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Cuando el crimen declaró la guerra, el OIJ no retrocedió

Welmer Ramos González

Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.

El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.

Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.

Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.

No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.

Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.

Pero ninguno echó para atrás.

Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.

Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.

Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.

Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.

Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.

Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.

Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.

Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina sobre las políticas públicas dirigidas a adolescentes

Las políticas públicas dirigidas a adolescentes deben sustentarse en evidencia científica y en la protección integral de sus derechos

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta de la Presidencia de la República de trasladar estudiantes de secundaria, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad social, para hacer recorridos en centros penitenciarios de adultos, en esta ocasión el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), con el supuesto de desalentar la delincuencia juvenil.

Esta propuesta responde a una lógica de intimidación que ha sido ampliamente estudiada y descartada por la evidencia científica. Las revisiones sistemáticas de mayor calidad metodológica concluyen que los programas conocidos como Scared Straight (Asustar para Enderezar), basados en visitas de adolescentes a centros penitenciarios, no disminuyen la delincuencia juvenil y, por el contrario, aumentan la probabilidad de conductas delictivas posteriores. Lejos de generar procesos de reflexión positiva, la exposición a cárceles de adultos puede normalizar la violencia, fortalecer la identificación con modelos antisociales y aumentar el riesgo psicosocial en jóvenes que ya enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad. Por ello, la comunidad científica internacional no recomienda este tipo de intervenciones como política pública.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda actuación del Estado debe responder al principio del interés superior del niño y promover su desarrollo integral. De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos y obliga al Estado a implementar acciones preventivas, educativas y de inclusión social, nunca medidas basadas en la intimidación o el estigma. Estas disposiciones son coherentes con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establecen que la prevención debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante políticas sociales, educativas y comunitarias, evitando respuestas basadas en la represión o el estigma. De igual forma, las Reglas de Beijing y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño enfatizan que toda intervención dirigida a personas menores de edad debe respetar su dignidad, su desarrollo y su interés superior.

La adolescencia es una etapa de extraordinaria plasticidad cerebral, caracterizada por la construcción de la identidad, el desarrollo del autocontrol y la consolidación de habilidades socioemocionales. La prevención de la violencia y de la delincuencia requiere intervenciones integrales basadas en factores protectores: educación de calidad, permanencia en el sistema educativo, fortalecimiento familiar, oportunidades de recreación y deporte, acceso a salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, capacitación para el empleo y desarrollo de proyectos de vida.

Resulta especialmente preocupante que la propuesta se dirija hacia estudiantes de comunidades vulnerables, reforzando procesos de estigmatización y discriminación que pueden profundizar la exclusión social. Ningún adolescente debe ser considerado potencial delincuente por el hecho de vivir en condiciones de pobreza o exclusión.

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, hace un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que las políticas orientadas a prevenir la violencia juvenil se construyan con base en el conocimiento científico, la salud pública, la educación y la protección de los derechos humanos.

Reitera además su disposición para contribuir, desde el conocimiento científico y la experiencia técnica, al diseño de políticas públicas eficaces y respetuosas de la dignidad humana.

La delincuencia juvenil no se previene sembrando miedo; se previene creando oportunidades, fortaleciendo los factores protectores y garantizando que cada adolescente pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Academia Nacional de Medicina de Costa Rica
24 de julio de 2026

Pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Pediatría sobre la prevención de la delincuencia juvenil

La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), comprometida con la promoción del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia costarricense, expresa respetuosamente su preocupación ante la propuesta de que estudiantes de secundaria visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir la delincuencia.

Como organización científica, consideramos que las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes deben sustentarse en la mejor evidencia disponible y no únicamente en iniciativas que, aunque puedan resultar intuitivas, no han demostrado ser efectivas.

Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que representan los más altos niveles de evidencia científica, concluyen de manera consistente que los programas basados en visitas de jóvenes a cárceles o en la exposición directa a personas privadas de libertad con el objetivo de generar temor no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, pueden incluso aumentar la probabilidad de conductas delictivas posteriores.

De igual forma, una revisión sistemática publicada posteriormente encontró que estos programas no producen una reducción significativa de la conducta delictiva, a pesar de que puedan modificar algunas actitudes de los participantes, lo que confirma que el cambio de percepciones no necesariamente se traduce en cambios reales de comportamiento.

La prevención de la violencia y la delincuencia juvenil es un desafío complejo que no puede abordarse mediante estrategias basadas en el miedo. El conocimiento científico acumulado durante décadas demuestra que los factores que verdaderamente protegen a los niños y adolescentes incluyen:

  • una educación de calidad que favorezca el desarrollo de habilidades para la vida y que brinde mayores oportunidades de empleo digno;
  • programas deportivos permanentes y accesibles;
  • el acceso a actividades artísticas, culturales y recreativas;
  • espacios seguros para la convivencia familiar y comunitaria;
  • oportunidades de participación social y liderazgo juvenil;
  • el fortalecimiento de la salud mental y el acceso oportuno a servicios de apoyo psicológico;
  • programas de mentoría y acompañamiento para adolescentes en condición de vulnerabilidad;
  • políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social, la exclusión y la violencia.

Estas intervenciones fortalecen los llamados factores protectores, ampliamente reconocidos en la literatura científica como elementos esenciales para disminuir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.

Como pediatras sabemos que la adolescencia constituye un período de extraordinaria plasticidad cerebral y emocional. Las experiencias positivas, el acompañamiento de adultos significativos, las oportunidades educativas y el sentido de pertenencia tienen un impacto mucho mayor sobre el desarrollo futuro que las intervenciones basadas en la intimidación o el temor.

Desde ACOPE reconocemos y compartimos la preocupación nacional por el incremento de la violencia y la necesidad urgente de proteger a nuestra juventud. Sin embargo, precisamente por la magnitud del problema, las decisiones públicas deben sustentarse en evidencia científica sólida y en intervenciones cuya efectividad haya sido demostrada.

Costa Rica necesita invertir en estrategias preventivas que construyan oportunidades para nuestros niños y adolescentes, no únicamente en aquellas que buscan disuadir mediante el miedo.

La prevención efectiva de la violencia comienza mucho antes de que un joven tenga contacto con el sistema penitenciario. Comienza en la familia, en la escuela, en la comunidad y en una sociedad que garantice oportunidades reales para desarrollarse plenamente.

La Asociación Costarricense de Pediatría reitera su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención fundamentadas en la mejor evidencia científica y orientadas siempre al interés superior de la niñez y la adolescencia costarricense.

Dr. Santiago Batalla Garrido
Presidente
Asociación Costarricense de Pediatría
18 de julio de 2026.

Referencias:

  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Buehler, J. (2003). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency: A systematic review of the randomized experimental evidence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 589(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0002716203254693
  • Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(4), Article CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2
  • van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 65(1), 68–91. https://doi.org/10.1177/0306624X20909239

Mercenarios, crimen organizado y guerra en Ucrania: una amenaza cercana para América Latina

Por Félix Madariaga

La guerra en Ucrania no solo ha provocado una devastación humana y material sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También ha abierto interrogantes sobre el destino de miles de combatientes extranjeros, la proliferación de conocimientos militares avanzados y el eventual traslado de esas capacidades hacia organizaciones criminales transnacionales.

Diversos organismos de seguridad han advertido durante los últimos años que los conflictos armados prolongados suelen convertirse en verdaderas escuelas de guerra para combatientes extranjeros, quienes posteriormente pueden incorporarse a redes criminales, grupos insurgentes o empresas militares privadas. La experiencia adquirida en el manejo de drones de ataque, guerra electrónica, explosivos, minas, reconocimiento y combate urbano constituye un conjunto de conocimientos altamente valorados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

En este contexto, diversos reportes periodísticos e investigaciones han señalado que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían buscado incorporar exmilitares colombianos con experiencia en combate. Asimismo, algunas investigaciones sostienen que individuos vinculados al crimen organizado latinoamericano habrían intentado obtener entrenamiento o experiencia militar participando como combatientes en Ucrania.

Sin embargo, aunque estas informaciones resultan sumamente preocupantes y plausibles, aún son objeto de investigación y no constituyen pruebas concluyentes de una política oficial del Estado ucraniano destinada a entrenar organizaciones criminales.

Lo que sí resulta evidente es que el conflicto ha acelerado la difusión de tecnologías militares relativamente económicas, particularmente drones FPV, municiones merodeadoras («drones kamikaze»), sistemas de observación aérea y nuevas tácticas de combate. Expertos en seguridad internacional han advertido que, una vez finalizada una guerra, parte de estos conocimientos suele expandirse hacia mercados ilegales y actores no estatales.

En ese sentido, el periodista mexicano Marco Teruggi señala: «La novedad es que habría narcotraficantes adquiriendo instrucción en Ucrania para traer esos conocimientos a nuestro país. Ahí están miembros de carteles de la droga mexicanos, en particular del CJNG, exactamente en la línea de combate, donde mueren soldados. Específicamente en el manejo de drones de última tecnología, aprendiendo el uso de aeronaves no tripuladas para traer ese conocimiento y utilizarlo acá».

Sin embargo, en el caso de los narcotraficantes, la información disponible indica que estos se infiltrarían en las escuelas de formación para el manejo de drones, ocultando su filiación y procedencia. Los integrantes de los carteles que viajarían a Ucrania lo harían a través de empresas militares privadas, utilizadas como fachada para hacerse pasar por voluntarios, sin antecedentes criminales, con recomendaciones falsificadas e incluso con pasaportes falsos.

Ucrania se ha convertido en un gran laboratorio de guerra, donde se están probando nuevos armamentos, como drones kamikaze capaces de perseguir objetivos, drones de inteligencia y drones de ataque. Acceder a ese conocimiento significa adquirir capacidades tecnológicas de vanguardia que, en principio, deberían estar reservadas a las fuerzas armadas y no a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ello cobra especial relevancia considerando que parte de la formación militar que reciben las fuerzas ucranianas es impartida por instructores especializados de la OTAN.

A ello se suma otro elemento que merece atención: gran parte de las armas utilizadas por organizaciones criminales en México proviene de Estados Unidos. En ese contexto, resulta llamativo que en el escenario ucraniano puedan coincidir exmilitares, expolicías y presuntos integrantes del crimen organizado en un mismo espacio de combate.

El reclutamiento de exmilitares colombianos constituye otro fenómeno ampliamente documentado. Muchos son atraídos mediante ofertas laborales como escoltas o guardias de seguridad, pero posteriormente terminan integrándose a estructuras armadas del crimen organizado mexicano. Su formación profesional en explosivos, patrullaje, combate rural y operaciones especiales representa un activo estratégico para organizaciones como el CJNG.

Esta situación plantea un desafío internacional. La circulación global de combatientes, instructores y especialistas militares demuestra que las guerras contemporáneas producen efectos que trascienden ampliamente sus fronteras. La experiencia adquirida en un conflicto puede terminar alimentando la violencia criminal en otras regiones del mundo.

Las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, han insistido en denunciar que combatientes extranjeros formados en Ucrania podrían terminar integrándose a organizaciones criminales internacionales. No obstante, estas afirmaciones deben entenderse como la posición del gobierno ruso en el contexto de la guerra y no como conclusiones independientes plenamente demostradas.

Más allá de las disputas políticas entre Moscú y Kiev, el verdadero problema consiste en impedir que los conocimientos y las experiencias militares adquiridos durante la guerra terminen fortaleciendo a organizaciones criminales transnacionales. La historia demuestra que, cuando un conflicto concluye, las armas, la tecnología y los combatientes rara vez desaparecen; con frecuencia encuentran nuevos escenarios donde continuar operando.

Fuentes:

https://www.dw.com/es/presencia-de-c%C3%A1rteles-mexicanos-del-narcotr%C3%A1fico-en-el-frente-de-ucrania/a-73724607

https://www.youtube.com/watch?v=BdC_PNiM9xU&t=69s

https://www.elimparcial.com/mundo/2024/04/09/rusia-afirma-que-estados-unidos-envia-a-narcotraficantes-mexicanos-a-ucrania/

https://www.reforma.com/eu-recluta-a-narcos-mexicanos-para-ucrania-acusa-rusia/ar2786977

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-acusa-a-ucrania-de-facilitar-el-narcotrafico-hacia-europa-senala-vinculos-con-carteles-mexicanos/

¿Quién dirige a las policías nacionales?

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hará unos tres días la prensa publicó unas declaraciones dadas por el director del OIJ durante un allanamiento:

“Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos”. (La Nación).

Por otra parte, también se informaba:

“Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) ya se establecen de forma permanente en Costa Rica como parte de un reforzamiento en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, el personal incluye agentes, técnicos y funcionarios administrativos que trabajarán desde las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José”. (Gente Opa).

Esta participación supuestamente se enmarca dentro del tratado llamado Escudo de las Américas, firmado por Costa Rica en Miami.

Lo primero que habría que aclarar es que ese llamado Tratado no ha sido aprobado por ninguna autoridad nacional y por ende no puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta condición las actividades de los agentes de la DEA y el FBI están al margen de la Ley, están actuando ilegalmente con la complicidad de las policías del país, en especial de una del Poder Judicial.

Además, habría que discutir si la presencia de esas agencias, supuestamente civiles o policiales, están actuando contra la Constitución y en especial el artículo 12 que se refiere a la abolición del ejército y la existencia de cuerpos policiales nacionales.

Lo dramático del asunto es que la DEA y el FBI y por supuesto la CIA están participando como policías en activo, forman parte en operativos, como lo dice el director del OIJ, y los oficiales del OIJ trabajan permanentemente con ellos, lo cual indica que son los oficiales de la DEA los que dirigen los operativos y participan activamente en ellos.

La otra gran discusión que surge a raíz de esta participación es hasta dónde llega la soberanía nacional, si estamos siendo cómplices de una ocupación pasiva de nuestras policías por parte de una fuerza que es dirigida desde la Embajada de Estados Unidos, tal y como se consigna también por parte de los mismos diplomáticos estadounidenses.

Es evidente que las fuerzas del narcotráfico son enormemente poderosas y son una multinacional que opera desde paraísos como Dubái y centros bancarios ubicados en Estado Unidos y que en consecuencia es necesaria la coordinación entre las fuerzas de varios países para enfrentarlo. La colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico es necesaria y conveniente. El problema es hasta dónde debe llegar esa cooperación; la posibilidad que está en desarrollo en el país es la de entregar las policías preventivas y represivas a las agencias extranjeras, lo cual violenta la soberanía nacional, o realizar una labor de coordinación, cooperación e intercambio de inteligencia, pero sin que esas policías estén subordinadas a la DEA o al FBI.

El otro aspecto es el político. Es evidente que el narcotráfico se ha convertido en la perfecta excusa de EEUU para intervenir abierta y directamente en los asuntos internos de los países, incluyendo en sus procesos electorales. Es totalmente paradójico que mientras el gobierno de EEUU no realiza un trabajo eficiente en su propio territorio, desarmando, deteniendo y desmantelando los carteles gringos, no persigue el lavado de dinero y no educa a su población en el no uso de las drogas, obligue y participe directamente en el combate al narco en los países de América Latina. Debería pregonar con el ejemplo; antes de dar consejos a otros, debería aplicarlos en su país.

Estoy seguro de que muchos fanáticos chavistas están felices con que Costa Rica se convierta en una colonia y que ella toda sea una base militar y creer que el problema del narco se combate con más policías y cárcel, más intervención extranjera, aunque por otro lado condenemos a los jóvenes a la deserción escolar, la falta de comida en los comedores y el abandono constante de las necesidades de los jóvenes y madres costarricenses.

Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que la pérdida de nuestra soberanía, con el pretexto de la lucha contra el narco, solo agregará un problema más en el futuro.

Por el momento tengamos claro que nuestras policías están condicionadas y probablemente hasta dirigidas por la DEA y el FBI desde la Embajada en Pavas.

Una masacre en camino

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Nos estamos matando. No. No es lo mismo a decir que “se matan entre ellos”. No. A la pérdida de contrato social y convivencia fragmentada en Costa Rica, debe agregársele una narrativa cargada de violencia y odio desde los altos mandos del país. Nada de esto es bueno y augura una masacre sin retorno.

Nos estamos matando.

En los primeros cuatro meses de 2026 la cifra de homicidios fue de 265, presentando una baja significativa respecto a los 311 asesinatos registrados en el mismo periodo el año anterior. De mantenerse este récord de 1.9 homicidios por día, en diciembre se estarían alcanzado 800 casos, una cifra aún alta en la historia del país.

De nuevo las personas adolescentes y adultas jóvenes presentan la más alta incidencia y se ha detallado una ampliación en la geografía de la violencia, alcanzando territorios en las provincias de Cartago y Puntarenas que antes no estaban incluidos.

De nueva cuenta se debe declarar esta problemática como emergencia nacional para abordarla prioritaria mente. Sin embargo, lo que alarmar junto a la estadística, es el funcionamiento descontrolado de un mercado ilegal de armas en el país.

La existencia de comercio “por debajo” donde se tranzan todos los días armas de cualquier tipo, preocupa en la medida que nos hemos convertido en un colectivo al que le cuesta manejar la ira y el enojo especialmente en la vía pública, que no dialoga y se frustra con facilidad y entiende que la violencia es el único camino.

Una masacre se avecina si no hacemos algo urgente para detener esto. Más de 6.000 armas circulan sin registro en el país, lo que nos convierte en una sociedad con un ejército velado listo para entrar a escena en cualquier momento.

No es que se matan entre ellos. Es que nos estamos matando. Si no hacemos algo pronto la masacre se habrá consumado.

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

Estrategias de seguridad en tiempos de colapso… extractivismo y poder en la política de Estados Unidos

Observatorio de Bienes Comunes

¿Qué significa hoy “seguridad” para EE. UU. y quién paga sus costos?

Esta nota analiza cómo la Estrategia de Seguridad Nacional redefine la seguridad desde el control de territorios, recursos y cadenas de suministro, profundizando el extractivismo y la militarización, especialmente en América Latina y el Caribe.

🔎 Algunas claves del texto:

* Seguridad como control económico y geopolítico

* Crisis climática gestionada como riesgo, no como límite

* América Latina como “zona de seguridad” y reserva de recursos

* Guerra y extractivismo como una misma racionalidad

* Lo común y la vida colectiva como horizonte alternativo

📥 Leé y descargá el documento aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/estrategias-de-seguridad-en-tiempos-de-colapso-extractivismo-y-poder-en-la-politica-de-estados-unidos/

Académico advierte que permitir bases militares en el país implicaría cesión de soberanía

Mauricio Ramírez

El académico Mauricio Ramírez Núñez cuestionó públicamente la posibilidad de reformar la Constitución Política para permitir bases militares extranjeras en el país, tras declaraciones atribuidas al nuevo asesor presidencial Fabián Silva Gamboa.

En sus declaraciones, Ramírez Núñez afirmó que la discusión debe plantearse con claridad: “Cooperación internacional, toda la que sea necesaria, bases militares ninguna”. Según indicó, una base militar extranjera no puede entenderse como un mecanismo de cooperación, sino como una cesión de soberanía y una forma de influencia permanente sobre las decisiones nacionales.

El académico sostuvo que la existencia de una base militar implica pérdida de capacidad de decisión real en materia de seguridad y política exterior, y señaló que las grandes potencias no permiten bases extranjeras en su propio territorio, precisamente porque comprenden que limitan la soberanía y condicionan el control territorial.

“No importa la bandera, las bases militares no son acuerdos entre iguales, son instrumentos de poder asimétrico”, expresó, al señalar que el país que alberga una base se convierte en plataforma de disputas geopolíticas ajenas.

Ramírez Núñez recordó que el país abolió su ejército con el propósito de evitar la militarización de la política y no convertirse en pieza de confrontaciones internacionales, defendiendo en cambio una tradición de neutralidad activa.

En ese contexto, hizo un llamado al jefe de fracción de la bancada del Partido Liberación Nacional, en su condición de fracción mayoritaria de oposición, para que no permita que una eventual iniciativa en esa línea avance en el ámbito legislativo.

El planteamiento abre un debate sobre soberanía, política de seguridad y orientación internacional del país, en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas estratégicas.

📌 Invitación:
Puede ver el video completo con las declaraciones del académico Mauricio Ramírez Núñez en el enlace adjunto a esta publicación.