No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.
El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.
Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.
Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.
El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.
Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.
¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!
¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!
Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.
La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.
También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA. ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!
¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.
No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?
Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?
Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.
Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.
Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?
Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.
La mayoría de la población consultada apoya que el país continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación
La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares de 1 204 personas distribuidas en las diferentes regiones del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la situación económica del país es indudable, pero incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.
Así lo reveló un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El material fue elaborado por Investigaciones Psicosociales S. A., empresa con 34 años de experiencia en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población en el país.
El presidente del Conare, Luis Paulino Méndez, destacó la importancia de estudiar y análizar de manera permanente de la realidad nacional, como base para la toma de decisions frente al complejo contexto sanitario y económico que experienta el país.
“Es fundamental tener la claridad, el análisis coyuntural, sin perder de vista la Costa Rica que queremos para definir un camino que responda a los retos inmediatos y al futuro que asegure el bienestar de la población”, afirmó Méndez.
La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares, y consultó sobre diversos temas coyunturales a una muestra de 1 204 personas distribuidas en diferentes localidades del país.
Según la encuesta, el 79,1 % de las personas consultadas reconoció una disminución en los ingresos familiares como resultado de la actual pandemia. En el 42,3 % de los casos, tal afectación representó más de la mitad de los recursos que percibían y en el 17,1 % significó la totalidad.
El impacto económico de la pandemia es muy amplio, afectando directamente a cuatro quintas partes de los hogares entrevistados.
En el 56 % de los casos consultados se retrató la pérdida de empleo por parte de la persona entrevistada o de algún miembro de su familia, y el 69,7 % de la muestra valoró de manera negativa la situación económica del país, frente a solo un 4,3 % que la calificó de forma positiva.
Pese a la difícil realidad descrita, la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora. El 73,7 % de los entrevistados respaldó un aumento de la inversión en salud pública y el 22,8 % apoyó que el rubro actual en esta materia se mantenga.
El 43,5 % de las personas consultadas respaldó el fortalecimiento de la inversión del país en infraestructura mediante la creación de obras públicas, como puentes y carreteras, mientras que el 34,8 % consideró que esta apuesta económica continúe como hasta ahora.
Por otra parte, se evidenció un incuestionable apoyo social a la educación pública en el país. El 92,9 % de las personas consultadas respaldó la inversión estatal en educación pública primaria y secundaria, mientras que el 90,5 % apoya la inversión en la educación superior pública.
Según el psicólogo e investigador de la empresa Investigaciones Psicosociales S. A., Marco Vinicio Fournier, la valoración positiva de las medidas sanitarias y el papel del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), en la atención de la emergencia, han generado en la ciudadanía una revalorización del papel de la institucionalidad pública.
“Pareciera que el impacto de la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a valorar la importancia de contar con un Estado sólido e instituciones fortalecidas para enfrentar eventuales situaciones de crisis”, explicó el académico.
Pese a la difícil realidad descrita, la encuesta presentada evidenció que la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora.
Ciudadanía reconoce papel de las universidades públicas
La encuesta retrató una valoración positiva del quehacer de las universidades estatales. Estas instituciones recibieron una calificación general de 8,59 por parte de la ciudadanía, la cual en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzó el 8,98.
La población consultada atribuyó una valoración de 8,25 al trabajo y aportes que realizan las universidades públicas en las diversas comunidades de todo el territorio nacional, en tanto la UCR obtuvo un 8,62.
La muestra consultada otorgó un 9,05 a la calidad de la educación que brinda la UCR, cuya presencia en la atención de la actual emergencia sanitaria fue catalogada como “muy importante” por 55,7 % de las personas entrevistadas y como “algo importante” por 17,4 %.
Pese a la valoración positiva que se atribuyó al quehacer de las universidades públicas, la consulta permitió constatar que el 62 % de las personas encuestadas desconoce la fuente de financiamiento que hace posible su trabajo y solo un 32,5 % lo reconoce como inversión del Estado.
El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, enfatizó que desde hace 80 años la Institución mantiene el compromiso de aportar a la construcción del país desde las diversas áreas del conocimiento, tanto en contextos cotidianos como en situaciones excepcionales, por ejemplo, la que plantea la coyuntura actual.
«Estos datos los recibimos como un mensaje claro de la población costarricense hacia el trabajo que desempeñamos como universidad pública, recibimos su respaldo y también sus exigencias», enfatizó el jerarca universitario.
Se detectó que el conocimiento de la población respecto al trabajo la UCR es muy amplio y la mayoría de las personas consideran muy importante la actuación de la institución durante la pandemia.
Aportes de las universidades públicas al desarrollo
El 82,7 % de la ciudadanía que participó en la consulta manifestó estar de acuerdo con que las universidades estatales fortalezcan el desarrollo de sus sedes regionales alrededor del país y el 84,4 % consideró que deben invertir en más aportes a las comunidades.
La perspectiva anterior podría relacionarse con el 47,9 % que expresó algún nivel de desacuerdo con la posibilidad de que estas instituciones públicas dediquen la mayor parte de su trabajo a la enseñanza y atiendan en menor medida las áreas de investigación, extensión y acción social.
Por último, el 75,1 % de los encuestados consideró que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto que hace posible el trabajo de las universidades públicas, frente a un 15,7 % de la muestra que manifestó su desacuerdo al respecto.
Según Fournier, los resultados obtenidos en esta oportunidad sobre el posicionamiento de las universidades estatales son consistentes con estudios previos que han colocado a estas instituciones en los primeros lugares de valoración ciudadana.
“No se registra un cambio de la población en este tema, las universidades públicas manejan una percepción positiva desde que se iniciaron las mediciones de la imagen institucional en la década de los noventa y esto solamente se ha venido reforzando”, concluyó el experto.
El desarrollo de esta encuesta fue financiado por la UCR. El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados.
El cruce de las respuestas al cuestionario con las variables sociodemográficas de las personas entrevistadas evidencia una alta homogeneidad en las opiniones y actitudes de la gente que se encuestó, puesto que existen pocas diferencias significativas respecto a sexo, edad, región, religión y condición de actividad.
El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados. Esta encuesta es iniciativa de la UCR y la muestra estuvo conformada por 47,6 % de hombres y 52,2 % de mujeres.
Sobre la empresa que desarrolló la encuesta: Investigaciones Psicosociales S. A.
Ámbito de acción: Durante 34 años, la compañía ha desarrollado investigación social en diversos campos de la política, la salud y los derechos humanos, con énfasis en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población general o de subpoblaciones especiales en toda la región centroamericana.
Enfoque metodológico: Los estudios de Investigaciones Psicosociales S. A. se desarrollan tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Se busca siempre un balance y una complementariedad entre la profundidad en el análisis y la sistematización y generalización de resultados.
Procedimientos científicos: La amplia experiencia acumulada por la empresa ha permitido implementar y actualizar constantemente mecanismos rigurosos para recolectar datos con estrategias de selección y muestreo que maximizan la aleatoriedad y la precisión. Asimismo, ha posibilitado el uso de las últimas aplicaciones de georreferenciación, módulos especiales para supervisar el trabajo de campo, las más modernas técnicas de registro de la información mediante dispositivos móviles, programas computacionales propios para la crítica y limpieza de las bases de datos y los análisis estadísticos más precisos.
Instrumentos de recolección: Nuestras técnicas de recolección de información combinan formatos estructurados y semiestructurados con técnicas psicométricas, para generar escalas de medición más confiables y válidas, las cuales permitan medir variables así como procesos psicosociales que difícilmente se podrían registrar mediante preguntas tradicionales.
Técnicas de análisis: Los análisis estadísticos van mucho más allá de la simple descripción de distribuciones de respuestas. Mediante diversos análisis multivariados, la información es procesada para implementar indicadores, perfiles, conglomerados y estructuras factoriales exploratorias, lo cual permite un análisis y una interpretación más profunda de las actitudes y los comportamientos sociales.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Dentro del marco del diagnóstico comunitario frente a la pandemia, en el Programa Kioscos Socioambientales se estará conversando este miércoles 23 de septiembre a la 6 p.m. sobre: “Derechos Laborales y agronegocio en tiempos de pandemia” con representantes de sindicatos del sector de trabajadores del agronegocio: Santos Reinosa del SITRASEP y Maureen Gamboa y Didier Leitón del SITRAP.
Canal de transmisión: FB Live – Programa Kioscos Socioambientales.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC; rechaza categóricamente el conjunto de medidas retrógradas anunciadas por el Gobierno de la República, en su afán de servir una vez más a los organismos internacionales sin importar que con ello estén poniendo precio a nuestra Patria.
Es inaceptable el grado de insensibilidad y falta de seriedad mostrado en la propuesta anunciada este jueves, la cual basa su vago argumento en la imposición de más impuestos, esto mientras que el pueblo apenas supera el trago amargo del nefasto Plan Fiscal que afectó gravemente a la clase trabajadora y la población en general.
Aplicar una nueva regla fiscal, tomar decisiones deliberadas entorno al Empleo Público, aplicar un congelamiento salarial, además de la venta de activos del Estado, sumado a la reducción del presupuesto extraordinario que es clave para el funcionamiento estatal; son opciones que no solucionan la problemática real que tiene el país, y demuestra que el Gobierno sigue sirviendo a los grandes capitales sin importar llevar a la miseria a miles de familias. Nosotros no ocupamos negociar con el FMI, mucho menos si esa negociación lleva a la debacle de las familias.
Señoras y señores diputados, Presidente de la República: El pueblo ya está cansado, no aceptamos más la miserable condición a la que nos quieren llevar utilizando como pretexto la pandemia, para poner a Costa Rica en un abismo de desigualdad y pobreza. Hay otras soluciones, pero no han querido escucharlas, prefieren pisotear cobardemente al pueblo, quitándole lo poco que le ha quedado, vendiendo los activos estatales y quebrando esas instituciones que siempre nos han defendido, simultáneamente atropellando al sindicalismo.
El SEC les hace un llamado a responder a la patria y a ese pueblo que ya ha dado todo, ¡Costa Rica No se Vende! les advertimos que en sus manos está la paz social y el futuro del país.
Acompañada de un discurso generalizante que identifica a toda la población mayor de 65 años con enfermedad y riesgo inminente de muerte, la pandemia ha generado la “infantilización” de las personas mayores en el seno de familias costarricenses, donde se ha asumido el control de sus decisiones, lo cual constituye violencia psicológica, según expertas de la UNA.
“Nosotros tenemos a mamá encerrada” o “mis hijos no me dejan salir”, son algunas frases que ya resultan comunes en las conversaciones, en el contexto de la pandemia de la covid-19, acompañada de un discurso generalizante que identifica a toda la población mayor de 65 años con enfermedad y riesgo inminente de muerte. Sin embargo, para las gerontólogas Maribel León, Noelia Alfaro y Fanny Arce, estas frases son muestra fehaciente de violación al derecho a la autonomía de las personas mayores y de violencia psicológica.
Las expertas participaron en el coloquio “Violencia hacia las personas mayores en distintos escenarios en el contexto del covid-19” -organizado en el marco del 45 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA)-, donde coincidieron en que la emergencia sanitaria ha agudizado distintos tipos de violencia hacia las personas mayores y ha sacado a relucir los mitos y estereotipos que prevalecen en la sociedad costarricense en relación esta población.
Violencia al desnudo
Coordinadora del Programa de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor del (Paipam) del Centro de Estudios Generales de la UNA, León destacó la violencia psicológica como una de las principales que se puede observar en tiempos de covid-19.
En la pandemia –enfatizó la especialista- lo que se hizo fue infantilizar a las personas adultas mayores porque muchos de los hijos tomaron el control de la vida de ellas y les dijeron “usted no sale”, “usted no hace…”, como si las personas mayores no tuvieran capacidad de analizar la situación y de decidir por sí mismas. “Dejaron por fuera la autonomía de estas personas, su derecho a tomar decisiones; entonces aquí hay un abuso psicológico palpable”.
Y es que, además, el discurso sanitario relacionado con la covid-19 –según León- irrespetó la diversidad de esta población, asumiendo que toda era enferma o estaba por enfermarse, a pesar de que muchas personas mayores de 65 años están saludables y antes de la pandemia salían de sus casas para realizar distintas actividades.
Además, como consecuencia del confinamiento prácticamente obligatorio que se recomendó para esta población, a algunas personas mayores que antes salían a trabajar y eran independientes económicamente, se les afectó en el área patrimonial, lo cual les puso en riesgo ante otros tipos de violencia.
También han enfrentado violencia social porque el confinamiento les impidió asistir a centros diurnos u otras modalidades de atención, donde ejercían, entre otros, su derecho a la recreación, el cual está consignado en la Ley integral para la persona adulta mayor, tal como destacó Fanny Arce, gerontóloga y abogada con especialización en derechos humanos de esta población.
Arce reconoció que, a propósito de la covid-19, se han violentado muchos derechos, como producto del aislamiento, otra forma de violencia que sufren las personas adultas mayores.
“Todos estos abusos y maltratos, de una u otra forma, han estado presentes en la pandemia, que reveló que siguen los problemas estructurales que ya teníamos. Esto quiere decir que tenemos que desaprender todo lo que estamos haciendo y ver de qué manera vamos a mitigar todo esto”, advirtió la coordinadora del Paipam.
“La pandemia no puede ser una excusa para el maltrato y no podemos mantenernos en una situación donde se siguen visibilizando y perpetuando los mitos y estereotipos sobre las personas adultas mayores”, insistió.
Discurso paternalista
Una manera de desaprender y de fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona adulta mayor -como lo establece la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores, ratificada por Costa Rica- es generar un proceso de cambio en el discurso, según estima Noelia Alfaro, gerontóloga y coordinadora del programa Envejecimiento: Cambios poblacionales y retos sociales del Idespo.
El discurso prevaleciente durante la pandemia, más bien vulnerabiliza a la población mayor de 65 años, haciendo referencia a esta con frases paternalistas, como es el caso de “nuestros adultos mayores”, la cual es muy utilizada, incluso por autoridades institucionales.
Alfaro fue enfática en que cuando se dice “debemos proteger a nuestros adultos mayores”, suena posesivo e implica que las personas mayores son de las familias y estas toman decisiones por ellas, con lo cual se irrespeta su autonomía.
La investigadora del Idespo comentó que esto sucede también en el ámbito internacional, por ejemplo, en Argentina, donde se emitió un decreto para que las personas mayores pidieran permiso para salir, el cual causó gran controversia.
El discurso que asocia vejez con enfermedad, dependencia e improductividad se refleja en las noticias que difunden los medios de comunicación, lo que contribuye a que estas ideas se perpetúen.
“Estamos interiorizando todo este bombardeo y estamos generando representaciones sociales negativas y estereotipadas sobre el envejecimiento y la vejez”, subrayó Alfaro.
“¿Qué ideas están interiorizando los niños, por ejemplo, con respecto al proceso de envejecimiento, la vejez y las personas adultas mayores?”, cuestionó.
Ante este panorama, insistió en la necesidad de generar una sensibilización y una concientización en todos los ámbitos de la sociedad, en los diferentes profesionales, autoridades de instituciones, periodistas, así como en las escuelas y los colegios, donde debería generarse un contenido sobre este tema, sobre todo en un país como Costa Rica, donde hay un acelerado proceso de envejecimiento poblacional.
En su criterio, no solo es preciso promover un cuidado minucioso del uso del lenguaje y desarrollar nuevas estrategias comunicativas más neutrales, sino también asegurarse de socializarlas, interiorizarlas y llevarlas a la práctica, con el objetivo de crear una sociedad para todas las edades, que implica nuevos discursos y repensar y resignificar la vejez.
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
La esencia del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO”, es la consolidación del modelo de desigualdad social con más políticas económicas restrictivas y de “disciplina fiscal”, que no servirán para sacarnos de la crisis. Que el Estado está en crisis o incluso a punto de quiebra es un hecho. Pero lo que debería estar en discusión con participación efectiva/democrática de toda la sociedad costarricense, y no lo está, es cuáles con las acciones que nos permitirán enfrentar la crisis sin profundizar la pobreza y la inequidad general.
Estos comentarios son una primera reacción ante la propuesta para el FMI, o más bien del FMI y el Gobierno, para no pecar de ingenuos, pues sabemos que están “dialogando” desde hace tiempo.
El punto de partida ante esta propuesta es que Costa Rica puede y debe prescindir de este convenio con le FMI. El país tiene condiciones financieras para atender la crisis con parte de las reservas del BCCR; pero no aplicando salvamentos a los bancos y capitales privados, como ya anunció el Ministro de Hacienda, si no orientando acciones de política económica incluyentes y solidarias. La propuesta que desde hace meses hizo el exgerente del Banco Central de Costa Rica, William Hayden es clara y posible de ejecutar: “El Banco Central tiene US$8.000 millones de Reservas Monetarias Internacionales invertidos en el exterior, la mayor parte en títulos valores a tasas de interés en dólares. Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que los adquiera el Banco Central” (https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/william-hayden-propone-alternativa-para-que-el-gobierno-no-recurra-a-impuestos-solidarios/).
Debemos aceptar que la crisis es real, pero que no la generó la pandemia del CV19 y que la salida ya no debe ser el ajuste restrictivo en contra de la clase trabajadora. Entendemos y aceptamos, como debe ser, que los aportes desde los salarios públicos y privdos y los ingresos por el trabajo independiente o cuenta propia en todos los campos, deben planificarse de acuerdo con el poder adquisitivo y los ingresos de los diferentes segmentos, revisando salarios altos, pensiones de lujo, incluso anualidades, y otros componentes de los salarios y los ingresos. Pero el Gobierno reitera su fijación de ataque “al trabajo” y la población en general. Pareciera que su meta es desaparecer lo que sobrevive de los segmentos de medianos ingresos y elevar la pobreza.
Con esta propuesta para el FMI, le siguen cobrando al Estado social y a los y las trabajadoras del sector público, la factura del desfinanciamiento del Estado. En la propuesta se indica: “Empleo público. El tema de empleo público fue objeto de un conjunto de propuestas, desde una reforma estructural al empleo público hasta algunas más puntuales de recortes a los pluses salariales, la eliminación y congelamiento de las anualidades, así como una evaluación de desempeño por resultados más efectiva y rigurosa” (p. 27). Pero, más allá de esas declaraciones, las medidas dejan claro que la evasión, elusión y exoneraciones para el capital privado, tiene su contraparte en las restricciones, las regulaciones y las limitaciones de las condiciones laborales, salariales y, en general, el deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora.
Esta dirección queda expuesta en el enunciado “Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público”, punto “2. La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público” (p.38). Lo fundamental de esta propuesta es “…la necesidad de contar con nuevas modalidades de jornadas laborales para permitir mayor flexibilidad y un mejor acoplamiento a las necesidades del mercado, (que) se ha impulsado el Proyecto de Ley N° 21.182 de jornadas excepcionales de trabajo, el cual busca establecer la modalidad de doce horas y jornada anualizada” (p. 56). Igual se enfilan ataques contra el aguinaldo, el salario escolar y otros “privilegios” que de hecho son pagados por cada trabajador/a y no por el capital privado y el Estado. Lo que en el mundo entero ha permitido tal “flexibilidad”, es crear nuevas condiciones para que se eleve el lucro privado de las empresas tanto locales como extranjeras, a costa de la pérdida de condiciones laborales, cuyos impactos más negativos son acumulativos de plazo indefinido. Gran parte de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadore.as, vivirán el deterioro directo y pérdida de la calidad de sus empleos, de sus ingresos, del nivel de vida de sus familias, de sus seguros de salud y hasta de sus pensiones, entre otros impactos negativos.
Si bien muchos componentes de los salarios y los ingresos que se pueden revisar, las medidas propuestas llevarán a deteriorar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras del país, cuyo ingreso es apenas suficiente para atender sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno puede revisar los rubros de erogaciones por salarios y pensiones superiores a los 3 millones de colones y fijar impuestos de al menos entre el 20% y el 80% y hasta mucho más a las 523 pensiones que en junio del 2020 iban desde los ₡5 000 477,06 hasta los ₡14 446 858,00 (montos que resultan ofensivos). En 2018, el Ministerio de trabajo indicó que “un total de 325 personas pensionadas bajo este régimen no están pagando la contribución especial solidaria contemplada en la ley 7531. Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se aplicara el levantamiento de esta exoneración a estos casos, se lograría un ahorro aproximado de ¢1.794 millones anuales”. MTSS (2018).
Esta propuesta para el FMI es una versión extendida del Plan fiscal que todos los análisis advirtieron como regresivo, injusto y antisolidario, lo cual sigue quedando de manifiesto. Igual que con la Ley 9635 (antes “Combo fiscal”), con la propuesta para el FMI, se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica. La esencia de la propuesta para el FMI se puede resumir con los datos que aparecen en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos. Porcentaje del PIB. 2021-2024” (p. 41). La evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones quedan intactas. El rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” aportaría tan soló el 0,25% del PIB y hasta los años 2023 y 2024. Ni siquiera se aplicaría de inmediato, a partir del 2021, como todas las demás medidas, si no que lo harían hasta el 2023, asegurando un margen de consolidación de esos privilegios.
Los privilegios de la élite costarricense siguen intactos; inalterados con esta propuesta de acciones para el préstamo del FMI. Mientras que países como Argentina renegocian su deuda, Costa Rica le brinda al FMI, que no es otra cosa que una extensión del mundo corporativo, y antes el mecanismo sustituto de los golpes de Estado en América Latina, la oportunidad de imponer al pueblo de Costa Rica nuevas ataduras sociales en todos los campos. No es necesario “El ladrillo” de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general, incluidas las nuevas generaciones, a los dictados de la economía corporativa. Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre “del país”.
El Gobierno asumió de la manera más unilateral posible y en alianza con la élite que lo controla, la formulación de esa propuesta. Mientras se desarrollaba el proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Acuerdo con el FMI”, se redactaba el documento para el FMI. Muy “a lo tico”, en ese documento se hace referencia a las propuestas de esos encuentros intentando dar una visión de “consensos”, pero el documento para el FMI no las retoma como medidas concretas. Se despreció por completo la solidez de los argumentos y más allá las buenas intenciones de quienes participaron en ese proceso, queda demostrado que las negociaciones reales tenían lugar en otras oficinas, en la Asamblea Legislativa con las fracciones alineadas al Gobierno y en el Ejecutivo, sin olvidar a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo. Esta colusión también reafirma lo que desde hace muchos años definimos como el “Estado secuestrado”, ahora con la complacencia total del Poder ejecutivo. El mito o falacia del diálogo nacional y el consenso se demostró una vez más. Esa es la lección que deberíamos asimilar todos los actores sociales excluidos, y hacer un esfuerzo extremo de articulación y acciones ante el Gobierno y el FMI.
Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población sobre concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI. Es seguro que con información veraz y completa se exigiría al Gobierno actuar para la gente y el beneficio del país y no para la élite que lo guía. Pero bajo un régimen de desinformación bien articulado e impuesto como el que vivimos, es natural que un segmento de la gente piense que el crédito con el FMI es necesario para salir e la crisis, cuando la verdad es que es la propuesta más regresiva que hemos visto en mucho tiempo. Como ya dijimos, es una extensión del “combo fiscal”.
Si revisamos todos los rubros de la propuesta concluimos que se enfila contra la sociedad en general y el mundo del trabajo en especial, pues se incluyen medidas como imponer cargas a las transacciones mínimas en un cajero automático, un “Impuesto 25% premios de lotería”, eliminar la “exoneración salario escolar” que es un ahorro de cada trabajador/a, etc. Otra línea confirmada es que el Gobierno atenta contra el Estado, y contra el Estado social en particular. Las proyecciones de “Recortes al presupuesto/Regla fiscal”, se estiman en 0,76%-0,78%-0,82% y 0,96% desde 2021 hasta el 2024, montos que triplican y hasta casi cuadruplican la irrisible suma que en 2 años (2023 y 2024) se recuperaría con los ajustes mínimos propuestos para disminuir la evasión y elución fiscal. Justificar el recorte del “gasto” o inversión del Estado por falta de ingresos/déficit, es un sinsentido cuando el mismo Estado se inmola en favor de una élite privilegiada.
Hay que repetirlo: la esencia de la propuesta es que el rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” asegura los privilegios del empresariado; del capital. Ni siquiera entraría a regir el próximo año, si no hasta el 2023 y con un aporte de apenas del 0,25% del PIB mientras otros rubros, como “Aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (en 0,50 pp)”, desde el 2021 aportaría 0,56% del PIB anual, mucho más del doble que las empresas que disfrutan del no pago de impuestos.
En dirección de hacer que Costa Rica sea un país con mayor justicia social, NO SE JUSTIFICA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON EL FMI. Lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales, y recurrir a las reservas financieras del BCCR, que no implican condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas. Cualquier evaluación del Gobierno de Costa Rica corroboraría que es un Gobierno ineficiente e ineficaz, porque sabe exactamente a quiénes y cuánto cobrar, pero no lo hace. Los ingresos y ahorro proyectados por Gobierno Central son insignificantes comparados con lo que el Estado podría recibir si al menos iniciara el cobro de impuestos a las empresas y capitales privados que siguen amparados en los beneficios, la impunidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades del Gobierno.
Estudiantes de las escuelas de Arte Escénico y Danza, presentaron iniciativas para convertir el arte en una efectiva herramienta para hacerle frente a la pandemia.
Cuentos infantiles para explicar la realidad social del país, procesos artísticos generados a raíz de la covid-19, yoga para el bienestar físico, mental y emocional, improvisación en la danza, y el autocuidado de la mujer en el hogar, son los proyectos con lo que los estudiantes de arte quieren conectarse con distintas comunidades del país. El fondo para el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles en Extensión Universitaria de la Universidad Nacional (Focaes Extensión), es la herramienta que le permitirá a estos jóvenes cumplir con sus objetivos.
Estas iniciativas forman parte de las 48 propuestas presentadas por la comunidad estudiantil, y que tienen como fin la creación de productos de comunicación digital que permitan el vínculo entre la acción estudiantil y la población meta desde la presencialidad remota, y que buscan potenciar el desarrollo de capacidades en diferentes sectores de la población como niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad; la socialización del conocimiento o temáticas de interés que permitan la búsqueda de soluciones y la reflexión en torno a las experiencias acontecidas en el trabajo de campo y el diálogo con los actores locales frente a la situación actual.
Silvia Montenegro Gómez y Jordan Fajardo Ocampo estudian artes escénicas, su proyecto pretende crear una serie de cuentos cortos relacionado con temáticas como la salud, el medio ambiente y las artes, con el fin de poder comunicar a la población infantil sobre lo que se vive actualmente desde una forma más clara y dinámica para ellos.
Sebastián Acuña Chaverri, Dayan Pérez García y Mariana de la Cruz Salas, también de Arte Escénico, desarrollan “Resistencia: el teatro en la peste” y tienen como objetivo realizar un mapeo a nivel país sobre procesos escénicos nacidos a partir de la covid-19, además de diseñar cuadros informativos, un directorio digital y cuñas audiovisuales que comuniquen lo encontrado. El mapeo se hará a nivel país incluyendo personas universitarias inmersas en prácticas escénicas, personas del gremio teatral costarricense y personas que no pertenezcan a estas categorías que están realizando proyectos escénicos, para esto conversarán con organizaciones comunales, municipales e instituciones encargadas en cultura, así como con los grupos o personas que están trabajando “teatro en la pandemia”.
Yerline Herández Solís, Yadelys Montiel Masis y Sofía Sandoval Navarro, también pertenecen a la Escuela de Ate Escénico, ellas reconocen la dificultad que tienen las mujeres para realizar las tareas del día, al lado de labores que generalmente se vinculan a temas de cuidado y por proponen “Cuidando a las cuidadoras”.
“Leemos en muchos lugares que la pandemia llegó para evidenciar las desigualdades, y esto se vuelve evidente en materia de género: no solamente debemos progresar en nuestros trabajos remunerados o estudios sino en el cuido de niños, adultos mayores, personas con necesidades especiales o personas neuroatípicas, muchas veces, además, hacen la mayor parte de la labor doméstica en el hogar. A eso se le suma el componente de la crisis económica actual que contribuye a que las mujeres busquen nuevas formas de trabajos remunerados desde casa”, citan.
Ante este panorama, pretender crear un grupo de mujeres para empezar un proceso guiado, utilizando una caja que contendrá productos y objetos que permitan generar nuevas dinámicas de cuido propio, apoyadas por contenidos digitales que faciliten el proceso y promuevan una red de acompañamiento. Se abordarán temas de salud como el cuido propio por medio de las artes o la expresión artística, y otros como género y el rol de las personas cuidadoras.
“Para la Escuela de Arte Escénico es importante que los estudiantes se involucren en estas iniciativas que fomentan la permanencia en la Universidad y crean un vínculo con las comunidades”, dijo Vera Ramírez productora de la Escuela de Arte Escénico.
Desde Teatro en el Campus, mencionó Ramírez, se apoyará a los estudiantes en la divulgación de sus propuestas.
Por su parte, la Escuela de Danza también presentó sus iniciativas. David Ahmed Jiménez Gutiérrez, impulsará “Yoga, meditación y movimiento”, su objetivo es llegar a un sector amplio de la población con edades entre los 18 y hasta los 50 años en sesiones de 10 minutos para quienes cuentan con poco tiempo, hasta una hora para los que deseen una práctica completa. Los módulos se impartirán en videos para explicar o guiar los ejercicios, y abarcarán ejercicios de concentración y visualización enfocados en generar sensación de bienestar, ejercicios de respiración para apoyar la claridad mental, secuencias de movimientos enfocados en flexibilidad, fuerza o resistencia, y ejercicios posturales enfocados en quienes pasan mucho tiempo sentadas. También incluirá videos específicos para niños y adultos mayores.
Jiménez también participa junto a Grenda Zamora Bielsa en una propuesta de ejercicios de danza para la improvisación, el cuidado del cuerpo, danza y fluidez, emociones y sensaciones e improvisación de movimiento.
En tiempos de pandemia, de acuerdo con Enrique Corriols, asesor académico de vinculación estudiantil de la Vicerrectoría de Extensión, urgen acciones e ideas que permitan superar sus consecuencias e impactos en múltiples ámbitos. “Para sobrellevar el aislamiento físico, la Universidad Pública como generadora de procesos innovadores, busca el desarrollo de nuevas competencias que permitan un mejor uso de las tecnologías de la información para la comunicación. Para lograrlo, confiamos en el ingenio, creatividad e imaginación de estos estudiantes, quienes asumirán el compromiso social y los deseos de emprender y resolver problemas que aquejan a nuestras comunidades o algún sector de la población”.
Los más de 90 estudiantes inmersos en este proceso, están recibiendo capacitación (no presencial) en temas de comunicación digital, producción y postproducción, luego tendrán asesoría con una persona experta en temas de comunicación bajo la metodología Desing thinking. “La idea es que construyan un producto de comunicación con un llamado a la acción a través de medios digitales, ya sea redes sociales o el teléfono, por ejemplo, donde lleguen a las personas o comunidades meta. Esta es una forma de mantener la cercanía entre los estudiantes y las situaciones vulnerables del país”, detalló Corriols.
Más información con Enrique Corriols de la Vicerrectoría de Extensión (8743-2725) o con la Oficina de Comunicación de la UNA 8998-2182.
En el día de la Patria, 15 de septiembre de 2020, el gobierno presidido por Carlos Alvarado ha dado una vergonzosa demostración de rendición absoluta ante el dictatorial poder del autoproclamado dictador de América, Donald Trump, al votar por el candidato impuesto a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde la creación del BID el propio gobierno de los Estados Unidos, presidido por el General Eisenhower, estableció como norma la presidencia alternativa de representantes de América Latina en ese organismo. Sin embargo, por primera vez en la historia del Banco el gobierno Trump impone su candidato en la presidencia para los próximos cuatro años.
El gobierno de Costa Rica, por iniciativa de la expresidenta doña Laura Chinchilla, presentó el nombre de ella como candidata al puesto de Presidente del BID. Una dignísima propuesta que pretendía lograr el respeto a la tradición de relativa independencia en la conducción de ese organismo interamericano. Los gobiernos latinoamericanos liderados por los gobiernos cipayos de Bolsonaro y Duque en Brasil y Colombia, no lo entendieron así y se doblegaron ante el designio del Gobernante estadunidense.
Para culminar dignamente su política independiente, Costa Rica tenía la opción de abstenerse de votar, dado el retiro del nombre de la señora Chinchilla como candidato a la presidencia del BID con lo cual habría quedado clara la divergencia ante la imposición imperialista.
No fue así, el gobierno de C. Alvarado se inclinó temeroso ante Trump y le dio su voto al candidato de este, el señor Claver Carone.
¿Qué significado tiene esta designación?
Con esta designación el Gobernante Trump pretende cerrar cualquier portillo de neutralidad política en el Banco Interamericano e introducir claramente la línea de confrontación hacia los países que no se doblegan a los dictados de su gobierno.
No dejemos de recordar cómo amenazó y luego sometió a México imponiéndole el cierre de su frontera, luego hizo lo mismo con Centro América. Ya había convertido una ficción jurídica en realidad, reconociendo a un gobierno venezolano que no tiene poder de gobernanza en su país, requisito básico para ser reconocido como tal. Obligó a cincuenta gobiernos a hacer homologación de su absurda política. Incluyendo al nuestro.
El gobierno Trump ha establecido una política de guerra económica contra Venezuela y contra Cuba, donde no sólo sanciona a las autoridades de esos gobiernos sino también a aquellos que negocien con ellos. Ha llegado a la máxima obscenidad de establecer recompensas económicas para quienes capturen a los gobernantes de Venezuela. E inclusive hay sospechas muy bien fundadas de que ha mandado a matar al presidente de Venezuela, señor Maduro.
Propició descaradamente con la complicidad del secretario general de la OEA y de otros representantes de este organismo, un golpe de Estado en la República Plurinacional de Bolivia.
Su influencia sobre el Fondo Monetario Internacional para que este concediera el mayor préstamo de su historia al Gobierno Macri para que este lograra el triunfo en las elecciones en Argentina.
No esconde sus intenciones de someter a toda América Latina a sus designios y no escatimará esfuerzos para obligar a estos países a renunciar a sus relaciones económicas con países extracontinentales, sobre todo con China. Es para eso que nos quiere someter desde el asiento de la presidencia del BID en estos álgidos momentos en que la pandemia nos tiene en una grave crisis de producción y de comercio exterior.
Esta debilidad económica y financiera, le dio el triunfo absoluto en esta designación, en la cual lo único que se pudo hacer por parte de los países que aun guardaron un ápice de dignidad, fue abstenerse de votar.
El gobierno de Alvarado una vez más mostró su vergonzoso gatopardismo.
No los aíslan pese a tener contacto con colegas positivos
-SINAE AFINES exige urgente intervención a Dirección Médica
El personal de Enfermería específicamente de Salas de Operaciones del Hospital Tony Facio en Limón, están preocupados por el hacinamiento en el que deben realizar sus labores, situación que los expone a posibles contagios de COVID-19.
La tensión entre el personal aumenta más al saber que recientemente tres funcionarios de ese servicio en el turno de la noche, dieron positivos como portadores del virus, sin embargo, 7 de los trabajadores que tuvieron contacto no fueron enviados a aislamiento.
Según comentó uno de los trabajadores al Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), el área de descanso y de alimentación es totalmente reducido y ahí deben estar todos de manera aglomerada.
“Esta situación de hacinamiento nos preocupa porque debemos estar muy pegados, en el turno de la noche 10 trabajadores tuvieron contacto con los compañeros que resultaron positivos y no los aislaron, a pesar de que en algún momento cuando comieron no tenían el cubrebocas y estuvieron expuestos al contagio”, relató el trabajador quien solicitó resguardar su identidad.
Aunado a ello, manifestó que han hecho lo posible para contar con una mejor infraestructura y poder cumplir con la distancia establecida en los lineamientos, pero no han tenido resultados positivos.
Aseveró que, el espacio que tienen disponible los funcionarios para cambiarse a la hora de ingresar a una cirugía, es el servicio sanitario, sitio que no es apto por ser un área contaminada.
Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES ha sido vehemente en el llamado a las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para que dote de equipo de protección personal adecuado y que se haga el testeo masivo del personal para evitar contagios, pero, por el contrario, más bien se les niegan la atención oportuna.
Un ejemplo de ello se dio con una trabajadora quien se presentó a laborar con síntomas el martes, motivo por el cual, fue al médico del servicio de Emergencias, teniendo como respuesta la negativa a aplicarle la prueba y solamente la incapacitaron por un día y le recetaron acetaminofén.
Urge intervención
Tras la situación, Hernández Navas solicitó una urgente intervención a la Dirección Médica del Hospital Tony Facio para que apliquen adecuadamente y de manera obligatoria los lineamientos sanitarios en las Salas de Operaciones, además, de dar solución al hacinamiento que enfrentan los trabajadores.
“La guía para el abordaje de Brotes de COVID-19, en personas Trabajadoras de la Salud establece que, si uno de los trabajadores se contagia y ha tenido contacto directo con otros funcionarios en condición de alto riesgo, lo procedente es aislar a los que hayan estado en contacto con éste”, señaló el dirigente del SINAE AFINES.
Es necesario y urgente que todos los trabajadores de la salud reciben un testeo masivo y cuenten con los equipos de protección personal. Datos brindaros por la CCSS señalan que al 25 de agosto había un total de 1.483 funcionarios contagiados de COVID-19 y 12.015 incapacitados al 1 de setiembre.
Prensa SINAE/AFINES 28-2020
Lenin Hernández Navas se refiere al hacinamiento en que labora el personal de enfermería de sala de operaciones del Hospital Tony Facio de Limón.
