, el contrato minero entre el estado panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la minera «canadiense» First Quantum Minerals Ltd. Las autoridades indígenas representadas en COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) expresaron su rechazo al contrato minero, participaron en el debate, y el 30 de agosto enviaron una nota al presidente de dicha Comisión en la asamblea.

A partir de la conformación de la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel entre el gobierno y COONAPIP, a fines de julio de 2022, para resolver tres asuntos prioritarios sobre seguridad territorial de los pueblos indígenas de Panamá (titulaciones colectivas, invasiones y desalojos, demarcaciones), en los primeros meses de 2023, los técnicos de COONAPIP, sacaron a relucir el título de propiedad privada que el estado panameño, de manera ilegal, otorgó a la empresa Sinclair Oil Corporation, con una extensión de 326 mil hectáreas, y que traslapa con las comarcas Embera-Wounaan y Wargandi, el Parque Internacional Darién, y varios territorios ancestrales que actualmente se encuentran en proceso de titulación colectiva. COONAPIP y sus autoridades han denunciado y solicitado la derogación de dicho título y gestionan una serie de acciones legales. A fines de julio de 2023, luego de su asamblea ordinaria en Puerto Lara (Darién), COONAPIP exigió al gobierno panameño el cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Condipi), especialmente el no imponer sus decisiones o las del Banco Mundial, respetar la autodeterminación y propias decisiones de los pueblos indígenas en Panamá.

Por otro lado, la data del Censo de Población y Vivienda de 2023 [2020] ya ha sido puesta a disposición pública bajo el uso de REDATAM. La información refleja que la población indígena en Panamá representa el 17.2 por ciento de la población total del país (4.2 millones de habitantes), mientras que en 2010 era de 12.3 por ciento (de 3.6 millones de habitantes).

El engendro minero se aplaca en SEPTIEMBRE

El debate nacional por la aprobación del nuevo contrato minero entre Panamá y la empresa Minera Panama, S.A., fue álgido y controversial. Protestas y el rechazo de dicho contrato, desde diversos sectores sociales y gremiales, se incrementaron en las principales ciudades del país, más en la ciudad de Panamá. Autoridades y técnicos de COONAPIP participaron en una marcha masiva contra la minería en Panamá.

Coaliciones de junio y julio de 2022, como Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) y dirigentes de la Comarca Ngäbe-Bugle, cuyas acciones masivas de protestas paralizaron al país y obligaron al actual gobierno a sentarse a negociar diversos temas de calidad de vida y políticas económicas (precio del combustible, alimentos, medicamentos, etc.), emergieron para oponerse a la aprobación del contrato minero que se ecnontraba en la fase final de discusión del primer debate en la asamblea nacional de diputados. Dirigentes ngäbe de distintas regiones del país dieron ultimátum de 8 días para retirar el contrato o realizarían bloqueos nacionales. Representantes del gobierno consideraron retirar el proyecto-ley de contrato minero para incluir modificaciones. La comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional, en donde se discute el contrato, suspendió el debate y emitió una resolución al ejecutivo para retirar el proyecto.

Por otro lado, la migración en la frontera entre Panamá y Colombia, en la región biogeográfica neotropical húmeda Chocó-Darién, fue adquiriendo mayor notoriedad, tanto por las cifras como por sus efectos y crisis humanitarias, sociales, ambientales, políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad. Este drama humano del siglo XXI mantiene importantes repercusiones en territorios y comunidades locales indígenas en Darién y algunas comarcas, por ejemplo, en la contaminación de cursos altos de importantes ríos de los que dependen su subsistencia y estilos de vida, pero también en la transformación de las comunidades. La junta directiva de COONAPIP se reunió y trató este fenómeno migratorio, sobre las necesidades de atención humanitaria y de seguridad de las comunidades y los territorios colectivos.

Leyes nacionales transcendentales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley N° 88 de 2010 sobre Educación Bilingüe Intercultural y la Ley N° 37 de 2016 sobre consentimiento libre, previo e informado se encontraban en fases de reglamentación, y los documentos borradores estaban en procesos de revisión. El BID es una de las entidades que financió estos procesos, así como también el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas de Panamá (PEMIP 2025), aprobado bajo Decreto Ejecutivo N° 18 de septiembre de 2023. No obstante, sus acciones serían ejecutadas desde distintos programas de los ministerios de gobierno, y no desde los congresos o consejos indígenas.

En la conmemoración del Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista en Panamá se realizó un reconocimiento importante a 100 mujeres del país por sus contribuciones en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, dentro de las cuales estaba la coordinadora del Componente de Género del actual proyecto COONAPIP-PRODESO-TF, Yanel Venado Jiménez.

La bestia minera cobra vida en OCTUBRE y el pueblo la enfrenta

Dada la compleja y crítica situación en que se encentraba el país como resultado de la veloz aprobación del contrato minero bajo la Ley N° 406, cualquier intento de síntesis con intenciones de reflexionar sobre lo que acontecía siempre corrió el riesgo de no dar cuenta de todo el proceso de lucha del pueblo panameño contra la minería a cielo abierto. Como a fines de septiembre el proyecto de contrato ley minero ⸻bajo un procedimiento erróneo⸻, fue devuelto por la asamblea al órgano ejecutivo, con una serie de observaciones (la asamblea sólo podía aprobar o rechazar el contrato, no brindan recomendaciones o devolverlo), el consejo de gabinete vuelvió a aprobar el proyecto de contrato ley modificado el 10 de octubre, y el ministro de comercio e industrias lo entregó para su discusión en la asamblea el 16 de octubre. En esta nueva “discusión” legislativa, la participación de los gremios, organizaciones y el público en general fue limitada, la transmisión pública por el canal de la asamblea fue interrumpida, y en 48 horas la asamblea nacional aprobó la Ley N° 406, y para la tarde del 20 de octubre el presidente Laurentino Cortizo la sancionó y se publicó en la gaceta oficial.

Los gremios, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones se encontraban en protestas en las calles cuando todo esto ocurrió, y a partir de allí, las manifestaciones nacionales fueron masivas en todo el territorio nacional, varios paros y huelgas indefinidas docentes y obreras declaraban su inicio, mientras que las clases fueron suspendidas al nivel nacional. Hasta por mar se produjeron manifestaciones, muy cerca al puerto de Punta Rincón en el Caribe panameño, desde donde la empresa minera ha exportado millones de toneladas de concentrado de cobre, oro, plata y molibdeno.

Producto de la presión ciudadana en las calles, el 24 de octubre, 27 de octubre y 29 de octubre, el presidente Cortizo brindó declaraciones al país, siendo la última la más importante para los manifestantes y cierta tranquilidad en el país, pues la prohibición de la minería metálica al nivel nacional pasa de solo ser un decreto ejecutivo a discutirse y aprobarse como ley de la república, en sesiones extraordinarias, en la asamblea nacional de diputados.

En el proceso, varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley N° 406 fueron interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, que los tiempos de protestas también transcurrieron a la espera de los fallos de la Corte. En el desarrollo de todos estos eventos, COONAPIP participó en las marchas y manifestaciones, con pronunciamientos oponiéndose a la aprobación del contrato minero, exigiendo la moratoria minera, la celeridad en el fallo de la Corte como la derogación del contrato minero. De hecho, influyó para que el Consejo Indígena de Centroamérica emitiera un pronunciamiento sobre la situación en Panamá. Por otro lado, durante el 12 de octubre, en ciudad de Panamá, organizó una gran marcha en memoria de la resistencia indígena. Al final de dicho evento, el ministro de gobierno, Roger Tejada, habló ante las autoridades de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de declarar este día como de Reflexión Nacional.

Heridas de muerte a la bestia minera en NOVIEMBRE

Aunque habituales desfiles de fiestas patrias fueron suspendidos en todo el país por las masivas y diversas manifestaciones antimineras, el 3 de noviembre la población panameña marchó y celebró la publicación en gaceta oficial de la Ley N° 407, que establece moratoria indefinida de la minería metálica en Panamá. Simultáneamente, medios de comunicación comercial hacían eco de la solicitud que formuló el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al Ministerio de Trabajo para autorizar la suspensión de contratos de miles de trabajadores, justificando la acción en los efectos económicos producidos por los cierres de calles.

Grupos de poder político, económico y mediático exigían la suspensión de manifestaciones, cierres de calles y huelgas de los grupos organizados de indígenas, estudiantes, jóvenes, ambientalistas, docentes, obreros, científicos, campesinos y pescadores opuestos a la Ley N° 406. Dichos grupos organizados señalaban dos caminos para terminar con las protestas: 1) derogatoria o 2) inconstitucionalidad de la Ley N° 406. Adicional, denunciaban la parcialidad de los medios comerciales de comunicación y la manipulación de la información para criminalizar las protestas y cierres. Diversos medios alternativos fueron cruciales en la comunicación de redes sociales.

La crítica mediática fue tan excesiva, que una editorial contra el pueblo ngäbe provocó la indignación y réplicas de la población, incluyendo de las organizaciones, líderes y autoridades indígenas aglutinadas en COONAPIP, quienes se reunieron con el defensor del pueblo para tratar esta afrenta racista y otros temas de derechos humanos. La criminalización y ambiente de odio sembrado cobró sus lamentables frutos con el asesinato a sangre fría de dos manifestantes de gremios docentes. La Defensoría del Pueblo señaló que la lucha antiminera del pueblo dejó 5 personas muertas y varias con pérdida de visión.

Aunque gremios organizados de “Alianza Pueblo Unido por la Vida” insistían en el camino de la derogatoria de la Ley N° 406, y varios juristas avalaban esa posibilidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la presión popular creciente instalada en sus inmediaciones, se ajustó a los tiempos procesales y brindó la esperanza de un fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato-ley minero. Los cierres de vía se mantuvieron firmes en múltiples puntos del país, y en la memoria colectiva queda la gran lucha de los “guerreros del mar”, pescadores de Donoso que impedían actividades portuarias de la empresa minera, hasta impactar directamente sus acciones internacionales en la bolsa de valores.

COONAPIP participó en reiteradas marchas y acciones colectivas, incluyendo los cierres totales. Además, colocó carpas, banderas y pancartas frente a la CSJ para unirse a las vigilias y mítines junto a otros grupos organizados. El 28 de noviembre, en la conmemoración de la independencia de Panamá de España, COONAPIP marchó y celebró el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ sobre la Ley N° 406, como día histórico de la gesta nacional del siglo XXI. Protestas y bloqueos casi han cesado, y el ministro de Comercio e Industrias ha renunciado a su cargo.

¡Tierra para trabajar y para vivir!

La Alianza Campesina del Norte les invita el próximo lunes 23 de octubre a partir de las 9:00 a.m. a la movilización a la casa presidencial. El objetivo de la movilización es presionar al gobierno de Rodrigo Chaves a que cumpla con las solicitudes que se han realizado para otorgar tierras para trabajar y para vivir. Se invita a colectivos, organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, comunales, indígenas, de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales. 

La Alianza Campesina del Norte es una organización que defiende los derechos de las personas trabajadoras del campo por tierra para trabajar y vivir. Actualmente agrupa alrededor de 600 familias de los siguientes asentamientos: La Guaria, Monteverde, Coquital, El triunfo Medio Queso, Los Llanos y San Pablo. 

De parte de la Alianza Campesina, “siempre hemos tenido una disposición a dialogar y resolver el conflicto de la mejor forma posible, pero de parte del gobierno y del INDER siempre hemos tenido respuestas negativas”. 

Para más información, comunicarse con el correo: alianzacampesinadelnorte@gmail.com 

Belén y comunidades vecinas protestan en la municipalidad por megaproyecto urbanístico

Este martes 5 de septiembre a partir de las 5:30 p.m. se concentrarán decena de vecinos frente a la Municipalidad de Belén con la finalidad de protestar ante a construcción de un megaproyecto que pone en riesgo al recurso hídrico del cantón Belén.

Se trata de dos gigantescos condominios que se pretenden construir en Finca La Negra en La Gruta, ubicada en La Asunción. Esta es conocida históricamente por ser el asentamiento de los primeros pobladores de la zona y por albergar más de 14 nacientes.

Desde hace más de un año se generó un conflicto pues las personas vecinas señalan riesgos a una zona ambiental frágil debido a que área forma parte de una zona de recarga y afloramiento hídrico. Los dos proyectos urbanísticos que se plantean construir están cerca del manantial de La Gruta y las nacientes del bosque de La Negra, donde actualmente se ubica la conocida Finca de los Ulibarri.

La vecina Antonieta Gonzales asegura que les preocupa “el agua pues hacer una urbanización de más menos 900 personas, prácticamente nos quedaríamos sin agua, para nadie es un secreto que no hay casi agua, ha mermado mucho” (ver video).

El ingeniero Roberto Ramírez, Director de gestión hídrica ante el SENARA, aseguro que “la zona de Heredia particularmente es una zona de recarga acuífera por eso se convierte una zona vulnerable, donde estamos poniendo ahi los diferentes usos del suelo y esto nos podría causar un cambio en el volumen de recarga pero también en la contaminación de la recarga o contaminación de fuentes y pozos o manantiales” (ver video).

En una carta conocida por el Concejo Municipal el 14 de diciembre de 2022 y firmada por 324 vecinos, se señaló que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para 900 personas a partir de dos proyectos en la misma finca con única salida a Calle Zumbado. (Periódico El Guacho, 1-2023). Por lo anterior les preocupa el “caos vial que afectaría a toda el área metropolitana”.

En la carta entregada en dicha sesión aseguran que: “En el documento elaborado para la aprobación de las 165 disponibilidad de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección”. El mapa entregado por el desarrollador urbanístico, según los vecinos, “con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobaran dichas construcciones”.

EPISODIO 24 Limonenses en lucha

5 MINUTOS… O MENOS

El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.

Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.

Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.

Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.

Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.

Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.

Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.

En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.

El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.

En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” se logró una gran marcha

Comunicado

Pacto Nacional por la Educación Pública

Martes 20 de junio 2023

• Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.

• Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.

• En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales.

La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.

Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:

• Declarar una emergencia nacional educativa.

• Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.

• Liberar a la educación pública de la regla fiscal.

• Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.

• Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.

• Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.

• Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.

• Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.

• Crear la red nacional de conectividad educativa.

• Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.

• Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.

• Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

• Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.

• Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

• Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.

Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.

En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.

Imagen de la marcha: Semanario Universidad

Sindicatos y organizaciones planean acciones contra la Ley de Empleo Público

El jueves 9 de marzo se reunieron distintas organizaciones sociales y sindicatos del país en el auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica para comentar, expresar y discutir ciertas temáticas sobre la ruta de acciones de protesta contra la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, en donde fueron parte 30 organizaciones. 

Se propuso organizar una gran movilización para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 

 

Información compartida con SURCOS de APSE INFORMA.

Imagen ilustrativa.

La concepción del presidente Petro sobre el movimiento de masas

Por Carlos Meneses Reyes

Asistí a la concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá DC, a la 1 pm el martes 14 de febrero de 2023. Miles de asistentes copaban una tercera parte del ágora, como se mencionaba en la antigua Grecia a la plaza pública. Una larga y siempre alimentada fila indicaba la entrada a la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño, donde desde una de sus ventanas se dirigió al país y al mundo el Presidente G. Petro. No se instaló una pantalla gigante para que ese conglomerado humano que allí permaneció toda la tarde pudiera verlo y escucharlo. Desplegó una pieza oratoria de una hora 40 minutos, propio de un estadista en que trató esencialmente lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la salud.

La oposición militarista la llamó “un discurso de campaña” y no la materialización de lo prometido en campaña. Queda registrado en los anales históricos del país que es la primera vez que se convoca a una manifestación de apoyo a la gestión de un presidente.

Asistimos a una aplicación de ejercicio político y participación directa de masas. La democracia directa no deja de ser un enunciado en la actual Constitución Política de 1991 (CP91) y esta democracia de la calle es una de las tantas formas de expresión del pueblo en forma directa.

Al día siguiente se observó el fenómeno de contra-manifestación, esta vez contra el gobierno del Presidente G. Petro, despotricando contra las reformas de fondo, que requiere tanto el país como el Estado colombiano en todos los niveles y aspectos institucionales. No existe en Colombia oposición estructurada. Constituye una oposición inmóvil cual una roca, resentida, guiada por el odio, la desinformación, la falsedad y la triquiñuela que resume lo reaccionario, retardatorio y repelente a cualquier cambio del actual estado de cosas en el país.

Se trata de la presentación de un conjunto de soluciones a mejorar las condiciones y calidad de vida a la mayoría del pueblo colombiano, y existe gente -de ese mismo pueblo- que se opone a esas reformas y al indispensable y necesario cambio de todo.

La explicación no es otra que ese grueso de población está sometida al modelo económico vigente y alienada producto de la impositiva dictadura mediática. Es decir, los medios de comunicación pre-pago que impone toda una infraestructura y superestructura ideológica del Estado, agobia a la persona y así, individualizada, la aliena, desinforma y engaña, conllevándola, accidentalmente, a ser una garantía infundada en el mantenimiento del estatus quo o actual estado de cosas.

El panorama político colombiano

Con el triunfo de un gobierno que encabeza del Presidente G. Petro y la valiosa Vicepresidenta Francia Márquez, de corte alternativo, progresista, liberal, socialdemócrata en Colombia no se está ni ad portas de una revolución. Se aplica un programa de desarrollo de conjunto de fuerzas productivas capitalistas.

Una oposición que enfrente un planteamiento contrario está condenada a desaparecer. Por ende, el Presidente G. Petro ni es izquierdista, ni socialista. Otra cosa es que la izquierda legal lo apoye en sus programas de renovación y la adecuación de un modelo económico nuevo, dado el fracaso y fin del ciclo del neoliberalismo salvaje, como fase accidental. Amplio es el aporte de teóricos y analistas de la izquierda, en particular la latinoamericana, respecto a programas de cambios profundos que trascienden el nivel académico y aplican en una realidad política transformadora.

Del paso de la rebelión de las masas a la multitud

Cuando el Presidente G. Petro llama y convoca a que el pueblo se exprese en las calles, en modo alguno está polarizando a la sociedad ni agudizando la lucha de clases. Está demostrando una posición ideológica renovadora que predomina en el mundo ante lo alternativo poscapitalista, resultado del fracaso neoliberal y la vulnerabilidad de la globalización hasta entonces no cuestionada.

Es sabido que el marxismo es una guía para la acción; pero el marxismo en su concepción dialéctica de la Historia y en el periodo de transición del estadio capitalista al socialista no cuenta con parámetros dogmáticos ni de imposición que distorsione el transcurrir. Así, V. Lenin concibió el Imperialismo como Fase Superior del Capitalismo. Pero el marxismo-leninismo no previó la fase del nazismo y el fascismo, cual orden sobreviniente al capitalismo. Esta accidental fase -que generó la II Guerra Mundial- buscó, incluso, sepultar el avance, permanencia y existencia del capitalismo y de contera abortar el estadio de desarrollo de la Humanidad hacia el socialismo.

Pues bien, una vez en posguerra anidan las formas del modelo neoliberal con una aplicación devastadora para la humanidad y para la clase obrera mundial, que es el sustento primordial hacia un orden socialista. Pero para el marxismo no hay nada desviado, la Historia continúa su curso materialista dialéctico.

Ubiquémonos entonces en el actual orden económico mundial y sin redundar en gráfico, de postpandemia y de crisis por el cambio climático, y observamos un dominio predominante de lo descualificado. Consultando Wikipedia entiendo, en complemento, por descualificación el proceso por el cual se elimina de la industria o de la economía el trabajo cualificado (que califica a alguien por sus aptitudes) mediante la introducción de tecnologías que pueden ser controladas por trabajadores a quienes se pretende o desconoce las precisas determinaciones que lo revindican como un alguien. Lo reducen a un semicualificado o sin cualificación. Esto ahorra costes al requerir una menor inversión en capital humano y reduce las barreras de entrada, debilitando así el poder de negociación del capital humano. Llueven las criticas puesto que ello se traduce en la pérdida de calidad y en la devaluación del trabajo (haciéndolo mecánico antes que fruto del pensamiento y convirtiendo a los trabajadores en autómatas antes que en artesanos, creadores), erosionando así a la comunidad.

Por lo anterior o por ello han surgido nuevos análisis marxistas del capitalismo. Lo encabezan pensadores posmarxistas. Para ellos los cambios sociales pueden conseguirse o lograrse a partir de las formas actuales de opresión en la necesidad de repensar lo común, es decir, acudiendo por ejemplo a la idea y aplicación del comunismo primitivo. Lo expresan en el decir “un nuevo mundo es posible” y convencidos que el cambio realmente tendrá lugar. Esta metodología social de comprensión a partir de los años sesenta hizo énfasis en el cambio de la fábrica a la “fabrica social”. También está relacionada con la vida política y la realización de la vida política aunado con lo autóctono de los fines políticos. De tal manera que conciben y explican que la política, como proyecto de trasformación social, no será incubada en las universidades, algo así como la “universidad de la vida”; tampoco lo será en la fábrica como centro de producción sino como “fabrica social” ya citada.

Así resumo la aplicación y explicación de una apropiación contemporánea del marxismo, con el atrevimiento y excusa de antemano a que en modo alguno es mi intención atribuirlo, bajo ningún motivo, como hacer suyo el llamado del Presidente G. Petro a la movilización de masas.

El Presidente G. Petro no acude al instrumento acumulado de proyección de la “rebelión de las Masas” en la recreación del escenario de la lucha de clases y de metodología de aplicación del movimiento social (revolucionario) marxista. A él no lo motiva “La psicología de las masas” del sociólogo francés Gustave Le Bon.

Más bien considero que su accionar político está bajo la guía orientadora de los trabajos del politólogo italiano Antonío Negrí (1933), en colaboración con el teórico filósofo y político estadounidense Michael Harat (1960). Esta dupla de genios ha aportado al conocimiento moderno de la política con la publicación de su famoso libro “Imperio” editado en el año 2000 y posteriormente con el libro “Multitud” que los catapultó como los teóricos visionarios del nuevo orden mundial.

Abordan el término Imperio como un poder difuso y centralizado que desplaza el Estado-Nación y retoma el escenario de actuaciones de cómo fue el imperio romano. Lo sitúa en creación y poder aunados en la red. Así llegan y se entrelazan actores monárquicos, norteamericanos, aristócratas, grandes compañías multinacionales, Ong´s, foros como los de Davos, etc. dando forma a una construcción imperial única basada en el poder en red. Generaron múltiples controversias al indicarles que con ello desconocen el imperialismo; pero al parecer los pueblos subyugados hoy se encuentran bajo la férula del Imperio y bajo la del imperialismo.

“Multitud expone la cuestión en tres partes: la primera parte, «Guerra», explora los aspectos más oscuros del imperio. Nos encontramos sumidos en un punto crítico en relación con los asuntos de la humanidad en el que los circuitos de poder han sobrepasado la capacidad que los actuales circuitos de soberanía política y justicia social tienen para contenerlos. En la Parte II, titulada «Multitud», explican cómo el imperio, mediante una constante y más profunda colonización e interconexión de más áreas de la vida humana, ha creado la posibilidad de un tipo de democracia nunca vista con anterioridad. Finalmente, en «Democracia», los autores plantean su estrategia de cómo la multitud global puede formar un robusto terreno comunitario biopolítico en el que la democracia puede progresar a una escala global.” (Tomado de La Casa del Libro).

Dejo así como abre-bocas para los activistas políticos y sociales el consultar a estos novedosos políticos actuales y en el empeño orientador en no distraer la construcción del partido político popular, en garantía a la consolidación y cualificación política del movimiento popular hacia grandes y radicales transformaciones sociales en Colombia.