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Etiqueta: transparencia

La UCR ocupa el quinto lugar en el Índice de Transparencia, entre 253 instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Es la única universidad estatal costarricense que se ubica entre las primeras 10 posiciones

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), para el 2020, mostró un retroceso en el desempeño de las instituciones en esa área, sin embargo, la Universidad de Costa Rica (UCR) logró ubicarse en el quinto lugar, entre 253 organizaciones.

Esta Institución, a pesar de que bajó una posición con respecto al 2019, logró incluso incrementar su ubicación en el tema de rendición de cuentas, donde obtuvo un puntaje de 100, subiendo en cuatro puntos, con respecto al año anterior.

De acuerdo con el documento metodológico del ITSP, elaborado por la UCR, este es “un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses. El ITSP evalúa 95 indicadores distribuidos en las siguientes dimensiones: acceso a la información, rendición de cuentas, datos abiertos y participación ciudadana”.

Para el año 2020 el estudio se realizó del 16 de setiembre al 24 de octubre y abarcó al 79% del total de todas las instituciones del sector público y el promedio del puntaje a nivel nacional de estas organizaciones fue de un 38.81.

Este índice considera el sitio web oficial de la institución, que en el caso de la Universidad de Costa Rica es www.ucr.ac.cr y sus subsecciones, que incluye el sitio de transparencia: https://transparencia.ucr.ac.cr/ .

Para David Zamora Barrantes, consultor experto del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), de la UCR, “después de una estable tendencia al crecimiento desde el 2015, el año 2020 mostró por primera vez una reducción en el Índice y sus cuatro dimensiones respecto a los resultados del año anterior”, según indicó en las conclusiones de la presentación del ITSP, realizada el día de hoy jueves 21 de enero 2021.

Y agregó que incluso el 20% de las instituciones que mejor desempeño tienen en el Índice mostraron una reducción en su calificación promedio, lo cual atribuyó a que la pandemia, por el SARS-Cov 2, influyó en los procesos que sostenían la actualización y calidad de contenidos disponibles para la ciudadanía, aunque aclaró que el ITSP no cuenta con una medición para conocer la causalidad.

Valoración de la Universidad de Costa Rica en el ITSP. Para el año 2020 la UCR obtiene una calificación de 91,48.

En referencia a este aspecto, Marco Monge Vílchez, quien se ha encargado de los temas de Gobierno Abierto en la UCR desde el año 2016, consideró que “hay que hacer una evaluación específica de los resultados de cada institución para darnos cuenta de lo que ha sucedido, en términos generales en la presentación se habló de que algunas instituciones no cumplieron con la publicación de algunos datos. En el caso propiamente de la Universidad de Costa Rica se cumplió con la publicación de toda la información requerida y, adicionalmente, mejoramos en algunos temas con respecto al año anterior”.

El presente año se dio a conocer que el primer lugar lo obtuvo el Poder Judicial, con un puntaje de 98.05, el segundo el Organismos de Investigación Judicial (OIJ), con un 97.98, el Cuerpo de Bomberos en el tercer lugar con un 97.57, el Ministerio de Seguridad Pública en el cuarto lugar con un 92.12 y la Universidad de Costa Rica en el quinto lugar con un 91.48, única institución de educación superior que se ubica entre los primeros 10 lugares.

Resultados UCR

“La Universidad de Costa Rica siempre comprometida con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana se ha ubicado en todas las evaluaciones del Índice a lo largo de la historia siempre en el top 5 de las instituciones públicas. Esto lo que refleja es el compromiso institucional que existe en favor de la transparencia y de la publicación proactiva de la información que es de interés de los ciudadanos, tanto en formato de datos abiertos como en las visualizaciones que se han desarrollado en el sitio de transparencia”, expresó Monge.

Según destacó Zamora la dimensión de rendición de cuentas fue la que más se debilitó respecto al año anterior, sin embargo, la UCR más bien subió tres puntos, al obtener un 100 de puntaje es esta área y logró mantenerse con un 96 en el tema de datos abiertos.

En las áreas que sí bajó fue en acceso a la información donde pasó de un 97 a un 96 y en la dimensión de participación ciudadana que pasó de 97 a 74 puntos. De hecho, esta última es la segunda dimensión que más puntos disminuyeron las instituciones del sector público, según el reporte del ITSP.

“Específicamente en el componente de participación ciudadana se evalúan unos elementos específicos sobre el sitio web, que tienen que ver con la accesibilidad propiamente, esto me refiero al tema de subtítulos en imágenes, subtítulos en video y foros de opinión. En ese caso, cuando se evaluó el sitio de la Universidad de Costa Rica, esos puntos no se encontraron disponibles, por eso hay una disminución en el componente de participación ciudadana, pero no fue por falta de publicación de algún documento”, aclaró Monge.

En el ranking de las instituciones autónomas y semiautónomas la UCR ocupó el primer lugar con el puntaje de 91.48, mientras que en segundo lugar se ubicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) con 83.23 puntos y en tercer lugar el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con 82.91 puntos.

DOCUMENTOS

Informe de Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público 2020 Universidad de Costa Rica

 

Nidia Burgos Quirós
Periodista de la Vicerrectoría de Administración

Colegio de Periodistas pide transparencia en negociación con el FMI

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el comunicado del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (Colper):

En defensa al derecho constitucional de acceso de información pública y ante el inicio de las negociaciones del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, hace un llamado al gobierno de la República para que dicho proceso se dé en el marco de la transparencia y acceso a la información oportuna para construir la confianza necesaria en la población.

La única manera para contrarrestar las noticias falsas y la especulación entre la población es permitiendo a la prensa profesional el acceso al avance de los acuerdos y a los negociadores del gobierno para lograr informar de forma seria y adecuada los resultados de las negociaciones.

Desde el Colper estamos seguros del trabajo serio, responsable y profesional de parte de todos los comunicadores para darle a la ciudadanía la información balanceada para la toma de decisiones y así poder lograr los consensos que el país necesita.

Junta Directiva 2021

SINAE-AFINES: “Al gobierno le falta claridad y transparencia en las propuestas que harán al FMI”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el comunicado del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE):

Clase trabajadora está ansiosa, molesta y sin esperanza

“Una vez más el Gobierno muestra una falta de claridad y transparencia en las medidas que tomará para enfrentar el déficit fiscal y las propuestas que hará ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo lunes 11 de enero con el fin de obtener un préstamo por $1.750 millones”, afirma el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum), Lenin Hernández Navas.

De acuerdo con el representante de la CTRN la clase trabajadora está ansiosa, molesta y desesperanzada porque, no ve una ruta clara y concreta, de parte del Poder Ejecutivo, para salir adelante de esta crisis económica y social que atraviesa el país.

Unido a la falta de rumbo se suma las contradicciones en su propio equipo de trabajo, como por ejemplo, lo que las Ministras de Planificación y de la Presidencia dijeron a los Jefes de Fracción en una reunión sostenida, el martes 5 de enero, y luego lo que el Ministro de Hacienda Elián Villegas informó, en el sentido, de que no incluirían impuestos a las transacciones financieras, ni contemplaban aumentar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) como forma de recaudar nuevos ingresos.

“No es nuestro afán sólo señalar los errores del Gobierno, pero hay cosas, que no podemos callar, y por lo contrario, hay que denunciarlas porque el Poder Ejecutivo muestra una falta de transparencia y contradicción en sus posiciones que genera gran malestar, y falta de seguridad, entre los sectores, en especial, aquellos que la están pasando mal”, informó el representante de los trabajadores Lenin Hernández Navas.

Por otra parte el líder de la CTRN subrayó que las medidas de ajuste sólo se concentran en el recorte al gasto se afectarán programas sociales de niñez y adulto mayor que quedarán sin recursos al igual que la inversión en obra pública, educación y salud.

Agregó que la gran deuda de este Gobierno, es que en tres años, no ha enseñado la ruta de cómo mejorar el tejido productivo del país que es la reconstrucción que el país necesita, en estos momentos, para generar empleo.

El Presidente de la CTRN cuestionó que el Gobierno use ciertos datos estadísticos para mejorar su imagen señalando la leve disminución en la tasa de desempleo que pasó de 526 mil (21,9%) a 517 mil (21.3 %) mil, pero omite que la tasa de ocupación disminuyó significativamente en 7,2% con relación al mismo periodo que el año anterior. Es decir hay 259 mil personas que perdieron su condición de ocupados.

“Esos desocupados son quienes la están pasando mal porque no ingresan al mercado de trabajo y según una encuesta de la Universidad Nacional alrededor de un 50% de los consultados que tiene empleo dedica parte de su ingreso para ayudar a familiares afectados por la emergencia sanitaria y un 17% usa su tarjeta de crédito para hacer frente a gastos básicos como alimentación, transporte, alquiler y pago de servicios públicos”, aseveró el Presidente de la CTRN.

Urge digitalizar procesos de compra en la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Enfermería:

Para garantizar la transparencia, probidad y sana administración
Urge digitalizar procesos de compra en la CCSS
$580 millones están presupuestados para adquisiciones

“Urge la digitalización de los procesos de compra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la transparencia, eficiencia y sana competitividad entre los proveedores y conseguir mejores precios para CCSS”.

Así lo consignó Lenin Hernández Navas, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE AFINES), al referirse a la información que trascendió de un posible pago por adelantado de las mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas.

De acuerdo con Hernández Navas, las compras manuales no permitirán superar los problemas de logística y abastecimiento de los bienes y servicios que necesita la institución, e indicó que prueba de ello son las investigaciones que se realizan por las irregularidades en la compra de $ 4 millones en mascarillas.

SINAE AFINES ha denunciado en reiteradas ocasiones el desabastecimiento del Equipo de Protección Personal (EPP) así como irregularidades en el control de calidad de los EPP.

El mismo auditor interno de la institución, Olger Sánchez Carillo, reconoció el pasado 24 de setiembre ante la comisión investigadora, que es imperativo digitalizar las compras, así como revisar la conformación de las Comisiones Técnicas, porque de ello depende que hagan un trabajo técnico, que no se preste para hacer licitaciones a la medida con el fin de favorecer a ciertas empresas.

“Hay que prestarle mucha atención al presupuesto que maneja la CCSS porque para algunos proveedores inescrupulosos significa un atractivo económico para licitar de manera irregular. La CCSS tiene reservado $580 millones para la compra de medicamentos, insumos que se denominan clínico quirúrgico, los cuales se utilizan a nivel de los centros hospitalarios, y que podrían prestarse para compras hechas a la medida

A la CCSS le corresponde la gran tarea de digitalizar los procesos de compra con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y sana competitividad, y evitar la corrupción que lamentablemente salpica a la institución, en momentos en que debería estar concentrada en atender la pandemia”, detallo Lenín Hernández Navas de SINAE AFINES.

Simposio “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia.

Este miércoles 30 de setiembre del 2020 se llevó a cabo el segundo día del Simposio Internacional titulado: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”, realizado a través de la plataforma virtual Zoom y transmitido en vivo por la página de Facebook Rectoría Universidad Nacional de Costa Rica.

El Simposio se realizó en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y estuvo organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ParlAmericas.

De esta manera, se llevó a cabo la cuarta sesión de trabajo con la mesa de diálogo: “Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia” la cual se enfatizó en las experiencias y prácticas de transparencia, así como los proyectos para el acceso a la información en diferentes países y sobre las las necesidades que presentan los parlamentos en época de pandemia.

Para llevar a cabo este Panel se contó con la participación de parlamentarios de diferentes países: el señor Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien se desempeñó como moderador; las señoras diputadas Carmen Chan y María Inés Solís de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; la señora Dolores Martínez, Diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y Emmanuel Barrantes Pérez, representante del Movimiento de Iniciativa Popular.

Luis Rojas, quien ha tenido la oportunidad de exponer en otras ocasiones sobre la ley de transparencia en Chile, inició la actividad recalcando la importancia de contar con herramientas que permitan el control político y dio apertura con la siguiente frase: “La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para la implementación de los principios del parlamento abierto como lo son la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas”.

Dolores Martínez, diputada de Argentina y exdirectora de la Oficina de Modernización de la Cámara de Diputados, reconoció que en el tema de participación ciudadana y gobierno abierto quedan muchos retos, pero presenta dos avances. El primero es el Portal de Leyes Abiertas, donde los y las diputadas suben sus proyectos y anteproyectos que permite recibir retroalimentación. El segundo es la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa cocreada entre Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay, EuroSocial y ParlAmericas: “Los bajos niveles en el índice de transparencia del 2016 y la mirada negativa de la sociedad con el Congreso Argentino resaltaron la necesidad de estos elementos, que son resultado de una amplia serie de reuniones y un proceso extenso de establecimiento de alianzas entre la sociedad civil y el Congreso”.

El proceso de creación de la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa inicia en mayo del 2019, tiene su inspiración en la incompetencia de los diseños previos lanzados en el poder ejecutivo: “Su lanzamiento será el 1 de octubre del 2020 y permite que los Congresos encuentren un espacio con conceptos estandarizados que pueden adaptar a sus necesidades específicas. Se compone de cinco herramientas principales para lograr la transparencia legislativa”.

Para Martínez, la transparencia activa se refiere al tipo de información que los Congresos deben publicar y de qué manera deben hacerlo, la manera de realizar mecanismos para que las solicitudes de acceso a la información pública sean efectivas, el diseño óptimo de portales de datos abiertos que permita reutilizar la información, la forma y enfoque en que se definen las políticas de comunicación y accesibilidad y enfatiza en la gestión documental, que hace referencia en cómo se gestiona, hacia adentro la información que es publicada.

Por su parte, la diputada costarricense María Inés Solís, quien también es parte del Concejo ParlAmericas; explicó que en Costa Rica las herramientas se desperdician provocando que la transparencia sea una deuda existente actual, que se evidencia con mayor claridad por la pandemia y la claridad de apreciación de la crisis estructural.

Reconoció que la comunicación con la sociedad civil es muy mala, sin embargo, se hacen esfuerzos importantes como el Departamento de Participación Ciudadana encargado de generar un vínculo entre los diputados y la sociedad civil como parte del compromiso institucional: “En el país el diputado es sinónimo de vago y eso es culpa de los mismos diputados… porque no se ha sabido comunicar el trabajo diario que realiza la Asamblea Legislativa”, indicó Solís.

La diputada manifestó que, además, como un esfuerzo personal, desde hace más de un año presentó un proyecto para reformar la Ley y perfeccionar la rendición de cuentas. Confía en que el Lobby es necesario, pero debe ser cristalino por eso la Ley propone que sea transparente el proceso para la toma de decisión, mediante una agenda pública donde se pueda evidenciar el proceso y las reuniones con diferentes actores que la ciudadanía pueda consultar.

Desde el Movimiento de Iniciativa Popular se visualiza una necesidad de transparencia y el acceso a la información, por ello, para Emmanuel Barboza, expuso el interés del Movimiento, de manera voluntaria y no remunerada por cada uno de los integrantes de la organización, en fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas: “Creo que cocreación es la palabra clave en todos los procesos de transparencia y acceso a la información pública. Su principal objetivo no es solo señalar falencias sino proponer soluciones por esa razón organizan actividades como este Simposio Internacional”. Además, reconoció que la pandemia es solo un reto porque obliga a realizar acciones para no perder la participación ciudadana por el aislamiento, pero se pueden ver muchos otros como una política de despachos abiertos, la sistematización de datos, el uso de las tecnologías mediante herramientas que sean accesibles para todas las personas y la creación de herramientas para realizar denuncias anónimamente. Y como movimiento reclaman mayor voluntad política, una ley de lobby y contar con estándares de publicación de documentos en línea que permitan procesar datos, acotó Barboza.

Carmen Chan diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, expuso la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública fundamentando que están recogidos en la Constitución Pública y que llegan a ser fundamentales en época de pandemia.

Chan reconoció que la participación del pueblo es central para diseñar medidas legislativas, por eso desde en el 2018 presentó la propuesta: “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, que sigue en trámite.

La diputada aseguró que en medio de la crisis se ha actuado con transparencia y por eso se aprobaron leyes necesarias como la Ley para apoyar al contribuyente local, sin embargo, es primordial la racionalización en el uso de los recursos públicos, los escasos recursos deben ser dirigidos a los más necesitados: “ La pandemia expone necesidades como la definición de una agenda de prioridades de proyectos de Ley en conjunto con el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis, una política fiscal diseñada por los poderes del Estado de manera colaborativa, el diseño de canales efectivos de comunicación, que sean fluidos y transparentes y la realización de las negociaciones financieras con los organismos internacionales en espacios abiertos.

Para concluir el Foro, Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Programa Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y co organizador el Simposio, agradeció a los expositores, participantes y a las personas que formaron parte del equipo de trabajo: Rosibel Hernández Diaz, Emmanuel Barrantes, Sylvia Arredondo Guevara, Gabriela Corrales Alfaro, Efraín Cavallini Acuña, Gustavo Fuchs, Natali Casanova y Sergio Araya. Asimismo, expresó su reconocimiento y gratitud a las entidades que tuvieron a cargo la organización de los días del Simposio e informó que en las próximas semanas se compartirá una memoria del evento.

ENLACE Mesa completa:

https://www.facebook.com/104524877983409/videos/757805188396854

 

Por:
Efrain Cavallini Acuña-UNA
Valery Brais-Estudiantes RI-UNA-Ideario
Gabriela Corrales Alfaro- Ideario-UNA

Proceso de reelección de presidente de la Corte evidencia la necesidad de mejorar procedimientos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Para el Foro de Justicia, el controversial episodio legislativo durante la reelección del magistrado de la Sala Constitucional y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, evidencia la necesidad de mejorar el proceso de selección de magistraturas.

San José, 09 de octubre de 2020- El Foro de Justicia externa públicamente su más alta preocupación por los acontecimientos del pasado 5 de octubre en la Asamblea Legislativa, con motivo de la votación para la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Fernando Cruz Castro; lo cual justifica reiterar el llamado para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas y ajustarlo a los estándares internacionales.

El ingreso de dos diputados y una diputada al Plenario legislativo por zonas no habilitadas al efecto, burlando el cierre formal del recinto de votación, empaña este acto formal y debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo. Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional.

Asimismo, el Foro de Justicia considera inaceptable que una vez más, se votara de manera secreta y sin fundamentación, la reelección de una magistratura.

Resulta también preocupante la decisión de la Presidencia del Congreso, de conminar con la nulidad de su voto a aquellas diputadas y diputados quienes, amparándose en los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, pretendieran hacer su voto público. Se vulneró así el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de sus representantes y a fiscalizar los actos del poder público.

Además, desde el Foro de Justicia se reprueba la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistratura para ajustar cuentas con las personas magistradas por los votos emitidos en determinados casos. La Constitución Política señala a la Asamblea Legislativa requisitos específicos a cumplir en caso de considerar que un magistrado o magistrada no debe seguir en su cargo: que exista una causa justificada para no continuar en el cargo y que se cuente con el voto de una mayoría calificada (38) de los y las legisladoras. Adelantándose a su tiempo, la fórmula ideada por los constituyentes de 1949 garantiza la estabilidad en el cargo y fomenta la independencia del Poder Judicial, a efectos de que, los máximos jueces y juezas no deban su puesto a fuerzas políticas particulares.

Cabe recordar que la independencia judicial es un derecho de todas las personas a que sus conflictos se decidan por terceros conforme al derecho vigente y sin sumisión a criterios partidarios o personales.

Actuar contrariamente a los preceptos constitucionales y los estándares internacionales en la materia, propicia la instauración de una judicatura complaciente con los intereses de los grupos dominantes, los cuales pueden variar en cada momento, perdiéndose la protección de la independencia judicial para la resolución de los conflictos sociales.

El Foro de Justicia insta respetuosamente a los señores diputados y a las señoras diputadas a que asuman la responsabilidad de modificar el Reglamento Legislativo eliminando todas las normas que suponen la votación secreta para estos casos y fortalezcan los mecanismos para la designación de las magistraturas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mostrarse vigilante de sus representantes legislativos, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Reelección de magistraturas e independencia judicial

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Equidad y derechos de la mujer.

Ana Marcia Aguiluz Soto *

En los próximos días la Asamblea Legislativa conocerá la solicitud de reelección del magistrado Fernando Cruz Castro, quien actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política, en su artículo 158, establece que la reelección opera en forma automática, salvo que una mayoría calificada decida lo contrario.

Esta solicitud constituye una buena oportunidad para analizar la figura de la reelección de magistraturas y su vínculo con la independencia judicial.

En su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público”. Para que ello sea posible, y se preserve el Estado de Derecho, es indispensable que la administración de justicia esté integrada por personas idóneas y competentes que puedan ejercer sus cargos con independencia de cualquier grupo de poder.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que exista independencia judicial deben establecerse tres garantías fundamentales: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

Respecto de la reelección, la Comisión Interamericana ha considerado que esta figura es “factor de fragilidad en la independencia de jueces y magistrados”, esto por cuanto se corre el riesgo de que las personas titulares del cargo se comporten de cierto modo con el fin de obtener el apoyo de la autoridad responsable de la decisión. Considerando este riesgo, la CIDH considera deseable que las y los operadores de justicia tengan nombramientos por un periodo definido y suficiente que permita contar “con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar sujeto a una confirmación o ratificación superior”.

No obstante, si la figura existe, la CIDH y también el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados (sic) han dicho que, “esta debería operar en forma automática, a menos que exista una falta grave”. Precisamente, en aras de garantizar la estabilidad en el cargo y proteger contra presiones externas, una eventual decisión de no reelección solo sería legítima si se fundamenta en razones objetivas las cuales deben surgir de un análisis sobre la integridad, la idoneidad, la formación apropiada, el mérito personal, la capacidad profesional y la eficiencia de quien ostenta el cargo, según lo ha señalado por la Corte IDH. No resultaría admisible que la no reelección se justifique en criterios ideológicos o políticos.

Ahora bien, pese a las obligaciones que tiene Costa Rica para cumplir con los anteriores estándares, hasta el momento la Asamblea Legislativa no ha implementado metodologías de evaluación objetivas tanto de las personas que se postulan a las magistraturas como de las que buscan la reelección. En este sentido, existe un vacío en la práctica y en la norma que abren un portillo que atenta contra la independencia judicial y le puede producir responsabilidad internacional al Estado costarricense.

Por otra parte, persiste una deuda con la transparencia y la publicidad de este tipo de procesos. De esta manera, en la medida en la que los y las diputadas razonen su voto y lo hagan público se reducirá la posibilidad de injerencia de otros poderes o grupos de poder dentro del Poder Judicial por razones no admisibles. Esta debe ser una demanda ciudadana.

Así las cosas, al conocerse la solicitud de reelección de don Fernando Cruz, a menos que exista una razón objetiva, la reelección debe operar de forma automática, caso contrario, se estaría adoptando una decisión discrecional y arbitraria que afectaría la independencia judicial y que invitaría a los restantes magistrados y magistradas a revisar constantemente sus conductas para agradar a quienes integran la Asamblea Legislativa.

Analizando la trayectoria del magistrado Cruz, es mi opinión que hoy más que nunca necesitamos personas que, como él, ejerzan su investidura con decoro, integridad, competencia e independencia.

En momentos de crisis y enorme inestabilidad en el país, la Asamblea Legislativa debe recordar lo dicho por la Sala Constitucional en la sentencia 2013 – 6247 en cuanto que “Todos los órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser garantes del control de convencionalidad, a fin de hacer respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente”. No es momento de enviar mensajes de intimidación a otros poderes de la república. Todo lo contrario, es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar su independencia.

* Abogada costarricense, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, defensora de derechos humanos

Solicitan información y transparencia en proceso “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

SURCOS recibió copia de una carta enviada a quienes coordinan la iniciativa del gobierno denominada “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. En la nota se solicita que el Poder Ejecutivo informe públicamente a la mayor brevedad, acerca de las metas que ya han acordado con el FMI. Además, que cuando el Poder Ejecutivo tenga listo su planteamiento concreto para negociar con el FMI sobre cómo alcanzar esas metas, se vuelva a convocar “a los mismos participantes de los tres foros para dárselos a conocer y generar un intercambio de puntos de vista”. Asimismo, piden que “las reuniones clave con los partidos políticos sean públicas y publicitadas”.

Esta es la carta:

San José, 2 de setiembre de 2020

Señora Epsy Campbell Barr
Primer VicePresidenta de la República
Señor Marvin Rodríguez Cordero
Segundo VicePresidente de la República
Señora Silvia Lara Povedano
ViceMinistra
Ministerio de la Presidencia

Estimados señor@s:

Quienes suscribimos esta misiva fuimos personas que a título personal o como parte de una organización remitimos propuestas a la iniciativa del Poder Ejecutivo “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, e incluso algunas personas tomamos parte en los Foros organizados los días 25, 26 y 27 de agosto sobre del eje Finanzas Públicas y acuerdo con el FMI.

Hemos tomado la iniciativa de auto-convocarnos, bajo el principio de la responsabilidad y el deber ciudadano consignados en el Art. 9 Constitucional, para encontrarnos y seguir construyendo un proceso de diálogo social que profundice el debate de las propuestas planteadas, así como para dar seguimiento a lo que debe ser un proceso de diálogo nacional transparente, con respecto al eje antes indicado y en el que consideramos participante activo al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, nos dirigimos a usted para plantearle tres propuestas concretas:

  1. Que el Poder Ejecutivo informe públicamente a la mayor brevedad, acerca de las metas que ya han acordado con el FMI, tal y como lo manifestó el pasado 28 de agosto en el foro de cierre el Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada. Estando claros que la combinación de medidas a adoptar para alcanzar esas metas, deben ser maduradas todavía por el Poder Ejecutivo, para lo cual esperamos que tome muy en cuenta los cientos de propuestas remitidas así como las desarrolladas durante los foros.
  2. Que cuando el Poder Ejecutivo tenga listo su planteamiento concreto para negociar con el FMI sobre cómo alcanzar esas metas, requerimos que se vuelva a convocar a los mismos participantes de los tres foros para dárselos a conocer y generar un intercambio de puntos de vista, de forma totalmente transparente, aprovechando para ello su transmisión nacional utilizando todos los medios disponibles.
  3. Igualmente esperamos que las reuniones clave con los partidos políticos, sean públicas y publicitadas, en este momento en que la credibilidad del gobierno es fundamental para las decisiones post covid-19. La política es pública y la información debe estar disponible para El Soberano.

Estos planteamientos los hacemos con la mayor convicción y desde una ciudadanía responsable a fin de generar una mayor confianza en un proceso tan trascendental para nuestro país, el cual sin duda marcará el derrotero de la patria por los próximos 15 años.

Para notificaciones señalamos los siguientes correos electrónicos:

observatorio.ciudadanotf@gmail.com

Atentamente,

Firmantes

P/Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal
Amanda Ugalde Argüello (ced. 1-0864-0894)

P/Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica
Presidenta Ailhyn Cristina Bolaños Ulloa (ced. 1-1097-0746)

P/Observatorio Económico y Social de la UNA
Coordinador Fernando Rodríguez Garro (ced. 4-0165-0895)

P/Cámara Nacional de Economía Social Solidaria
Montserrat Ruiz Guevara (ced. 2-0551-0422)

P/Grupo Economía Pluralista
Dir. CICDE-UNED Luis Paulino Vargas Solís (ced. 2-0327-0373)

Economista y consultora Sofía Guillén Pérez (ced. 1-1504-0735)

MSC. Ana Rosa Ruiz Fernández (ced. 3-0248-0440)

Otros Apoyos
Administrador Público Leonardo Castellón Rodríguez (ced. 1-0927-0673)
Sociólogo Allen Cordero Ulate (ced. 3-0217-0094)
Politólogo Gerardo Hernández Naranjo (ced. 1-0677-0083)