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Etiqueta: violencia

Sétima edición de la Campaña Nacional por la Vida de las Mujeres avanza exitosamente

MUSADE

Ante la realidad que enfrentan las mujeres en todo el país de altos índices de violencia y femicidios, esta organización busca llevar un mensaje a cada persona del territorio nacional, que les permita reflexionar acerca sus acciones cotidianas que justifican, naturalizan y perpetúan la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente hacia las mujeres y en consecuencia asumir compromisos personales y colectivos para hacer los cambios necesarios en los esquemas culturales y sociales para eliminar esta atroz violación de derechos. 

Datos del año 2023

  • 137 denuncias por tentativa de femicidio en el Ministerio Público.
  • 40536 denuncias por medio de la línea 911: (800 por abuso sexual, 252 por acoso callejero, 22410 por violencia contra la mujer).
  • 18 feminicidios en 2023, según el Observatorio de Violencia.
  • 32 muertes de mujeres sin clasificar.
  • 983 Atención directa de MUSADE.

Con un arduo trabajo territorial en todo el país, se implementa una amplia y variada programación de actividades, entre las que se pueden señalar: las visitas casa por casa, quioscos informativos en centros educativos de primaria y secundaria, feria por la salud de las mujeres, curso sobre prevención primaria de la violencia, masculinidades positivas, programas de radios “Tejiendo historias. Una de las acciones destacadas de esta campaña es el acompañamiento y organización de redes comunitarias de mujeres ubicadas en diferentes territorios a nivel nacional. 

La dedicada de la Campaña de este año es la ramonense y activista por los derechos humanos Cecilia Jiménez, quien ha realizado una destacada labor desde la Comisión Costarricense de Derechos humanos CODEHU.  

Cierre con arte y movimiento La campaña culminará el día 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, con una carrera recreativa para población adulta e infantil que llevará el nombre; “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres, y una variedad de actividades culturales. 

Si usted desea ser parte de esta campaña existen diferentes formas: 

Responsable: Enid Cruz Ramírez.

Correo: musade1986@gmail.com

Pagina web: www.musade.org

Ubicación: 75m Sur Urgencias, Hosp. Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón, Alajuela, Costa Rica.

Narcotráfico, ¿Cómo nos sentimos?

Alberto Salom Echeverría

Introducción

El narcotráfico se nos ha metido hasta por los poros, el país está inundado de muy diversas drogas igual que el resto de la cadena del tráfico en América Latina, pero al parecer, Costa Rica compite con ventaja en el trasiego de la droga.

Los entendidos en la materia comentan que la posición geográfica de nuestro país es ventajosa para los carteles de la droga que la acarrean de sur a norte; ahora les favorece también el abismo social que se ha abierto entre los muy ricos y los pobres, especialmente los que viven en la pobreza extrema; a lo anterior se une el considerable retroceso en el sistema educativo, el cual expele cada vez más niños y jóvenes de barrios pobres en las zonas rurales y urbanas que, engrosan la pléyade de los que quedan a expensas de las bandas de narcotraficantes. Todo se ha confabulado para crear un ambiente que nos deja muy expuestos al reclutamiento de mano de obra joven y en ocasiones hasta infantil, más barata para el “narcomenudeo”.

La droga recuerdo que penetró con mucha fuerza en jóvenes de estratos sociales “pudientes” económicamente, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, cuando algunos fantaseaban sintiéndose como los “Beatles”, al fumar marihuana, aunque, sin instrumentos musicales, ni tampoco hacían gala de expresar sus exitosas y gloriosas canciones de fama mundial. Era, simplemente, algo caché y muy contagiosa entre nosotros. Sin embargo, aunque existía preocupación en los círculos gobernantes, no había tanto apremio, ni temor frente a la droga. Salvo uno que otro incidente, algunos muy sonados, pero, en nada se parecían a la auténtica guerra fratricida entre bandas que se libra ahora, usando como “carne de cañón” a nuestros muchachos reclutados en los barrios “bajos” de nuestras ciudades. Hoy la guerra está declarada entre pandillas y contra la institucionalidad, es decir, es una guerra contra todo y contra todos y, es sin cuartel y a “mano armada”. El crimen y el sicariato se han puesto a la orden del día y, el país se ha vuelto uno de los más inseguros de toda la región. Como si lo anterior fuera poca cosa, resulta que los procesos de judicialización en Costa Rica son de los más lentos de la región, de modo que nuestros organismos represivos se han tornado muy ineficientes para hacer frente a tan enorme desafío.

Breve descripción de la situación actual, principalmente del cannabis.

a. El trasiego de la droga: El comercio del cannabis como la droga de más alto consumo, se da tanto en el ámbito nacional como internacional. El interno, naturalmente es de mucho menor cuantía, pero su volumen no es nada despreciable. La mayor parte en él, es lo que llaman “narco menudeo”. El comercio internacional tiene como destino final Los Estados Unidos, el mayor consumidor de la droga cannabis en términos absolutos, seguidos luego por Australia, los países europeos, Canadá y México, entre otros. En el país, ya existe una producción importante especialmente de la droga de mayor consumo nacional que es también la marihuana. Sin embargo, sorprende saber que en términos de consumo per cápita de mayor a menor, los diez países donde más se consume en la población entre los 15 y 64 años son: 1. Chile, 34,8%; 2. Canadá, 32,7%; 3. Papúa Nueva Guinea, 29,5%, 4. Israel, 27,0%, 5. Palaos, 24,2%, 6. Islas Marianas del Norte, 22,2%, 7. Ghana, 21.5%, 8. Guam, 18,4%, 9. Islandia, 18,3%, 10. Estados Unidos, 16,2%. (Cfr. Sumpter, Luke. “¿En qué países se fuma más Hierba?” Extraído del Informe Mundial Sobre Drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualizado al 2024). En el plano internacional, según datos también de las Naciones Unidas, la droga que más se compra y vende en el mundo es asimismo el cannabis o la marihuana y el mayor consumidor en términos absolutos, son Los Estados Unidos. (Cfr. “El Mapa del consumo de cannabis en el mundo. elordenmundial.com. EOM, 2015-2021.) De ahí la importancia que ha cobrado Costa Rica, por poseer costas en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, lo que, en teoría facilita su traslado hasta los Estados Unidos.

b. El proceso legislativo del cannabis: En vista de que el país tiene años de estar lidiando con esta droga, se han creado una cantidad de leyes, supuestamente para favorecer el proceso de denuncia e incautación de esta mercancía (y posteriormente con relación a las demás drogas, las que, han experimentado la misma suerte). La legislación ha alcanzado a varias instituciones de su incumbencia, tanto preventivas como represivas, como son: el ministerio de Seguridad Pública, el ministerio de Educación Pública, el OIJ y otros organismos policiales, el IAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, por su competencia en el ámbito de la salud y la prevención.

De modo que, para enfrentar hoy el poderío del narcotráfico en este frente, debe existir una estrecha coordinación entre todas estas instituciones y otras que no hemos mencionado. Así las cosas, se ha creado una maraña institucional de una complejidad “Kafkiana”, como es común en nuestro país, por ser super legalista. La lista se ha visto agrandada más recientemente para poder vérnosla, como país, con las demás drogas que han inundado nuestro mercado lícito e ilícito. Entre estos formidables vericuetos hemos quedado atrapados, y hemos tenido que andar, desde luego, moviéndonos con enorme dificultad. Los organismos internacionales y, muy especialmente los organismos de seguridad y represivos de Los Estados Unidos, con los que coordinan nuestras autoridades, atribuyen a ello la alta ineficacia de la institucionalidad para responder con la prontitud que es necesaria a las exigencias de la incautación de la droga, a la represión y detención de los pandilleros que, por su parte se juegan la vida trasegando ilegalmente los diferentes tipos de droga que ingresa en nuestro territorio principalmente desde el sur de América, los que más recientemente se producen en nuestro propio suelo y, la droga que se fabrica en laboratorios clandestinos.

Hay tres tipos de organizaciones ilícitas o clandestinas que se han inmiscuido en este lucrativo negocio: unas son de origen interno y operan ya por todo el territorio nacional donde se han formado mercados ilícitos; otras son las poderosas organizaciones internacionales de diversos orígenes con las que, las internas coordinan y establecen lazos muy sólidos en su relación, las terceras son empresas profesionales intermediarias, cuya labor estriba en disfrazar sus ganancias ilegítimas, para darles una apariencia de legalidad.

Pero también, esta madeja de organizaciones ilícitas ha provocado en todas partes enfrentamientos armados, con armas inclusive de grueso calibre. Costa Rica se ha convertido en un escenario privilegiado de los carteles de la droga. Las pandillas se mueven con cierta soltura, andan armados surcando diferentes barrios tanto en la capital, San José, como en otras ciudades. Las balaceras y las muertes de jóvenes están a la orden del día. El común de los mortales nos sentimos molestos, furiosos y preocupados por nuestros vástagos y por toda la niñez y juventud costarricense, en especial por aquella que no tiene que ver con la droga, pero que de pronto, jóvenes estudiantes o no, se ven alcanzados por el cruce de fuego entre pandillas, o son atemorizados por el sicariato.

Empresas profesionales intermediarias en el negocio del trasiego de la droga han aparecido.

Entre todo este “nuevo mundo” alborotado por las trifulcas de una guerra no declarada, nos insubordina enterarnos con harta frecuencia, de la aparición de “empresas profesionales”, intermediando en operaciones comerciales ilícitas multimillonarias de la droga en sus múltiples manifestaciones, por medio de lo cual logran disfrazar super ganancias ilegítimas también.

Costa Rica se ha convertido en un eslabón importante en la cadena de países productores y consumidores del cannabis y otras drogas aún más dañinas para el organismo humano; esta cadena se ha entrelazado de sur a norte del continente americano. Asimismo somos, como país, una “zona regional” de la logística de los carteles que, desde aquí, preparan y promueven los envíos hasta Europa.

Las debilidades que presenta nuestro país en la incautación de la droga y la represión de los carteles involucrados, en parte como resultado de los escasos recursos, ha hecho más complejo el trabajo entre autoridades nacionales represivas y las instancias de prevención y control.

No se trata ya de vernos como víctimas de la oferta y la demanda de la droga, ahora se trata además de ello, de migrar a un concepto más moderno, que requiere una concatenación entre esferas, éstas son: a. El tema de la salud pública frente a la acechanza de la droga en nuestro suelo b. La esfera de los derechos humanos que son violados por los carteles constantemente, al asaltar a mansalva a nuestros jóvenes y niños. c. La esfera de la droga y el delito. d. La esfera importantísima del desarrollo humano sostenible que, se encuentra articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU.

Me ha espantado encontrarme con los datos del IAFA del 2015, respecto de sustancias psicoactivas (entiendo que la pandemia provocó un atraso de datos más recientes). En las estadísticas encontramos, un aumento del consumo de marihuana, que es como una puerta de entrada para el consumo de otras drogas más dañinas, tanto entre las personas que solamente han consumido una vez en la vida, como en los demás segmentos: aumentó el consumo entre los que lo hicieron al menos una vez en el último año, y también creció el número de los que consumieron la droga por lo menos una vez en el último mes. Por otra parte, hubo un aumento sensible en el consumo de la heroína, los hongos alucinógenos y el éxtasis, aunque en proporciones mucho menores con relación al cannabis. Aumentó el consumo de la cocaína y el crack, entre la población mayor de 15 años y hasta los 64, por parte de quienes consumieron estas sustancias psicoactivas al menos una vez en la vida. Por último, se observó ya por seis informes que las drogas de mayor consumo son: el alcohol, el tabaco y la marihuana; seguidos de psicotrópicos como son los hongos, el éxtasis y la heroína a partir del 2015. Me ha resultado en particular, sumamente preocupante saber que -aunque en bajas cantidades- la droga considerada por la investigación científica como la más peligrosa, el fentanilo, ya se está consumiendo en Costa Rica (Cfr. ://Delfino.cr>2023/08. “El Fentanilo y sus repercusiones.”).

Conclusión.

Más recientemente, al leer la crónica en los diferentes periódicos nacionales, en su versión impresa o digital, me conturba y perturba a la vez el espíritu, observar las declaraciones del presidente de los costarricenses, Rodrigo Chaves, cuando afirma, lavándose las manos, frente al hecho de que, el 2023 fue el año más violento de la historia, que la sociedad costarricense en su conjunto (víctima por antonomasia de la droga, afirmo yo), está en pie de igualdad con el Gobierno, frente a esta circunstancia. Enseguida sostuvo que, carecemos de los suficientes mecanismos para enfrentar a los carteles de la Droga, por cuanto no tenemos ejército. Otro tanto se permitió externar la embajadora Telles de los EE. UU. Ella afirmó literalmente, que la facilidad con la que se trafica la droga a los Estados Unidos es debido entre otras cosas a que: “…Costa Rica no tiene Ejército, está indefenso, comparado tal vez con otros países…” (Cfr. Altamirano B., Yiren. “Costa Rica es el país número uno en el traspaso de drogas”. La Nación. Lunes 18 de marzo del 2024. Pp. 11).

Si fuera cierta semejante afirmación, Panamá, que ya no tiene ejército y que, a pesar de ello, está reputado como un país exitoso para enfrentar el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, tendría que haber corrido la misma suerte que Costa Rica. Incomoda demasiado y lesiona nuestro espíritu civilista, leer a la misma embajadora de los Estados Unidos, seguir resaltando como una indefensión, el hecho de que nuestro país carezca de ejército; irrita todavía más que detrás de ella, expresara lo mismo el presidente de la República. Parece como si ambos estuvieran acicateando la formación de un ejército que, para nada necesitamos. Ninguna de estas dos personas muestra sensibilidad, ni capacidad para dimensionar las enormes bondades y ventajas que ha derivado Costa Rica por no tener ejército, ya por más de 73 años. ¡Qué desazón!

China Kichá ha vivido incendios provocados 4 años consecutivos

  • Estos incendios se enmarcan en un contexto de violencia generalizada contra la población desde que iniciaron el proceso de recuperación y revitalización territorial

Según informes de derechos humanos, China Kichá ha sido el territorio que reportó mayor cantidad de incidentes de violencia del país.

Este 2024, según lo ha indicado la población, los incendios provocados quemaron cerca de 800 hectáreas de 1100 hectáreas, es decir, casi la totalidad del territorio. Las pérdidas han sido invaluables, animales silvestres y árboles de reforestaciones murieron en el fuego y las nacientes en protección se vieron afectadas.

Les invitamos a no dejar sola a esta comunidad y apoyarla con una campaña de solidaridad donando:

  • Equipo de seguridad para una brigada comunitaria contra incendios forestales
  • Semillas para apoyar la soberanía alimentaria de China Kichá
  • Árboles para la regeneración ecológica

Línea de tiempo de noticias sobre China Kichá https://padlet.com/kioscosvas/registro-de-agresiones-a-china-kich-7t26z3j3w8gz2epk

Los detalles de equipo contra incendios, semillas y árboles nativos, los pueden encontrar en las imágenes y se ofrece en ellas teléfono de contacto:

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Costa Rica: Un Tren Descarrilado

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.

El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.

Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.

No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.

De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.

El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.

Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.

Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?

UCR, Voz experta: La mirada impávida ante la violencia y la desigualdad

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo, Socióloga, investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

Por la M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

«La visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a ‘bukelizar’ la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social».

Tiroteos, pandillas, venta de drogas al menudeo, violencia escolar e intrafamiliar, feminicidios, crímenes de odio, genocidios, ecocidios; todo parece un recuento de daños interminable, un listado que de tanto ser nombrado adquiere vida propia, se naturaliza y es parte del paisaje cotidiano, desdibujando los hilos que lamentablemente los entrelazan y, tal vez lo más grave, nos anestesian ante el dolor de lo humano, de lo vivo, de lo injusto.

Esto provoca una reflexión con características energúmenas, sin ningún cariz de lecturas complacientes, pues urge llamar a lo humano que todavía habita en nosotros y que solo podrá salir con un grito de rabia por las guerras geoestratégicas donde las nudas vidas que mencionaba Agamben (2005) son solo parte de un gran juego de ajedrez, dejando a su paso grandes silencios y vacíos en aquello que un día llamamos conciencia social y lucha política. Cómo hacer esa reminiscencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser si no despertamos pronto de esta inermidad.

En días recientes un grupo de madres, abuelas y maestras de la escuela del Cairo de Siquirres protegieron contra las balas al estudiantado, dejando al descubierto un país teñido de grandes desigualdades que hacen de los barrios lugares despojados de humanidad, de vidas no lloradas, donde las balas son sonidos de ambiente que vuelan entre la desolación de un Estado social al que estamos dejando desprovisto de propósito, casi sin rostro.

La acción valiente de esas mujeres recuerda la frase de Rosa Luxemburgo: “No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles” (De Pablo, 2019, p. 87).

Oportunidades educativas: el debate urgente sobre la exclusión

La exclusión escolar es un riesgo que implica dejar a las generaciones jóvenes fuera de las aulas, sin la posibilidad de desarrollar las competencias y habilidades para su futura inserción en las esferas productivas por lo que engrosarán en el corto y mediano plazo los datos de desempleo, pobreza extrema y marginación, lo que traerá consigo la consecuente pauperización de sus condiciones de vida, lo que dibuja un escenario poco alentador para el desarrollo democrático y equitativo del país al ensanchar la brecha social (Jiménez Asenjo y Chavarría Arias, 2022, CONARE y PEN, 2023).

La situación es tan urgente de atender que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que en Costa Rica: “Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres se desempeñan dos años por debajo de sus pares de hogares más ricos y pocos harán la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo” (OCDE, 2017, p. 10).

Esta relación entre pobreza y bajo nivel educativo se evidencia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023) al señalar que el 71,1 % (151.000) de los hogares pobres tiene un bajo desarrollo del capital humano, el 22,1% no ha obtenido el bachillerato, el 7,4% tiene rezago educativo, el 6% no asiste a la educación formal y aproximadamente 2.000.000 de personas no culminaron sus estudios de secundaria.

Esos números reflejan el desgaste de un tejido social que hasta hace poco hablaba de deserción escolar y, en consecuencia, ponía en el sujeto toda la responsabilidad de su educación; ello justificó la falta de estrategias sostenidas dirigidas a combatir un fenómeno multicausal como es la exclusión educativa (Jiménez Asenjo y Gaete Astica, 2013).

Aunado a lo anterior, las perspectivas analíticas que privilegian al sujeto como individuo, en cuanto que se hace magnánima su individualidad y el supuesto ejercicio volitivo de su toma de decisiones, conducirá a plantear las preguntas equivocadas para responder al fenómeno alta complejidad como la violencia, pues la visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a “bukelizar” la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social.

La respuesta estatal: una oda al cortoplacismo

El benemérito Manuel Mora Valverde señalaba la necesidad de “unirnos alrededor de un programa realista y audaz (…) para defender y fortalecer todo lo que es noble y todo lo que tiene vitalidad, y para reconstruir nuestra Patria sobre bases nuevas de justicia, democracia y dignidad” (Mora Valverde, 2013, p. 485).

Años después estas palabras cobran relevancia, pues nos encontramos en una encrucijada que es reflejo de decisiones que se alejaron de todo compromiso que apuntale a un desarrollo con equidad y este trastoque es producto de cálculos políticos desafortunados en los que se desvanece el rostro de aquellas personas menores de edad a quienes de manera ligera y sin ningún tipo de remordimiento se les vulnera su derecho a la educación pues el recorte presupuestario en educación se realiza pese a que: “más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran en situación de pobreza” (CONARE y PEN, 2023, p. 62).

Por lo que estas decisiones economicistas nos llevan a la antesala de más poblaciones vulnerables que padecerán los embates de la criminalidad en sus propias comunidades y, por ende, un desasosiego acompañado de la desesperanza que nubla las trayectorias de vida de quienes solo se topan con puertas cerradas.

Y como se dice popularmente, “la utopía es hacer posible lo que otros han hecho imposible”, por lo que la invitación es a trabajar en la construcción de escuelas en las que crezca la esperanza, se abrace la diversidad, el diálogo intergeneracional sea cotidiano, el currículo respete los conocimientos ancestrales y la infraestructura proteja los sueños de las personas estudiantes y sus familias, promoviendo mediante una educación pública la movilidad social ascendente.

Referencias bibliográficas:

Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editorial. Consejo Nacional de Rectores [CONARE] & Programa Estado de la Nación [PEN]. (2023). Noveno Estado de la Educación 2023. Autores. https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544.

De Pablo, O. (2019). Su hogar es el mundo entero. Escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin sobre La lucha femenina y otras cuestiones sociales. Brigada Cultural. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/7990/1/su-hogar-es-el-mundo-entero.pdf.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023). Encuesta nacional de hogares. Autor. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-10/reenaho2023.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Chavarría Arias, D. (2022). Consecuencias de la pandemia en el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE emitidas en el año 2017 a Primera Infancia, Educación General Básica y Educación Diversificada. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/ocde-deie-2022.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Gaete Astica, M. (2013). Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica. Revista Electrónica EDUCARE17(1). https://www.redalyc.org/pdf/1941/194125789007.pdf.

Mora Valverde, M. (2013). Discursos,1934-1979. Manuel Mora V. Imprenta Nacional. Editorial digital. https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/Discursos_1934-1979_edincr.pdf.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2017). Educación en Costa Rica Aspectos Destacados 2017https://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2017/08/aspectos-destacados-2017.pdf.

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

Socióloga, investigadora e integrante de la Red temática sobre violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización. Necropolítica y duelos, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

País debe invertir en las mujeres para acelerar el progreso

Defensoría se suma a mensaje mundial de ONU

 Mujeres en el Día Internacional de la Mujer

Viernes 08 de Marzo 2024. Este 08 de Marzo, la Defensoría de los Habitantes saluda a las mujeres en toda su diversidad y las invita a continuar las luchas por la igualdad y la construcción de una democracia participativa plena, libre de toda forma de discriminación y violencia.

Nos unimos al llamado de Naciones Unidas para que las acciones del Estado costarricense contribuyan al avance del desarrollo y la autonomía de las mujeres, y procurar evitar retrocesos en las esferas en las que hoy es posible constatar progresos en el ejercicio de los derechos humanos.

Invertir en las mujeres está íntimamente relacionado con la garantía y el aseguramiento de los derechos humanos, con las acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza, a implementar presupuestos sensibles al género, al crecimiento económico que garantice la protección de los recursos ambientales y el apoyo a las organizaciones sociales -especialmente a las organizaciones de mujeres- para promover los cambios culturales necesarios para avanzar como sociedad, como país.

Los recortes a la inversión social inciden directamente en la vida y las realidades de las mujeres, por ello es fundamental hacer un llamado urgente a procurar la consolidación de presupuestos sensibles al género.

Si el Estado no planifica y presupuesta reconociendo las necesidades de las mujeres, las acciones plasmadas en planes nacionales para la igualdad y la equidad de género en todos los sectores, como la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI), del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, así como en las políticas institucionales dirigidas al trabajo para avanzar hacia la igualdad de género, no solo no se avanza, sino que se retrocede violentando los derechos de las mujeres.

Presupuestar y garantizar los recursos implica que el Estado oriente el gasto público para lograr la igualdad y por ello debe proveerse de contenido económico a los programas dirigidos específicamente a las mujeres en todos los ámbitos, a las iniciativas productivas y a la inversión en la corresponsabilidad social del cuido.

Sin inversión social y sin tomar en cuenta las realidades de las mujeres y las desigualdades y brechas de género, no es posible garantizar la prestación de los servicios de seguridad, salud y educación, con lo que se genera incumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico a partir de la evidente violación y menoscabo de los derechos humanos.

La Defensoría reitera que los recortes en el gasto público inciden directamente en los programas sociales y se afectan entre otros, los bonos de vivienda, la reducción de las diferentes alternativas de cuido, los programas de becas como AVANCEMOS y los demás beneficios a cargo del sistema de protección social de nuestro país.

También se hace un llamado a los gobiernos locales para que no despojen de sostenibilidad y contenido presupuestario a los programas específicos que se han construido y aprobado según las realidades urbanas y rurales de nuestro país, que, además, incorporan las necesidades de las mujeres que habitan en cada región, como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.

La Defensoría insta a las instituciones a procurar las herramientas necesarias para construir presupuestos sensibles al género y de no contar con ellas, asegurar la capacitación continua al personal a cargo de elaborar, aprobar y autorizar el traslado de los recursos.

Este 8M, la Defensoría exige que se procure el avance de las mujeres a través del cumplimiento y garantía de sus derechos humanos por lo que debe hacer un llamado a evitar que se consoliden las desventajas y brechas, y a que no perdamos la oportunidad de generar un aumento en la productividad del país mediante la incorporación de las mujeres a los entornos laborales y productivos, como una sociedad corresponsable y democrática.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ideología de género ¿Qué es eso?

Marcia Aguiluz Soto.

Por Marcia Aguiluz Soto[1]

Soy feminista y no sé qué es la “ideología de género”. Tengo 18 años como defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, me ha correspondido representar a víctimas de violencia frente a instancias internacionales, dar conferencias, documentar casos, dar clases, escribir artículos… digamos que algo sé de temas de género, pero reconozco que no sé nada de la “ideología de género”, ninguna de mis maestras nunca me habló al respecto y nunca la he aplicado en mi vida.

En estos días y a propósito de las noticias sobre varios presidentes que se enorgullecen por prohibir esta ideología, me di a la tarea de indagar un poco más sobre el concepto. Lo primero que hice, por supuesto, fue “googlear” y preguntar. Resulta que fue el Papa Benedicto XVI quien primero se refirió a este tema y, desde entonces, grupos religiosos y conversadores han utilizado la frase para estigmatizar el concepto de género e intentar borrarlo.

¿Qué es el género? Marcela Lagarde lo describe como “una construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo”. Seyla Benhabib explica que “es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. El género no es un hecho natural sino parte de un proceso histórico y social”.

El género nos permite comprender que las diferencias entre los seres humanos (hombres y mujeres) no están determinadas solo por la biología, sino que han sido construidas y asignadas por las sociedades, de acuerdo con sus culturas y creencias. Así, entre otras cosas, el género nos ayuda a entender por qué se asignan roles diferenciados en la familia a los hombres y a las mujeres, por qué los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres son distintos de aquellos que sufren los hombres, por qué los trabajos de cuidados no están bien remunerados, por qué a las mujeres se nos exige ciertos estándares de belleza y no a los hombres, por qué a los hombres se les cuestiona si son sensibles.

Gracias a este concepto y a la aplicación de la perspectiva de género en políticas públicas, así como en espacios públicos y privados, se han cuestionado los roles, y los estereotipos que históricamente se han asignado a los hombres y a las mujeres, y que han afectado profundamente a ambos, aunque la peor parte la han llevado estas últimas.

Aunque el camino es largo y los obstáculos siguen siendo importantes, hoy tenemos algunos avances que buscan equilibrar la balanza de la desigualdad y saldar algunas deudas históricas, por ejemplo: se reconoce que las mujeres podemos votar y acceder a cargos públicos, que podemos trabajar fuera de casa o decidir no hacerlo, que tenemos derecho a devengar salarios iguales a los de colegas hombres, que las tareas domésticas no son solo un asunto de mujeres, que los hombres pueden demostrar sus emociones, que los hombres pueden elegir asumir las tareas de cuidado, que las mujeres no debemos ser objeto de ningún tipo de violencia, entre otras. Claro está, estos avances no se expresan igual en muchas de nuestras sociedades, y las mujeres siguen siendo juzgadas y violentadas por transgredir el rol que históricamente se las ha asignado.

Entonces, me resulta insólito y lamentable que autoridades, e incluso personas ciudadanas, celebren la prohibición de la denominada “ideología de género”, o crean que no es relevante. Esta decisión, además de que estigmatiza el concepto de género como algo “negativo”, podría implicar una revisión de las políticas públicas que se han creado para avanzar en la igualdad. Es evidente que los políticos usan estas discusiones para distraer, polarizar y entretener a sus seguidores, mientras las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres persisten y no se pueden ocultar.

Las Naciones Unidas han señalado que nos tomará 286 años avanzar plenamente hacia la igualdad; ahora bien, si estos u otros gobernantes insisten en eliminar el género, lo único que estarán consiguiendo es que este plazo se duplique y que a las presentes y futuras generaciones se les niegue la oportunidad de crecer en sociedades más igualitarias y diversas. Aprovechemos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para celebrar los avances, y recordar que los desafíos todavía son muchos como para dar marcha atrás.

[1] Abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos