“Mi historia es la historia de miles de familias campesinas que vinieron de Bolivia a producir las frutas, las verduras y las hortalizas que todos los días se sirven en las mesas de la Argentina”, dice la productora hortícola, Delina Puma Rocabado.
De acuerdo con lo narrado por Puma Rocabado en la charla TEDx Río de la Plata, su sueño original era viajar hasta Argentina para trabajar unos años y regresar a su pueblo para comprar una casa y establecer un negocio.
En el proceso y tras un desastre natural que la llevó a perder todo lo trabajado en la tierra, Puma Rocabado llegó a la agroecología por medio de los talleres de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
“En el taller, al que fuimos con mi hermana, el técnico nos dijo que se podía producir en libertad y ser feliz en el campo sin depender de nadie”, narró.
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Mayor apoyo a los pequeños productores, inserción del país en la bioeconomía y estimular la inversión extranjera en zonas rurales figuran entre las propuestas
La pandemia por COVID-19 provocó que sectores agroexportadores muy dinámicos disminuyeran su volumen de ventas al exterior. Una de las propuestas de la UCR tiene que ver con el impulso a nuevas actividades de exportación. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El cierre de fronteras y la disminución abrupta del comercio internacional que provocó la pandemia por COVID-19 le recordó al mundo la importancia de que cada país produzca los alimentos que consume, para que una situación de emergencia no genere desabastecimiento, sino que se cuente con una producción sostenida y garantizada en el tiempo, respaldada por una sólida cadena de industrialización y distribución.
Costa Rica no experimentó la ausencia de productos en el mercado, gracias a un sector agroalimentario que no paró de trabajar en ningún momento ni pudo optar por el teletrabajo porque, sencillamente, las vacas deben ser ordeñadas todos los días y las cosechas hay que recogerlas en el momento oportuno. No obstante, muchos productores agropecuarios vieron disminuidas sus ventas por el cese de la actividad turística y el decrecimiento del consumo en restaurantes y sodas.
Por otro lado, la pandemia también recordó la fragilidad de la actividad exportadora, cuando se basa en bienes no esenciales para la dieta de los países importadores. Es el caso de sectores muy dinámicos como la piña, el melón y las plantas ornamentales, que han visto disminuido su volumen de exportación desde que inició la cuarentena y el cierre de fronteras.
De acuerdo con Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, el país tiene un sistema agroalimentario frágil porque, aunque produce cerca del 70% de la canasta básica alimentaria, todavía no es autosuficiente en la producción de arroz y frijoles. “Con la pandemia todos los países están reforzando su sistema productivo para garantizar, a partir de su propia producción, el suministro de alimentos de la población. Entonces, el sistema agroalimentario se vuelve muy estratégico. De ahí importancia de resolver esa fragilidad”, resaltó.
Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país ante este tipo de situaciones, reducir el impacto de la pandemia en las zonas rurales e iniciar el proceso de reactivación del sector agropecuario y pesquero, el área de Ciencias Agrolimentarias de la Universidad de Costa Rica presentó al Gobierno de la República un conjunto de propuestas que buscan fortalecer el sistema agroalimentario.
El documento empieza señalando que el sistema agroalimentario costarricense requiere cambios urgentes para que genere ingresos dignos a los productores y sea responsable en materia ambiental y socialmente justo. En esta línea se debe trabajar en el mejoramiento de la productividad, en la reducción de costos, en darle valor agregado a la producción y en reducir el margen de comercialización.
A partir de este señalamiento, se presentan propuestas de política pública para llevarlas a cabo de forma inmediata, así como en el corto y mediano plazos. A continuación se detallan las principales sugerencias:
Entre ellas se destaca el apoyo a todas las medidas tendientes a la flexibilización del cobro del crédito con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de los pequeños productores y pequeñas empresas, a fin de que las situaciones de poca solvencia causadas por la pandemia no les impida ser sujetos de nuevos créditos.
En este sentido también se apoyan las gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de créditos para la agricultura, por medio de la reducción de las tasas de interés y el incremento en los plazos de pago tanto en el Sistema Bancario Nacional como en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
También se subraya la necesidad de contar con sistemas de rastreo que le permitan al consumidor identificar la procedencia de los productos pesqueros y agropecuarios y las condiciones ambientales y laborales en las que se produjeron, con el fin de promocionar la producción de origen nacional. Asimismo, se sugiere fortalecer y modernizar el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción (CNP) e implementar mecanismos innovadores de comercio solidario de productos agropecuarios y pesqueros con base en las organizaciones asociativas.
Adicionalmente, se propone garantizar la alimentación de la población mediante acciones específicas en materia de producción de alimentos, almacenamiento y empleo. Entre ellas resalta la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esta medida contribuiría a evitar el despido de trabajadores o el cese temporal de los contratos laborales. Por ejemplo, en fincas piñeras, dependiendo de la zona y de la época, se podría incluir un ciclo de rotación de maíz o frijol en áreas de renovación. En áreas de invernaderos que estaban dedicadas a flores, se podrían introducir pequeñas modificaciones para producir hortalizas o semilla de papa, aprovechando la infraestructura existente.
Una de las propuestas de la UCR es la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esto contribuiría con el empleo en las zonas rurales y con una mayor disponibilidad de granos producidos localmente. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Paralelamente, se propone generar un proyecto para mejorar la infraestructura de almacenamiento de granos que incluya las necesidades de inversión y la identificación de posibles fuentes de financiamiento.
En materia de empleo se apela a utilizar todas las medidas legales para proteger al productor nacional, así como no criminalizar al sector de pescadores artesanales confundiendo la informalidad con la ilegalidad, sobre todo cuando han perdido su licencia por condiciones de pobreza.
Asimismo, se remarca la necesidad de ofrecer alternativas para el combate de problemas fitosanitarios con el fin de que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para producir eficientemente, sin riesgos para la salud y el ambiente.
Además, se puntualiza la urgencia de fortalecer tecnológicamente la producción de café para aumentar la productividad, disminuir los costos y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de esta actividad, tomando en consideración que es un sector que genera más de cien mil empleos.
Entre las medidas inmediatas se incluyen acciones tendientes a fomentar la innovación productiva. Una de ellas es generar un mecanismo de financiamiento específico utilizando la banca, fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y seguros de cosecha, con apoyo técnico de las universidades, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por ejemplo, se menciona la incorporación de nuevas variedades de café y el uso de agricultura de precisión en el cultivo del arroz como formas de aumentar la productividad de ambos sectores. Por otro lado, se apoya la aprobación del proyecto de ley para la modificación de la Ley de Biodiversidad, con el fin de facilitar y promover la inserción del país en la bioeconomía.
Medidas a corto plazo
Este período va de seis meses a un año, en el que se propone mejorar la productividad de los actuales sistemas por medio de 11 acciones, entre las que destacan actividades demostrativas de sistemas productivos exitosos. Por ejemplo, fincas que han aumentado su productividad y resiliencia ante el cambio climático a partir de buenas prácticas agrícolas y áreas de pesca responsable que incluyen la trazabilidad del pescado proveniente de pesquerías artesanales.
Por otra parte, también se sugiere habilitar nuevas épocas de cultivo de productos de alta demanda de mano de obra, como las hortalizas. El aumento de esta producción debe ir de la mano con una campaña para promocionar su consumo con el fin de evitar una sobreoferta. Esta medida contribuiría a generar más puestos de trabajo y mejoraría la nutrición de las personas, reduciendo los gastos en los que tiene que incurrir la CCSS en la atención de enfermedades cardiovasculares prevenibles.
Para el sector pesquero se propone desarrollar un modelo de organización de pesquerías de pequeña escala para la gestión ambiental y el comercio justo, así como formalizar a los pescadores artesanales para garantizar el mantenimiento digno de su actividad.
Otra de las propuestas de la UCR se relaciona con la organización de pesquerías de pequeña escala que le den trazabilidad a sus productos para una gestión sostenible de los recursos marinos y la obtención de un mejor precio en el mercado. Foto: Dennis Castro
En el tema exportador se sugiere impulsar nuevas actividades a partir de los estudios desarrollados por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). En esta misma línea se recomienda facilitar todos los procesos para que el sector agroexportador siga generando empleo. Entre otros, se mencionan la tramitología, las tarifas portuarias, los escáneres y el registro de agroquímicos de última generación.
También se enfatiza en la necesidad de reactivar el empleo rural más allá de la producción agroalimentaria, ya sea estimulando el turismo rural comunitario, impulsando la agroindustria asociativa o promoviendo la inversión extranjera en las zonas rurales. Con todo ello se pretende dinamizar la economía de estas regiones y generar empleos atractivos que provoquen la migración de la ciudad al campo.
Medidas a mediano plazo
Las propuestas de la UCR para desarrollarse en un plazo de uno a dos años se centran en generar emprendimientos en zonas rurales con base en actividades y tecnologías nuevas, entre los que destacan procesos de valor agregado para la alimentación humana y animal a partir de productos agrícolas y pesqueros.
También se recomienda insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía y descarbonización para generar nuevos emprendimientos de alto valor en zonas rurales y comunidades costeras, en concordancia con el Plan Estratégico de Banca para el Desarrollo, el Programa Nacional de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, medicamentos, plásticos biodegradables, energía y fibras.
Asimismo, se propone facilitar el acceso a la biodiversidad para generar conocimiento y tecnología para el desarrollo de controladores biológicos de plagas, biofertilizantes, biorremediadores de suelos y otros microorganismos útiles, así como el apoyo financiero para estos bioemprendimientos.
La UCR propone y actúa
Las propuestas formuladas por la UCR para la reactivación socioeconómica del sector agropecuario y pesquero del país van acompañadas de acciones concretas que la Facultad de Ciencias Agroalimentarias puede desarrollar para contribuir con este objetivo.
La primera de ellas es diseñar un programa para la transformación agroproductiva de Costa Rica con base en la modernización de los sistemas productivos, que incluya sistemas de producción resilientes y sostenibles, agricultura automatizada y de precisión, ambientes protegidos, valorización de la biomasa, valor agregado y comercio electrónico.
El uso de sensores remotos y de la agricultura de precisión liberarían a los productores de muchas labores manuales y mejoraría el rendimiento de los cultivos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Por otro lado, la Universidad se compromete a acompañar técnicamente programas específicos de su propuesta, como la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído, el incremento de semilla de buena calidad para arroz y frijoles para futuras siembras y todas las acciones para aumentar la productividad, disminuir el costo y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de la actividad cafetalera, entre otros.
Otra de las acciones tiene que ver con la implementación de un programa de capacitación y transferencia de tecnología en torno a la modernización de los sistemas productivos y a la creación de nuevos emprendimientos rurales basados en valor agregado alimentario y no alimentario. Adicionalmente, la UCR estaría apoyando todas las acciones para insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía.
“Creo que la Universidad puede hacer un aporte importantísimo en el tema de la bioeconomía. Por ejemplo, la valorización de la biomasa agrícola residual. De ahí se puede obtener energía, productos industriales y una serie de valores agregados que pueden generar nuevos emprendimientos en las zonas rurales”, destacó Arauz.
De acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, es imperativo el uso de la tecnología en la agricultura para mejorar la productividad. Sin embargo, su utilización debe hacerse desde un enfoque humanista. Es decir, que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo, sino que esté función de mejorar la calidad de vida de las personas.
Puede consultar el documento de las propuestas en el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/X11e
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica (Cisan-UCR) invita a la sétima jornada de reflexión acerca del tema “El suelo y el derecho humano a la alimentación” el próximo miércoles 09 de diciembre a las 2:00 pm.
El evento virtual contará con la participación del PhD Carlos Henríquez Henríquez, director del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica y especialista en suelos; y el Dr. Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
En el marco de las Jornadas de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) con enfoque de género, el próximo miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo el conversatorio virtual “Mujeres en la producción y la seguridad alimentaria y nutricional: ¿invisibilización?, ¿posibilidad de reconocimiento?” de 2:00 a 4:00 de la tarde.
El conversatorio contará con la participación de las siguientes panelistas:
Eva Carazo Vargas – Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde-Uned)
Maricela Fernández Fernández – Kábata Könana
Elsa Artavia Sandí – Cámara de Mujeres Rurales Costa Rica
María Picado Ovares – Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)
Ligia Marchena Alpízar – Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (Cedeco)
Modera: Marcela Dumani Echandi de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR).
Discurso del Expresidente José Mujica en el Seminario ¿Cómo recuperar y transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina post covid-19?, organizado por la FAO *
En nuestra América Latina, la Agricultura Familiar y el campesinado tienen un primer problema, hay que quererlo y darse cuenta de la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria, para el cuidado del medioambiente y para el porvenir de la propia humanidad.
La comida hay que producirla lo más cerca que se pueda de la cocina y hay que entender que hay que cuidar a los humanos que tienen esa posibilidad y esa aprehensión, pero nunca se va a generar voluntad política si no se quiere, la AF no tiene lobby y no tiene peso institucional y es específica en su problema y en sus debilidades.
No se puede saltar de la edad media a la agricultura robotizada, inteligente o vertical, hay que entenderla como es y hay que trabajar a partir de lo que es, mejorando escalón a escalón, pero eso implica voluntad política, creación de institucionalidad específica y especializada y la primera plaga que tiene que enfrentar la AF es la soledad.
No se puede pretender que familias aisladas puedan pelear con rentabilidad en el mundo de hoy y hay que luchar por el agrupamiento, la creación de empresas, cooperativas, comunidades o lo que fuera, porque en el campo “agrándate o vete” y entonces la política de agrupamiento me parece esencial, porque es el primer escalón de la rentabilidad, es que tengan acceso a poder vender lo más directamente posible, sacarse de encima la intermediación, que se queda con la parte más importante de la rentabilidad.
Las ciudades tienen que generar lugares para la presencia de la AF, pero no se puede de a uno, se requiere organización humana en equipo, no se puede trabajar la tierra si mal se vende y eso hay que entenderlo, la primera rentabilidad está en aminorar los costos que tiene la intermediación para la AF en todos los aspectos y para eso se necesita voluntad política, se necesita crear una institucionalidad y una investigación a partir de lo que hay y de lo que existe en cada lugar, para irlo mejorando escalón a escalón.
La investigación no puede estar solo dedicada al complejo agroalimentario industrial, tiene que ser una investigación específica para la AF y lo propio un extensionismo que no se puede atender de a uno, se debe atender de a grupo y para esto hay que poner gente comprometida y hay que extraer los mejores cuadros de la propia AF para hacer este extensionismo. Hoy si se quiere trabajar mejor la tierra, si se quiere hacerla sustentable, hay que tener en cuenta que la AF tiene que sacar partido de lo que tiene.
Es probable que la historia de la agricultura sea una fundación femenina, porque en todas las culturas se presenta frecuentemente a la agricultura como una diosa y por eso creo que la mejora implica trabajar no solo la tierra, trabajar en la cabeza de los agricultores.
Quiero señalar además que lo que viene es peligro, la inestabilidad del tiempo, las circunstancias del cambio climático, es una falta de imprevisión de las ciudades no cuidar a la AF. Hay que batallar para para lograr voluntad política, hay ejemplos aterradores, en la Argentina hay una ley para la agricultura familiar aprobada hace unos dos gobiernos que está sin reglamentar, esto no le va a pasar a la agricultura industrial o a los complejos agroalimentarios, le pasa a la agricultura campesina y a la AF, porque no tiene quién la represente donde se toman las decisiones políticas y hay que tener conciencia de esa deuda.
En primer término, quiero señalar que hay que diversificar la AF, puede ser generadora de micro energía y hay que introducir masivamente la producción de energía para el uso del riego y de miles de actividades que acompañan.
El urbanismo tiene que abrir puertas a la presencia de la AF por su propia seguridad y hay que entender lo siguiente: hasta cuándo van a crecer las ciudades monitoreadas y manejadas por el interés inmobiliario y si no fuera inteligente pensar en la medida de las ciudades, porque este es un problema que va a enfrentar el futuro de la humanidad, campos despoblados y ciudades atestadas dificultando todos los problemas de distribución y el urbanismo tiene que ver con esto.
Quiero señalar que hay partes de América donde el transporte es una herramienta que los poderes comunales tienen que enfrentar y hay que aprender de los propios campesinos que han logrado el milagro de sobrevivir en condiciones que son inexplicables y hay un mundo de sabiduría dispersa que hay que transformarlo en ciencia sencillamente para resembrarlo.
Quiero señalar además que es fundamental una especialización en la atención de los grupos de agricultores familiares y paralelamente la introducción de esa atención a toda la familia, la mujer tiene mucho que ver, si la mujer no participa tenemos la presencia de la soledad en la lucha campesina, es fundamental introducirla y recordar que existe un conjunto de técnicas que son maravillosas, están probadas y son viejas y hay que retomarlas y reaplicarlas a el trabajo con la maleza, distintas formas de regadío o al control de plagas, que necesitan la expansión del conocimiento especializado.
Creo además que la AF debe sacar parido de lo que tiene, mano de obra en general ociosa en el conjunto de la familia y lograr en un grupo humano un grado de diversificación que le permita en conjunto accesar directamente al mercado, con una producción diferenciada.
Los barrios más pudientes de las ciudades, ahí debe tener presencia de venta el agricultor familiar en condiciones específicas y especiales, les voy a relatar lo que pasa en mi barrio, en mi país, las cadenas de supermercados están pagando 28 o 30 pesos por el paquete de lechuga, que lo venden a 95 pesos y lo pagan a 90 o 120 días y eso precisamente es lo que evita la rentabilidad.
Este abuso que están significando las grandes cadenas de distribución, se va comiendo gran parte de la rentabilidad y del esfuerzo arriba de la tierra y hay que llamar las cosas por su nombre, si no hay voluntad política para enfrentar estos problemas, por más que hagamos y por más que favorezcamos con cuestiones indirectas a la AF, va a sucumbir por la intermediación y el costo fabuloso de la masa de recursos que se traen, por eso creo que el principal problema es de índole política, de políticas no partidarias.
Por eso voy a saldar con lo que dije al primero, hay que quererlo, solamente cuando se tiene sentimiento se puede generar racionalidad a favor de defender esta causa, pero quiero señalar que si Europa cuida su campiña, si Europa subsidia su producción interna, es porque aprendió que su seguridad alimentaria es un resorte fundamental para la estabilidad de un país, esta es una ley mundial, es una ley que hay que entenderla.
No se puede depender la alimentación de los pueblos pura y exclusivamente de recursos que se importan, hay que asegurar una masa de alimentación lo más cercana posible a los centros de consumo y esa es la razón de existencia de porqué hay que volcar políticas específicas, especializadas de defensa y multiplicación de la AF, desde los bancos de tierras, al extensionismo y a los Ministerios especializados en la materia.
La tecnología de investigación dedicada a esta circunstancia, por qué?, porque lo que no es posible o rentable para una gran empresa, suele ser posible y rentable para la microempresa, la escala de la tecnología es infinita y es variada, hay pueblos de los que mucho hay que aprender, asombra los resultados de la AF que tiene el pueblo japonés en condiciones dificilísimas y no son cosas del otro mundo, hay una máquina de arrancar yuyo prácticamente construida con alambres elásticos para usarla en el momento preciso.
Hay montones de ingenio, el problema es difundirlo, me quedé asombrado una vez en Brasil, un grupo indígena que tiene la capacidad de conservar la carne sin usar sal ni heladera y hacerla durar meses, utilizando algunos engendros de una hierba de la Amazonía, hay conocimiento que se debe transformar en ciencia, pero esto necesita que la Universidad vaya al campesinado y no esperar que el campesino vuelva a la Universidad, porque probablemente ya deje de ser campesino.
Entonces esta simbiosis, me parece que es una política de largo plazo, pero necesitamos antes que nada voluntad política, por eso he seguido el rumbo de la discusión y me parece formidable, pero tengan presente lo más formidable es conseguir voluntad política y la voluntad política es una dependencia, es una responsabilidad de quienes están en el Gobierno, pero para esto en primer término hay que entender la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de cuidar a sus agricultores y sobre todo a sus agricultores familiares.
Porque las empresas se van a preocupar de la rentabilidad y está bien, así tiene que ser, pero a la larga los humanos también tenemos identidad, el campesino no es una forma de vida ni mejor ni peor, es una forma distinta y hay que entender sus claves, y para eso respetarlas, entenderlas y quererlas y darse cuenta que es tremendamente útil, sobre todo cuando las catástrofes y las necesidades nos acucian, cuando las reglas de intercambio se fracturan, cuando el comercio internacional tenga frenos por decisiones políticas que pueden tomar las potencias.
La única seguridad de alimentos, es lo que se produce cerca de casa y ese es el papel que tiene que cumplir la AF, entonces hay que tener un cuerpo de bomberos en una sociedad, porque no se sabe cuándo hay incendio, como hay que tener un club de capacidad médica para atender las enfermedades, hay que tener un grupo para atender la comida de la gente, esto es un problema de sentido común, el proteccionismo de la AF es ganar seguridad de vida en el correr del tiempo en un mundo cada vez ferozmente urbanizado.
Sabemos que la arquitectura contemporánea está pensando en los edificios verdes, que están pensando en la agricultura urbana, que están pensando en la agricultura vertical, en una cantidad de adelantos que son posibles, pero mientras tanto no desperdiciemos que nos va a salir más económico lo que tenemos al alcance de la mano, que es todavía la existencia de una masa de campesinos en nuestra América Latina.
La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, la Dirección de Extensión Universitaria, el Centro de Educación Ambiental y la Estación Experimental 28 Millas de la UNED enviaron un pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, solicitando de veto a la Ley 21.478 que reactivaría la pesca de arrastre.
“(…)
En estricto apego a los argumentos abajo planteados y como ciudadanos (as) y académicos (as) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), le solicitamos de forma muy respetuosa pero vehemente, el veto a la Ley 21.478 que reactivaría la pesca de arrastre en Costa Rica. (…)”.
Compartimos el pronunciamiento en el siguiente enlace para descargar:
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural. Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales.
Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:
Ruta al Desarrollo Rural, que incluyeun conjuntode proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.
Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.
Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros. El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.
Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.
Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias. Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.
Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)
La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019. Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.
Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria, p.1).
En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales. Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)
La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a estas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.
En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo. Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.
Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2. En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)
Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.
En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.
En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.
Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.
La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.
De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.
La problemática de las áreas rurales plantea una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente. (Porras, A. y Rivera, R.,2018)
A su vez, los factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, siguen siendo la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.
Consecuentemente es necesario ubicar las acciones institucionales propuestas por esta estrategia, en la perspectiva de la competitividad territorial y de los territorios innovadores y en la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social, a partir de que los territorios potencien los recursos naturales y humanos que poseen. (Alterdescr.com, oct,2019).
Proyecto de Acción Social trabaja por la seguridad alimentaria
El objetivo de hambre cero propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, parece estar cada vez más lejos de cumplirse. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Si continúan las tendencias actuales de bajo crecimiento económico, graves fenómenos climáticos y modos insostenibles de producción, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para el 2030.
El Programa Mundial de Alimentos, expone que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa y la pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esta cifra y sumar alrededor de 130 millones de personas más a las que se encuentran en condición de riesgo, por lo que la seguridad alimentaria se convierte en uno de los desafíos principales para las naciones.
El proyecto de Acción Social Ordenamiento, conservación y reposición de las colecciones institucionales de germoplasma agrícola, mantenidas por la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno (EC-340) trabaja desde y para las comunidades por medio del asesoramiento a productores y productoras y la creación y seguimiento a las colecciones institucionales.
El EC-340 trabaja con colecciones muy valiosas a nivel nacional y regional, que resguardan un patrimonio genético de gran importancia para lograr innovar en la agricultura, ya sea con la generación de nuevas variedades para incursionar en el mercado, o con el aporte de materiales genéticos que pueden utilizarse en situaciones de catástrofes naturales. Fotografías de Patricia Quesada.
“Este es un proyecto de carácter permanente que conserva colecciones de plantas, principalmente de aquellas que son perennes, por lo que se realiza una conservación en el tiempo. Se trata de preservar cultivos tanto de altura como de bajura para hacer una evaluación de las variedades o materiales y, de esta manera, poder hacer recomendaciones a los productores y productoras sobre variedades más adaptadas, más productivas y de mejor calidad”, expresó Patricia Quesada, coordinadora del proyecto.
Esta iniciativa, trabaja en la Subestación Fraijanes, ubicada en Alajuela, así como en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno la cual, con el paso de los años ha logrado establecer una serie de colecciones de plantas con potencial agrícola actual o futuro, que son la base para programas de mejoramiento genético y pruebas de adaptación de nuevas variedades y de nuevos cultivos. Dentro de estas colecciones destacan las de variedades de mango, anonáceas, bambú, frutales tropicales y otras colecciones menores como las de feijoa, arándanos, musáceas, plantas medicinales, entre otras.
“Como parte de las labores del proyecto, se realiza un manejo básico de todas las colecciones en cuanto a control de plagas, enfermedades, control de malezas y fertilización para que las plantas se encuentren en el mejor estado posible y puedan permanecer a lo largo del tiempo. Se pretende que exista la posibilidad de que si alguna persona desea trabajar con un cultivo específico, tenga la colección y lo pueda trabajar de diferentes maneras”, indicó Quesada.
Actualmente, debido a la situación mundial por el COVID-19, el proyecto se encuentra trabajando con los productores y productoras vía WhatsApp y por medio de un nuevo canal de YouTube en el que comparten videos educativos y en respuesta a las preguntas más frecuentes. Para quienes conforman el EC-340 el compromiso con las comunidades sigue más presente que nunca y el trabajo por la seguridad alimentaria continuará por mucho más.
Natalia Odio González Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.
Por lo tanto, proponemos:
1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.
2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.
3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.
4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.
5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.
6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.
7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.
8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.
9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.
10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.
11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.
12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.
Imagen UCR.
13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.
14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.
Se realizó ayer miércoles en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
La moderada ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones y en la que la pequeña producción representa 93 mil fincas agrícolas de acuerdo al último Censo agropecuario, así como en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.
Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden. Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio (como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.
Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas. Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.
Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes. Además, agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.
Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.
Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:
El mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.
Mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.
Es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.
Es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.
El impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.
Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.
Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.
Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.
González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.
Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.
Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.
Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo. También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.
Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad, etc., que encarecen la producción, en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.
Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.
Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa, el des trabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores.
Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.
Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.
Se preguntó por qué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.
Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que haya seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción.
Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.
La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.
Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.
