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Etiqueta: neoliberalismo

Chile siempre nos sorprende

Alberto Salom Echeverría

La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.

Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.

No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:

“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)

A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.

Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.

El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.

El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).

El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.

Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.

 

Nota compartida con SURCOS por el autor.

Honduras, un pueblo hambriento de justicia por décadas

Por Marlin Oscar Ávila

17 de marzo de 2022

Es comprensible la alegría existente en la gran mayoría del pueblo al saber que un juez de primera instancia ha aceptado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia el Juzgado del Sur de Nueva York, EUA, aun cuando hace falta saber sí la defensa apelará a la CSJ, quien en pleno deberá confirmar o denegar su extradición.

Lo que debemos admitir es que la clase política hondureña ha demostrado su incapacidad de resolver los asuntos medulares que han dañado cualitativamente a esta sociedad durante las últimas tres décadas, desde que el neoliberalismo se instaló para no volver a salir de este empobrecido y maltratado pueblo. Es evidente que, desde entonces, la clase política y gobernante, solamente se ha esforzado por auto beneficiarse con las mieles del poder.

Es ilusorio pensar que con la extradición del círculo que controló el poder económico, político y militar durante los últimos doce años, concentrado en el Partido Nacional, guiado por los hermanos Hernández, se terminará con la alta corrupción, el mercado de drogas y el crimen organizado en Honduras. Recordemos que fue con el expresidente Leonardo Callejas (QEPD) que se sentaron las bases de mayor corrupción nacional, cuando el líder del cartel Hernández hacía sus primeros pininos en el legislativo del Estado.

Cuando el Departamento de Estado con apoyo del secretario de la OEA, Luis Almagro, la cúpula militar y eclesial y la oligarquía terrateniente, le dio el golpe de estado a Bolivia, en noviembre del 2019, en nueve meses ese pueblo eligió nuevas autoridades, reponiendo su estado democrático al elegir con un 55.11% sus nuevas autoridades, aun contra los designios del imperio estadounidense y su oligarquía criolla. Aun ahora, continúa fortaleciendo su sistema de justicia y consolidando su democracia. Desde luego, lo menos que ese pueblo podría esperar es que el Departamento de Estado de los EUA y su sistema de justicia, le solicitara en extradición a los principales actores del golpe en Bolivia. Lo que sí ha estado esperanzado el pueblo hondureño.

En Honduras dos factores han sido claves para lograr que la correlación de fuerzas se volcara a su favor. Primero, el agotamiento del sistema de poder local dirigido por un grupo de nacionalistas mafiosos, quienes habiendo logrado persuadir a carteles internacionales de la droga, en particular colombianos y mexicanos, sin excluir a la DEA, sobre sus capacidades políticas de controlar al Estado para hacer del país un paraíso del mercado del narcotráfico internacional, contando desde luego con el beneplácito político de los gobernantes del ejecutivo de EUA. Al agotarse ese sistema frente a los intereses estadounidenses, ese sistema fue resquebrajándose hasta llegar a las últimas elecciones políticas en Honduras, en noviembre último, cuando el mismo gobierno de Joe Biden decidió no permitir fraude alguno y lograr que este sufrido y empobrecido pueblo eligiera a quien quiso, es decir, a la actual presidente Xiomara Castro, con más del 50.63% de las votaciones.

El segundo factor que favorece política y económicamente a Honduras en la actualidad es la coyuntura internacional dada la correlación de fuerzas en el mundo actual, donde hay una lucha encarnizada por el control global o el multipolar tanto en occidente como en oriente. No cabe dudas de que, desde noviembre hasta la fecha, el gobierno local ha tenido que acomodar algunas de sus piezas estratégicas, casi como una forma de sobrevivencia, dado el extremado estado de calamidad en que el narco gobierno, recién concluido, dejó la economía nacional para gobernar el país, con muy limitado poder. Aun ahora se toman decisiones desde el poder Ejecutivo sin contar con el consenso del poder legislativo y menos del Judicial, controlado por el Partido Nacional.

En esta coyuntura internacional de ganar más países adeptos a favor del gobierno de Biden, evitando que la influencia de China siga creciendo de la manera exponencial en que lo ha hecho en nuestro continente últimamente, el acercamiento del poder estadounidense al gobierno de Xiomara Castro ha sido significativo. Desde la asistencia de la vice presidente de EUA, Kamala Harris, a la toma de poder de la presidente Xiomara Castro, el 27 de enero, hasta la fecha, semanalmente, un alto funcionario de Estados Unidos de América ha llegado al despacho presidencial de Xiomara Castro, ofreciendo todo su apoyo, sea militar, político como económico, dese luego, no se publica la letra pequeña. Después de carecer de un embajador gringo, recientemente, 8 de febrero, el gobierno de Biden nominó como embajadora de su país a la Señora Laura Farnsworth, para Honduras con la misión de ayudar a fortalecer los vínculos con Taiwán.

Por ahora, se está gozando de esta buena relación. Es sabido que el estar tan cerca del gran poder de Washington, tiene sus ventajas, como sus desventajas y grandes riesgos. El arte de la política está exactamente en saber cuándo negarse a algo inconveniente para el bienestar colectivo del pueblo al cual se representa. Confiemos en que ese arte estará precisamente al momento necesario, no sea que, como hemos notado en otros puntos, como la nominación del nuevo embajador ante la OEA, se le olvide que gobierna para casi 10 millones de hondureños y debe tomar en consideración la opinión del pueblo, además de la de sus asesores.

Manifiesto sobre Ucrania

Texto elaborado por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y otras personalidades internacionales

La guerra en Ucrania es una expresión (por cierto, no la única) del proceso de descomposición del capitalismo en su etapa neoliberal, pues mientras los medios dominantes ponen el foco en el Este europeo, los israelíes han atacado Siria y Cisjordania, donde se han cobrado nuevas vidas y cientos de heridos palestinos, y el Pentágono acaba de bombardear Somalia. Sin embargo, parece que solo Ucrania ha visto vulnerado su derecho a la autodeterminación.

Pero al mismo tiempo, resulta evidente que con contradicciones, avances y retrocesos la humanidad enfila hacia un nuevo orden multipolar, no sin la resistencia de la que ha sido durante más de un siglo la mayor potencia del planeta, lo cual explica las convulsiones económicas, políticas y militares y hoy se ve jaqueada por la competencia de China.

La acción militar de Rusia sobre Ucrania no puede entenderse sin contextualizarla en la guerra que el gobierno pro occidental de Ucrania viene librando desde 2014 contra la población pro rusa del Donbáss, donde ya han muerto 14 mil personas y destacan por su crueldad los grupos paramilitares neonazis armados y azuzados por la OTAN y Estados Unidos. Esos ataques vulneran los acuerdos de Minsk de 2015.

El empeño de Estados Unidos de expandir la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa acompañado de la entrega de moderno armamento a Ucrania, constituye de hecho la consumación de un cerco militar progresivo que ningún Estado puede aceptar de brazos cruzados.

Una verdadera campaña de desinformación y la tentación de censurar y acallar toda voz disidente de la versión hegemónica pro OTAN y pro EE.UU. desnudan la vocación antidemocrática de los portavoces del gran capital.

La conquista de una paz duradera, que, con moderado optimismo, entendemos viable, no puede lograrse a expensas de la seguridad de ningún Estado miembro de la comunidad internacional. Retomar los acuerdos de Minsk puede ser el camino más apto para restablecer el diálogo entre las partes en conflicto.

La pelea de fondo, que la clase trabajadora y los pueblos debemos sostener es la lucha por un orden alternativo al capitalismo, sin explotación y de cooperación entre los pueblos, des mercantilizado y solidario, respetando a la Naturaleza y a la vida.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz. Argentina.

Piedad Córdoba, defensora de los derechos humanos. Colombia.

Atilio Boron, analista internacional. Argentina.

Alejandro Rusconi, secretario relaciones internacionales del Movimiento Evita. Argentina.

Saúl Ortega, diputado nacional por el PSUV. Venezuela.

Stella Calloni, periodista y escritora. Argentina.

Sandra Russo, periodista y escritora. Argentina.

Jorge Kreynnes, secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista Argentino. Argentina.

Luisa Valenzuela, escritora. Argentina.

Nidia Diaz , Negociadora y firmante de la Paz en El Salvador. Por FMLN.

Luis D’ Elia, presidente de MILES. Argentina. 

Jorge Elbaun, sociólogo y periodista. Argentina.

Roberto Perdía, Argentina.

Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano. Argentina.

Julio Gambina, profesor universitario. Argentina.

Christiane Barckhausen, Escritora, Alemania.

Lois Pérez Leira, escritor y cineasta. Argentina.

Carlos Lenin Villa Toribio, Docente y miembro del Departamento del Trabajo Internacional del Partido del Pueblo de Panamá.

Xavier Moreda, portavoz de Vigo Antifascista. Estado Español.

Dante Alfaro, gremialista docente. Argentina.

Carlos Pronzato escritor y cineasta. Brasil.

Pascual Manganiello – conductor «Monitor Global»- TV-Sindical. Argentina.

Pedro Cardoso. Cineasta. Brasil.

Gustavo Maradini, abogado de derechos humanos. España.

Edgar Gutiérrez Cordero, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de Plantaciones, Fentrap. Costa Rica.

Norma Guevara Ex diputada del FMLN.

Ricardo Salgado. Partido Libre. Honduras.

Adair Pintos. Periodista. Bolivia.

Mary Soto, escritora, periodista y consultora de DDHH. Perú.

Federico Lopardo Corriente NuestraPatria. Argentina.

Rodolfo Nadra, periodista. Argentina.

Alberto Nadra, escritor y periodista. Argentina.

Sergio Ortiz. Periodista. Partido de la Liberación PL. Argentina.

Norberto «Champa» Galiotti, Coord. Gral. Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. Argentina.

Francisco López , Coordinador de Conversatorios Latinoamericanos Antifascistas. Podemos Latinoamérica.

Ricardo Gadea, escritor y periodista Perú.

Tirso W. Sáenz ex Ministro de industria.  Cuba.

Norma Guevara Ex diputada del FMLN. El Salvador. 

Blanca Flor Bonilla. Ex diputada Parlacen. FMLN.

Fátima Rallo Gutierrez, Antropóloga, historiadora. Paraguay. 

Héctor Celano, escritor, poeta, recitador y periodista cultural.

Edgardo Hernán Cardo, Presidente del Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Pétion. Argentina.

Emilio Mendoza Saldaña. Luchador social. Perú.

Norberto Fabian López comisión directiva INDUSTRIALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Gerardo Fernández, organización Evita para la Victoria.

Mario Alderete. Coordinador Nacional de la CONAT (Corriente Nacional «AGUSTÍN TOSCO») Integrante de la CTA-T y de la FSM.

Enrique Juan Box, periodista. Argentina.

Siguen las firmas . . .

Panorama gris para el empleo público

SITRAINA

El nivel de autoritarismo que se está pronunciando en la arquitectura jurídica nacional es alarmante. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo que le garantiza participación política, efectiva y real, a las diversas posiciones sobre la administración de la cosa pública. Para garantizar el pluralismo, contrario al autoritarismo que implica un sometimiento a una sola autoridad, el equilibrio de poderes es un pilar fundamental. De la necesidad del equilibrio de los poderes deriva la independencia de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las autonomías municipales y universitaria y la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los medios de comunicación masiva que representan la voz de los principales grupos de poder de este país se han encargado de estigmatizar a los sindicatos en una descarada campaña, generada después de la lucha en contra del TLC. Sin embargo, el desprestigio de los sindicatos en el fondo conlleva un profundo menosprecio por la libertad sindical y la negociación colectiva porque implican un equilibrio de poder entre la parte patronal y la parte trabajadora, una manifestación práctica de pluralismo político y un obstáculo para toda pretensión autoritaria de gobierno.

La reciente aprobación en segundo debate del Expediente 19431 o el proyecto de ley Marco de Empleo Público no es en realidad una medida de contención de gasto público, sino un abaratamiento de los bienes y servicios que presta el Estado para garantizar justicia y bienestar social. Bajo un argumento falacioso se ha hecho pensar a las masas que el problema fiscal es el “gasto” público y que recortando el “gasto” del Estado se solucionarán los problemas económicos. Ahora bien, lo que los/as neoliberales llaman “gasto” en realidad es “inversión” en salud, educación, agua, electricidad, seguros y calidad de vida que garantiza justicia y bienestar social para el pueblo costarricense. O sea, quieren desmejorar las condiciones de vida del pueblo para justificar un chivo expiatorio (el “gasto” público) que deje en el silencio la verdadera causa de la crisis económica: el fraude fiscal.

Además, este proyecto representa un avance del autoritarismo y un retroceso democrático en lo que concierne al pluralismo y el equilibrio de poderes, ya que imposibilita que la clase trabajadora de una institución negocie a través de sus sindicatos con las autoridades administrativas de la institución las condiciones salariales, mismas que son impuestas por MIDEPLAN.

Además, estas nuevas potestades de MIDEPLAN (un ente del Poder Ejecutivo) se aplicarán a todos los puestos comunes (el sector administrativo y de servicios no especializados) del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tendrá injerencia directa en los nombramientos del personal administrativo del Poder Judicial. Luego, esto constituye un golpe antidemocrático en contra del pluralismo y la independencia de los poderes de la República.

En conclusión, este proyecto de ley aprobado por la actual Asamblea Legislativa no es un proyecto de empleo público e implica un desmantelamiento descarado del orden jurídico nacional.

 

Foto: Archivo ODI, UCR

El eterno retorno del neoliberalismo tico

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista
CICDE-UNED

Leyendo el libro “Chicago boys del trópico: historia del neoliberalismo en Costa Rica (1965-2000)” (San José: Editorial UCR, 2021) de David Díaz Arias, historiador y profesor de la UCR, vengo a refrescar mi memoria sobre un hecho interesante: en la campaña electoral de 1993-94, Figueres Olsen no solo habló explícitamente de neoliberalismo, sino que se posicionó en su contra y se presentó como su alternativa. Y fue sobre esa base que ganó la presidencia de la República. Luego, y en total contradicción con su oferta electoral, su gobierno asumió, en alianza personal con Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, una agenda de clarísima tonalidad neoliberal.

En la actual campaña política, el concepto “neoliberalismo” ha aparecido esporádicamente en el discurso del Frente Amplio y otros partidos de izquierda, pero ha quedado totalmente excluido de la narrativa que manejan los demás partidos, incluido, desde luego, Figueres Olsen y el PLN. Ahora Figueres no dice oponerse al neoliberalismo ni dice ofrecer algo distinto. Aunque, si uno hurga con cierto detenimiento en sus planteamientos, justificadamente podría llegar a la conclusión de que ofrece una especie de “neoliberalismo dulcificado”, con garras y colmillos ligeramente limados.

En ese particular, Rodrigo Chaves luce más descarnado y agresivo, mucho menos sutil. Pero es que, por otra parte, cuando uno lee los planteamientos que han presentado los partidos de Eliécer Feinzaig o Federico Malavassi, destaca un elemento: su crítica al PLN y al PUSC, extensiva al PAC, se basa enfáticamente en señalar que no hicieron “lo que hay que hacer”, y juran solemnemente que ellos sí lo harán. Pero lo que con tanta vehemencia ofrecen, es lo mismo, con apenas leves diferencias de matiz, que el PUSC y el PLN ofrecían hace 25, 30 o 35 años atrás, lo mismo que, además, intentaron hacer cada vez que fueron gobierno. Lo mismo que Figueres Olsen se esforzó por concretar en su gobierno del período 1994-98.

Es una especie de eterno retorno: el neoliberalismo tico vuelve, una y otra vez, sobre los mismos problemas, con los mismos diagnósticos y las mismas recetas…y el mismo reiterado fracaso. A veces, la voz que lo entone es otra, pero el estribillo no cambia.

Luego espero hacer un comentario más amplio sobre el libro del Dr. Díaz Arias, el cual brinda abundante evidencia que respaldan las conclusiones que, de forma muy sintética, expongo aquí.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/02/el-eterno-retorno-del-neoliberalismo.html?m=1

Compartido con SURCOS por el autor.

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

Las múltiples cabezas de la hidra

Manuel Delgado

El capitalismo produce riqueza en uno de sus polos, en el polo minoritario de los grandes propietarios, pero produce pobreza y miseria en el otro, el de los trabajadores asalariados. Es el resultado normal, natural, de su funcionamiento.

En 1820, cuando la revolución industrial era una señora de setenta años de vida, casi el 90% de la población vivía todavía en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (para esta entidad, están en pobreza extrema aquellos que reciben por día un dólar y medio, llevado a valor presente).

Ese régimen se basaba en un sistema de libre empresa y libre mercado, y se inspiraba en una filosofía llamada liberalismo. Según el liberalismo, el mercado se regía por leyes naturales y sus formas de desarrollo estaban determinadas por lo que llamaron la “ libre mercado ”. Cualquier intervención que corrigiera los mandatos de esa “mano invisible” era inaceptable. Se suele identificar el liberalismo decimonónico con la frase francesa “Laisser faire, laisser passer”, que quiere decir: “Dejar hacer, dejar pasar”. Y añadían: “Que el mundo marcha por sí solo”.

Fue la libre mercado , sus sindicatos y sus partidos la que logró volcar esa mano invisible y conquistar mejoras en la condición de vida de los asalariados.

En los años siguientes muchos millones salieron de la pobreza extrema y se sumaron al ejército de los pobres no extremos. En 1820, estos sumaban 117 millones. En 1859, ya eran 164 millones. En 1910, 445 millones. En todo este tiempo, sin embargo, el número de pobres extremos siguió creciendo.

Esas espantosas cifras de pobreza, que se mantenían en momentos enorme crecimiento económico, tenían que ser subsanadas, aliviadas, para impedir estallidos sociales que ya se habían producido a montones, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ponían en peligro la existencia misma del capitalismo. Pero para subsanar esos extremos del capitalismo no bastaba el libre juego del mercado. Había que introducir correctivos desde fuera de la economía, desde la política y la lucha social. Es decir, eran correctivos extraeconómicos.

Así fue como tomaron auge las doctrinas reformistas procedentes de las iglesias y de los partidos reformistas, entre ellos los partidos socialdemócratas.

En Estados Unidos, esas reformas las introdujo el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, un plan de reforma de la economía basada en las doctrinas económicas de keynesianismo (llamadas así porque estaban inspiradas en la teoría del economista británico John M. Keynes).

En contra de la doctrina liberal que abogaba por la no intervención del estado en la producción, el New Deal inyectó sumas gigantescas a la economía para crear fuentes de empleo que la empresa privada no podía o no quería abrir. Con ese método, el desempleo se redujo del 25% al 10%.

Además, este plan elevó los salarios de los trabajadores; fortaleció los sindicatos obreros; creó un sistema de seguro de desempleo; creó un sistema de ayuda médica para la población más pobre; favoreció la educación; creó normas de protección al consumidor; protegió la agricultura; impuso severos controles a la banca.

En 1934, Roosevelt y sus diputados aprobaron una ley subiendo el impuesto de la renta al 79% para las fortunas más elevadas y del 70% para las grandes herencias.

El New Deal comenzó a aplicarse en 1933 y ya para 1950 el porcentaje de pobreza se había reducido en el país al 30%. En los siguientes 15 años, la pobreza se redujo al 15%. Curiosamente aún hoy se mantiene en esa cifra porcentual.

Esta experiencia fue muy similar a la vivida por los países capitalistas de Europa. También allí las cifras de pobreza descendieron en proporciones similares. Los detalles de ese proceso no son el tema de este material.

El capitalismo se mantuvo así hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado y, de nuevo, son las dos principales escuelas económicas, la norteamericana y la británica, los que crean un nuevo concepto de economía. Este nuevo concepto se llama neoliberalismo.

¿Cuál es el nervio teórico del neoliberalismo? Pues volver a la economía liberal de comienzos y mediado del siglo XIX, es decir, eliminar las “distorsiones” extraeconómicas que afectaban el mercado, volviendo hacer que reinara el “laisser faire, laisser passer”.

El neoliberalismo, aparecido en textos teóricos de mediados del siglo XX, no era nada novedoso ni revolucionario. Es la teoría más conservadora, una momia del siglo XIX. Es una teoría que, en esencia, se propuso hacer retroceder las cosas al estado en que se hallaban antes de la introducción de las reformas arriba descritas. Era la época de Reagan y Thatcher, los dos líderes del reaccionarismo mundial.

Para lograrlo los grupos dirigentes recurrieron a todas las medidas. En las ideológicas, por ejemplo, pusieron las universidades a formar líderes de opinión afines, y separaron de los puestos directivos y académicos a los intelectuales que no estaban de acuerdo. En nuestra región jugó un importante papel el INCAE, creado por Kennedy para otra cosa, fue copado por gente de esta ideología para formar los cuadros que hoy son los que dirigen el estado, los centros de investigación, los grupos empresariales y los partidos políticos.

Pero su carácter antipopular, esta teoría solo podía ponerse en práctica por la fuerza, con la persecución y la represión de los grupos progresistas y los sindicatos en las esas dos naciones, y mediante las dictaduras sangrientas en América Latina. Aquí se empezó con Pinochet, se pasó luego a las dictaduras del cono sur y luego lo extendieron por todo el continente.

Los resultados no pudieron ser más devastadores. Después de 1965 la pobreza en Estados Unidos había descendido aún más, colocándose cerca del 10%. Subió otra vez al 15% en 1983, producto de la crisis de los mercados mundiales. A partir de ese comento comenzó el ataque neoliberal y hoy la pobreza ha subido. Antes de la pandemia de la covid se había posicionado en 14,8%. Pero el número absoluto de pobres sí creció, pasando de 40 millones en 1983 a más de 47 millones antes de la pandemia. Ahora ha crecido mucho más.

Según fuentes cercanas al Banco Mundial, pobreza extrema ascendía, antes de la pandemia, a 20,5 millones, lo que obligaba a 39,5 millones de personas a recibir estampilla de comida, es decir, a vivir de la ayuda social.

Si exceptuamos los altos salarios de los ejecutivos de las grandes compañías, los salarios reales en EEUU se han reducido a la mitad entre 1993 y 2003, un descenso de alrededor de 0,75% por año.

En Europa las cosas son similares. Antes de la pandemia era pobre el 12% de la población. Ahora se habla de 120 millones de pobres, que corresponde al 25% de la población. En España son el 27%. La Unión Europea había creado el concepto de privación severa, que afectaba al 45,1% de la población en el 2010.

Si quisiéramos seguir, veríamos que las tendencias se repiten por todo el mundo.

Lo que no cesa de crecer es la riqueza. Hoy el 1% de la población adulta mundial es dueña del 51% de la riqueza mundial. El 10% de la población mundial es dueña del 89% de toda la riqueza. Mientras tanto solo una centésima parte de esa riqueza llega al 50% de la población. Lo anterior es un estudio del Credit Suisse Bank.

¿Qué se propuso y se propone el neoliberalismo? ¿Cuál es su programa? Hagamos un breve resumen.

-1. La fuerza de trabajo, es decir, la mano de obra, es una mercancía y su precio, el salario, lo fijan las leyes de la oferta y la demanda. Para corregir las injusticias provocadas por la “mano invisible” se crearon leyes, procedimientos y organismos de defensa de trabajador. Entre ellos cabe citar las leyes de protección del trabajo, los salarios mínimos, la jornada de ocho horas, las leyes de protección de los menores y las mujeres trabajadoras, los derechos a huelga y a contraer contratos colectivos de trabajo, así como una serie de formas del salario no monetario, como son la escuela gratuita, los seguros de salud y los regímenes de pensiones subvencionados por el estado.

El neoliberalismo cree que esa “intervenciones extraeconómicas” deben desaparecer y han estado trabajando para eliminarlas.

Dado que a veces no es fácil eliminar, por ejemplo, los salarios mínimos o las convenciones colectivas de trabajo, se legisla para hacer esos derechos o inaplicables o inservibles. En relación con los salarios mínimos, su propósito es bajarlo a tales niveles que simplemente sería una norma irrelevante, dejando el precio de la fuerza de trabajo por la libre. En el caso de las convenciones colectivas la ley ya aprobada hace el proceso tan engorroso que las hacen casi inaplicables.

Una parte esencial de este punto es que el neoliberalismo pretende eliminar la organización sindical, criminalizarla y reducirla a la mínima expresión. En esta tarea han avanzado mucho en nuestro país y en todo el mundo.

-2. Uno de los puntos esenciales de esta filosofía es reducir el tamaño del estado y sus funciones, privatizando la mayor parte de los servicios que presta. Para ello han levantado una gigantesca labor ideológica haciendo que la población reniegue del estado. Esa campaña va a acompañada de una labor de zapa consistente en empeorar los servicios para lograr el apoyo de la población a sus propósitos.

El programa privatizador tiene varias vertientes:

a.- Una es vender simple y llanamente. Aquí esa propuesta no ha sido efectiva por la oposición de los trabajadores y usuarios, pero también porque a la burguesía le conviene que el estado le brinde servicios eficientes y baratos, como lo hace el ICE con la producción y distribución de la electricidad, el AyA con el suministro de agua, Recope con la distribución de los combustibles, y otros.

b.- Una segunda forma es colocar al lado de las instituciones existentes empresas privadas que venden esos mismos servicios, pero exigiendo ventajas de parte de las entidades estales. Así ha ocurrido con la cogeneración eléctrica, la educación superior, la banca, los seguros, la infraestructura y la salud

c.- La tercera fórmula es la tercerización de servicios, de la que son testigos, principalmente, los servicios de salud.

3.- El país realizó grandes avances en materia social, una gran parte de ellos financiados con el dinero de los mismos usuarios o trabajadores, otros cubiertos por el fisco. Independientemente que los que han gobernado, muchos de ellos neoliberales convencidos, han utilizados esos recursos para la corrupción y la politiquería, lo cierto es que buena parte de la población más pobre se ha visto beneficiada por muchas décadas.

El plan neoliberal contiene propósitos muy claros de eliminar eso que llamó “estado de bienestar social” o “estado solidario”. Su meta más importante y ambiciosa es acabar con el sistema de salud, parte del cual ya han tercerizado, a veces con pésimos resultados, pero que se plantean reducir a los servicios básicos, dejando a las grandes empresas de la salud el ejercicio (y lucro) que representan los servicios y procedimiento más complejos.

Lo mismo ocurre con las pensiones, parte de las cuales se han privatizado por la vía de los sistemas de pensión complementaria que, aunque a veces en manos en entidades estatales, actúan como bancos privados de capitalización individual que favorecen en muy poco la población más pobre, que paga proporcionalmente mucho por esos ahorros.

En estos dos rubros el plan es ir reduciendo servicios, bajando su calidad y obligando a los trabajadores mejor remunerados a recurrir a los servicios privados.

Más o menos lo mismo ocurre con la educación. Hoy en día la educación superior estatal recibe a una minoría de los graduados de secundaria y la mayoría de los profesionales son graduados por las universidades privadas y carecen casi totalmente de control estatal.

4.- El neoliberalismo es inseparable de los programas fiscales regresivos e injustos. Ese fue uno de los mayores “logros” de Reagan: reducir a casi nada los impuestos a las grandes fortunas que habían sido creados por el programa de Roosevelt, y que mencionamos arriba.

Impedir toda ley o procedimiento que pretenda hacer tributar a los grandes ricos y las compañías extranjeras y, por el contrario, estrujar fiscalmente cada vez más a las clases medias, esa ha sido la política aplicada en nuestro país y en todo el mundo.

5.- La desregularización de la producción es otra de las vertientes de esa filosofía. El país ha hecho un enorme y sostenido esfuerzo por proteger el medioambiente y el entorno social y eso molesta a las grandes compañías, que siguen adueñándose de nuestras playas en contra de la ley y siguen aplicando sistemas productivos que dañan el ambiente, agotan o contaminan las fuentes de agua, deforestan y dañan nuestra fauna. Acabar con las leyes de protección de la salud y el medioambiente es parte de la política del neoliberalismo.

Pese a la enorme campaña ideológica de los medios de comunicación, las cámaras patronales y los partidos políticos, nuestro pueblo rechaza esta ideología y sus políticas. Desdichadamente esa es la ideología de los partidos más grandes del país, de Liberación Nacional, el PUSC, los religiosos fundamentalistas y, en buena medida, el saliente PAC. Lo candidatos de esta segunda vuelta no dan trazas de querer darle vuelta a las cosas. O más o menos palabras, insisten en la receta que ellos mismo generaron desde el gobierno del país y desde el Banco Mundial.

La justicia social, la erradicación de la explotación y la libertad y democracia verdaderas solo se pueden alcanzar en otro tipo de sociedad, la sociedad socialista. Pero la unión del pueblo y su lucha pueden hacer avanzar la sociedad hacia una relación más igualitaria, más justa, más responsable con el medioambiente y, sobre todo, una sociedad que preserve y mejore los logros del pasado, esa aspiración, digo, no es ilusoria. Tenemos derecho a pensar en un mundo mejor todos nosotros, los que creemos en una sociedad distinta del capitalismo, pero también los que creen que en capitalismo es viable, o irremediable o incluso defendible. Muchos cabemos en esa bandera que tiene como centro el humanismo.

Del Poder Ciudadano al Poder Popular

Por Marlin Oscar Ávila
15 de febrero de 2022

Las estructuras del Estado constituidas dentro del sistema capitalista, después de transitar del sistema feudal, lógicamente obedecen a intereses de acumulación de capitales en pocos manos, extraídos mediante procedimientos y mecanismos propios. El neoliberalismo fue la última etapa conocida de lo que algunos analistas llamaron “capitalismo salvaje”, propio de la privatización de todos los servicios y bienes del estado sin importar sus consecuencias para las mayorías. Algunos analistas piensan que estamos pasando de este periodo neoliberal a uno dominado por un gobierno único en el mundo, o gobierno global fortalecido por corporaciones multimillonarias globalistas. Dentro de las discusiones al respecto se incluye el paso de un poder unipolar al multipolar de la geopolítica mundial.

En Centroamérica y en cada uno de sus seis países miembros, se discute más el poder local, soslayando muchas veces las vinculaciones con el exterior y no digamos las grandes riñas por el poder hegemónico mundial. Así que los efectos climatológicos, económicos y políticos generales vinculados con lo global se obvian cuando nos enfrascamos en las discusiones por el poder local.

Desde noviembre del año 2021, en Honduras, las disputas políticas son cotidianas y en algunos momentos muy candentes y emotivas. Aunque por ratos, también lo ha sido en otros países donde ejercieron procesos electorales recientes, como Costa Rica, después de cumplir con el ritual periódico electoral reciente, ahora por ejercer la segunda vuelta. En donde las elecciones políticas también sucedieron como si no hubiese ocurrido nada, fue en Nicaragua, con la tercera confirmación en el poder del mismo gobernante, José Daniel Ortega.

Como sabemos, las elecciones en Honduras tuvieron un impacto muy importante, puesto que la ciudadanía decidió dar un triunfo contundente a la oposición, después de 12 años en que el Partido Nacional se dedicó a desmantelar cualquier indicio de democracia participativa al país.

Ahora, las mayorías empobrecidas están iniciando un proceso de rescate, de reconstrucción y cimentación de una plataforma sobre la cual se levante una democracia socialista y participativa.

Cuando se le dio el golpe de Estado al Expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se había apenas iniciado la construcción del “poder ciudadano”. Se tenían organizadas cuatro regiones en mancomunidades equipadas con presupuestos, equipos profesionales multidisciplinarios, mesas ciudadanas de desarrollo donde se gestionaban los planes de desarrollo regional y se implementaban los proyectos gestionados por la misma ciudadanía de base. Más de la mitad de los 298 municipios del país tenían funcionando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y se impulsaba una gestión municipal con un alto grado de autonomía. Esto no solamente se detuvo por el gobierno golpista, pero se dilapidaron todos los recursos que vivían la experiencia de descentralización nacional del poder ciudadano. El ministro golpista de gobernación que asaltó el mando en junio expresó a los directores de área, que “nada de lo que se tenía planificado hacer tenía valor alguno, sino lo que pudiera hacerse en los próximos tres meses de su gestión”. En esos tres meses se desaparecieron los vehículos, equipos de oficina, presupuestos y todo lo que tenía valor alguno en las oficinas regionales de Talanga, Intibucá, La Entrada y El Paraíso.

Ahora, con el nuevo gobierno encabezado por doña Xiomara Castro, se está impulsando nuevamente esa experiencia con el nombre de Poder Popular. Desde luego, hay doce años de intervalo y destrucción de algo que apenas estaba gestándose y ya tenía vida, pero con la fragilidad de una criatura humana con seis u ocho meses de vida. Quienes estuvimos involucrados directamente hemos dejado los espacios a quienes ahora son personas acabadas de concluir su adolescencia, algunas con un grado de soberbia que no les permite aprender del pasado, pero muchos otros entusiasmados por construir aprendiendo.

Ahora, el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Sistema Nacional de Poder Popular. Desde luego que para muchos esto será algo que se tendrá que estudiar, discutir y consensuar, además de ver cuánto se adecúa a los marcos legales vigentes. Pero lo más importante es establecer una estrategia organizativa para evitar los obstáculos y abusos de algo tan importante para el futuro nacional y seguramente enfrentará. Sabemos que el Decreto es clave, pero no asegura la existencia del poder popular o ciudadano si no es comprendiendo, discutiéndolo y organizando con las bases sociales. No solamente con las directivas gremiales actuales y autoridades municipales, las que no dejan de tener dentro de sí los flagelos heredados de la administración nacionalista, pero por el caciquismo, caudillismo, machismo y patriarcado cultural que dejaron las épocas pasadas.

 Recientemente le consultamos a una lideresa regional en el departamento de Colón “¿Qué haremos cuando tengamos algo que está contra los intereses de las mayorías desde este gobierno? Si lo expresamos, los que rinden reverencia a doña Xiomara 24/7 nos acusarán de “traidores a la patria” Su respuesta fue: “…es preocupante, se ha perdido la objetividad, imparcialidad, libertad de pensamiento, …la crítica debe continuar, las disidencias también, es más grande el interés colectivo que el partido, que Mel y Xiomara… Hay que enfrentar sin miedo a defensa de los principios y derechos colectivos. “

Sí existe este grado de conciencia crítica en líderes regionales, seguramente un proyecto del Poder Popular, no tendría mayores riesgos sí el liderazgo social mantiene esa conciencia crítica, tampoco habrá que temer por el poder del Ejecutivo en manos de una mujer fuerte que ha prometido ser democrática y fortalecer la participación ciudadana. Lo peoría que estuviésemos siguiendo modelos de otros países y sociedades sin apropiarse de este sistema participativo que venga a fortalecer nuestra democracia. Un poder popular no puede ser un poder centralizado en una persona ni en una familia, tampoco en un reducido grupo de autócratas. Desde luego, hay que creer que el proyecto enviado por la Presidente Xiomara Castro al CN, busca un verdadero poder democrático de las grandes mayorías ahora empobrecidas.

Esta etapa es esencial desarrollarla con cuidado y eficacia para que no exista posibilidades de otro golpe de Estado, aunque existiendo una embajada de ese país amigo, dicen algunos analistas que el riesgo siempre está latente.

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¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

Patria mía, ¿adónde vas?

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.