SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.
Compartimos la carta:
17 de octubre 2020, San José, Costa Rica
Señoras y señores Diputados
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Asunto: No a los Recortes en Cultura
Estimadas señoras y señores Diputados,
Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.
Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.
Lamentablemente estos recortesrepresentan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.
Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:
Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.
Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
Consorcio Animation Costa Rica (ACR)
Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds
Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)
Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.
Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.
OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL Apartado postal: Heredia Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA T/: +506 22448522 psi.central.america@world-psi.org
ALBINO VARGAS SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP RODRIGO LÓPEZ PRESIDENTE DE ANPE ALVARO MARIGAL SECRETARIO GENERAL DEL SITUN DENNISE BALLESTEROS SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC MARIO MENA AYALES PRESIDENTE DE ANEJUD
23 de septiembre del 2020
Estimada y estimados compañeros,
Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.
Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.
Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.
Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.
Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.
Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.
Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.
En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.
En solidaridad, Rosa Pavanelli Secretaria General de la ISP
Como se anunció a principios de enero, la Universidad de Costa Rica empezó el 2020 trabajando con el mismo presupuesto utilizado en el 2019. Sin embargo, tras la aprobación del presupuesto ordinario, se hizo un giro parcial de recursos a cada unidad o instancia académica.
No obstante, esta situación es temporal ya que para ajustar los recursos establecidos para este año, la administración universitaria elaboró un presupuesto extraordinario, que en este momento se encuentra en análisis en el Consejo Universitario.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, la diferencia presupuestaria entre el 2019 y lo correspondiente al 2020 va a llegar a las distintas instancias universitarias en el momento en que se apruebe ese presupuesto extraordinario, de esa manera cada instancia tendrá un presupuesto igual que el del año anterior más la diferencia por inflación.
“Al archivarse los presupuestos de las universidades públicas (por la Contraloría General de la República) lo que quedó disponible según lo establece la norma fue el presupuesto del año anterior, pero ¿Qué pasa con la diferencia entre el presupuesto 2019 y el 2020? tenemos que incorporarlo en un presupuesto extraordinario, que es lo que estamos haciendo en este momento y ahí es donde se van a ajustar los recursos”, recalcó el vicerrector en una entrevista en vivo realizada por la Oficina de Divulgación e Información el pasado 27 de febrero.
El Presupuesto total institucional queda igual. No se rebaja o aumenta. Esto implica que el presupuesto queda igual en el clasificador por objeto de gasto.
Se mantienen los montos formulados y la mejora cualitativa de las becas que implicó un aumento para el próximo año y el otorgado en el 2019. No se realizan recortes en Becas y Ayudas a Estudiantes.
Se mantienen las plazas laborales formuladas, e incentivos salariales. No se realizó disminuciones en ningún rubro.
Se mantiene el aumento salarial del 1% a enero y 0,50% a julio 2020 que fue aprobado a nivel universitario
El Presupuesto de Operación en Unidades Académicas y Administrativas, es el mismo que se había formulado, no se realizó ajustes al mismo, queda igual.
¿Qué implica entonces la reclasificación?
Se estarían reclasificando en el clasificador económico como gasto de capital, mientras que en el clasificador por objeto de gasto, sigue estando en el mismo componente por objeto de gasto, remuneraciones, servicios, materiales, transferencias corrientes, etc
Estaban incluidas como gasto corriente, pero están asociadas a gastos que son de capital como son los proyectos de inversión (infraestructura, equipo)
Las cuentas que se estarían incluyendo, son cuentas bajo el clasificador de del Ministerio de Hacienda por objeto de gasto: salarios, mantenimiento, repuestos y accesorios, licencias de software
Compartimos a continuación los documentos producidos por la UNA:
La medida afecta de forma grave el funcionamiento de las universidades estatales
En el caso de la UCR, la medida obligaría a trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital, lo cual generaría graves implicaciones para su operación. Foto: Karla Richmond.
El Ministerio de Hacienda realiza una interpretación equivocada del artículo V, en el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, lo cual afecta gravemente el funcionamiento de las universidades estatales, afirmó el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El artículo V, del acuerdo del FEES 2020, indica que “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 000 millones de colones”. Sin embargo, la cláusula no determina una suma, sino una estimación, tampoco indica que son fondos del FEES 2020, sino que, según lo acordado en la Comisión de Enlace, serían fondos del presupuesto total de las universidades.
Los presupuestos universitarios presentados ante la Contraloría General de la República, han considerado en su conjunto inversiones de capital por una suma que supera los 104 mil millones de colones, de los cuales 12 mil millones provienen del FEES y el resto de otras fuentes, con lo cual se ha aportado más que el debido cumplimiento a ésta cláusula.
Sin embargo, en el proyecto del presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda desvía la suma de 70 mil millones de gasto corriente de las universidades estatales, destinándolos a inversión de capital, lo que representa un serio perjuicio en contra de las instituciones universitarias.
La inversión de capital que las universidades públicas han realizado históricamente, se ha financiado principalmente con otras fuentes, como el empréstito para el fortalecimiento de la educación superior del Banco Mundial, fideicomisos o créditos, con destinos específicos, y superávit libre. Esos recursos no pueden ser direccionados para atender gastos de operación, como sugiere el Ministerio de Hacienda, en su comunicado de prensa del 14 de octubre.
Elaborar el presupuesto para el cumplimiento de los compromisos que se han incluido en los diferentes acuerdos del FEES, es potestad de las universidades, nunca resultado de un condicionamiento de un ente externo, esto por cuanto violentaría lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política, referente a la autonomía de administración, de organización y de gobierno de las universidades estatales y representaría comprometer de previo los recursos, por parte de una instancia gubernamental, en este caso el Ministerio de Hacienda.
El Consejo Nacional de Rectores exhorta al Gobierno de la República, a los diputados y a la Contraloría General de la República, a cumplir con los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, respetando la autonomía y garantizando el financiamiento a la educación pública, incluida la educación universitaria estatal, así como respetar el acuerdo del FEES 2020 tal y como fue negociado en la Comisión de Enlace, caso contrario se pone en riesgo el futuro de la juventud costarricense.
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda. En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación.
Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Las autoridades universitarias han establecido conversaciones con el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento se logre una solución que permita el uso de los recursos.
La UCR fortalece de forma continua el sistema de becas
Grupo de estudiantes de primer ingreso, 2018. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Sistema de Becas de la Universidad de Costa Rica constituye un pilar fundamental para el logro de la equidad en el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
A través de sus diferentes mecanismos de acompañamiento, el Sistema de Becas brinda a la población estudiantil que no posee capacidad económica para sufragar gastos de estudio, los recursos necesarios para alcanzar en igualdad de oportunidades, su meta académica.
De acuerdo con datos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, actualmente más de 22 000 estudiantes de la UCR cuentan con alguna categoría de beca socioeconómica. De esta población, más de 15 000 reciben la máxima categoría de beca (beca 5), mediante la cual pueden acceder a la exoneración total o parcial del pago de matrícula, y a los beneficios complementarios de monto económico para gastos de carrera o carreras, transporte o alojamiento, alimentación, préstamo de libros, préstamo de dinero, servicios de odontología y optometría.
Los recursos destinados al Sistema de Becas, en los últimos doce años, crecieron un 800%. Para el 2019, la UCR invertirá en este rubro más de ¢28 000 millones.
La Oficina de Becas y de Atención Socioeconómica recibió más de 5 000 solicitudes de beca para el primer ciclo lectivo 2019. En la fotografía estudiantes en le Sede de Guanacaste, 2018.
Un total de 8 742 estudiantes procedentes de zonas alejadas reciben apoyo para su alojamiento durante sus estudios. De ellos 802 forman parte del Programa de Residencias Estudiantiles y 7 940 reciben un monto para el pago de alquiler (beneficio complementario de Reubicación Geográfica).
Asimismo, un total de 1 5768 estudiantes reciben el beneficio de alimentación y 8 223 el de transporte.
En el caso de las Sedes Regionales de la UCR, la cantidad de estudiantes con beca socioeconómica alcanza hasta un 75%.
Últimas mejoras
Cumpliendo con los principios de igualdad de oportunidades y equidad, el compromiso institucional ha sido evidente en el fortalecimiento continuo y sostenido de los beneficios a lo largo de los últimos años, así como en su entrega oportuna.
Desde el 2017 el beneficio de alimentación contempla los fines de semana se ofrece a estudiantes que cuenten con beca 5 y que procedan de zonas alejadas.
El Programa de Residencias Estudiantiles se fortaleció con la construcción de nuevos edificios en las Sedes de Guanacaste, Caribe y Rodrigo Facio, y recientemente en el Recinto de Guápiles. Igualmente invirtió en la remodelación y mejoramiento de otras residencias estudiantiles ubicadas en la Sede Rodrigo Facio y el Pacífico, así como en los Recintos de Golfito, Turrialba y San Ramón.
Además, mediante los procesos de automatización que implementó la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, se logró la reducción en los tiempos de asignación de los beneficios complementarios a partir del I ciclo 2018, lo cual permite que los depósitos sean entregados de forma más eficiente y oportuna de acuerdo con las matrículas establecidas en el Calendario Estudiantil Universitario.
Todas estas acciones tienen como objetivo principal brindarle al estudiantado las condiciones necesarias para que permanezca en el sistema de educación superior y logre concluir con éxito sus metas académicas.
Diputados y diputadas buscan injerencia en el manejo de las universidades públicas de Costa Rica
Marcha en defensa de la Automía de la Universidad de Costa Rica en setiembre del 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Después de conformar en la Asamblea Legislativa una comisión especial que investigará el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington, señaló que la Universidad colaborará en todo, pero advirtió que al tratarse de un control realizado por diputados –quienes responden al poder político del país–, el análisis que hagan necesariamente será guiado por la política y eso implica riesgos.
“Siempre hay un peligro en que una persona no experta evalúe algo que esté fuera de su ámbito de competencia. Yo exhortaría a la Asamblea Legislativa para que los criterios aplicables sean propios de una institución académica y no que sean derivados de una visión política ajena a estas instituciones”, manifestó Jensen.
El FEES para el 2019 se negoció a mediados del año anterior por ¢511 154 millones, un monto 3% mayor al negociado para el 2018. Sin embargo, la Asamblea Legislativa desaprobó lo negociado por la Comisión de Enlace, conformada por los rectores de las cinco universidades públicas de Costa Rica, el ministro de Educación, el ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda.
El recorte del FEES del 2019 aprobado por los diputados de la República supuso para la UCR una merma en su presupuesto de más de ¢5 300 millones para el presente año, el cual se une a una improbación por parte de la Contraloría General de la República por más de ¢18 100 millones. Estos recortes son a criterio de la autoridad universitaria un socavo de la autonomía institucional, que desde la creación de la UCR en 1949 se había respetado.
La autonomía universitaria se respalda en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual advierte que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.
La autonomía universitaria no es un antojo ni es la voluntad unilateral de las instituciones académicas de Costa Rica, es una necesidad cultural, una necesidad imperiosa del desarrollo del conocimiento, que data desde hace más de 200 años.
El rector Jensen afirma que algunas declaraciones de los diputados y diputadas hacen pensar que la evaluación que el Poder Legislativo quiere ejercer sobre las universidades públicas, más que una evaluación académica, quiere ser una de carácter político y presupuestario.
“¿Quién debe entonces decidir sobre los destinos del presupuesto universitario, quién debe decidir sobre las carreras que se ofrecen y las personas que se contratan para formar profesionales? ¿Caerá Costa Rica en la involución y negar siglos de evolución cultural?”, cuestionó de forma vehemente el rector Jensen.
Agregó que estas amenazas a la libertad académica por intereses políticos y religiosos ya no son extrañas en Costa Rica.
“Sería valioso que la academia no esté expuesta a la voluntad, al arbitrio e incluso a la necedad de las clases políticas que quieren asentar su poder sobre el resto de la sociedad e impedir la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento”
Dr. Henning Jensen Pennington
Modificar el FEES
Con la conformación de la comisión legislativa que estudiará el manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), los diputados aseguran que hay un interés por mejorar de manera sustantiva la educación del país.
Al respecto, la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, dijo que como miembro de la comisión tendrá la tarea de analizar y, eventualmente, proponer proyectos de ley o reformas a la legislación vigente que se relacione con la administración del FEES.
Agregó que su trabajo se hará en armonía con el bloque de legalidad que ampara la autonomía universitaria. La comisión se integra por nueve diputados, tres legisladores del PLN (Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson), dos del PAC (Mario Castillo y Enrique Sánchez), uno del PUSC (Pablo Heriberto Abarca), uno del PIN (Patricia Villegas), uno del PRN (Xiomara Rodríguez) y uno de los partidos minoritarios (Erick Rodríguez).
Este grupo de legisladores tendrá 300 días prorrogables para rendir un informe al Plenario Legislativo con sus recomendaciones y conclusiones.
Sobre esta evaluación, la Universidad de Costa Rica advierte que valorar a una institución académica es un proceso largo y complejo y, por eso, tanto el Estado como las mismas instituciones crean oficinas especializadas para ello. En Costa Rica, esa tarea la ejecuta el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y las mismas universidades públicas tienen sus propios centros de evaluación con décadas de experiencia en el campo.
Ejecución ejemplar del presupuesto
La Universidad de Costa Rica aclara que no tiene superávits gigantescos –como lo han externado algunos diputados–, que el proceso de regionalización es mucho mejor que la descentralización que buscan ciertos grupos de presión política y que la Institución reconoce que es imperioso continuar con una mejora de la eficiencia de su esquema salarial.
En la Universidad de Costa Rica, la ejecución del presupuesto institucional ronda el 95%, lo cual es ejemplar en relación con el resto de las instituciones públicas de Costa Rica.
Con respecto a los superávits registrados por la UCR, se aclara que la Institución tiene una diferencia de criterio con la Contraloría General de la República, que señaló que todo superávit debe ser declarado como “libre”. Sin embargo, según la administración universitaria, los recursos del empréstito del Banco Mundial con la Institución no pueden ser declarados como “libres”, pues están claramente comprometidos en proyectos específicos que tienen fecha de ejecución futura.
“Si se aplicara esa misma regla al Gobierno Central en lugar de un déficit fiscal, el país tendría un superávit gigantesco”, explicó el rector.
Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se habla de la descentralización de las universidades públicas, esto supondría crear filiales universitarias que implicarían replicar universidades enteras a un costo extraordinariamente mayor. Al respecto, la posición de la Universidad es defender el modelo actual de regionalización.
Con respecto a los pluses salariales, se aclara a la opinión pública que estos responden a un esquema salarial que compensa los bajos salarios base y que no todos los pluses los reciben todas las personas funcionarias. Sin embargo, sí se reconoce que es un tema en el que se está trabajando y que es una tarea que asumió la actual administración. Se aclara, además, que los pluses salariales responden a negociaciones de la convención colectiva y a determinaciones de la propia Asamblea Legislativa, que en distintos momentos ha tomado decisiones por amiguismo o clientelismo, las cuales han aumentado los ingresos de ciertos grupos de profesionales en el sector público y que han repercutido en las remuneraciones que la Universidad debe calcular.
La Secretaria General de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) hizo un llamado a los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y manifestó su apoyo a las gestiones de las universidades públicas para obtener presupuestos justos.
Según el comunicado del CSUCA, los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia.
Además señalaron que las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región de reducir las asignaciones presupuestarias para la educación en general y para la educación superior en particular, ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.
Igualmente se resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.
Asimismo, que construya la identidad regional; genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y así contribuir con la creación de conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.
El documento señala que la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
Andrea Marín Castro,
ODI; UCR
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Un total de 1.500 firmas sustentan recurso de amparo presentado por la FEUCR
Encabezados por la FEUCR, los universitarios marcharon pacíficamente hacia la Asamblea Legislativa y luego a la Sala Constitucional para presentar el recurso de amparo.
Este jueves 8 de noviembre el estudiantado de la Universidad de Costa Rica (UCR) salió en defensa del presupuesto de las universidades públicas ante la aprobación de una moción por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para recortar ¢10 000 millones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Especial (FEES), en el presupuesto del año 2019.
Mediante un recurso de amparo presentado por miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) solicitan que se ordene a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa garantizar el 8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica a la educación estatal.
Renato Franco, presidente de la FEUCR, destacó que 1 500 estudiantes se sumaron a apoyar este recurso con sus firmas, no sólo de la Sede Rodrigo Facio, sino de las sedes y recintos como Guanacaste y Limón. A su vez, lanzó un llamado a los demás estudiantes para que se unan a esta lucha que continuarán tanto en las calles como por todos los medios necesarios.
“Es fundamental que en este momento trabajemos para defender la educación pública, es una oportunidad increíble la que tenemos de poder estudiar y en un futuro retribuir al país y yo creo que en este momento está peligrando como nunca antes” acotó el dirigente estudiantil.
Amparados en el artículo 78 y 85 de la Constitución Política, que establece el financiamiento para la educación superior pública y materializa el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES), los universitarios exigen se ordene a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa, regular según sus ámbitos de competencias, lo correspondiente para dotar de partidas presupuestarias específicas la retribución del 8% del PIB a la educación estatal.
Artículo 78 de la Carta Magna
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución (…).
Con el recurso de amparo presentado, los estudiantes piden que se dejen sin efecto las acciones cometidas por la Asamblea Legislativa, en relación con las disminuciones realizadas al Fondo Estatal para la Educación Superior, conforme a la tramitación del proyecto de ley 20.964. En esa tramitación, se aprobó la moción #145 que propuso una disminución de ¢10 000 millones al FEES.
Los diputados pretenden recortar dicho monto, a pesar de que en el mes de julio, los representantes del Gobierno y los rectores de las universidades estatales acordaron que el presupuesto del FEES para el año 2019 sería de ₡511 154 millones y, para la Universidad Técnica Nacional (UTN), un monto de ₡34 868 millones.
Aunque al parecer el recorte aplicado mantiene un crecimiento del FEES de 5 mil millones con respecto a 2018, lo cual corresponde a 1%, este monto es inferior a la tasa de inflación, que fue de 2,2% en setiembre de 2018. Con ello, se da una disminución del FEES en términos reales y por tanto, una clara violación a lo dispuesto en los artículos 78 y 85 de la Carta Magna.
Finalmente, los estudiantes solicitan que se ordene al Poder Ejecutivo incluir la partida presupuestaria que obliga el mandato constitucional para garantizar de manera completa el Fondo Estatal para la Educación Superior en el proyecto de presupuesto para el año 2019. Con esta acción se exige el cumplimiento del fallo del 2016, en el cual la Sala Constitucional advirtió que no se puede disminuir el presupuesto para la educación pública.
Renato Franco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y Hannia Vidaurre, Secretaria de Sedes, presentaron el recurso de amparo este jueves 8 de noviembre de 2018. El documento fue recibido en la Sala Cuarta bajo el expediente 18-017806-0007-00.
