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Etiqueta: pandemia

Red de Mujeres Rurales fija posición ante proyecto legislativo que busca control de semillas

SURCOS recibió el siguiente documento con la comparecencia de la Red de Mujeres Rurales ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa realizada el 10 de noviembre del 2020.

Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. La situación de pandemia nos obliga a comunicarnos de esta manera.

En primer lugar queremos decir para analizar el Proyecto de Ley y para emitir nuestro criterio, partimos de nuestra realidad, de la vivencia en los territorios, que nos permite como mujeres de diversas comunidades tener conocimiento, saberes ancestrales sobre la alimentación, el uso de plantas medicinales, el cultivo de nuestra semilla criolla, local, nativa o campesina, que tenemos una espiritualidad que se vincula a nuestra forma de vida, y que tenemos formas de expresión que definen nuestra identidad.

También tenemos consciencia que somos parte importante de este país, que mucho se sustenta en el trabajo que realizamos y el producto que obtenemos.

También somos conscientes que desde muchos lados se desprecia nuestro trabajo, y se invisibiliza nuestro aporte como mujeres indígenas y campesinas. Aporte que se da no solo en la producción de bienes materiales, sino en la preservación de saberes, con nuestras luchas cotidianas y en la dignidad de nuestras comunidades.

Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.

Queremos decir y recordar que la Naturaleza es diversa, pero esa diversidad se está perdiendo rápidamente, dejando al planeta en un gran desequilibrio que está causando desastre de muchos tipos.

La mayor y más fuerte explotación de la tierra, el desarrollo de una productividad que no es sostenible, con más monocultivos, con uso de más pesticidas y semillas alteradas, no naturales, intensifica este desequilibrio. Esto le debe preocupar a toda la población, pero sobre todo a ustedes que están tomando decisiones que van a afectar el futuro próximo de la producción de alimentos, y también el futuro lejano.

Quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder. Podemos decir que hacer leyes que provoquen la concentración de las semillas es al mismo tiempo quitar el acceso a las semillas de la mayoría y por lo tanto atenta contra la democracia.

El control de las simillas afectará la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida de las personas. La diversidad de semillas es fundamental en el equilibrio de la Naturaleza, en la diversidad de alimentos, en la resistencia a los cambios climáticos y es fundamental para prevenir el hambre.

Si las semillas campesinas son restringidas se pierden; si no se pueden vender no se van a sembrar igual y si no se siembran se extinguen. Nuestra responsabilidad, en este momento de tanta crisis y destrucción, la responsabilidad de nosotras es reproducir todo lo que se pueda las semillas, todo tipo de semillas y material que ha sido la base de la diversidad alimentaria. La responsabilidad de ustedes es no impedir que las comunidades campesinas fortalezcan su producción, reproducción, conservación, venta, intercambio, regalo, trueque.

No podemos ni debemos dejar que se pierda la diversidad de alimentos, no podemos permitir que se homogenice en unos pocos alimentos industriales nuestra dieta. Si de algo ha servido la pandemia, ha sido mostrarnos la necesidad de fortalecer la producción diversa, local y en pequeñas escalas. El cierre de fronteras nos mostró que no son los mercados globalizados los que resolverán la necesidad de alimentos ante las crisis crecientes. La pandemia y las crisis climáticas nos han mostrado la necesidad de producir para los mercados locales y diversificados. La alimentación está en juego. No podemos hacerla más vulnerable dejándola acaparada en unas pocas manos.

Las grandes empresas multinacionales, productoras de semillas quieren imponerse en el mundo. No crean que es una originalidad de aquí, el control de los sistemas de semillas, y lo que provocará es se reducirá a unas pocas variedades de semillas y de alimentos. Y atrás viene la intención de digitalizar la agricultura para hacernos aún más dependientes. Y eso suma más amenaza a la diversidad; ya que la digitalización de la agricultura es para monocultivos, de alto costo, por lo que además es inaccesible. Este es un proceso de mayor concentración de la agricultura en pocas manos y por lo tanto menos democrática.

El sector agrícola monopólico no tiene ningún interés en la producción ecológica, socialmente comprometida, porque no tiene a las personas en el centro. Si les importaran las personas no fumigarían de manera despiadada a las poblaciones de las distintas comunidades. Sino que más bien promueven el uso de más y más pesticidas sintéticos.

Los registros son una forma de control de nuestra labor de siempre. Son regulaciones que pretende sacarnos de la actividad como productoras de alimentos, nos destruye a nosotras y a nuestras semillas. Si nos obligan a registrar nuestras semillas solo unos cuantos podrán sacar provecho de las semillas.

Esta historia es larga, en el 2002, o sea hace 18 años empezaron a dar pasos aquí en la Asamblea Legislativa. Y luego ha habido intereses de unos pocos que han movido estos proyectos de Ley. Y luego otros intentos: 2010, 2015, 2018. Cambian los diputados, pero la intención se repite.

Y siempre hacen lo mismo. No nos consultan a las organizaciones indígenas y campesinas, que somos población afectada por estos proyectos de Ley. Y nosotras somos las guardianas de las semillas, las que hemos hecho posible que las semillas se hayan conservado.

No se ha cumplido con el Convenio 169. El Convenio dice que “cualquier cosa que vaya a afectar los derechos y la forma de vida de las comunidades indígenas tiene que consultarse con los pueblos indígenas. Y tiene que consultarse en un idioma que entiendan con mecanismos democráticos y por sus propias autoridades”.

Además, debemos decir que el derecho a la soberanía alimentaria, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, votado a favor por Costa Rica, se describe y entiende como el derecho a que se respeten las formas de producir, de transformar, de distribuir y consumir de las comunidades campesinas. Dice también “De manera que se garantizaría a los/ las campesino-a-s el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar al diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios”. Y nosotras no hemos sido ni consultadas.

Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.

Si la intención es controlar las semillas de grandes empresas semilleras comerciales, no tiene que incluirse nuestras semillas campesinas en el Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley además es inconsistente. Por una parte dice “excepción: las semillas criollas, locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro”, pero resulta que dice que si queremos vender semillas en Costa Rica, esas semillas tienen que estar inscritas en el registro. Esas contradicciones son engañosas y peligrosas, porque deja sin definir quién decide al final sobre qué hacer. No cuesta mucho pensar que somos las personas en las comunidades las que saldremos perdiendo.

Pronunciamos nuestro acuerdo para que la producción de semillas en variedades mejoradas, las semillas alteradas genéticamente, importadas o producidas en grandes cantidades sean registradas y controlada su calidad. Pero esto no es aplicable a las semillas campesinas, semillas originarias o semillas criollas. Y como tal debe quedar muy claro en el texto del Proyecto de Ley, que ninguno de sus términos afecta a las semillas campesinas.

La destrucción de la diversidad nos deja como país en condiciones de menor capacidad de adaptación a los cambios y a la crisis climática, y aún más vulnerables en términos sanitarios y alimentarios. Por ejemplo, nosotras en el campo usamos diversos tipos de frijoles, unos más resistentes a la humedad y otros más resistentes a períodos secos. Con las variedades estamos desarrollando capacidad de adaptación, de resistencia y resiliencia para enfrentar los cambios de clima que son tan difíciles de predecir. El control y la estandarización de las semillas iría exactamente en dirección contraria a lo que dice el proyecto de Ley para procurar el abastecimiento ante la vulnerabilidad climática, sanitaria y alimentaria.

La promoción de la conservación, para la protección y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación, debe considerar de manera explícita que no se refiere, ni considera, ni incluye a las semillas de producción campesina.

En el Artículo 2. Fines de la Ley, se propone: “Promover la producción y el control de calidad de semillas comerciales, dejando sin definición a qué se refiere con calidad de las semillas comerciales. Las semillas campesinas son de calidad y han sido desde siempre comerciales. Por tanto, debe definirse de manera directa y clara que esa característica de calidad se refiere a condiciones de homogenización, formas de producción exclusiva para semillas, y no a la dinámica equilibrada y diversa de la producción campesina.

Confunde y contradice el proyecto de ley el derecho a producir semillas, ya que las homogeniza y son actividades muy distintas la producción de las empresas semilleristas, de la producción campesina de semillas, y ambas son comerciales, pero en escalas y características diferentes. Tal y como está planteado en el texto del proyecto de ley lesiona nuestro derecho a producir.

Las semillas campesinas no deben ni pueden ser certificadas. Ya que nuestras unidades de producción son un todo que busca el equilibrio entre diversas especies y variedades. En la unidad de producción, se pueden encontrar con facilidad más de cien tipos y variedades vegetales, y algunas eventualmente se venderán. Pretender la certificación de cada una nos deja en una absoluta situación injusta e inequitativa para el proceso productivo de alimentos.

Las semillas campesinas, criollas y nativas, son el resultado de miles de años de trabajo de la humanidad, su valor reproductivo no es propiedad de una determinada persona. No es ese el derecho de resguardo, sino el derecho a producir, reproducir, vender, guardar, intercambiar, es que el que debe quedar resguardado.

Para que se pueda garantizar el abastecimiento nacional y el acceso, las semillas campesinas no deben sufrir restricciones.

La base genética se amplía fortaleciendo la producción diversificada de cultivos, salvaguardando la comercialización de las semillas campesinas, que son diversas y adaptables. Esto es lo que pueda garantizar la sostenibilidad. Pero aunque el proyecto lo anuncia como una intención, el cuerpo del proyecto de Ley lo contradice.

Por lo tanto, la Ley debe especificar que regula la actividad de semillas producidas específicamente para el comercio, y no aplicable a todo tipo de semillas.

La Declaración de interés público, del Artículo 4, plantea la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, pero las regulaciones que de seguido se incorporan exactamente lo contradice y lesiona los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, al no permitirse la libre comercialización de sus semillas.

En este sentido entra en contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas de zonas rurales, Declaración votada a favor por Costa Rica. En esta se consigna el derecho de la población campesina a “guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas”. Por lo tanto, no debe ni puede ser sometida a certificaciones.

De manera que, consideramos que el proyecto de ley entra en contradicción con la responsabilidad votada por Costa Rica, que como Estado debe adoptar las medidas para “respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales.

En el artículo 5. Se enuncia como Tutela del Derecho, pero contradice en el segundo párrafo lo anunciado en el primero. Tutelar el derecho de la producción campesina es negado al establecer la obligatoriedad de normas, procedimientos y especificaciones técnicas que riñen con la producción y prácticas culturales campesinas. Por lo tanto, no Tutela el Derecho de la población campesina en su producción local.

Este proyecto de Ley propone controles que amenazan la producción diversificada y camina hacia la privatización de las semillas. Planteamos nuestro desacuerdo y consideramos que debe quedar de manera claramente definida que las semillas campesinas no son objeto de las regulaciones de esta Ley.

La ley parece estar hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas y no sobre el derecho de la mayoría de la población. En el Artículo 9, se establece concentración de poder con representantes de este sector en la toma de decisiones, sin mayores regulaciones. En eso que ambiguamente se llama “sector semillerista”, sin incluir a los y las campesinas e indígenas, y sin incluir otras representaciones de la población vinculada con las semillas.

Y ese control perjudicial para la producción y conservación de las semillas se evidencia en los detalles en varios artículos.

La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas, y para estimular su reproducción debe poder venderlas. No puede ser que se nos persiga por la sagrada labor de sembrar, guardar y distribuir semillas.

Ustedes tienen la valiosa oportunidad de reivindicar el propósito de servir a las comunidades, a las personas, y no los intereses egoístas de unos pocos. Tienen la oportunidad de promover la agricultura diversificada para la soberanía alimentaria, y de dar pasos para el cumplimento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

Muchas gracias.

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
10 de noviembre de 2020

Imagen de cabecera: Fabiola Pomareda en Revista La Agroecóloga

¿Ocaso o aurora?

Arnoldo Mora

Dos acontecimientos, de origen y naturaleza diferentes pero que la historia y, sobre todo, la política, los ha ligado íntimamente en los últimos meses, razón por la cual este año pasará a la historia signado por los mismos, como son el inesperado surgimiento de una pandemia cuya universalidad planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales marcarán los rumbos que habrá de tomar la política mundial en el futuro; y, por otro lado, la derrota electoral de Donald Trump, un presidente norteamericano que evoca la figura y el abominable legado de Adolfo Hitler.

Ambos eventos, insisto, marcarán el futuro inmediato que tomará la historia de la humanidad, dada la repercusión que tienen debido, no sólo a su extensión planetaria, sino también a la revolución tecnológica de los medios de comunicación colectiva, que están haciendo desaparecer las barreras del espacio y del tiempo, convirtiendo de hecho a la humanidad en una sociedad, cuyas decisiones inciden directamente en el destino y la sobrevivencia de la especie sapiens. Como un invitado de piedra, el coronavirus se convirtió en el epicentro de ese terremoto electoral, que sacudió a la que ha sido considerada la mayor potencia política y económica del mundo en las últimas décadas, aunque hoy, como lo muestra la espernible figura de su presidente, da muestras de una creciente e indetenible decadencia, tanto política como moral; la incapacidad de contener las secuelas letales de esa epidemia, se han convertido en un factor determinante de la derrota electoral de esa detestable figura; como reza el dicho popular: no hay bien que por mal no venga.

La incidencia de la pandemia en las elecciones norteamericanas se comprueba en el hecho de que al inicio de año el triunfo de Trump parecía indetenible, como lo mostraban las cifras del crecimiento económico y de la disminución del desempleo; paradójicamente, el histriónico terrorismo con que el presidente ninguneaba a sus contendientes y a su propio entorno que osaba mostrarse mínimamente crítico, era del agrado de un vasto sector de una sociedad acostumbrada a ver en la conquista del Oeste la premonición de lo que debería ser el sojuzgamiento de todo el planeta.

Hoy la humanidad parece respirar con cierto aire de alivio ante la derrota de ese abominable sujeto… Pero no nos hagamos ilusiones; las causas que lo llevaron al poder hace cuatro años continúan; su presencia en la Casa Blanca no fue un accidente fortuito, sino un efecto cuya causa estructural sigue intacta; un 30% de la población norteamericana nunca reconoció a Obama como SU presidente debido a su ascendencia africana, incluso cuestionaron la autenticidad de su nacionalidad; el Partido Republicano fue controlado por una fanática secta religiosa, el Tea Party, violando el legado de los padres fundadores, que se refleja en una Constitución que establece el carácter laico o aconfesional del Estado; hoy ese partido alberga una peligrosa falange de energúmenos inspirados en una ideología pseudoteológica denominada “Destino Manifiesto”; jamás aceptarán el resultado de las elecciones, como lo prueba la violencia fascistoide que han desatado desenfrenadamente en las calles; el propio Trump, en el momento en que escribo estas líneas, se ha negado a reconocer el triunfo de sus adversarios; lo mismo ha hecho su Partido; ambos dicen que recurrirán a los tribunales y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia, donde cuentan con mayoría. Pero aun perdiendo ampliamente estas elecciones, que han sido las más concurridas de la historia de ese país, los republicanos han mejorado su presencia en la Cámara Baja (representantes) si bien siguen siendo minoría, y parece que contarán con mayoría en la Cámara Alta o Senado. Todo lo anterior confirma que las tendencias fascistoides de un significativo sector de la población siguen incidiendo, de manera ominosa, en la escena política de ese poderoso vecino. Esto tiene raíces históricas; Franklin D. Roosevelt, el mejor gobernante yanqui del siglo pasado, no pudo declarar la guerra al eje nazi-fascista sino hasta después del ataque japonés a Pearl Harbor (1941) debido a la obstinada obstrucción del Partido Republicano, en cuyas filas abundaban los simpatizantes del Tercer Reich; el más admirado y más poderoso empresario industrial, modelo y emblema del éxito de la tecnología norteamericana, como era Henry Ford, se declaraba simpatizante de los nazis; otro tanto hacía Charles Lindbergh verdadero mito del imaginario colectivo de su pueblo…Los ejemplos podrían multiplicarse.

Pero lo realmente preocupante es que las raíces ideológicas siguen vigentes, hoy acrecentadas debido al apoyo reiterado de la Administración Trump; los promotores de crear esta atmósfera de odio y terror que se ensañan especialmente contra las minorías, como son los latinos y los afrodescendientes, son hordas de rubios supremacistas y policías racistas. Como consecuencia de este ambiente intoxicado de extremismos, el país se ha dividido en bandos hostiles, como sólo se había visto en tiempos de la Guerra de Sesión (1861-1865); hoy los “States” ya no son tan “United”. Eso explica las palabras del presidente electo, Joe Biden, llamando a la concordia y la unidad nacional. Pero más allá de las buenas intenciones del presidente electo, están las realidades políticas. Ese país sólo podrá despertar de esa espantosa pesadilla con ribetes neofascistas si surge un nuevo sujeto político jugando un papel protagónico, conformado por sectores progresistas de clase media y esas mal llamadas “minorías” que ya no lo son tanto y que, incluso, podrían llegar ser la mayoría; las estadísticas lo prueban: 18% de la población son latinos y 14% a afrodescendientes, que se caracterizan por tener el mayor crecimiento demográfico; lo cual explica, pero no justifica ni mucho menos, la criminal furia de los grupos racistas y supremacistas.

En las masas oprimidas radica su propia liberación; pero para ello deben crecer en conciencia política y conformar una organización que forje un proyecto nacional genuinamente democrático…Todo lo cual está por verse. De ahí que sigue flotando en el ambiente la gran interrogante que dio título a estas líneas: ¿estamos ante el ocaso que presagia una noche tenebrosa, o son los primeros rayos luminosos de la aurora que anuncia la llegada de un día radiante, no sólo para ese país sino para la humanidad entera?

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

UNA: Parques nacionales aportan un billón de colones a la economía del país

La implementación de políticas ambientales para la protección de parques nacionales y reservas biológicas ha sido considerada por una parte de la población como un gasto, no obstante, un estudio reciente deja al descubierto su aporte socioeconómico para el país.

El estudio “Contribuciones de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica, 2018: Línea base para el análisis de los efectos de la pandemia de COVID-19” dirigió sus esfuerzos en la actualización de la información pertinente al aporte económico de los PNRB en el año 2018, donde se evidenció la importancia no solo ecológica sino también económica, social e institucional, lo cual se refleja en actividades como el turismo, la protección del recurso hídrico para el abastecimiento de agua a comunidades y generación de energía hidroeléctrica, la investigación científica y otros servicios ambientales.

 De esta manera la investigación llevada a cabo por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) con el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), estimó que el aporte a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas fue de aproximadamente ₡1.119.955.196.505 ($1.900.634.361 dólares estadounidenses) para el año 2018.

Las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las más beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con aproximadamente ¢915.424.100.253 del total de ingresos, representando el 81.74% del aporte total generado. El servicio de mantenimiento del recurso hídrico por parte de estas áreas protegidas permitió obtener cerca de ¢153.943.524.777 en generación de electricidad.

Como se mencionó anteriormente, la actividad relacionada con los PNRB que más obtuvo beneficios (81,7%) fue el turismo, por lo anterior y teniendo en cuenta los tres posibles escenarios esbozados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que apuntaban a declives en las llegadas de turistas internacionales para el 2020, se efectuó un análisis de los posibles efectos en los aportes de los PNRB, calculados en el presente estudio. En el escenario 1 los aportes disminuirán un 56%, en el escenario 2 disminuirán un 66% y en el tercer escenario la disminución será de 68%. En el cuadro adjunto 2 se incluyen la variación en los aportes de los PNRB dependiendo de cada escenario.

Las actividades económicas más importantes dentro de la actividad turística que se desarrolla alrededor de PNRB son el alojamiento, la venta de alimentos, el transporte y el entretenimiento, que se verán afectadas por esta disminución en los aportes.

***Para mayor información con: Mary Luz Moreno, investigadora Cinpe-UNA (8355-8425) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8674-8535).

 

Enviado por Oficina de Comunicación, UNA.

UCR: Costarricenses priorizan los problemas cotidianos frente al COVID-19

Encuesta del CIEP

Las medidas sanitarias continúan con un amplio respaldo ciudadano y la democracia se mantiene firme pese al impacto de la pandemia

Investigadores del CIEP señalan la aceptación de la vida con pandemia por parte de la ciudadanía costarricense. Foto: Karla Richmond, UCR.

Costa Rica registró los primeros casos de COVID-19 el pasado 6 de marzo, y en abril la pandemia ya era considerada por la ciudadanía como el principal problema del país. Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la población vuelve a priorizar temas cotidianos mientras lidia con la amenaza del virus.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se aplicó entre el 2 y 9 de noviembre a 969 personas mayores de edad localizadas en todo el territorio nacional.

Según la medición, el 26,7 % de las personas —al igual que en la consulta de agosto anterior— considera que el desempleo es el principal problema del país; seguido por la situación económica y la mala gestión del Gobierno, destacadas por el 21,4 % y 13,1 % de la muestra, respectivamente.

Por primera vez en las mediciones realizadas desde la presencia del coronavirus en el país, este se colocó fuera de la principal triada de preocupaciones ciudadanas y ahora figura como el cuarto problema más destacado. Según la investigadora, María José Cascante Matamoros, los datos evidencian una “aceptación de la vida con pandemia” por parte de los costarricenses.

“Ya se dejó de priorizar el encierro y la exclusividad que había tenido hasta ahora la pandemia en la vida y, de alguna manera, se está buscando el modo de volver a una forma de vida que también incluya esto”, explicó Cascante.

Según la experta, las preocupaciones cotidianas, que estaban nubladas en abril tras la llegada de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, vuelven a surgir en la población y aparecen radicalizadas como resultado del impacto económico y social de la crisis sanitaria.

“Empezamos a ver huracanes y otras cuestiones regulares de la dinámica social de nuestra vida, tensiones que nos obligan a priorizar. Todo esto genera mucho estrés en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones y hasta en las medidas que se toman”, reconoció Cascante.

La ciudadanía señala malestar con el Gobierno y con la situación económica

En medio de la diversidad de temas que vuelven a surgir en la dinámica social costarricense, el apoyo de la ciudadanía a las medidas sanitarias se mantiene en un 69 %. También se registra una mejor valoración de las acciones económicas que, tras un incremento de 16 puntos porcentuales, reciben el respaldo del 43 % de las personas.

En contraposición con las mejoras descritas, la gestión del presidente Carlos Alvarado recibe el apoyo más bajo que ha tenido su gobierno desde noviembre del 2018, al registrar solo un 15 % de opiniones positivas frente a 66 % de valoraciones negativas.

En cuanto a la situación económica, el pesimismo se mantiene como tendencia en esta encuesta. El 87 % de personas considera que el panorama nacional es malo o muy malo, en contraposición con apenas un 4,2 % que lo valora de manera favorable.

Según el investigador Ronald Alfaro Redondo, el resurgimiento de otras preocupaciones en la ciudadanía, relacionadas con el desempleo y su situación económica, genera un “castigo” al trabajo del Gobierno y a su reciente actuación en el manejo de las tensiones con diversos grupos sociales.

Además del desempleo, las personas destacan la situación económica y la mala gestión del Gobierno como los principales problemas del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La democracia se mantiene sólida pese al impacto de la pandemia

Pese a los enfrentamientos y manifestaciones violentas que vivió el país durante octubre, esta nueva encuesta del CIEP señala que la democracia costarricense se mantiene sólida en medio de los múltiples desafíos que ha planteado la pandemia.

Los resultados de la encuesta reconfirman, una vez más, el respaldo social a principios como la libertad, la democracia, la paz y la protección de la naturaleza, los cuales forman parte importante del imaginario del ser costarricense.

Al mismo tiempo, aunque se reconoce la existencia de diversos perfiles identitarios dentro de la población, existe un rechazo generalizado a las acciones antidemocráticas como los bloqueos de carreteras o la paralización del país.

Según Alfaro, los resultados de la encuesta evidencian que la ciudadanía sigue apostando por el diálogo y por la negociación para resolver sus diferencias. Esto es parte de una respuesta positiva a la vigencia de mecanismos democráticos.

“A veces la democracia es lenta, pero tiene mecanismos diseñados para procesar los conflictos y entregar resultados. Aun en sus horas más difíciles, la democracia costarricense está demostrando que tiene una reserva de confianza en la gente para procesar todas estas presiones y tempestades”, concluyó el experto.

El panorama más reciente del desempleo

Según la nueva encuesta del CIEP, el 48 % de las personas encuestadas reconoció una afectación propia o en su núcleo familiar por la pérdida de empleo durante el último mes.
El 19 % de la muestra consultada señaló una afectación directa y el 29 % restante atribuyó esta circunstancia a algún miembro de su hogar. El mayor impacto directo lo experimentaron hombres entre los 35 y 54 años de edad, mientras que las mujeres mayores de 55 años son quienes reportan el mayor impacto en sus familias.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón agrupan la mayor cantidad de personas que perdieron el trabajo durante las últimas semanas.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Conferencia internacional «Centroamérica: La crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19»

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, le invita este jueves 19 de noviembre a la 1:30 p.m. a la conferencia de clausura del III Seminario CICDE: “Centroamérica: La crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

Ponentes: Luis Paulino Vargas Solís, Ana Lucía Álvarez Vijil, Álvaro Artiga González, Ricardo Sáenz Tejeda.

Modera: Eva Carazo.

La transmisión se llevará a cabo mediante redes sociales.

Pandemia al Sur

Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:

“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.

Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.

En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.

Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.

Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.

Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.

Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.

Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.

Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.

El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.

En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).

Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.

Olver Quijano Valencia
Universidad del Cauca, Colombia

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Urge aprobación seguro universal gratuito

Recursos no requieren de nuevos impuestos
Busca evitar colapso de pacientes crónicos en salas de emergencias

Comunicado SINAE

Con el fin de proporcionar salud a todos los costarricenses y prevenir un colapso de pacientes con enfermedades crónicas en las salas de emergencias es necesario la aprobación de un Seguro Universal gratuito que se extienda de manera temporal hasta por 12 meses a todos los trabajadores y sus núcleos familiares que se vieron afectados por la modificación de la jornada laboral suspensión temporal o finalización de contratos.

Así lo solicitó el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) Lenin Hernández Navas al Presidente Carlos Alvarado Quesada, en una nota suscrita, el 4 de noviembre, con copia a la Junta Directiva y a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con Hernández Navas durante esta pandemia es necesario fortalecer nuestro estado social de derecho y la salud juega un papel fundamental.

Por lo anterior la labor de prevención, de diagnóstico a tiempo y brindar el tratamiento médico o quirúrgico a los costarricenses, así como el control de las enfermedades crónicas debe ser prioridad de la CCSS; se hace imprescindible la implementación de un Seguro Universal gratuito por hasta 12 meses que le permita a los afectados continuar recibiendo su atención y tratamientos sin ningún contratiempo.

Durante la pandemia del Covid19 el Seguro de Salud es el que hace frente a la atención de los contagiados y se estima que sus finanzas se verán afectadas por sus ingresos y egresos por lo que se propone una serie de acciones tendientes a llevar recursos a este pilar fundamental que permita su sostenibilidad durante la emergencia y crear un Seguro Universal gratuito por un lapso de hasta 12 meses sin tener que crear nuevas cargas sino redistribuir los destinos de algunos recursos:

  • Que la Junta Directiva de la CCSS tome el acuerdo de publicar un artículo transitorio en el Reglamento de Salud que permita la cobertura de un aseguramiento universal y gratuito por el lapso, de hasta 12 meses, para cubrir a aquellos trabajadores que perdieron el empleo o sufrieron modificaciones en sus contratos.
  • Que el listado de posibles beneficiados con el Seguro Universal se alimente de la base de datos del MTSS donde se reportan los trabajadores con reducción de la jornada laboral, así como con la suspensión o finalización de los contratos de trabajo.
  • Se contemple una reducción porcentual o se exima del pago del 6% de 3 a 6 meses sobre las planillas reportadas por los empleadores a la CCSS que dispone un 4.75% para financiar el Régimen de Pensión Complementaria y un 1.25% para el Fondo de Capitalización Laboral. La exención sería solo al sector privado, y en el caso del sector público, se mantendrían los rubros establecidos de ley, pero ingresarían al Seguro de Salud.
  • Realizar una reforma transitoria a la Ley No.9028 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud para que se aumente el aporte a la CCSS del impuesto a los cigarrillos y pase de un 55% a un 75% por los siguientes cinco años.
  • Que la CCSS disponga, al menos, del 50% de las reservas acumuladas de la Ley No.9028 del Tabaco para fortalecer el Seguro de Salud. En la actualidad el uso de los recursos está condicionado a proyectos de equipamiento e infraestructura y no con gastos corrientes. A enero las reservas ascendían a ¢103 mil millones producto de esa ley y podrían convertirse en una inyección para el aseguramiento universal gratuito.
  • Crear por una única vez una contribución solidaria financiada con las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de las pólizas de Riesgos Laborales para fortalecer el Seguro de Salud. A diciembre del 2019 se estimaba estaban en ¢795 mil millones.

El mundo recupera la esperanza

Mujeres por Costa Rica

Con el triunfo electoral de Biden-Harris, el mundo recupera la esperanza de hacer cambios impostergables para el cuido de los ecosistemas del planeta y la superación de las condiciones de desigualdad que empujan a millones de personas a vivir en la pobreza y con hambre.

Celebramos la llegada de Kamala Harris.  Ella será la primera mujer, y la primera persona de ascendencia afroasiática en ocupar dicho cargo. Su agenda en favor de las minorías y con enfoque de género, revive esperanzas en momentos en que el supremacismo blanco amenaza los derechos civiles alcanzados desde la década de 1960.

Felicitamos a los movimientos de mujeres de los Estados Unidos y del mundo que se unieron en una sola voz para impedir la reelección y la consolidación de un gobierno negacionista de la pandemia, la ciencia, los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y raciales y defensor del capitalismo salvaje.

El nuevo mundo demanda el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del multilateralismo, la solidaridad internacional y el cuido de la naturaleza como la única vía posible para la construcción de una comunidad internacional que viva en paz.