La misión que tiene la Sala Constitucional es proteger los derechos fundamentales y garantizar la supremacía de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
La Sala, hace mucho tiempo abandonó esa misión.
Más que abandonada, ha sido retraída y burlada.
La Sala Cuarta distorsionó su cometido constitucional y se transmutó en una especie de Cámara Baja, en un Senado Político, que muy lejos está de respetar el principio de separación de poderes y, por tanto, el principio de autocontención.
Ahora, todo el mundo celebra, hasta aplaudiendo con las orejas, la resolución de la Sala que sepultó en el inframundo la famélica e impresentable Ley Jaguar (qdep).
Es que, no obstante, la pérdida de la capacidad regulatoria de la Constitución y el desmontaje progresivo de los diques normativos contra el poder que la misma establece, no era jurídicamente sostenible ninguna otra resolución que no fuera esa.
Pero, entre tanta algarabía democrática, también se olvida que esa misma Sala blanqueó el tridente del Diablo, conformado por la Ley de Ajuste Fiscal, la Ley Frankenstein (Ley Marco de Empleo Público) y la Ley Antihuelgas.
La Sala ha cumplido a cabalidad el mandato de des-constitucionalizar el derecho de negociación colectiva y huelga en los servicios públicos.
Cómo si lo anterior fuera poco, la Sala le dio un espaldarazo al Transitorio XI de la Ley Frankenstein, que impone el congelamiento de las remuneraciones de los servidores públicos y además, prohijó la ignominiosa Regla Fiscal, obedeciendo fielmente el mandato de FMI y otros organismos financieros internacionales.
No se olviden tampoco que aquellas dos primeras leyes fueron inoculadas por el veneno fiscalista y antisindical de la Contralora General de la República, que ya más de uno le estará prendiendo velitas, a la par de la estampita de la imagen del Dr. Moreno Cañas.
Tenía tanta razón Hegel: “Lo único que enseña la historia es que no nos enseña nada”
La Sala representa lo que es: el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.
Es tan fácil darle pan y circo a un pueblo que hasta la memoria le vaciaron.
Escuelas de la región se han visto beneficiadas por este proyecto. Foto cortesía FestArt.
Esta será la última edición del festival que inició en el 2014 en el Recinto de Grecia*
Del 26 de julio al 3 de agosto se realizará le FestArt 2024, un festival impulsado por el Recinto de Grecia de la Universidad de Costa Rica, que beneficia a la región de Occidente con presentaciones gratuitas en centros educativos y lugares abiertos a la comunidad.
El festival, que se realiza desde el año 2014, contará con la participación de 13 agrupaciones, 6 nacionales y 7 internacionales procedentes de El Salvador, Honduras, México, Colombia y Brasil.
Según Laura Santamaría, productora general, en esta oportunidad el FestArt se concentrará en espectáculos teatrales, de títeres y tendrá una fuerte participación de cuentacuentos.
De esta forma, algunos centros educativos de los cantones de Palmares, Sarchí, Grecia, San Ramón y Naranjo se verán beneficiados, así como los siguientes espacios públicos: Centro de la Cultura de Grecia, Salón Campo Ferial Palmares, Biblioteca Municipal de Sarchí, Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer San Ramón, Centro de Cultura Social San Ramón y el Salón Comunal Santiago Palmares.
Grupos nacionales e internacionales han donado su tiempo y su trabajo a esta actividad. Foto cortesía FestArt.
Este 2024 marca el final del FestArt, que se creó por una necesidad de llevar espectáculos de calidad a Occidente. Según Santamaría esta experiencia permitió que las comunidades comprendieran que es posible acercarse al arte, “se dieron cuenta que quieren esto para sus centros educativos, para sus comunidades, por eso cada año nos llaman. Las quieren y necesitan para desarrollar habilidades y destrezas en niños, jóvenes y en los mismos miembros de la comunidad”.
Destacó que la mayor parte del equipo de producción actualmente está fuera del ámbito universitario, ya que iniciaron como estudiantes y decidieron continuar colaborando a pesar de las obligaciones laborales y familiares. Por ello, se ha hecho difícil continuar “sostener el FestArt durante este tiempo ha sido una labor maratónica de parte de todo el equipo de producción, es un gran esfuerzo en convivencia primero con sus actividades académicas y ahora con sus actividades laborales”.
“El equipo dio lo que tenía que dar y en el tiempo en que tenía que hacerlo, ya las obligaciones no nos permiten continuar” aseguró.
Carlos Eduardo Camacho Araya, es uno de ellos, él se involucró en el festival cuando era estudiante de la carrera de Turismo Ecológico en el Recinto de Grecia y ha sido parte de esta actividad durante seis años.
Destacó que la labor que ha hecho este festival en las comunidades es muy grande. “El hecho de llevar teatro de calidad a las comunidades sin costo alguno despierta la chispa y el interés por el arte, es una labor importante ya que sabemos que desde la cultura podemos sensibilizar para que las personas tomen conciencia en muchas áreas en las que nos desenvolvemos”.
Aseguró que ese papel social y los vínculos que ha creado durante todo este tiempo es lo que le ha impulsado a seguir colaborando. Añadió que esta experiencia fue importante para su formación ya que le enseñó a trabajar en equipo, a plantear prioridades, a dar lo mejor y le permitió fortalecer las habilidades blandas. “Ha sido un proyecto que nos ha dado mucho y hay que darle un cierre como lo merece y eso también me causa felicidad” aseguró.
Por su parte, Rebeca Hernández Murillo, Trabajadora Social y colaboradora de este proyecto desde sus inicios, señaló que esa tarea de llevar el arte a las comunidades permitió también abarcar temas y llevar mensajes sociales. “Acercar a las comunidades al arte ha sido muy importante, también que las obras, además de entretener, dejen mensajes de temas sociales que toquen las fibras de la población”.
Aseguró que ponerle fin a en esta aventura le genera sentimientos encontrados. “Es una mezcla de tristeza, nostalgia, alegría, satisfacción. Por 10 años hicimos un proyecto maravilloso, por 10 años nos convertimos en una familia, solo sé que ha sido un proyecto que cambió mi vida y que voy a llevar por siempre en el corazón”.
Arte escénico como herramienta en la creación de espacios de participación social
El profesor Mag. Jonh Diego Bolaños Alfaro se unió al festival en el 2018, cuando asumió la dirección del Recinto de Grecia, desde entonces ha estado involucrado en esta actividad.
Destacó que el FestArt promovió el arte escénico como herramienta en la creación de espacios de participación social y cultural de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la zona de Occidente y proyectó el carácter humanista de la Universidad de Costa Rica hacia la comunidad.
Añadió que fueron muchas las poblaciones beneficiadas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de espectáculos de teatro, música, baile y cine de calidad completamente gratuitos. Dichas actividades fueron instrumentos facilitadores para mejorar la calidad de vida y motivar el desarrollo de una cultura y permanencia de este tipo de arte en comunidades rurales de Occidente.
En cuanto a los centros educativos, Bolaños aseguró que el festival permitió compartir con estudiantes y docentes, talleres y presentaciones que les ayudó a promover el desarrollo de habilidades y destrezas siendo co-creadores en un proceso de aprendizaje lúdico.
Los espectáculos han sido instrumentos facilitadores para mejorar la calidad de vida y motivar el desarrollo de una cultura. Foto cortesía FestArt.
Por su parte, a nivel universitario destacó que este espacio de participación artística, además de promover el arte, permitió a los estudiantes universitarios participantes del proyecto generar experiencia en producción y organización de eventos, así como el intercambio cultural con artistas nacionales e internacionales.
“La Universidad de Costa Rica como institución se ha beneficiado con la proyección hacia la comunidad de su labor humanística y sociocultural, en especial para el Recinto de Grecia que pocas veces se visibiliza con actuaciones interinstitucionales en la propia comunidad”.
Destacó que con este festival también se logró abarcar temas que merecen reflexión y análisis con puntos de vista menos invasivos o más permisivos, para que luego sean discutidos en el núcleo familiar y se genere una cultura propositiva de atender nuestros problemas sociales y nacionales sin tapujos o reservas.
Bolaños aseguró que este ciclo se cierra con mucho orgullo por el trabajo realizado y el éxito conseguido gracias al apoyo de todo el pueblo de Grecia y de Occidente y que se deben abrir nuevas propuestas culturales que beneficien a la región.
*Grettel Rojas Vásquez Periodista, Sede de Occidente, UCR
Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
Miguel Ureña Cascante Presidente Seccional CUT MH Lic en Derecho Lic en Administración Aspirante a periodista
Que lamentable le ha tocado al actual equipo de gobierno, pero suele pasar, por diversidad de razones.
Nuestro excompañero y ex director de la DGH, y actual Ministro de Agricultura, que se dice representa un sector de cafetaleros, le ha tocado bailar con la más fea, parece que se libra una batalla con varias amenazas en la agricultura que ya habían sido erradicadas, parece que Fitosanitario o sus plaguicidas no han brindado la seguridad para evitar esa amenaza, pero esperamos que pronto con la interacción de ONGs y la UNA se pueda eliminar esta amenaza. Curiosamente Víctor a quien conozco desde niño, hoy director en la UNA tiene sobrado conocimiento al respecto, eso sugiere dejar este tema en manos de expertos.
Ahora, Ley Jaguar, tema trillado y politizado, en fin, ya se conocía por diversos actores del Derecho mismo, que tendría un suceso como el ya conocido, difícilmente algo hecho a la carrera pueda rendir frutos esperados e impacto en la Constitución misma, por la vía del referéndum, habría que convocar a una constituyente, así podríamos reformar la Constitución misma, y la vía del referéndum no es la adecuada.
Pero no vamos a entrar en trivialidades, ¿ocupamos ciudad gobierno?, quizás con el teletrabajo. Muchos actores encuentran en sus viviendas, poniendo su internet y evitan gastos superfluos como el de los aseos, seguridad institucional y alquileres, pero hay que tener una sede institucional para lograr los objetivos propuestos.
Llegamos con el teletrabajo a modificar precisamente ese actuar laboral, y quizás, esta experiencia contribuya, y Ciudad Gobierno, físicamente ya no sea necesario en obra gris o infraestructura, y fortalecer Hacienda Digital sea una interesante propuesta, y aglutinar Ciudad Gobierno Digital, así damos al igual que cuando se atiende un incidente en la mesa de servicios, un compañero laborando y ubicado físicamente en Palmar Norte, atiende y llama a otro en tiempo real que está en Peñas Blancas, pero de ahí el interés de, ante una amenaza, lograr quizás fortalecer una estrategia gubernamental.
La declaratoria de inconstitucional del proyecto, genera dudas respecto a la visión de los asesores del presidente, la imponencia quizás de una dama en la Asamblea Legislativa, diz que vocera o que se le atribuye la posibilidad de regañar al presidente mismo, comentario muy temerario, si yo fuera presidente, intentaría quizás bajarle el volumen al referirse a ciertos temas, ya que la institucionalidad está debidamente delimitada en la Constitución Política misma, eso es Derecho Constitucional, no Derecho Parlamentario, o vivir en Perú, que ese Derecho Parlamentario se encuentra tipificado dentro del Derecho Constitucional, gústele o no, no está por encima, a pesar de tener la facultad de legislar o derogar normas, o modificarlas quizás.
La Figura del referéndum, mal aplicada, pudo quizás llegar a formular la constituyente misma, debemos evolucionar, el Derecho o marco normativo de un Estado, debe estar permeable a evolucionar, de ahí, que corregir la dirección podría ayudar en el fin mismo.
Ciudad Gobierno podría fortalecerse, si implementamos el gobierno digital, pero buscamos otros actores, los actuales, parece nos proponen crear un “tarro” para Aduanas, otro “tarro” para aduanas, y así, nada integrado tal cual se justificaba en la propuesta de la nada despreciable factura de 172 millones de dólares, es más; continúa el suscrito con la duda, si este Director de Hacienda Digital es el adecuado, ya que hemos resaltado, si no se conoce el régimen normativo que nos regula, difícilmente un ingeniero por más calificado que sea, si no conoce lo interno de Hacienda y lo polifacético de su actuar en el control fiscal mismo, pueda no enamorarse de la idea, de que lo renuevo en otro producto y para justificar, agarro todas las herramientas, las clasifico en dos o tres grandes familias, y luego hago un tarro para cada uno, uno para Integra, otro para Tica, otro para ATV, y este de ATV, declaración de ventas, declaración de renta, factura electrónica, y otros, En el tarro de aduanas, metemos TICA, metemos arancel, metemos el diccionario de imputaciones arancelarias, el de normas técnicas, hacemos carpetas y ahí cada proceso, desde el tránsito o hasta la nacionalización, estos son ingreso aéreo terrestre o marítimo, las guías o manifiestos, el tránsito local o internacional, el almacenamiento y las declaraciones de cada proceso.
Hasta aquí, no hemos almacenado la mercancía , luego el ingreso a almacén, para luego revisar los manifiestos o demás documentos para constatar que ampare el DUA de nacionalización, seguir con verde, amarillo o rojo en cada proceso. Obsérvese estimado lector, el proceso aduanero incorpora muchos procesos previos a la nacionalización de la mercancía, no es sólo que entra y ya, deben cumplirse un sin fin de actos, y se complica más si dependemos de una exoneración o bien de un permiso sanitario. Es un mundo, para quien no conozca el proceso.
Pero bueno, esta introducción refleja lo complicado de nuestra legislación, y pretender en un proyecto encasillarlo, cuesta mucho, ciertamente habrá detractores o personas que apoyan, pero no escuchan advertencias. Lamentable realidad.
Mi experiencia como encargado de licitaciones en MINAE y analista en Hacienda, permitieron llevar a buen puerto grandes proyectos, Tributación Digital fue uno de ellos como analista, claro, el componente técnico falló, y aun a pesar de dicho fallo, algunos fueron premiados, pero bueno de una amenaza fortalecerse fue así.
La normativa de la Ley de Contratación Pública, es rígida, pero; requiere también la guía del ente contralor y cercenarle funciones con la figura del referéndum no era el adecuado, tal como indicaba, la constituyente podría dar mejores resultados y aprovechemos esa iniciativa y sugerimos incluir otras como la remoción de malos actores políticos o civiles, en todas las instancias, desde autónomas, semiautónomas y gobierno central, debemos dar algo a cambio de algo, cedemos para obtener algo, pero algo bueno al fin.
Eso no es malo, si el fin último es el de evolucionar como la democracia más antigua y fortalecida de América latina, y evitar esos conflictos como los del domingo anterior, que debo señalar, en respeto a la soberanía de Venezuela, es de ellos y ellos deben resolverlo, ningún foráneo que respete y predique la democracia misma, intentaría meterse en ese conflicto ya que es un conflicto de una gran familia, pero conflicto interno al fin.
En fin, los 4 artículos de varios declarados inconstitucionales, siguen incólumes JAPDEVA y otros, pero obliga a virar el timón del barco, tomar otras aguas, que al rato podrían traer más ahorro en el gasto al final, que ayuden a Tatiana, adulta mayor que vive en Rio Azul, y que padece cáncer terminal y ese ahorro darle medicina de calidad para paliar ese dolor que sufre día y noche o aliviar la lagrima de la madre que llora a su hijo ausente por ser atacado por un maleante al intentar asaltarlo, y lo más irónico, quizás ese maleante es beneficiario del IMAS y salió esa noche a delinquir porque a sus hijos no les llegó a tiempo la beca de avancemos y no tenía ni arroz ni frijoles, además no tenía un trabajo estable…. ¿capisco? espero que sí.
Sidey Arias Valverde sidey.arias.valverde@una.cr Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Biológicas
Este trabajo acompaña emprendimientos de agrupaciones costeras dedicadas al cultivo de ostra rizada (Magallana gigas) en sistemas suspendidos tipo long line. Inició con el desarrollo biotecnológico validado en la metodología de cultivo y la producción de semilla a ciclo cerrado y tras la presentación de los resultados estimuló a diferentes agrupaciones de pescadores artesanales y jefas de hogar a acercarse a la Universidad Nacional en busca de apoyo para la valoración del sitio donde se proyecta la instalación de las granjas para el cultivo de ostras.
El levantamiento de los parámetros ambientales se realiza con las personas interesadas, esto les permite contar con un criterio técnico del sitio. El producto es un reporte donde se brinda la información registrada y la valoración técnica del sitio. Si este es idóneo para su desarrollo, se acompaña a la agrupación en la búsqueda de financiamiento, presentación de la propuesta, documentación, compras, construcción, instalación y puesta en marcha del proyecto; además, se les apoya con la entrega de los respectivos informes a la fuente de financiamiento.
Asimismo, se participa en los aprendizajes sobre el manejo de la producción y la calidad del producto final; esto incluye: trazabilidad en lotes de siembra, tallas de venta, protocolos de inocuidad y la vigilancia de las floraciones algales tóxicas. Además, se brindan talleres sobre buenas prácticas para el fortalecimiento organizativo, la gestión de ventas y las finanzas.
Los actores principales y beneficiarios directos en este trabajo son pescadores artesanales, jefas de hogar, familias de agrupaciones procedentes de ocho comunidades del litoral pacífico, así como la cadena de valor comercial, proveedores, restaurantes y otros nichos del mercado nacional.
Los actores que conforman el clúster son los emprendimientos ostrícolas, la UniversidadNacional, instituciones públicas y ONGs. Gracias a esta articulación, Costa Rica registra nueve granjas ostrícolas, un Laboratorio Nacional Especializado en la Producción de Semilla de Ostras (LANPSO), una estrategia de trazabilidad en la prevención y vigilancia de floraciones algales tóxicas y monitoreo de fitotoxinas en carne, un centro para la depuración microbiológica de moluscos bivalvos, capacitación a cerca de 60 personas de las diferentes comunidades en la implementación de buenas prácticas para el cultivo y venta de ostras. El objetivo de dicho esfuerzo es contribuir con el desarrollo de la maricultura como una nueva actividad productiva que dinamice una economía social solidaria en los territorios marino-costeros.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En 1985 el Estado costarricense tomó la decisión de crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Los objetivos de su creación se basaron en garantizar la protección de la riqueza de biodiversidad de la zona.
El Refugio abarca un área territorial que incluye manglares, pantanos, bosque y arrecifes de valor único, en la zona se encuentra la única asociación de yolillo y orey que existe en el país. Otra consideración fue que la zona cuenta con poblaciones de especies en vías de extinción como el manatí, el cocodrilo y el caimán, la danta y diversas especies de monos y felinos. Sin olvidar que en la franja litoral y zona de arrecifes existe un banco natural de ostión de mangle, y criadero de poblaciones como langosta, sábalo. La zona además cuenta playas con potencial turístico sostenible. Pareciera que es algo más que monitos.
En 1992 se publica la novela “La Loca de Gandoca”. Se convirtió en un libro clásico de consulta obligada, trascendió el ámbito nacional. El libro evidenció cómo fuerzas económicas se movían para cambiar el uso del refugio. Se aliaron diferentes personas, con sus propios intereses para cumplir con sus metas económicas.
Apareció nuestra querida Anacristina Rossi e inició una lucha como David para evidenciar lo que estaba sucediendo. Parte de los hechos se han plasmado en la novela.
¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Pasamos de un siglo a otro. Se incrementaron los efectos del cambio climático, los residuos no se reducen, tenemos micro plásticos en todo lado, fuimos testigos de una pandemia mundial. ¿Y Costa Rica? ¿Se garantizó la protección del refugio por el que luchaba Anacristina Rossi?
Lastimosamente desde hace varios años venimos recibiendo información de reclamos ciudadanos sobre las afectaciones sobre el sitio. Poco a poco conocemos que las condiciones se han deteriorado, con la indiferencia de los entes a cargo de su protección. Se facilitan actividades que vulneran la riqueza natural del Refugio.
Contrario a lo que se esperaba se han venido confabulando fuerzas del sector público con el sector privado, para no seguir protegiendo “monitos”, facilitando espacios para los negocios, que dicen van a generar empleo y riqueza. Suena como el “BMW” que nos traería el CAFTA. Seguimos esperando, ojalá se haga realidad, ahora tiene que ser uno eléctrico.
Lo que estamos viendo es como una repetición de los hechos de la novela, se están plasmado en situaciones, posiciones y pareciera que incluso los mismos actores, con muy similares intereses económicos. Macondo se repite.
El país representaba un ejemplo de que se podían tomar decisiones para lograr un balance entre la protección ambiental y ser humano. Incluso este mensaje “verde” ha permitido que el país sea un referente obligado para la visitación de turistas de diferentes partes del mundo. Se convirtió en una actividad lucrativa.
La situación pareciera que no es tan maravillosa como se vende. Las diferentes políticas y compromisos país están en sitios web disponibles para consulta. ¿En la práctica como lo vemos?
Frente a estas tristes noticias se nos habla de reverdecimiento de las ciudades, igual que es función del Estado velar por la conservación del ambiente, para mejorar el bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de la población costarricense.
Las afectaciones al ambiente no son solo en Gandoca Manzanillo, se han venido manteniendo en nuestro país y a nivel mundial. La calidad de vida de los habitantes, nuestra supervivencia depende precisamente de poder proteger a los monitos, de garantizar valiosos recursos como el agua, pareciera que estamos en punto crítico en que debe resolverse para atender nuestro derecho fundamental a un ambiente sano.
Se ha carecido de una constante motivación para que cada uno de nosotros cumpla con el derecho a tener un ambiente sano, y cumplir con obligaciones de hacer realidad ese derecho con compromisos a nivel individual.
¿Qué pensaría usted sobre un proyecto de ley, de iniciativa popular, en que se pretenda eliminar el derecho de los trabajadores que se pensionan, a recibir «las prestaciones»? Pues, amigos, no solo fue propuesto, sino que, al no avanzar, por razones comprensibles, dicho proyecto fue rescatado, hace poco más de dos años, ¡como gran cosa!, por un dirigente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que fuese tramitado en la Asamblea Legislativa, como parte de esas “negociaciones” por puestos, de algunos de ese partido con el oficialismo, por lo cual no sería raro verle asomar su cabeza en cualquier momento.
El argumento esbozado por el abogado proponente y su eco en el Congreso es que el auxilio de cesantía, parte fundamental del Código de Trabajo, es un oneroso derecho laboral, que no tiene sentido alguno, pues todo pensionado, desde el momento en que inicia esa etapa de su vida como jubilado, empezará a recibir una pensión mensual; que, por tanto, es un despilfarro de los recursos, que le cuesta mucho a los patrones. Según ambos gestores, el trabajador «Queda totalmente protegido por su pensión, razón por la cual no debe indemnizarse con el auxilio de cesantía«.
Pues bien, para que entendamos un poquito más, lo sucedido con el mamarracho de proyecto de «ley jaguar», presentado por dos vías para ser votado en referéndum, veamos en qué se relaciona, con lo anotado sobre el no pago del auxilio de cesantía.
Resulta que, uno de los malos albañiles, quizá el que fungió como maestro de obras, de ese tambaleante edificio, con nombre de “ley jaguar”, fue también proponente del proyecto que busca cercenar del Código de Trabajo, el derecho a las prestaciones. Ese señor, junto a otros albañiles, un poco menos diestros, presentaron al presidente de la República, lo que éste calificó de obra de arte, como misión cumplida, que era el edificio que buscaba, les habrá dicho.
Y lo aplaudió, pues mientras, por un lado, erosiona las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República, ¡que tanto le incomodan!, por otro, le permiten, en su particular estilo, levantar una campaña electoral, con el cuento de la recolección de firmas, y una votación de carácter nacional, financiada con fondos públicos, a favor de una desteñida ministra, con quien confía perpetuarse en el poder, tal vez como “asesor” con puesto de ministro. Estrategia que no solo le permitiría seguir mandando, sino que, muy importante para él, le mantendría su inmunidad ante el medio centenar de causas judiciales que ha acumulado, hasta ahora. De ahí que, sin entender los alcances jurídicos del feo edificio que le presentaron, lo importante era que, según le explicaron los que jugaron de arquitectos, era lo ideal para sus aspiraciones políticas, pues no tenía un plan alternativo.
Por ello, su entusiasmo era evidente, pues, según su limitado entender, la que el día menos pensado, fue bautizada como «ley jaguar» (de paso, nuestro desagravio a tan admirable y silencioso felino, venerado por pueblos aborígenes), era, para él, el pretexto perfecto, para, continuar con sus poses populistas, cien por ciento demagógicas, de denuncias insulsas, con las cuales no solo disimular, lo que sin duda ha sido un improductivo gobierno, dedicado a “cosas raras”, como las que se han denunciado en el Caribe sur, muy relacionadas con su ataque feroz a la Ley Orgánica del Ambiente, sino también, para mantener ocupado a un cardumen de seguidores, que aún le siguen ciegamente.
Por ello, al derrumbarse por inconstitucional tal proyecto de referéndum, son pertinentes unas breves observaciones. ¡Veamos!
Debido a que el mismo es un producto jurídico muy deficiente, desde que naciera a la luz pública, evidenció graves deficiencias en su redacción, por lo cual, la verdad que no fue nada difícil, para juristas y otros ciudadanos estudiosos, diagnosticar sus severas malformaciones. Falencias imposibles de corregir, por haberse iniciado, precipitadamente, sendos procesos de referéndum para la misma “ley jaguar”, por iniciativa ciudadana, y en forma conjunta por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El día del fallo unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lejos de recordarse como un día de “luto nacional”, como dijo una, por cierto, improductiva diputada, dedicada casi exclusivamente a dirigir acciones en la Casa Presidencial, ha de celebrarse, más bien, como una fecha memorable, en defensa de la democracia y la institucionalidad, que, desde el siglo XIX, se ha venido forjando en nuestra querida Patria.
Y es así, pues la sociedad costarricense, lejos de querer abrir portillos a la corrupción y el indebido uso de los recursos públicos, aspira a que se fortalezcan los mecanismos de control, especialmente preventivos, que, a veces parecen ser laxos, por lo cual, la resolución unánime de los magistrados de la Sala IV, en que se reafirman las ya ocurrentes deficiencias, ha de ser bienvenida.
Nuestro pueblo aspira forjar una nación, donde impere la ética en el servicio público, y no puedan suceder, eventuales actos delictivos, tan comunes y costosos en los últimos años, como el sucedido, mediante engaños usando el tema de emergencias, en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que provocara la huida precipitada, hacia Canadá, de un ministro de Estado, no sin dejar tras de sí, una estela de aparente corrupción, que está en investigación.
Deseamos la construcción de un Estado, que facilite y promueva, una mejor calidad de vida para sus habitantes, con mucha menor pobreza y pobreza extrema, con especialísima atención médica para sus Ciudadanos de Oro, donde la educación, en todos sus niveles, sea un pilar fundamental para el ascenso social, donde se respeten los objetivos del desarrollo sostenible, que se han venido forjando desde hace más de medio siglo, donde imperen los principios democráticos, la libertad y la paz. Podemos lograrlo, tenemos la capacidad para ello, pese a ciudadanos díscolos que, temporalmente ocupan puestos de dirección gubernamental, a quienes, inexorablemente, les llegará su momento de partir.
El respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional es fundamental para la estabilidad democrática y la paz social.Insta a defender los cimientos del Estado de Derecho
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.
El acatamiento de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional ante los asuntos sometidos a su conocimiento es necesario para la seguridad jurídica del país, indistintamente de las posiciones particulares de las partes involucradas.
La Defensoría de los Habitantes considera esencial que las controversias se canalicen a través de los mecanismos existentes, en apego al ordenamiento jurídico.
El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Habitantes seremos absolutamente respetuosos de las resoluciones que emita la Sala IV, siendo que sus fallos se basan a lo establecido en nuestra Constitución Política y que, las personas que somos funcionarias y funcionarios públicos, juramos respetar y defender.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto 23.414, denominado proyecto de armonización del sector eléctrico. Este proyecto afecta aspectos esenciales del concepto de gestión pública de la energía eléctrica en el país y tendría amplias repercusiones negativas para el bien común.
El proyecto plantea el traslado de la planificación eléctrica del ICE a un nuevo ente denominado ECOSEN, el cual se ubicaría en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Esto representa un cambio radical e inconveniente pues actualmente el ICE realiza esta planificación con una base técnica muy seria y profesional. En cambio, la junta directiva de ECOSEN estaría conformada por una representación más de tipo político, con fuerte presencia del sector privado. Esto traería graves consecuencias para la adecuada planificación de la energía eléctrica para el país.
El proyecto plantea la creación de un mercado eléctrico abierto, basado en subastas, en el cual los generadores eléctricos privados tendrían muchas ventajas, ya que podrían vender directamente la electricidad. Esta liberalización del mercado tendría múltiples efectos negativos para la población, ya que afectaría la seguridad energética del país y debilitaría la planificación a largo plazo, que actualmente realiza el ICE. Al ser desplazado el papel del ICE en el mercado eléctrico, esta institución pública disminuiría sus inversiones en zonas rurales donde el suministro eléctrico es poco rentable y actualmente se hace bajo la lógica de necesidades sociales y desarrollo solidario. Esta situación se ha vivido en diversos países en los que el mercado eléctrico se ha privatizado. En dichos países el suministro eléctrico a regiones rurales socialmente vulnerables se ha visto afectado.
El proyecto habilitaría a los generadores privados de electricidad a exportar directamente en el mercado regional. Actualmente dicha exportación es coordinada por el ICE. En este punto habría dos consecuencias negativas para el país: Por un lado, cuando el ICE exporta, ello resulta en una reducción de las tarifas a la población costarricense. Al dejar de tener ese control el ICE, este beneficio se perdería. Por otra parte, al abrirse la posibilidad de exportación directa por parte del sector privado, ello estimularía un boom de nuevos proyectos hidroeléctricos y de otro tipo, los cuales tendrían un fuerte impacto negativo a niveles ambiental y comunitario, como ha quedado en evidencia en comunidades donde se han creado enjambres de proyectos hidroeléctricos privados en el pasado. Entre otras cosas, la afectación sobre los ríos y las comunidades que los albergan sería enorme.
Es fundamental que la sociedad costarricense perciba las implicaciones que tendría la aprobación de este proyecto de ley, y que se desarrollen actividades de concientización y análisis a niveles comunitario e institucional que den lugar a procesos de participación social que cuestionen este proyecto.
Para más información sobre los alcances de este proyecto, se recomienda el video del foro que sobre este tema realizaron la Alianza por una Vida Digna y el Frente Nacional de Lucha el pasado 17 de abril, el cual se puede ver en el siguiente enlace de Facebook:
O bien en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna:
Para evacuar consultas y dudas sobre los alcances de este proyecto de ley, se puede contactar a las siguientes personas, quienes participaron en el foro:
Así mismo, se comparte la presentación que ofreció en dicho foro Sergio Ortiz Pérez, de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL).
El candidato a miembro interno del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); Rafael Eduardo López Alfaro, presenta un recurso de revisión ante las disposiciones que dio el Tribunal Electoral Universitario de la UNED, sobre la repetición de la votación para miembros del Consejo Universitario.
El Tribunal Electoral Universitario de la UNED, decidió que se iba a retrotraer el proceso de votación, no obstante, se iba a conservar toda la propaganda y actividades previas a dicha votación. Para solventar esto, se dice que se permitirá responder a correos no masivos sobre información de los planes de trabajo, no obstante no se podrá hacer propaganda.
Rafael Eduardo López Alfaro fundamenta el recurso de revisión en el artículo 87 de la Constitución Política de Costa Rica, el cuál habla de la libertad de cátedra en la enseñanza universitaria. También en el derecho a una decisión informada, mismo que se ve violentado al prohibir una nueva etapa de propaganda, ya que la información previa no se encuentra actualizada ni plenamente informada. Por otro lado, también argumenta que el principio de preclusión, valor que asegura que una vez finalizada o cumplida una etapa procesal ya no se puede repetir la misma etapa, está siendo aplicado incorrectamente. Por último, también menciona el papel del Tribunal en garantizar el pleno de los derechos electorales, aunque en esta situación los está obstruyendo.
El propósito del recurso que interpone el señor Rafael López Alfaro, es que consideren todas las disposiciones que él apela, así como incluir una nueva etapa de propaganda electoral en la nueva resolución y, por último, permitir que se desarrollen el proceso electoral de manera absoluta e integral, llevando una línea coherente y justa.
El Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), el proyecto de Acción Social ED-3020 Promoción de los Derechos Comunicativos de la Universidad de Costa Rica y Open Internet for Democracy Initiative tienen el gusto de invitarle al curso: Conociendo y defendiendo los derechos digitales: libertad en la red, seguridad digital y libertad de expresión.
Dirigido a:
Personas comunicadoras de las instituciones públicas.
Integrantes de medios de comunicación locales, regionales y alternativos.
Grupos sociales relacionados con la comunicación.
Público en general que tenga interés en el tema.
Facilitan:
Ana Karen Cortés Víquez. Abogada especialista en Protección de Datos Personales y ex Directora de la Agencia Nacional de Protección de Datos.
Giselle Boza Solano. Periodista y abogada. Coordinadora del PROLEDI, investigadora del CICOM y docente de la ECCC, UCR.
Óscar Mario Jiménez Alvarado. Politólogo. Investigador del PROLEDI, del CICOM y del IIS. Docente de la ECCC, UCR.
Johanna Rodríguez López. Socióloga. Investigadora del PROLEDI y del CICOM. Docente de la Escuela de Sociología y responsable del proyecto de acción social ED-3020 Promoción de los derechos comunicativos de la ECCC, UCR.
Fechas: 07, 14, 21 y 28 de agosto de 2024
Horario: de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. (Horas presenciales)
Lugar: Sala de Audiovisuales 1, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica.
Curso gratuito con cupo limitado.
Se entregará certificado de participación a quienes completen las 4 sesiones.
