Autor: María José Ferlini Cartín

Mauricio Álvarez Mora*

No hay mucho que celebrar pero si mucho que reclamar, denunciar y accionar. Así se podría resumir este 24 de agosto, Día de los Parques Nacionales, día supuestamente festivo, que tradicionalmente ha sido conmemorado por las autoridades con la firma de alguna nueva Área Protegida.

Dos hechos marcarán esta celebración 2016: un recurso de amparo acogido en días recientes, y que la fecha coincide con el ingreso en prisión del guardaparques Mauricio Steller, quien fue condenado por sucesos que se dan día a día y de manera silenciosa en los Parques Nacionales. A esto se le suman una larga lista de amenazas directas, o en forma de leyes y proyectos, que están sucediendo hoy, y que afectan la integridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

El recurso de amparo acogido, pretende exigir la información y confirmación del estado paupérrimo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, exigir cuentas en los manejos de los fondos generados por los Parques Nacionales y exigir derechos básicos para el trabajo de los guardaparques. La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo, expediente Nº 16-010216-0007-CO, interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, FECON, SITRAMINAE, entre otros. El amparo se refiere a la violación de los derechos fundamentales de las y los guardaparques; y la transgresión del derecho fundamental a un ambiente sano, por omisión y negligencia del Estado costarricense en la toma de medidas efectivas para proteger y desarrollar el sistema de parques nacionales. El amparo recurre al Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Contralora General de La Republica y Director General del Servicio Civil (ver recurso amparo).

Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.

En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.

Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos y esto produce reducciones de entre 50% y 70% de guardaparques en algunas Áreas Protegidas.

Mientras los guardaparques son sometidos a pésimas condiciones y ningún incentivo para su duro trabajo, el Estado Costarricense, la economía nacional, y el sector turístico cabalgan sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sólo en el 2015, el ingreso de ecoturistas superó el millón cuatrocientos mil personas, generando beneficios cercanos a los dos billones de dólares. Por ejemplo, gracias al Parque Nacional Manuel Antonio, el 80% de la población del cantón de Aguirre vive de la actividad turística, generada alrededor del Área Protegida. En el Parque Nacional Marino Ballena, el 90% de la economía las comunidades depende del ecoturismo.

A la cárcel por hacer su trabajo. Así se puede definir la condena ratificada en días recientes por un juzgado de casación con lo cual el guardaparques Mauricio Steller estará 12 años en la cárcel. En este caso el sistema judicial favoreció a los victimarios de las tortugas, y no a Steller, quien fue condenado a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles (FECON, 25-8- 2015). Por este motivo FECON pidió el indulto del guardaparque condenado (FECON, 1-9-2015).

Lista de amenazas. En vez de procurar revertir este contexto más bien lo profundizamos, consumiendo a cuentagotas el patrimonio con una serie de políticas, propuestas, proyectos y leyes que de ponerse en práctica terminarán con el sistema de conservación. Si se hace un repaso por este laberinto de eventos en que nos meten los poderes Legislativo y Ejecutivo, podemos reconocer la crisis en la que nos encontramos:

1. La ley 9373 de moratoria en zonas especiales, señalada como inconstitucional por parte de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (FECON, 15-7-2016).
2. Una comisión legislativa trató de votar a escondidas un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas (FECON, 29-6-2016).
3. La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín. La Trocha Fronteriza se trazó en un Área Protegida (FECON, 11-7-2016).
4. Para generalizar y legalizar estos casos como la Trocha o Ruta 257, el Presidente Solís y el MOPT presentaron un proyecto (exp. N º 19.899) que daría autorización de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegida (FECON, 10-8-2016).
5. La ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA desafecta áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y ocho zonas más, para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados. Ésta ley se encuentra actualmente impugnada por FECON Y SITRAMINAE (FECON, 8-4-2014).
6. En Guanacaste, SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras.
7. La expansión de los monocultivos, específicamente de piña, está cercando y acabando con Caño Negro y áreas de amortiguamiento, así como el Parque Internacional La Amistad del lado del Pacifico Sur. La feroz expansión de Palma también ha alcanzado al Parque Nacional Manuel Antonio, y recientemente se denunció la siembra dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado (FECON, 13-2-16).
8. Este gobierno abandonó la iniciativa de crear un Área Protegida en Playa Moín. Por el contrario, con la Ruta 257 se abrió la puerta a la destrucción e industrialización, deshonrando la causa por la cual Jairo Mora fue asesinado (FECON, 30-3-16).

Estos son claros ejemplos de que existe una intención de deteriorar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica, de ir comiéndose de a poquitos y a mordiscos lo que ha costado tres generaciones de ahorro en recursos naturales en este país, y que de paso nos ha dado el prestigio ambiental mundial, hoy también en entredicho. Por ello, ecologistas y guardaparques consideran que no hay nada que celebrar y mucho que denunciar.

*Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales, UCR, presidencia@feconcr.org

Imagen tomada de la página oficial de FECON.

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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