FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, Iglesias, Universidades, Asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.
En agosto del 2010 en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.
En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.
Lastimosamente 6 años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.
Les invitamos este martes 09 de Agosto a la conferencia de prensa que realizaremos a las 9:00am en las instalaciones de las oficinas centrales de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE), San José, Av. 5, C. 0 y 2, donde estaremos ampliando estos temas.
¡La cuenta atrás ha comenzado! Del 7 al 9 de septiembre de 2016, alcaldes, otros representantes de gobiernos locales y organizaciones internacionales, así como actores de la economía social y solidaria (ESS) de todo el mundo se reunirán en Montreal para participar en la tercera edición del Foro Global de la Economía Social – GSEF2016.
Becas internacionales de participación
Los entes organizadores de este evento ponen a disposición de los y las que quieran asistir al Foro nuevos fondos, por un tiempo limitado, becas dirigidas a actores de la ESS (o de un gobierno local trabajando en programas de desarrollo de la ESS) en América Latina, para cubrir el costo del transporte a Montreal (gestionado directamente por la agencia de viajes del GSEF2016) o la inscripción al GSEF2016. Para solicitar esta ayuda puede ingresar en el siguiente enlace: https://podio.com/webforms/16306636/1094899
Adjuntamos la invitación oficial al GSEF2016, junto con un documento de información general sobre el foro, así como el vídeo promocional del GSEF2016.
«El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles”, Fiódor Mijailovich Dostoyevski
Medios de prensa han anunciado en estos recientes días la decisión del juez Roy Murillo Rodríguez en Costa Rica de ordenar al Estado el cierre definitivo de la Unidad de San Sebastián, por tratarse de una verdadera «jaula humana» (ver nota de La Nación). En esta otra nota del medio digital CRHoy, se precisa que las autoridades de Costa Rica deberán reubicar a más de 1260 personas privadas de libertad.
El jurista Roy Murillo Rodríguez es un juez ejecutor de la pena: se trata de una figura legal que no necesariamente existe en todas las legislaciones penales, y que permite a quienes ostentan este cargo, proceder a visitas regulares a centros de detención, como parte de sus funciones.
Recordemos que hace tres años, se leyó por parte de otra entidad pública costarricense a cargo de visitas regulares a los centros de detención en Costa Rica (pero ajena al sistema judicial) que: «La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad. Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría» (ver nota de La Nación del 28 de mayo del 2013).
Políticas de “mano dura”, “mano firme”, y leyes altamente represivas en Costa Rica adoptadas hace algunos años, así como el uso abusivo de la detención preventiva ante la presión ejercida por los medios de comunicación, explican, al menos en parte, el problema de hacinamiento actual que sufre el sistema carcelario costarricense (y en particular la Unidad de San Sebastián). Con relación a la detención preventiva, se lee en una reciente nota publicada en Perú en el sitio Ius360, algunas valoraciones que pueden aplicar a la situación de algunos jueces costarricenses: “Coyuntura y realidad nacional: En muchos casos, los magistrados de los juzgados de investigación preparatoria tiene un rol provisional en la jerarquía judicial; con lo cual, esperan cumplir con la exigencia social de aplicar “mano dura” contra la delincuencia y temor al escándalo mediático. Medios de Comunicación: Es común que los medios de comunicación ataquen tanto al propio Estado como a los operadores de justicia en su accionar; más aún si este accionar no es acorde con lo esperado por el común de las personas (no siempre lo legalmente correcto o debido)”.
El mismo juez Roy Murillo Rodríguez, en una entrevista del 2014 con la periodista Natalia Rodríguez Mata, recordaba que mientras la tenencia de droga se sanciona en España con 4 o 5 años, 3 años en Argentina, el mínimo impuesto en Costa Rica es de 8 años (ver entrevista en YT, del Programa Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, emisión del 19/06/2014, “Política Carcelaria en Costa Rica”, Minuto 21:00).
La luz de una visita ante la oscuridad rampante
Como es bien sabido, tradicionalmente las cárceles de un Estado constituyen lugares sombríos, mantenidos voluntariamente en una suerte de oscuridad institucionalizada: la única ventana de esperanza para los que en ellos cohabitan a diario, es la luz que puede arrojar la visita de un ente fiscalizador externo al sistema carcelario como tal. Precisamente, entre 1991 y el 2002, Costa Rica lideró exitosamente duras negociaciones en el seno de las Naciones Unidas: estas culminaron con la adopción, el 18 de diciembre del 2002, en Nueva York, de un novedoso instrumento internacional, bajo la forma de un protocolo facultativo. El objetivo de este tratado arduamente negociado (y cuya adopción se dio mediante un inusual voto, con tan solo cuatro votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau) es el de prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los centros de privación de libertad con base en un sistema de visitas regulares a lugares en los que, por alguna razón, personas se encuentran privadas de su libertad. Remitimos a nuestro lector a la descripción detallada de dicho proceso de negociación internacional en el que Costa Rica puso a disposición de este instrumento lo que posiblemente haya sido el mejor equipo de su aparato diplomático en muchos años (ver páginas 50-73 de esta publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH).
El sistema establecido en este instrumento internacional consta de un mecanismo internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura o SPT) y uno nacional, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que cada Estado Parte debe establecer en función de su marco normativo e institucional.
En el caso de Costa Rica, Estado que ratificó el Protocolo en el 2005, el MNP es un órgano adscrito directamente a la Defensoría de los Habitantes (u Ombudsman) creado mediante la ley 92014 adoptada en febrero del 2014 (ver sitio oficial del MNP). En su informe de labores del 2014 (ver texto completo), el MNP de Costa Rica concluye recordando las serias limitaciones con las que desempeña sus labores: “Se reitera que el MNPT adolece de una infraestructura (oficina) adecuada y suficiente para desarrollar su trabajo, lo cual representa un problema, debido a que no se tiene espacio para alojar a los (as) dos funcionarios (as) nuevos (as), para lo cual se deberán tomar medidas emergentes. De tal manera, para el presupuesto del año 2016, se solicitarán los recursos correspondientes para la construcción de las oficinas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” (p. 59).
A al momento de redactar estas líneas, el Protocolo Facultativo cuenta con 81 Estados Partes (ver estado oficial de firmas y ratificaciones). Mientras que, con excepción de Belice, los demás Estados anglófonos del hemisferio americano (incluyendo a Canadá y a Estados Unidos) se mantienen distantes de dicho instrumento, en América Latina, faltan al llamado Colombia, Cuba, El Salvador, Haití y República Dominicana (Estados que, al igual que los precitados Estados anglófonos, no han considerado oportuno ni tan siquiera suscribirlo); así como Venezuela, que lo ha firmado más no ratificado.
Imagen extraía de portada de publicación sobre la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, (APT/Suiza).
De algunas iniciativas novedosas
Mencionemos que el tema de la privación de libertad ha generado desde varios años en Costa Rica valiosas iniciativas por parte de algunas entidades sociales y personas, en particular en el ámbito cultural y artístico: ver por ejemplo esta nota del 2014 sobre presentación en la Alianza Francesa de un poemario, así como esta nota sobre encuentro sobre danza y cárceles del 2011 y el artículo de la Revista Perfil » El arte, redescrubiendo a los privados de libertad» del 2011. En una reciente entrevista a una poeta costarricense galardonada en el 2016 en España, Paola Valverde Alier (ver nota ), se lee que: “Me tocó trabajar durante cuatro años dando clase de poesía en una cárcel de hombres aquí en Costa Rica. Tenía 17 años y me acompañaba mi mamá al no tener cédula”. En esta nota del 2006 de La Nación sobre otro espacio para la poesía en varias cárceles de Costa Rica, se lee que: “Uno de los grupos, integrado por Espinoza, Marenco, Valverde, Ilama y Mora, llegó al centro penal de Cocorí, ubicado en Cocorí, a las 9:30 a. m. Lo jóvenes regalaron cuatro rondas de poemas a más de 40 internos que se reunieron en el gimnasio de la cárcel. Con el lema de que «la poesía salva», Paola Valverde presentó a los invitados y, de inmediato, cada quien se lanzó con su artillería”. En una nota anterior, del año 2003, sobre los talleres de poesía de Paola Valverde Alier, se lee que: “Creo que es un espacio de formación muy importante porque amplía los horizontes de los privados de libertad. Ellos siempre están deseosos de aprender y muestran un gran interés en la materia, sus apreciaciones y sus comentarios son mucho más profundos que otros que he escuchado como profesor universitario”.
También merece mención la elaboración y venta de artesanías en exposiciones nacionales por parte de los privados de libertad (ver nota de CRHoy del 2013). Las posibilidades de trabajo de los privados de libertad fue objeto de una interesante tesis en el 2011 (ver texto completo ) de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de la entonces estudiante Maricel Gómez Murillo, en cuanto a su alcance real en la práctica y las mejoras requeridas. Según el autor de otra tesis universitaria (ver nota publicada en el Semanario Universidad del 2013) «para los privados de libertad, la oportunidad de participar en la expresión creativa puede convertirse en una experiencia exitosa en cuanto a su rehabilitación y sus procesos de reeducación, pues se ha demostrado que el disfrute y los logros alcanzados propician una reintroducción al sistema educativo de muchos de ellos».
No obstante estas y muchas otras iniciativas que no dejan siempre rastro en medios de prensa, las condiciones de hacinamiento y el deterioro de la infraestructura están alcanzado niveles tan críticos en Costa Rica, que hacen a un lado estos esfuerzos, e interpelan al sistema carcelario costarricense y, más generalmente, a la sociedad costarricense como tal. La cárcel de San Sebastián no es la única en mantener altos índices de hacinamiento. Por ejemplo, en este artículo del juez Roy Murillo Rodríguez publicada en la Revista de la Maestría en Ciencias Penales en el 2014, leemos que: “en la cárcel de San José (San Sebastián) con espacio para 664 internos, hay 1191 –un 79,6% de hacinamiento, el más alto por centro penitenciario en estos momentos – y en San Carlos, con espacio para 442 personas tenemos a 763 sujetos – 72,6%. Peor aún, en este último recinto carcelario, en la unidad de indiciados, con espacio para 104 hay 236 personas, sea un hacinamiento del 126,9%” (p. 659).
Las razones alegadas por el juez Roy Murillo Rodríguez en el caso de San Sebastián
Luego de repasar de forma muy detallada la gran cantidad de sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no acatadas por las entidades recurridas del Ministerio de Justicia a cargo de la Unidad de San Sebastián, y precisar, datos en mano, sus hallazgos en calidad de juez ejecutor de la pena, el juez Roy Murillo Rodríguez concluye que : «En definitiva la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a luz y ventilación natural –nótese que se trata de una estructura de tres niveles donde los pocos espacios para la luz y el aire se han ido limitando por razones de seguridad al techar esos accesos- han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante. Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una Democracia y que no puede prolongarse sino que por el contrario se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solamente de un problema de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana. Son más de veinte años que la autoridad judicial ordinaria y constitucional ha esperado soluciones y la degradación y trato inhumano que esa cárcel impone no puede tolerarse bajo ningún motivo o razón. Conforme el pacto fundacional de la sociedad democrática costarricense, ni un solo ciudadano puede ser expuesto a condiciones degradantes y humillantes como las que impone el Centro de Atención Institucional de San José. ” (Véase “Medida correctiva de cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, N° 1023-2016” con fecha del 20 de julio del 2016, texto completo reproducido por DerechoalDia).
En la parte final y resolutiva de su resolución, se lee que: “Por lo tanto, conforme los artículos 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 33 de la Constitución Política, 51 del Código Penal, las Reglas Mínimas, los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad, así como la Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ordena la clausura o cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, el que vencido el plazo de dieciocho meses a partir de la firmeza de esta resolución, no podrá funcionar más para la custodia de población penal institucionalizada, plazo que se otorga considerando los efectos y la crisis que generaría el cierre inmediato del centro penal, ordenándose a la autoridad penitenciaria que a partir de la notificación de esta resolución NO INGRESARÁ UN SOLO PRIVADO DE LIBERTAD MÁS a dicho Centro Penitenciario y en adelante, deberá asegurar el egreso –por resolución judicial que ordene libertad, por traslado a otros centros penitenciarios o a otros programas de atención- de al menos setenta privados de libertad cada mes, hasta su completo desalojo”.
Es menester indicar que una solicitud del mismo juez relacionada con la misma Unidad de San Sebastián, sólidamente respaldada desde el punto de vista técnico (ver nota de prensa publicada en La Extra), había ordenado en setiembre del 2013 que no se ingresará a más personas en San Sebastián (véase texto completo de las medidas correctivas del 24 de setiembre del 2013, reproducidas por DerechoalDia). Se leyó en aquel entonces por parte de la jurista Cecilia Sánchez Romero (quien ostenta desde el 2015 la cartera del Ministerio de Justicia en Costa Rica) que: «No permitamos hoy que la propia institución conspire contra esta garantía, pretendiendo someter a revisión la decisión de un juez de ejecución de la pena, que no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Un juez que resuelve con fundamento jurídico, con apoyo en normativa procesal, con sólido respaldo de pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia y, por supuesto, con un elemental sentido de humanidad» (ver nota publicada en DerechoalDia).
Sistema penitenciario ante escrutinio internacional
Se podría pensar que un espacio que se sitúa en las mismas entrañas de un Estado, como lo son sus cárceles, no interesa mayormente la esfera internacional. Es posiblemente lo que algunas autoridades estatales desearían, dejando a manos de entidades fiscalizadoras adscritas al mismo aparato estatal represor el examinar la situación que impera en ellas.
No obstante, la realidad es otra: la situación de los privados de libertad dentro de un Estado no escapa al ámbito del derecho internacional. Por ejemplo, cuando en materia de derechos humanos se menciona la lucha contra la tortura (o su prevención), se incluye también la lucha contra los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violentan los principios más básicos de la dignidad humana: los malos tratos que lleguen a calificarse como inhumanos, o crueles, o degradantes, son tan violatorios como la tortura, razón por la que ambas expresiones son indivisibles y así consta en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los estándares internacionales, en particular los establecidos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, así como la jurisprudencia en materia de integridad personal y privación de libertad (ver estudio) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen a ese respecto una útil guía para todos los Estados del hemisferio americano. En uno de sus fallos (caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela ), la Corte Interamericana sentenció que: “el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la Convención” (párr. 89). Para dar otro ejemplo en América Latina, el Procurador General en Colombia, en el año 2003, ya advertía en un pronunciamiento (ver texto completo ) que: “De acuerdo con el parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos” (p. 3).
Foto extraída de artículo de prensa del 2015 titulado «Hacinamiento en cárceles alcanza cifra récord de 51%», La Nación (Costa Rica), 11 de marzo del 2015
Recientemente, en el mes de marzo del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la inspección in situ realizada por otro ente habilitado a realizar visitas, el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad, había hecho públicas sus recomendaciones al Estado costarricense sobre el deplorable estado en el que se encuentran sus cárceles. La Unidad de San Sebastián no escapó a dicho examen, al externar por parte del Relator de la CIDH que: “Asimismo, la Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad. En particular, la Relatoría constató la falta de ventilación en los dormitorios y el calor que prevalece en los mismos. De igual forma, en los diferentes pabellones visitados en la Cárcel de San Sebastián, la delegación de la CIDH observó la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios, así como la total ausencia de espacios para guardar objetos de tipo personal. La Relatoría también recibió diversos testimonios de los internos respecto a las dilaciones en sus procesos judiciales respectivos. Asimismo, expresaron quejas relacionadas con la supuesta falta de atención médica, en particular, sobre la demora en recibir dicha atención y la falta de servicios dentales» (ver texto del informe detallado reproducido en esta nota de nuestro blog).
Con relación a la detención preventiva, el órgano interamericano señaló que en vez de ser usado de manera excepcional, es la regla a la que recurren los jueces costarricenses en muchos casos, de manera abusiva. En su informe de marzo del 2016 sobre Costa Rica, sobre este preciso punto, se lee que: “… una persona privada de libertad en la cárcel de San Sebastián manifestó que “No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos”. En la cárcel de San Sebastián, que alberga únicamente a internos en prisión preventiva, las autoridades penitenciarias informaron que el 34% de las personas salen de la cárcel a más tardar 15 días después de su ingreso, y que el 60% deja el penal en un periodo de 60 días; no obstante, refirieron también que en muchos casos la permanencia de los internos era “indefinida”, incluso personas que habían permanecido en el centro penitenciario por más de ocho años. De igual forma, las autoridades manifestaron su preocupación ante el “regular” uso de la prisión preventiva –que se reflejaría en que aproximadamente una tercera parte de personas en prisión preventiva permanece en la cárcel durante 15 días– y las consecuencias que su uso traería en el aumento del hacinamiento, el “desgaste económico” para el Estado, y el estigma en la vida de las personas. Por otra parte, una funcionaria judicial señaló que “la permanencia entre uno y tres meses de la mayoría de los reos demuestra que en realidad no se justifica la aplicación de [esta medida]”.
Gráfico publicado en el 2014 por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica, órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes, sobre el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica
Al analizar brevemente las recientes observaciones realizadas por otra entidad internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al informe de Costa Rica, nos permitimos referir (ver nuestra modesta nota publicada en DerechoalDía del 10 de abril del 2016) a un aspecto que, según todo pareciera indicar, no despertó mayor interés por parte de la prensa nacional y mucho menos por parte de las autoridades costarricenses: «Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10) ”.
A modo de conclusión: el resultado de advertencias desoídas
Sin lugar a dudas, la situación de las personas privadas de libertad se ha convertido en Costa Rica en un verdadero lunar en materia de derechos humanos. Recomendaciones de unos y otros no parecieran encontrar eco alguno ante un parco aparato estatal. Una obra que lleva el sello de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) publicada en el 2003 concluía ya que: “Mientras tanto, en lo que respecta a esta realidad tantas veces invisibilizada, todo indica que tras los muros de la prisión costarricense sigue prevaleciendo el “universo del no-derecho”, cimentado sobre la persistente devaluación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad” (Nota 1). Una zona de “no derecho” en un Estado de Derecho constituye un señalamiento que, en buena teoría, debiera ser inmediatamente objeto de atención por parte de sus autoridades: en efecto, el “no derecho” desatendido tiende, usualmente, a extenderse.
En esta breve nota de Informa-tico publicada el 25 de junio del 2014, titulada «Día Internacional de la lucha contra la Tortura y los malos tratos La lucha contra la tortura y los malos tratos en Costa Rica», nos permitíamos concluir nuestras líneas con las palabras redactadas en el 2001 (es decir hace … 15 años) por el entonces Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:
«Nuevamente, ante reclamos desatendidos y advertencias desoídas, se recurre a entidades internacionales, con una leve diferencia con relación a otras experiencias recientes: no se trata de víctimas o de comunidades indignadas por la desatención del Estado a sus legítimos reclamos, sino que se trata esta vez del mismo Estado costarricense procediendo a hacer un llamado a estas entidades internacionales… para forzarlo (¿forzarse?) a cumplir con exigencias mínimas en cuanto a condiciones de detención se refiere. Las consecuencias para un sistema penitenciario (ya colapsado) de las políticas represivas de las últimas administraciones debería de constituir un primer ejercicio al que se proceda, en aras de encontrar vías y soluciones duraderas a un problema que, lejos de circunscribirse a las paredes de una cárcel, afecta a la sociedad costarricense como tal. Ya en el año 2001 el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Luis Paulino Mora alertaba: “Con mucha razón se ha dicho que el grado de verdadera democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de cárceles que tenga. Si ello es así, vergüenza nos da a muchos vernos en el espejo de cárceles desgarradas” (Nota 2).
Pese a esta y otras innumerables advertencias hechas, sea desde fuera de Costa Rica o desde la misma Costa Rica, sea desde el mismo sistema judicial, sea desde fuera del mismo, la situación ha ido empeorando. Con relación a las diversas sentencias judiciales relacionadas a la Unidad de San Sebastián, sería interesante verificar si no estamos ante un caso en el que el Estado costarricense se muestra particularmente renuente a acatar lo que le ordenan… sus propios jueces.
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Nota 1: Véase CHAN MORA G. y GARCÍA AGUILAR R., Los derechos fundamentales tras los muros de la prisión, CONAMAJ, San José, 2003, p. 214.
Nota 2: Véase MORA L.P., “Sobrepoblación penitenciaria y derechos humanos: la experiencia constitucional”, in CARRANZA E., (Coord.), Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, San José, ILANUD, 2001, pp. 58-84, p. 84.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
IPC actual se quedó obsoleto, ¡hay que medir la inflación de verdad!
Apelamos, nuevamente, a la unidad sindical en la acción para enfrentar el congelamiento salarial y la defensa del empleo
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja expresión fuerte por esta vía de su más enérgica condena a la desafortunada e imprudente decisión del Gobierno de la República, de imponer el nuevo decretazo salarial del ofensivo, indignante y humillante “reajuste” de los 10 colones por cada 100 mil de salario en el caso de las personas trabajadoras del sector público, aplicable en el segundo semestre de este año 2016.
Además, 75 colones por cada 100 mil, en el caso de quienes tengan un salario base de 442 mil colones o menos, es igualmente ofensivo, indignante y humillante. Esta “migaja” golpea, duramente, a quienes menos ganan en la Administración Pública, como los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, quienes tienen laborales de vigilancia institucional, tareas administrativas, de oficina, secretariales y de servicios generales y hasta personal técnico de diversas especialidades.
La realidad es que son las personas trabajadoras asalariadas de este país las que están pagando el déficit fiscal, lo cual sigue profundizando la desigualdad y atizando la hoguera de la confrontación social.
Mientras que el trabajador sí paga puntualmente sus impuestos, en solamente un año fiscal, 335 importadores dejaron de pagar en Aduanas, la escandalosa cifra de 53 mil millones de colones. ¡Esto no puede continuar así!
Por otra parte, urge una transformación estructural para calcular, con verdadero realismo y sin maquillajes estadísticos, lo que sucede a diario con el costo de la vida. Las cifras oficiales de inflación se contradicen en el día a día con la realidad económica del bolsillo del trabajador.
El actual IPC (Índice de Precios al Consumidor) ha sido totalmente rebasado por las circunstancias económicas que han determinado a Costa Rica como el país más caro de la América Latina. El IPC, con sus contenidos mínimos y básicos de productos y servicios de la canasta básica alimentaria que le da sustento, no está midiendo la realidad del costo de la vida. Debe crearse en un nuevo indicador, un real índice de inflación, que vaya más allá del IPC actual.
“¡Se le está jalando demasiado el rabo a la ternera!”. La ANEP, así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA venimos planteando, desde el mes de setiembre del año pasado 2015, la gran necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar con verdadera fuerza y contundencia el congelamiento salarial que ya es una realidad más que evidente y reforzada con este nuevo decretazo salarial; y por otro, las amenazas al Empleo Público que siguen plenamente vigentes con varios proyectos de ley en la corriente parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa, no solamente el ya sumamente conocido y detestado expediente No. 19.506.
Precisamente, en el día de ayer, en día del decretazo salarial, jueves 4 de agosto de 2016, ANEP y PATRIA JUSTA reafirmamos un proceso de Unidad Sindical en la Acción, conjuntamente con relevantes organizaciones que firmamos un documento relevante titulado “UNIDAD EN LA ACCIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA JUSTICIA TRIBUTARIA”; documento cuyo acuerdo tercero plantea lo siguiente:
“Convocar en el corto plazo a una gran concentración de trabajadores y trabajadoras, en el marco de una jornada nacional de unidad en la acción en defensa de los derechos laborales y la justicia tributaria; en fecha que estaremos comunicando en el momento oportuno”.
Efectivamente, sólo resta acordar una fecha. El hartazgo, la indignación, la molestia, el enojo, el acoso y la agresión psicológica que invade prácticamente todos los diversos colectivos laborales del sector Público, exigen de las dirigencias sindicales, sin excepción alguna, grandes muestras de humildad para acatar el clamor de nuestras respectivas bases laborales: ¡unidad de los sindicatos! Ha quedado claro que a pesar de la importancia de movilizaciones y manifestaciones sectoriales, de carácter parcial, resultan insuficientes para parar tanta agresión.
En lo específico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formula un vehemente llamado a nuestros socios y a nuestras socias, a nuestra honorable membrecía, a las organizaciones amigas y fraternas del sector Público para que intensifiquemos los preparativos de la necesaria movilización que nos imponen las actuales circunstancias. ¡A prepararse todo mundo! ¡Basta ya!
Padres y madres que estudian en las distintas sedes de la Universidad Nacional (UNA) recibirán una contribución mensual para cubrir gastos por el cuido de sus hijos de 0 a 5 años, gracias al “Programa para los estudiantes en condición de maternidad y paternidad de la Universidad Nacional”, que puso en marcha desde junio pasado la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA).
La agrupación estudiantil creó un fondo que permita contribuir a atender las necesidades que presenta esta población estudiantil para el cuido de sus hijos, con el fin de impedir que esto implique un abandono de los estudios ni un perjuicio en la calidad de vida de los estudiantes y sus hijos.
La iniciativa arrancó en junio pasado con un plan piloto, basado en 50 casos de madres y padres estudiantes en las diferentes sedes de la universidad. Cada caso será valorado por las trabajadoras del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y una vez corroborada la necesidad se le dará el beneficio mensual, el cual será prorrogable anualmente en tanto la situación económica no cambie y el niño se encuentre en la edad señalada anteriormente.
El directorio de la FEUNA es consciente de que este programa constituye una importante primera acción que se realiza partiendo de la necesidad a corto plazo evidente que tiene esta población. No obstante, los representantes estudiantiles son conscientes de que el tema requiere también un abordaje integral a largo plazo, que incluye otro tipo de acciones enmarcadas en programa denominado “Padres y Madres estudiantes”.
Según el “Reglamento para la solicitud de beca para estudiantes en condición de paternidad o maternidad”, la ayuda a esta población proviene del presupuesto anual asignado a la FEUNA por concepto de timbre de matrícula para ayudas económicas a estudiantes, que para 2016 corresponde a 15.000.000 colones.
Según decisión del directorio, el 50% del monto total se destinará a la contribución a estudiantes con hijos. Es por eso que a las 50 personas con quienes se inicia el plan piloto se les estará dando un aporte mensual de 35.000 colones.
Este aporte comprenderá para el año 2016, 8 meses lectivos (de abril a noviembre), a partir del próximo año se dará desde el inicio del curso lectivo hasta la finalización del mismo (de febrero a noviembre).
La solicitud de la ayuda se realizará por medio de un formulario que el estudiante deberá entregar presencialmente en las oficinas del Directorio de la FEUNA. Una vez entregados los formularios, la FEUNA los trasladará al Departamento de Bienestar Estudiantil para su respectivo análisis y resolución. La Federación notificará al estudiante de su status y al Departamento Financiero para el respectivo pago mensual de las solicitudes resueltas.
***Mayores detalles con José Pablo Soto, representante de la FEUNA, 8991-2172 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.
ANEP cuenta con el documento central que sirvió de base para la decisión tomada, el pasado viernes 29 de julio de 2016, por las presidencias y las vicepresidencias de los 117 gremios laborales componentes en la actualidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y que conforman el Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la agrupación; apoyando la tesis y el llamado a huelga general en defensa del empleo público, a favor de leyes realmente justas y transformadoras en materia tributaria y en contra del planteamiento neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Estado.
La disposición de la ANEP en tal sentido ha sido refrendada y legitimada por sus bases dirigentes, avalando la tesis sociopolítica promovida por la organización de la Democracia de la Calle; y, para estas específicas circunstancias sociohistóricas que estamos viviendo, presuponiendo la confluencia de diversas agrupaciones mancomunadas para la lucha en Unidad Sindical en la Acción.
El Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP conoció y debatió, además, sobre el asunto del referéndum sobre el Salario Mínimo Vital para la clase trabajadora del sector privado, ante la inminencia del inicio del proceso de recolección de firmas en los formularios revisados y certificados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Respetuosamente estimamos que para los compañeros y las compañeras de las bases dirigentes de la ANEP (directivos seccionales y delegados sindicales), esta documentación es, prácticamente, de obligada consulta y estudio. Para toda la membrecía anepista, también.
Este documento representa una visión panorámica del pensamiento general de la ANEP en la actualidad y los fundamentos argumentales que lo sustentan.
El documento contiene la siguiente información:
1) Hoja Estratégica de ANEP.
2) Convocatoria de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP al CCN de la agrupación.
3) Integración actual de la JDN de la ANEP.
4) Integración del actual del Equipo de Trabajo de la organización.
5) Lista actualizada de las 117 seccionales (gremios) de la ANEP.
6) Agenda de la sesión del CCN de la ANEP correspondiente al viernes 29 de julio de 2016.
7) Planteamiento “sindicalismo con ideas”.
8) Empleo público y déficit fiscal – Empleo Público: ¡nada que negociar!
9) Justicia tributaria, déficit fiscal y empleo público: Nuestras principales bases documentales.
10) Artículos publicados en Diario Extra y La Prensa Libre sobre el empleo público y el déficit fiscal (guía para su localización digital).
11) Planteamiento “la fuerza de la razón, ó… la razón de la fuerza”.
12) Planteamiento “¿es posible la unidad sindical… al menos en la acción?”
13) Acuerdos intersindicales para la Unidad Sindical en la Acción:
13a- Acuerdo del Balmoral: Unidad en la acción en defensa de los servicios públicos y justicia tributaria – 15 de julio de 2016.
13b – Comunicado de organizaciones sindicales: En defensa de los servicios públicos y por justicia tributaria.
14) Referéndum sobre el salario mínimo vital.
15) Petición oficial de parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
16) Proyecto de ley del Salario Mínimo Vital, expediente legislativo No. 19.312.
17) TSE: resolución No. 3752-E9-2016 del 30 de mayo del 2016 autorizando la recolección de firmas para el referéndum mencionado.
18) Muestra del formulario para la recolección de firmas sobre el referéndum del Salario Mínimo Vital.
19) ANEP: póliza colectiva de vida con el INS.
20) Propuesta sindical reajuste sector Público segundo semestre de 2016-Confederaciones sindicales.
21) El TISA, la principal amenaza para los servicios públicos.
El Día Mundial de Guardaparques- conmemorado cada 31 julio– honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en los últimos 12 meses son 107 guardaparques fallecidos en diferente países del orbe, la mayoría asesinados por cazadores furtivos ( ver lista).
FECON denuncia que «a las y los guardaparques se les violentan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación y a la educación. Además no se les suministra el equipo y los materiales necesarios para que protejan su vida de los peligros de su trabajo, haciéndolos más vulnerables a perder la vida en el cumplimiento de su deber”, afirmó Mauricio Álvarez Mora presidente de la Federación Ecologista.
Nuestro sistema de parques nacionales resguarda nuestra biodiversidad y es la principal atracción turística del país, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, superando así las divisas que producen las exportaciones de piña, banano y café juntas. Además sus ingresos son constantes y no es para menos si representan uno de los principales atractivos para los dos millones y medio de turistas que nos visitan al año.
Sin embargo, a pesar de esta impresionante solvencia, resulta sorprendente que hoy faltan entre 1200 y 600 guardaparques como mínimo, lo cual hace que estos tesoros sean «saqueados» sin la menor regulación por caza, extracción de madera y minería ilegales. Por falta de guardaparques un 37,5% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y no son pocas las grandes áreas que cuentan con sólo uno o dos guardaparques, lo que equivale a que no haya protección, La falta de protección es particularmente seria en los Parques Nacionales Isla del Coco, Corcovado, Braulio Carrillo, La Amistad, Palo Verde y Carara.
Mientras los guardaparques que hacen cumplir su trabajo y defender el patrimonio natural se enfrentan un sistema judicial que se ahoga en las aguas de la impunidad ¿cómo justificar que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y no a sus defensores? que es exactamente lo que ha sucedido con la condenatoria de un guardaparques Mauricio Steller a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles. En Costa Rica se criminaliza su gestión en vez de estimularla y se deja en libertad a destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar su deuda ( FECON, 25-8- 2015).
El caso de Steller no es el único. “Los oreros tiene más derechos que un guardaparques” así resumen los guardaparques la situación de Parque Nacional Corcovado, quienes recuerdan cuando hace algunos años una fiscal interpuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros ( Ver más).
La FECON ha denunciado muchos casos donde corren riesgos y amenazas los guardaparques que hoy por suerte no integran esta terrible lista de 107 defensores de áreas protegidas que se recuerda el día de hoy, pero por el contexto y antecedentes en cualquier momento se puede ingresar en este fatídico listado ( Ver más).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de FECON.
Aseguramiento por medio tiempo del trabajo domestico: un logro para las trabajadoras domésticas en Costa Rica
El viernes 22 de julio la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, aprobó el aseguramiento por medio tiempo de las trabajadoras domésticas por mandato del poder ejecutivo. Este logro fue posible a partir de un acuerdo interinstitucional del Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y la Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes.
Hasta ahora el aseguramiento de las trabajadoras domésticas nacionales y migrantes se realizaba únicamente a tiempo completo, aunque éstas trabajaran sólo medio tiempo. Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por el aseguramiento.
Se espera que este acceso al seguro social, facilite también el proceso de regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses. No obstante este es apenas un pequeño avance para conseguir dicho estatus de regularización migratoria. Así lo subrayan la señora Rosita Acosta Ramírez, presidenta y fundadora de la Asociación Astradomes para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, y la señora Jenifer Soto Loaisiga, asesora de trámites migratorios.
Los costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas no costarricenses siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos suele haber cambiado la situación de trabajo de la trabajadora doméstica. Asimismo el permiso de trabajo que se otorga con la regularización no es portable, por lo que amarra la trabajadora migrante a su patrón, lo que se percibe según la señora Acosta como “una esclavitud moderna”.
Por lo tanto, si bien el aseguramiento de las trabajadoras domésticas representa un logro muy importante, desde Astradomes señalan que aún es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales.
Para ello es urgente un compromiso real desde las instituciones del Estado, la sociedad civil y cada persona individualmente, para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras.
Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
Una nueva política y estrategia para el manejo de la biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.
La importancia de la consulta civil en la gestión de la diversidad radica en que son precisamente estas comunidades rurales e indígenas las que mantienen una relación directa con la dinámica de la biodiversidad que está fuera de las áreas protegidas. Sectores comunitarios y ecologistas consideran que la gestión la «esa» biodiversidad y los conflictos por su uso y destrucción no fue la prioridad del proceso oficial de creación de esta nueva política estatal.
FECON y la RCB consideran que estos instrumentos son “enlatados” definidos con base en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, en la práctica no parten de la realidad y conocimiento de comunidades que protegen la biodiversidad en una interacción con ella para sostener la vida en fincas campesinas, territorios indígenas y comunidades urbanas y rurales, que a su vez están inmersos en conflictos por la expansión de monocultivos, minería, transgénicos, contaminación, urbanización no planificada, entre otros y las propuestas que desarrollan al respecto, no son un componente sustantivo de estos documentos aprobados como política estatal.
La falta de participación de dichos procesos se pretendió enmendar “discutiendo” en talleres breves un documento complejo, para afirmar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sin los actores que conviven con la biodiversidad realmente involucrados, es casi imposible que estos documentos no sean otra consultoría superficial más.
Otra de las críticas desde los sectores ambientalistas a estos instrumentos es que están cruzados por la visión neoliberal que aborda la biodiversidad y los beneficios ambientales que genera como mercancías, es decir la llamada “economía verde”.
Tampoco fue prioridad dentro de esta política incluir según el pronunciamiento ecologista “las amenazas para la biodiversidad relacionadas con tecnologías, como la manipulación genética y la biología sintética, los sistemas de propiedad intelectual restrictivos y su papel en la apropiación privada de la biodiversidad, la producción corporativa de alimentos, y la preponderancia de los tratados comerciales y de propiedad intelectual (como el Tratado de Budapest y la UPOV) sobre los acuerdos y políticas socioambientales”.
Sobre el tema de transgénicos los ecologistas reiteraron “que su convivencia con formas de producción sustentables y agroecológicas es imposible, como se ha documentado a nivel mundial (ver https://goo.gl/uM3tk1), por lo que una protección efectiva de la biodiversidad debería contemplar la prohibición o al menos una sólida moratoria para la liberación de transgénicos en nuestros campos”.
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad sobre la propuesta de política y plan estratégico nacionales de biodiversidad 2014-20201, el 13 de julio de 2014. goo.gl/f0J6rb
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Conservacionista (FECON) sobre la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2014-2020, el 9 de marzo de 2015. goo.gl/yhb5hC
Observaciones al documento final de la “Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (PNB) y al borrador de la” Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción” (2016), el 30 de marzo de 2016. goo.gl/Ft6P03
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica invita a las Jornadas “Diálogos con la Red, en los 10 años de lucha y organización”, las cuales se llevarán a cabo del 8 al 12 de agosto 2016 en la sala de usos múltiples, primer piso de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
Se contará con la exposición de pinturas de las mujeres de la Red de Mujeres Rurales; venta de frijoles y galletas Pinticas y Pintochips de las panaderías de la Red de Mujeres Rurales.
Detalle de los conversatorios:
Lunes 8 agosto: Feminismos en la vida cotidiana de la Red -10 a.m.
Martes 9 agosto: Agroecología en la Red -10 a.m.
Miércoles 10 agosto: Lucha por la Tierra en la Red -10 a.m.
Jueves 11 agosto: Lucha por el agua en la Red -10 a.m.
Viernes 12 agosto: ¿Cómo expresamos nuestras luchas en la Red? 10 a.m. y ¿Cómo tejemos la Red? Nuestras metodologías de trabajo -4:00 p.m.
