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Etiqueta: pandemia

Invitación: jornada virtual en defensa del agua en América Latina

San José, 11 de agosto de 2020.- La pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades con respecto a la garantía del derecho al agua en América Latina y el mundo. En este contexto, el acceso al agua resulta aún más indispensable en tanto las directrices de la OMS urgen el lavado de manos para limitar el contagio y propagación del virus, medida que resulta imposible en algunas comunidades sin acceso al agua en cantidades suficientes como para cubrir las necesidades básicas de consumo e higiene.

Al tiempo que comunidades enfrentan el desabastecimiento del agua, pueblos indígenas y comunidades campesinas continúan ejerciendo su labor de defensa del agua y recursos naturales ante la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Ante ello, personas defensoras continúan siento amenazadas, estigmatizadas y criminalizadas.

Aunque el reconocimiento al derecho al agua se consolida cada vez más en el ámbito internacional desde su primera definición hace casi 20 años y se ha reconocido el vínculo indispensable entre agua y la garantía de muchos otros derechos, incluyendo la vida, la salud, la alimentación, entre otros, este proceso de paulatina consolidación no ha estado necesariamente acompañado en la misma intensidad por ejercicios de rendición de cuentas y este derecho continúa amenazado.

Así, resulta indispensable definir con mayor precisión el alcance de su protección; y los deberes de prevención y respuesta de los Estados, así como visibilizar las luchas de los pueblos y comunidades que continúan resistiendo al extractivisimo y el desabastecimiento y exigen la garantía de su derecho al agua.

Frente a este contexto, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mujeres MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) te invitamos el próximo jueves 13 de agosto de 10:00am a 4:00pm (hora Centroamérica) a una jornada virtual para conversar sobre las luchas, alcances y retos para garantizar el derecho al agua en América Latina.

Conoce nuestros bloques de conversación (hora Centroamérica):

10:00-11:00am: Estándares internacionales sobre el derecho al agua, ¿dónde estamos y qué falta?

Ponentes:

  • María Noel Leoni – Directora de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia
  • Manuela Royo – Abogada, académica e integrante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente

Modera: Liliana Caballero – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México

11:30-12:30am: Relatos desde la ruralidad: entrevista sobre la situación en Guapinol, Honduras; y Petorca, Chile

Ponentes:

  • Lorena Donaire – Fundadora y vocera de Mujeres Modatima, Petorca y Co Fundadora de Mujeres en Resistencia (Chile)
  • Juana Zúniga – Defensora del río Guapinol e integrante del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Honduras)

Modera: Sofía Espinal – Oficial de comunicación de CEJIL para Centroamérica y México

2:00-3:30pm: La resistencia de pueblos originarios en Mesoamérica: foro sobre la lucha de los pueblos Mixe y Maya en México, el pueblo Lenca en Honduras y el pueblo Ngäbe en Panamá

Ponentes:

  • Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México
  • Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México
  • Dunia Sánchez – Pueblo lenca, comunidad de Río Blanco, Honduras
  • Weni Bagama – Pueblo Ngäbe, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá

Modera: Guillermo Rodríguez – Oficial de incidencia de CEJIL para Centroamérica y México

3:30-4:00pm: Clausura: reivindicar la lucha por aguas libres a través de la poesía

Presentan:
• Yásnaya Elena Aguilar – Pueblo mixe, Oaxaca, México
• Pedro Uc Be – Pueblo maya, Yucatán, México

¡Acompáñanos a conversar y exigir #AguasLibres en América Latina! Inscríbete en: bit.ly/2XOWjlv. Sigue la transmisión por Zoom o en Facebook Live: https://www.facebook.com/CEJIL/

ANEP: invitación -FORO JUVENTUDES

La seccional ANEP JOVEN Y LA SECRETARIA DE JUVENTUD, en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LAS JUVENTUDES le invita a participar del foro “EL DESAFÍO DE LAS JUVENTUDES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y EL MODELO DE SOCIEDAD QUE QUEREMOS”.

Compartimos el afiche de invitación y el link donde deberán inscribirse.

Además, les compartimos el Programa de actividades el cual será trasmitido por Facebook Live en: https://www.facebook.com/ANEP-Joven-847391385351291/

En tiempo de pandemia: volvamos a la tierra

“[…] es frivolidad pensar que si nosotros los humanos hacemos el más mezquino objeto con un fin determinado, la naturaleza ese prodigio, fuera hecha sin otra finalidad que alimentar plantas, bestias y hombres, para que después la abonaran con un puñado de mísero polvo disperso-nada más. Estupenda frivolidad es el materialismo que se cree, sin embargo, hijo de la observación y la ciencia”.

Gabriela Mistral.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Volvamos a la tierra” fue el lema de la campaña electoral del expresidente don Luis Alberto Monge, a inicios de la trágica “década perdida” de 1980. Un lema sugestivo que contribuyó a su elección, pero que acaso, al final, solo sirvió para hacer chiste. Después de que el país sufrió las consecuencias socioeconómicas empobrecedoras con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), debido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya receta no parece haber cambiado hasta el día de hoy-, se decía que, efectivamente, “volvimos a la tierra”: nos “enterraron”.

Hoy, acosados por una pandemia que no da tregua, volver a la tierra resulta un desafío ineludible, para garantizar la continuidad de la vida. Es decir, volver a la tierra en actitud reverente para extenderle la mano protectora y dejar de violentarla, sobrexplotándola.

Este desafío se vuelve perentorio, especialmente, cuando se levantan las voces de quienes no conformes con la sobre-explotación del suelo, convocan de nuevo a la explotación del subsuelo para extraer oro y petróleo. Y venden la idea como otra de las tantas “pomadas canarias”, en tiempos de pandemia, para solucionar los álgidos problemas del desempleo, empobrecimiento e inequidad social.

Pareciera que lo que se busca es el camino fácil, para seguir tolerando el comportamiento indolente de la élite económica de este país, que se resiste a la auténtica solidaridad como exigencia de justicia distributiva. Ello implica saldar la deuda tributaria que ha venido acumulando por más de diez años; y la deuda moral con un pueblo cuya dignidad ha sido mancillada por parte de gobiernos complacientes, que han permitido ese robo “legalizado”.

En tiempos de pandemia económica y sanitaria, para sanar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad social, hay que buscar las formas de recuperar, aunque sea parcialmente, la deuda acumulada de la élite empresarial. Asimismo, suspender el pago de intereses de la deuda externa, mientras se negocia su condonación total o parcial, como se ha venido reiterando. Es la hora de la dignidad para hacer valer también nuestras condiciones.

La riqueza de este país no está en el subsuelo; está en el suelo y en los mares, al igual que el “tesoro” de la Isla de Coco está en su biodiversidad marina y terrestre, así como en su belleza paisajista. Y está en el verde de las montañas, en el rojo con pinceladas azules de las lapas, en el amarillo contrastando con el negro del tucán de mirada serena, en el exuberante esmeralda y turquesa de nuestros mares… También en la generosidad de los suelos, que bien trabajados nos aportan alimentos saludables.

Si el Covid19 es uno de los mejores dispositivos pedagógicos, como se ha señalado con acierto, atendamos a su mensaje que nos invita a propiciar relaciones más armónicas y vitalistas con la naturaleza.  El destino de la especie humana está implicado en el de la madre tierra. La salud humana también está implicada en la salud de la tierra.  

No hay que postrarse, ante la tentación de acceder a los “reinos de este mundo”, inducidos por un materialismo humana y espiritualmente empobrecedor. ¡Cuánto daño ha producido la frivolidad humana, producto de un cientificismo materialista depredador!, como denuncia la poetisa Gabriela Mistral.

*Imagen ilustrativa, biodiversidad, UCR.

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Estudio sobre la salud mental del personal sanitario será realizado por universidades públicas

El saldo negativo que dejará el nuevo coronavirus en la salud mental de la humanidad preocupa a los expertos. El personal sanitario es uno de los grupos más susceptibles de sufrir las consecuencias y, por eso, en Costa Rica se estudiará su condición emocional

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, se debe prestar mayor atención a la salud mental durante la pandemia y después de esta, porque los efectos los vamos a ver por muchos meses y años. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

La atención de pacientes con COVID-19 recae principalmente sobre las espaldas de profesionales en medicina, enfermería, microbiología y otros, así como en personal técnico y administrativo. Este grupo tiene a diario jornadas intensas para resguardar la salud de las personas contagiadas por el coronavirus.

Estos funcionarios se ven sometidos a múltiples presiones psicosociales de manera permanente e, incluso, al riesgo de infectarse y de poner en peligro su vida y la de sus seres queridos.

Además, el miedo, la angustia, la incertidumbre y el encerramiento, tras varios meses de haber iniciado la pandemia, son circunstancias que tienen un impacto social, pues han cambiado por completo nuestras formas de vida.

Al calor de la pandemia, las acciones de los Gobiernos y las instituciones se centran sobre todo en el cuidado de la salud física. Como resultado, la salud mental no es una prioridad y pasa a un segundo plano, aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que la salud es un estado integral, que comprende al ser humano en todas sus facetas.

En mayo pasado, esta organización alertó sobre las consecuencias del nuevo coronavirus en la salud mental, a corto y largo plazo, especialmente entre el personal sanitario y de primera respuesta, debido al posible aumento de trastornos y de suicidios.

En este contexto, en Costa Rica, surge una iniciativa interinstitucional para tomar acciones inmediatas, a partir del análisis de los efectos psicosociales en la salud física y mental del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia por el COVID-19.

El estudio será efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), con la colaboración de la CCSS y el Ministerio de Salud. Actualmente, se está a la espera del visto bueno del Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis) para aplicar el proyecto.

De acuerdo con Henriette Raventós Vorst, Vanessa Smith Castro y Raúl Ortega Montero, investigadores a cargo del análisis, se ha observado que entre un 20 % y 30 % del personal sanitario, directamente involucrado en la atención y cuidado de los pacientes, sufre alguna consecuencia en su salud psicológica.

Una evaluación efectuada en Canadá a trabajadores sanitarios en medio de la pandemia reveló que casi la mitad de ellos (47 %) declaró necesitar apoyo psicológico; mientras que en China un 50 % sufría depresión, un 45 % ansiedad y un 34 % insomnio.

“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”, destacó Vanessa Smith, científica social del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

El personal sanitario es uno de los grupos más vulnerables de la población a los efectos psicosociales de la pandemia, pues está sometido de manera permanente al estrés y al temor de ser contagiado. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

Esta misma preocupación fue expresada por la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, Dévora Kestel, quien advirtió en una conferencia de prensa que es probable que se dé «un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental», debido al «sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas».

Entre los grupos de mayor riesgo, están el personal sanitario y de primera respuesta (por la ansiedad y estrés que están viviendo); niños, niñas, y adolescentes; mujeres en peligro de violencia doméstica; adultos mayores; personas con condiciones mentales preexistentes u otras enfermedades.

Capacidad sobrepasada

En Costa Rica, el trabajo interinstitucional sobre salud mental se inició desde marzo pasado, por medio de la mesa técnica operativa en salud mental y apoyo psicosocial. En esta instancia participan el Ministerio de Salud, la CCSS, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y las universidades públicas, entre otras instituciones.

Raúl Ortega, psicólogo de la UNA, aseguró que en estos meses de pandemia se han efectuado una gran cantidad de labores, desde tomar los lineamientos de la OMS y adaptarlos a Costa Rica, hasta examinar cómo llevar las acciones de salud mental al ámbito comunitario.

“Esta emergencia es única. Llevamos varios meses en ella y no sabemos cuándo va a terminar. Estamos, simultáneamente, atendiendo el impacto y la consecuencia de la crisis”, subrayó.

Según el investigador, todas las personas tenemos un rol que cumplir para proteger nuestra salud mental y la de la comunidad. Sin embargo, “en este momento, todo está sobrepasado, tanto la institucionalidad pública como nuestras propias capacidades de afrontamiento”.

A escala mundial, se ha observado un aumento significativo de síntomas depresivos, ansiedad, comportamientos obsesivos y compulsivos, agresividad e irritabilidad, aseguró la psiquiatra Henriette Raventós, coordinadora del estudio al personal de la CCSS.

“En un conversatorio con psiquiatras de diferentes partes del mundo, ellos expresaron que es muy similar lo que están viendo en sus consultas. Personas que no presentan ningún trastorno mental empiezan a tener sintomatología que es totalmente normal ante una situación de emergencia”, detalló la investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la UCR.

El medio digital Infobae reportó que con la pandemia se ha evidenciado que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de trastornos mentales, el 40 % de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23 % de depresión como consecuencia del aislamiento social.

Para los especialistas, en una emergencia estas reacciones son normales, pues muestran la capacidad que tenemos las personas de afrontar situaciones críticas que nos ponen al límite de nuestras capacidades.

El estudio interinstitucional, liderado por la UCR y la UNA, para conocer los efectos de la pandemia en la salud mental del personal sanitario de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuenta con el aval de esta institución y del Ministerio de Salud. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.

“La situación de emergencia nos pone alerta y el cuerpo se prepara. Pero si esta alerta se sostiene en el tiempo, va desgastando y produce dificultad para dormir, para comer o ganas de comer más, irritabilidad, enojo, frustración, dolor de cabeza o de estómago y preocupación continua”, añadió Ortega.

El estudio

La investigación de la UCR y de la UNA tiene como objetivo indagar sobre las diferentes formas de malestar físico y emocional del personal sanitario de la CCSS involucrado, de forma directa o indirecta, en la atención y contacto con los usuarios.

Se aplicará un cuestionario en línea y se invitará, a través de las jefaturas, a que todos los trabajadores de dicha institución lo respondan, de manera anónima y voluntaria.

Además, se busca que participe todo el personal de hospitales, clínicas, ebáis y demás centros de la red integrada de servicios de la CCSS del país; así como de distintas áreas, por ejemplo, medicina, enfermería, laboratorio, farmacia, limpieza, lavandería, transportes, seguridad y administración.

“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”. Dra. Vanessa Smith Castro, Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR.

El cuestionario fue diseñado por expertos en respuesta psicológica en situaciones de emergencia. Contiene una sección de datos demográficos y de condiciones de vida de los funcionarios, su situación laboral y su vida familiar, explicó Smith.

“Es un cuestionario corto, se responde en 15 minutos y se puede completar desde una computadora o teléfono celular”, indicó la psicóloga de la UCR.

En abril pasado, se efectuó un estudio entre el personal de salud de Estados Unidos, el cual proporcionó datos sobre las principales preocupaciones de esta población. Dicho trabajo constituye un antecedente que sirvió para el diseño de la consulta que se hará en Costa Rica.

Entre los temores identificados, los profesionales mencionaron que no se les reconociera su conocimiento para responder a las necesidades, su salud personal, que no tuvieran acceso a condiciones adecuadas y a equipo para brindar la atención a los pacientes y que no tenían claro si la institución les iba a ayudar en caso de que ellos se infectaran con el coronavirus.

En Costa Rica, “nuestra principal intención es proporcionar información de primera mano basada en evidencia científica sobre cuáles son los principales retos que están enfrentando los funcionarios que laboran en primera línea, para poder apoyar el trabajo de cuidar a los que cuidan”, concluyó Smith.

 

Patricia Blanco Picado
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Declaración sobre el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo

Mesa de reflexión latinoamericana. Agosto 2020

La Mesa de Reflexión Latinoamericana, haciendo eco y en respaldo de los pronunciamientos de ex Presidentes, ex Cancilleres y ex Ministros de Estado latinoamericanos, ha convocado a un grupo amplio y plural de personalidades de América Latina y el Caribe, que firman este documento, para proponer la postergación de la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, programada para septiembre de este año, por tratarse de un proceso que ha generado notables y justificadas inquietudes a lo largo y ancho del continente y que tiene lugar en un momento de inflexión internacional sin precedentes.

Esta declaración ofrece una salida viable y constructiva a las legítimas preocupaciones sobre el futuro de la institución. Responde a la convicción compartida que la elección de las autoridades del BID debe ser precedida de una urgente reflexión sobre su papel en un sistema interamericano profundamente trastocado por la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas, políticas, sociales y culturales.

América aún está sufriendo el impacto devastador del COVID-19 en múltiples dimensiones y restan varios meses antes de que esta letal pandemia sea superada. Son tiempos de incertidumbre sobre cuándo y cómo América Latina y el Caribe podrán emprender la difícil y formidable tarea de reconstrucción inclusiva de las economías.

En este contexto, es imperativo repensar las prioridades y asumir, con todos los países signatarios del Convenio Constitutivo del BID, un diálogo político que conduzca a un nuevo consenso sobre las prioridades del financiamiento multilateral con una visión integral. Sin una base de legitimidad renovada y sin acuerdos programáticos consensuados, quien asuma la responsabilidad de dirigir al BID verá mermada su capacidad institucional para apoyar a los países en la ardua tarea de reconstrucción económica y social tras la pandemia.

Esa tarea reclama interrogar sobre el significado contemporáneo de las palabras “interamericano” y “desarrollo”, desde las cuales el BID ha construido su identidad durante seis décadas. Las grandes mayorías de este continente reclaman un desarrollo con oportunidades más igualitarias, con ciudades vivibles, con una economía verde eficiente, con oportunidades de trabajo para los jóvenes en ámbitos de innovación verdadera, con un papel de la mujer sin desequilibrios injustos, con una educación sin brechas digitales y con sistemas de salud fortalecidos tras la experiencia de la crisis sanitaria.

El papel del BID y de otras instituciones financieras multilaterales será esencial. Y ello requiere que actúe con plena responsabilidad y una hoja de ruta de mediano y largo plazo que le permita sortear conmociones inesperadas.

Por ello, proponemos postergar la elección de presidente en la próxima Asamblea del BID, a fin de dedicar los próximos meses a definir estrategias y prioridades, tras lo cual concordemos de manera consensuada quien estará a la cabeza de la institución. Esta oportunidad debería servir también para confirmar formalmente que un ciudadano latinoamericano o caribeño debe ejercer la Presidencia de la institución. En esta circunstancia, se trata de asumir colectivamente el reto de una década que nos lleve a cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 como la prioridad de los gobiernos de la América Latina y el Caribe.

Hacemos un enfático llamado a todos los gobiernos miembros del BID para establecer este periodo de reflexión y evitar divisiones innecesarias a que pongan en riesgo la convivencia continental precisamente cuando la cooperación regional resulta más necesaria que nunca.

El momento reclama hacer del BID una entidad con una legitimidad política interamericana pensada entre todos. Esa debe ser la prioridad de nuestros gobiernos y sociedades. Los diplomáticos, políticos y académicos integrantes de la Mesa de Reflexión Latinoamericana y las personalidades que suscriben este documento, hacemos pública nuestra disposición a participar y contribuir en los procesos a favor de instituciones multilaterales fuertes, eficaces y democráticas.

  1. Abal Medina, Juan Manuel. Ex Jefe de Gabinete. Argentina.
    2. Adins, Sebastien. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    3. Adrianzén, Alberto, Ex Parlamentario Andino. Perú.
    4. Allende Busi, Isabel. Senadora. Chile.
    5. Altman, Jossette. Secretaria Ejecutiva FLACSO. San José.
    6. Amorim, Celso. Ex Ministro de Defensa. Ex Canciller. Brasil
    7. Anguiano Roch, Eugenio. Ex embajador. México.
    8. Araníbar, Antonio. Ex Canciller. Bolivia.
    9. Ayala Mora, Enrique. Presidente. Colegio de América. Universidad Andina Simón
    Bolívar. Ecuador
    10. Barragán Valencia, Héctor. Analista Político y Periodista. México.
    11. Basáñez Ebergenyi, Miguel. Ex Embajador en Estados Unidos. México.
    12. Becerril Straffon, Rodolfo. Economista. Profesor investigador. El Colegio de Morelos.
    México.
    13. Bergamino, Ariel. Ex Vicecanciller. Uruguay.
    14. Bernal Meza, Raúl. Profesor de la Universidad del Centro. Argentina.
    15. Berúmen Torres, Edmundo. Consultor Nacional e Internacional de encuestas. México.
    16. Bielsa, Rafael. Ex Canciller. Argentina.
    17. Bitar, Sergio. Ex Ministro de Educación y Obras Públicas. Ex Senador. Chile.
    18. Bizzozero, Lincoln. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    19. Borda, Sandra. Profesora. Universidad de los Andes. Colombia.
    20. Bordón, José Octavio. Ex Senador y Ex Embajador. Argentina.
    21. Busso, Annabella. Profesora. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
    22. Caetano, Gerardo. Profesor e investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    23. Carrión, Francisco. Ex Canciller. Ecuador.
    24. Casar I., José. Profesor e Investigador. Programa Universitario de Estudios del
    Desarrollo. UNAM. México.
    25. Cepeda Ruiz, María Enriqueta. Directora Ejecutiva. INCIDE Social. México.
    26. Chacón, Susana. Directora. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
    27. Chavarría Machado, Claudia Pamela. Investigadora. INCIDE Social. México.
    28. Cordera Campos, Rolando. Profesor Emérito. Coordinador. PUED. UNAM. México.
    29. Costa, Gino, Congresista. Perú.
    30. De La Puente, Juan. Profesor. Universidad San Martín de Porres. Perú.
    31. De María y Campos, Mauricio. Ex embajador y ex Director General de ONUDI. México.
    32. Delgado Ballesteros, Gabriela. Profesora Investigadora. IIUE. UNAM. México.
    33. Díaz Maynard, Alvaro. Ex Decano de la Facultad de Agronomía. Uruguay.
    34. Dookeran, Winston. Ex Ministro de Hacienda. Trinidad y Tobago.
    35. Drago, Rolando. Embajador del Servicio Exterior. Chile.
    36. Escobar, Ramiro. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    37. Fajardo, Sergio. Ex Gobernador de Antioquia. Ex Candidato Presidencial. Colombia.
    38. Fernández Amunátegui, Mariano. Ex Canciller. Chile.
    39. Fernández, Gustavo. Ex Canciller. Bolivia.
    40. Ferrero Costa, Eduardo. Ex Canciller. Perú.
    41. Gallardo, Javier. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
    42. García Sayán, Diego. Ex Canciller. Perú.
    43. Gatti, Daniel. Abogado y Jurista. Uruguay.
    44. Gomes, Gerson. Ex Funcionario CEPAL y FAO. Uruguay.
    45. González González, Guadalupe. Profesora Asociada. Colegio de México. México.
    46. González-Olaechea Franco, Javier. Ex Funcionario OIT. Perú.
    47. Goñi, José. Ex Ministro de Defensa. Chile.
    48. Grebe, Horst. Ex Ministro Desarrollo Económico. Bolivia.
    49. Heine, Jorge. Ex Embajador. Ex Ministro de Estado. Chile.
    50. Heredia Zubieta, Carlos. Profesor Asociado. CIDE. México.
    51. Hirst, Mónica. Profesora. UTDT. IESP-UERJ. Brasil.
    52. Holguín, María Ángela. Ex Canciller. Colombia.
    53. Insulza, José Miguel. Ex Canciller. Chile.
    54. Iturralde Ballivián, Carlos. Ex Canciller. Bolivia.
    55. Jarquín, Edmundo. Ex Candidato a la Presidencia. Nicaragua.
    56. Jiménez Mayor, Juan. Ex Presidente Consejo de Ministros. Perú.
    57. Jiménez Morales, Maryhen. Profesora. Universidad Central. Venezuela.
    58. Jordán, Nicole. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    59. Jusidman Rapoport, Clara. Presidenta. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
    60. Kahhat, Farid. Profesor, Pontificia Universidad Católica del Perú
    61. Kisic, Drago. Director Macroconsult. Perú.
    62. Kovacs, Karen. Consultora internacional. México.
    63. Kresalja, Baldo. Ex Ministro de Justicia. Perú.
    64. Lafer, Celso. Ex Canciller. Brasil.
    65. Lerner Ghitis, Salomón. Ex Presidente del Consejo de Ministros. Perú.
    66. Letelier, Juan Pablo. Senador. Chile.
    67. López Giral, Dorotea. Instituto Estudios Internacionales. Universidad de Chile.
    68. Lousteau, Martín. Senador y Ex Embajador. Argentina.
    69. Luiselli, Cassio. Ex embajador. Consejero. Seguridad Alimentaria para las Américas.
    IICA. México.
    70. Lustig, Nora. Profesora. Universidad de Tulane.
    71. Machicado Saravia, Flavio. Ex Ministro de Finanzas. Bolivia.
    72. Machinea, José Luis. Ex Ministro de Economía. Argentina.
    73. Maira, Luis. Ex Ministro de Desarrollo Social. Chile.
    74. Malcorra, Susana. Ex Canciller. Argentina.
    75. Marcos Giacomán, Ernesto. Economista y Consultor. México.
    76. Martínez Martínez, Sergio. Investigador. INCIDE Social. México.
    77. Maúrtua de Romaña, Oscar. Ex Canciller. Perú.
    78. Mayoral, César. Ex Embajador ante NNUU, Canadá, China. Argentina.
    79. Merke, Federico. Profesor. Universidad de San Andrés. Argentina.
    80. Morales Moreno, Isidro. Profesor Investigador. Tecnológico de Monterrey. México
    81. Morales, Juan Antonio. Ex Presidente del Banco Central. Bolivia.
    82. Murillo, Javier. Ex Canciller. Bolivia.
    83. Navarrete, Jorge Eduardo. Embajador Eminente. México.
    84. Nin Novoa, Rodolfo. Ex Vicepresidente y Ex Canciller. Uruguay.
    85. Ocampo, José Antonio. Profesor. Universidad de Columbia. Ex Director Banco de la
    República. Colombia.
    86. Ominami, Carlos. Ex Ministro de Economía. Chile.
    87. Orellana Halkyer, René. Ex Ministro de Planificación. Bolivia.
    88. Orias, Ramiro. Profesor. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    89. Ortiz Mena L.N., Antonio. Profesor Asociado. CIDE. México.
    90. Oswald Spring, Úrsula. Secretaria General. IPRA. Profesora investigadora. CRIM.
    UNAM. México.
    91. Pachano, Simón. Profesor Investigador FLACSO. Ecuador.
    92. Padrón, Alvaro. Ex Secretario General. Coordinador de Centrales Sindicales del
    Mercosur. Uruguay.
    93. Palma Valderrama, Hugo. Ex Vicecanciller. Perú.
    94. Pardo, Rodrigo. Ex Canciller. Colombia.
    95. Pellicer, Olga. Ex embajadora. Profesora Investigadora. ITAM. México.
    96. Peres-Cajías, Guadalupe. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
    97. Pérez, Antonio. Ex-jefe Servicios de Apoyo a las Políticas Agrícolas; FAO, Roma.
    Uruguay.
    98. Puchet Anyul, Martín. Profesor investigador. Facultad de Economía. UNAM. México.
    99. Quijano, José Manuel. Ex Director de la Secretaría General del Mercosur.
    100. Rangel, Ana Patricia. Investigadora. INCIDE Social. México.
    101. Reyes Matta, Fernando. Ex Embajador. Profesor. Universidad Andrés Bello. Chile.
    102. Ricúpero, Rubens. Ex Ministro Hacienda. Brasil.
    103. Rincón Gonzáles, Ximena. Senadora. Chile.
    104. Rivas, Eda. Ex Canciller. Perú.
    105. Robledo, Marcos. Ex Subsecretario de Defensa. Chile.
    106. Rodríguez Cuadros, Manuel. Ex Canciller. Perú.
    107. Rodríguez Gigena, Gonzalo. Ex Embajador ante ALADI. Uruguay.
    108. Rojas Aravena, Francisco. Rector Universidad de La Paz. San José.
    109. Rojas, Fernando, Ex Vicecanciller. Perú.
    110. Romero, Carlos. Profesor. Universidad Central. Venezuela.
    111. Roncagliolo, Rafael. Ex Canciller. Perú.
    112. Rosales, Osvaldo. Ex Director Comercio Internacional. CEPAL. Chile.
    113. Russell, Roberto. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
    114. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia. Profesora Investigadora. ITAM. México.
    115. Sandoval Espinosa, Elena. Ex Directora. Facultad de Economía. UNAM. México.
    116. Schatan, Claudia. Consultora Internacional Independiente. México.
    117. Sennes, Ricardo. Instituto Fernando Henrique Cardoso. Brasil.
    118. Siles, Juan Ignacio. Ex Canciller. Bolivia.
    119. Soares de Lima, María Regina. Profesora. IESP-UERJ. Brasil.
    120. Somavía, Juan. Ex Director General. Organización Internacional del Trabajo. Chile.
    121. Stubrin, Marcelo. Ex Embajador. Ex Senador. Argentina.
    122. Suárez Dávila, Francisco. Ex embajador en Canadá. México.
    123. Talavera Gran, Cesar, Ex Integrante de la FAO. PNUD. Uruguay
    124. Tavares, María Herminia. Investigadora CEBRAP. São Paulo. Brasil.
    125. Tokatlián, Juan Gabriel. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
    126. Trigo Loubiere, Jacques. Ex Ministro de Hacienda. Bolivia.
    127. Valdés Ugalde, Francisco. Profesor investigador. Instituto de Investigaciones Sociales.
    UNAM. México.
    128. Valdés Ugalde, José Luis. Profesor investigador. CISAN. UNAM. México.
    129. Valdés, Juan Gabriel. Ex Canciller. Chile.
    130. Vidarte, Oscar. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
    131. Wagner, Allan. Ex Canciller. Perú.
    132. Zarati, Francesco. Físico. Columnista de Opinión. Bolivia.
    133. Zegada, María Teresa. Universidad Mayor de San Simón. Bolivia.

Desigualdades, agua y pandemia

Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.

Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.

Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.

Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.

Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.

Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?

Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.

Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.

Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.

Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.

La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.

Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.

¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.

Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza comparte protocolo logrado para la reactivación del sector

Un logro más de la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, hacemos oficial el protocolo sectorial del Sector del Cuidado Bienestar e Imagen Personal.

“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio en atención de la Directriz N° 082-MP-S “Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19” pone a disposición del público los protocolos que esta cartera Ministerial conforme sus competencias legales le corresponde aprobar.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio en atención de la Directriz N° 082-MP-S “Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19” pone a disposición del público los protocolos que esta cartera Ministerial conforme sus competencias legales le corresponde aprobar.

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.

Los documentos que aquí se presentan han sido elaborados de forma conjunta con el Sector Privado para precisar los elementos con los que debe cumplir los procedimientos que deben implementar las empresas de los diversos Sectores y Subsectores para elaborar sus propios protocolos.

Conforme con la Directriz N° 082-MP-S las medidas contempladas en los protocolos podrán ser modificadas, aclaradas o eliminadas por el Ministerio de Salud, según el criterio técnico-epidemiológico sobre el riesgo de contagio del COVID-19 en la respectiva actividad, servicio o centro de trabajo. Asimismo, la verificación del cumplimiento del protocolo la realizará el Ministerio de Salud por medio de inspecciones aleatorias para la verificación del cumplimiento específico, así como de los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Salud por el COVID-19”.

https://www.meic.go.cr/meic/web/891/proximos-eventos/protocolos-sectoriales-covid-19.php

 

*Imagen ilustrativa.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.