Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:
1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.
No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.
No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.
Sea crítico en ambas vías
Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.
Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.
Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.
Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.
Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.
El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:
Desde el día 18 de abril de 2018, se desbordó la protesta social en Nicaragua, cuando los estudiantes universitarios, alentados por los empresarios, rechazaron una reforma al sistema de seguridad social que implicaba cambios en los requisitos de edad para optar por la pensión de jubilación, incrementándose aportes de trabajadores y patronos y gravámenes adicionales. La protesta generalizó enfrentamientos y surgieron motivaciones decantadas en el ideario de masas al persistir situaciones no resueltas en torno a políticas de implementación de Mega proyectos tales como la construcción del canal Interoceánico, en asocio con el capital chino y que desde el inicio centró el rechazo de defensores de la naturaleza por su efecto adverso al sistema ecológico sostenible, daño al entorno del Lago interior de Nicaragua y la supervivencia del tiburón de agua dulce, entre otros ecocidios. Aunado a lo anterior, el suceso de catastrófico incendio en la Reserva Natural Indígena Maíz, acusándose al gobierno de desidia en la solución pronta de la conflagración e incompetencia de las autoridades en la aplicación de programas complementarios en beneficio nacional.
LA NICARAGUA SANDINISTA DE HOY
Conforme a los derroteros de luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos contra el Imperio, y las oligarquías criollas apoltronadas, el estadio de sucesos nicaragüenses reviste situación particular, como quiera que en ese suelo libertario la llegada de la Independencia del yugo español se dio por decreto de la Capitanía de Guatemala y fue en la lucha contra los filibusteros de Walker, donde sin notarlo se había declarado la anexión de Nicaragua a los intereses plutocráticos norteamericanos y creando su propio ejército, William Walker, quien fue gobernador de Nicaragua, pretendió anexarse a la pacifica y bucólica Costa Rica, desarrollándose la campaña de 1856, que se define como un pasaje de verdadera guerra de independencia de los pueblos centroamericanos. Se daba la expansión de la aplicación de la doctrina del Destino Manifiesto, prologado por Bolívar como que los Estados Unidos de Norteamérica estaban destinados a asolar de miseria a los pueblos latinoamericanos y aunado al proyecto comercial, los bergantines expedicionarios estadounidenses, pasaban del Atlántico, por el Río San Juan, al lago de Nicaragua y por el Pacifico enrumbaban a la California. Ya a inicios del Siglo XX la invasión de Estados Unidos fue de manera abierta a México, Haití, Panamá, República Dominicana, Nicaragua. En este país, Nicaragua, fue con la dinastía de Anastasio Somoza Debayle como entronizó el Imperio. Surgió el luchador popular y patriota Augusto Sandino, asesinado por Somoza y a quien heredó en el poder su hijo Tachito Somoza, hasta que sucumbió con el triunfo de la revolución por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, que había sido fundado en 1961, por Carlos Fonseca Amador, como una organización político militar de izquierda y ejemplo para el desarrollo de la lucha armada antiimperialista.
El paso del Sandinismo por el poder en Nicaragua fue fugaz y la liberal Violeta Barrios de Chamorro, luchadora contra la dictadura somocista ganó las elecciones, siendo elegida presidente del 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Daniel Ortega aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996 y fue derrotado por el liberal Arnoldo Alemán elegido presidente del 10 de enero de 1997 al 10 de enero de 2002. Luego fue elegido presidente Enrique Bolaños Geyer del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007. Daniel Ortega sufrió tres derrotas electorales en 11 años. Hasta ser elegido presidente para el periodo 2007 al 2011, sucediendo a Enrique Bolaños Geyler. El 6 de noviembre de 2011 Daniel Ortega fue reelegido presidente en justas electorales ante el empresario radiofónico Fabio Gadea y el controvertido político liberal Arnoldo Alemán, periodo cumplido hasta el año de 2016. Su carisma político logra su reelección el domingo 6 de noviembre de 2016, por un tercer periodo consecutivo y con un registró del 72% de la votación conforme al Consejo Supremo Electoral. Desde el 10 de enero de 2017 ejerce la presidencia junto con su fórmula de Vicepresidencia, Rosario Murillo, quien es su esposa. De manera que, en ejercicio de este tercer periodo de mandato gubernamental, Daniel Ortega ha gobernado a Nicaragua por 15 años consecutivos al concluir su actual mandato que se extiende hasta el año 2022.
¿EL GOBIERNO SANDINISTA REPRESENTA UN PODER POPULAR?
La Revolución Sandinista no fue una revolución socialista. Tampoco una revolución democrática popular. Fue una revolución victoriosa contra una dictadura de facto oligárquica, latifundista e imperialista de mas de 59 años en el poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no consolidó un poder popular y sus actuaciones gubernamentales registraron hechos de ingobernabilidad y de inconsecuencias que pronto pasaron factura por parte del electorado. El Sandinismo en el poder fue una especie de retórica en el uso de un lenguaje revolucionario y de expresión antiimperialista, a un pueblo conmovido por el sufrimiento, con un discurso de expresión de ideas con énfasis en un discurso de aplicación para la obtención de cambios. Emergió en momentos en que se consolidaba la Revolución Cubana y el compás de permanencia de patio trasero de la geopolítica del imperio se deterioraba y alzaba en reto en la llamada guerra fría. No aplicó un programa de reforma agraria integral. Sí el de expropiaciones desmesuradas, cuyas desmedidas conformaron un cuadro de escenario de inequidades y contribuyeron a corroer la esencia gubernamental del gobierno sandinista en una cadena de operaciones que confluyó en anárquicas situaciones de desorganización y desordenes propicias para instaurar un ejercicio de corrupción generalizada, para mencionar tan solo el pasaje de “la piñata”, juego que consiste en colgar a cierta distancia del suelo un recipiente generalmente lleno de dulces , para romperlo a palo con los ojos vendados; y con el que se retribuyó el ejercicio burocrático de un poder improvisado o para el que no se estaba preparado.
Los Estados Unidos no permitieron la presencia de un gobierno de tono revolucionario e inspiración antimperialista y que pudiera significar la repetición de otra Cuba. Ya en 1981 habían sacrificado a la Isla de Granada invadiéndola y en el año de 1985 armaron a la contra revolución, impulsando un movimiento armado en su interior que llegó a contar 22.000 efectivos, dedicados a la destrucción y muerte mediante miles de ataques terroristas y de violaciones a los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia demostró que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se entrenó, armó; así como se financió y abasteció a las Contra a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); quedando al descubierto el escandalo Irán-Contra, consistente en la venta ilegal de armas para financiar a las Contra en su empeño por derrocar al Frente Sandinista del poder en Nicaragua. Pasando por luchas intestinas y escisiones la original Dirección Nacional se fue diezmando.
Luego de los gobiernos liberales sucesores al régimen sandinista, vuelve el Frente Sandinista al gobierno con la presidencia de Daniel Ortega en el año 2007. El desempeño político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no obedeció a un programa revolucionario. Sus actuaciones en el campo del manejo político y ejercicio gubernamental se centraron en acuerdos con los partidos políticos rivales y acercamientos con la iglesia católica, férrea opositora a sus gestiones, con la gestoría del cardenal Obando y Bravo; en una exposición de confrontación de razonamientos y argumentaciones en diversos ámbitos de la vida política nacional. Concesiones como la derogación a la ley del aborto, que había sido uno de los logros propios del FSLN, hasta pactar con el controvertido y condenado por corrupción, el expresidente Arnoldo Alemán, el alivio de penas impuestas en su contra por la justicia nicaragüense. El empeño de Ortega confluyó en lograr una aceptación popular a su deteriorada figura. Apeló a los mensajes pacifistas y solidaristas, evocando a reconciliación, la paz y la invocación a Dios y al amor. Durante el desarrollo de las campañas electorales prometió respetar la propiedad privada. El modelo económico no fue tocado y por ende encausó en una corriente de ejercicio neoliberal, respetando el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-RD) con Estados Unidos. Durante el gobierno de George W Bush, prometió gobernar en forma armoniosa con sus políticas internacionales, acorde con los reiterados respetos a la propiedad privada y con asonancia a las libertades individuales y armonía al capital inversionista extranjero resaltando la seguridad al sector privado en todo el ámbito nacional. Le apostó al crecimiento económico, con la sabida consecuencia que no implica bienestar para la población, como si para el capital especulativo financiero. Desoyendo el clamor de la tendencia de los gobiernos progresistas alternativos en respuesta al neoliberalismo salvaje y la privatización ultranza, aplicó la economía de mercado y “en desarrollo de relaciones con toda la comunidad internacional”. En el caso del Canal Transoceánico, no pactó con el gobierno chino sino con emergente multimillonario chino, caído hoy en desgracia y que replantea lo de un nuevo canal interoceánico y la opción, con viabilidad sostenible, del canal seco que una a los dos océanos.
Resumamos los logros populares de las administraciones durante los gobiernos de Daniel Ortega como la restauración de la gratuidad de los servicios de Educación y Salud. No existe cobro en las escuelas públicas, con exoneración de matrículas, costos de textos escolares e insumos a estudiantes. En el sector Salud aplicó la eliminación del cobro de consultas privadas en los centros públicos. Se restableció la gratuidad de los medicamentos. Se elevó la efectividad de las pruebas clínicas y operaciones quirúrgicas, con el aumento de control y práctica por parte de los centros sanitarios dependientes del estado, bajo las premisas de eficiencia y eficacia. En una palabra, primó la soberanía popular en torno a la prestación de los servicios esenciales de Educación primaria y salud por parte del Estado. Obtuvo la despenalización o legalidad de la homosexualidad.
EL MANEJO ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA CALLEJERA
Del histórico Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al fallecer Tomás Borge en el 2012, solo quedan Daniel Ortega y Bayardo Arce Castaño. Luego de “la piñata” y ante el triunfo de Violeta Chamorro, emblemáticos dirigentes abandonaron la Dirección Nacional del Frente. Lo hicieron así, porque sí, cargando con sus errores políticos; mas no reconociéndolos. Junto con Carlos Mejía Godoy, fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Humberto Ortega, hermano de Daniel, ex responsable del ejército, se alejó de él y no logró vulnerar al ejército sandinista, fracasando en dos aspiraciones de campañas presidenciales. Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Ernesto cardenal, por mencionar a intelectuales de las letras nicaragüenses, no representan un compacto eje de oposición política y el olvidado y relegado Edén Pastora, surge cual oportunista político, como cabeza de playa para afectar el soberano territorio costarricense en su aventura de invadir Isla Portillos, para adecuar la ecocida empresa de drenar el Río San Juan, bajo los intereses torvos de la empresa del Canal Interoceánico.
Un proyecto de reforma al sistema pensional nicaragüense fue la chispa que incendió la pradera. En función de gobernabilidad se estima que es indispensable la reforma pensional, con efectos y cargas fiscales, dado el modelo económico imperante y conforme a los criterios de asesorías financieras internacionales sobre la suerte de los fondos de pensiones. El 16 de abril comenzaron las protestas, no de los jubilados ni de organizaciones de los trabajadores, sino de las bases estudiantiles, habilidosamente urdidas por los intereses y financiamientos de los empresarios costarricenses que abrevan de los acuerdos con el gobierno sandinista y encontraron la oportunidad de acertar la puñalada matrera. Tras cuatro días de protestas se registraron 28 muertes. La jefe de la Policía no renunció; pero el presidente Daniel Ortega, cual probo gobernante, haciendo gala de experiencia y asimilación de estadista, decidió retirar el proyecto de reforma pensional y archivarlo, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua. Pero no fue así, quedando demostrada la intención del levantamiento conspirativo contra su gobierno. La levantisca tornó propicia para extender la protesta- a manera de sublevación- a otras ciudades principales del país. Bajo la égida de prelados de la iglesia católica, los voceros estudiantiles se reunieron con el ejecutivo y para que hablar de bochorno, cuando en torno a la mesa con la presencia del presidente Ortega lanzan el improperio de la exigencia de la renuncia del presidente Daniel Ortega. La figura impávida del veterano luchador causó el efecto contrario de no sentirse avergonzado, optando por la continuidad del dialogo y aportando los elementos de análisis para interpretar que el giro de los acontecimientos en Nicaragua, requieren de la más juiciosa atención desde el punto de vista político y también jurídico, a la luz del Derecho Internacional.
El acertado calificativo gubernamental fue que se encontraba ante un Golpe de Estado en curso. Con los sucesos en Nicaragua reeditan la propuesta del expresidente Obama y del actual presidente Trump, para enfrentar la respuesta ante los gobiernos progresistas. Comienzan, con apoyo de la mediática, a calificarlos bajo el prurito de “populistas”. Sí. Todo asomo de intención de beneficio popular, que afecte a lo establecido, es calificado de demagógico. Esa dialéctica de la demagogia la arrebataron a la agenda de la lucha popular y la enfilaron cual baterías siniestras contra las aspiraciones de los pueblos. Debaten sobre las “democracias gobernables” que significa lo de democracias “controladas” y las “clausulas democráticas” estilo OEA. La administración Trump asegura el enclave geopolítico del patio trasero ante el encauce de los programas progresistas de profundizar relaciones económicas con China y Rusia, generando situaciones de “estados de excepción” donde las condiciones se lo impongan. Acorde a lo anterior esgrimen el modelo del Estado de Derecho y la figura del “dictador” en un acomodo de manejo a sus malogrados intereses. La ofensiva imperial, va pareja con la ofensiva fascista de la derecha oligárquica.
ATENCION A LA OFENSIVA DE DECLARACIONES DE CONDENA
Una sola muerte en la protesta callejera duele y llama a la reflexión. Azota con un flagelo el crecido costo de víctimas: cerca de 400 muertos, en cien días de protestas. El proceso de conversaciones entre los insubordinados callejeros y la contraparte gubernamental teniendo como interlocutor, primero a prelados eclesiásticos y luego a la Conferencia Episcopal no ha logrado efectos definitivos. Es de destacar la postura diplomática del Estado Vaticano.
El Estado nicaragüense se encuentra ante un contradictor amorfo. Se enfrenta a un envalentonamiento carente de matriz de oposición política. La mediática le juega al caos informativo. El levantamiento de los tranques – como se denomina a los obstáculos o barricadas callejeras – por parte de las fuerzas policiales, tal como ocurrió en la ciudad de Masaya, se califica en titulares como “la toma” de Masaya, con el propósito de magnificar la situación. Todas sindicaciones y condenas anticipadas al “cese inmediato de los actos de violencia, intimidaciones y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
Se suceden las expresiones de condena de personalidades nacionales e internacionales, parejo con Declaraciones de grupos de países sobre los sucesos y en pro de búsquedas a soluciones de carácter político y no de fuerza y/o continuidad de los enfrentamientos. Resumo: – La Declaración Especial Sobre la Situación de la República de Nicaragua del lunes 16 de julio de 2018, suscrita por 13 países. – La Declaración de los Estados de España y Ecuador sobre la grave situación, el 15 de julio de 2018. – La Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, por parte del Consejo permanente de la OEA, el 18 de julio de 2018. – Declaración del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para detener la espantosa pérdida de vidas, la seguridad de la población. La Declaración Urgente Por Nicaragua, del 18 de julio de 2018 con firmantes de diferentes países a nombre propio e incluso de Asociaciones, Universidades y organizaciones sociales (…)
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Nos enfrentamos a un panorama complejo para calificar la crisis nicaragüense bajo fórmulas estereotipadas de posicionamientos a condenas de un régimen, a colocar en la picota pública al gobernante Daniel Ortega o en consonancia con manifestaciones de apoyo a ideologías políticas. Resulta por demás irresponsable adelantar la labor de echar a pique el desempeño de todo un periodo de más de cuarenta años en la búsqueda apegada a valores políticos en el desempeño de la causa sandinista partiendo de la fidelidad en planteamientos de principios democráticos. Factores de carácter interno y externo pudieren entronizar el caos con un alto costo para la estabilidad de Nicaragua como nación.
En esto de las condenas por parte de Estados soberanos; de declaraciones por entidades internacionales, la sociedad civil y cuerpo de personalidades, corresponde no ir a tientas, ni elucubrar conjeturas, o afinar casualidades. Desde el punto de vista del Derecho Internacional corresponde observar reglas de naturaleza política y de carácter jurídico para analizar la situación concreta en la forma correcta. En lo político corresponde afinar en la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Las Declaraciones citadas expresan condenas y no exploración de los sucesos y particulares situaciones dadas. En lo jurídico, corresponde admitir que el estado nicaragüense ni la nación que ostenta se encuentra en una situación de “conmoción interna”. Desvirtuar que la pérdida de control político desata la represión, de conformidad con la génesis y desarrollo del conflicto. Pareciere que se incurriere en un desconocimiento del juego del ejercicio de la diplomacia internacional por parte de los Estados en incumbencia. La situación interna de los Derechos Humanos no se puede limitar a ataques contra el sandinismo y la acusación de uso de paramilitares, en forma generalizada. Corresponde garantizar el peso verdadero de las declaraciones de rechazo convincente del presidente Ortega a esas acusaciones concretas, acorde con explicaciones explicitas a hechos explícitos.
Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.
Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.
Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.
Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Desde la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) junto al poeta Ernesto Cardenal, le enviamos una carta la mañana del martes 19 de junio al expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, denunciando la grave crisis socio-política que ocurre en Nicaragua.
A dos meses del inicio de la masacre en Nicaragua bajo el gobierno Ortega-Murillo, más voces exigen urgentemente el cese a la represión y la búsqueda de la justicia para todas las familias víctimas de la violencia en este país. El gobierno de Ortega-Murillo no puede seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos ha traicionado.
Buscamos el apoyo por parte de actores de la comunidad internacional y otros organismos para que condenen la continua violación de derechos humanos en Nicaragua y promuevan acciones internacionales que respalden la ruta pacífica de democratización del país presentada por la ciudadanía nicaragüense.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia es un espacio de consenso y articulación de universidades, que surgió a partir de las manifestaciones de Abril por la necesidad de un cambio radical en la organización y representación legítima de los universitarios en sus recintos; actualmente la integran estudiantes organizados de UNAN-Managua, UNI, UAM, UNAN-León, Thomas More y UCA. La CUDJ Nicaragua ha logrado también articular acciones conjuntas con organizaciones de sociedad civil, barrios organizados, movimiento campesino y grupos feministas, para fortalecer estrategias de participación ciudadana a nivel local y regional.
Este 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) (véase sitio oficial) dio a conocer su informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua, la cual se originó a partir de protestas callejeras el 18 de abril del 2018. Como Estado parte al Pacto de San José de 1969, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras.
Es precisamente el uso desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes y estudiantes el que explica la gran cantidad de personas fallecidas (212) y heridas (más de mil) desde hace dos meses en Nicaragua, provocando diversas reacciones por parte de la comunidad internacional. Este 22 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinaron la situación en Nicaragua y respaldaron el contenido del informe, pese al «rechazo integral» del informe, externado por el delegado de Nicaragua, aduciendo el sesgo con el que fue elaborado (véase declaraciones disponibles en este enlace de YouTube).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno» (La Prensa Gráfica).
El texto del informe (que consta de 91 páginas en total) está también disponible en este otro enlace, por si el acceso al enlace oficial no logra la descarga completa del documento.
Hace exactamente un mes, el pasado 22de mayo, la misma CIDH había publicado un informe preliminar después de una visita in situ a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de reproducir (véase nota nuestra al respecto). Las quince recomendaciones hechas en este informe preliminar siguen sin ser acatadas por las autoridades de Nicaragua, por lo que fueron nuevamente reproducidas en la parte final del informe presentado este 21 de junio por la CIDH (véase punto 285 de la página 88).
El pasado 5 de junio, fue en el marco de la Asamblea General de OEA que se adoptó una resolución (véase texto reproducido en esta nota nuestra).
En las conclusiones y recomendaciones del informe presentado este 21 de junio, se lee que:
278. La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país.
279. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.
280. De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.» (p. 87)
Con relación al hostigamiento que sufren líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se lee (punto 264 en página 82) que:
«264. La CIDH advierte el constante uso de las redes sociales y otros medios de información con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos han sufrido diversos señalamientos por parte de autoridades estatales y actores no estatales en los que se les hostiga, descalifica y estigmatiza, tanto por denunciar las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal a las protestas, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado rechazó la existencia cualquier política de persecución a las personas defensoras de derechos humanos».
Se recomienda la lectura completa del informe, así como la parte de conclusiones y de recomendaciones finales (pp. 87-91) de manera a poder apreciar mejor la labor de fiscalización ejercida por un órgano de derechos humanos como la CIDH y la urgente necesidad de acompañar a las autoridades de Nicaragua y a las organizaciones de la sociedad civil en la efectiva implementación de sus recomendaciones incluidas en la parte final de dicho informe.
En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la violencia sólo puede generar mayor violencia y conflictividad: una crisis política debe resolverse sin enlutar cada día a más familias cuyos miembros son ultimados a tiros por fuerzas de seguridad (o fuerzas paramilitares que actúan en la mayor impunidad con la complicidad del Estado).
Este sábado 23 de junio, un niño de 14 meses fue abatido de un tiro en la cabeza (véase nota de prensa), sumándose a once menores de edad fallecidos en Nicaragua en los últimos dos meses en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Representantes de diversas instituciones reflexionaron sobre los aportes que podría brindar la academia para la atención del fenómeno
Expertos reconocieron la necesidad de acercarse a las comunidades para conocer sus diversas realidades y realizar un adecuado abordaje del fenómeno de la narcoviolencia. (Fotografía con fines ilustrativos).
Pese a la existencia de políticas preventivas y de articulación interinstitucional, se requiere mayor apoyo de la academia para entender el fenómeno de la narcoviolencia y poder atenderlo de forma efectiva; así quedó plasmado en el espacio de reflexión desarrollado el 20 de julio en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad se tituló “Narcoviolencia: tendencias de investigación académica y desafíos para las políticas públicas” y contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto; el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, la jurista del Poder Judicial, Siany Mata; el Director de la Dirección de Promoción de Paz y Convivencia Democrática, Julio Solís y el investigador del ISS, Sebastián Saborío.
Los participantes coincidieron en la necesidad de tratar el fenómeno de la narcoviolencia como un problema de salud pública en el país y de implementar políticas preventivas respecto a las que no se informa lo suficiente en los medios de comunicación.
La jurista Siany Mata afirmó que el “tráfico de drogas lleva implícita la violencia”, por lo cual, resulta necesario reconocer el papel de las autoridades policiales y aclarar la implementación de la jurisdicción sobre crimen organizado.
Participaron de la actividad el investigador del ISS, Sebastián Saborío, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto; el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres; la jurista del Poder Judicial, Siany Mata Sánchez y el Director de la Dirección de Promoción de Paz y Convivencia Democrática, Julio Solís Moreira. – foto Anel Kenjekeeva.
El ministro Michael Soto señaló la importancia de articular trabajo de campo con las comunidades, las cuales aseguró, presentan realidades distintas. Reiteró además su compromiso con estas acciones al afirmar que no será un “ministro de escritorio”.
A criterio del subdirector de la DIS Jorge Torres, “no existe confianza en el estado, en la policía” y por tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la imagen de las autoridades si se pretende trabajar en coordinación con las comunidades.
Por su parte, el director Julio Solís enfatizó la necesidad de involucrar a la población en la atención del tema, pues considera que la seguridad impacta a toda la población y por tanto, es también una responsabilidad colectiva.
La narcoviolencia desde la academia
El investigador del ISS, Sebastián Saborío Rodríguez, afirmó que las investigaciones académicas que abordan la narcoviolencia deben presentar una “mirada más preventiva” que favorezca la comprensión real del fenómeno.
El investigador del ISS, Sebastián Saborío, afirmó que las investigaciones deben presentar una “mirada más preventiva” que favorezca la comprensión real de la narcoviolencia. – foto Anel Kenjekeeva.
Según el académico, los estudios sobre esta temática se han concentrado en el registro de datos e incluso presenten cifras inexactas; por lo recomienda un abordaje más cualitativo de la situación que se acerque a la realidad de las distintas comunidades.
Agregó que dicho planteamiento favorecería “la comprensión del territorio”, pues es común que se intente trasladar políticas públicas entre territorios y países, sin tomar en cuenta sus características y particularidades propias.
El investigador consideró que el país ha tenido una mayor resistencia a la influencia del fenómeno de la narcoviolencia respecto a los otros países, como resultado del involucramiento del Estado, aunque reconoció que la policía ha perdido legitimidad.
Saborío concluyó además, que las series y películas romantizan el imaginario construido en torno a la definición de narcotraficantes y de organizaciones criminales, dando lugar a conceptos alejados de las situaciones reales que acompañan el conflicto en la vida cotidiana.
Académicos presentaron libro que analiza el fútbol desde las Ciencias Sociales.
Obra disponible en internet para su descarga.
Alguien podría pensar que son personajes de cuentos distintos: política y fútbol. Pero Willy Soto, funcionario de la Universidad Nacional (UNA), junto a otros académicos, nos demuestra que son manifestaciones humanas inseparables la una de la otra. Lo hace en el libro de su coautoría, Política Global y Fútbol: el deporte como preocupación de las Ciencias Sociales. “El libro pretende brindar aristas del fútbol tomado como objeto social, poniendo al descubierto aspectos relevantes que el espectador de un partido no está acostumbrado a ver. Es un esfuerzo colectivo e interdisciplinario de visibilizar lo que generalmente no vemos, de llamar la atención al lector y al aficionado acerca del telón de fondo que envuelve el deporte más popular del mundo”, comentó Soto durante la presentación de la obra el pasado 7 de junio.
“Alrededor del fútbol se encuentran temas como género, economía, violencia, farándula, política, diferenciación de estratos sociales, inclusión, corrupción; por lo que iniciativas como la producción de este libro propician un diálogo de saberes interdisciplinarios y la profundización de tópicos más allá de los deportes”, agregó Ana María Hernández, rectora adjunta de la UNA.
Geopolítica y geoeconomía del fútbol, actores internacionales en el mundo del fútbol, el FC Barcelona y el nacionalismo catalán, el fútbol como instrumento de política internacional y de soft power brasileño, el deporte blanco y el blanco deportivo mexicano, identidad nacional y nacionalismos en el fútbol, la FIFA: ¿del “fair play” a una estructura de crimen organizado?, anatomía animal y humana: biocinemática de la locomoción en galgos y futbolistas, política y economía en el fútbol: hacia una cultura de triunfo colectivo, encuentro atlético de toros y equinos: una propuesta de cultura científica a propósito del fútbol, lo que buscan los futbolistas: ¿quieres títulos, dinero o inmortalidad? Estos son algunos de los títulos de artículos y capítulos que componen la obra en mención.
Los coautores disponen de un link para descargar la obra en internet. Este es https://bit.ly/2M3PnbL
La Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), entes de la UNA, apoyaron esta iniciativa. Finalmente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) asumió la tarea de brindar su sello editorial y de darle amplia difusión a nivel regional.
*Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067*
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Este jueves 7 de junio académicos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional presentaron la publicación del libro “Política Global y el Futbol: el deporte como preocupación de las ciencias sociales”.
El evento contó con la participación de la Dra. Ana María Hernández, Rectora ai de la Universidad Nacional; la Dra. Rosemary Hernández Pereira, Directora de la Escuela de Relaciones Internacionales y el Dr. Willie Soto Acosta, editor y coautor del libro.
La Dra. Hernández Segura, comentó que el alrededor del fútbol se encuentran temas como género, economía, violencia, farándula, política, diferenciación de estratos sociales, inclusión, corrupción etc.; por lo que iniciativas como la producción de este libro propician un dialogo de saberes interdisciplinarios y la profundización de temas más allá de los deportes.
Al respecto el Dr. Soto comentó lo siguiente:
A pocas semanas de haber terminado el Mundial de Fútbol Río 2014, una red social de la Universidad Nacional me solicitó que hiciera un pequeño comentario acerca del papel sobresaliente que Costa Rica había tenido en esa justa. Lo que ellos querían era una reflexión acerca de, más allá de lo deportivo, qué ganaba Costa Rica como Estado con ese buen rendimiento mostrado en Brasil.
Desde ese momento nació la inquietud de un libro que enfocase el fútbol desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. Conforme la idea fue madurando, tomamos consciencia de que se necesitaba un abordaje más amplio, que incluyera a otras Ciencias Sociales, a otras disciplinas del conocimiento, y a otros deportes.
Una vez que tuvimos una visión más completa, elaboramos un guión de contenidos que sufrió muchas modificaciones. Pensamos que el mundial siguiente, Rusia 2018, era un buen “pretexto” para el lanzamiento de la obra.
Este libro colectivo enfoca el fútbol –pero también otros deportes- en la perspectiva de las Ciencias Sociales, en particular las Relaciones Internacionales.
Partiendo de la premisa de que ese deporte dejó de tener una naturaleza estato-céntrica para adquirir ciudadanía global, los diferentes capítulos de la obra analizan tópicos tales como:
Geopolítica y Geoeconomía del futbol: Asia como centro de poder
Actores internacionales en el mundo del futbol
El FC Barcelona y el nacionalismo catalán
El futbol como instrumento de política internacional y de soft power brasileño
El deporte blanco y el blanco deportivo mexicano
Identidad nacional y nacionalismos en el Fútbol
La FIFA: ¿del “fair play” a una estructura de crimen organizado?
Anatomía animal y humana: biocinemática de la locomoción en galgos y futbolistas
Política y economía en el futbol: hacia una cultura de triunfo colectivo
Encuentro atlético de toros y equinos: una propuesta de cultura científica a propósito del futbol.
Lo que buscan los futbolistas: ¿quieres títulos, dinero o inmortalidad?
Una vez recopiladas todos las artículos se logró un compendio de 900 páginas por lo que la publicación se dividió en dos tomos según la afinidad temática. El primero corresponde al libro presentado en este evento.
El libro pretende brindar aristas del fútbol tomado como objeto social, poniendo al descubierto aspectos relevantes que el espectador de un partido no está acostumbrado a ver. Es un esfuerzo colectivo e interdisciplinario de visibilizar lo que generalmente no vemos, de llamar la atención al lector y al aficionado acerca del telón de fondo que envuelve el deporte más popular del mundo.
Una obra como esta es el resultado del esfuerzo de una serie de personas e instituciones. Sin lugar a dudas, el aporte fundamental ha sido el de los autores y autoras, que han colaborado gratuitamente con este proyecto compartiendo el resultado de sus investigaciones. La Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), ambos entes de la Universidad Nacional, Costa Rica, apoyaron esta iniciativa. Finalmente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) asumió la tarea de brindar su sello editorial y de darle amplia difusión a nivel regional.
Brasil y Nicaragua fueron los casos abordados en este espacio de reflexión académica
Panelistas y asistentes analizaron la violencia en la región como una manifestación de la opresión política y social. (Imagen con fines ilustrativos).
Los recientes enfrentamientos sociales experimentados en Nicaragua y Brasil motivaron un espacio de debate en la Universidad de Costa Rica (UCR), en el cual se analizó la violencia como manifestación de la opresión política y social en la región.
El panel, que tuvo lugar el 30 de mayo, contó con el Dr. José Vicente Tavares dos Santos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, M.Sc Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y M.Sc Martha Cranshaw del movimiento Nicasmigrantes.
Tavares dos Santos afirmó que, pese a los esfuerzos por mejorar y aumentar las políticas sociales en Brasil, el país experimentó durante la última década un notable incremento en la cantidad de homicidios, lo que calificó como una paradoja y un reflejo de la desigualdad económica y social.
Tavares dos Santos calificó la situación actual de Brasil como una paradoja y un reflejo de la desigualdad económica y social. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Respecto al caso nicaragüense, Aguiluz señaló que tras el inicio del reciente conflicto se contabilizan 400detenciones masivas y se implementó una directriz que prohibe a los hospitales atender a heridos de bala o por manifestaciones. En este contexto, el pasó de ser uno de los más seguros de la región a presentar “un nivel de violencia superior”.
Agregó que el sistema político también es culpable de la situación experimentada, pues la Ley Electoral impide que los partidos que carecen del 80% de presencia en municipios puedan participar de las elecciones nacionales, lo que a su criterio podría favorecer la representación política a otros sectores que no se sienten identificados con el actual gobierno.
Marcia Aguiluz señaló la necesidad de que los diferentes sectores sociales puedan tener representación política en Nicaragua. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
«Lo que ha entrado en crisis es el modelo neoliberal aplicado […] es una violencia provocada por el sistema de inequidad y de desigualdad», expresó Martha Cranshaw, quien enfatizó que “no era posible quedarnos callados» ante la actual situación de violencia que ha evidenciado la vinculación política de la policía, lejos de estar al servicio del pueblo.
El cierre del espacio estuvo a cargo del rector de la institución, Dr. Henning Jensen Pennington, quien concluyó que, aunque siempre han habido guerras, se debe reflexionar sobre la forma en que los acontecimientos de los últimos meses presentan a las personas como desechables.
Martha Cranshaw afirmó que “no era posible quedarnos callados» ante la actual situación de violencia el vecino país centroamericano. – Laura Rodríguez Rodríguez
